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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00501-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00501-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A.- SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00 Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2009-00501-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Referencia: Acción de nulidad relativa
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS
S.A.-

TESIS: LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR EL REQUISITO
QUE DEBE REUNIR LA OPOSICIÓN PARA SER PROCEDENTE, ESTO
ES, EL RELATIVO A LA EXISTENCIA EN OTRO PAÍS MIEMBRO DE
LA COMUNIDAD ANDINA DE UNA MARCA PREVIAMENTE
REGISTRADA IDÉNTICA O SIMILAR AL SIGNO QUE SE PRETENDE
REGISTRAR, AL INCUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS
EN EL ARTÍCULO 259 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS S.A. -PROCAPS S.A.-

mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa,

de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de

septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en

adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las

resoluciones núms. 014923 de 27 de junio de 2005, "Por la cual se

decide una solicitud de registro de marca" y 17693 de 5 de junio

1
“Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

2

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de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición",

expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y

24280 de 16 de julio de 2008, "Por la cual se resuelve un

recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los

siguientes:

1º: Que el 17 de agosto de 2004 la COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE

PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. -CIPA S.A.- solicitó el

registro como marca del signo mixto “ACUAVIT”, para amparar

productos comprendidos en la Clase 312 de la Clasificación

Internacional de Niza.

2°: Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad

Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, por

cuanto es titular de las marcas nominativas “PROCAPS

AQUAVIT”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza,
2
El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos agrícolas, hortícolas,
forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas;
semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta […]”.

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en Colombia y Bolivia; y “AQUAVIT”, en la misma Clase, en Costa

Rica, Nicaragua y Panamá.

3º: Que, a través de la Resolución núm. 014923 de 2005, la

Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC3 declaró

infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del

signo solicitado para distinguir productos de la Clase 31 de la

Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición

y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera

confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm.

17693 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm.

24280 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los

artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486, por falta de

aplicación, en cuanto concedió el registro de la marca “ACUAVIT”,

3 Hoy Dirección de Signos Distintivos.

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en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de

que carece de distintividad.

Manifestó que el signo cuestionado no cuenta con la capacidad

distintiva necesaria para ser registrado como marca, dado que

presenta una semejanza significativa frente a la familia de marcas

“PROCAPS AQUAVIT” y “AQUAVIT”, de la cual es titular.

Señaló que la SIC no efectuó un correcto examen de confundibilidad,

por cuanto se abstuvo de analizar si el signo “ACUAVIT” cumplía

con los presupuestos básicos para que procediera su registro como

marca, tales como: i) ser susceptible de representación gráfica; ii)

gozar de capacidad distintiva y; iii) ser perceptible por los sentidos.

Que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo

136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, por cuanto, a su

juicio, el signo “ACUAVIT” es similarmente confundible con las

marcas previamente registradas a su favor “PROCAPS AQUAVIT” y

“AQUAVIT”.

Sostuvo que al efectuarse el análisis de confundibilidad entre las

expresiones confrontadas, al ser apreciadas en conjunto, sin

escindir los elementos que las componen y teniendo en cuenta la

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primera impresión en el público consumidor, se evidencia que

puede generar riesgo de confusión directa e indirecta.

Indicó que es propietario de una familia de marcas, toda vez que

cuenta con derechos adquiridos sobre la expresión “AQUAVIT” en

varios estados; y que permitir el registro de la marca “ACUAVIT”,

para identificar productos relacionados entre sí, generaría riesgo de

confusión directa en el público consumidor y una indebida

asociación empresarial, por cuanto el consumidor promedio podría

creer, erróneamente, que pertenecen al mismo empresario o que

existe una relación contractual entre los dos titulares de las

mismas.

Señaló que al efectuarse el estudio de confundibilidad de las

expresiones “AQUAVIT” y “ACUAVIT”, apreciando más las

semejanzas que las diferencias, se evidencia que son similarmente

confundibles, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda

vez que están compuestas por tres sílabas, siete letras de las

cuales seis son idénticas; y que, además, cada una contiene tres

consonantes, dos de ellas iguales, así como las mismas cuatro

vocales, todas ellas dispuestas en igual posición.

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Manifestó que la coexistencia en el mercado de los signos

confrontados genera conexión competitiva, toda vez que están

estrechamente relacionados, usan los mismos canales de

comercialización y similares medios de publicidad.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo

147, ibidem, por indebida aplicación, por cuanto al interior del

procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma

sus derechos en materia marcaria, toda vez que cumple con los

parámetros dispuestos para presentar legítimamente una oposición

contra la solicitud de registro de una marca en un País Miembro de

la Comunidad Andina.

Señaló que la normativa marcaria no establece ningún requisito

especial ni adicional para legitimar a un tercero con el objeto de

presentar una oposición frente a la solicitud de un signo que pueda

lesionar sus intereses; sin embargo, la entidad demandada acogió

la tesis, según la cual, si la normatividad andina no establece

formalidades legales, necesariamente se debe acudir a la

normatividad interna, con el objeto de beneficiar la posición

procesal del solicitante, vulnerando de esta forma el principio de

economía dispuesto en el artículo 3º del Código Contencioso

Administrativo -CCA-, que indica que no deberán exigirse

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formalidades adicionales a las exigidas expresamente por la Ley. Lo

anterior, en virtud del principio de primacía del derecho sustancial

sobre el procedimental, previsto en el artículo 228 de la

Constitución Política.

Concluyó que la SIC al no tener como prueba la copia simple del

certificado de registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en

Bolivia, que fue allegada oportunamente con el escrito de oposición

en el proceso administrativo, violó principios fundamentales

previstos en la Constitución Política y el CCA.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones de la actora, por cuanto,

a su juicio, carecen de apoyo jurídico, puesto que los actos

acusados fueron expedidos con estricta observancia de las normas

legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que, según lo dispone el artículo 147 de la Decisión 486,

estará legitimado para presentar oposición contra una solicitud de

registro de un signo idéntico o semejante al de su propiedad en

otro País Miembro, quien previamente haya solicitado el registro de

la misma expresión en ese País y, en todo caso, hubiese acreditado

su interés real en el mercado.

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Expresó que para que la oposición andina prospere se deben

cumplir los siguientes requisitos: i) que el opositor sea titular de

una marca registrada en algún país miembro de la Comunidad

Andina o que exista solicitud de trámite; ii) que el opositor acredite

el interés real en el mercado y para ello debe existir solicitud previa

de registro de la marca opositora en Colombia; y iii) que entre los

signos cotejados se presente identidad o semejanza y conexidad

entre los productos y/o servicios de manera que pueda inducir al

público en error.

Sostuvo que si bien es cierto que la demandante mostró interés

real por obtener el registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT”,

también lo es que no presentó, junto con el escrito de oposición,

copia del certificado de registro de la misma en Bolivia, de la cual

es titular, con el lleno de los requisitos legales exigidos por la

normatividad interna.

Agregó que la norma supranacional, esto es, la Decisión 486, al no

regular todos los posibles supuestos de hecho, ha establecido que

para dichos asuntos no comprendidos en ella, se aplique la

legislación interna y así alcanzar la plenitud hermenéutica del

ordenamiento jurídico, y que, en virtud de lo anterior, era dable

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aplicar lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento

Civil, vigente para ese momento, que dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 259. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL
EXTRANJERO. Los documentos públicos otorgados en país
extranjero por funcionario de éste o con su intervención,
deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul
o agente diplomático de la República, y en su defecto por el
de una nación amiga, lo cual hace presumir que se
otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del
cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes
consulares de un país amigo, se autenticará previamente por
el funcionario competente del mismo y los de éste por el
cónsul colombiano. […]”.

Concluyó que, en atención a que la sociedad demandante no

demostró en debida forma la existencia de la marca registrada en

Bolivia, consideró innecesario pronunciarse respecto del riesgo de

confundibilidad.

II.2.- La COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS S.A. -CIPA S.A.-, tercero con interés directo

en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la

demanda, por cuanto, a su juicio, la marca “ACUAVIT” cumple con

los requisitos objetivos establecidos para su registro, dado que es

suficientemente distintiva, es susceptible de representación gráfica

y ostenta la capacidad de individualizar los productos que pretende

amparar.

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Señaló que la marca “ACUAVIT” goza, por una parte, de

distintividad intrínseca, por cuanto puede existir

independientemente de otros signos, tal y como lo dispone el

artículo 134 de la Decisión 486 y, por la otra, de distintividad

extrínseca, toda vez que no es similarmente confundible con una

expresión anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para

los mismos productos o servicios o respecto de los cuales su uso

pueda generar riesgo de confusión o de asociación, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 136, literal a), ibídem.

Indicó que, por lo anterior, a su juicio, es evidente que no puede

aplicarse la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136,

literal a), de la Decisión 486, al no existir registro ni solicitud previa

de la expresión solicitada en este proceso.

Adujo que si bien es cierto que en la actualidad la actora cuenta con

el registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT” con certificado de

registro núm. 301465, en Clase 5ª, omitió de mala fe declarar que

dicho registro fue solicitado con posterioridad al de la marca

cuestionada “ACUAVIT”; y que la misma es el resultado de la

demostración del interés real en el mercado al presentar la

oposición andina, por lo que no puede entenderse ésta como un

antecedente válido.

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Mencionó que la sociedad demandante allegó una copia simple de la

solicitud de registro de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia

y, aún con la presentación de la demanda, no aportó legalmente el

certificado de registro de la misma, además teniendo en cuenta que

sería el único referente que lo pueda legitimar para presentar

oposición, toda vez que los demás certificados anexados con el

escrito de oposición dan cuenta del registro de esa expresión en

Costa Rica, Nicaragua y Panamá, estados que no pertenecen a la

Comunidad Andina.

Sostuvo que en atención a la remisión normativa señalada en el

artículo 276 de la Decisión 486, para establecer el valor probatorio

de la copia simple de solicitud de registro del signo “PROCAPS

AQUAVIT” en Bolivia, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo

259 del Código de Procedimiento Civil -CPC-, que exige la

autenticación de documentos expedidos en el extranjero, requisito

que no se cumple en el presente caso.

Reiteró que la demandante no aportó con el escrito de oposición en

el proceso administrativo ni con la demanda, el certificado

legalmente válido para demostrar la titularidad de la marca

“PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia, que le sirviera de fundamento

para presentar su oposición contra la solicitud de registro de la

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marca “ACUAVIT” en la Clase 31 de la Clasificación Internacional

de Niza.

Alegó que tampoco se demostró que la demandante acreditara, en

calidad de opositor, el interés real en el mercado del País Miembro

donde formuló la oposición, toda vez que presentó solicitud de

registro del signo “PROCAPS AQUAVIT”, el mismo día que se

solicitó el registro de la expresión cuestionada “ACUAVIT”, razón

por la cual no se cumple con el supuesto fáctico señalado.

Estimó que la acción procedente no es la de nulidad absoluta, tal

como lo dispone el artículo 172 de la Decisión 486, sino la de nulidad

y restablecimiento del derecho y propuso como excepción la

caducidad de la acción, por cuanto ya habían pasado más de cuatro

meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que decidió

el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que concedió el

registro de la marca “ACUAVIT” en la Clase 31 de la Clasificación

Internacional de Niza a su favor, para lo cual indicó que los actos

acusados quedaron debidamente ejecutoriados el 28 de julio de 2008

y la demanda se presentó el 4 de septiembre de 2009, es decir,

cuando el plazo ya había fenecido.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación

en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.2- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda,

para lo cual insistió que entre los signos enfrentados “AQUAVIT” y

“ACUAVIT”, se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas,

susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

IV.2- En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como la

Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las

resultas del proceso guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el

Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de

las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda,

concluyó4:

“[…] únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial
de los Artículos 136, literal a) y 147 de la Decisión 486 por
ser pertinentes.

[…]

4
Proceso 669-IP-2018.

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1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el
signo ACUAVIT (mixto) y la marca “PROCAPS AQUAVIT”
(denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar
el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados
existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto
es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta)
o de asociación en el público consumidor, teniendo en
cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos
puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de
los signos en conflicto desde el punto de vista de su
configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas,
las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en
conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la
confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinación de tal similitud
depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba
tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin
embargo, también deben tenerse en cuenta las
particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión entre los signos
confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

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d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los
elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en
cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas,
es importante que al analizar el caso concreto se determinen
las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos
tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta
manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo
de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible
confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas
en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe
comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos
sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto
del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes
expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión
entre el signo ACUAVIT (mixto) y la marca PROCAPS
AQUAVIT (denominativa), es necesario que se verifique la
comparación teniendo en cuenta que están conformados por
elementos denominativos, los cuales están representados por
una o más palabras pronunciables dotadas o no de un
significado o concepto.

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o
verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas
por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructuradas, que integran un conjunto o un
todo pronunciable, que puede o no tener significado o
concepto. Este tipo de signos se subdividen en sugestivos,
que son los que tienen una connotación conceptual que evoca
ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el
singo; y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre
su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del
producto que va a identificar. Estos elementos, al ser
apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una
idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros
existentes en el mercado.

2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico
(una o varias imágenes). Las combinaciones de estos

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elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el
consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el
preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras
impactan más en la mente del consumidor, puede suceder
que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya
sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características,
puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas
denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las
marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al
denominativo, no habría lugar a la confusión entre las
marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el
ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma
idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de
confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo,
deberá realizarse el cotejo de conformidad con las
siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir,
sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es
importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las
palabras que poseen una función diferenciadora en el
conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el
signo es percibido en el mercado.

(ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten
un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida
por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e,
deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de
expresar un significado y que unido a un lexema modifica
su definición.

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Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz
léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

 Por lo general el lexema es elemento que más impacta
en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al
hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba
tónica.
 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría
generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy
importante tener en cuenta que el criterio ideológico
debe estar complementado con otros criterios para
determinar el riesgo de confusión en los signos en
conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos
a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica
o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez
que si se encuentran en el mismo orden asumirán una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una
manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto
mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un
examen más minucioso, teniendo en cuenta que uno de los
signos ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza.

[…]

2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá
determinar el elemento característico de los signos mixtos; y,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto
de conformidad con los criterios señalados en los puntos
precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión
y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado
ACUAVIT (mixto) solicitado por la COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. CIPA S.A. y la
marca PROCAPS AQUAVIT (denominativa) registrada a
favor de PROCAPS S.A.

3. Familia de marcas

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3.1. De acuerdo con lo alegado por PROCAPS S.A., esta sería
titular de una familia que presenta como elemento
preponderante y común el término AQUAVIT, por lo que se
desarrollará dicho tema.

3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos
distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen
un rasgo distintivo común, mediante el cual el público
consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo
origen empresarial.

3.3. En el derecho de Marcas se admite en general la
existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo
distintivo común. Si este elemento común figura en la
denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El
elemento dominante común hará que todas las marcas que lo
incluyan produzcan una impresión general común, toda vez
que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a
pensar que los productos a que se refieren participan de un
origen común. Dado que el elemento dominante común obra
como un indicador de pertenencia de la marca a una familia
de marcas, es probable que el consumidor medio considere
que el producto o servicio donde figura el citado elemento
común constituye objeto de una marca que pertenece a
determinada familia de marcas, por que el registro de aquélla,
en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a
confusión.

[…]

3.5. A fin de remitir un pronunciamiento sobre la inexistencia
de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas
familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si
efectivamente se han configurado las familias de marcas
invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del
término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto
riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados,
tiendo en cuenta que la evaluación de los signos debe
realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en
las diferencia, pues son las semejanzas lasa que podrá
percibir el público como provenientes de un mismo origen
empresarial o de uno vinculado.

4. La oposición andina. El interés real en el mercado

4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso PROCAPS
S.A. planteó oposición andina en contra de la COMPAÑÍA
INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. CIPA
S.A. por el registro del signo ACUAVIT (mixto), es necesario
desarrollar el alcance de este tema.

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4.2. Conforme el artículo 146 de la Decisión 486, dentro del
plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la
solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés,
podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada
contra dicha solicitud.

4.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma
amplía el interés legítimo para presentar oposiciones,
matizando el principio de territorialidad en el derecho de
marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar
oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro
de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o
registros de marcas concedidos en los demás Países
Miembros. Esta figura se conoce con el de “oposición andina”.
4.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se
desprende que, para el ejercicio de oposición andina, es
necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad
el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de
los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca
previamente registrada en alguno de los Países Miembros.

4.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar
oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad
Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca
idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o
servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público
consumidor.

4.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá
acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el
que formula la oposición andina a través de la presentación
de una solicitud de inscripción de la marca, respecto de la
cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.

4.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada
sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de
registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta
dos situaciones:

a) La oposición formulada sobre la base una de marca que
previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países
Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el
registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto
en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de
registro previamente presentada en cualquiera de los
Países Miembros además de tener la posibilidad y
obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como

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efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la
oficina nacional del País Miembro donde previamente se
solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

4.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo
previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro,
la oficina nacional competente donde se formuló la oposición
debe continuar con el trámite y decidir la concesión o
denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá
por lo dispuesto en el Articulo 147 de la Decisión 486, sino
que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de
registrabilidad.

4.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo
previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro,
la oficina nacional competente donde se formuló la oposición
debe continuar con el trámite y decidir la concesión o
denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá
por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino
que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de
registrabilidad.

4.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:

a) El hecho de que se conceda el registro del signo
previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere
decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la
oficina nacional competente deberá realizar el examen de
registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a
150 de la Decisión 486.

b) El hecho de que se deniegue el registro del signo
previamente solicitado en otro País Miembro, no significa
que se deba conceder el registro del signo respecto del
cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional
competente deberá analizar si cumple o no con todos los
requisitos de registrabilidad.

4.11. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del
Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para
presentar una oposición andina son los siguientes:

a) El titular de una marca registrada con anterioridad en
cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad
Andina, idéntica o similar al signo que se pretende
registrar en el País Miembro donde se formula la oposición.
Ello, siempre que este último pueda inducir a error al
público consumidor y se acredite el interés real en el
mercado del País Miembro donde se formula oposición

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(que se solicite el registro de la marca al momento de
formular dicha oposición).

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de
los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el
registro de un signo idéntico o similar al que se pretende
registrar en el País Miembro en donde se plantea la
oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a
error al público consumidor y se acredite el interés real en
el mercado del País Miembro donde se formule la
oposición.

4.12. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien
primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe
ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en
cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca
idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde
formula la oposición.

4.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos
requisitos para formular una oposición andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un
derecho expectaticio en otro País Miembro de la
Comunidad Andina. La persona que forme oposición debe
ser titular de una marca registrada o solicitada con
anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos
y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo
solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la
solicitud de registro del signo previamente solicitado o
registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar
su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro
de la Comunidad Andina mediante la presentación de
solicitud de registro del signo.

4.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo
147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del
interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la
oposición Andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al
rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado
el interés real en el mercado.

4.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de
evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida
obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo
la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración
clara en el mercado relevante. La premisa es ala siguiente: quien

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presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho
País Miembro realmente es de su interés.

4.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no
necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica”
a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro,
sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca
con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la
marca que sirve de base para la oposición andina.

[…]

4.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el singo
solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y
distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País
Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que
pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si
efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés
real en el mercado del País Miembro donde se interpone la
oposición, materializado a través de la solicitud de registro
presentada en el País Miembro al momento de interponer la
oposición.

5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional
de Niza

[…]

5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre
productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el
grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de
los siguientes tres criterios sustanciales:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los
productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión
resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que
este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al
ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la
sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio
de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el
otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad
entre productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los
canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc.

[…]

b) La complementariedad entre sí de los productos o
servicios

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Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del
primero.

[…]

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad
del mercado, podría asumir como razonable que los productos o
servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica
cerveza también expende agua embotellada.

5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad),
complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la
existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o
servicios.

[…]

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación,
vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad
consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos
existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la
posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.
(Resaltado fuera del texto)

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción

de caducidad propuesta por la COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE

PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A., en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso.

La mencionada sociedad propuso la excepción de caducidad de la

acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la

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Resolución núm. 24280 de 2008, "Por medio de la cual se

resuelve un recurso de apelación", expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y

la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los

cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados

CONCEDEN un registro marcario, son enjuiciables mediante la

acción de nulidad relativa5, de conformidad con el artículo 1726 de la

Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de

que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es

aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro

marcario.

En efecto, en el presente caso la causal alegada por la demandante

es la de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un

término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la

concesión del registro marcario, término este que no se cumple

porque la Resolución acusada núm. 24280 de 2008, "Por medio de

5 Relativa o absoluta.
6 “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de

cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134
primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha
de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto).

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la cual se resuelve un recurso de apelación", que confirmó la

Resolución núm. 14923 de 27 de junio de 2005, por medio de la cual

se concedió el registro de la marca mixta “ACUAVIT”, fue notificada

personalmente a la actora el 28 de julio de 20087 y la demanda se

presentó el 4 de septiembre de 20098.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la

demandada.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución

núm. 014923 de 2005, concedió el registro de la marca mixta

“ACUAVIT”, a la sociedad COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE

PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A., para distinguir

los siguientes productos de la Clase 31 de la Clasificación

Internacional de Niza: “[…] Productos agrícolas, hortícolas, forestales

y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y

legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos

para los animales, malta […]”.

Así mismo, declaró infundada la oposición presentada por la actora,

dado que no demostró la existencia del registro de la marca

“PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia, toda vez que aportó el

7 Folio 27 vuelto.
8 Folio 47 vuelto.

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certificado de solicitud de registro en copia simple, esto es, sin

cumplir con los requisitos establecidos para el efecto en el artículo

259 del Código de Procedimiento Civil9.

Al respecto, la actora alegó que en su calidad de opositor cumple

con los parámetros dispuestos para presentar legítimamente una

oposición contra la solicitud de registro de una marca en un País

Miembro de la Comunidad Andina, situación que no fue tenida en

cuenta al momento de expedir las resoluciones demandadas, dado

que no tuvo como prueba la copia simple del formulario de solicitud

de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en Bolivia, que fue allegada

oportunamente con el escrito de oposición en el proceso

administrativo.

Señaló que al efectuarse el estudio de confundibilidad de las

expresiones “AQUAVIT” y “ACUAVIT”, apreciando más las

semejanzas que las diferencias, se evidencia que son similarmente

confundibles, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda

vez que están compuestas por tres sílabas, siete letras de las

cuales seis son idénticas; y que, además, cada una contiene tres

9
Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su
intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la
República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron
conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país
amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el
cónsul colombiano.”

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consonantes, dos de ellas iguales, así como las mismas cuatro

vocales, todas ellas dispuestas en igual posición.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta

Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la

interpretación de los artículos 136, literal a), y 147 de la Decisión

486, “[…] por ser procedente […]” y que “[…] No se llevará a cabo

la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y

b) debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca

ni la distintividad intrínseca del signo solicitado […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación;

[…]

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior,
se entenderá que también tienen legítimo interés para
presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el
titular de una marca idéntica o similar para productos o
servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al público a error, como quien primero solicitó el
registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real

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en el mercado del País Miembro donde interponga la
oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la
marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca
previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros
de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a
la oficina nacional competente a denegar el registro de la
segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de
registro de marca previamente presentada en cualquiera de
los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este
artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda
marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En
tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo
precedente.

[…]”.

Sobre el interés legítimo y el término para formular una

oposición, así como el alcance de la misma, es del caso traer a

colación la sentencia proferida por esta Sección el 26 de julio de

201210, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación

prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

“[…] De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del
interés legítimo para presentar oposiciones, el cual
surge de: a) acreditar que es titular de una marca
idéntica o similar para productos o servicios, respecto
de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error, o b) acreditar que se ha solicitado
primero el registro, en cualquiera de los Países
Miembros del mismo signo.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
julio de 2012, C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2004-00026-00.
Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, número único de radicación 2008-00329-00, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.

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La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés
legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el
principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que
es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País
Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios
concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura
goza de las siguientes características:

Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los
sujetos también legitimados para presentar una
oposición son los siguientes:

a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de
la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al
signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda
inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando
se acredite el interés real en el mercado del País
Miembro donde se interponga la oposición y que se
solicite el registro de la marca en el mismo momento
de interponer la oposición.

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de
los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el
registro de un signo idéntico o similar al que se pretende
registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre
que el uso de este último pueda inducir a error al público
consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real
en el mercado del País Miembro donde se interponga
la oposición.

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a
“quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe
entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa
comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de
la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya
solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países
Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la
que se pretende registrar en el País en donde se hace la
oposición.

Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión
486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de
Propiedad Industrial, es la exigencia de la
acreditación del interés real en el mercado del País en
donde se hace la oposición, a fin de evitar que se
abuse del derecho de oposición y para impedir
registros de signos iguales o idénticos en otros Países
de la Comunidad Andina. La propia norma determina que
dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el
registro de la marca opositora al momento de interponer la

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oposición. Lo anterior quiere decir que la interposición
de la oposición y la solicitud de registro en el País en
donde se hace la oposición deben presentarse de
manera simultánea, so pena de rechazo de ésta.

Término para presentar la oposición. La normativa
comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la
fecha de publicación especial para presentar oposiciones y,
en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar
oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el
artículo 147 de la Decisión 486.

Efecto de la presentación de la oposición con base en
el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la
Decisión 486. Para determinar los efectos de la oposición
con base en el registro de una marca o en solicitudes de
registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta
dos situaciones:

La oposición con base en una marca previamente registrada
en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del
artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la
posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con
base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la
Decisión 486.

Por su parte, la oposición con base en una solicitud de
registro previamente presentada en cualquiera de los Países
Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de
tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo
solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del
trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País
Miembro donde previamente se solicitó el registro haya
resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca
previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina
Nacional Competente donde se interpuso la oposición
puede, con base en dicho registro, declarar fundada la
oposición y negar el registro del signo solicitado, con base
en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del
artículo 147). Por el contrario, si se niega el registro
previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina
Nacional Competente donde se interpuso la oposición
deberá continuar el trámite y decidir la concesión o
denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la
oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486,
sino determinando el cumplimiento de los requisitos de
registrabilidad.

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[…]” (Resaltado fuera de texto).

En consecuencia, el interés legítimo para presentar oposiciones,

surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o

similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de

la misma pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha

solicitado primero el registro, en cualquiera de los estados

miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés

real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición,

el cual se demuestra solicitando el registro de la marca opositora en

el mismo momento de plantear la oposición.

Ahora, la demandante presentó oposición andina en contra de la

solicitud de registro del signo “ACUAVIT” en la Clase 31 de la

Clasificación Internacional de Niza y con el fin de demostrar que

cumplía con los parámetros anteriormente mencionados aportó,

junto con el escrito de oposición, los siguientes documentos que se

extraen del anexo de antecedentes administrativos:

1. Certificado de registro núm. 78757 LM, correspondiente a la

marca “AQUAVIT” en la Clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza, expedido por el Registrador Suplente

del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Registro de

la Propiedad Intelectual RPI de la República de Nicaragua,

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debidamente autenticado, cuyo titular es PROCAPS,

SOCIEDAD ANÓNIMA. (Folio 51)

2. Certificado de registro núm. 142853, correspondiente a la

marca “AQUAVIT” en la Clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza, expedido por la Registradora del

Ministerio de Justicia y Gracia Registro de la Propiedad

Intelectual de la República de Costa Rica, debidamente

autenticado, cuyo titular es PROCAPS, S.A. (Folio 52)

3. Certificado de registro núm. 126004 01, correspondiente a la

marca “AQUAVIT” en la Clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza, expedido por la Directora General del

Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio

e Industria de la República de Panamá, debidamente

autenticado, cuyo titular es PROCAPS, S.A. (Folios 60 y 61)

4. Formulario de solicitud de registro de marca núm. 019205,

correspondiente al signo “PROCAPS AQUAVIT”, en la Clase

5ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por el

Servicio Nacional de propiedad intelectual –SENAPI- de

Bolivia, en copia simple, cuyo solicitante es LABORATORIOS

PROCAPS. (Folio 53)

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Sea lo primero advertir que, en la actualidad, la Comunidad Andina

de Naciones tiene como miembros activos los siguientes estados:

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú11; y es a estos estados a los que

se les puede aplicar las normas establecidas en la Decisión 486, en

particular, lo atinente a la oposición andina prevista en el artículo

147.

Así las cosas, la Sala estima que no se pueden tener en cuenta

como marcas opositoras los signos “AQUAVIT”, identificados con

los certificados de registro núms. 78757 LM, 142853, 126004 01 y

019205, dado que fueron expedidos, respectivamente, en las

repúblicas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, estados estos que

no son miembros de la Comunidad Andina.

Ahora, en aplicación del artículo 147 de la Decisión 486, la

oposición presentada por la actora se fundamenta en la existencia

previa de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en la Clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza, cuyo certificado de registro no

fue allegado junto con el escrito de oposición que presentó contra el

11
De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de
Integracion Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), que es del siguiente tenor:

“[…] PRIMERO: Sustitúyase el Capítulo II del Acuerdo de Cartagena por el siguiente texto:
CAPITULO II
DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION
Artículo 5.- Se crea la “Comunidad Andina”, integrada por los Estados soberanos de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de
Integración, que se establece por el presente Acuerdo. […]”

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registro del signo “ACUAVIT” en la Clase 31, sino que, en su lugar

aportó en copia simple el formulario de solicitud de registro de

marca núm. 019205, expedido por el Servicio Nacional de

Propiedad Intelectual -SENAPI- de la República de Bolivia, sin que

éste estuviera debidamente autenticado por el cónsul o agente

diplomático respectivo.

Respecto del valor probatorio de la copia simple, aportada al

interior de un proceso administrativo de solicitud de registro

marcario, la Sala estima que existe un vacío en la norma

supranacional marcaria, debido a que dicho asunto no se encuentra

comprendido en la Decisión 486, por lo que se hace necesario aplicar

el principio de complemento indispensable, establecido en el artículo

276 de la Decisión 486, según el cual “[…] los asuntos sobre

Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán

regulados por las normas internas de los Países Miembros […]”.

Respecto de este principio y su aplicación, esta Sección, ha

considerado lo siguiente12:

“[…] (i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la
Decisión 486, “[l]os asuntos sobre Propiedad Industrial
no comprendidos en la presente Decisión, serán

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
marzo de 2017, número único de radicación 2011-00282-00. C.P. (E): Carlos Enrique Moreno Rubio.
Reiterada en sentencia de 7 de diciembre de 2017, número único de radicación 2010-00120-00, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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regulados por las normas internas de los Países
Miembros”, es decir, la legislación nacional de los Países
Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre
Propiedad Industrial no comprendidos en la norma
comunitaria.

[…]

(iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de
complemento indispensable, que consagra lo que
algunos tratadistas denominan “norma de clausura”,
según la cual se deja a la legislación de los Países
Miembros la solución legislativa de situaciones no
contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible
que aquella no prevea todos los casos susceptibles de
regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la
responsabilidad de los Países Miembros la
implementación o desarrollo de aspectos no regulados por
aquella, en aplicación del principio de complemento
indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo
tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer,
desde luego, exigencias, requisitos adicionales o
constituir reglamentaciones que de una u otra manera
afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos
esenciales por él regulados de manera que signifiquen,
por ejemplo, una menor protección a los derechos
consagrados por la norma comunitaria; y […].”

Sobre este asunto, la legislación interna vigente al momento de la

presentación de la demanda, que en Colombia corresponde a lo

dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil,

establecía lo siguiente:

“[…]
Artículo 259.- Los documentos públicos otorgados en país
extranjero por funcionarios de éste o con su intervención,
deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul
o agente diplomático de la República, y en su defecto por el
de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron
conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o
agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones

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Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares
de un país amigo, se autenticará previamente por el
funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul
colombiano. […]”,

En ese sentido, cabe precisar que las copias simples tienen el

mismo valor probatorio que las originales, salvo cuando por

disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una

determinada copia, o han sido tachadas de falsas.

Frente a dicho aspecto, la Sección, en sentencia de 29 de agosto de

201313, se pronunció en los siguientes términos:

“[...]

La Sala hace énfasis en cuanto a que rectifica la posición que ha
venido adoptando en el sentido de restarle valor probatorio a
las copias simples aportadas a un proceso, por cuanto es
evidente que no existe razón válida que justifique dudar de su
contenido si quien tuvo la oportunidad de controvertirlo o
tacharlo de falso, no lo hizo.

Igualmente, esta nueva postura acompasa con el derecho
procesal moderno que, siguiendo el artículo 228 Constitucional,
se caracteriza por imprimir prevalencia a lo sustancial frente a
lo formal. Como ejemplo de ello están los artículos 215 del
C.P.A.C.A., que según la Comisión Redactora constituye una
innovación, en la medida en que la regla que había imperado en
el régimen procesal anterior había sido la de que las copias
para que tuvieran valor probatorio tenían que ser auténticas
según los eventos de que trata el artículo 254 del C. de P.C., en
cambio de la redacción del Nuevo Código se extrae que la
regla general es la de que las copias tienen el mismo
valor del original, cuando no han sido tachadas de falsas;
y el artículo 246 del Código General del Proceso14,
dispone que las copias “tendrán el mismo valor del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria
la presentación del original o de una determinada copia”.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
agosto de 2013, número único de radicación núm. 2004-00263-01, C.P. María Elizabeth García
González. Reiterado en sentencia de 16 de febrero de 2017, número único de radicación 2007-00383-
00, C.P. María Elizabeth García González.
14
Entró en vigor el 1o. de enero de 2014.

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Ahora, lo precedentemente expuesto no opera en este
caso frente al análisis que se hizo en la sentencia
prohijada, ya que el documento allí valorado requería de
formalidades, dado que provenía de una autoridad
administrativa de otro país (Perú), por ello la Sala la
acoge en su integridad.

Igual sucede con el documento analizado en sentencia de esta
misma fecha (Expediente núm. 2008-00359, Consejero
ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), en la cual se traen a
colación las formalidades necesarias para la valoración de
documentos provenientes del extranjero (legalización, firmas,
apostilla, traducción oficial, etc.).” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto.)15

Posteriormente, en sentencia de 16 de febrero de 201716, esta Sala

reiteró dicha posición y señaló lo siguiente:

“[…] Dichos documentos fueron aportados inicialmente
con la oposición, en copias simples, sin cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos 254, numeral
2, y 259 del C. de P. C., “o en su defecto estar
debidamente apostillados”, conforme lo señaló la
demandada en mención, en el acto acusado.

Al respecto, la actora alegó que la Superintendencia de
Industria y Comercio violó los artículos 3º, inciso 5, del
C.C.A., 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C. y
desatendió el principio de eficacia, en cuanto desconoció la
prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal o
procedimental y no valoró los documentos aportados como
prueba de la existencia previa del registro de la marca en
Ecuador que, a juicio de la actora, fueron presentados
dentro del término legal en copia simple y posteriormente en
original, pero antes de que la Superintendencia demandada
tomara una decisión con relación a la registrabilidad de la
marca.

15
Este criterio fue reiterado en sentencia de 23 de enero de 2014 de esta Sección, radicación núm.
2007-00182-01, CP María Elizabeth García González.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2017, número único de radicación núm. 2007-00383-00, C.P. María Elizabeth García
González. Criterio reiterado por la Sala, recientemente, en providencia de 25 de noviembre de 2021,
radicación núm. 2011-00279-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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En primer lugar, debe la Sala señalar que la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas de procedimiento,
dado que éstas constituyen instrumentos necesarios para
que el Derecho material se realice objetivamente y en su
oportunidad.

[…]

En este contexto, se tiene que la exigencia sobre la cual la
entidad demandada se fundamentó para declarar infundada
la oposición presentada por la actora no se puede considerar
como un riguroso formalismo con el cual la Administración
pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el
cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, de los
artículos 25417 y 259 del C.P.C.18, y la consecuencia prevista
por su no observancia.

En segundo lugar, cabe precisar que las copias simples
tienen el mismo valor probatorio que las originales, salvo
cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del
original o de una determinada copia, o han sido tachadas de
falsas.

En el caso sub examine, el certificado de registro núm.
2386-05 de la marca “NEW EDITION MATERNITY”,
expedido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
de Ecuador, requería de las formalidades establecidas en el
artículo 259 del C. de P.C., dado que se trataba de un
documento público otorgado en un país extranjero
(Ecuador).

Por consiguiente, no le asistió razón a la demandante
cuando afirmó que se violaron los artículos 3º, inciso 5, del
C.C.A., 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C., se
desatendió el principio de eficacia, y que las exigencias
formales no pueden prevalecer como condición para
declarar infundada una oposición, habida cuenta de
que la omisión en la que incurrió aquélla, en su
condición de opositora, no puede considerarse como
un simple requisito que bien pudo haber sido obviado

17
Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º.
Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le
presente.”

18
Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su
intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la
República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron
conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país
amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el
cónsul colombiano.”

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por la demandada, en aras de la prevalencia de lo
sustancial sobre las formas, sino que constituye la
causa que imposibilitó tener en cuenta los argumentos
de la oposición.

Ello, en cuanto la demandante, como se dijo
anteriormente, no dio cumplimiento a las formalidades
necesarias para la valoración de documentos públicos
otorgados en país extranjero, en la forma en que las
normas nacionales exigen que se haga la presentación
de dichos documentos y dentro del término previsto
en el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000, de la
Comisión de la Comunidad Andina.[…]” (Resaltado fuera
de texto).

Teniendo en cuenta las providencias anteriormente transcritas, para

el caso sub examine, la copia simple del formulario de solicitud de

registro núm. 01920519, expedido por el Servicio Nacional de

Propiedad Intelectual -SENAPI-, de la República de Bolivia,

requiere de las formalidades establecidas en el artículo 259 del

CPC, dado que se trata de un documento público otorgado en un

país extranjero y, por tanto debe presentarse debidamente

autenticados por el cónsul o agente diplomático correspondiente.

Por consiguiente, la Sala considera que no le asiste razón a la

actora cuando afirma que se violó el artículo 147 de la Decisión

486, habida cuenta que la omisión en la que incurrió aquella, en su

condición de opositora, no puede considerarse como un simple

requisito que bien pudo haber sido obviado por la demandada, en

19
Certificado que correspondiente a la solicitud de la marca “PROCAPS AQUAVIT” en la Clase 5ª de la
Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Secretaría Nacional de Industria y Comercio
D.G.P.L. Propiedad Industrial del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico de la República de
Bolivia

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aras de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, sino que

constituye la causa que imposibilitó tener en cuenta los argumentos

de la oposición.

Ello, en cuanto la sociedad PROCAPS S.A., como se dijo

anteriormente, no dio cumplimiento a las formalidades necesarias

para la valoración de documentos públicos otorgados en país

extranjero, en la forma en que las normas nacionales exigen que se

haga la presentación de dichos documentos, dado que en aplicación

del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, como ya se dijo,

al ser un documento expedido por una autoridad pública extranjera,

debía presentarse debidamente autenticado por el cónsul o agente

diplomático correspondiente y no en copia simple, como lo hizo la

actora para el caso en concreto.

En efecto, respecto de la validez en la República de Colombia de

documentos otorgados por autoridades de estados extranjeros, en

proveído de 28 de octubre de 201020, esta Sección sostuvo:

“[…] Al respecto, considera la Sala pertinente resaltar que
según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano,
para que se de validez a los documentos públicos otorgados
en el exterior existen dos procedimientos.

En efecto, según el texto del citado artículo 259 del
C.P.C., para que dichos documentos públicos puedan

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proveído de 28 de
octubre de 2010, número único de radicación núm. 2009-00180-00, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno.

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ser tenidos como válidos en Colombia deben tener el
sello del Cónsul Colombiano o el de la Nación amiga,
con el consecuencial abono de la firma del funcionario
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o del
funcionario competente cuando se trate de nación
amiga.

Por otra parte, la Ley 455 de 1998, por medio de la cual se
aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de
legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita
en La Haya el 5 de octubre de 1961, dispone en sus artículos
1° y 2° lo siguiente:

“Artículo 1º. La presente Convención se aplicará a documentos
públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado
contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro
Estado contratante.

Para fines de la presente Convención, los siguientes serán
considerados documentos públicos:

a) Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y
relacionados con las cortes o tribunales del Estado, incluyendo
aquellos que emanan del Ministerio Público, de un Secretario o
de un Agente Judicial;

b) Documentos administrativos;

c) Actas notariales; y,

d) Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados
de fecha fija y certificados de firma, insertadas en un
documento privado.

Sin embargo, la presente Convención no se aplicará a:

a) Los documentos ejecutados por agentes diplomáticos o
consulares; y,

b) Los documentos administrativos relacionados directamente
con una operación comercial o aduanera

Artículo 2º. Cada estado contratante eximirá de legalización
los documentos a los que se aplica la presente Convención y
que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la
presente Convención, la legalización significa únicamente el
trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares
del país en donde el documento ha de ser presentado
certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la
persona que firma el documento y, cuando proceda, la

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indicación del sello o estampilla que llevare.”

De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que en Colombia
cuando se trata de dar validez a los documentos públicos
otorgados en el extranjero debe tenerse presente el país de
donde proviene el citado documento. Lo anterior, debido a que
si tiene origen en un país que haga parte de la citada
convención, las autoridades públicas colombiana deben dar
plena validez a los documentos que cuenten con la apostilla.

En caso que el origen del documento, sea de un país que no
sea parte del citado convenio debe aplicarse el artículo 259 del
código de Procedimiento Civil. […]” (Resaltado fuera de texto).

De esta forma, se evidencia que la demandante no cumplió con la

primera formalidad prevista en el citado artículo, por cuanto no probó

la existencia de una marca previamente registrada o solicitada en

otro País Miembro, que lo legitimara para presentar oposición contra

el registro del signo cuestionado, “ACUAVIT”, en la Clase 31 de la

Clasificación Internacional de Niza, a favor de la COMPAÑÍA

INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA

S.A.

Además, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la

entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la

oposición presentada por la actora no puede considerarse como un

riguroso formalismo, con el cual la Administración pretendió

desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las

normas aplicables, vale decir, los artículos 25421 y 259 del Código

21
Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º.
Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le
presente.”

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de Procedimiento Civil22; y la consecuencia prevista por su no

observancia esta Sección, en la ya citada sentencia de 16 de febrero

de 201723, precisó:

“[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la
prevalencia del derecho sustancial no puede
interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las
normas de procedimiento, dado que éstas constituyen
instrumentos necesarios para que el Derecho material
se realice objetivamente y en su oportunidad.

Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio
de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00,
Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Consejero ponente
doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:

“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se
privilegió la aplicación de las formalidades sobre el
derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los
memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008
mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado
contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm.
14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el
artículo 39 de la Decisión 486.

La Sala en Sentencia de 28 de enero de 200824 desestimó una
acusación similar a la aquí examinada con las siguientes
consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables
a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la
legalidad de actos administrativos que declararon el abandono
de la solicitud de patente por no completar los requisitos
indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la
oportunidad prevista en la normativa andina:

22
Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su
intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la
República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron
conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país
amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el
cónsul colombiano.”
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2007-00383-00.
Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de
radicación 2008-00329-00.
24 Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero

Ponente Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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“[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un
principio absoluto que implique prescindir de las
disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que
éstas desarrollan también un principio que a su vez
constituye un derecho fundamental, cual es el del
debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere
ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso
concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho
sustancial tuvo la primacía que correspondía a las
circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales
que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a
la actora.

Según las disposiciones transcritas25 es claro que los
términos que prevé son preclusivos y la intervención en la
actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y
como quiera que en este caso no había apoderado
debidamente constituido y no se allegó el instrumento que
lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que
le fue dado, se concluye que la interesada no respondió
a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello
no es otra que la declaración de abandono de la
solicitud.

Por lo anterior se impone hacer efectiva la
consecuencia de esa omisión, que es la de declarar
abandonada la solicitud, según lo pone de presente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo
cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de
modo que la decisión acusada está acorde con las normas
comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en
cita.”26 (Resalta la Sala)

Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional
en distintos pronunciamientos, la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o
de procedimiento o como el desconocimiento de los
términos y plazos procesales. Así por ejemplo en
Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:

“La primacía del derecho sustancial prevista por el
artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse

25 Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de
la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
26 Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013,

proferida en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María
Elizabeth García González.

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como la inexistencia de las normas procesales. No, el
entendimiento cabal del precepto constitucional apenas
conduce a definir las normas procesales, y el proceso
en sí, como un medio para realizar el derecho, para que
la norma jurídica se aplique al caso concreto.
Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir
una demanda contra el artículo 373 del Código de
Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora:
“Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los
requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el
recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de
origen, sólo se está en presencia de unos efectos
sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma
de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de
hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”.
(Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994,
magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).

El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno
similar, serviría para demandar la declaración de
inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su
inmensa mayoría.

Es claro, en síntesis, que la norma demandada27 no quebranta
el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución.
En consecuencia, será declarada exequible.” (negrillas ajenas
al texto original)

Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela
contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el
particular que:

“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la
Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho
sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades
superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por
razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a
consideraciones de forma no indispensables para resolver en el
fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio
constitucional que rige las actuaciones judiciales no
implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda

27 Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”. “Artículo 226.

Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará
desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá
traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente emita
concepto.”

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norma legal obligatoria para quienes participan en los
procesos, o la eliminación, per se, de las formas
indispensables para que los juicios lleguen a su
culminación -pues allí está comprometido el derecho
sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni,
para el asunto del que ahora se trata, puede significar la
absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud
de las formas propias de cada juicio", contemplada como
factor esencial del debido proceso, según el artículo 29
de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen
simplemente reglas formales vacías de contenido sino
instrumentos necesarios para que el Derecho material se
realice objetivamente y en su oportunidad.

g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la
presentación del documento de sustentación del recurso. Si la
extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otro medida
de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho
incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día
y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad
judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e
intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas
fases de la actuación procesal.” (negrillas de la Sala)

Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:

“La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del
artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del
ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a
las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial,
pues permite realizar los fines estatales de protección y
realización del derecho de las personas, así como de otorgar
una verdadera garantía de acceso a la administración de
justicia pronta y cumplida.

Lo anterior no significa que se pueda caer en el
permanente error de considerar el principio de la
primacía del derecho sustancial sobre el formal como
un postulado constitucional excluyente que impide la
coexistencia de las normas sustantivas y formales,
pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia
a principios que encuentran sustento constitucional.
Sobre este tema la Corte se pronunció28 y aclaró lo siguiente:

“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran
trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y
especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere
decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan

28 Sentencia C-215 de 1994.

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de valor o significación. Hay una tendencia en este
sentido, que pretende discutir la validez de las normas
que establecen requisitos y formalidades, y que es
preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en
estas materias constitucionales, y concluir entonces
que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas
cuentan también con firme fundamento constitucional y
deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los
jueces...””. (Se resalta)

Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.

6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la
actuación de la Superintendencia de Industria y
Comercio desatendió el principio de eficacia que
gobierna las actuaciones administrativas establecido en
los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º
(inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el artículo 4º del Código de
Procedimiento Civil29.

La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales
como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros,
en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales del
Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes y
derechos consagrados en la Constitución Política, y en el
artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la
función administrativa.

En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se
reitera la previsión constitucional antes mencionada en el
sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en
cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto “…la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados,
reconocidos por la ley”. Y en el artículo 3 inciso 5º de ese
mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las
actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del
mismo “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias…”.

Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno
el desconocimiento de las normas procesales, pues
como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia
atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas
formales vacías de contenido sino instrumentos

29 “Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto

de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.
[…]”

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necesarios para que el Derecho material se realice
objetivamente y en su oportunidad.

Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no
pueden pasarse por alto los términos establecidos en la
normativa andina para completar los requisitos de las
solicitudes de patente de invención.”(Las negrillas y subrayas
fuera de texto)”.

En este contexto, se tiene que la exigencia sobre la cual
la entidad demandada se fundamentó para declarar
infundada la oposición presentada por la actora no se
puede considerar como un riguroso formalismo con el
cual la Administración pretendió desconocer sus
derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas
aplicables, vale decir, de los artículos 25430 y 259 del
C.P.C.31, y la consecuencia prevista por su no
observancia […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En virtud de lo anterior, la Sala reitera que no le asiste razón a la

demandante cuando afirma que se violó el artículo 147 de la

Decisión 486, así como los artículos 3º del CCA y 228 de la

Constitución Política, habida cuenta que la actora aportó copia

simple del formulario de solicitud de registro de la marca

“PROCAPS AQUAVIT”, sin que la misma estuviera debidamente

autenticada por el cónsul o agente diplomático, razón por lo cual se

encuentra ajustada la decisión de declarar infundada la oposición

por parte de la SIC.

30 Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes
casos: 2º. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia
autenticada que se le presente.”
31 Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su

intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la
República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron
conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país
amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul
colombiano.”

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Tampoco le asistió razón al alegar que se violó el artículo 136,

literal a), de la Decisión 486, toda vez que no se probó que el

registro como marca del signo cuestionado afectara indebidamente

un derecho de un tercero, en tanto la actora no demostró, dentro

del plazo señalado en la Decisión 486, la existencia en otro País

Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente

registrada, idéntica o similar al signo solicitado a registro.

Ahora, la sociedad actora también alegó que es propietaria de una

familia de marcas, toda vez que cuenta con derechos adquiridos

sobre la expresión “AQUAVIT” en varios estados.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la “familia de marcas”

debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a

un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el

cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un

mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

“[…] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos
distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un
rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor
las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen
empresarial.

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la
existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo
distintivo común. Si este elemento común figura en la
denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El
elemento dominante común hará que todas las marcas que lo
incluyan produzcan una impresión general común, toda vez

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que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a
pensar que los productos a que se refieren participan de un
origen común. Dada que el elemento dominante común obra
como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de
marcas, es probable que el consumidor medio considere que el
producto o servicio donde figura el citado elemento común
constituye objeto de una marca que pertenece a determinada
familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de
corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

4.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia
claramente de las marcas conformadas por una partícula de
uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general,
muchas veces necesario para identificar cierta clase de
productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga
una partícula de uso común no puede impedir que otros la
usen en la conformación de otro signo distintivo; caso
contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí
puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es
genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por
otra persona. ya que este elemento distintivo identifica
plenamente los productos que comercializa el titular del
conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la
impresión de que tienen un origen común […]”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que los signos

“AQUAVIT” y “PROCAPS AQUAVIT”, no pertenecen a una

familia marcaria, habida cuenta que el signo “AQUAVIT” ni

siquiera se encuentra registrado en Colombia; y al sólo contar con

un solo registro “PROCAPS AQUAVIT”, no es posible predicar de

que la actora cuente con una pluralidad de registros que posean un

elemento común distintivo y conformen una familia de marcas.

Ahora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo

que la demandante actuó de mala fe, cuando sostiene en la demanda

que la marca “PROCAPS AQUAVIT” se encontraba previamente

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Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

registrada a su nombre, para distinguir productos en la Clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza, antes de presentar su oposición

frente a la solicitud de registro del signo “ACUAVIT”, en la Clase 31

del mismo nomenclador internacional. Ello, por cuanto el 17 de

agosto de 2004 solicitó el registro de la marca “ACUAVIT” en la

Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el

13 de enero de 2005 la demandante presentó oposición contra

dicho registro, fecha esta en la que solicitó el registro del signo

“PROCAPS AQUAVIT” en la Clase 5ª, con el fin de acreditar su

interés real en el mercado colombiano.

Al respecto, la Sala considera que el tercero con interés directo en

las resultas del proceso no logró demostrar que la sociedad

PROCAPS S.A. haya obrado de mala fe, pues conforme lo señaló

esta Sección en sentencia de 11 de febrero de 201032, quien la

alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub

lite.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

“[…]
Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha
sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe
es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de
radicación 2001-00299-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

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o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual,
o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo
comportamiento está conforme con los deberes que se
desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme
inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir
las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el
ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de
una persona no se ha manifestado con la intención de causar
daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de
ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda
afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307). El
subrayado es ajeno al texto.

Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas
antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad
de los actos administrativos acusados al haber registrado en
debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª
Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias
aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que
suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por
parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues
como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla,
situación que no se presentó en el sub lite.[…]”.
(Destacado fuera de texto.)

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las

normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió

razón a la SIC al conceder a la sociedad COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A. la marca

mixta “ACUAVIT”, para amparar productos de la Clase 31 de la

Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se

mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los

actos administrativos acusados.

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Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00501-00
Actora: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS S.A.-

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la

demanda, por las razones expuestas en precedencia, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad

propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del

proceso, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS S.A. – CIPA S.A.-

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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