Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00506-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2009-00506-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00506-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2009-00506-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Demandadas: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Tema: Se resuelve sobre la legalidad del inciso 2 del artículo 6, de la Resolución
núm. 01022 de 23 de marzo de 2004, expedida por el Director General de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Franklyn Liévano
Fernández contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil sobre la
legalidad del inciso 2 del artículo 6, de la Resolución núm. 01022 de 23 de marzo
de 2004, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda1
1. Franklyn Liévano Fernández, en adelante la parte demandante, presentó
demanda2 contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en
adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el
1 Cfr. Folios 8 a 24 del cuaderno principal.
2 Actuando en nombre propio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante, Código
Contencioso Administrativo.
Pretensión
2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión4:
“[…] Única. Se declare la nulidad parcial de la Resolución 01022 de 2.004
(marzo 23) del Director General de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, "Por la cual se adiciona y modifica la parte primera y tercera
de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC", en cuanto al inciso 2°
del artículo 6° que modifica el numeral 3.6.3.4.3.23 de los RAC y es del
siguiente tenor:
Artículo 6°: Modificar el numeral 3.6.3.4.3.23 de los RAC, el cual quedará así:
3.6.3.4.3.23. (...) Vencido el plazo anterior, sin que se acredite el cumplimiento
de todos los requisitos exigidos para la obtención del permiso de operación,
el Interesado en los proyectos de constitución de nuevas empresas de
servicios aéreos comerciales nacionales, deberá pagar a favor de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil una suma de dinero equivalente
al 1% del capital exigible según la modalidad por cada ruta que le fue
autorizada, para el caso de los proyectos sobre servicios de transporte aéreo
regular de pasajeros. Para las demás modalidades y privilegios, deberá pagar
una suma equivalente al 10% del capital exigible según la modalidad." […]”.
Normas violadas5
3. La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 23, 29, 83, numeral 12 del artículo 150, 209, 338 y 345 de la
Constitución Política.
• Artículos 1856, 1857, 1860, 1861 y 1862 del Decreto Ley 410 de 27 de marzo
19716.
Concepto de violación
3 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4 Cfr, Folio 8 del cuaderno principal.
5 Cfr. folio 10 del expediente.
6 “[…] Por el cual se expide el Código de Comercio […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
4. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:
Primer cargo: Violación de normas “Del Orden Constitucional”
5. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad unificando las normas
constitucionales que estima infringidas, con base en los siguientes argumentos:
Artículo 23 de la Constitución Política
5.1. La parte demandada limita el ejercicio del derecho fundamental de petición
“[…] en la medida en que se cierne sobre el peticionario de un permiso de
operación para el desarrollo de actividades aéreas nacionales, la amenaza de salir
a pagarle a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, "( ... ) una suma
de dinero equivalente al 1% del capital exigible según la modalidad por cada ruta
que le fue autorizada, para el caso de los proyectos sobre servicios de transporte
aéreo regular de pasajeros. Para las demás modalidades y privilegios, deberá
pagar una suma equivalente al 10% del capital exigible según la modalidad.", de
no lograr en los ciento ochenta (180) días de plazo que le fija el inciso 10, el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la obtención del permiso de
operación. […]”.
5.2. Adujo que se “[…] constriñe y coarta el libre ejercicio del derecho de petición
[…]” por cuanto puede existir un riesgo que consiste en que se agote el plazo
previsto en la norma sin que se reúnan los documentos requeridos para obtener
el permiso de operación, y “[…] sin ninguna oportunidad de controvertir y oponerse
al arbitrio que la norma acusada le permite a la Autoridad Aeronáutica. […]”
Artículo 29 de la Constitución Política
5.3. El aparte acusado “[…] no puede emanar del mero arbitrio de la Autoridad
Aeronáutica, y desconocer, entre otros, los principios de publicidad y contradicción
que son garantía del debido proceso y reclama el ejercicio legítimo de la función
pública (art. 209 C.P.), frente a todas las personas, sin distingos, ni exclusiones
de ninguna especie. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
5.4. Luego de citar la Sentencia C-641 de 2002 proferida por la Corte
Constitucional, manifestó que “[…] la norma acusada no establece, ni se remite a
procedimiento alguno, sino al simple arbitrio de la Autoridad Aeronáutica, dicho
acto desconoce la garantía al debido proceso. […]”
Artículo 83 de la Constitución Política
5.5. El aparte acusado de la Resolución 01022 de 2004 se aparta de los
postulados de buena fe “[…] pues castiga el hecho de no cumplirse por el
interesado en un permiso de operación para el desarrollo de actividades aéreas
nacionales, que en los 180 días señalados en la misma norma para reunir los
documentos requeridos con tal fin, no lo haga. […]”
5.6. La regla de exigir el pago de una cantidad porcentual del capital vinculado
al proyecto de dicha operación, “[…] censura lo acaecido al peticionario, sin
reconocerle ninguna exculpación. […]”.
Numeral 12 artículo 150 de la Constitución Política
5.7. El pago ordenado en el aparte del acto acusado “[…] comporta una
contribución que solo puede imponer el congreso, pues (Aerocivil) carece de
cualquier naturaleza específica, de otro orden, que la legitime. […]”.
Artículo 209 de la Constitución Política
5.8. La norma acusada desconoce el principio de imparcialidad “[…] al
establecer en provecho de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
la misma autoridad que profiere el acto y en detrimento de patrimonio del
solicitante de un permiso de operación para la prestación de servicios aéreos
nacionales, que no cumpla en tiempo con el lleno de los requisitos para tal fin, el
pago de una contribución en dinero, […] en virtud de la hegemonía y arbitrio que
ejerce la misma Autoridad Aeronáutica, lo cual hace ostensible el desequilibrio
ante el solicitante del permiso de operación, sometido a ella. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Artículo 338 de la Constitución Política
5.9. La imposición del pago de una suma de dinero a la parte demandada, en
los términos del acto acusado, desborda la norma constitucional, al abrogarse
atribuciones que le corresponde “[…] privativamente al Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales […]”
5.10. Manifestó que “[…] aún cuando la obligación impuesta en el acto acusado
no aparece en el mismo signada como tributo o multa, se trata, indiscutiblemente,
de una forma de contribución que como tal no le es propio establecer a la Autoridad
Aeronáutica. […]”
Artículo 345 de la Constitución Política
5.11. Concluyó, respecto de las normas constitucionales que “[…] El artículo 345
de la Constitución que remite al presupuesto de renta y gastos, la viabilidad de
cualquier contribución y la señalada por el Director de la Unidad Administrativa de
la Aeronáutica Civil inciso 2° del artículo 6° la Resolución No. 01022 de 2.004,
consistente en el cobro de una suma porcentual del capital vinculado al proyecto
de operación de una empresa prestadora de servicios aéreos nacionales, no
presenta dicho soporte, de manera que se aparta el mandato constitucional
contenido en el presente artículo. […]”
Segundo cargo: Violación de normas “Del Orden Legal”
Artículo 1856 del Código de Comercio
5.12. El artículo que aduce como infringido, confiere a la Autoridad Aeronáutica
la facultad de otorgar permisos de operación a la empresas de servicios aéreos
comerciales y de vigilancia e inspección para la adecuada prestación de los
mismos, pero no le atribuye “[…] la de imponer obligaciones de pagar sumas de
dinero o contribuciones para el caso de que el interesado en el permiso de
operación no satisfaga, dentro del término que le señalan los reglamentos (180
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
días), la totalidad de los requisitos exigidos para tal fi,(sic) que es lo que establece
la norma acusada. […]”
Artículo 1860 del Código de Comercio
5.13. La norma que se afirma infringida no le atribuye a la parte demandada la
facultad de imponer obligaciones, tributos o contribuciones “[…] en los casos en
que quede desierta la solicitud del interesado en un permiso de operación para la
prestación de servicios aéreos nacionales, que no cumpla en tiempo con el aporte
de los documentos requeridos en los mismos reglamentos para ese fin […]”. Solo
podrán ser “conminados” al cumplimiento de las obligaciones como la de prestar
la caución de que trata el artículo 1862 del Código de Comercio.
Artículo 1861 del Código de Comercio
5.14. Dentro del procedimiento previsto en este artículo no se prevé ninguna
carga económica o de afectación patrimonial que deba asumir “[…] aquel a quien
le fuere negado un permiso de operación si vencido el término que le fija el mismo
reglamento, no reúne los requisitos correspondientes. […]”
Artículo 1862 del Código de Comercio
5.15. Manifiesta trasgresión de dicha norma, habida cuenta que “[…] solamente
conmina bajo caución el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Código de Comercio […]”, y excluye la imposición que la norma acusada
establece, de pagar sumas de dinero a favor de la Unidad Administrativa de la
Aeronáutica Civil, para el caso del incumplimiento de la presentación de los
documentos requeridos para tal efecto dentro de los 180 días que fija el mismo
reglamento.
Contestación de la demanda
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
6. La parte demandada contestó la demanda oponiéndose a los cargos
presentados por la parte demandante, en los siguientes términos7:
6.1. El aparte acusado del artículo 6 de la Resolución 1022 de 2004, desarrolla
el inciso 3 del artículo 1862 del Código de Comercio y los principios de la función
administrativa, especialmente los de eficacia y economía, por cuanto el proyecto
“[…] de empresa aérea que se presenta a la consideración de la autoridad
aeronáutica debe ser fundado, serio y llamado a ser puesto en operación; además,
se demanda de la ocupación por largo tiempo de servidores públicos altamente
capacitados en distintas especialidades aeronáuticas (expertos aeronáuticos) y de
otros recursos públicos; motivo por el cual, perfectamente puede conminarse al
administrado a cumplir con su proyecto mediante una caución. […]”
6.2. La finalidad de la caución no es el recaudo de suma alguna sino que tiene
como propósito el previsto en el inciso 3 del artículo 1862 del Código de Comercio,
“[…] esto es, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código, al punto
que el interesado, una vez concluido el procedimiento de certificación, puede
solicitar y obtener la devolución de su garantía. […]”
6.3. Distingue entre caución y tributo, tasa y contribución, haciendo énfasis en
que aquel tiene como fin, que el ponga en operación su proyecto empresarial,
desestimulando el abandono del proyecto “[…] al tiempo que se maximiza los
escasos recursos públicos disponibles. […]”
6.4. Indicó que el procedimiento administrativo no se limita a la caución de que
trata el artículo 6 de la Resolución 1022 de 2004, sino que abarca un conjunto de
actuaciones administrativas destinadas a acreditar ante la Autoridad Aeronáutica,
que el interesado en la operación aérea posee las capacidades de orden técnico,
administrativo y financiero para desarrollar su negocio comercial sin comprometer
la seguridad aérea en los términos del artículo 1857 del Código de Comercio.
7 Cfr. folios 47 a 55 del cuaderno principal del expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
6.5. Respecto de las normas constitucionales que la parte demandante estimó
vulneradas, puntualmente precisó:
6.5.1. No existe de violación del artículo 23 de la Constitución Política “[…] pues
las únicas respuestas que la administración puede dar a ese conjunto de
actuaciones, es otorgar el referido Permiso cuando el interesado demuestra que
posee todas las capacidades exigidas o negarse al mismo en aquellos casos en
que no satisface adecuadamente alguno de esos presupuestos normativos
expuestos anteriormente. Adicionalmente, el proceso de acreditación de una
empresa aérea al contener un elevado número de puntos objeto de constatación
en los órdenes técnicos, administrativos y financieros -donde el asunto de
cauciones es de los de menor exigencia- supera por mucho los perentorios plazos
previstos para el derecho de petición. […]”
6.5.2. En relación con el artículo 29 de la Constitución, no se viola el derecho al
debido proceso, por cuanto la autoridad aeronáutica no pretermite ni desconoce
ninguno de los trámites previstos en la norma, y más bien está facultada para
incluir en su proceso de certificación de empresas aéreas la caución “[…] como
medida conminatoria para exigir del proyectista la mayor aplicación a su proyecto
empresarial. Así las cosas, puede concluirse que la autoridad aeronáutica está en
la facultad de establecer, mediante actos administrativos de carácter general, la
reglamentación, clasificación y determinación de las condiciones de deben reunir
las empresas aéreas de transporte público comercial como se indica en la norma
transcrita y es ejercicio de este mandato que se expide la resolución número 1022
de 2004. […]”
6.5.3. “[…] Tampoco se viola el artículo 83 del máximo ordenamiento porque el
proceso de certificación de una empresa aérea en su naturaleza es un ejercicio de
análisis técnico de capacidades que involucra altos niveles de conocimiento en
diferentes áreas de la aviación (Técnicos, administrativo y financieros) tanto de
parte del administrado como de la autoridad aeronáutica. Motivo por el cual, al
abordar dicho procedimiento, el administrado se encuentra ante una mera
expectativa que se materializa cuando se cumple con todo el proceso y también,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
es susceptible de modificaciones en el tiempo, cuando la situación fáctica mejora
o desmejora la condición certificada, por ello el mismo artículo 1857 antes citado,
en su parte final obliga al titular a mantener como mínimo las condiciones que
dieron origen al permiso so pena de verse inmerso en causales de suspensión o
cancelación del citado Permiso. […]”
6.5.4. En cuanto a la presunta violación del numeral 12 del artículo 150 de la
Constitución Política, y conforme a la naturaleza jurídica de la caución del artículo
6 de la resolución 1022 de 2004, la misma no se asemeja “[…] a la contribución
fiscal (Impuesto, tasa o contribución) y menos un (sic) parafiscalidad. Cabe
distinguir que la cláusula general de competencia prevista en el artículo 150(12)
de la Constitución, se refiere a contribuciones fiscales y parafiscales y la caución
de que trata el artículo 6 de la resolución 1022 de 2004 como quedó visto, no está
subsumida en los conceptos impositivos antes indicados. […]”
6.5.5. Sobre el artículo 209 manifestó que no se evidencia violación de los
principios de la función pública por cuanto la autoridad aeronáutica no introduce
cambios en el proyecto empresarial presentado a su consideración, pero tampoco
permite que éste modifique su proyecto hasta la conclusión del proceso de la
certificación, limitándose a verificar el cumplimiento de los presupuestos
normativos.
6.5.6. La caución de que trata el artículo 61 de la Resolución 1022 de 2004, tiene
un fundamento legal como quiera que el inciso tercero del artículo 1862 del Código
de Comercio así lo dispone, garantizando el respeto de los principios de la función
administrativa, especialmente los de eficacia y economía.
6.5.7. Y, respecto de los artículos 338 y 345 de la Constitución Política, insistió
que, en atención a la naturaleza jurídica de la caución, la misma difiere de la
contribución fiscal.
6.6. Respecto de las normas legales que la parte demandante estimó
vulneradas, puntualmente precisó:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
6.6.1. No hay violación del artículo 1856 del Código de Comercio, por cuanto el
procedimiento de “[…] certificación de una empresa aérea, que se materializa con
el Permiso de operación, al igual que la regulación, control y la vigilancia de las
referidas empresas efectuada por la autoridad aeronáutica, no solo cuenta con
certificación de calidad (NTCGP1000), también han sido objeto de constantes
auditorias de entidades internacionales como la Organización de Aviación Civil
Internacional -OACI- y de autoridades aeronáuticas extranjeras como la Federal
Aviation Administration -FAA-, organismos que han concluido que la forma como
esta autoridad aeronáutica desarrolla dicha vigilancia cumple con los estándares
aeronáuticos aplicables a la industria aeronáutica, al punto que en el año anterior
la aviación colombiana por décimo año consecutivo se recertificó en Categoría
uno. […]”
6.6.2. El proceso de certificación de una empresa aérea “[…] no es un ejercicio
dialectico sin tiempo ni espacio, se requiere la máxima diligencia del interesado
para cumplir su proceso pues finalmente lo que hace la autoridad aeronáutica son
verificaciones documentales y prácticas en sitio; por ello, la autoridad aeronáutica
en ejercicio de la facultad de reglamentación contenida en el artículo 1860 Ibídem,
fija en el procedimiento unos plazos prudenciales con su respectiva prórroga para
que el proyectista complete su proceso y cuando se surte dicho plazos sin los
resultados esperados, debe adoptar medidas objetivas del caso, medidas que
están prevista con la suficiente antelación en los Reglamento con el propósito de
evitar el degastes administrativos. […]”
6.6.3. La autoridad Aeronáutica tiene facultad legal para exigir cauciones al
empresario aéreo para asegurar el cumplimiento de obligaciones que impone la
norma aeronáutica y el establecimiento de plazos en el proceso de certificación
busca llegar en el tiempo a un resultado que no puede ser diferente al
otorgamiento del Permiso de Operación o la negación del mismo, “[…] lo que
ocurre es que el administrado, consciente de la falencias de su proyecto y de su
incapacidad técnica para acreditar la operación segura de la empresa que
proyecta simplemente lo abandona; sin embargo y como quedo visto, durante todo
el tiempo malgastó importantes recursos públicos que deben ser resarcidos y el
referido artículo 1862 permite a la autoridad aeronáutica alcanzar este objetivo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
recurriendo al sistema de cauciones para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la norma básica aeronáutica. […]”
6.6.4. Tampoco se advierte conducta contraria al artículo 1861 deI Código de
Comercio, por cuanto esta norma se limita a indicar que la autoridad aeronáutica
reglamentará el procedimiento para conceder o modificar el permiso de operación
de las empresas aéreas y la necesidad que dicho procedimiento prevea la
posibilidad de incluir audiencias púbicas.
6.6.5. Concluyó que inciso 3 del artículo 1862 ibidem, permite a la autoridad
aeronáutica la facultad de exigir cauciones a los explotadores de aeronaves para
responder por las obligaciones derivadas del Código de Comercio, por lo cual “[…]
no puede admitirse una interpretación exegética y apartada del artículo 1861 antes
indicado pues necesariamente, debe entenderse que el querer del legislador en el
contexto sistemático claramente permite a la autoridad aeronáutica recurrir a la
medida de la caución con el propósito de alcanzar el cumplimiento de la de la
norma. Finalmente, tampoco se viola el artículo 1862 del Código de comercio pues
esta norma en su Inciso Tercero deja a la Unidad en la facultad de exigir
cauciones, no solamente por la obligaciones derivadas del Permiso de operación;
también, la autoridad aeronáutica puede recurrir a la caución para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Código - léase en el Libro
Quinto, Parte Segunda del Código de comercio- situación que se concreta con el
artículo 6° de la resolución 1022 de 2004. […]”
7. La parte demandada propuso la siguiente excepción, así.
Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales
8. Afirmó que: ”[…] toda demanda Contenciosa Administrativa debe contener:
3- LOS HECHOS U OMISIONES QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO. En el
presente caso se observa en el contenido de la demanda que la misma adolece
del acápite correspondiente a los hechos u omisiones es decir la reseña histórica
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
de lo acontecido en el caso específico, razón por la cual y ante tal omisión, se
solicita al despacho se declare probada. […]”
Actuaciones procesales
9. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 18 de noviembre de
20148, resolvió tener por contestada la demanda.
Alegatos de conclusión
10. El Despacho sustanciador, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido el 23 de noviembre de 20189, resolvió correr traslado común a las partes
por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al
Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar
de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado
artículo, el cual se surtió en los siguientes términos:
10.1. Las partes demandante y demandada guardaron silencio en este momento
procesal10.
Concepto del Ministerio Público
11. El Ministerio Público rindió concepto solicitando no acceder a la pretensión de
la demanda, con base en los siguientes argumentos:
11.1. Luego de exponer la diferencia entre la naturaleza jurídica de la contribución
y la caución, concluye que “[…] el pago requerido en el inciso 2 del artículo 6 de
la Resolución 01022 de 2004 tiene su fundamento en el artículo 1° de la
Resolución en mención, artículo en el cual se establece la naturaleza del pago, el
cual corresponde a una caución que ampara la garantía del desarrollo y
8 Cfr. Folio 63 del cuaderno principal
9 Cfr. folio 65 del cuaderno principal.
10 Cfr. Folio 82 informe secretarial
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
cumplimiento de los proyectos de constitución de nuevas empresas colombianas.
[…]”.
11.2. En ese orden ideas, manifestó que se trata de una obligación que se
contrae para la “seguridad” de otra obligación; la cual en el presente caso busca
amparar la garantía del desarrollo y cumplimiento de los proyectos de constitución
de nuevas empresas colombianas de desarrollo de actividades aéreas.
11.3. Concluyó que “[…] la demanda de nulidad del inicio (sic) 2 del artículo 6° de
la Resolución 01022 de 2004 debe ser RECHAZADA. […]”
II. CONSIDERACIONES
12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes partes:
i) la competencia; ii) el acto acusado; iii) cuestión previa; iv) el problema jurídico;
v) el marco normativo sobre adopción de normas y procedimientos internacionales
en aviación civil; y vi) el análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
13. Vistos: i) el numeral 1.° del artículo 128 del Código Contencioso
Administrativo11 sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia,
aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201112, sobre el régimen de transición y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, sobre la distribución de los procesos entre las
secciones de esta Corporación, la Sala considera que es competente para conocer
del presente asunto.
11 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […]”.
12 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
14. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad de que trata
este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a
continuación.
Acto acusado
15. Corresponde al inciso 2 del artículo 6 de la Resolución núm. 01022 de 23
de marzo de 200413, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil que resolvió:
“[…] RESOLUCIÓN 1022 DE 2004
(Marzo 23)
“Por la cual se adiciona y modifica la parte primera y tercera de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia, RAC”.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil,
en uso de sus facultades legales, y en especial las que le confieren el artículo 1782
del Código de Comercio y los artículos 5º numeral 10 y artículo 9º numeral 4 del
Decreto 260 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 establece que el transporte aéreo es
un servicio público esencial;
2. Que conforme al artículo 1854 del Código del Comercio los servicios aéreos se
dividen en transporte y trabajos aéreos especiales, los de transporte se dividen en
servicios regulares y no regulares. Los servicios regulares están sujetos a horarios
e itinerarios, tarifas y condiciones de servicio que se anuncian al público;
3. Que la Aeronáutica Civil tiene la facultad para revisar las condiciones
reglamentarias para otorgar permisos de operación, en las diferentes modalidades
13
“Por la cual se adiciona y modifica la parte primera y tercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia,
RAC”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
de servicios aéreos comerciales, en cuanto al cumplimiento del proyecto
presentado ante la entidad y demás aspectos relacionados con los mismos;
4. Que las empresas aéreas autorizadas para prestar servicios regulares, pueden
comercializar estos a través de la venta de tiquetes que permiten la venta
anticipada de servicios que se pueden prestar en el futuro, con lo cual adquieren
la responsabilidad de prestar el servicio al usuario;
5. Que si bien los RAC contemplan un procedimiento detallado y minucioso para
autorizar la operación de una empresa regular o de sus servicios en las diferentes
rutas, esta Dirección considera conveniente complementar el procedimiento para
el retiro de un operador regular en una ruta determinada, especialmente teniendo
en cuenta los efectos que se pueden causar para el público usuario en dicho
mercado;
6. Que los usuarios que compran un tiquete a futuro deben tener garantías
respecto a la prestación del servicio. Por lo tanto, ante una eventual suspensión
del servicio por parte de una aerolínea, se requiere conocer con la debida
anticipación a fin de informar al público y prever las acciones que sean requeridas
bien para cumplir los compromisos de tiquetes ya vendidos o bien para difundir
adecuadamente la información;
7. Que se considera conveniente establecer un régimen especial para estimular la
consolidación y estabilidad de nuevos servicios regulares por cuanto al iniciar una
ruta en la que no existe servicio regular el operador está haciendo una inversión
de recursos para crear y desarrollar un nuevo mercado;
8. Que ante diversas peticiones de las comunidades que no cuentan con servicio
público de transporte aéreo, se hace necesario ampliar las zonas hacia las cuales
pueden operar las empresas de transporte aéreo comercial regional, cuando las
necesidades del servicio así lo exijan,
RESUELVE:
ART. 6º—Modificar el numeral 3.6.3.4.3.23 de los RAC, el cual quedará así:
3.6.3.4.3.23. Para obtener el correspondiente permiso de operación los
interesados tendrán un plazo de 180 días, contados desde la fecha en que el
secretario del grupo evaluador de proyectos aerocomerciales comunique la
determinación de autorizar la constitución de una sociedad como empresa de
servicios aéreos comerciales, escuela o aeroclub. Transcurrido este plazo sin que
se hubiere prorrogado, la autorización respectiva quedará sin valor.
Vencido el plazo anterior, sin que se acredite el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos para la obtención del permiso de operación, el interesado
en los proyectos de constitución de nuevas empresas de servicios aéreos
comerciales nacionales, deberá pagar a favor de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil una suma de dinero equivalente al 1% del
capital exigible según la modalidad por cada ruta que le fue autorizada, para
el caso de los proyectos sobre servicios de transporte aéreo regular de
pasajeros. Para las demás modalidades y privilegios, deberá pagar una suma
equivalente al 10% del capital exigible según la modalidad. [...]" (Negrilla
indica el aparte acusado)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Cuestión previa
16. Esta Sala previo a determinar el problema jurídico, se pronunciará sobre la
siguiente cuestión previa:
Control de legalidad respecto a normas derogadas, modificadas o
subrogadas
16.1. Esta Corporación14., respecto del control de normas derogadas, modificadas
o subrogadas ha dispuesto que, resulta procedente el examen sobre su
conformidad o no con el ordenamiento superior, en la medida en que la presunción
de legalidad que reviste a los actos administrativos solo puede desvirtuarse con el
pronunciamiento que al respecto profiera el Juez o Tribunal Administrativo que
corresponda. Ello en razón a que la desaparición de un acto en virtud de su
derogatoria, modificación o subrogación no trae consigo el reconocimiento en
torno a su validez, mientras estuvo vigente.
16.2. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación consideró:
“[…] En estas circunstancias la Sala observa que no son de recibo las
consideraciones expuestas por el a quo en cuanto a la carencia de
objeto o sustracción de materia para fallar de fondo, por efecto de la
derogación de dicha norma. El sólo evento de su derogatoria no lo
sustrae o retira del todo mundo jurídico sino que su retiro mediante
este mecanismo, sólo cuenta para situaciones o actuaciones que
surjan con posterioridad a su derogatoria, de modo que
necesariamente ha de tenerse como existente para situaciones
pertinentes que se produjeron bajo su amparo, es decir, que frente a
éstas la norma se presume legal, hasta tanto no se diga lo contrario
por la jurisdicción contencioso administrativa.
“Además, en virtud de tales situaciones, surgen fenómenos jurídicos
como el de la ultractividad, que puede ocasionar que sus efectos se
prolonguen en el tiempo. De allí que la anulación tenga efectos
jurídicos retroactivos (ex tunc) en el sentido de retrotraer la situación
al momento en que fue expedido el acto anulado, tal como si éste
14 Consejo de Estado, Sección Primera de 7 de octubre de 2007, radicación número (2030696) 11001-03-24-
000-2007-00010-00, y la de 18 de julio de 2009, radicación número 11001-03-25-000-2004-00139-01,
Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de Estado, Sección Primera de 05 de octubre
de 2000, radicación número (252207) CE-SEC1-EXP2000-N5929 -5929, Consejo Ponente: Manuel Santiago
Urueta Ayola. Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de mayo de 2017, radicación número (2098473)
11001-03-26-000-2009-00024-00 (36476).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
nunca hubiera existido, dejando a salvo, claro está, las situaciones
consolidadas. Todo lo cual a su vez implica que, por lo menos, en
teoría no es cierto que resulte inocuo examinar mediante acción de
simple nulidad la juridicidad o legitimidad de un acto administrativo ya
derogado[…]”. 15
16.3. En el caso sub examine, el aparte del acto acusado no se encuentra vigente,
por cuanto la Resolución núm. 01022 de 2004 fue modificada por el artículo 1.º de
la Resolución núm. 02590 de 6 de junio de 2013, expedido por el Director General
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
16.4. No obstante que el aparte del acto acusado fue modificado, en virtud de lo
que dispone la jurisprudencia indicada supra, ello no impide adelantar el
correspondiente control, en vista que, en su momento, surtieron efectos, cuya
validez e implicaciones estarían relacionadas con lo que al respecto se decida,
teniendo en cuenta que un eventual pronunciamiento de nulidad, en principio,
tendría efectos retroactivos, con el correspondiente restablecimiento de las cosas
a su estado anterior, esto es, como sí los actos cuestionados nunca hubiesen
existido.
16.5. Por lo tanto, en aras del principio de legalidad, la Sala, en el caso sub
examine, se pronunciará sobre la conformidad o no de los apartes del acto
acusado con el ordenamiento superior, la cual, eventualmente, incidirá en los
efectos que se produjeron durante su vigencia.
De la excepción propuesta por la parte demandada
17. La parte demandada propuso la excepción de ineptitud de la demanda por
falta de los requisitos formales, por cuanto en su parecer, la demanda no incluye
Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento, lo cual corresponde a “[…] la
reseña histórica de lo acontecido en el caso específico, razón por la cual y ante
tal omisión, se solicita al despacho se declare probada. […]”
15 NOTA DE RELATORIA - Reiteración jurisprudencial sentencia de 14 de enero de 1991 Expediente S - 157
Magistrado Ponente Doctor Carlos Gustavo Arrieta y sentencia de 23 de julio de 1996, Expediente S - 612
Magistrado Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
18. Visto el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, sobre
contenido de la demanda, dispone que toda demanda ante la jurisdicción
administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá, entre otros
requisitos, “[…] 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
“[…]
19. Sobre el particular la Sala precisa que el ejercicio de la acción de simple
nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. supone un control abstracto de
legalidad, en el que predomina la confrontación entre la norma demandada y la
norma superior presuntamente vulnerada, de manera que los hechos que dieron
lugar a la expedición del acto, alcance y posibles modificaciones, en esta clase de
acciones, no son presupuestos obligatorios en la demanda, pues la labor del juez
contencioso es la de analizar el texto de las normas invocadas en la demanda.
20. De manera que la ausencia de un acápite en el escrito de la demanda
referido a los “Hechos” es un requisito cuya ausencia no genera ineptitud
sustantiva de la demanda, tratándose de una acción de simple nulidad, por lo cual
no prospera la excepción planteada por la parte demandada.
21. Precisado lo anterior, esta Sala procederá a determinar el problema jurídico
de la siguiente manera:
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si, con fundamento en la demanda, la
contestación a la demanda, y las pruebas incorporadas legalmente al expediente
del proceso de la referencia, el inciso 2 del artículo 6 de la Resolución núm.
01022 de 2004, “[…] Por la cual se adiciona y modifica la parte primera y tercera
de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC. […]”, trasgredió las normas
que le han debido servir de fundamento, en particular: i) los artículos 23, 29, 83,
numeral 12 del artículo 150, 209, 338 y 345 de la Constitución Política; y ii) los
artículos 1856, 1857, 1860, 1861 y 1862 del Código de Comercio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Marco normativo sobre adopción de normas y procedimientos
internacionales en aviación civil
23. Visto el Convenio sobre Aviación Civil Internacional16, adoptado en Chicago el
7 de diciembre de 1944, en especial, el artículo 37 sobre la adopción de normas y
procedimientos internacionales, prevé:
“[…] Artículo 37.- Adopción de normas y procedimientos internacionales.
Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado
de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en
todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.
A este fin, la Organización de Aviación Civil Internacional adoptará y enmendará, en
su oportunidad, según sea necesario, las normas, métodos recomendados y
procedimientos internacionales que traten de:
[…]
otorgamiento de licencias del personal operativo y mecánico;
[…]
y de otras cuestiones relacionadas con la seguridad, regularidad y eficiencia de la
navegación aérea que en su oportunidad puedan considerarse apropiadas. […]”
24. Visto el numeral 6.º del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, en el que se
dispone que para acceder a la prestación del servicio público de transporte se
requiere estar habilitado por el Estado y acreditar las condiciones que demuestren
la capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital
aportado; y que el transporte de carga será prestado por personas naturales o
jurídicas debidamente autorizadas, para lo cual el Gobierno Nacional establecerá
los lineamientos para que el servicio se preste bajo condiciones de seguridad y
eficiencia. La norma establece:
“[…] 6. DE LA LIBERTAD DE EMPRESA. Para la constitución de empresas
o de formas asociativas de transporte no se podrán exigir otros requisitos que
los establecidos en las normas legales y en los reglamentos respectivos.
16 Aprobado mediante la Ley 12 de 23 de octubre de 1947, “[…] Por la cual se aprueba la Convención sobre
Aviación Civil Internacional, firmada en Chicago el 7 de diciembre de 1944 […]”, promulgado por el Decreto
2007 de 22 de agosto de 1991 y entró en vigor para Colombia el 30 de noviembre de 1947.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la
prestación del servicio público, las empresas, formas asociativas de
transporte y de economía solidaria deberán estar habilitadas por el
Estado. Para asumir esa responsabilidad, acreditarán condiciones que
demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y
procedencia del capital aportado.
Las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la iniciativa privada
establecidas en la ley, que tiendan a evitar la competencia desleal, el abuso
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado,
para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus organismos
adscritos reglamentará las condiciones de carácter técnico u operativo para la
prestación del servicio, con base en estudios de demanda potencial y
capacidad transportadora.
El transporte de carga será prestado por personas naturales o jurídicas
debidamente autorizadas por las autoridades y el Gobierno Nacional
regulará su funcionamiento. El Gobierno establecerá los lineamientos
para que el transporte de carga se lleve a cabo bajo condiciones de
seguridad y eficiencia. Igualmente no existirán restricciones para rutas
y frecuencias, estas serán determinadas por el mercado. El Gobierno
Nacional podrá establecer condiciones técnicas y de seguridad para la
prestación del servicio y su control será responsabilidad de las
autoridades de tránsito […]”. (Destacado de la Sala)
25. Vistos los artículos 2.º, 3.º, 5.º y 6.º de la Ley 336 de 20 de diciembre de
199617, normas donde se establece que la seguridad, especialmente la de los
usuarios constituye prioridad esencial en la actividad y del sistema de transporte,
lo que impone que en la regulación del transporte público las autoridades
competentes exijan y verifiquen, entre otras, las condiciones de seguridad que se
establezcan al interior de cada modalidad de transporte; además, que el carácter
de servicio público esencial que la Ley le otorga a la operación de las empresas
de transporte público implica la prelación del interés general sobre el particular, en
especial respecto de la garantía de la prestación del servicio y la protección de los
usuarios; se concluye: i) que el transporte de personas o cosas es un servicio
público esencial en el que prima el interés general sobre el particular; y ii) las
17 "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte"
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
empresas de transporte público que prestan el servicio aéreo comercial, siempre
que estén debidamente autorizadas, lo hacen para transportar personas, correo o
carga, para lo que deben acreditar capacidad técnica, operativa, financiera y de
seguridad; esta última prioridad esencial para el Estado colombiano.
26. Visto el artículo 68 ibidem, sobre transporte aéreo, además de reiterar su
naturaleza como un servicio público esencial, dispuso que continuará rigiéndose
exclusivamente por las normas del Código de Comercio, por el manual de
reglamentos aeronáuticos que dicte la unidad administrativa especial de
aeronáutica civil y por los tratados, convenios, acuerdos, prácticas internacionales
debidamente adoptados o aplicadas por Colombia.
27. La Corte Constitucional, en sentencia C-033 de 29 de enero de 2014 18,
consideró:
“[…] 4.1. En concordancia con la jurisprudencia19, el transporte es una
actividad indispensable para la vida en sociedad y en particular para las
relaciones económicas, que conlleva movilizar personas o cosas de un lugar
a otro, mediante diferentes medios. Dichos traslados pueden efectuarse
dentro del marco de las relaciones privadas, bajo el amparo de la libertad de
locomoción (art. 24 Const.), o ejerciendo actividades económicas dirigidas a
obtener beneficios por la prestación del servicio (art. 333).
4.2. La Corte Constitucional acorde con el artículo 3º de la Ley 105 de 199320,
ha indicado que el transporte público es una industria encaminada a garantizar
la movilización de personas o cosas, mediante vehículos apropiados a cada
tipo de infraestructura disponible, en condiciones de libertad de acceso,
calidad y seguridad de los usuarios y sujeta a una contraprestación
económica.
El referido artículo 3º de la Ley 105 de 1993 también establece dentro de los
principios rectores de dicha actividad, que la operación del transporte público
es un servicio público, por lo tanto compete al Estado la regulación, control y
18 Corte Constitucional, Sentencia de 29 de enero de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
19 Concepto 1740 de mayo 18 de 2006, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C. P. Gustavo
Aponte Santos, rad. 11001-03-06-000-2006-0040-00(1740), reseñado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-981 de diciembre 1º de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad,
oportunidad y seguridad.
Posteriormente, la Ley 336 de 199621 buscó unificar la normatividad existente
relacionada con los principios y los criterios que sirven de fundamento para
regular y reglamentar el transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo,
masivo y terrestre y su operación nacional (art. 1º), insistiendo que la
seguridad, en particular la de los usuarios, “constituye prioridad esencial en la
actividad del sector y del sistema de transporte” (art. 2º).
Adicionalmente se preceptúa que la regulación del transporte público por parte
de las autoridades competentes conlleva exigir y verificar las condiciones de
seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los
habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles
que se establezcan al interior de cada modo de transporte, dándole prioridad
al uso de los medios masivos. “En todo caso, el Estado regulará y vigilará la
industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de
la Constitución Política” (art. 3º)22.
Dentro de los principios rectores contenidos en la Ley 336 de 1996, se indica
que el transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a
las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de
la materia, incluido el plan nacional de desarrollo y como servicio público
continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de
que su prestación pueda serle encomendada a particulares (art. 4º).
Ahora bien, el artículo 5º ibídem señala que las operaciones de las empresas
de transporte público bajo la regulación del Estado, tienen el carácter de
servicio público esencial, implicando (i) la prevalencia del interés general
sobre el particular, (ii) garantizar su prestación y (iii) proteger a los usuarios.
Así, para la prestación del servicio público de transporte, “los operadores o
empresas de transporte, esto es, las personas naturales o jurídicas
constituidas como unidad de explotación económica permanente que cuenten
con los equipos, instalaciones y órganos de administración que les permitan
prestar adecuadamente el servicio, deben tener autorización del Estado”23.
En el mismo fallo C-981 de 2010 que se acaba de citar, acudiendo a
pronunciamientos del Consejo de Estado24, se explicó que la autorización o
habilitación que debe otorgarse a un operador o empresa de transporte le
permite al Estado cerciorarse del cumplimiento de las condiciones legales y
21 “Por la cual se adopta el estatuto nacional del transporte.”
22 Reglamentado por el Decreto 3083 de 2007.
23 C-981 de 2010.
24 En el fallo C-981 de 2010 se reiteró lo indicado en el concepto 1740 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
reglamentarias mínimas exigidas a quien pretenda prestar el servicio público
de transporte, para garantizar que se brindará en condiciones de seguridad,
continuidad, responsabilidad y eficiencia.
En consecuencia, “las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio
con equipos matriculados o registrados para dicho servicio y previamente
homologados ante el Ministerio de Transporte, según lo prevé el artículo 23
de la Ley 336 de 1996”; coincidiendo entonces el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional en que el servicio público de transporte presenta las
siguientes características (está en negrillas en el texto original)25:
“Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a
cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero.
• Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la
comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre
competencia;
• El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés
público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía
de su prestación -la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida-
, y la seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la
actividad del sector y del sistema de transporte (Ley 336/96, art. 2°)-;
• Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención
del Estado;
• El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin
y habilitadas por el Estado.
• Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad
transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea
con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento
la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las
empresas (Ley 336/96, art. 22), y
• Su prestación sólo puede hacerse con equipos matriculados o
registrados para dicho servicio;
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta Y Servicio Civil; Concepto 1740 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
• Implica necesariamente la celebración de un contrato de transporte entre la
empresa y el usuario.
• Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben
incorporarse a su parque automotor, a través de una forma contractual válida.”
De otro lado, catalogar el transporte como un servicio público deviene de la
facultad del legislador, investido de las expresas atribuciones constitucionales
para expedir leyes de intervención económica (art. 334 Const.), y regir la
prestación de los servicios públicos (art. 150.21 y 23), por lo que dado su
carácter imprescindible y su relación con el interés público y los derechos
fundamentales, pueden ser prestados por el Estado directamente o
indirectamente por los particulares o comunidades organizadas, conservando
el papel de garante de su prestación eficiente, empleando las competencias
constitucional de regulación, control y vigilancia sobre el mismo26.
Resulta pertinente recordar que acorde con la jurisprudencia de la Corte: “EL
carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades
que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de
bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados
con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades
fundamentales. Ello es así, en razón de la preminencia que se reconoce a los
derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su
amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad”.
Así, el transporte público comporta un carácter esencial al permitir materializar
y ejercer libertades fundamentales como la de locomoción, al tiempo que
facilita la satisfacción de intereses de distintos órdenes, incluido el ejercicio de
actividades de diversa clase que permiten desarrollar la vida en sociedad, el
bienestar común y la economía en particular […]”. (Destacado original del
texto)
28. Visto el contenido del artículo 1854 del Código de Comercio, sobre servicios
aéreos comerciales de transporte público - clasificación según la regularidad,
dispone que: “[…] Los servicios aéreos comerciales de transporte público podrán
ser regulares o no regulares; aquellos son los que se prestan con arreglo a
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta Y Servicio Civil; Concepto 1740 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
tarifas, itinerarios, condiciones de servicio y horarios fijos que se anuncian al
público; los últimos no están sujetos a las modalidades mencionadas [...]”.
29. Visto el artículo 1856 del Decreto 410 de 1971, sobre el otorgamiento de
permiso de operación a las empresas aéreas comerciales, prevé que “[…]
Corresponde a la autoridad aeronáutica, de conformidad con lo determinado
por los reglamentos, el otorgamiento del permiso de operación a las
empresas que efectúen servicios aéreos comerciales, así como la vigilancia e
inspección para la prestación adecuada de tales servicios […]”. (Negrillas fuer de
texto)
30. Visto el artículo 1860 ibidem, sobre reglamentación por autoridad
aeronáutica y clasificación de servicio aéreo, dispone que: “[…] La autoridad
aeronáutica reglamentará y clasificará los servicios aéreos, los explotadores
y las rutas, y señalará las condiciones que deberán llenarse para obtener los
respectivos permisos de operación, con la finalidad de lograr la prestación
de servicios aéreos seguros, eficientes y económicos […]”; y el artículo 1861
ibidem, sobre procedimiento para concesión y modificación de permiso de
operación regula que: “[…] El procedimiento para la concesión de permisos de
operación, así como para las modificaciones que de ellos se soliciten, serán
determinados por la autoridad aeronáutica, la cual celebrará audiencias
públicas que garanticen el adecuado análisis de la necesidad y conveniencia del
servicio propuesto […]”. (Negrilla fuera de texto)
31. Visto el artículo 1862 ibidem, sobre causales de renovación y revocación
de permiso de operación, en relación con estos dispone: i) temporalidad sin
perjuicio que pueden ser renovados indefinidamente; ii) posibilidad de revocación
por causa de utilidad pública y por violación de las normas legales y
reglamentarias allí descritas; y iii) posibilidad de exigir caución a los explotadores,
para responder por el cumplimiento de las obligaciones legales y del respectivo
permiso de operación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Del procedimiento para la concesión de los permisos de operación para la
prestación de servicios aéreos comerciales
32. Visto el numeral 3.6.3.1. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia -
RAC, expedido por la U.A.E. de Aeronáutica Civil en ejercicio de sus facultades
reglamentarias, dispone que: “[…] Para la obtención de un permiso de
operación de Empresa de Servicios Aéreos Comerciales de transporte
público (regular o no regular), el interesado deberá obtener previamente un
certificado de operación expedido por la Secretaría de Seguridad Aérea de la
Unidad […]”
33. Visto el numeral 3.6.3.2.5. ibidem, sobre los requisitos que debe cumplir la
solicitud para la obtención de un permiso de operación en la aviación civil
comercial colombiana, donde se prevén, entre otros, los siguientes:
“[…] 3.6.3.2.5. Solicitud: Además de las condiciones que se determinen para
cada clase y tipo de servicio, las solicitudes que se presenten a la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para la obtención de un permiso
de operación en la aviación civil comercial, deberán contener la siguiente
información:
[…]
d) Comprobación de que los socios cuentan con recursos suficientes para
efectuar los aportes que permitan desarrollar el proyecto.
e) Equipo de aeronaves con el que se pretende prestar el servicio.
[…]
h) Estimación de los gastos y costos (incluyendo los preoperativos, tales
como organización, construcción, instalación, montaje y demás costos
necesarios para la puesta en marcha del negocio) e ingresos operacionales
proyectados a cinco años, discriminando el costo por hora bloque, tiempo
bloque por vuelo, ocupación estimada, tarifas y demás información que
complemente la viabilidad del proyecto que se pretende desarrollar.
i) Flujo de caja, balance y estados de resultados proyectados en los períodos
en que se estima recuperar la inversión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
j) Información técnica sobre las aeronaves, el mantenimiento y las bases e
instalaciones en las cuales planea operar.
l) Recibo del pago de los derechos del trámite correspondiente […]”. (Negrilla
fuera de texto)
34. Visto el numeral 2) del literal d) del numeral 3.6.3.2.6 del RAC, se establece
que la Oficina de Transporte Aéreo, una vez reciba la solicitud que debe incluir la
documentación exigida en el numeral 3.6.3.2.5. ibidem, dentro de los 5 días
hábiles siguientes solicitará “[…] a la Secretaría de Seguridad Aérea y a la
Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la UAEAC, los conceptos
respectivos […]”; conceptos que deben versar “[…] sobre los aspectos técnicos
de la solicitud con miras a garantizar la seguridad de los servicios aéreos
comerciales […]”; y en los que se debe “[…] Analizar técnicamente los equipos
propuestos y sus especificaciones en relación con la operación proyectada
[…]”. (Destacado de la Sala).
35. El literal g) del numeral 3.6.3.2.6 ibidem, sobre trámite subsiguiente a la
audiencia pública, dispone en su numeral 2:
“[…] Dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes, contados a partir
de la notificación de la comunicación anterior, el interesado debe cumplir
con los siguientes requisitos y/o aportar los siguientes documentos con
destino a la Oficina de Transporte Aéreo:
(iii) Caución a favor de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil y a satisfacción de ella, amparando la
obligación establecida en el numeral 3.6.3.4.3.23., garantizando
el desarrollo y cumplimiento del proyecto, en los términos en que fue
presentado, dicha caución podrá consistir en garantía personal o
real, bancaria, de compañía de seguros o entidad de crédito
legalmente autorizada para esta clase de operaciones, la cual se
entenderá a satisfacción y aprobada, si dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a su presentación, no se ha informado al aportante
sobre su rechazo, indicándole los motivos de la determinación, para
que se presente a retirar el documento que la contenga. […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Marco normativo del régimen de cauciones
Del régimen general de las cauciones
36. Visto el artículo 65 del Código Civil sobre caución, se define como
cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o
ajena, y como especies de la misma se refiere a la fianza, la hipoteca y la prenda.
37. Vistos los artículos 603 y 604 de la Ley 1564, sobre clases, cuantía y
oportunidad para constituirlas, se distinguen las cauciones: i) reales, como las
cauciones hipotecaria y prendaria; y ii) bancarias y otorgadas por compañías de
seguro, en cuyo caso debe expedirse por el establecimiento bancario
correspondiente o la aseguradora respectiva, conforme a las exigencias de la ley
aplicable.
Del régimen de las cauciones en el sector aeronáutico
38. El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil mediante Resolución 4000 de 24 de noviembre de 1998, reguló en el artículo
4, la obligación para los explotadores de aeronaves de constituir una caución para
garantizar el reintegro de las sumas que recauden por concepto de tasa
aeroportuaria e impuesto de timbre.
39. Y, mediante Resolución 4411 del 24 de diciembre de 1998, 27 se
complementó y amplió la regulación del tema, adoptando normas sobre la
constitución de garantías a favor de la Unidad Administrativa Especial de
27 adicionada y modificada mediante las resoluciones 311 del 5 de febrero de 1999 y 1184 del 6 de abril de
1999.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Aeronáutica Civil y a cargo de las compañías aéreas, con el fin de cubrir
obligaciones derivadas del permiso de operación.
40. El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos
1782, 1852, 1856, 1857 y 1862 del Código de Comercio, y con el fin de regular las
cauciones para explotadores, expidió la Resolución número 4973 de 31 de
diciembre de 1999 28 , derogada expresamente mediante el artículo 3 de la
Resolución 531 de 20 de febrero de 2004, y esta a su turno mediante Resolución
675 de 23 de febrero de 200629.
41. El régimen de cauciones que deben constituir las empresas de servicios
aéreos comerciales de transporte público, se encuentra actualmente regulado en
la Resolución 825 de 18 de abril 202230
Análisis del caso en concreto
42. La Sala procede a resolver los cargos de nulidad formulados por la parte
demandante, para lo cual se advierte que los funda en violación de los artículos
23, 29, 83, numeral 12 del artículo 150, 209, 338 y 345 de la Constitución Política,
y los artículos 1856, 1857, 1860, 1861 y 1862 del Código de Comercio.
43. Conforme a lo expuesto por la parte demandante para sustentar el concepto
de violación, aduce violación de las normas constitucionales indicadas supra, por
cuanto:
28
“Por la cual se unifican las normas que regulan la caución exigida para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los permisos de operación, y se efectúan algunas modificaciones”
29
“Por la cual se reglamentan las cauciones para garantizar el pago de las obligaciones derivadas de los
permisos de operación y el servicio de sobrevuelos”.
30 “Por la cual se reglamenta las cauciones que deben constituir las empresas de servicios aéreos comerciales
de transporte público y se derogan las Resoluciones 675 de 23 de febrero de 2006 y 0789 de 31 de marzo de
2020”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
43.1. Se “[…] constriñe y coarta el libre ejercicio del derecho de petición […]” por
cuanto hay un riesgo que consiste en que se agote el plazo previsto en la norma
sin que se reúnan los documentos requeridos para obtener el permiso de
operación.
43.2. La norma acusada no establece procedimientos ni se remite a
procedimiento alguno, sino al simple arbitrio de la Autoridad Aeronáutica, por lo
que desconoce la garantía al debido proceso y los postulados de buena fe “[…]
pues castiga el hecho de no cumplirse por el interesado en un permiso de
operación para el desarrollo de actividades aéreas nacionales, que en los 180 días
señalados en la misma norma para reunir los documentos requeridos con tal fin,
no lo haga. […]”
43.3. El pago ordenado en el aparte del acto acusado:
43.3.1. “[…] comporta una contribución que solo puede imponer el
congreso, pues (Aerocivil) carece de cualquier naturaleza específica, de otro
orden, que la legitime. […]”; y
43.3.2. Se abroga atribuciones que le corresponde “[…] privativamente al
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales […]” al
tratarse de una forma de contribución que como tal no le es propio establecer a la
Autoridad Aeronáutica.
44. Respecto de las normas legales que la parte demandante afirma infringidas,
indicó violación del Código de Comercio en cuanto a:
44.1. El artículo 1856 por cuanto no le atribuye la facultad de “[…] imponer
obligaciones de pagar sumas de dinero o contribuciones para el caso de que el
interesado en el permiso de operación no satisfaga, dentro del término que le
señalan los reglamentos (180 días), la totalidad de los requisitos exigidos para tal
fi,(sic) que es lo que establece la norma acusada. […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
44.2. Los artículos 1860 y 1861 por cuanto no le atribuyen a la parte demandada
la facultad de imponer obligaciones, tributos o contribuciones, excepto que los
explotadores incumplan sus obligaciones, caso en el cual pueden ser
“conminados” al cumplimiento de las mismas a través de la caución de que trata
el artículo 1862 del Código de Comercio, norma respecto de la cual “[…] solamente
conmina bajo caución el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Código de Comercio […]”, y excluye la imposición que el aparte acusado establece
de pagar sumas de dinero a favor de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica
Civil, para el caso del incumplimiento de la presentación de los documentos
requeridos para tal efecto dentro de los 180 días que fija el mismo reglamento.
De la presunta violación de normas constitucionales
Del derecho fundamental de petición
45. Aún cuando la parte demandante afirma que el aparte del acto acusado
infringe el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 23 de la
Constitución Política, por cuanto en su parecer, el plazo de 180 días previsto para
que los interesados en los proyectos de constitución de nuevas empresas de
servicios aéreos comerciales nacionales, acrediten el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos para la obtención del permiso de operación “[…] coarta el libre
ejercicio del derecho de petición […]”, esta Sala considera que ni los requisitos
exigidos, ni los plazos impuestos para el cumplimento de los mismos, contrarían
la normativa constitucional y legal que regulan el derecho de petición.
46. En efecto, el artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
47. La Corte Constitucional31, en relación con el contenido y alcance del
derecho fundamental de petición, ha considerado que: i) es un derecho
fundamental para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa;
31
Corte Constitucional, sentencias T-418 de 1992, T-125 de 1995, y T-094/99.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
ii) su contenido esencial comprende: a) la posibilidad de presentar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades; b) la respuesta oportuna; c) la
respuesta de fondo o contestación material; y d) la pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo.
48. El Código Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la
expedición del acto acusado, respecto de las actuaciones administrativas indicó
que, se inician de formas diferentes que dan lugar a distintas clases de
actuaciones que son las siguientes: i) las que se inician en ejercicio del derecho
de petición en interés general y en interés particular; ii) las actuaciones o
procedimiento iniciados en cumplimiento de un deber legal; y, iii) las que se inician
de oficio por las autoridades, sin que pueda considerarse como la única regulación
posible de las actuaciones surtidas ante la administración.
49. En este sentido, el artículo 1.° del código Contencioso Administrativo
dispuso que los procedimientos administrativos regulados por normas especiales
se regirán por éstas y solo en lo no previsto en ellas, se aplicarán las normas de
la parte primera del Código Contencioso Administrativo que sean compatibles lo
que supone la existencia de procedimientos administrativos especiales a los que
de manera supletiva se aplican las disposiciones del Código Contencioso
Administrativo.
50. En el asunto sub examine, si bien la parte demandante no cuestiona el
plazo previsto por la norma para que los interesados en los proyectos de
constitución de nuevas empresas de servicios aéreos comerciales nacionales
acrediten el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la obtención del
permiso de operación, si reprocha que se le exija el pago de una suma de dinero
por no acreditar el cumplimiento de requisitos.
51. La Sala advierte, sin perjuicio de lo que se expondrá infra en relación con
los demás cargos, que la misma resolución acusada dispone en el artículo 1.° la
naturaleza del pago al que se refiere el aparte del acto acusado, para lo cual indica
que se corresponde a la constitución de “[…] una caución a favor de la Unidad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que ampare la obligación
establecida en el numeral 3.6.3.4.3.23, (aparte acusado) garantizando el
desarrollo y cumplimiento del proyecto, en los términos en que fue presentado
[…]”. Y, como consecuencia de no presentar la caución, quedará sin valor la
respectiva autorización.
52. De lo anterior se tiene que el pago al que hace referencia el inciso 2 del
numeral 3.6.3.4.3.23. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, modificado
por el artículo 6 de la Resolución 01022 de 2004, corresponde a una caución que
se exige dentro del procedimiento administrativo que inician los interesados en
llevar a cabo proyectos de constitución de nuevas empresas, pero de ninguna
manera es el pago de sumas de dinero por el inicio o continuidad de la actuación
administrativa.
53. Ahora bien, el parágrafo del artículo 1.° de la Resolución 01022 de 2004,
prevé que dicha caución puede consistir en garantías personales, reales,
bancarias o de compañías de seguros o entidades de crédito legalmente
autorizadas para esta clase de operaciones, con lo cual se cumplen las diferentes
alternativas de que tratan los artículos 603 y 604 del Código General del Proceso
en cuanto a cauciones.
54. En suma, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la exigencia de
cauciones en el trámite de procedimientos administrativos antes que trasgredir el
derecho de petición, garantiza su eficaz ejercicio de cara a adoptar la decisión
definitiva por parte de la autoridad aeronáutica, en tanto que permite que el
interesado cumpla con los deberes legales que le asisten para obtener los
permisos de operación que fueran solicitados de su parte, y responde a la
naturaleza que el Código Civil le asigna a las mismas para garantizar “[…]
cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia
o ajena […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
55. La caución regulada en el acto acusado, del mismo modo que en las demás
que regulan los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia32, permite al interesado
manifestar su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de la
actuación administrativa; y, ii) garantiza el pago de los perjuicios que su omisión
o el incumplimiento de sus obligaciones pudieran ocasionar a la autoridad
aeronáutica.
56. Con todo, no debe perderse de vista que la efectividad de la caución
únicamente procede por la razón que la misma norma indica, por lo que se trata
de una obligación condicionada, que consiste en que el interesado no acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención del permiso de
operación en proyectos de constitución de nuevas empresas de servicios aéreos
comerciales nacionales, garantizando con ello la conclusión del procedimiento
administrativo y con ello la satisfacción del derecho de petición.
57. La Corte Constitucional 33 , al referirse a la función de las cauciones
consideró:
“[…] en términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son
garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así
como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales
pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el
compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución,
el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su
voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y,
además (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones
procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces
como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso […]”.
58. La Sala destaca además que, la solicitud de documentos por parte de la
autoridad administrativa al peticionario, no es ajena a los procedimientos
administrativos que se inician en ejercicio del derecho de petición, por cuanto
32 A manera de ejemplo: i) caución Para obtener permiso provisional de operación (numeral 3.6.3.2.8.8.); y
ii) caución de responsabilidad civil extracontractual que ampara la operación de la aeronave en Colombia
(numeral 3.6.3.7.5.)
33 Corte Constitucional, sentencia C-316 de 2002
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
frente una solicitud incompleta, en el sentido de que falten requisitos, documentos
o información necesaria para resolverla de fondo, la autoridad debe informar tal
circunstancia, con la finalidad de que el interesado aporte la información
requerida, de manera que la petición pueda resolverse de fondo.
59. La Corte Constitucional 34 , en relación con la posibilidad de requerir al
peticionario para que aporte información o documentos necesarios para resolver
de fondo la petición, permite que la autoridad administrativa se los solicite al
interesado, lo cual “[…] se ajusta a los parámetros constitucionales del derecho
de petición, las garantías del debido proceso administrativo (artículo 29 de la
Constitución) y a los principios de la función administrativa contemplados en el
artículo 209 de la Constitución, en la medida en que brinda la oportunidad al
peticionario de aportar la información o documentación que la autoridad considere
se requiere para dar una respuesta efectiva a la petición, y en garantía del derecho
a la defensa señala en el requerimiento la información o documentos que debe
aportar el peticionario […]”.
Del derecho fundamental al debido proceso y la buena fe
60. La parte demandante afirma que se trasgrede el derecho al debido proceso
y los postulados de buena fe por cuanto la norma acusada no establece
procedimientos ni se remite a procedimiento alguno, sino al simple arbitrio de la
Autoridad Aeronáutica, por lo que desconoce la garantía al debido proceso y los
postulados de buena fe “[…] pues castiga el hecho de no cumplirse por el
interesado en un permiso de operación para el desarrollo de actividades aéreas
nacionales, que en los 180 días señalados en la misma norma para reunir los
documentos requeridos con tal fin, no lo haga. […]”
61. Como se ha venido exponiendo en esta providencia, la caución de que trata
el aparte acusado pertenece a uno de los procedimientos administrativos que
regulan los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia previsto en el numeral 3.6.3.1.
“[…] Para la obtención de un permiso de operación de Empresa de Servicios
34
Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Aéreos Comerciales de transporte público (regular o no regular) […]”, y en
especial, en el Trámite en los casos en que se requiere audiencia pública, cuando
una vez surtida la misma, el trámite a seguir es:
61.1. El Secretario del Grupo Evaluador de Proyectos Aerocomerciales,
comunicará por escrito, la decisión a los interesados dentro de los cinco (5) días
siguientes a la sesión del GEPA en la cual se trató el tema.
61.2. Dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes, contados a partir de la
notificación de la comunicación anterior, el interesado debe cumplir con la entrega
de documentos.
61.3. Una vez satisfechos los requisitos aquí, la empresa ya constituida, podrá
continuar con su proceso de certificación ante la Secretaría de Seguridad Aérea,
y, en caso de no acreditarse cualquiera de los requisitos dentro del plazo previsto,
la autorización quedará sin valor ni efecto alguno y en consecuencia, la
documentación será devuelta al peticionario.
62. Lo indicado supra evidencia la existencia de un procedimiento reglado que
no solo responde a las disposiciones nacionales, tanto constitucionales como
legales que regulan la materia, sino que sigue los parámetros de la normativa
internacional, sin que se advierta “arbitrio de la Autoridad Aeronáutica”.
63. La Sala pone de presente que además de los procedimientos regulados en
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la parte demandada cuenta con una
reglamentación suficiente y actualizada que reglamenta las cauciones, para
garantizar el pago de la facturación generada con ocasión de las obligaciones
derivadas de los permisos de operación y autorizaciones de sobrevuelos
contenidas en ese entonces en las Resolución número 4973 de 31 de diciembre
de 1999, y la Resolución 531 de 20 de febrero de 2004.
64. De esta manera no se comparte la afirmación de la parte demandante en
cuanto a que la efectividad de la caución “[…]castiga el hecho de no cumplirse por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
el interesado en un permiso de operación para el desarrollo de actividades aéreas
nacionales, que en los 180 días señalados en la misma norma para reunir los
documentos requeridos con tal fin, no lo haga. […]”, en la medida que antes de ser
un “castigo”, corresponde a una medida que asegura el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por los interesados, y garantiza el pago de perjuicios que,
ante el acaecimiento del siniestro, debe demostrar la autoridad aeronáutica
ante la compañía aseguradora, junto con la existencia del daño ocasionado por
dicho incumplimiento y su cuantía.
De la presunta violación del numeral 12 del artículo 150, y los artículos 209,
338, y 345 de la Constitución Política
65. La parte demandante sostuvo que el pago ordenado en el aparte del acto
acusado, viola los artículos 150 numeral 12, 209, 338, y 345 de la Constitución
Política, en la medida que “comporta una contribución” cuya competencia, en
virtud del principio de legalidad, le corresponde al Congreso de la República, sin
que ninguna autoridad administrativa, y para el caso sub examine, Aeronáutica
Civil, cuente con competencia para definirlos.
66. Manifiesta que la parte demandada en el aparte acusado, se abroga
atribuciones que le corresponde “[…] privativamente al Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales […]” al tratarse de una forma de
contribución que como tal no le es propio establecer a la Autoridad Aeronáutica.
67. Para resolver este cargo formulado por la parte demandante, común a los
artículos constitucionales que estima infringidos, la Sala, con fundamento en la
normativa y jurisprudencia sobre el tema, se referirá al concepto de contribución,
y su género el tributo, con el fin de precisar la naturaleza de la medida contenida
en el aparte acusado de la Resolución núm. 01022 de 2004.
Naturaleza jurídica del tributo
68. Visto el artículo 338 de la Constitución Política Carta prevé que “[…] [e]n
tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los
impuestos. […]”
69. Visto el artículo 150, numeral 12, ibidem atribuyó como competencia del
Congreso de la República la de “[…] [e]stablecer contribuciones fiscales y,
excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones
que establezca la ley […].”
70. La Corte Constitucional35 al referirse al concepto de tributo, le ha otorgado
“[…] un alcance genérico y hace referencia a todo lo relacionado con los ingresos
corrientes de la Nación -tributarios y no tributarios-. Incluye pues, impuestos, tasas
y contribuciones como parece corresponder al sentido natural y obvio de la norma.
[…] ”.
71. De manera que conforme las disposiciones constitucionales y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, los tributos: i) tienen un sentido amplio y
genérico, por cuanto en su definición están contenidos los impuestos, tasas y
contribuciones; ii) constituyen un ingreso público destinado al financiamiento del
Estado para la satisfacción de las necesidades, a través del gasto; iii) tienen origen
en la ley y, por lo tanto, es manifestación del principio de representación popular
y de la “potestad tributaria” derivada del “poder de imperio”, y iv) su naturaleza es
coactiva.
Clases de tributos
72. Con fundamento en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional,
los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales, cuyo
alcance ha sido definido en los siguientes términos:
35 Sentencia C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
72.1. La Corte Constitucional36, al referirse a los impuestos, consideró que los
impuestos se caracterizan por los siguientes elementos básicos: i) se cobran
indiscriminadamente a todo ciudadano; no a un grupo social, profesional o
económico determinado; ii) no guardan relación directa e inmediata con un
beneficio que perciba el contribuyente; iii) una vez pagado, el Estado dispone de
él de conformidad con criterios y prioridades distintos a los del contribuyente; iv)
su pago no es opcional ni discrecional y por ello puede forzar su pago mediante la
jurisdicción coactiva; v) la capacidad de pago del contribuyente solo es relevante
para graduar el aporte social de cada ciudadano de acuerdo a su disponibilidad; y
vi) no se destinan a financiar un servicio público específico.
72.2. Así las cosas, los impuestos configuran una categoría de tributo y se
caracterizan por: i) ser una prestación de naturaleza unilateral a través de su
configuración legal; ii) el hecho generador que los sustenta puede reflejar la
capacidad económica del contribuyente o la utilización o consumo de un bien; iii)
se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano o grupo social; iv) no incorporan
una prestación directa a favor del contribuyente; v) su pago es obligatorio, y vi) el
Estado dispone de ellos con fundamento en prioridades distintas a las del obligado
con la carga impositiva37.
72.3. Las tasas por su parte, son una especie de tributo que establece una
prestación económica a favor del Estado.
72.4. La Corte Constitucional38 las define como:
“[…] aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el
Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida
utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una
recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un
servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración que
se paga a la entidad administrativa que lo presta.
36 Ibidem
37 Corte Constitutional, sentencias C-155 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo; C-593 de 2019, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; C-278 de 2019, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado; C-484 de 2020, M.P. Alejandro
Linares Cantillo; y C-504 de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
38
Corte Constitutional, Sentencia C-465 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por
un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la
prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la
financiación del servicio público que se presta.
La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata
de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes,
independientemente de su iniciativa, dan origen a él. […]”
72.5. De lo anterior se tiene que las tasas corresponden a aquellos ingresos
tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella, a través de los
cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos que
le representa al Estado prestar una actividad, un bien o servicio público, bien sea
de manera directa o indirecta. Esta erogación es impuesta unilateralmente por el
Estado como retribución equitativa de un gasto público que, no obstante ser
indispensable para el contribuyente, tan sólo se origina a partir de su solicitud.
72.6. Con fundamento en este concepto, las tasas se diferencian de los
impuestos en que: i) el hecho generador se basa en la efectiva prestación de un
servicio público o la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público que se traduce en un beneficio particular del sujeto pasivo, y ii) tienen
naturaleza retributiva, pues buscan compensar un gasto público del Estado para
prestar un servicio público.
72.7. Finalmente, las contribuciones especiales, en los términos expuestos por la
Corte Constitucional39, tienen como fundamento “[…] la compensación que le cabe
a la persona por el beneficio directo que ella reporta como consecuencia de un
servicio u obra que la entidad pública presta, realiza o ejecuta. Correlativamente,
el sistema y el método para definir la tarifa de cada una de estas dos especies
tributarias es diferente y debe, en todo caso, ajustarse y consultar su naturaleza
específica.”.
39 Corte Constitucional, sentencias C-473 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, C-293 de 2020,
M.M.P.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger; y C-147 de 2021, M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
72.8. En este sentido, las contribuciones especiales tienen como fin principal la
producción de beneficios particulares en bienes o actividades económicas del
contribuyente, ocasionada por la ejecución del gasto público.
73. Como quedó expuesto en los numerales 45 y 46 supra de esta providencia,
la Resolución 01022 de 2004 prevé en el artículo 1.° la naturaleza del pago al que
se refiere el aparte del acto acusado, para lo cual, antes que referirse a un
impuesto, una tasa o una contribución especial, le atribuye la naturaleza de
caución que se otorga en favor de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, y con el único propósito de amparar las obligaciones contenidas
en el aparte acusado (numeral 3.6.3.4.3.23) y de esta manera garantizar el
desarrollo y cumplimiento del proyecto, en los términos en que fue presentado.
74. De lo anterior se tiene que el pago al que hace referencia el inciso 2 del
numeral 3.6.3.4.3.23. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, modificado
por el artículo 6 de la Resolución 01022 de 2004, corresponde a una caución que
se exige dentro del procedimiento administrativo que inician los interesados en
llevar a cabo proyectos de constitución de nuevas empresas, pero de ninguna
manera es el pago de sumas de dinero por el inicio o continuidad de la actuación
administrativa.
75. No es de su esencia ni de su naturaleza, que el pago al que hace referencia
el aparte acusado corresponda a una retribución por la prestación de un servicio
público, la utilización privativa o el aprovechamiento especial de espacios de
dominio público que beneficien a los particulares, ni buscan compensar un gasto
público del Estado para prestar un servicio público, para que pueda ser
considerada como una contribución, a la manera que fue calificado por la parte
demandante.
76. Esta Sala considera que, conforme a su naturaleza, finalidad, y contenido,
el pago al que se refiere el inciso 2 del artículo 6 de la Resolución núm. 01022 de
2006 que modifica el numeral 3.6.3.4.23. de los Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia, corresponde a una obligación que se le impone al interesado en iniciar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
proyectos de constitución de nuevas empresas aeronáuticas colombianas, para
asegurar el cumplimiento de otras obligaciones propias que le imponen en el
procedimiento administrativo, y garantizar el pago de los perjuicios que sus
actuaciones u omisiones pudieran generar a la autoridad aeronáutica. En otras
palabras, se trata de una caución que tiene fundamento en las normas civiles,
comerciales y procesales, como se analizará en acápite posterior, razón por la
que los cargos formulados por la parte demandante no están llamados a
prosperar.
De la presunta violación de normas legales
77. La parte demandante afirma que el aparte acusado de la Resolución núm.
01020 de 2004 viola el artículo 1856 del Código de Comercio, al estimar que dicha
norma no le atribuye a la parte demandada la facultad de imponer obligaciones
de pagar sumas de dinero o contribuciones para el caso de que el interesado en
el permiso de operación no satisfaga la totalidad de los requisitos exigidos.
78. Aduce además que se infringen los artículos 1860 y 1861 ibidem por cuanto
tampoco le atribuyen a la parte demandada la facultad de imponer obligaciones,
tributos o contribuciones. Afirma que se exceptúa la carga para los explotadores
que incumplan sus obligaciones, evento en el cual pueden ser “conminados” al
cumplimiento de las mismas a través de la caución de que trata el artículo 1862
del Código de Comercio, norma respecto de la cual sostiene:“[…] solamente
conmina bajo caución el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Código de Comercio […]”, y excluye la imposición que el aparte acusado
establece de pagar sumas de dinero a favor de la Unidad Administrativa de la
Aeronáutica Civil, para el caso del incumplimiento de la presentación de los
documentos requeridos para tal efecto dentro de los 180 días que fija el mismo
reglamento.
79. Como se indicó en el marco normativo expuesto supra, la Ley 336, respecto
al transporte aéreo, dispuso que para efectos de su regulación continuará
rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio, por los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia expedidos por la Unidad Administrativa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Especial de Aeronáutica Civil, y por los Tratados, Convenios, Acuerdos Prácticas
Internacionales debidamente adoptados o aplicadas por Colombia.
80. En este sentido, el Código de Comercio previó que la autoridad
aeronáutica, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
cuenta con la competencia para reglamentar la actividad aérea “[…] en cuanto a
los servicios prestados, los encargados de explotarla, la definición de las rutas,
los permisos de operación, etc., y que además fungiría como autoridad de
inspección, siempre con el objetivo de lograr la prestación de servicios aéreos
seguros, eficientes y económicos que garanticen, además, la estabilidad de esa
industria. […]”40
81. Puntualmente, las normas que la parte demandante estima violadas con el
aparte acusado de la Resolución núm. 01022 de 2004, giran en torno a: i) la
atribución de facultades a la autoridad aeronáutica para reglamentar
procedimientos para el otorgamiento de permisos de operación (art. 1856); ii) las
condiciones para obtener los respectivos permisos de operación; iii) el
procedimiento para la concesión de permisos de operación; y iv) la renovación y
revocación de permisos de operación.
82. La Corte Constitucional41, respecto de la intervención estatal en materia
regulatoria de transporte aéreo, y en especial de las conferidas a la parte
demandada, consideró que tienen por objeto “[…] garantizar la seguridad,
eficiencia y calidad del servicio prestado, a través de la fijación de condiciones
técnicas que permitan cumplir con esas condiciones[…]”, y “[…] asegurar el
acceso objetivo y equitativo de las personas a las prestaciones propias del
servicio público correspondiente[…]”.
83. Y en cuanto a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la sentencia
indicada supra les dio el alcance de ser aquellos que: “[…] configuran la regulación
40 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2020, expediente 2010—00243. M.P.
Oswaldo Giraldo López.
41
Corte Constitucional, sentencia T - 987 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
particular y concreta del transporte aéreo en Colombia, son actos administrativos
que determinan las obligaciones específicas de cada uno de los sujetos
involucrados en la prestación y uso de ese servicio público. […]”
84. Esta Corporación 42 ha tenido la oportunidad de referirse a la potestad
reglamentaria, para lo cual consideró que:
“[…] En esta dirección, la jurisprudencia ha señalado que no es posible ejercer la
potestad reglamentaria cuando se trate de una ley que incorpore disposiciones
precisas y claras que no requieren de una regulación adicional para su ejecución
(límite por necesidad). Asimismo se ha indicado que entre más detallada sea la
norma expedida por el legislador, menor será el ámbito de acción de la
administración para reglamentar la norma. En el mismo sentido, entre menos
detallada sea la ley, mayor será el campo de actuación del Ejecutivo. Con todo, el
límite más importante para el ejercicio de la potestad reglamentaria es su
subordinación a la ley, tanto desde el punto de vista jerárquico como sustancial.
En consecuencia, a través de la potestad reglamentaria no es posible ampliar,
restringir, modificar o contrariar la norma promulgada por el legislador (límite por
competencia), así como tampoco limitar o impedir la realización de los fines
perseguidos por esta. Por ende, en el ejercicio de su función reglamentaria, el
Ejecutivo no puede adicionar nuevas disposiciones […]”
85. Potestad reglamentaria que si bien está atribuida por la Constitución Política
al Presidente de la República, no es exclusiva ni excluyente, en tanto existen otros
organismos pertenecientes a la Administración que pueden expedir regulaciones
“[…] por lo cual debe concluirse que la Constitución de 1991 “consagró un “sistema
difuso” de producción normativa general o actos administrativos de efectos
generales de carácter reglamentario, lo que significó, sin lugar a duda, un cambio
fundamental respecto del ordenamiento superior consignado en la Carta de
1886“[…]”43
86. En este orden de ideas, las facultades atribuidas a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil no solo comprenden las de regulación, inspección,
vigilancia y control de la actividad aeronáutica, en general, y del transporte aéreo
en particular, sino que abarca, con sujeción a la ley, “[…] la expedición para dichos
propósitos, de los Reglamentos Técnicos Aeronáuticos, los cuales tienen la
42
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Germán Alberto Bula Escobar.
Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-06-
000-2016-00220-00(2318). Actor: Ministerio del Interior.
43 Corte Constitucional, sentencia C-350 de 1997
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
categoría de fuentes normativas del derecho aeronáutico y, por ende, de normas
de carácter especial en la materia. […]”44
87. La Sala no evidencia que el requisito que exige la Resolución 01022 de
2004, referente a la constitución de una caución a favor de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que ampare la obligación establecida
en el numeral 3.6.3.4.3.23, y la consecuencia que genera el aparte acusado de
hacerla efectiva mediante el pago de una suma de dinero cuando no se acredite
el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención del permiso de
operación, vaya en contra de las disposiciones contenidas en el Código de
Comercio.
88. La regulación del procedimiento administrativo y sus etapas, la exigencia
de requisitos que deben cumplir los solicitantes, y en especial, la constitución de
cauciones que aseguren el cumplimiento de obligaciones, son funciones llevadas
a cabo por la autoridad aeronáutica, que tiene dentro de sus atribuciones la de
regular procedimientos que le son propios en razón de su objeto, conferida por la
ley, y en atención a su especial conocimiento técnico aeronáutico y de navegación
aérea.
89. Ninguna de las normas que la parte demandante afirma como desconocidas
por el aparte acusado, restringe la actividad regulatoria de la autoridad
aeronáutica, ni la inclusión de institutos jurídicos que tengan como propósito llevar
hasta el final el procedimiento administrativo con la expedición de la decisión que
corresponda, brindar de garantías procesales a quienes participan dentro de la
actuación administrativa, y ofrecer seguridad a los usuarios que se beneficien de
la prestación del servicio.
90. La Sala advierte que las disposiciones del Código de Comercio, de forma
general le atribuyen funciones reglamentarias a la parte demandada, por lo que se
amplía el margen de acción de esta para reglamentarla y adquiere mayor
44 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto de 28 de noviembre de 2019. Expediente 2017-00239. M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
relevancia su facultad regulatoria, con plena observancia y subordinación a la ley,
y el respeto de las garantías constitucionales.
91. Especial atención merece el artículo 1862 del Código de Comercio que la
parte demandante aduce como violado, por cuanto en su parecer “[…] solamente
conmina bajo caución el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Código de Comercio, entre otras, las del Explotador de Aeronaves (Capítulo X de
la Parte Segunda del Libro Quinto de Código de Comercio) en relación con la
obtención de permisos de operación para el desarrollo de actividades aéreas
nacionales, lo cual excluye la imposición que la norma acusada establece, de
pagar sumas de dinero a favor de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil,
para el caso del incumplimiento de la presentación de los documentos requeridos
para tal efecto dentro de los 180 días que fija el mismo reglamento. […]”.
92. La Sala advierte que el artículo indicado supra, al referirse a las causales
de renovación y revocación de permisos de operación, permite en su inciso 3.°
autorizar a la autoridad aeronáutica para “[…] exigir caución a los explotadores,
para responder por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga este
Código y el respectivo permiso de operación. […]”. Empero, como ya fue expuesto,
el artículo 1.° de la Resolución 01022 de 2004 dispone que, para el caso de los
proyectos de constitución de nuevas empresas colombianas, dentro de los 10 días
siguientes a la comunicación de la decisión, el interesado deberá constituir una
caución a favor de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que
ampare la obligación establecida en el numeral 3.6.3.4.3.23.
93. Así las cosas, en interpretación sistemática, el pago de que trata el inciso 2
del artículo 6 de la Resolución 01022 de 2004, está relacionado con su artículo
1.°, en el cual se determina la naturaleza del mismo, que se insiste, corresponde
a una caución que ampara la garantía del desarrollo y cumplimiento de los
proyectos de constitución de nuevas empresas colombianas, sin que pueda
calificarse como una contribución o un pago aislado a cargo de los interesados,
por lo que los cargos formulados por la parte demandante referentes a violación
de normas legales, tampoco están llamados a prosperar.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
Conclusiones de la Sala
94. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la parte demandante
no logró desvirtuar la presunción de legalidad del inciso 2 del artículo 6 de la
Resolución núm. 01022 de 2004 que modifica el numeral 3.6.3.4.3.23 de los
Reglamentos Aeronáutico de Colombia, motivo por el cual deben desestimarse las
súplicas de la demanda.
Condena en costas
95. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sobre condena en costas, la Sala considera
que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se
abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la excepción de “[…] ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales […]” formulada por la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Número único de radicación: 11001032400020090050600
Demandante: Franklyn Liévano Fernández
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado, que, en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.