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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00510-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00510-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2009-00510-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

8 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Núm. único de radicación: 11001032400020090051000
Referencia: Acción de nulidad relativa
Demandante: Allergan, Inc.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Angelo Leonelo Portallupi Mena

Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina. Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Allergan, Inc., contra
la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las
resoluciones núms. 53316 de 18 de diciembre de 2008, 4448 de 30 de enero de
2009 y 12020 de 13 de marzo de 2009 expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Allergan, Inc. 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la
Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 69

2

Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de
14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 2, para que se
declare la nulidad de las resoluciones núms. 53316 de 18 de diciembre de 2008,
“Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 4448 de 30 de
enero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la
Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio; y la Resolución núm. 12020 de 13 de marzo de 2009, “Por la cual se
resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada
cancelar el registro de la marca mixta NO TOX, que identifica productos de la Clase
3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor
Angelo Leonelo Portaluppi Mena, tercero con interés directo en las resultas del
proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3:

“[…] 1) Que se declare nula la Resolución número 53316 dictada por el Jefe de
la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
el 18 de diciembre de 2008, por medio de la cual se declaró infundada la
oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca
NO TOX (Mixta) No. 375810, en la Clase 3 solicitada por ANGELO LEONELO
PORTALLUPI MENA.

(2) Que se declare nula la Resolución número 4448 dictada por el Jefe de la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el
30 de enero de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución número
53316 el 18 de diciembre de 2008

(3) Que se declare nula la Resolución número 12020 dictada por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio el 13 de marzo de 2009, por medio de la cual se confirmó
la Resolución 53316 del 18 de diciembre de 2008 y se declaró agotada la vía
gubernativa.

(4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho en beneficio de la sociedad ALLERGAN, INC., se ordene lo siguiente:

2 “Régimen común de propiedad industrial”

3 Cfr. folios 1607 a 1638

3

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a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 15 de
noviembre de 2006 por la sociedad ALLERGAN, INC.

b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca NO TOX (mixta) No.
375810, en la Clase 3 Internacional, a nombre de ANGELO LEONELO
PORTALLUPI MENA, por no cumplir con el requisito de distintividad, por ser
similarmente confundible con la marca notoria BOTOX previamente registrada y
de propiedad de ALLERGAN INC, para los mismos productos.

c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y
Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de
marca NO TOX (mixta) No. 375810, en la Clase 3 Internacional, a favor de
ANGELO LEONELO PORTALLUPI MENA. […]” (Resaltado en el original)

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 3 de agosto
de 2006, el registro como marca del signo mixto NO TOX para distinguir productos
de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de septiembre de 2006, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 568, la cual fue objeto de oposición por la parte
demandante, con fundamento en sus marcas nominativas BOTOX y mixtas BOTOX
y ALLERGAN BOTOX, que identifican productos de las Clases 3 y 5 de la
Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008,
declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca
mixta NO TOX para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante, el 21 de enero de 2009, interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre
de 2008.

4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante de la Resolución núm. 4448 de 30 enero de 2009, resolvió el

4

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recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53316 de 18
de diciembre de 2008.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 12020 de
13 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la
Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, del literal b) del
artículo 135 y de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y
el artículo 6 bis del Convenio de París4.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Manifestó que la parte demandada, al momento realizar el estudio de
registrabilidad de la marca acusada, no tuvo en cuenta que su marca nominativa
BOTOX, que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de
Niza, es notoria y, en ese sentido, no le aplicó la protección prevista en el literal h)
del artículo 136 de la Decisión 486 de 20005.

6.2. Adujo que la marca acusada reproduce parcialmente su marca nominativa
BOTOX que distingue productos de la Clases 3 de la Clasificación Internacional de
Niza6.

4 Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994, declarada exequible

por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-002-96 del 18 de enero de 1996, Magistrado Ponente, Dr.
José Gregorio Hernández Galindo “[…] Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de
1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de
1979 […]”.
5 Cfr. Folio 1670
6 Cfr. Folio 1610

5

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6.3 Señaló que, entre los productos identificados por la marca acusada y los
productos distinguidos por su marca nominativa BOTOX, existe conexión
comoquiera que son comercializados en el mismo mercado y el consumidor puede
pensar que provienen del mismo empresario por lo que existe riesgo de confusión
directo e indirecto7.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.4 Manifestó que la marca acusada era similarmente confundible con su marca
nominativa BOTOX que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza, en tanto, a su juicio, tenían similitudes fonéticas y gráficas.

6.5 Reiteró que, entre los productos identificados por la marca acusada y los
productos distinguidos por su marca nominativa BOTOX, están dirigidos al mismo
consumidor y distinguen la misma clase de productos, por lo que existe riesgo de
confusión directo e indirecto8.

Violación del literal b) del artículo 135 en concordancia con el artículo 134 de
la Decisión 486 de 2000

6.6 Indicó que la marca acusada no cumple con el requisito de distintividad previsto
en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que es
similarmente confundible con su marca nominativa BOTOX que distingue productos
de la Clases 3 de la Clasificación Internacional de Niza9.

Violación del artículo 6 bis del Convenio de Paris

6.7 Sostuvo que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados,
violó el artículo 6 bis del Convenio de Paris comoquiera que, a su juicio, su marca
BOTOX es notoriamente conocida para distinguir productos de la Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza y, asimismo, es similarmente confundible con la

7 Cfr. Folios 1684 y 1685
8 Cfr. Folio 1685
9 Cfr. Folio 1690

6

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marca NO TOX, que identifica productos de la misma clase, por lo que no debió
haber sido concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso10.

Contestaciones de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

Sobre el cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

7.1 Indicó que la marca acusada tiene elementos propios nominativos, gráficos y
fonéticos que la hacen suficientemente distintiva respecto de las marcas opositoras
y de las demás marcas existentes en el mercado por lo que no existe un riesgo de
confusión directo o indirecto13.

7.2 Manifestó que la marca acusada está compuesta por la partícula de uso
común TOX, respecto de los productos que ampara, por lo que no es posible
concluir que exista confusión directa ni indirecta con la marca de la parte
demandante14.

7.3 Añadió que la marca acusada es evocativa de un producto natural y “[…] no
tóxico […]”15, mientras que la marca BOTOX se asocia “[…] con un tratamiento
de rejuvenecimiento […]”16, por lo que no existe un riesgo de confusión ideológico
entre las mismas.

Sobre el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de
2000

10 Cfr. Folio 1688
11 Por intermedio de apoderada.
12 Cfr. Folios 1737 a 1744
13 Cfr. Folio 1741

/14 Cfr. Folio 1741
15 Ibidem
16 Ibidem

7

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7.4 Manifestó que no violó el literal h) de artículo 136 de la Decisión 486 de 2000
toda vez que no se cumplen con los supuestos facticos de dicha norma. Lo
anterior comoquiera que no existe riesgo de confusión o de asociación entre la
marca acusada y la marca de la parte demandante “[…] aun cuando uno de ellos
pudiere eventualmente, tener el carácter de notoriamente conocido […]” 17.
Sobre el cargo de violación del artículo 6 bis del Convenio de Paris

7.5 Manifestó que “[…] la Convención de París, en su artículo 6 establece la
independencia de la protección de una misma marca en diferentes países, al
disponer en su inciso primero que ‘Las condiciones de depósito y de registro de las
marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por
su legislación nacional’ […]”18.

7.6. Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que concedió la marca acusada
habiendo realizado debidamente el examen de registrabilidad sin encontrar que
fuera similarmente confundible con las marcas de la parte demandante, por lo que
no se encontraba inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas
en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través del curador
ad litem, contestó la demanda, dando respuesta a los hechos y oponiéndose a las
pretensiones de la demanda, sin embargo, no formuló argumentos de defensa ni
propuso excepciones19.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de marzo de 201820,
ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

17 Ibidem
18 Cfr. Folio 1744
19 Cfr. Folio 1735
20 Cfr. Folio 1773

8

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10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación
Prejudicial 335-IP-2018 de 3 de junio de 201921, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:

“[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos
134, 135 literal b) y 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, la cual procede con excepción de los Artículos 134 y 135
b) de la Decisión anteriormente mencionada debido a que no es objeto de
controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo. De
oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los artículos 151, 224,
228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para
tratar el tema de la conexión competitiva entre productos y la marca notoria
[…]”22

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas y reanudación del proceso

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de febrero de 2020 23, resolvió
sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas, y decretó la
reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión y otras actuaciones

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 202124, corrió
traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para
alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del
vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado
especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198425.

14. Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos
en la demanda. La parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas
del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

21 Cfr. Folios 1784 a 1803
22 Cfr. Folio 1785 a 1786
23Cfr. Folio 1805 a 1814
24 Cfr. Folio 1837
25 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”

9

Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202326, ordenó a la
Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de
Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del
estado actual del registro marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX, cuyo
titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

16. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de
202327, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió
traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el
marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 335-IP-2018 de 3 de junio de
2019; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una
marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix)
desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos
del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201128, sobre el régimen de
transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios
entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

26 Cfr. Índice núm. 88 aplicativo web “SAMAI”.

27 Cfr. Índice núm. 92 aplicativo web ”SAMAI”
28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
29 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

10

Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

Los actos administrativos acusados

20. Los actos administrativos acusados30 son los siguientes:

20.1. Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 200831, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la
oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca
mixta NO TOX, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza.

20.2. Resolución núm. 4448 de enero de 200932, mediante la cual la Jefe de la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm.
53316 de 18 de diciembre de 2008.

20.3. La Resolución núm. 12020 de 13 de marzo de 200933, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre
de 2008.

El problema jurídico

21. Le corresponde a la Sala determinar:

i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión
486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro
marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX que identifica productos de la
Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés
directo en las resultas del proceso; y

30 Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el

cargo formulado.
31 Cfr. Folios 70 a 76
32 Cfr. Folios 77 a 80
33 Cfr. Folios 81 a 85

11

Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 53316 de 18 de diciembre de 2008,
4448 de 30 enero de 2009 y 12020 de 13 de marzo de 2009, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el
registro de la marca mixta NO TOX, para identificar: “Preparaciones para blanquear
y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”: productos de la Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134, el literal b) del artículo
135 y los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 6
bis del Convenio de París.

iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre
la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y la marca
nominativa BOTOX; que identifica productos de la Clase 3 de la clasificación
internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y si la marca BOTOX es
notoriamente conocida.

21.1. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó
los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión
486 de 2000. No interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión
486 de 2000.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha
producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

12

Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina37

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo
27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre
otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena
expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era
necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento
de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual
contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el
artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994,
en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el
campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba
y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa

su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.

13

Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros39.

Interpretación Prejudicial 335-IP-2018 de 8 de julio de 2019

25. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
interpretó los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 151, 224, 228 y 230 de
la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales
aplicables en el caso sub examine. No interpretó el artículo 134 y el literal b) del
artículo 135 de la Decisión 486 de 200040.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca

26. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de
los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca
por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la
nulidad.

Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca

27. Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el
registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien
tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el
período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por
falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del
Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la
caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando

39 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la

interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.
40 Cfr. Folios 1783 a 1803

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Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha
de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho
registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con
el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del
derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera
automática41.

Consejo de Estado

29. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del
inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la
nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables
al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo
no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones
de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de
registro […]”42.

30. En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada
jurisprudencia43, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486
de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos
supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable,
al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede
pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo
que concede el derecho de registro44.

Análisis del caso concreto

31. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es
procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 17/2 de la Decisión 486 de

41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP-

2015 de 3 de junio de 2015.
42 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de

2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de
2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia
de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
11001032400020110045500.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero

de 2021, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300,
11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300.

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Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro
marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX que identifica productos de la
Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés
directo en las resultas del proceso.

32. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente
del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema
de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el
registro marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX, cuyo titular es el tercero
con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado por falta de
renovación45.

33. La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la
Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno
derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los
derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se
extinguieron como consecuencia de la caducidad.

34. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca
mixta NO TOX, con registro marcario núm. 375.810, que identifica productos de la
Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala
considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la
demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos
fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo
que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista.

35. En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los
supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el
examen sobre la presunta vulneración del artículo 134, el literal b) del artículo 135,
y de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 6
bis del Convenio de París, formulada en el acápite del problema jurídico de esta
providencia.

36. La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso
y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.

45 Cfr. Índice núm. 92 aplicativo web ”SAMAI”

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Núm. único de radicación: 11001032400020090051000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el
inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin
al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de
la referencia, previas las anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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