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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00647-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00647-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto del cargo de infracción a las normas superiores, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 61 “ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 Número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00647-00 Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA ACCIÓN DE NULIDAD SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda. CUARTO: NO CONDENAR en costas. QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que una vez en firme esta sentencia archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2009-00647-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00647-00
Referencia: Acción de nulidad
Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA

TESIS: SE DECLARA PROBADA, DE MANERA OFICIOSA, LA EXCEPCIÓN DE INEPTA
DEMANDA FRENTE AL CARGO DE INFRACCIÓN DE NORMAS EN LAS QUE DEBIÓ
FUNDARSE. NO SE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NATURALEZA JURÍDICA DEL COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. INSTITUCIÓN DE NATURALEZA PRIVADA, PRUEBAS
QUE LO ACREDITAN. PROPIEDAD DE UN PREDIO COMO SE PRUEBA SEGÚN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. COMPETENCIA DEL MINISTERIO Y DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PARA EXPEDIR LOS ACTOS ACUSADOS Y
CONFERIR LOS PERMISOS REQUERIDOS POR EL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO. NO SE PROBÓ INCOMPETENCIA NI DESVIACIÓN DE PODER POR
LO MOTIVOS ALEGADOS POR LA PARTE ACTORA. SE DENIEGAN PRETENSIONES.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda promovida por la

ciudadana CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA, contra las

resoluciones núms. 1067 de 20 de marzo de 1972, “Por la cual se

ratifica la aprobación de estudios a un plantel educativo”,

expedida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL1; y la

3804 de 23 de octubre de 2000, “Por la cual se reconoce

oficialmente a un establecimiento de educación formal, de

1
En adelante Ministerio.

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2

Número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00647-00
Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA
ACCIÓN DE NULIDAD

naturaleza privada”, emanada de la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA, actuando

en nombre propio, promovió demanda ante esta Corporación, en

ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código

Contencioso Administrativo3, tendiente a obtener la declaratoria de

nulidad de los actos acusados.

Planteó como pretensiones, las siguientes:

“[…] PRIMERA: Que se declare a nulidad de la Resolución
núm. 1067 del 20 de marzo de 1972 emanada por el
Ministerio de. Educación Nacional, por la cual ratificó la
aprobación del COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO, SEGÚN LA CUAL ESTE ES DE PROPIEDAD DE LA
FUNDACIÓN COLEGIO MAYOR DE NUETRA SEÑORA DEL
ROSARIO.

SEGUNDA: Que en consecuencia de los anterior se declare
igualmente la nulidad de la resolución que en jerarquía
normativa le precedió emanada por la Secretaria de Educación
del Distrito Capital, es decir, la Resolución núm. 3804 de 23
de octubre de 2000, por la cual reconoce oficialmente a un
establecimiento de educación no formal de naturaleza privada,
además por cuanto el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, ya que esta fundación no existe, y en que es un
establecimiento educativo no oficial, lo cual tampoco es cierto
[…]”

I.2.- Normas violadas y concepto de violación.

2
En adelante Secretaría.
3
En adelante CCA.

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3

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Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA
ACCIÓN DE NULIDAD

La parte actora formuló su demanda y explicó en un capítulo

denominado “DE LOS ANTECEDENTES” la historia frente a la

fundación del COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO, para lo cual hizo una breve exposición de las

constituciones que lo rigen.

Destacó que fue el Ministerio de Educación quien, mediante

Resolución 7535 de 27 de diciembre de 1960, determinó que el

COLEGIO es de naturaleza privada y que, además, es de propiedad

de la FUNDACIÓN COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO, calificaciones con las que está en desacuerdo.

Considera que los actos acusados vulneran los artículos 13, 29, 94,

189, 237 y 238 de la Constitución Política; 12 de la Ley 153 de 15 de

agosto de 18874; el Decreto de 5 de julio de 1810; y las leyes 89 de

18925 y 39 de 26 de octubre de 19036.

I.3.- Cargos de Violación

Indicó que los actos administrativos ratifican la aprobación y

reconocimiento oficial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del

4
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
5
“Sobre Instrucción Pública”.
6
“Sobre instrucción Pública”.

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Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA
ACCIÓN DE NULIDAD

Rosario como propiedad de la Fundación Colegio Mayor de

Nuestra Señora del Rosario.

Señaló que los actos acusados incurren en violación de la cosa

juzgada y en desvío de poder, toda vez que el Colegio Mayor de

Nuestra Señora del Rosario fue fundado por Fray Cristóbal de

Torres, según la inscripción de su constitución en la Real Audiencia,

el 5 de agosto de 1654, ratificada 235 años después mediante el

Decreto núm. 62 de 1889.

En consecuencia, señaló que no es cierto que la institución educativa

en mención sea propiedad de la “Fundación” Colegio Mayor de

Nuestra Señora del Rosario, como erróneamente lo decretaron las

autoridades demandadas, porque dicha Fundación no existe.

Sostuvo que el Ministerio, en cumplimiento de la visita7 ordenada

en la Ley 89 de 1892, a través de la Resolución núm. 1067 de 20 de

marzo de 1972, ratificó la aprobación oficial de estudios del Colegio

Mayor de Nuestra Señora del Rosario y asumió erróneamente

que, a partir de ese momento, dicho plantel educativo era de

7
Aunque la demandante no señala el artículo que la contempla, la norma dispone una visita, pero en
tratándose de internados, en los siguientes términos: “[...] Artículo 14. Todo establecimiento de
educación oficial ó particular que tenga internado, estará sometido a la inspección del Gobierno, en lo
tocante al sistema de alimentación, vigilancia de dormitorios y demás condiciones esenciales relativas
al desarrollo físico y moral de los alumnos. El Ministro de Instrucción Pública, consultada la Junta de
Higiene, dictará las prescripciones del caso, y para que tengan fiel cumplimiento ordenara las visitas
que juzgue necesarias.
Exceptúase de esta disposición las Congregaciones docentes de religiosas que observen clausura, y
cuya inspección corresponde al Ordinario Eclesiástico […]”

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Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA
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propiedad de la “Fundación” Colegio Mayor de Nuestra Señora

del Rosario.

Adujo que se pretende justificar que el Colegio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario es propiedad de la “Fundación” Colegio

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, sin observar que los títulos

de propiedad del plantel educativo desvirtúan dicha manifestación,

según se constata del certificado de libertad8 que da la certeza de la

propiedad y su derecho.

Insistió en que no pueden aparecer como terceros dueños, quienes

son simples administradores de un bien de la nación fundado hace

más de 350 años.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Por auto de 13 de agosto de 2010, la magistrada conductora del

trámite ordenó allegar copias auténticas de los actos acusados, so

pena de rechazar la demanda.

Luego de subsanada la demanda fue admitida mediante auto de 16

de septiembre de 2011, en el que se ordenó notificar a las entidades

8
No incorporó como anexo ni lo solicitó como prueba, según da cuenta el capítulo octavo de los Anexos
como medio de prueba.

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Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA
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que expidieron los actos acusados. También se resolvió sobre la

solicitud de suspensión de los efectos de los actos acusados,

denegándola.

El Despacho, por auto de 2 de mayo de 20129, tuvo por contestada

de manera oportuna la demanda por el Ministerio de Educación y

declaró extemporánea la presentada por la Secretaría de Educación

Distrital. También reconoció personería a las abogadas que acudieron

al proceso, según los poderes aportados.

Luego, por auto del 12 de junio de 201210, evacuó la etapa probatoria

y tuvo por tales las aportadas al proceso.

Por auto de 13 de julio de 201211 ordenó correr traslado para alegar

de conclusión, oportunidad en la cual el Ministerio Público solicitó, de

conformidad con el artículo 83 del CPC, que se vinculara al proceso

a la Institución educativa de que tratan los actos acusados.

En virtud de tal petición12, el Despacho por auto de 10 de julio de

2015 ordenó la notificación personal al representante legal del

9
Folio 488-489 del C. 1 del expediente digital. Índice 141 SAMAI.
10
Folio 492 del C. 1 del expediente digital. Índice 141 SAMAI.
11
Folio 495 del C. 1 del expediente digital. Índice 141 SAMAI.
12
Al respecto se tiene que el ente universitario vinculado no alegó la nulidad del proceso, motivo por
el cual se mantuvo incólume el proceso adelantado con la oportunidad de evacuar de nuevo las
diferentes etapas en las que las partes pudieron participar, controvertir las pruebas, sin que se observe
ningún reproche que impida ahora la decisión de fondo.

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COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, y, en

consecuencia, ordenó que se fijara en lista el proceso por el término

de 10 días.

La Institución educativa contestó oportunamente la demanda según

se dispuso en el auto de 28 de diciembre de 201713, decisión en la

que además se decretaron las pruebas solicitadas y de las cuales,

una vez allegadas, se corrió traslado, según providencia de 26 de

enero de 201814.

Por auto de 2 de abril de 2018, se corrió traslado para alegar de

conclusión a las partes y para que el Ministerio Público allegara su

concepto.

2.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

2.1.1 Ministerio de Educación Nacional

Por conducto de apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la

demanda, para lo cual argumentó15, como razones de defensa de la

legalidad del acto expedido por el Ministerio, lo siguiente:

13
Folios 143 a 145 del C. 2 del expediente digital. Índice 141 SAMAI.
14
Folio 182 del C. 2 del expediente digital. Índice 141 SAMAI.
15
Según memorial que obra en los folios 406 a 409 del C. 1 del expediente digital que obra en el Índice
141 de SAMAI.

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Refirió que la Resolución 1067 de 20 de marzo de 1972 está

amparada por la presunción de legalidad, y aclaró que en esta se

declaró que el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

cumplió con el plan de estudios ordenado en el Decreto núm. 45 de

1962.

Precisamente, y ante su observancia, ratificó la aprobación de los

estudios impartidos en la totalidad de los cursos ofrecidos, esto es,

primaria, ciclo básico y superior bachillerato de la institución

educativa Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

En cuanto a la Resolución expedida por le Secretaría Distrital de

Educación, refirió que es a la que le compete, en la actualidad: i)

reconocer oficialmente a los establecimientos educativos que operan

en el ente territorial; ii) autorizar el otorgamiento de los títulos de

bachiller; iii) expedir las certificaciones; y iv) emitir conceptos de

carácter evaluativo integral.

Con fundamento en lo anterior, planteó como excepción la de falta

de legitimación en la causa por pasiva que sustentó en que el Acto

Legislativo núm. 4 de 11 de julio de 2007, reformatorio de los

artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, establece

que los recursos del Sistema General de Participaciones serán

destinados por los departamentos, distritos y municipios para

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financiar los recursos de salud, educación preescolar, primaria,

secundaria y media y servicios públicos domiciliarios de agua potable

y saneamiento básico, garantizando la ampliación y cobertura con

énfasis en la población pobre; y que en materia de educación debe

asegurarse el cumplimiento de metas de cobertura y calidad.

Agregó que, de acuerdo con lo anterior, no está dentro de las

competencias constitucionales y legales asignadas al Ministerio el

manejo de los establecimientos educativos, de lo contrario se

desvertebraría la organización funcional que el legislador ha

determinado para la prestación del servicio público de la educación.

Señaló que si bien es cierto en el traslado del manejo de los

establecimientos educativos se establecieron algunos requisitos que

debían cumplir esos entes territoriales para dar por terminado dicho

proceso, también lo es que se entregaron los bienes y contratos de

la Nación al Distrito Capital mediante acto administrativo y a partir

de esa fecha se entiende que en aplicación de lo ordenado en el

artículo 27 de la Ley 60 de 1993 “la Nación no podrá asumir las

responsabilidades que pasan a ser de competencia de los

Departamentos, Distritos y Municipio conforme a lo dispuesto en la

Ley”.

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En ese orden, adujo que es el Distrito la entidad que administra de

manera autónoma el servicio de educación, lo cual lleva a concluir

que el Ministerio no puede intervenir directamente en las funciones

y responsabilidades de los entes territoriales, en consideración a la

autonomía en la gestión de sus propios asuntos, conforme a lo

dispuesto en el artículo 287 de la Constitución Política, máxime que

la Ley 715 de 2001 prevé que la competencia para la administración

en la prestación del servicio educativo es de la entidad territorial.

2.1.2 Secretaría de Educación del Distrito Capital

La apoderada judicial, conforme se anticipó, radicó memorial16 el 23

de abril de 201217 con el fin de contestar la demanda; sin embargo,

de la fijación en lista del proceso se identifica que el escrito se

presentó de manera extemporánea lo que impide a la Sala

considerarlo y estudiarlo para proferir la decisión que corresponde.

2.1.3 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Por conducto de apoderada judicial, la beneficiaria de los actos

acusados contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la

demanda.

16
Obra a los folios 422 a 429 del C. 1 del expediente digital. Índice 141 de SAMAI.
17
Según sello secretarial que obra al folio 421 del C. 1 del expediente digital se aprecia que el proceso
permaneció fijado en lista por el término de 10 días y se desfijó el 19 de abril de 2012, lo que da cuenta
de que se radicó fuera del término conferido.

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En relación con los antecedentes a los que aludió la parte actora,

refirió que son parcialmente ciertos y destacó, luego de mencionar el

proceso histórico y el modelo organizacional del Colegio Mayor18, que

fue:

“[…] Fundado en 1653, previa autorización del Rey Felipe IV,
por el Arzobispo de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada
Fray Cristóbal de Torres, para enseñar filosofía, teología,
jurisprudencia y medicina.

[…]

[…] la vida del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
[empieza] como institución de educación autónoma, privada,
sin dependencia respecto de ninguna comunidad religiosa,
gobernada por coleqiales de número, donde inicialmente el Rey
de España ejercía el patronato, y con posterioridad al
convertirse el Reino de Granada en Virreinato, es el Virrey
quien ejerce el papel de patrono. Cuando empieza el proceso
de la independencia Simón Bolívar expide un Decreto por medio
del cual se declara patrono en su calidad de Presidente de la
República, de donde deviene a hoy la figura que se conserva
en cabeza del Presidente de la nación, quien en la práctica sólo
tendrá la función de elegir al rector de la institución en cuanto
no exista acuerdo sobre la terna electa, las demás funciones
son honoríficas y en ningún caso ostenta la representación legal
[…]".

Indicó que a pesar de que se presentaron numerosas intervenciones

del naciente aparato estatal republicano en la institucionalidad del

Colegio, mediante la Resolución núm. 58 de septiembre 16 de 1895,

expedida por el Ministerio de Gobierno, el COLEGIO MAYOR

18
Indicó que es “[…] similar al de un Colegio Mayor de Salamanca (España), también llamado del
Arzobispo y actualmente de Fonseca, que se traduce en una institución privada, autónoma y gobernada
por sus estudiantes: los Colegiales de Número quienes, a la manera de los fellows de los colegios
ingleses, gozan de beca completa, eligen a las directivas y ocupan cargos de responsabilidad en el
Claustro […]”

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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO recuperó la plena autonomía, y

a partir de entonces se le reconoce como un ente privado.

En ese orden y con apoyo en un concepto solicitado a la Sala de

Consulta y Servicio Civil19 de esta Corporación, frente a la naturaleza

jurídica del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, sostuvo

que:

“[…] 1. Naturaleza jurídica del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario:

Certificación expedida el 10 de febrero de 2009 por el
Subdirector de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con
base en el decreto 4675 de 200 ,[sic] en donde consta:

"Que el/(la) COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO (código 1714) con domicilio en BOGOTA D.C., es
una institución de educación superior, PRIVADA, de
utilidad común, sin ánimo de lucro, y su carácter
académico es el de UNIVERSIDAD, con personería jurídica
reconocida mediante Resolución 58 de septiembre 16 de 1895
expedido por el (la) Ministerio de Gobierno".

2. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario -- Sede
Arrayanes:

Resolución 3804 de octubre 23 de 2000 "por la cual se
reconoce oficialmente a un establecimiento de educación
formal de naturaleza privada", expedida por la Secretaría de
Educación de Santa Fe de Bogotá, D. C., que dispone lo
siguiente: "ARTICULO PRIMERO. Reconocer oficialmente y
hasta nueva determinación al establecimiento educativo
denominado COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO ubicado en la Autopista Norte Km. 12 Vía Arrayanes
Km. 3, de naturaleza privada, jornada única, calendario A,
para Educación Preescolar (Transición, Educación Básica
Primaria (1°, 2° 3° 4° y 5°), Educación Básica Secundaria
(Grados 6°, 7° 8° y 9°) y Educación Media (Grados 10° y 11°)

19
Concepto rendido el 19 de marzo de 2009 en el expediente núm. 11001-03-06-000-2009-00016-00
(1943) requerido a solicitud del Ministerio de Educación Nacional.

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de propiedad de la FUNDACION COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO y dirigido por MARIA ANA
HENAO DE FORERO con cédula de ciudadanía No. 41.553.203
de Bogotá".

[…]

ARTICULO TERCERO. La presente resolución reemplaza para
todos sus efectos la denominada aprobación de estudios
otorgada a la institución educativa bajo el imperio de otra
normatividad vigente […]

Para la Sala es claro que los actos administrativos transcritos
al certificar, por una parte, que el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario es una institución de educación
superior privada, y por la otra, reconocer que el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario "ubicado en la Autopista
Norte Km. 12 Vía Arrayanes Km. 3" es de naturaleza
privada, generan efectos jurídicos particulares y
concretos que gozan de la presunción de legalidad y por
lo mismo, mientras los citados actos administrativos no
sean modificados por otros, o sus efectos suspendidos por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o desvirtuada
su legalidad mediante sentencia que declare su nulidad,
previo ejercicio de las acciones judiciales correspondiente,
seguirán produciendo los efectos jurídicos vinculantes allí
previstos, razón por la cual se hace innecesario el análisis de
otros documentos antecedentes distintos a los anteriores ya
ellos ha de ceñirse la Sala para emitir el presente concepto.

2. LA SALA RESPONDE

La Institución de Educación Superior Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario y el establecimiento de educación
preescolar, básica y media Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario -sede Arrayanes son instituciones de educación de
naturaleza privada […]”.

Concluyó que el COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO, conforme a su naturaleza jurídica reconocida, es hoy una

institución de educación superior.

Refirió que pese a que obtuvo la aprobación por parte de las

autoridades distritales y nacionales para impartir estudios de

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educación básica primaria, secundaria y educación media, como

institución privada, que fue concedida inicialmente por la

Resolución 7535 de 7 de diciembre de 1960 20 y posterior

reconocimiento a su nueva sede21, se acordó por las autoridades

del Colegio, según consta en el Acta 612 de 5 de junio de 2006, no

continuar con las actividades de educación básica y media.

Luego, por Acuerdo 202 de 29 de abril de 2008 la Consiliatura, en su

condición de máximo órgano directivo de la institución, autorizó al

Rector adelantar ante las autoridades competentes la cancelación

de la licencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario -

Sede Arrayanes, para no continuar la actividad en el campo de

educación básica y media, a partir del año 2010, última promoción

para los estudiantes de bachillerato.

Informó que el inmueble donde funcionó el establecimiento educativo

de educación preescolar, básica primaria, secundaria y educación

media fue vendido el 30 de diciembre de 2009, según consta en la

EP 5113 de la Notaria 18 del Círculo de Bogotá.

Así, insistió, que actualmente sólo imparte actividades de educación

superior como Universidad, conforme a su personería jurídica

20
Ratificada mediante Resolución 1067 de 1972
21
en la Autopista Norte km 12 vía Arrayanes km. 3.

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vigente, reconocida mediante la Resolución núm. 58 de septiembre

16 de 1895, expedida por el Ministerio de Gobierno.

A su juicio, la Resolución núm. 1067 de 20 de marzo de 1972 dejó

de producir efectos jurídicos a partir de la expedición de la

Resolución núm. 3804 de 23 de octubre de 200022, acto que

reemplazó la denominada aprobación de estudios otorgada a la

institución educativa bajo el imperio de la normativa anterior a la

entrada en vigencia de la Ley 115 de 1994, y con fundamento en la

cual se reconoció oficialmente y hasta nueva determinación al

establecimiento educativo Colegio Mayor de Nuestra Señora del

Rosario, de naturaleza privada, jornada única calendario A, para

educación preescolar, transición, educación básica primaria (1º, 2º,

3º, 4º y 5º), educación básica secundaria (6º, 7º 8o y 9º) y

educación media (10º y 11), de propiedad de la “Fundación”

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y autorizó a la

institución para otorgar el título de bachiller.

Consideró que, de acuerdo con lo anterior, a partir de diciembre de

2010 los efectos de la Resolución 3804 de 2000 decayeron y

perdieron fuerza vinculante.

22
Al respecto aludió a la teoría del decaimiento de los actos administrativos.

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2.2 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2.2.1 La parte actora

Por escrito radicado en oportunidad, conferida por el auto de 13 de

julio de 2012, la demandante señaló que las resoluciones acusadas

vulneran normas de orden superior, porque:

1. “[…] Las constituciones que rigen El colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario suscritas en 1654, fundado en Santa Fé del
Nuevo Reino de Granada por cédula de la majestad Católica de
D.Felipe IV, con todos los privilegios del Colegio Mayor que
fundó en la Universidad de salamanca ( España ) el señor
Arzobispo. Hechas por don FRAY CRISTOBAL DE TORRES. Sus
haciendas y edificios comprados y muchos de ellos puestos al
servicio de Nuestra Señora del Rosario, y a la Veneración
Divina; con rectores subordinados a los Señores arzobispos que
han de ser patronos.
2. Decreto 5 de julio de 1820 folio 135 sobre patronato y dirección
de colegios.. (sic) SIMON BOLIVAR Presidente de la República,
Decreta ART 1. El patronato dirección y gobierno de los colegios
de estudios y educación establecidos en la Republica,
PERTENECEN AL GOBIERNO, cualquiera que haya sido la forma
del establecimiento.
3. LEY 15 DE MAYO DE 1850 ARTICULO 16. Presidente JOSE
HILARIO LOPEZ, Articulo 16. Suprímanse las universidades.
Los edificios, bienes y rentas de que hoy disfrutan, se aplican
para el establecimiento de los Colegios Nacionales,
EXCEPTUANDO EL COLEGIO DEL ROSARIO DE BOGOTÁ, cuyo
edificio, bienes y rentas serán administradas como de
establecimiento provincial, según las reglas que dé la cámara
de provincia.
4. Ley 78 de 19 noviembre de 1890. Articulo Único. Declarase
deuda de la Nación la que tiene contraída El COLEGIO MAYOR
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO con el Banco nacional, en
consecuencia, el gobierno procederá hacer el pago
correspondiente, de manera que el colegio quede a paz y salvo
con el referido Banco. folio 196.
5. Decreto 349 de 1892 capítulo VIII articulo 38 conforme lo
dispone el art 10 de la ley 89 de 18921 El COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO se organizará y regirá por las
constituciones dictadas por su fundador, con las modificaciones
que sea necesario introducir en ellas, y en relación con los
progresos que se han alcanzado en las letras y en las ciencias.

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Artículo 39. EL GOBIERNO COMO PATRONO de este colegio
nombrará libremente al rector.
Artículo 46. LOS CONSILIARIOS son nombrados por el
gobierno.
6. Ley 89 de 1892 articulo 10. AL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO SE LE RECONOCE SU AUTONOMÍA
QUEDANDO BAJO EL PATRONATO DEL GOBIERNO Calculados
los gastos para la marcha de este establecimiento histórico / el
gobierno aumentará el capital de que hoy dispone con títulos
de renta nominal privilegiada que representen un aumento de
renta que no exceda de 25.000 pesos anuales.
7. Nuevas constituciones, Rector Rafael M. carrasquilla, ABRIL 04
DE 1893. Conforme a las primitivas constituciones, que en esta
parte quedan en vigor, LA CONSILIATURA NO PUEDE
ENAJENAR LAS FINCAS RAÍCES QUE PERTENEZCAN AL
COLEGIO, SIN EL BENEPLÁCITO DEL SEÑOR PATRONO. Folio
38. EL SINDICO SE ENCARGARÁ DE LLEVAR LAS CUENTAS DEL
COLEGIO, LAS PRESENTA ANUALMENTE AL SEÑOR PATRONO,
PARA QUE EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA O
QUIEN HAGA SUS VECES LAS EXAMINE, EL SEÑOR RECTOR ES
NOMBRADO POR EL PATRONO AL IGUAL QUE VICERRECTOR Y
CONSILIARIOS.
8. Decreto 1065 del 6 de junio de 1974. LOS CONSILIARIOS Y
COLEGIALES ELIGEN Al RECTOR POR UN PERIODO DE CUATRO
AÑOS, PODRÁ SER REELEGIDO POR UNA SOLA VEZ; EL
SINDICO SERA ELEGIDO POR CUATRO AÑOS Y NO PUEDE SER
REELEGIDO. firmado por el patrono y presiente de la República,
Misael Pastrana Borrero. Permanecen vigentes antiguas
constituciones y reformas.
9. Acuerdo 24 de 1984. Se adiciona a las constituciones del
colegio el nombramiento de un revisor fiscal y requiere para su
validez la aprobación del señor presidente de la República
Belisario Betancur.
10.Acuerdo 77 del 02 de junio de 1995.El periodo del rector será
de cuatro años y puede ser reelegido para dos periodos
consecutivos, Los consiliarios serán 5 elegidos por el rector y
15 colegiales el periodo será de cuatro años y reelegidos
indefinidamente, el síndico será elegido por los consiliarios por
un periodo de cuatro años y puede ser reelegido por una vez.
Para disponer de los bienes del colegio, se requiere la
aprobación de la honorable consiliatura.
11.Acuerdo 175 de 31 de mayo de 2005 se reforman las
constituciones antiguas y nuevas en cuanto a: los consiliarios
serán elegidos por el rector y los colegiales por cuatro años,
siendo reelegibles indefinidamente. El síndico será elegido por
la consiliatura por un periodo igual al rector pudiendo ser
reelegido indefinidamente firma el presidente Álvaro Uribe
Vélez patrono del colegio […]”.

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De lo expuesto, pide que se declare la nulidad de los actos acusados

porque “[…] el COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO no es propiedad de la fundación COLEGIO MAYOR DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, ya que esta fundación no existe y

que es un establecimiento educativo no oficial, lo cual tampoco es

cierto […]”.

2.2.2 Secretaría Distrital de Educación

En la oportunidad fijada por el auto de 13 de julio de 201223 presentó

memorial de conclusión en el que destaca que la Resolución 659 de

21 de febrero de 2007, por la cual se adoptó la misión, visión, política

y objetivos de calidad de la Secretaría de Educación de Bogotá y el

Decreto núm. 330 de 06 de octubre de 2008 24 , le otorgaron la

competencia para expedir la resolución acusada, que reconoció

oficialmente a un establecimiento de educación formal de naturaleza

privada, según lo dispuesto en las leyes 60 de 1993 y 115 de 1995,

y en los decretos núms. 1860 de 1994, 180 de 1997 y 583 de 1998.

Indicó que del escrito de la demanda no se aprecia con claridad sobre

los hechos que fundamentan la acción impetrada, pues los narrados

no guardan cronología ni permiten identificar cuál es la conducta que

23
Folio 498 a 503 del C.1 del expediente digital.
24
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura y las funciones de la Secretaría de Educación
del Distrito, y se dictan otras disposiciones”.

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cuestiona de las entidades accionadas, la que apenas se limita al

cuestionamiento de que el Colegio Mayor de Nuestra Señora del

Rosario no es una entidad privada y además que no es propiedad de

la Fundación Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

2.2.3 Ministerio de Educación Nacional

Esta entidad presentó escrito de alegaciones de manera

extemporánea25, en cumplimiento del auto de 13 de julio de 2012.

2.2.3. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

En su escrito de alegaciones26 señaló que está probada la naturaleza

jurídica, conforme se acredita en la certificación del Ministerio en la

que consta que es una institución de educación superior, privada, de

utilidad común, sin ánimo de lucro y que su carácter académico es el

de universidad, personería reconocida a través de la Resolución

núm. 58 de 16 de septiembre de 1895, expedida por el entonces

Ministerio de Gobierno; y que sobre el particular, también existe

concepto de la SCYSC de esta Corporación en la que se precisó que:

“[…] La Institución de Educación Superior Coleqio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario y el establecimiento de educación preescolar,

25
Folios 617-618 del C.1 del expediente digital. Índice 141 de SAMAI.
26
Folios 201 a 204 del C.2 del expediente digital. Índice 141 de SAMAI.

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básica y media Coleqio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - sede

Arrayanes son instituciones de educación de naturaleza privada".

En relación con los actos acusados refiere que: i) la Resolución 1067

de 20 de marzo de 1972, perdió su vigor antes de la presentación de

esta demanda; y ii) la Resolución núm. 1067 de 20 de marzo de

1972, también se encuentra en idénticas condiciones con la

expedición de la Resolución núm. 3804 de 2000, acto respecto del

cual, a partir de diciembre de 2010, desaparecieron sus fundamentos

de hecho y de derecho debido al cierre del establecimiento educativo.

2.3 CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa 27 ,

presentó concepto, en el que después de referirse a los antecedentes

del proceso y a los actos acusados, consideró relevante delimitar, lo

que, en su entender, corresponden a los problemas jurídicos por

resolver, así:

“[…] a) ¿Operó el decaimiento de los actos administrativos
acusados? Y en caso de que ello hubiere sucedido ¿Qué
consecuencias trae en este proceso?

b) ¿Es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de
naturaleza oficial?

27
Folios 207 a 223 del C.2 del expediente digital que obra en el índice 11 de SAMAI.

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c) De conformidad con las causales contenidas en el artículo 84
del CCA deben ser declaradas nulas las Resoluciones núms. 1067
de 20 de marzo de 1972 y 3804 de 23 de octubre de 2000, por
violación de la cosa juzgada y desviación de poder [...]”.

Para dar respuesta a estos interrogantes, aludió de manera previa a

consideraciones generales sobre la fundación del Colegio Mayor de

Nuestra Señora del Rosario y su naturaleza jurídica, mediante un

recorrido histórico, y puntualizó:

“[…] En este orden de ideas, del texto Historia de las Universidades
Hispanoamericanas28, se puede concluir que en el periodo colonial,
la educación superior era impartida por universidades
oficiales y particulares sometidas al real patronato,
confesionales y vinculadas a las comunidades religiosas;
las universidades oficiales fueron fundadas directamente por
el papa o la autoridad real, previa confirmación pontificia y la
intervención en el gobierno era directa y sus rentas provenían
principalmente de la real hacienda. Por su parte, las
universidades particulares tuvieron como base una
fundación conventual o colegial, se fundaron por la iniciativa de
las comunidades religiosas o el arzobispado previa autorización
real, se sostenían con fondos privados, se daban sus propias
constituciones, establecían sus órganos de gobierno y
administración y determinaban las calidades que debían
cumplir los colegiales para ser admitidos, entre ellas, ser noble,
de sangre limpia o patrimonial […]”.

Siguió con un examen de los aspectos históricos de la gestión y

administración de la Universidad el Rosario en la época republicana

y la Constitución Política de 1991, para destacar lo siguiente:

“[…] Así las cosas, el Colegio Mayor de Nuestra señora del
Rosario a lo largo de la historia estuvo sometido a los
cambios de normas que adoptó el patronato real y los
gobiernos de turno en el territorio colombiano, se consolidó

28
Rodríguez Cruz, Agueda María. Historia de las universidades hispanoamericanas.3 vols. Instituto Caro
y Cuervo, 1973.

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como una institución de naturaleza privada a partir de
su fundación - cédula real de 31 de diciembre de 1651-,
una vez se alcanzó la independencia nacional le fue
otorgada la personería jurídica - Resolución 58 del 16 de
septiembre de 1895- y actualmente goza de autonomía
universitaria, de conformidad con la Ley 30 de 1992 y
demás normas complementarias-.

Como se advierte, a partir del siglo XIX con las libertades de
las personas naturales como individuos también surge la
libertad de las personas jurídicas. Organizaciones como las
universidades que dependían en su funcionamiento y en su
estructura de la voluntad de la corona, pasan a ser gobernadas,
estatuidas y operadas por el Estado como persona jurídica
superior, así como a ejercer derechos de gobierno, dirección y
funcionamiento.

Hasta las constituciones políticas del Siglo XIX, las instituciones
educativas estaban bajo la tutela y propiedad del Estado y las
comunidades religiosas. De Ahí que el estudio que se
realizó en la primera parte da cuenta de ese fenómeno
de autonomía de las instituciones educativas pero en el
marco de un Estado confesional en el cual eran esas
comunidades religiosas las que le daban sentido y contenido a
la educación […]”.

Expuestas estas consideraciones previas, se tiene que en relación

con los problemas que planteó, refirió lo siguiente:

Frente al decaimiento de los actos administrativos indicó que si

bien es cierto que los actos administrativos acusados perdieron su

fuerza ejecutoria cuando dejó de existir el Colegio Mayor Nuestra

Señora del Rosario - sede Arrayanes, ello no impide que se efectúe

el correspondiente juicio de legalidad solicitado en la demanda.

Refirió en cuanto a la violación de la cosa juzgada que este fenómeno

no operó, por cuanto la parte actora no señaló cuál era la sentencia

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ejecutoriada proferida en un proceso contencioso constitutiva que lo

demostraba.

Respecto de la desviación de poder por interpretación errónea y

contradicción de la ley y los estatutos que los rigen, sostuvo que el

cargo tampoco prospera puesto que en el expediente no reposa

prueba alguna de la que se infiera el supuesto desvió de la

administración ni un fin opuesto a las normas que debía someterse.

Concluyó que al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los

actos administrativos demandados hay lugar a denegar las

pretensiones de la demanda.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 COMPETENCIA

Esta Sección es competente para proferir la sentencia en este asunto

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la C.P., 11,

34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 128 del

CCA y 13 del Acuerdo 080 de 201929 expedido por la Sala Plena de

esta Corporación.

29
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024.

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Lo anterior por cuanto, en este caso, si bien se formuló demanda

contra un acto de contenido particular expedido por el Ministerio

de Educación Nacional, las pretensiones se orientan a un examen de

legalidad respecto del cual no opera un restablecimiento automático

para la demandante, según se aprecia de las pretensiones, las cuales

se circunscriben a aspectos de orden superior30.

Así, en aplicación de la teoría de los móviles y finalidades 31 le

corresponde a esta Corporación estudiar su legalidad, en observancia

de las competencias atribuidas en el artículo 128 del CCA32.

No sobra advertir que, atendiendo a las pretensiones de la demanda,

los actos acusados constituyen una unidad inescindible en virtud de

la intervención previa del Ministerio en la ratificación impartida, la

que por virtud de los principios de coordinación, concurrencia y

30
Alegó en el escrito de demanda que “[…] 4. Deben ser revocados los actos administratives aquí
atacados, porque son lesivos al interés social porque la infracción por aplicación es clara, si un acto
debe expedirse con base en disposiciones de obligatorio cumplimiento y el funcionario no las tiene en
cuenta o ignora la existencia de la norma, pues no puede tampoco presumir que esos actos tengan
seguridad jurídica y menos presumir de su legalidad […]”.
31
Según esta teoría “[…] es posible ejercer la acción de nulidad para cuestionar la legalidad de actos
de contenido particular con la finalidad exclusiva de restablecer el imperio de la legalidad, empero, debe
verificarse que a través de dicho mecanismo judicial el interés del demandante sea única y
exclusivamente ejercer un control en abstracto y no el restablecimiento de algún derecho que estime
vulnerado por el acto demandado, que genere el restablecimiento automático del mismo como
consecuencia de la anulación del acto acusado, pues en estos casos lo procedente es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. […] Ver entre otras, Consejo De Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo . Rad.6800123310001995112000.
32
“[…] ARTÍCULO 128. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 597 de 1988, Modificado por el art.
36, Ley 446 de 1998 Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única
instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas
del mismo orden […]”.

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subsidiariedad33 autorizaron la prestación del servicio de educación

permitida al COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,

y constituye sustentó jurídico para la habilitación posterior, contenida

en la Resolución 3804 de 2000, en tanto en este último acto se

autorizó el cambio de sede física para impartir educación pero se

mantuvo la aprobación para impartir tales estudios, haciendo posible

su cuestionamiento conjunto.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala estudiar si hay lugar a acceder a las

pretensiones de nulidad contra los actos acusados, con fundamento

en la explicación que formuló la accionante, previo examen orientado

a establecer: i) de manera oficiosa, si existe reproche suficiente para

examinar la legalidad de los actos acusados, o si la demanda adolece

de técnica en la exposición del concepto de violación; ii) si el

33
Al respecto, la Corte Constitucional frente a las competencias del Ministerio y de los entes territoriales
en materia de educación sostiene que, se rigen por los principios de coordinación, concurrencia
y subsidiariedad, así: “[…] 76. Además, en el artículo 151 de la Ley 115 se establecen las
competencias de las secretarías departamentales y distritales de Educación, las cuales deberán
ejercer, dentro de su territorio y en coordinación con las autoridades nacionales, las metas
fijadas para el servicio educativo. Entre sus funciones se mencionan las siguientes: (i) velar por la
calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio, y (ii) diseñar y poner en marcha los
programas que se requieran para mejorar la eficiencia, calidad y cobertura de la educación. 77. Por su
parte, la Ley 715 de 2001 establece, en su artículo 5, la competencia del Ministerio de Educación
Nacional para formular políticas y objetivos en el sector de educación, regular
normativamente los servicios educativos y prestar asistencia técnica y administrativa a las
entidades territoriales. […] 78. En concordancia con los artículos 288 y 356 de la Constitución, las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establece la Ley
715 de 2001. Por ello, por medio del Sistema General de Participaciones, el Estado debe destinar los
recursos necesarios para financiar la prestación del servicio educativo. 79. A partir de lo expuesto se
entiende que las funciones de las entidades estatales deben ser comprendidas de una manera
integral y no separadas entre sí. Por esta razón se entiende que los municipios y distritos deben
administrar la prestación del servicio educativo en su territorio y, del mismo modo, distribuir los
recursos financieros, provenientes del Sistema General de Participaciones, para garantizarlo,
atendiendo a los criterios establecidos en la Ley 715 de 2001 […]” Sentencia T-345-2023 M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo.

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Ministerio de Educación debió o no ser vinculado a este trámite

judicial, por cuanto el otorgamiento de permiso de instituciones

educativas le corresponde en la actualidad a los entes territoriales;

iii) si es posible cuestionar la legalidad de actos administrativos que

en la actualidad, según dicho de la defensa, no se encuentran

produciendo efectos en razón a que perdieron su vigor; y iv) en caso

de que se superen estos aspectos procedimentales, si los actos

demandados adolecen de los vicios de nulidad que se alegaron.

3.3 ACTOS ACUSADOS

La demanda se dirige contra los siguientes actos administrativos:

3.2.1 Resolución núm. 1067 de 20 de marzo de 1972

“[…]

Por la cual se ratifica la aprobación de estudios a un plantel
educativo.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL en uso de sus
atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución núm. 7535 de diciembre 27 de 1960 el
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO de
Bogotá, D.E. obtuvo aprobación oficial de sus estudios hasta
nueva visita;

Que realizada ésta en los días 28 y 29 de febrero y 1° de
marzo del presente año, de acuerdo con la evaluación
presentada por la comisión visitadora, el puntaje obtenido por
el citado plantel lo calificó como “muy bueno”;

Que el Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario cumple
con el plan de estudio ordenado en el Decreto No. 45 de 1962

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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Ratificar, hasta nueva visita, la
aprobación de que gozan los estudios impartidos en la
totalidad de los cursos (Primaria, Ciclo Básico y Ciclo
Superior de Bachillerato) que funcionan en el COLEGIO
MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE BOGOTÁ, de
propiedad de la Fundación Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario y bajo la dirección del señor Víctor E. Romero R.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ratificase la autorización concedida
al COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO de
Bogotá por Resolución núm. 7535 de diciembre 27 de 1960
para expedir el título de Bachiller a los alumnos que
aprueben satisfactoriamente el curso 6° de bachillerato y
llenen las demás formalidades legales.

PARÁGRAFO: El plantel deberá dar estricto cumplimiento a
las recomendaciones consignadas en el acta de visita […]”.

3.2.1 Resolución núm. 3804 de 23 de octubre de 2000

“[…] Por la cual se reconoce oficialmente a un establecimiento
de educación formal, de naturaleza privada,

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTA FE DE BOGOTÁ
DISTRITO CAPITAL

CONSIDERANDO:

1. Que por Ley 89 de 1892, el COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO fue creado oficialmente.

2. Que la institución educativa cuenta con la resolución
No. 2222 del 3 de septiembre de 1981, concede ampliación
de licencia de iniciación de labores para preescolar y
resolución No. 1965 del 11 de febrero de 1983. Aprobación
hasta nueva visita, resolución No. 4353 del 15 de noviembre
aprobación de estudios de 1° a 5° de enseñanza primaria,
resolución No. 1067 del 20 de marzo de 1972 y ratifica
aprobación de estudios de primaria, ciclo básico y ciclo
superior de bachillerato hasta nueva visita para la
institución ubicada en la Carrera 24 No. 63C-69.

3. Que la aprobación de estudios como requisito de
funcionamiento para establecimientos de educación formal,
fue suprimida por la Ley 115 de 1994, en sus artículos 138 y
193, respectivamente.

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4. Que MARÍA HENAO DE FORERO con C.C. No. 41.553.203
de Bogotá en calidad de Rectora del establecimiento educativo
denominado COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO mediante escrito comunicó a la Secretaría de
Educación Unidad Coordinadora del Cuerpo Técnico de
Supervisores el cambio de planta física.

Que revisados los documentos anexos al comunicado y
encontrándose acordes con los requisitos de Ley, la Secretaría
de Educación del Distrito a través de la Unidad Coordinadora
de Inspección y Vigilancia, comisionó al Cuerpo Técnico de
Supervisores de la localidad 11 de Suba para realizar la visita
de verificación de la nueva planta física.

Que con base en el concepto técnico pedagógico de la
comisión de Supervisores que practicó la visita al
plantel, se concluyó que el establecimiento educativo
en las nuevas instalaciones reúne los requisitos de Ley
para ofrecer el servicio público educativo, y que es
procedente conceder reconocimiento oficial.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer oficialmente y hasta
nueva determinación al establecimiento educativo
denominado COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO, ubicado en la Autopista Norte KM, 12 Vía
Arrayanes KM. 3 DE NATURALEZA PRIVADA, jornada
única, calendario A, para Educación preescolar (Transición),
Educación Básica Primaria (Grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5°),
Educación Básica Secundaria (Grado 6°, 7°, 8° y 9°) y
Educación Media (Grados 10° y 11°) DE PROPIEDAD de
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO y dirigido por MARIA ANA HENAO DE
FORERO con cédula de ciudadanía No. 41.553.203 de Bogotá.

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorizar a la institución hasta nueva
determinación para otorgar el título de bachiller y expedir las
certificaciones respectivas y/o emitir los conceptos de
carácter evaluativo integral.

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución reemplaza
para todos sus efectos la denominada aprobación de estudios
otorgada a la institución educativa bajo el imperio de otra
normatividad vigente.

[…]”.

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29

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Actora: CARMEN CECILIA FLÓREZ PRADA
ACCIÓN DE NULIDAD

3.3 CUESTIÓN PREVIA

Como lo anticipó la Sala, estudiará la ocurrencia o no de las

siguientes excepciones, una examinada de manera oficiosa; y la otra,

formulada por el Ministerio de Educación Nacional, de cuyo examen

se ocupará a continuación, así:

3.3.1 Inepta demanda

Este examen es necesario, por cuanto pese a que la demanda se

funda en un texto extenso, acompañada de pruebas con las que la

parte actora pretende desvirtuar la legalidad de los actos

demandados, para la Sala no basta que se desarrollen de manera

formal una serie de argumentos contra los artículos invocados como

vulnerados, sino que se debe distinguir cuáles razonamientos en

realidad constituyen una oposición jurídica a los actos acusados, pues

solo una formulación con tal característica, permite un análisis

coherente y dentro de los límites de las alegaciones, todo esto en

garantía de los principios de congruencia de la decisión y del debido

proceso de las partes.

Así, esta Sección 34 ha identificado que la inepta demanda se

configura cuando se presenten dos inconsistencias: “i) falta de

34
Consejo de Estado, Sección Primera. Radicación núm.: 11001 03 24 000 2007 00273 00. Sentencia
de 31 de julio de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López

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30

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requisitos formales y/o ii) indebida acumulación de

pretensiones35”.

De ahí que sea preciso identificar si la demanda cumplió las

exigencias formales de la demanda, en específico, si atendió la

indicación de las normas y el concepto de violación de que trata el

artículo 137, numeral 436, del CCA.

Para hacer viable este examen, se revisará la norma citada como

infringida y si existe un reproche 37 en el escrito de demanda

constitutivo de concepto de violación, para distinguir sobre qué

normas o vicio de nulidad y aspectos recaerá el análisis de fondo. De

este estudio se identificará por la Sala, si resulta procedente o no un

pronunciamiento por estar sustentado en una carga mínima que

amerite tal estudio, así:

CAUSAL DE VIOLACIÓN CONCEPTO DE VIOLACIÓN38 CUMPLE LA CARGA
MÍNIMA
VIOLACIÓN DE NORMA
SUPERIOR
NORMA ARTÍCULO
[…] La Constitución política de Colombia No. Esta explicación
13 dispuso en su artículo 13 de manera no supera el
inequívoca, que la consecuencia natural contenido dogmático

35
“Artículo 97. Limitaciones de las excepciones previas y oportunidad para proponerlas. El
demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del
término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas:
[…]
7. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones […]”
36
“Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa
deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
[…] 4. fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
37
Esto por cuanto la demanda a pesar de que está dividida por capítulos, se advierte que existen varios
en los que concreta la presunta violación que invoca.
38
Transcripción textual del escrito de demanda.

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ACCIÓN DE NULIDAD

CAUSAL DE VIOLACIÓN CONCEPTO DE VIOLACIÓN38 CUMPLE LA CARGA
MÍNIMA
del estado de cosas es la obligación de las de este artículo,
autoridades de la Republica para hallar el pues la actora no
orden justo y la medida de la equidad, hace un reproche en
por lo cual deberá ajustar en todo relación con los actos
momento, derechos y deberes, para acusados.
evitar desajustes y desequilibrios.
[…]
Igualmente dispuso en el misino artículo,
que todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación, igualdad que debe ser
real y efectiva.
El constituyente de 1991 decidió No. Esta explicación
extender el debido proceso a las no supera el
actuaciones administrativas como contenido dogmático
exigencia general de protección de los de este artículo,
29
administrados pues la actora no
hace un reproche en
relación con los actos
acusados.
No se hizo ningún reproche específico No. Se incumplió el
9439
requisito.
Deben ser revocados los actos No. Esta explicación
administrativos aquí atacados ya que no contiene un
adolecen de la facultad de la potestad reproche claro y
reglamentaria porque esta no debe suficiente sobre el
ejecutarse por fuera de tal contenido desconocimiento de
CONSTITUCIÓN material de la ley y de los estatutos, y es este artículo.
POLÍTICA que ni en el desarrollo de ella puede
189 invocarse autorización o facultades que
resultan de la expedición del acto
administrativo alejados del mandato
sustantivo, que incluso es también
extralimitación e intromisión de quien
pretende legislar de manera personal e
incompetente lo ya legislado en la
normatividad general y superior.
Así mismo en los artículos 237 y 238 No. En realidad,
establece la correspondencia y explica la
competencia a la jurisdicción especial en competencia de esta
lo contencioso administrativo, el control Corporación y la
jurisdiccional de los actos de la finalidad y objeto de
administración pública, la jurisdicción.

Estableció el código contencioso
administrativo o decreto 01 de 1984, la
acción de nulidad de los actos
administrativos cuando infrinjan las
237 y 238
normas en que debieron fundarse.
Ordenó el honorable consejo de estado,
mediante sus sabios pronunciamientos
que los administrados tiene un innegable
derecho constitucional para someter a
examen la conducta publica, que juzgan
irregular o la decisión que presume
viciada, para deshacer las conductas
torpes, Por legalidad aplicada al servidor
público y la manifestación irregular
cuando este no actúa en secundum just.

39
“[…] ARTÍCULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”

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CAUSAL DE VIOLACIÓN CONCEPTO DE VIOLACIÓN38 CUMPLE LA CARGA
MÍNIMA
Deben ser revocados por cuanto son No. Su lectura no
lesivos y vulneran el principio de pasa de exponer
acatamiento de la norma superior o bien sobre el esquema
definida por la jurisprudencia como normativo y
jerarquía normativa pues jurídicamente piramidal de las
no es posible hacer prevalecer una norma normas, pero no se
subalterna sobre la norma de superior expresa de qué
jerarquía normativa, como bien lo manera se
establece el artículo 12 de la ley 155 transgreden por los
de 1887, ya que si la ley tiene que actos acusados. Se
ajustarse a la constitución, si los incorporan otras
estatutos tienen que ajustarse a la resoluciones como
constitución, igualmente las cuestionadas y ello
disposiciones de unas Resoluciones del excede la
Ministerio de Educación y de la Secretaría habilitación del juez
de Educación del Distrito Capital en producto de las
subordinación, con mayor veraz (sic) con pretensiones de la
reglamentación que son, también tienen demanda y del auto
LEY 153 DE 15 obligatoriamente que ajustarse a la ley, admisorio.
DE AGOSTO DE 12 al decreto y a los estatutos, y lo anterior
1887 no sucede ni con la resolución No 7535
de 1969, y mucho menos con las Nos
1067 de 1972, 1965 de 1983 y 3804 de
2000.

2. Deben ser revocados los actos
administrativos aquí atacados porque de
la CONFRONTACIÓN DIRECTA de los
mismos actos demandados con los
DOCUMENTOS PÚBLICOS E HISTÓRICOS
ANEXOS, constituidos e invocados como
transgredidos, se encontrará que
efectivamente el contenido de esos actos
no corresponde a la real verdad,
disienten de ella, es decir de un cotejo
elemental, a simple vista o prima facie,
se demuestra que son manifiestamente
ilegales y discrepan y transgreden los
preceptos del ordenamiento superior
DECRETO DE 5 No hizo ninguna mención de violación, la No. Se incumplió el
DE JULIO DE refiere en sus antecedentes. requisito.
1810

LEYES 89 DE 25 El Ministerio de Educación Nacional por No. En realidad, no
DE NOVIEMBRE intermedio de su Secretario General plantea un reproche
DE 189240 Y 3941 expidió la Resolución núm. 1067 de inobservancia de
DE 26 DE mediante la cual dio cumplimiento a lo esta norma, pues en
OCTUBRE DE ordenado en la Ley 89 de 1892, al realidad acepta que
1903 realizar visita al plantel educativo y actuó con
confirmar su aprobación. competencia.

Similar explicación hizo respecto de la
Secretaría de Educación.
INCOMPETENCIA El Ministerio de Educación Nacional por Sí. En este reproche
intermedio de su secretario general se aprecia un
expidió la Resolución núm. 1067 argumento que
mediante la cual dio cumplimiento a lo puede revisarse
ordenado en la Ley 39 de 192, al realizar bajo los límites de
visita al plantel educativo y confirmar su la alegación
aprobación, pero para lo que no tenía planteada.
competencia era para decretar la
naturaleza del plantel educativo y la
propiedad del mismo.

40
“Sobre instrucción Pública”.
41
“Sobre Instrucción Pública”,

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CAUSAL DE VIOLACIÓN CONCEPTO DE VIOLACIÓN38 CUMPLE LA CARGA
MÍNIMA
DESVIACIÓN DE PODER La Secretaría de Educación de Bogotá por Sí En este reproche
intermedio de su máxima autoridad, se aprecia un
expidió la resolución No 3804 de 2000, argumento que
para dar cumplimiento a la ley 39 de puede revisarse bajo
1892, al realizar la visita al plantel los límites de la
educativo y ratificar su aprobación ante alegación planteada.
la nueva normativa que trasladó este
trámite del Ministerio a las secretarias de
educación distritales y departamentales.
Pero para lo que no estaba ni está
autorizada la secretaria en mención
era para decretar resolver o
determinar la naturaleza del plantel
educativo y mucho menos a quien
pertenecía. Razón por la cual en abuso y
desvío de poder el servidor público
viola flagrantemente constitución y la ley.
[…]
3. Los actos administrativos aquí
atacados deben ser revocados pues son
lesivos y porque incurren en violación
de la cosa juzgada y el desvío de poder,
porque cuando una decisión
administrativa pretende hacer nugatoria
la declaración de cosa juzgada no existe
duda de que el acto es desviado, porque
lo juzgado y demostrado es que el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, fue fundado por Fray Cristóbal
de Torres según constituciones inscritas
en la real audiencia el 5 de Agosto de
1654, ratificado 235 años después
mediante decreto 62 de 1889, en
consecuencia no es cierto que el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario sea propiedad de la
Fundación Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, como lo decretó
erróneamente el Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaria de Educación de
Bogotá, porque entre otras cosas, dicha
fundación no existe […]”

Del anterior cuadro, la Sala aprecia que únicamente los reproches

ubicados bajo las causales de incompetencia y desviación de poder

permiten del juez contencioso un examen riguroso pero limitado a los

razonamientos expuestos en la demanda, garantizando con ello una

decisión de fondo frente al examen que se registró atrás.

En este orden, la Sala, de manera oficiosa, declarará la excepción

de inepta demanda respecto de la causal de nulidad de los actos

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prevista en el artículo 84 del CCA, relativa a la infracción de las normas

en que deberían fundarse, respecto de los artículos 13, 29, 94, 189,

237 y 238 de la Constitución Política; 12 de la Ley 153 de 15 de

agosto de 1887; el Decreto de 5 de julio de 1810; y las leyes 89 de

1892 y 39 de 26 de octubre de 1903.

Esta decisión implica que el pronunciamiento de la Sala se restrinja

a los cargos de incompetencia y desviación de poder identificados, y

únicamente por las razones en que se sustentó la demandante.

3.3.2 Falta de legitimación en la causa por pasiva

Ahora, la Sala debe ocuparse de examinar si declara o no probada la

excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada

por el Ministerio de Educación, que la explicó bajo el entendido de

que en la actualidad es a los entes territoriales a los que se les

trasladó la competencia de administrar el sector de educación en su

territorio, motivo por el cual y en consideración a la autonomía en la

gestión de sus propios asuntos, conforme con lo dispuesto en el

artículo 287 de la Constitución Política y en la Ley 715 de 2001, no

es la llamada a intervenir en este proceso.

Sobre el particular, la Sala declarará no probada la excepción

formulada debido a que uno de los actos acusados, esto es, la

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Resolución núm. 1067 de 20 de marzo de 1972, la expidió el

Ministerio, hecho más que suficiente para explicar su llamado al

proceso, independientemente de que, en la actualidad, tal atribución

haya sido objeto de distribución de competencias.

3.4 DECAIMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Para delimitar este tema es oportuno indicar en qué situación de

vigor se encuentran los actos acusados. Es oportuno identificar que

los actos administrativos demandados son de contenido particular en

razón a que a través de estos el Ministerio de Educación y la

Secretaría de Educación distrital autorizaron al COLEGIO MAYOR

DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO para impartir educación en

los niveles de: i) preescolar, ii) básica primaria; iii) secundaria y iv)

media, y v) que lo hiciera en una nueva sede física, permisos que

dejaron de producir efectos jurídicos por los siguientes motivos:

ACTO DECISIÓN CESACIÓN DE EFECTOS
JURÍDICOS
Resolución núm. 1067 de 20 ARTICULO PRIMERO. Ratificar, Obedeció a que el COLEGIO
de marzo de 1972, a través hasta nueva visita, la aprobación MAYOR DE NUESTRA
de la cual se ratificó la de que gozan los estudios SEÑORA DEL ROSARIO,
aprobación oficial de los impartidos en la totalidad de mediante escrito comunicó a
estudios impartidos en los los cursos (Primaria, Ciclo Básico la Secretaría de Educación
ciclos autorizados por el y Ciclo Superior de Bachillerato) Unidad Coordinadora del
Colegio Mayor de Nuestra que funcionan en el COLEGIO Cuerpo Técnico de
Señora del Rosario, MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL Supervisores el cambio de
expedida por el Ministerio de ROSARIO DE BOGOTÁ, de planta física y de ello
Educación Nacional propiedad de la Fundación Colegio devino la necesidad de
Mayor de Nuestra Señora del aprobar dicho espacio.
Rosario y bajo la dirección del
señor Víctor E. Romero R. Además, en la Resolución
3804 de 2000, con ocasión
de la autorización para el
cambio de sede se dispuso:
“ARTÍCULO TERCERO. La
presente resolución

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reemplaza para todos sus
efectos la denominada
aprobación de estudios
otorgada a la institución
educativa bajo el imperio
de otra normatividad vigente
[…]”.

Resolución núm. 3804 de 23 ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer Mediante Acta 612 de 5 de
de octubre de 2000, por la oficialmente y hasta nueva junio de 200642, se autorizó
cual la Secretaría de determinación al al rector de dicha institución
Educación Distrito Capital, establecimiento educativo adelantar la cancelación de la
reconoció oficialmente al denominado COLEGIO MAYOR licencia ante la Secretaría,
Colegio Mayor Nuestra DE NUESTRA SEÑORA DEL con el fin de no continuar la
Señora del Rosario Reconocer ROSARIO, ubicado en la actividad en el campo de la
oficialmente al Autopista Norte KM, 12 Vía educación básica y media.
establecimiento educativo Arrayanes KM. 3 DE
denominado COLEGIO NATURALEZA PRIVADA, jornada Obra concepto favorable de
MAYOR DE NUESTRA única, calendario A, para 16 de julio de 2008 43 ,
SEÑORA DEL ROSARIO. Educación preescolar (Transición), expedido por el Gerente
Educación Básica Primaria (Grados Centro Administrativo de
1°, 2°, 3°, 4° y 5°), Educación Educación Local de Suba de
Básica Secundaria (Grado 6°, 7°, la Secretaría, sobre la
8° y 9°) y Educación Media procedencia del cierre
(Grados 10° y 11°) DE definitivo del Colegio Mayor
PROPIEDAD de FUNDACIÓN de Nuestra Señora del
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR Rosario- sede Arrayanes.
DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO y dirigido por MARIA
ANA HENAO DE FORERO con
cédula de ciudadanía No.
41.553.203 de Bogotá.

Estas circunstancias, propias de los permisos y habilitaciones para la

prestación de un servicio público como el de la educación, ponen de

presente que las licencias otorgadas son esencialmente revocables,

en razón a los intereses que garantiza y pueden mantenerse siempre

y cuando se adecuen a las nuevas condiciones normativas, cuando

así se exijan, lo que deviene en que pierdan su vigor como ocurrió

con la Resolución 1067 de 20 de marzo de 1972, cuando el COLEGIO

MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO debió adaptarse a

otra reglamentación, producto de la solicitud de autorización de los

42
Folio 68 del Cuaderno 2 del expediente digital. Índice 141 de SAMAI.
43
Folio 179 del Cuaderno 2 del expediente digital. Índice 141 de SAMAI.

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servicios de educación que desarrollaba y con ocasión de un cambio

de sede física.

También, se predica de la posibilidad que tienen los establecimientos

educativos de cerrar su operación, como acaeció respecto de la

Resolución núm. 3804 de 23 de octubre de 2000, producto de la

voluntad del prestador de tal servicio.

Estas situaciones implican que aunque estos actos administrativos no

estén produciendo efectos jurídicos sí pueden ser objeto de control

por los efectos que pudieron generar durante su vigor.

En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el

decaimiento de los actos administrativos no constituye una

causal que los vicie de nulidad y tampoco impide el enjuiciamiento de

su legalidad, pues los actos que han perdido su vigor siguen

amparados por la presunción de legalidad y su enjuiciamiento debe

efectuarse con base en los fundamentos de hecho y de derecho

existentes en el momento de su expedición, en tanto solo la decisión

judicial desvirtúa la presunción de legalidad que los acompañó

mientras produjeron efectos. Al respecto, es del caso puntualizar lo

dicho por esta Corporación:

“[…] 28. Asimismo, porque como lo ha considerado esta
Corporación: i) la derogatoria o el decaimiento del acto

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administrativo acusado no restablece per se el orden jurídico
supuestamente vulnerado, sino que acaba con la vigencia de la
norma con efectos hacia el futuro y ii) porque aún si una
normativa ha sido derogada o ha operado sobre la misma la
figura del decaimiento, sigue amparado por el principio de
legalidad que le protege y que solo se pierde ante
pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se
desprende que lo que efectivamente restablece el orden
vulnerado no es la derogatoria o su decaimiento, sino la decisión
del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho. […]”44.

También, refirió45:

“[…] Pero si bien es cierto, como lo ha sostenido esta Corporación,
que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto
administrativo no puede solicitarse al juez de lo
contencioso administrativo, pues no existe una acción
autónoma que lo permita, no lo es menos que nada impide que
con respecto a los actos administrativos respecto de los
cuales se ha producido el fenómeno del DECAIMIENTO, se
produzca un fallo de nulidad, pues en este evento se ataca la
configuración de los elementos del acto administrativo al
momento de su nacimiento, y su concordancia con el régimen
jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa, como
en el procedimiento para su expedición, mientras que, el
fenómeno producido por la desaparición del fundamento de
derecho de un acto administrativo, tiene efectos hacia el futuro
sin afectar la validez del acto por todo el tiempo de su existencia
jurídica.

“En efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la
expedición de actos administrativos creadores de situaciones
jurídicas particulares y concretas con base en aquel del que se
predica el fenómeno del DECAIMIENTO, por declaratoria de
inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la
norma sustento de derecho y, como quiera que tal fenómeno
en nada afecta la validez del acto administrativo, no se
afecta el principio de la presunción de legalidad del acto
administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un
acto administrativo debe hacerse con relación a las
circunstancias vigentes al momento de su expedición.

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de
noviembre de 2019, expediente 11001-03-24-000-2006-00163-01, Actor: Mario Castellanos Moreno,
Magistrado Ponente Hernando Sánchez Sánchez. Citada en el auto de 28 de mayo de 2021. Radicación
número: 11001-03-24-000-2017-00353-00. Actor: Oscar Andrés Lozano Delgado. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
45
Consejo de Estado Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2001 MP Olga Inés Navarrete
Barrero.

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39

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ACCIÓN DE NULIDAD

“No hay, por lo tanto, razón alguna que imposibilite
proferir fallo de fondo con respecto a la legalidad de un
acto respecto del cual se ha producido el fenómeno del
DECAIMIENTO, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso
durante el cual dicho acto administrativo estuvo vigente, lapso
durante el cual el acto administrativo gozó de presunción de
legalidad.

“Lo anterior, por cuanto para que se produzca un fallo de
mérito respecto de un acto administrativo, no se requiere
que el mismo se encuentre produciendo efectos, tal como
se sostuvo por esta Sección en providencia de fecha junio 15 de
1992, pues sólo el fallo de nulidad, al producir efectos ex tunc,
desvirtúa la presunción de legalidad que acompañó al acto
administrativo mientras éste produjo sus efectos.

“La nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del
acto administrativo y en el evento de prosperar, se
remonta hasta el momento de su expedición, mientras
que la causal de decaimiento que acaeció estando en
trámite este proceso, atañe a circunstancias posteriores
al nacimiento del acto administrativo y no atacan la
validez del mismo. Pudiera decirse que cuando se produce el
fenómeno del decaimiento, el acto administrativo supervive en
el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque
del mismo, pero ha perdido uno de sus caracteres principales,
cual es el de ser ejecutorio, lo que implica que la administración
no puede hacerlo cumplir […]” (Negrillas fuera de texto).

En este orden de ideas, la Sala procederá a examinar la legalidad de

los actos acusados bajos los cargos identificados de incompetencia y

desviación de poder.

3.5 ANÁLISIS DE FONDO

El problema jurídico por resolver, como se anunció, se suscribirá a

los cargos de incompetencia y desviación de poder que la Sala

identificó, cuyo análisis se circunscribirá a las alegaciones planteadas

por la parte actora, las que se examinan como sigue:

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3.5.1 Falta de competencia

En este reproche la parte demandante indicó que si bien el

Ministerio dio cumplimiento a la Ley 39 de 1892, realizó la visita al

plantel educativo y ratificó la aprobación oficial, no estaba

autorizado, ni tampoco tenía la potestad, como también lo hizo la

Secretaría Distrital, para determinar que el plantel aludido era de

carácter privado y de propiedad de la “Fundación” Colegio Mayor

de Nuestra Señora del Rosario.

Sobre el particular, la Sala encuentra que el reproche de la

demandante, como bien lo reconoce, no se orienta a controvertir la

competencia que las autoridades administrativas ejercieron para

expedir los actos acusados, lo que, en principio, sería suficiente para

despachar esta censura, pues ninguna oposición aludió a la atribución

que ejerció tanto el Ministerio de Educación Nacional como la

Secretaria de Educación Distrital para que el COLEGIO MAYOR DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO prestara el servicio de

educación en los niveles autorizados (preescolar, básica y media)46.

De hecho, en su reproche no se opuso a la prestación del servicio

46
Al respecto la Ley 115 de 1994, prevé: “[…] ARTÍCULO 11. NIVELES DE LA EDUCACIÓN
FORMAL. La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La
educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados,
y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos,
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en
forma permanente.

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educativo, en los términos fijados por el artículo 3°47 de la Ley 115

de 1994, que en su redacción original preveía:

“[…] ARTÍCULO 3. El servicio educativo será prestado en las
instituciones educativas del Estado. Igualmente, los
particulares podrán fundar establecimientos educativos
en las condiciones que para su creación y gestión
establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del
Gobierno Nacional.

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en
instituciones educativas de carácter comunitario, solidario,
cooperativo o sin ánimo de lucro […]”.

De ahí que no encuentre la Sala un motivo frente al ejercicio de

autorización en la prestación del servicio educativo, propiamente

dicho, lo cual no obsta para verificar la competencia que tenía el

Ministerio de Educación Nacional para la aprobación de estudios que

impartió al expedir la Resolución 1067 de 1972, teniendo en cuenta

que para la época el Decreto 3157 de 196848, señaló como funciones

del Ministerio de Educación Nacional, las siguientes:

“Artículo segundo. Corresponde al Ministerio de Educación
Nacional, conjuntamente con el presidente de la República de
conformidad en los artículos 41, 57, 120, numerales 12, 132
de la constitución Nacional, garantizar la libertad de
enseñanza, ejercer la suprema inspección y vigilancia de
los institutos docentes públicos y privados, en orden
a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura
y la mejor formación intelectual, moral y física de los
educandos.

Igualmente, reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción
pública nacional.

47
Modificado por el art.1, Ley 1650 de 2013.
48
“por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo de
la Nación”

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Artículo tercero. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional.
a) Formular los criterios y las normas que deben orientar el
desarrollo de la educación pública en todo el territorio
nacional.
[…]
e) Ejercer la inspección sobre la educación formal o
informal que se imparta a través de institutos o
de espectáculos, textos, impresos, o cualquier medio de
divulgación que por su contenido o naturaleza
de sus destinatarios influya sobre el nivel cultural o moral de
la población.
[…]”.

De estas normas se evidencia que para la época le correspondía al

Ministerio de Educación Nacional la inspección y vigilancia de los

planteles educativos tanto públicos como privados, por lo que dicha

entidad, conforme lo reconoció la parte actora, tenía competencia

para expedir la Resolución 1067 de 1972.

Ahora, respecto de las funciones de las secretarías de Educación para

reconocer oficialmente a un establecimiento de educación, se tiene

que la Ley 60 de 199349, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 2o. Competencias de los Municipios.
Corresponde a los Municipios, a través de las dependencias
de su organización central o de las entidades descentralizadas
municipales competentes, en su carácter de entidades
ejecutoras principales de las acciones en materia social,
dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios
directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de
carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos
acuerdos municipales, así:

1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política
y a las disposiciones legales sobre la materia:

49
"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".

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• Administrar los servicios educativos estatales de educación
preescolar, básica primaria y secundaria y media.

• Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y
dotación y asegurar su mantenimiento, y participar con
recursos propios y con las participaciones municipales en la
financiación de los servicios educativos estatales y en la
cofinanciación de programas y proyectos educativos.

• Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y
evaluación de los servicios educativos estatales.”

Asimismo, la Ley 115 de 1994 50 , en su artículo 151, prevé las

funciones de las Secretarías de Educación, así:

“ARTÍCULO 151. FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE
EDUCACIÓN. Las secretarías de educación departamentales
y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán
dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las
autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y
metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes
funciones:
[…]
l) Aprobar la creación y funcionamiento de las
instituciones de educación formal y no formal, a que se
refiere la presente ley; […]”

Además, el artículo 193 de la Ley 115 de 1994, prevé:

“Artículo 193. Requisitos de constitución de los
establecimientos educativos privados. De conformidad
con el artículo 68 de la Constitución Política, los particulares
podrán fundar establecimientos educativos con el lleno
de los siguientes requisitos:

a. Tener licencia de funcionamiento que autorice la
prestación del servicio educativo, expedida por la Secretaría
de Educación departamental o distrital, o el organismo que
haga sus veces, según el caso, y

50
“Por la cual se expide la ley general de educación”.

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b. Presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un
Proyecto Educativo Institucional que responda a las
necesidades de la comunidad educativa de la región de
acuerdo con el artículo 73 de esta ley.”

De acuerdo con lo anterior, son las secretarías de Educación

Departamentales, Distritales y Municipales las competentes para

aprobar la creación de un establecimiento educativo y otorgar la

licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial a que

haya lugar, así como de la inspección, vigilancia y control de la

educación en su respectivo territorio.

En este caso concreto, la Secretaría tenía competencia para

expedir la Resolución núm. 3804 de 2000, por la cual reconoció

oficialmente al establecimiento educativo Colegio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario - Arrayanes.

Precisado lo anterior, se tiene que la oposición de la demandante

frente a la presunta incompetencia radica en el reproche de que el

Ministerio ni la Secretaría podían declarar sobre la naturaleza

jurídica del COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

ni tampoco asegurar en dicho acto quién era su propietario.

Para la Sala, estas menciones no son el resultado de un análisis

jurídico que los actos acusados hayan emprendido frente a las

condiciones con las que se presentó el COLEGIO MAYOR NUESTRA

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SEÑORA DEL ROSARIO para obtener del Ministerio la aprobación

de los estudios impartidos; y luego, como consecuencia del cambio

de sede, la aprobación otorgada por la Secretaría Distrital de

Educación.

De ahí que hilar en la dirección de la demandante, requiere

necesariamente la existencia de un acto administrativo con tal

propósito, esto es, que mediara petición de que así se hubiera

solicitado, examinado y declarado, pues la afirmación de “privada”

y de “propiedad” son circunstancias que se predican del solicitante

que se postuló para obtener los permisos descritos, sin que sea dable

que así lo declare la administración.

En efecto, las solicitudes resueltas mediante los actos acusados

provienen de una iniciativa particular y voluntaria de organizarse

para la prestación del servicio de educación, que es con lo que no

está51 de acuerdo la demandante, pues estima que la actuación está

ligada a la operación de establecimiento educativo público con

propiedades fiscales.

Entonces, contrario a lo alegado por la actora, la naturaleza jurídica

51
Precisamente su alegación no pasa de ser una visión subjetiva sin prueba respecto de lo que en su
entender deber ser: “[…] Así mismo se suman las apetencias de las mismas directivas por apoderase
de un bien histórico, que es de la nación y de un presidente que renuncia ilegalmente al patronato
en perjuicio de la enseñanza de la fe católica […]”. Del capítulo noveno de la demanda, DE LA SÍNTESIS
Y REFLEXIÓN. (folios. 332-336 del c. 1 del expediente digital)

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que invocó el COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO para solicitar la expedición de los permisos de habilitación

para la prestación del servicio de educación no fue objeto de

discusión, como tampoco lo fue su propiedad respecto del inmueble

en el que operaría como establecimiento educativo y que motivó la

expedición de la Resolución 3804 de 2000, de ahí que lo que se alega

como incompetencia 52 no corresponda, de ninguna manera, al

ejercicio en exceso de las funciones atribuidas a las autoridades

demandadas.

Lo anterior, porque la Sala no puede anular por vía de la acción de

nulidad una realidad jurídica sustentada en un hecho que no fue

desvirtuado.

El que para la demandante no sea atinada la naturaleza privada y la

propiedad del colegio por la interpretación que realiza de los hechos

históricos de la fundación del COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO, no implica, se insiste, que el pronunciamiento de la

autoridad administrativa frente a que es una entidad de carácter

privado y es propietaria de dicho bien, devenga por esa

52
Al respecto, la competencia se define como “[…] la aptitud o autorización que tiene todo funcionario
u organismo estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido asignadas, dentro de
circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la ley o el reglamento, y sólo dentro
de ellas… La competencia significa que todo funcionario público, en el desempeño de su cargo, sólo
puede hacer lo que le está permitido… Es una consecuencia de la limitación del poder público que surgió
con el Estado de Derecho, es decir, del principio de legalidad, y una forma de llevar tal limitación a toda
persona que ejerza dicho poder [..]” Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo,
Librería Ediciones del Profesional, Sexta Edición, Bogotá, 2014, Pág. 117.

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inconformidad en la acreditación de un objetivo sesgado de la

administración, pues no lo probó.

Esta determinación impide a la Sala, como lo pretende la

demandante, adentrarse en el examen histórico fundacional del

COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO para

determinar su naturaleza jurídica. De un lado, porque ese no fue

el objeto de los actos acusados y cualquier examen desbordaría la

potestad administrativa que se ejerció; y, de otro, porque se

acompañaron a este proceso pruebas que dan cuenta sobre la

naturaleza jurídica y la propiedad invocada, sin que sea dable

desconocer, por esta Corporación, lo allí registrado.

Tal es el caso de la certificación de existencia y representación legal

núm. 192753 que da cuenta de la naturaleza que ostenta el COLEGIO

MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, al adquirir personería

jurídica por la allí citada Resolución 58 de 16 de septiembre de

189554, expedida por el Ministerio de Gobierno, que es anterior a los

actos acusados y cuya legalidad y veracidad no fue controvertida. El

certificado55 hace constar lo siguiente:

53
Folio 64 del C.2 del expediente digital.
54
“Visto el artículo 80 de la Ley 153 de 1887 y en atención a la solicitud del Sr. Dr. Rafael M. Carrasquilla
en su carácter de rector del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, acompañada de las nuevas
constituciones del establecimiento aprobadas por el poder ejecutivo.
SE RESUELVE
Reconócese el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como entidad que goza de personería
jurídica por ministerio de la ley”. (Diario Oficial 21 de septiembre de 1895).
55
Este resulta posterior a la fecha de los actos acusados, pero se refiere a la connotación jurídica que
alcanzó en el año 1895.

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También y en lo que respecta a la propiedad del inmueble en el que

funcionó el establecimiento educativo del COLEGIO MAYOR DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, no le corresponde a la Sala

desvirtuar o acreditar mediante estudio de títulos quién ostentaba la

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propiedad para ese momento, máxime que no es a través de esta

acción que pueda obtener una declaratoria sobre este derecho real.

De manera que examinados los siguientes documentos: la escritura

pública de venta, el certificado de pago del impuesto predial56, el

certificado de registro de instrumentos públicos, entre otros, se tiene

que el inmueble donde el COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO impartió educación formal dan cuenta que ejercía su

titularidad, sin que la manifestación de que es propiedad de la

“fundación” devenga en la nulidad de los actos acusados, pues en

Colombia la propiedad no se prueba de esta manera57 y revisados

estos documentos, el derecho sí estaba radicado en el COLEGIO, no

en la fundación, y tal inconsistencia no tiene el alcance pretendido

por la actora.

En consecuencia, no se acredita que los actos demandados estén

viciados de incompetencia por señalar que el extinto establecimiento

de educación preescolar, básica y media Colegio Mayor de Nuestra

56
Folios 71 a 98 del C.2 del expediente digital.
57
Al respecto debe acudirse a los siguientes artículos del Código Civil “[…] ARTÍCULO 745. <TÍTULO
TRASLATICIO DE DOMINIO>. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de
dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Se requiere, además, que el título sea válido
respecto de la persona a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio
entre cónyuges […]” y el “[…]ARTÍCULO 756. <TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES>. Se
efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro
de instrumentos públicos.
De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en
bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca[…]”.

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Señora del Rosario - sede Arrayanes es una institución de educación

de naturaleza privada y de propiedad del COLEGIO MAYOR DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, pues no se desvirtuaron tales

menciones hechas en los actos acusados.

Lo anterior basta para señalar que, conforme a lo anterior, la

demandante no logró demostrar la prosperidad de los cargos

endilgados, ya que no desvirtuó la naturaleza privada que tiene el

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, por el

contrario, se determinó que es un ente educativo privado, que el

inmueble donde funcionó era de su propiedad, y las entidades

demandadas tenían competencia para expedir los actos

administrativos cuestionados.

3.5.2 Desviación de poder

En relación con la causal de desviación de poder, la demandante

insiste en que los actos demandados resolvieron y determinaron lo

concerniente con la naturaleza del plantel educativo y su propiedad,

lo que constituye un abuso y desvío de poder de los servidores

públicos que expidieron los actos acusados.

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También aludió al concepto de cosa de juzgada, presuntamente

desconocido, pero lo cierto es que esta alegación no la acreditó

porque no indicó respecto de qué decisión judicial la predica, razones

más que suficientes para no encontrarla probada.

Ahora, para resolver lo alegado, se tiene que la desviación de

poder tiene lugar cuando un acto administrativo si bien se expide

por un órgano o autoridad competente y con las formalidades

debidas, persigue fines distintos58 a los fijados por el ordenamiento

jurídico.

En el caso bajo examen, la Sala considera que este reproche no pasa

de ser un argumento sin prueba pues, tal como se registró en el

examen que antecede, las determinaciones que las autoridades

adoptaron mediante los actos acusados no se soportaron en hechos

inexactos, sino que atendieron a las condiciones con las que se

presentó el COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO, y que son circunstancias predicables de la solicitante de

58
La Jurisprudencia aclara que esta causal se prueba, “[…] tanto cuando se persigue un fin espurio,
innoble o dañino como cuando se procura un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero
que en todo caso es distinto del autorizado o señalado por la norma pertinente. Para su valoración es
necesario tener en cuenta tanto los fines generales e implícitos en toda actuación administrativa
(satisfacción del interés general, búsqueda del bien común, mejoramiento del servicio público, etc.),
como el específico para cada tipo de acto administrativo, el cual se haya en la regulación de la atribución
o competencia que con él se ejerce […]”. Al respecto se puede consultar el siguiente fallo: Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de junio de 2012.
Radicación número: 66001-23-31- 000-1998-00645-01 Actor: Alberto Ospina Rojas. M.P. Marco
Antonio Velilla Moreno.

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tales permisos, lo que impide anular los actos acusados porque no se

acreditó que tales aseveraciones fueran inexactas o espurias.

Por todo lo expuesto, se concluye que no existe prueba de la violación

alegada y le correspondía a la accionante acreditarlo, en los términos

de la carga de la prueba que le impone el artículo 177 del CPC. Lo

anterior, impone denegar la prosperidad de este reclamo.

Por último, cabe señalar que ciertamente el concepto de la Sala de

Consulta y Servicio Civil de esta Corporación se sirvió de lo afirmado

en una de las resoluciones aquí acusadas para responder la consulta,

hecho que, en todo caso, no se modifica por cuanto del control de

legalidad al que estaban supeditados los actos a través de esta acción

no se halló ninguna irregularidad por tales afirmaciones, las que por

demás, se insiste, surgieron de documentos previos que no fueron

tachados de falsos, pese a la oportunidad que la parte actora tuvo

para controvertirlos. El referido Concepto59 refirió:

“[…] Para la Sala es claro que los actos administrativos
transcritos al certificar, por una parte, que el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario es una institución de educación
superior privada, y por la otra, reconocer que el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario “ubicado en la Autopista Norte
Km. 12 Vía Arrayanes Km. 3” es de naturaleza privada,
generan efectos jurídicos particulares y concretos que

59
Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 19 de marzo de 2009. Radicación
Rad. Núm. 11001-03-06-000-2009-00016-00(1943) Actor: Ministerio De Educación Nacional.
Referencia: Naturaleza Jurídica de las instituciones educativas Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario – Sede Arrayanes. C.P. Luis Fernando Álvarez
Jaramillo.

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gozan de la presunción de legalidad y por lo mismo,
mientras los citados actos administrativos no sean
modificados por otros, o sus efectos suspendidos por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o
desvirtuada su legalidad mediante sentencia que declare su
nulidad, previo ejercicio de las acciones judiciales
correspondientes60, seguirán produciendo los efectos jurídicos
vinculantes allí previstos, razón por la cual se hace innecesario
el análisis de otros documentos antecedentes distintos a los
anteriores y a ellos ha de ceñirse la Sala para emitir el presente
concepto.

2. LA SALA RESPONDE

La Institución de Educación Superior Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario y el establecimiento de educación preescolar,
básica y media Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario -
sede Arrayanes son instituciones de educación de
naturaleza privada. […]”.

Por todo lo expuesto, este concepto en cuanto examinó tal naturaleza

a partir de la Resolución 3804 de 2000, no perdió validez en sus

afirmaciones, y esto porque las condiciones sobre naturaleza privada

y propiedad, en lo que respecta al análisis aquí realizado no se

desvirtuaron, en tanto que el COLEGIO MAYOR DE NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO acreditó en este proceso que las calidades

y condiciones con las que obró al tramitar son acordes a lo allí

consignado, de lo que se deriva que al otorgársele los respectivos

permisos ninguna irregularidad se acreditó al respecto.

60
El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo prevé: “Toda persona podrá solicitar por sí, o
por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o
con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro” (Se resalta).

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En este orden de ideas y comoquiera que los cargos invocados

carecen de acreditación, la Sala denegará la pretensión de nulidad

de los actos acusados.

3.6 DE LAS COSTAS

Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se

promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera de

conformidad con lo previsto en el artículo 17161 del CCA no hay lugar

a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción exime de

esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta

demanda respecto del cargo de infracción a las normas superiores,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

61
“ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a
la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”

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SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de

legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Ministerio de

Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: NO CONDENAR en costas.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del

Consejo de Estado que una vez en firme esta sentencia archive el

expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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