Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00049-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00049-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00049-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001032400020100004900
Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
Demandada: Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)1
Tema: Se resuelve sobre la nulidad de los autos 3472 de 27 de noviembre de
2008 y 1681 de 8 de junio de 2009, expedidos por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible).
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la EMPRESA
URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P. contra la Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible).
La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
1
Mediante la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 se escindió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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2
Número único de radicación: 11001032400020100004900
Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La sociedad EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.2, en adelante la
parte demandante, presentó demanda3 contra la Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de
enero de 19844, en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se
declare la nulidad de los autos núm. 3472 de 27 de noviembre de 20085 y núm.
1681 de 8 de junio de 20096, expedidos por la profesional especializada, código
2028, grado 17, de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible).
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1.- Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo No. 3472 de 27 de
noviembre de 2008, expedido por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante
el cual se declaró que no se podrá elaborar Diagnóstico Ambiental de Alternativas
para el proyecto denominado "Río Sinú" en la ubicación declarada por la Empresa
URRÁ S.A E.S.P y se advirtió a la empresa sobre la inviabilidad jurídica del
proyecto.
2.- Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo No. 1681 de 8 de junio de
2009, expedido por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se confirmó en
su totalidad el auto No. 3472 de 27 de noviembre de 2008.
3.- Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
se ordene al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial permitirle a la
2
A través de apoderado judicial.
3
Folios 62 a 69 del cuaderno núm. 1 del expediente.
4 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
5
“[…] Por el cual se declara sobre una presentación de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas […]”.
6
“[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición en contra del Auto No. 3472 del 27 de noviembre de
2008 […]”.
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Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
Empresa URRÁ S.A. E.S.P presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el
Proyecto denominado "Río Sinú".
4.- Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
se señale a la entidad demandada que el Proyecto "Río Sinú" SÍ es viable en
términos jurídicos y por lo tanto se debe permitir a la Empresa URRÁ S.A. E.S.P
continuar con el procedimiento previsto en el Decreto 1220 de 2005 y normas
concordantes sobre licencias ambientales.
5.- Que se condene en costas a la entidad demandada.
[…]".
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en los
siguientes hechos:
3.1. El Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA),
en adelante INDERENA, mediante Resolución núm. 243 de 13 de abril de 1993,
otorgó licencia ambiental a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica
"CORELCA" para la etapa de construcción del Proyecto Hidroeléctrico
Multipropósito de Urrá I.
3.2. A través de Resolución núm. 838 de 5 de octubre de 1999, expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente, se autorizó la cesión de la licencia ambiental
indicada a la empresa URRA S.A. E.S.P., “[…] en relación con el proyecto de
construcción de la hidroeléctrica de Urrá I. […]”.
3.3. La parte demandante inició su operación comercial desde el 15 de febrero de
2000, “[…] con la puesta en servicio de la primera unidad de la Central
Hidroeléctrica URRÁ I, localizada sobre el río Sinú, 30 kilómetros al sur del
municipio de Tierralta, en el Departamento de Córdoba. […]”.
3.4. La parte demandante presentó los días 19 y 26 de junio de 2008, ante la parte
demandada, solicitud de pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar y
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto denominado
"Río Sinú", localizado sobre este río, “[…] 5 kilómetros aguas debajo de la
confluencia de este con el río Esmeralda y 30 kms aguas arriba del sitio actual de
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presa de Urrá I, jurisdicción del municipio de Tierralta al sur del departamento de
Córdoba. […]”.
3.5. La Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de la parte
demandada, mediante auto núm. 3472 de 27 de noviembre de 2008, declaró que
no se podrá elaborar Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto
denominado "Río Sinú" en la ubicación declarada por la empresa URRA S.A
E.S.P. y advirtió a ésta sobre la inviabilidad jurídica del proyecto.
3.6. El acto administrativo anotado se fundamenta principalmente, en el concepto
de 5 de septiembre de 2008, emitido por la Dirección General de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, “[…] para quien el proyecto "Río Sinú" resulta
inviable dado que se encuentra localizado al interior de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales. […]”.
3.7. La parte demandante presentó recurso de reposición contra el Auto 3472 de
2008, el cual fue decidido mediante Auto 1681 de 8 de junio de 2009, que confirmó
en su totalidad el auto recurrido
3.8. El 24 de noviembre de 2009 se llevó a cabo audiencia de conciliación
prejudicial entre las partes del presente proceso, la cual fue declarada fallida.
Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante, en el escrito de la demanda, señaló como vulneradas las
siguientes normas:
• Artículos 2 y 365 de la Constitución Política.
5. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación:
Primer cargo: Violación directa de las normas en que deberían fundarse
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5.1. Afirmó que los actos administrativos acusados violan los artículos 27 y 3658
de la Constitución Política, en lo referente a los fines del Estado relacionados con
el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la prestación
eficiente de los servicios públicos a los habitantes de la Nación, toda vez que
dichos actos no se fundamentan en una interpretación armónica de las
disposiciones constitucionales que desarrollan el carácter social del Estado, con
aquellas atinentes a la preservación del medio ambiente
5.2. Señaló como complementó de lo anterior, que los actos administrativos
enjuiciados, se basan en “[…] una política conservacionista a ultranza sin que se
hubiese intentado a lo menos lograr un equilibrio entre la posibilidad de conservar
tanto el ambiente como el desarrollo y bienestar de un amplio segmento de la
población que se vería beneficiado con el desarrollo de la obra de ingeniería
propuesta. […]”.
5.3. Resaltó las ventajas del Proyecto Río Sinú, en términos de control de las
inundaciones “[…] sobretodo (sic) en la zona del Medio y Bajo Sinú, la
recuperación de zonas que están siendo utilizadas en actividades ilícitas […]”, y el
potencial de energía que generará.
5.4. Indicó que las recurrentes inundaciones presentadas en los últimos años en
el Medio y Bajo Sinú, particularmente en 2007 y 2008, “[…] con los consecuentes
efectos sobre las comunidades asentadas a lo largo del Río Sinú, sus bienes, su
espacio vital y a las economías locales, regionales e incluso nacionales, han
llevado al Gobierno Nacional a buscar alternativas que permitan el control
7
“[…] ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares. […]”.
8
“[…] ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el
Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar
previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad
lícita. […]”.
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Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
definitivo de dichas inundaciones y como la Central Hidroeléctrica URRÁ I no tiene
la capacidad de regulación suficiente para controlar en un 100% las inundaciones
en la cuenca media y baja del Río Sinú, […] como alternativa de solución se ha
considerado la construcción de un embalse aguas arriba de la Central
Hidroeléctrica URRÁ I, como única alternativa viable dado el grado actual de
intervención antrópica en la llanura de inundación natural del Río Sinú. […]”.
5.5. Aseveró que con la construcción de este nuevo embalse, proyecto Río Sinú,
se podría contener un volumen de agua “[…] igual al de la creciente con periodo
de retomo de 1000 años, y operando coordinadamente con URRÁ I se
controlarían, no sólo las inundaciones por desbordes del Río Sinú en la cuenca
media y baja, sino que se podrían propiciar también las condiciones para que en
invierno los niveles de inundación en las ciénagas disminuyeran, evitando así
inundar municipios como San Pelayo, Cotorra, Lorica, Momil, Chimá y Purísima,
entre otros. […]”.
5.6. Sostuvo que: “[…] Sólo construyendo el proyecto Río Sinú y operándolo de
manera coordinada con URRÁ I, se podrá garantizar el control total de las
inundaciones en el valle del Río Sinú. […]”.
5.7. Manifestó que el principal beneficio del Proyecto Río Sinú es el control de
inundaciones, pero también con este proyecto se aumentaría la seguridad en el
Parque Nacional Natural Paramillo “[…] al hacerse necesario aumentar el pie de
fuerza para la seguridad de las obras, […]”; y, adicionalmente, se tendría una
potencia instalada de 420 MW para generación eléctrica que entrarían a reforzar
las condiciones energéticas del país.
5.8. Anotó que en los actos administrativos acusados no existió un
pronunciamiento de fondo sobre las ventajas y desventajas técnicas y sociales del
proyecto, “[…] sin entrar a armonizar posiciones que plantearan la posibilidad de
conservar tanto el ambiente como el progreso de la región, […]” lo que la parte
demandante considera relevante dado que con el desarrollo de un proyecto como
el del "Río Sinú", se dirigen esfuerzos a atender necesidades de carácter general
que benefician a un amplio número de integrantes de la población, lo que es
compatible con los artículos 2 y 334 de la Constitución Política.
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5.9. Mencionó que: “[…] la Constitución Política de 1991 sea una “Constitución
ecológica” no significa que la misma plantee un trato irreconciliable entre
protección al medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores. […]”, por lo que la defensa del ambiente no puede llevar al extremo
de vetar los proyectos de avance de una región.
Segundo cargo: Falsa motivación
5.10. Afirmó que la principal motivación de los actos acusados y que determinó la
expedición de estos “[…], se basa en una errónea interpretación de la figura de la
inconstitucionalidad sobreviniente. […]”.
5.11. Manifestó que no comparte el argumento de la parte demandada de la
derogatoria por inconstitucionalidad sobreviviente, por la entrada en vigor de la
Constitución Política de 1991, del parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 24 de 2 de
mayo de 19779, expedido por el INDERENA y aprobado por el Ministerio de
Agricultura mediante la Resolución 163 de 6 de junio de 197710, que “[…] establece
una excepción a la prohibición de realizar actividades distintas a las de
conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control
dentro del área señalada como Parque Nacional Natural PARAMILLO 1, […]”.
5.12. Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-014 de 1993 y adujo que la
regla general es “[…] la subsistencia de la reglamentación precedente y esta sólo
desaparece del universo jurídico cuando entre ella y la nueva Constitución exista
una abierta contradicción. […]”.
5.13. Indicó que el parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 24 de 1977 establece una
excepción a la prohibición de realizar actividades distintas a las de conservación,
investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control dentro del
área señalada como Parque Nacional Natural Paramillo, la cual es concordante
9
“[…] Por el cual se reserva, alinda y declara como Parque Nacional Natural un área ubicada en los
departamentos de Córdoba y Antioquia. […]”.
10
"[…] Por el (sic) cual se aprueba el Acuerdo No. 24 de fecha 2 de mayo de 1977, originario de la Junta
Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente- INDERENA […]”.
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con disposiciones expedidas con posterioridad al año 1991, como el artículo 8º del
Decreto 500 de 20 de febrero de 200611.
5.14. Anotó que no es admisible la tesis según la cual en el presente caso se
configuró la derogatoria tácita por inconstitucionalidad sobreviniente, “[…] máxime
si se tiene en cuenta que fue en vigencia de la actual Constitución que se expidió
licencia ambiental al proyecto URRÁ I, proyecto basado en los mismos supuestos
de hecho y de derecho que ahora se controvierten. […]”.
5.15. Expresó que Parques Nacionales Naturales en el concepto que fue acogido
por la parte demandada, efectuó un “[…] juicio de vigencia unilateral […]” sobre
una disposición que se encuentra vigente, por lo que no es la Dirección Nacional
de Parques Nacionales Naturales, ni la parte demandada “[…] los llamados a
pronunciarse sobre su derogatoria. […]”.
Contestación de la demanda
6. La parte demandada12 contestó la demanda en los siguientes términos:
6.1. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque, a su juicio, además de
no contener razones jurídicas y fácticas que evidencien causal de nulidad alguna,
la parte demandante argumenta hechos y razones que no fueron alegados en vía
gubernativa, violando el principio de "discusión previa".
6.2. Señaló que los argumentos presentados en la demanda no coinciden con los
expuestos en el recurso de reposición interpuesto contra el Auto 3472 de 2008, lo
que “[…] genera una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, toda
vez que este Ministerio no ha podido pronunciarse frente a los planteamientos del
demandante en sede administrativa. […]”.
6.3. Realizó un recuento de la normativa y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional relacionada para afirmar la inviabilidad jurídica de la realización de
11
“[…] Por el cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, reglamentario del Título VIII de la Ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales. […]”.
12
Por intermedio de apoderado judicial.
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proyectos de infraestructura al interior de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y expresó las siguientes conclusiones:
6.3.1. “[…] Existe el deber específico del Estado de conservar las áreas de
especial importancia, entre las cuales está el Sistema de Parques Nacionales,
donde únicamente son admisibles usos compatibles con la conservación y está
proscrita su explotación. […]”.
6.3.2. “[…] Es clara la obligación de preservar ciertos ecosistemas (las áreas de
especial importancia ecológica), cuya intangibilidad se debe procurar,
propendiendo porque su integridad no se menoscabe. […]”.
6.3.3. La protección constitucional (artículo 63 C.P.) de los parques naturales, que
establece que estas zonas de especial importancia ecológica (artículo 79 C.P.)
deben mantenerse incólumes e intangibles, y, por tanto, no pueden ser alteradas
por el legislador y menos por la administración.
6.3.4. La calidad de inalienables de los parques naturales, reconocida en el
artículo 63 de la Constitución, debe entenderse en armonía con los artículos 79 y
80 ibidem, por lo que las áreas o zonas que los integran no pueden ser objeto de
sustracción o cambio de destinación.
6.3.5. “[…] Cualquier proyecto que pueda afectar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, incluso aquel que se pretenda realizar al interior de estas
áreas, deberá adelantar el trámite para la obtención de una licencia ambiental.
Este tipo de proyectos no podrán contemplar actividades prohibidas dentro de las
áreas, pues la licencia ambiental no podría amparar la violación del régimen de
prohibiciones y por lo tanto la licencia ambiental podrá exigirse sólo para el
desarrollo de actividades permitidas dentro de las áreas, las cuales incluso, sólo
pueden realizarse siempre y cuando no sean causa de alteración significativa del
ambiente natural. […]”.
6.3.6. La administración no puede mediante acto administrativo (resolución de
licencia ambiental) contrariar una norma superior que contiene las prohibiciones
como es el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Decreto
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Ley 2811 de 1974), el Decreto 622 de 1977 y menos la Constitución Política;
tampoco la calificación de áreas de especial importancia ecológica realizada por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional al Sistema de Parques Nacionales
Naturales.
6.3.7. “[…] La imposibilidad constitucional de otorgar licencias ambientales para
proyectos, obras o actividades que pretendan realizarse dentro de las áreas del
sistema de parques, que comprometan la intangibilidad de las áreas, contemplen
usos distintos a los de conservación y por lo tanto no se dirijan al cumplimiento de
las finalidades previstas y cambien la destinación de las áreas. […]”.
6.4. Precisó que el Parque Nacional Natural Paramillo es una de las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, creada por el INDERENA a través del
Acuerdo 24 de 2 de marzo de 1977, acto administrativo que fue aprobado por el
Ministerio de Agricultura mediante la Resolución 163 de 1977.
6.5. Indicó que los actos administrativos indicados delimitan el perímetro del
Parque Nacional Natural Paramillo y definen el régimen de administración del
área; sin embargo, los parágrafos de los artículos segundos del Acuerdo 24 de
1977 y de la Resolución 163 de 1977 excluyen del régimen, “[…] las zonas que en
el futuro serán inundadas por los embalses previstos para el desarrollo
hidroeléctrico del Sinú. […]”.
6.6. Afirmó que la adopción de esta medida es manifiestamente contraria al
régimen de administración previsto en el Decreto 622 de 16 de marzo de 197713,
“[…] pues genera la posibilidad de ejecutar proyectos que derivan en la
consumación de actos y acciones en detrimento de una de las áreas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, con lo cual se contraviene el Decreto Ley 216
de 2003, el Código Nacional de los Recursos Naturales y la Constitución Política
Nacional. […]”.
13
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente: el capítulo V título II parte XIII del Decreto Ley 2811 de 1974
sobre Sistema de Parques Nacionales, la Ley 23 de 1973 y la Ley 2 de 1959 […]”.
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6.7. Adujo que la vigencia de los parágrafos de los artículos segundos del Acuerdo
24 y la Resolución 163 de 1977 se debe examinar frente a la Constitución Política
de 1991, que tiene un marcado sentido conservacionista, y por tanto, devienen en
que son manifiestamente contrarios “[…] al contenido material y al espíritu de la
Constitución, situación que conmina a las autoridades administrativas a su
inaplicación. […]”, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 153
de 15 de agosto de 1887.
6.8. Manifestó respecto de la legalidad de los actos acusados, que no incurren en
ningún vicio o causal de nulidad referidas en el artículo 84 del C.C.A., por lo que
“[…] frente a las pretensiones de la demandante se observa el pleno cumplimiento
de las funciones de esta entidad, y por tanto, da lugar a que se nieguen las
pretensiones de la demanda. […]”.
Actuaciones procesales
7. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 6 de mayo de 201014,
admitió la demanda y ordenó notificar al Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y al Procurador Delegado ante esta Corporación; y, mediante
auto de 18 de febrero de 201415, tuvo por contestada la demanda por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
8. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 31 de mayo de 201616,
ordenó correr traslado a las partes y al Procurador Delegado ante esta
Corporación, por el término de diez (10) días, para que presenten sus alegatos de
conclusión.
9. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
oportunidad procesal, y la parte demandante los allegó de forma extemporánea17.
14
Folio 73 del cuaderno núm. 1 del expediente.
15
Folio 106 ibidem.
16 Folio 111 ibidem.
17
Folios 112 a 142 ibidem.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
10. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
jurídico; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; v) el principio de desarrollo sostenible; vi) desarrollo
jurisprudencial de la derogatoria tácita por inconstitucionalidad sobreviniente; y,
vii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
11. Vistos: i) el numeral 2 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo18
sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 30819 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre el
régimen de transición y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, sobre la distribución de los procesos entre las secciones de esta
Corporación, la Sala considera que es competente para conocer del presente
asunto.
12. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de que trata este asunto, y sin que se observe vicio
o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso
sub lite, como se desarrollará a continuación.
18 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
[…]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral.
No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga
son de competencia del Consejo de Estado en única instancia. […]”.
19 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
20
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”.
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Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
Actos administrativos acusados
13. Los actos administrativos acusados son:
14. Auto núm. 3472 de 27 de noviembre de 2008 “[…] Por el cual se declara sobre
una presentación de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas […]”, expedido por
la profesional especializada, código 2028, grado 17, de la Dirección de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial:
“[…] Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2008
AUTO No. 3472
“Por el cual se declara sobre una presentación de un Diagnóstico
Ambiental de Alternativas”
LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CÓDIGO 2028 GRADO 17 DE LA
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
En ejercicio de las funciones asignadas por la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial mediante la Resolución No. 802 del 10 de mayo de 2006, modificada por la
Resolución No. 2234 del 17 de noviembre de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante escritos radicados en este Ministerio bajo los números 4120-E1-68386 del
19 de junio de 2008 y 4120-E1-70996 del 26 de junio de 2008, el señor ALFREDO EMIRO
SOLANO BERRIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.864.298, actuando en
calidad de Presidente de la compañía EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.,
con N.I.T. 0800175746-9, solicitó pronunciamiento por parte de este Ministerio sobre la
necesidad de elaborar y presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto
denominado “Río Sinú”, localizado sobre el río Sinú, 5 Kms aguas debajo de la
confluencia de éste con el río Esmeralda y 30 Kms aguas arriba del sitio actual de presa
de Urrá I (Sobre el río Sinú en Angostura de Urrá a aproximadamente 45 kms aguas arriba
de Tierralta ) jurisdicción del municipio de Tierralta, al sur del departamento de Córdoba.
[…]
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1-102028 del 5 de Septiembre de 2008, la
Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, remitió a la Dirección
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial – MAVDT, concepto sobre Inviabilidad Jurídica de Proyectos de
Infraestructura al Interior de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
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Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1-103415 del 10 de septiembre de 2008, la
Defensoría del Pueblo, remitió a este Ministerio su pronunciamiento respecto del proyecto
Río Sinú, en sentido de manifestar que “Para la Defensoría del Pueblo es claro que la
solución a las inundaciones no es construir un nuevo embalse, sino que se requiere de
una serie de acciones integrales como la recuperación del flujo y de la capacidad
hidráulica de la cuenca y recuperar y adecuar las formas de manejo ancestral que hacían
los campesinos, formas que de alguna manera recoge el POMCA del Sinú pero que están
previstas a realizarse a largo plazo.”
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Que el proyecto estaría localizado al sur del departamento de Córdoba, en jurisdicción
del municipio de Tierralta. El sitio de presa se ha ubicado aguas arriba de la Central
Hidroeléctrica de Urrá I, hoy en operación, en la parte más estrecha del río Sinú, en la
denominada segunda Angostura de Urrá de aproximadamente 13 kilómetros de longitud,
entre la desembocadura del río Esmeralda sobre el río Sinú y la quebrada Cruz Grande,
aproximadamente 5 Kilómetros agua abajo de la confluencia del río Esmeralda con el río
Sinú. Tanto la presa como el embalse, se situarían en jurisdicción del Parque Nacional
Natural Paramillo, creado mediante Resolución No. 163 del 6 de junio de 1977, expedida
por el Ministerio de Agricultura.
[…]
Que mediante concepto técnico No. 2113 del 20 de noviembre de 2008, este Ministerio,
teniendo en cuenta el concepto previo emitido por la Dirección General de Parques
Nacionales Naturales de Colombia mediante oficio radicado No. 4120-E1-102028 del 5
de Septiembre de 2008, sobre Inviabilidad Jurídica de Proyectos de Infraestructura al
Interior de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, conceptuó:
“(…)
III. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
3.1. Concepto técnico de la Dirección General, de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.
1. Inviabilidad Jurídica de Proyectos de Infraestructura al Interior de las Áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales
[…]
De lo anterior, se derivan las siguientes conclusiones 21:
1. Existe el deber específico del Estado de conservar las áreas de especial importancia,
entre las cuales está el Sistema de Parques Nacionales, donde únicamente son
admisibles usos compatibles con la conservación y está proscrita su explotación.
21
Ver la publicación: Ponce de León, Eugenia y otro. Bases técnicas y legales para la implementación de la
política de participación social en la conservación. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bogotá. 2005.
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2. Es clara la obligación de preservar ciertos ecosistemas (las áreas de especial
importancia ecológica), cuya intangibilidad se debe procurar, propendiendo porque su
integridad no se menoscabe.
3. “La protección que el art. 63 de la Constitución establece al determinar que los bienes
allí mencionados son inalienables, inembargables e imprescriptibles, debe interpretarse,
con respecto de los parques naturales, en el sentido de que dichas limitaciones las
estableció el Constituyente con el propósito de que las áreas alindadas o delimitadas
como parques, dada su especial importancia ecológica (art. 79) se mantengan incólumes
e intangibles, y por lo tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y menos aún por
la administración habilitada por éste.”22
4. “La voluntad del Constituyente fue que las áreas integradas al sistema de parques
nacionales se mantuvieran afectadas a las finalidades que le son propias;”23
5. “por consiguiente, la calidad de inalienables de los parques naturales, reconocida en el
art. 63 debe entenderse, en armonía con los arts. 79 y 80, en el sentido indicado antes,
esto es, que las áreas o zonas que los integran no pueden ser objeto de sustracción o
cambio de destinación. En tales condiciones, se repite, ni el legislador ni la administración
facultada por éste, pueden sustraer, por cualquier medio las áreas pertenecientes al
referido sistema.”24
6. Cualquier proyecto que pueda afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, incluso aquel que se pretenda realizar al interior de estas áreas, deberá
adelantar el trámite para la obtención de una licencia ambiental. Este tipo de proyectos
no podrán contemplar actividades prohibidas dentro de las áreas, pues la licencia
ambiental no podría amparar la violación del régimen de prohibiciones y por lo tanto la
licencia ambiental podrá exigirse sólo para el desarrollo de actividades permitidas dentro
de las áreas, las cuales incluso, sólo pueden realizarse siempre y cuando no sean causa
de alteración significativa del ambiente natural.
7. La administración no puede contrariar por acto administrativo (resolución de licencia
ambiental), una norma superior que contempla las prohibiciones, cómo el código de
recursos naturales renovables y del ambiente y el decreto 622 de 1977 y mucho menos
la protección de inalienable, imprescriptible e inembargable derivada directamente de la
Constitución Política, con sus consecuencias normativas, ni tampoco la calificación
constitucional de áreas de especial importancia ecológica hecha a los parques por la
jurisprudencia constitucional y las consecuencias de interpretación que se derivan de ello,
las cuales vinculan tanto al legislador como a la administración.
8. La imposibilidad constitucional de otorgar licencias ambientales para proyectos, obras
o actividades que pretendan realizarse dentro de las áreas del sistema de parques, que
comprometan la intangibilidad de las áreas, contemplen usos distintos a los de
conservación y por lo tanto no se dirijan al cumplimiento de las finalidades previstas y
cambien la destinación de las áreas.
2. La Creación del Parque Nacional Paramillo
22
Corte Constitucional. Sentencia C-649 del 3 de diciembre de 1997. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
23
Ibidem
24
Ibidem
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El Parque Nacional Natural Paramillo es una de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, creada por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente -INDERENA-, a través del Acuerdo No. 24 del 2 de Marzo de
1977, acto administrativo aprobado por el Ministerio de Agricultura mediante la
Resolución No 163 de 1977.
Estos actos administrativos delimitan el perímetro del Parque Nacional Natural Paramillo
y definen el régimen de administración del área; sin embargo los parágrafos de los
artículos segundos del Acuerdo No 24 del 2 de Marzo de 1977 y la Resolución No 163 de
1977 excluyen del régimen, las zonas que en el futuro serán inundadas por los embalses
previstos para el desarrollo hidroeléctrico del Sinú.
La adopción de esta medida, es manifiestamente contraria al régimen de administración
contemplado en el decreto 622 de 197, pues genera la posibilidad de ejecutar proyectos
que derivan en la consumación de actos y acciones en detrimento de una de las áreas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con lo cual se contraviene el Decreto Ley
216 de 2003, el Código Nacional de los Recursos Naturales y la Constitución Política
Nacional.
En efecto la vigencia de esta disposición (Parágrafo de los artículos segundos del
Acuerdo No 24 del 2 de Marzo de 1977 y la Resolución No 163 de 1977) debe ser
examinada frente al nuevo régimen incorporado en la Constitución Política de 1991.
[…]
Bajo esta consideración es evidente que los parágrafos de los artículos segundos del
Acuerdo No 24 y la Resolución No 163 de 1977, son manifiestamente contrarios al
contenido material y al espíritu de la Constitución, situación que conmina a las autoridades
administrativas a inaplicar esta disposición.
Esta medida tiene fundamento en el artículo 9 de la Ley 153 de 1887 y a su vez ha sido
objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, entre los cuales
se resalta la Sentencia C-155 de 1999, con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa que establece:
[…]
Así las cosas y al existir una manifiesta incompatibilidad entre las disposiciones recogidas
en los parágrafos de los artículos segundos del Acuerdo No 24, la Resolución 163 de
1977 y el artículo 63 de la Constitución Política Nacional (cuyo alcance definido por la
Corte Constitucional en su Sentencia C-649/97), observamos que han perdido su vigencia
y en consecuencia la administración bajo ninguna circunstancia puede darles aplicación.
3.2. Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo manifiesta entre otros aspectos, lo
siguiente:
“No se justifica inundar zonas tan importantes desde el punto de vista ambiental
para controlar las inundaciones en la zona baja, cuando se sabe que gran parte
del aporte de aguas en la cuenca no proviene de paramillo sino de la margen
izquierda, de la Serranía de Abibe. Además, es claro que el efecto negativo de las
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inundaciones se debe principalmente a las intervenciones que los finqueros han
hecho y hacen sobre las ciénagas y demás cuerpos de agua afectando la dinámica
hidráulica de la cuenca.
Por otra parte, aunque los ecosistemas de Paramillo no tienen una connotación
especial de protección a nivel internacional, se declararon parque Nacional
Natural por su importancia para la conservación de especies animales y vegetales
y la regulación hídrica y son zonas que gozan de especial protección, no
susceptibles a sustracción según sentencia C-649/97 de la Corte Constitucional.
Para la Defensoría de Pueblo, es claro que la solución a las inundaciones no es
construir un nuevo embalse, se requiere de una serie de acciones integrales como
la recuperación del flujo y de la capacidad hidráulica de la cuenca y recuperar y
adecuar las formas de manejo ancestral que hacían los campesinos, formas que
de alguna manera recoge el POMCA del Sinú pero que están previstas a
realizarse a largo plazo”.
Consideraciones del MAVDT
En la información presentada por la Empresa Urrá, sobre el proyecto denominado “Control
de Inundaciones y Generación de Energía Río Sinú”, se registra que la presa, se
encuentra localizada sobre el río Sinú, 5 Kms aguas debajo de la confluencia de este con
el río Esmeralda y 30 Kms aguas arriba del sitio actual de presa de Urrá I (sobre el río
Sinú en Angostura de Urrá a aproximadamente 45 Kms aguas arriba de Tierralta), lo que
permite establecer que el proyecto, se encuentra dentro del área del Parque Nacional
Natural Paramillo, del cual se afectarán por inundación 53.300 hectáreas, lo que
corresponde al 11.6% de dicho parque.
Aunque el proyecto presentado actualmente, se sustenta en el control de inundaciones
aguas abajo del sitio de presa, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
• La inundación del embalse, generaría el fraccionamiento de los ecosistemas allí
presentes y por ende, una alteración de los componentes geomorfológicos, flora, fauna,
socioeconómico y cultural, los cuales poseen valor científico, educativo, estético y
recreativo nacional, y que para su perpetuación han sido sometidos a un régimen
adecuado de manejo.
• Mediante oficio de radicación No. 2400-E2-54521 de mayo 16 de 2008, este Ministerio
informó a la Empresa Urrá que una vez evaluado el documento “Características técnicas
y ambientales del incremento al volumen del embalse Urrá I” y los estudios
complementarios al proyecto de incremento en el nivel de la cresta del vertedero en el
embalse Urrá I, estableció que no se requiere modificación de la Licencia Ambiental.
• Con el realce del rebosadero, se aumentará la capacidad del embalse en
aproximadamente 150 Mm3, mediante la instalación de diques fusibles de 2,00 m de
altura en la gola del rebosadero existente. El aumento de la capacidad de
almacenamiento, representa el 13% de la capacidad útil del embalse actual, conservando
el mismo nivel de seguridad en todos los aspectos.
• Con el realce del rebosadero, se mejora considerablemente el sistema para el control
de inundaciones, debido al aumento en la capacidad de amortiguar crecientes, ya que
aún presentándose la creciente para un período de retorno de cien años, esta es retenida
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en su totalidad por los diques fusibles que se instalarán y se contará con una alta
probabilidad de que dicha creciente, sea descargada de manera gradual en el tiempo.
Este aspecto, deja sin sustento el proyecto para control de inundaciones, que pretende
desarrollar la Empresa.
• Con el realce del rebosadero que llevará a cabo la Empresa, se afectarán únicamente
340 Ha, de cobertura vegetal del área de protección del embalse, las cuales se inundarán
durante un mes en el año, mientras que con el proyecto propuesto para control de
inundaciones, se afectaría 53.300 Ha de manera permanente.
• Desde el punto de vista de generación eléctrica, tampoco tiene justificación el proyecto,
pues la capacidad instalada sería de 350 MW, valor que a consideración de éste
Ministerio, es muy bajo, teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas a inundar y la
importancia de los impactos que esto genera, máxime cuando el área donde se pretende
desarrollar el proyecto, corresponde al Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.
Con base en los argumentos de la Dirección de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, que establecen la inviabilidad desde el punto de vista jurídico de desarrollar
este proyecto; teniendo en cuenta los argumentos de la Defensoría del pueblo, que
considera injustificado el proyecto para el control de inundaciones; teniendo en cuenta
que el realce del rebosadero de la hidroeléctrica Urrá I, permitiría el control de
inundaciones (aspecto sobre el cual se sustenta el proyecto río Sinú) y tomando como
base la importancia de los impactos que el proyecto generará en un área del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, no es procedente el pronunciamiento sobre necesidad de
realizar el estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
IV. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONCEPTO
Con base en las anteriores consideraciones, se establece lo siguiente:
[…]
Que de conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta los criterios y fundamentos
dados por la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia mediante
oficio radicado No. 4120-E1-102028 del 5 de Septiembre de 2008, sobre la inviabilidad
jurídica del proyectos (sic) de Río Sinú, dado que el mismo se encuentra localizado al
interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como lo
establecido en el concepto técnico No. 2113 del 20 de noviembre de 2008 proferido por
este Ministerio, este Despacho, con base en los principios de eficacia, economía y
celeridad procederá mediante este acto administrativo a establecer que no se podrá
elaborar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, debido a que el proyecto no se puede
desarrollar en la localización prevista por el interesado y a que, como él mismo lo
manifestó en su escrito de solicitud de pronunciamiento sobre la necesidad del
diagnóstico, es la única alternativa planteada para el mismo.
[…]
En mérito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que no se podrá elaborar Diagnóstico Ambiental de
Alternativas para el proyecto denominado “Río Sinú”, en la ubicación declarada por la
EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.: sobre el río Sinú, 5 Kms aguas abajo
de la confluencia de éste con el río Esmeralda y 30 Kms aguas arriba del sitio actual de
presa de Urrá I (sobre el río Sinú en Angostura de Urrá a aproximadamente 45 kms aguas
arriba de Tierralta ) jurisdicción del municipio de Tierralta, al sur del departamento de
Córdoba, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Advertir a la EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.,
sobre la inviabilidad jurídica del proyecto en las condiciones por ella declarada, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
de este Ministerio, notificar el contenido de la presente providencia al representante legal
de la EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P., o al apoderado debidamente
constituido.
ARTICULO CUARTO.- En contra del presente Auto procede el recurso de reposición, por
tratarse de un acto administrativo de trámite que pone fin a una actuación administrativa,
de conformidad con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, el cual podrá
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
[…]”.
15. Auto núm. 1681 de 8 de junio de 2009 “[…] Por el cual se resuelve un recurso
de reposición en contra del Auto No. 3472 del 27 de noviembre de 2008 […]”,
expedido por la profesional especializada, código 2028, grado 17, de la Dirección
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial:
“[…] Bogotá D.C., 8 de junio de 2009
AUTO No. 1681
“Por el cual se resuelve un recurso de reposición en contra del Auto No.
3472 del 27 de noviembre de 2008”
LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CÓDIGO 2028 GRADO 17 DE LA
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
En ejercicio de las funciones asignadas por la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial mediante la Resolución No. 802 del 10 de mayo de 2006, modificada por la
Resolución No. 2234 del 17 de noviembre de 2006, y
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Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
CONSIDERANDO:
[…]
Que el señor JULIO CÉSARV ANGULO SALOM, identificado con la cédula de ciudadanía
número 13.885.598, en calidad de Apoderado Especial de la empresa URRA S.A. E.S.P.,
con escrito presentado personalmente y radicado en este Ministerio con el número 4120-
E1-140403 del 9 de diciembre de 2008 y estando dentro del término legal, interpuso
recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del Auto 3472 del 27 de
noviembre de 2008, en el sentido de revocarlo y en su lugar pronunciarse sobre si se
requiere o no de la elaboración de Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
ARGUMENTOS Y PETICIONES DEL RECURRENTE
“(…)
SUSTENTACIÓN DEL RECURSO
[…]
Consecuente con lo manifestado hasta ahora en la sustentación del recurso, es necesario
precisar que el caso propuesto del RIO SINÚ es específico y totalmente diferente, pues
no hay que sustraer área alguna, dado que el área que se dejó sustraída en el acto de su
creación, es decir esas zonas no se consideran regladas dentro del sistema, como es
evidente y claro el contenido del texto de la norma que en forma expresa señala que
quedan exentas, es decir que no aplica el régimen especial del sistema de parques a las
áreas que fueran a ser inundadas por los embalses previstos para este proyecto del RIO
SINÚ así como para la construcción de las obras civiles necesarias para tal fin.
Existe un precedente específico (tres actos administrativos) ocurrido con el proyecto
URRA I (expediente 112) que puede consultarse en su Despacho y debe tener en cuenta
para resolver de fondo este recurso.
En efecto, después de la expedición de la Constitución de 1991 se expidieron los actos
administrativos de licencia Ambiental para la construcción, llenado y operación del
proyecto mediante las resoluciones 0243 del 13 de abril de 1993 838 de 5 de octubre de
1999 y 0965 de noviembre 16 de 1999 sin aplicar la inconstitucionalidad sobreviniente
como se pretende ahora ante la pretensión de mis representado de adelantar el segundo
embalse previsto. (Subrayado del texto original).
[…]
Es incuestionable este precedente para que no esté llamado a prosperar el criterio de
derogatoria de la exención de las áreas que debe presumirse constitucional y legal
también para este evento, pero que equívocamente sustenta como inconstitucional con
la realidad del proyecto, el aplicar para un caso la inconstitucionalidad sobreviniente y
para otro idéntico que ya se dio bajo las mismas circunstancias no haberla siquiera
considerado.
[…]
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Sobre las consideraciones de la Defensoría del Pueblo y del MAVDT previa consulta con
el equipo técnico experto a cargo de esta etapa del proyecto, se precisa en primer lugar
que no puede prejuzgarse sobre la viabilidad o no del proyecto como lo hace la
Defensoría, sin haber agotado precisamente la opción dad (sic) por la ley y los
reglamentos en estos casos, es decir la necesidad o no de elaborar el DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS que dilucidaría si es procedente la opción del embalse
y/o de otras acciones integrales como se plantea por esa Oficina.
[…]
Con fundamento en lo anterior es claro que el rebosadero aun con los diques fusibles
instalados podrá verter agua libremente dependiendo de las condiciones de nivel
presentes en el embalse, asociado a esto al valor de las probables crecientes que se
presenten a futuro.
Consecuente con lo manifestado se reitera la petición de revocar totalmente el auto
recurrido y en su lugar se solicita disponer sobre si se requiere o no de la elaboración del
diagnóstico ambiental de alternativas para el proyecto propuesto.”
Que mediante Oficio No. 2400-E2-140403 del 3 de febrero de 2009, esta Dirección solicitó
concepto a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, para resolver el recurso de reposición interpuesto en contra del Auto No. 3472
del 27 de noviembre de 2008.
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1-13795 del 11 de febrero de 2009, la Dirección
General de Parques Nacionales Naturales de Colombia reiteró su posición en cuanto a la
inviabilidad jurídica de adelantar proyectos de infraestructura al interior de las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia teniendo en cuenta las siguientes
razones:
“(…)
Desde este punto de vista y atendiendo a las disposiciones citadas, considera esta Oficina
que jurídicamente resulta improcedente la aplicación del parágrafo del artículo 2º del
Acuerdo 24 del 2 de mayo de 1977, aprobado por el Gobierno Nacional mediante
Resolución Ejecutiva 163 de 1977, toda vez que el contenido del mencionado parágrafo,
contraría lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política, el cual, de conformidad
con el artículo 9º de la ley 153, prima sobre cualquier otra disposición preexistente que le
sea contraria, tal y como ocurre con el contenido del parágrafo anotado.
Sumado a lo anterior, la interpretación del artículo 63 sobre las características especiales
de protección en los Parques Nacionales Naturales, debe hacerse en armonía con los
(sic) preceptuado en los artículos 79 y 80 constitucionales en donde se consagra el
derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, y la planificación que debe
efectuar el Estado para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en aras
de garantizar la protección del mencionado derecho (…)
[…]
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO:
[…]
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22
Número único de radicación: 11001032400020100004900
Demandante: EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.
Dados los argumentos expresados por la Unidad Administrativa Especial de Parques
Nacionales Naturales – UAESPNN, acerca de la inviabilidad constitucional de adelantar
proyectos de infraestructura en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los
cuales también fueron expresados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio en
oportunidad diferente, este Despacho no repondrá su decisión tomada mediante el
artículo primero del Auto No. 3472 del 27 de noviembre de 2008, acerca de declarar que
no se podrá elaborar Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto denominado
“Río Sinú”, en la ubicación declarada por la EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A.
E.S.P.
[…]
En mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar en su totalidad el Auto No. 3472 del 27 de noviembre
de 2008, relativo al proyecto hidroeléctrico Río Sinú, de conformidad con lo establecido
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto
en forma subsidiaria contra el Auto 3472 del 27 de noviembre de 2008.
ARTICULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
de este Ministerio, notificar el contenido de la presente providencia al representante legal
de la EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P., o al apoderado debidamente
constituido.
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente providencia no procede recurso alguno, por
entenderse agotada la vía gubernativa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63
del Código Contencioso Administrativo.
[…]”.
Problema jurídico
16. A la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en
los argumentos expuestos por las partes demandante y demandada, en el caso
sub examine le corresponde determinar si los actos administrativos acusados
vulneraron los artículos 2 y 365 de la Constitución Política y fueron falsamente
motivados al aplicar la figura de la inconstitucionalidad sobreviniente y determinar
la pérdida de vigencia y no aplicación del parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 24
de 2 de mayo de 1977, aprobado mediante la Resolución 163 del mismo año.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Antecedentes internacionales
17. En el orden jurídico internacional se pueden mencionar como antecedentes la
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de la Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América25 y la Declaración de Principios para la
Gestión Sostenible de los Bosques, suscrita en la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) 26, realizada en Río de Janeiro
durante los días 3 al 14 de junio de 1992.
Norma constitucional
18. El artículo 63 de la Constitución, establece:
“[…] ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
Regulación legal y reglamentaria
25
Adoptada el 12 de octubre de 1940, en Washington, D.C. en la cual se indicó en su preámbulo la necesidad
de concertar una convención sobre la protección de la flora, la fauna, y las bellezas escénicas naturales de
los Estados de América. En esta Convención se definen, entre otros, los Parques Nacionales como “[…] Las
regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la
fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia
oficial. […]”; y sobre las Reservas Nacionales dispuso que son “[…] Las regiones establecidas para la
conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y
la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas. […]” y se
acuerda en relación con los parques y reservas nacionales: i) estudiar la posibilidad de su pronta creación,
dentro del territorio de los respectivos países; ii) que los límites de los parques nacionales no serán alterados
ni enajenada parte alguna de ellos sino por decisión de la autoridad legislativa competente; y las riquezas
existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales; iii) recomendar a los órganos legislativos
competentes de cada país, la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación
de la flora y fauna dentro de sus respectivos territorios y fuera de los mismos.
26
El Programa 21, aprobado el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Lucha contra la desforestación, (Capítulo 11 de la Sección II del Programa 21), “[…]
Los recursos forestales son indispensables tanto para el desarrollo como para la preservación del medio
ambiente mundial. Su utilización racional puede crear empleos, ayudar a mitigar la pobreza y ofrecer una
valiosa gama de productos. La mala ordenación de los bosques, que va desde la falta de medidas adecuadas
contra los incendios, la tala comercial insostenible y el exceso de pastoreo hasta los efectos perniciosos de
los contaminantes transportados por aire está vinculada a la degradación de los suelos y de las fuentes de
agua, la pérdida de la vida silvestre y de la diversidad biológica y la agravación del calentamiento del mundo.
[…]”. Fuente: https://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/a21_summary_spanish.pdf.
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19. La Ley 2 de 16 de diciembre de 195927, estableció siete (7) zonas de reserva
forestal con el carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés
General”, para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las
aguas y vida silvestre.
20. El artículo 13 de la Ley ibídem declaró Parques Nacionales Naturales aquellas
zonas que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura,
previo concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, delimitara y reservara de manera especial en las distintas
zonas del país y en sus distintos pisos térmicos, con el objeto de conservar la flora
y fauna nacionales. En virtud de la finalidad indicada, previó como prohibida la
adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad
industrial, ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o a aquellas que el
Gobierno Nacional considere convenientes para la conservación o
embellecimiento de la zona.
21. El artículo 14 de la ley supra declaró de utilidad pública las zonas establecidas
como Parques Nacionales Naturales, confiriendo al Gobierno la facultad de
expropiar las tierras o mejoras de particulares que en ellas existieran.
22. El artículo 327 del Decreto - Ley 2811 de 18 de diciembre de 197428 señala
que se denomina sistema de parques Nacionales, “[…] el conjunto de áreas con
valores excepcionales para el patrimonio Nacional que, en beneficio de los
habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o
históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que
adelante se enumeran. […]”.
23. El artículo 329 ibidem establece los tipos de áreas que conforman este
sistema:
“[…] a.- Parque Nacional: Área de extensión que permita su autoregulación
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente
por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de
animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales
“[…] Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables. […]”.
27
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
28
Ambiente […]”.
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tiene valor científico, educativo, estético y recreativo Nacional y para su
perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo;
b.- Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna
y gea, y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas
naturales;
c.- Área Natural única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora o
gea es escenario natural raro;
d.- Santuario de flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades
vegetales para conservar recursos genéticos de la flora Nacional;
e.- Santuario de Fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades de
animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna Nacional;
f.- Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas
singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y
esparcimiento. […]”.
24. El artículo 331 idem menciona las actividades permitidas en los parques
nacionales que son las de conservación, de recuperación y control, investigación,
educación, recreación y de cultura, las cuales deberán realizarse de conformidad
con las definiciones del artículo 332 ibidem29.
25. En relación con las prohibiciones previstas en las áreas que integran el sistema
de parques Nacionales, el artículo 336 del decreto supra, determina que en dichas
áreas se prohíbe:
“[…] a. La introducción y transplante de especies animales o vegetales exóticas;
b. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas,
o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos;
c. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de
explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada;
d. Las demás establecidas por la ley o el reglamento. […]”. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).
29
“[…] a. De conservación: Son las actividades que contribuyen al mantenimiento de su estado propio los
recursos naturales renovables y al de las bellezas panorámicas y fomentan el equilibrio biológico de los
ecosistemas; b. De investigación: Son las actividades que conducen al conocimiento de ecosistemas y de
aspectos arqueológicos y culturales, para aplicarlo al manejo y uso de los valores naturales e históricos del
país; c. De educación: Son las actividades permitidas para enseñar lo relativo al manejo, utilización y
conservación de valores existentes y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas naturales e
históricas del país y de la necesidad de conservarlas; d. De recreación: Son las actividades de esparcimiento
permitidas a los visitantes de áreas del sistema de parques Nacionales; e. De cultura: Son las actividades
tendientes a promover el conocimiento de valores propios de una región, y f. De recuperación y control:
Son las actividades, estudios e investigaciones, para la restauración total o parcial de un ecosistema o para
acumulación de elementos o materias que lo condicionan. […]”.
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26. El artículo 2º del Decreto 622 de 16 de marzo de 197730, prevé que para
efectos de este reglamento el conjunto de áreas que se relacionan y definen en el
artículo 329 del Decreto - Ley 2811 de 1974, se denominará “Sistema de Parques
Nacionales Naturales”.
27. Visto el artículo 30 del Decreto 622 de 1977, las siguientes conductas están
prohibidas en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las cuales pueden
generar la alteración del ambiente natural de las áreas que lo componen:
“[…] 1. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias
tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en
ellos.
2. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de
explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada.
3. Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras,
mineras y petroleras.
4. Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías.
5. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales
se autoriza el uso de hornillas o de barbacoas, para preparación de comidas al
aire libre.
6. Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice el
Inderena por razones de orden técnico o científico.
7. Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores constitutivos
del área.
8. Toda actividad que el Inderena determine que pueda ser causa de
modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las
distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
9. Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con fines científicos.
10. Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos
debidamente autorizada por el Inderena, la pesca deportiva y la de subsistencia
en las zonas donde por sus condiciones naturales y sociales el Inderena permita
esta clase de actividad, siempre y cuando la actividad autorizada no atente contra
la estabilidad ecológica de los sectores en que se permita.
11. Recolectar cualquier producto de flora, excepto cuando el Inderena lo autorice
para investigaciones y estudios especiales.
30
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título II, parte Xlll, libro II del Decreto- Ley número
2811 de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2a de 1959. […]”.
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12. Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o
propágulos de cualquier especie.
13. Llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécnicos o portar sustancias
inflamables no expresamente autorizadas y sustancias explosivas.
14. Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados
para ello o incinerarlos.
15. Producir ruidos o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturben el
ambiente natural o incomoden a los visitantes.
16. Alterar, modificar, o remover señales, avisos, vallas y mojones. […]”.
28. El artículo 5 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199331, entre las funciones
asignadas al Ministerio del Medio Ambiente, en su numeral 19), consagró la de
administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales,
velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la nación,
así como por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica.
29. El Decreto 2372 de 1 de julio de 201032, mediante el cual se reglamentó el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas33, las categorías de manejo que lo
conforman y los procedimientos generales relacionados con éste, dispuso que: i)
entre las categorías de áreas protegidas que conforman el Sinap, en las públicas
están las del Sistema de Parques Nacionales Naturales (artículo 10); ii) el Sistema
de Parques Nacionales Naturales forma parte del Sinap, está integrado por los
tipos de áreas enunciados en el artículo 329 del Decreto-ley 2811 de 1974, su
reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas del sistema indicado
corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
acciones necesarias para su administración y manejo competen a la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (artículo
11); y, iii) la reglamentación de las categorías que forman parte del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, corresponde a lo definido por el Decreto 622 de
1977 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue (parágrafo artículo 11).
31
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. […]”.
32
“[…] Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el
Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo
que lo conforman y se dictan otras disposiciones. […]”.
33
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Sinap es el conjunto de las áreas protegidas, los actores
sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como
un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. (artículo 3).
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30. El artículo 27 del decreto anotado refiere a que todas las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales existentes se integran al Sinap de manera
automática a partir de la fecha de expedición de la citada norma.
Desarrollo jurisprudencial
31. La Corte Constitucional en la sentencia C-746 de 26 de septiembre de 201234
señaló que el primer ejercicio de caracterización sobre el Sistema de Parques
Nacionales se efectuó en la sentencia C-649 de 199735 “[…] a propósito de la
declaratoria de inexequibilidad de la norma que permitía la sustracción de áreas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales. […]”, y definió la naturaleza
constitucional de dicho sistema en los siguientes términos:
“[…] 2.2.7. Como se ha explicado la constitución de reservas tiene fundamento en
el sistema normativo del ambiente en la Constitución Política, pues ellas
constituyen mecanismos para el manejo, la protección, la preservación,
restauración y sustitución de los recursos naturales renovables. (…)
La protección que el art. 63 de la Constitución establece al determinar que
los bienes allí mencionados son inalienables, inembargables e
imprescriptibles, debe interpretarse, con respecto a los parques naturales,
en el sentido de que dichas limitaciones las estableció el Constituyente con
el propósito de que las áreas alindadas o delimitadas como parques, dada
su especial importancia ecológica (art. 79), se mantengan incólumes e
intangibles y, por lo tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y menos
aún por la administración, habilitada por éste.
El sistema ambiental que ha configurado la Constitución fue una respuesta del
Constituyente al preocupante y progresivo deterioro del ambiente y de los recursos
naturales renovables. (…) En tal virtud, entiende la Corte que la voluntad del
Constituyente fue que las áreas integradas al sistema de parques nacionales
se mantuvieran afectadas a las finalidades que le son propias; por
consiguiente, la calidad de inalienables de los parques naturales, reconocida
en el art. 63 debe entenderse, en armonía con los arts. 79 y 80, en el sentido
indicado antes, esto es, que las áreas o zonas que los integran no pueden
ser objeto de sustracción o cambio de destinación.” […]”. (Negrilla y subrayado
fuera del texto).
34
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
35 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-649 de 3 de diciembre de 1997; M.P. Antonio Barrera Carbonell
[…]”.
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32. En la Sentencia C-189 de 2006, la Corte definió el Sistema de Parques
Nacionales Naturales como un límite a los derechos individuales y sobre su
especial importancia ecológica, precisó:
“[…] En criterio de esta Corporación, es innegable que en virtud de lo previsto en
el artículo 79 de la Constitución Política, es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial
importancia ecológica, como lo son, los denominados Parques Nacionales
Naturales. Dentro de las atribuciones reconocidas para cumplir con dicha
obligación constitucional, se le confiere al legislador en el artículo 80 Superior, la
posibilidad de establecer medidas de protección dirigidas a velar por la
conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales, con el
propósito de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental que
puedan causar daño a los ecosistemas de especial importancia ecológica.
(…) […]”36. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
33. En la sentencia C-598 de 2010 que declaró inexequible la norma que permitía
la sustracción de áreas de los parques naturales regionales, en razón a que el
mandato del artículo 63 de la Carta Política que consagra el carácter inalienable
de los parques naturales, también incluía a los de carácter regional, sobre las
razones por las cuales prosperó el reproche de inconstitucionalidad, consideró lo
siguiente:
“[…] (…) El reproche de inconstitucionalidad prospera porque no existe una
diferencia entre la protección que se les debe conferir a los Parques Nacionales y
la que merecen los Parques Regionales y porque el artículo 63 de la
Constitución Política otorgó a la categoría de Parques Nacionales la
protección materializada en la indisponibilidad de dichos bienes como
inalienables, inembargables e imprescriptibles, sin contraer su ámbito de
aplicación a los nacionales con exclusión, por ejemplo, de los regionales. En
suma, la inconstitucionalidad que se declara se basa en la oposición que se
presenta entre la facultad de sustraer áreas de valores excepcionales en
materia ambiental y la realización de los fines sociales y ecológicos propios
del Estado Social de Derecho.” […]”37. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
34. La Corte en la sentencia C-746 de 2012, sobre el Sistema de Parques
Nacionales Naturales, concluyó que:
“[…] es un conjunto de áreas de diverso tipo: (i) que tiene un valor excepcional
y que se reserva en beneficio de los habitantes del territorio colombiano y de la
humanidad; […] (iv) que está protegido de forma especial por la Constitución en
los artículos 8, 63, 79 y 80 y por los tratados internacionales, en especial el
Convenio sobre la diversidad biológica aprobado en la Ley 165 de 1994 ; (v) que
36 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-746 de 26 de septiembre de 2012; M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez […]”.
37
Ibidem.
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se encuentra sometido a un régimen jurídico propio acorde con las finalidades
específicas de conservación y protección, y en el que las únicas actividades
permitidas son conservación, investigación, educación, recreación pasiva,
cultura, y recuperación y control (Decreto 2811/1974 art. 332 ); (vi) cuyos
componentes tienen el carácter de inembargables, imprescriptibles e
inalienables; (viii) que desde una perspectiva macro-ecológica es entendido como
un factor imprescindible del desarrollo sostenible, en tanto presta servicios
ambientales de primer orden, sirve para proteger la biodiversidad y para atenuar
los efectos del calentamiento global; […]”38. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
35. La Corte en la sentencia supra sobre el carácter excepcional e inalienable del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, expresó:
“[…] Igualmente, la Corte ha señalado que en razón del valor excepcional que
tienen las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales,
ellas constituyen espacios “de especial importancia ecológica”, lo que se
traduce en el deber específico de conservación en cabeza del Estado y de los
particulares, como bien se infiere del mandato previsto en el artículo 79 del Texto
Superior y de lo expuesto en la Sentencia C-189 de 2006, previamente
mencionada. Esta regla se reafirma en las Sentencias C-649 de 1997 y C-598 de
2010, relacionadas con la prohibición de sustracción de áreas del Sistema de
Parques Naturales, tanto nacionales como regionales. […]
[…] la Corte ha interpretado el mandato de inalienabilidad de los parques
naturales, en un sentido amplio y protector, según el cual, una vez se
designe una cierta área de terreno como parque nacional, e integre así el
Sistema de Parques Nacionales Naturales, la misma no puede ser sustraída
de su régimen jurídico protector. Esto bajo la idea de que los parques deben
mantenerse “incólumes e intangibles” como lo ha declarado en las Sentencias C-
694 de 1997 y C-598 de 2010.
[…]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
36. En cuanto al régimen jurídico especial que tiene la figura del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, para efectos de cumplir los mandatos
constitucionales, esta misma sentencia indicó que está compuesto por cinco (5)
elementos revestidos de una especial relevancia constitucional, y ellos son:
“[…] Primero, que el uso, manejo y destinación de dichas áreas está sujeto de
forma estricta a unas finalidades específicas de conservación, perpetuación en
estado natural de muestras, y protección de diferentes fenómenos naturales y
culturales, perfiladas en el artículo 328 del CRN39. Segundo, que en concordancia
38
Ibidem.
39
Dispone, el artículo 328 del Decreto 2811 de 1974: “Las finalidades principales del sistema de parques
nacionales son: a) Conservar con valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas,
culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo fundado en una planeación integral con
principios ecológicos, para que permanezcan sin deterioro; b) La de perpetuar en estado natural muestras de
comunidades bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies
silvestres amenazadas de extinción, y para: 1. Proveer puntos de referencia ambientales para investigaciones
científicas, estudios generales y educación ambiental. 2. Mantener la diversidad biológica. 3. Asegurar la
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con lo anterior, las actividades permitidas en el área de parques naturales son
exclusivamente: conservación, investigación, educación, recreación,
cultura, y recuperación y control, en los términos de los artículos 331 y 332
del CRN40. Tercero, que en dichas áreas están prohibidas conductas que
puedan traer como consecuencia la alternación del ambiente natural; en
especial están prohibidas las actividades mineras, industriales, incluso las
hoteleras, agrícolas y ganaderas41. Cuarto, que dichas áreas están clasificadas
según una cierta tipología (parque natural, área natural única, santuarios de flora
y de fauna, y vía parque) basada en el reconocimiento de su valor excepcional, y
en sus condiciones y características especiales, en los términos previstos en el
estabilidad ecológica, y c) La de proteger ejemplares de fenómenos naturales culturales, históricos y otros de
interés internacional, para contribuir a la preservación del patrimonio común de la humanidad.”
40
Disponen los artículos 331 y 332 del Decreto 2811 de 1974: “Artículo 331. Las actividades permitidas en
el sistema de parques nacionales son las siguientes: a) En los parques nacionales, las de conservación, de
recuperación y control, investigación, educación, recreación y de cultura; b) En las reservas naturales las de
conservación, investigación y educación; c) En las áreas naturales únicas las de conservación, investigación
y educación; d) En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de recuperación y control, de
investigación y educación, y e) En las vías parques las de conservación, educación, cultura y recreación”.
“Artículo 332. Las actividades permitidas en las áreas de sistemas de parques nacionales deberán realizarse
de acuerdo con las siguientes definiciones: a) De conservación: son las actividades que contribuyen al
mantenimiento en su estado propio los recursos naturales renovables y al de las bellezas panorámicas y
fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas; b) De investigación: son las actividades que conducen
al conocimiento del ecosistema y de aspectos arqueológicos y culturales, para aplicarlo al manejo y uso de
los valores naturales e históricos del país; c) De educación: son las actividades permitidas para enseñar lo
relativo al manejo, utilización y conservación de valores existentes y las dirigidas a promover el conocimiento
de las riquezas naturales e históricas del país y de la necesidad de conservarlas; d) De recreación: son las
actividades de esparcimiento permitidas a los visitantes de áreas del sistema de parques nacionales; e) De
cultura: son las actividades tendientes a promover el conocimiento de valores propios de una región, y f) De
recuperación y control: son las actividades, estudios e investigaciones, para la restauración total o parcial de
un ecosistema o para acumulación de elementos o materia que lo condicionan.”
41
Dispone el artículo 30 del Decreto 622 de 1977 “Prohíbense las siguientes conductas que pueden tener
como consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales. // 1. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o
contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos. // 2. La utilización de cualquier
producto químico de efectos residuales o explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra
autorizada.// 3. Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras o
petroleras.// 4. Talar. socavar, entresacar o efectuar rocerías. // 5. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los
sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso de hornillas o de barbacoas para la preparación de
comidas al aire libre. // 6. Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice el
INDERENA por razones de orden técnico o científico.// (…) 8. Toda actividad que el INDERENA determine
que pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.// 9. Ejercer cualquier acto de caza, salvo con fines
científicos. // 10. Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos debidamente autorizada
por el INDERENA, la pesca deportiva y la de subsistencia en las zonas donde por sus condiciones naturales
y sociales el INDERENA permita esta clase de actividades, siempre y cuando la actividad autorizada no
atente contra la estabilidad ecológica de los sectores en que se permita. // 11. Recolectar cualquier producto
de flora, excepto cuando el INDERENA lo autorice para investigaciones y estudios especiales. // 12.
Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o propágulos de cualquier especie. (…)”
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artículo 329 del CRN42. Y, por último, que dichas áreas están zonificadas para
efectos de su mejor administración43. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
Principio de desarrollo sostenible
37. La Sala considera importante abordar el principio de Desarrollo Sostenible,
habida consideración a que los argumentos expresados por la parte demandante
en los cargos, plantean una ponderación entre el desarrollo económico y la
protección de los recursos naturales y el ambiente.
Marco internacional
38. El principio de “Desarrollo Sostenible” fue formulado por la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, en el informe Brundtland44
elaborado en 1987, como aquel que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer
sus propias necesidades, constituyéndose como un principio esencial para el
desarrollo del mundo en un horizonte de largo plazo y que tiene como finalidad
42
Dispone el artículo 329 del Decreto 2811 de 1974: “El sistema de parques nacionales tendrá los siguientes
tipos de áreas: // Parque Nacional: Area de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos
ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde
las especies vegetales de animales complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene
valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen
adecuado de manejo; // Reserva natural: Area en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea,
y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales; // Area natural única:
Area que, por poseer condiciones especiales de flora o gea es escenario natural raro; // Santuario de flora:
Area dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar recursos genéticos de la flora
nacional; // Santuario de fauna: Area dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres,
para conservar recursos genéticos de la fauna nacional; // Vía parque: Faja de terreno con carretera, que posee
bellezas panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y
esparcimiento”.
43
Dispone el artículo 18 del Decreto 622 de 1977 “La zonificación de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales podrá comprender: // 1. EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES // a) Zona
intangible // b) Zona primitiva // c) Zona de recuperación natural // d) Zona histórico-cultural // e) Zona de
recreación general exterior // f ) Zona de alta densidad de uso // g) Zona amortiguadora // 2. EN LAS
RESERVAS NATURALES // a) Zona intangible // b) Zona primitiva // c) Zona de recuperación natural // d)
Zona histórico-cultural // e) Zona de recreación general exterior // f) Zona amortiguadora // 3. EN LAS
AREAS NATURALES UNICAS //a) Zona intangible // b) Zona primitiva // c) Zona de recuperación natural
// d) Zona histórico-cultural // e) Zona de recreación general exterior // f) Zona de alta densidad de uso //g)
Zona amortiguadora // 4. EN LOS SANTUARIOS DE FAUNA Y FLORA // a) Zona intangible // b) Zona
primitiva // c) Zona de recuperación natural // d) Zona histórico-cultural // e) Zona de recreación general
exterior // f) Zona de alta densidad de uso // g) Zona amortiguadora // 5. EN LAS VIAS PARQUE // a) Zona
intangible // b) Zona primitiva // c) Zona de recuperación natural // d) Zona histórico-cultural // e) Zona de
recreación general exterior // f ) Zona de alta densidad de uso // g) Zona amortiguadora.”
44
Titulado “Nuestro futuro común”.
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lograr de forma armónica el desarrollo económico, el desarrollo social y la
protección del medio ambiente.
39. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo45, se adoptó la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de 199246, que es el pilar fundamental sobre la cual se
erige el andamiaje jurídico del derecho internacional ambiental con importantes
efectos en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados y en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río + 20 de 2012 47, se
fijaron las acciones para la implementación del desarrollo sostenible y el inicio de
la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a partir de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
40. La Declaración del Milenio (13/09/00)48 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Resolución 55/2, consideró el respeto de la naturaleza como un
valor fundamental esencial para las relaciones internacionales en el siglo XXI y en
el año 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron
diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 49 como parte de la
agenda 203050 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se señaló que éstos
evidencian el alcance de la nueva agenda universal.51
Concepto de desarrollo sostenible dentro del contexto de la Constitución
45
Reunida en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
46
Se adoptaron las acciones concretas para obtener la materialización del desarrollo sostenible en todos los
niveles, desde el local hasta el internacional, a partir de la cooperación entre los Estados, los sectores claves
de la sociedad y las personas. Este instrumento internacional hace parte de la denominada Carta
Constitucional Internacional Ambiental.
47
Celebrada del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Definió los lineamientos para financiar y promover
el desarrollo sostenible.
48
Esta declaración reafirmó el apoyo a los principios del desarrollo sostenible, convenidos en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992).
49
Se retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio para alcanzar aquellos que no se lograron, teniendo el
carácter integrado e indivisible y se relacionan con los tres pilares del desarrollo sostenible: crecimiento
económico, integración social y protección ambiental.
50
Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
51
Estos instrumentos internacionales revisten importancia jurídica en la medida que representan el interés
universal por la protección del medio ambiente.
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41. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha calificado la Carta Política de
1991 como una Constitución Ecológica desde la sentencia T-411 de 199252 y al
respecto ha señalado que, “[…] Esta expresión no es una declaración retórica sin
contenido normativo específico. En primer lugar se refiere al conjunto de normas
específicas en las que el Constituyente plasmó mandatos de protección al
ambiente; en segundo término, a un eje transversal de la Carta y un valor implícito
en el sustrato axiológico del orden normativo y, por último, a un derecho
fundamental, a la vez colectivo y autónomo. […]”53.
42. Los artículos 7954 y 8055 de la Constitución delimitan el contorno esencial del
derecho al medio ambiente sano y como lo indica este último artículo, corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
43. La Corte Constitucional definió el desarrollo sostenible indicando que, “[…] “es
un proceso para mejorar las condiciones económicas, sociales y mantener los
recursos naturales y la diversidad, que debe propender por garantizar la
sostenibilidad social la cual pretende que el desarrollo eleve el control que la gente
tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad; y la
sostenibilidad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y
los valores de los pueblos afectados”56. […]”57.
44. Según lo sostenido por la Corte Constitucional respecto al principio de
desarrollo sostenible y el deber del Estado de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, “[…] (i) el concepto de desarrollo
sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que pretende
armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (ii) este principio
52
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
53 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-389 de 27 de julio de 2016; M.P. María Victoria Calle Correa […]”.
54
“[…] ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. […]”. (Negrilla y subrayado fuera
del texto).
55
“[…] ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
56
Sentencia T-384 de 2012. MP Jorge Ignacio Pretelt.
57 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-094 de 10 de marzo de 2015; M.P. Luís Ernesto Vargas Silva […]”.
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y el deber del Estado de planificar el manejo de los recursos naturales son
la expresión del principio de solidaridad intergeneracional que consiste en
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las
propias; […]; (iv) la libertad de la actividad económica que desarrollan los
particulares está limitada por la necesidad de preservar y conservar un
ambiente sano; […]”58. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
45. Esta Sección consideró sobre la Constitución Ecológica que, “[…] La
preservación, conservación y salvaguarda de los elementos naturales ha sido
reglada por 34 disposiciones constitucionales, armonizadoras de la relación
existente entre la sociedad y la naturaleza. A este compendio normativo, la
jurisprudencia constitucional le ha denominado la "Constitución Ecológica". De ahí
que la protección del medio ambiente comprende un fin esencial del régimen
constitucional colombiano. […]”59. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
Marco legal
46. El numeral 1. del artículo 1º de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199360
incorporó como vinculantes los principios de la Declaración de Río de Janeiro de
junio de 1992, al establecer que la política ambiental colombiana está sujeta, entre
otros principios generales ambientales, a que “[…] El proceso de desarrollo
económico y social del país se orientará según los principios universales y del
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. […]”.
47. El artículo 3º de la ibidem, define desarrollo sostenible como “[…] el que
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se
58
Ibidem.
59 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo
de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 17001-23-00-000-2011-00337-
01(AP). […]”.
60
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. […]”.
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sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. […]”.
48. El artículo 4º literal c) de la Ley 472 de 5 de agosto de 199861, preceptuó que
es un derecho colectivo “[…] La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración
del medio ambiente; […]”.
49. La Ley 1523 de 24 de abril de 201262, en su artículo 3º dispuso que “[…] El
desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las
necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y
ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y
ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de
desastres. […]”.
Desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado
50. La Sección Primera indicó que “[…] en sentencia de 13 de abril de 2000 (M.P.:
Olga Inés Navarrete Barrero.)63, advirtió que el criterio de desarrollo sostenible
responde a la unión entre el medio ambiente y el desarrollo, de manera que una
actividad que se ajusta a este criterio es aquella que busca el desarrollo con base
61
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
62
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. […]”.
63
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente: AP-031, Actor:
Fundación Biodiversidad, M.P.: Olga Inés Navarrete Barrero.
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en la sana utilización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades
actuales y futuras de la sociedad. […]”64.
51. En la misma providencia respecto de los elementos del concepto de desarrollo
sostenible, señaló:
“[…]cabe destacar que el doctrinante Manuel Rodríguez Becerra 65 ha expresado
que entre ellos se encuentran: i) la obligación de tener en cuenta las necesidades
de las generaciones tanto presentes como futuras; ii) la importancia de asegurar
que los recursos naturales no sean agotados sino conservados; iii) el principio de
satisfacer equitativamente las necesidades de toda la población; iv) la necesidad
de integrar los asuntos del medio ambiente y del desarrollo socioeconómico; v) la
correlación entre la nueva inversión y el mejoramiento ambiental; y vi) reconocer
que el desarrollo sostenible no implica que la preservación de todos los aspectos
del medio ambiente deba ser garantizada a cualquier costo, sino que todas las
decisiones de la sociedad deben ser tomadas considerando su impacto ambiental.
[…]”
52. Esta Corporación al referirse al principio de desarrollo sostenible, preciso que,
“[…] facilita el proceso de armonización de las tensiones existentes entre el uso y
la explotación de los recursos naturales; con la necesidad de conservar y proteger
el ambiente66. En efecto, el artículo 80 de la Carta Política consagra una
garantía estatal de racionalización de los recursos naturales, a través de la
cual se establecen pautas de preservación del ambiente al interior de la
estrategia de crecimiento económico que promueva el Estado. […]”67.
(Negrilla y subrayado fuera del texto).
53. Y concluyó que “[…] a nivel normativo y jurisprudencial, la protección del medio
ambiente es un tema transversal que tiene como gran garante al Estado, pero que,
sin duda, termina involucrando a todas las personas (naturales y jurídicas) que
habitan y coexisten en el ecosistema nacional y mundial. […]” 68.
64 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
febrero de 2015; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 85001-23-31-001-2012-00044-
00(AP). […]”.
65
Rodríguez Becerra Manuel, El desarrollo sostenible: ¿Utopía o realidad para Colombia?, La Política
Ambiental del fin de Siglo. Ministerio del Medio Ambiente, Colombia, 1994, pág. 21.
66 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia
de 17 de agosto de 2017, Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01(AP)
67
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo
de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 17001-23-00-000-2011-00337-
01(AP). […]”.
68
Ibidem.
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Desarrollo jurisprudencial de la derogatoria tácita por inconstitucionalidad
sobreviniente
54. Respecto de la figura de la derogatoria tácita por inconstitucionalidad
sobreviniente, el artículo 4 de la Constitución señala la supremacía normativa de
la Carta Política y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales; y el
artículo 9º de la Ley 153 de 188769 dispone que la Constitución es ley derogatoria
de la normativa preexistente y toda disposición anterior a la Constitución y que sea
manifiestamente contraria a su literalidad y espíritu, se considerara insubsistente.
55. Esta Sección70 se pronunció sobre esta derogatoria, indicando que: “[…] la
incompatibilidad sobreviniente, esto es, la contrariedad que se presenta con
posterioridad a la expedición del acto, entre éste y una norma constitucional o legal
que nace a la vida jurídica después de él, da lugar a su derogatoria, fenómeno
jurídico éste para el cual esta Jurisdicción no está facultada constitucional ni
legalmente para hacer dicha declaratoria, pues sólo puede disponer la de nulidad.
[…]”.
56. La Corte Constitucional en la sentencia C-155 de 10 de marzo de 199971,
expresó sobre la derogatoria tácita de normas preconstitucionales por
inconstitucionalidad sobreviniente, que: “[…] Así pues, en principio, las normas
jurídicas preconstitucionales mantienen su vigencia bajo la nueva Constitución,
salvo que resulten notoriamente contrarias a sus principios, circunstancia
que implica que ellas desaparezcan del universo jurídico. Cabe preguntarse
si este tipo de derogación es de los que la doctrina califica de “tácita o
sobreentendida”, a lo cual habrá de responderse que en efecto lo es. Por lo cual
la norma manifiestamente contraria a la Constitución debe entenderse
derogada, sin necesidad de pronunciamiento alguno sobre su retiro del
69
“[…] ARTÍCULO 9. La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda
disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se
desechará como insubsistente. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 10 y 16 de
febrero de 1995; C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; números de radicación 2943 y 2918, respectivamente.
71 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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ordenamiento, ni sobre su inconstitucionalidad. […]”. (Negrilla y subrayado
fuera del texto).
57. En la anterior providencia, la Corte anotó que la derogación tácita por
inconstitucionalidad sobreviniente es además un principio de interpretación legal
sustentado en el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, resaltando que la contradicción
debe ser una “[…] manifiesta incompatibilidad entre el contenido material o el
espíritu de la nueva norma superior y la antigua norma de menor rango. […]”.
58. En la sentencia C-681 de 6 de agosto de 200372, expuso sobre esta
derogatoria tácita, que: “[…] Es pertinente aclarar este concepto por cuanto de
acuerdo con la doctrina y con pronunciamientos anteriores de la Corte
Constitucional, la inconstitucionalidad sobreviniente tiene efectos de derogatoria
tácita de las normas que se cobijan con esta figura cuando se presenta este
fenómeno. En consecuencia de presentarse esta circunstancia, la norma
demandada parcialmente estaría derogada y por tanto, esta Corte estaría inhibida
de conocer por ausencia de materia. […]”, salvo que continúe produciendo efectos
jurídicos.
59. En sentencia C-775 de 29 de septiembre de 201073, la Corte al referirse a esta
derogatoria, manifestó que, “[…] Lo primero que se debe advertir, es que las
normas expedidas con anterioridad a la Constitución de 1991 no perdieron su
fuerza normativa por el sólo hecho de la promulgación de la nueva Carta. Sólo
aquellos preceptos manifiestamente contrarios a los valores y principios de
la Constitución podían entenderse derogados tácitamente por la entrada en
vigencia de la Constitución.74 […]”.
Análisis del caso concreto
60. La Sala considera pertinente precisar que los actos administrativos enjuiciados
fueron expedidos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Decreto
72
Conjuez Ponente: Ligia Galvis Ortiz.
73
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
74
Cfr. Sentencia C-155 de 10 de marzo de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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1220 de 21 de abril de 200575, el cual le exige al interesado la obligación de
solicitar pronunciamiento sobre si el proyecto, obra o actividad requiere de la
presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en los casos allí
previstos76, dentro de los cuales se encuentra el concerniente al proyecto “Río
Sinú”.
61. Como complemento del artículo 17 ibidem, el artículo 22 del decreto indicado
supra en el procedimiento que debe surtirse en los eventos que se requiere de
pronunciamiento sobre la exigibilidad o no de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, establece que el interesado en obtener licencia ambiental tiene el
deber de presentar petición escrita a la autoridad ambiental competente, en la que
solicita que se determine si el proyecto, obra o actividad requiere o no de la
elaboración y presentación de dicho diagnóstico.
62. De esta manera, en el curso del procedimiento para la obtención de la licencia
ambiental, inicialmente el interesado debe formular la petición escrita para que la
autoridad ambiental competente, decida si el proyecto, obra o actividad requiere o
no de este estudio ambiental.
63. Por tanto, si bien el Auto 3472 de 2008 es un acto administrativo que se expide
en respuesta a una petición sobre si se requiere o no de la elaboración y
presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, éste puso fin a la
actuación administrativa al “[…] Declarar que no se podrá elaborar Diagnóstico
Ambiental de Alternativas para el proyecto denominado “Río Sinú”, en la ubicación
declarada por la EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P.: […]” y “[…] Advertir
a la EMPRESA URRA S.A. E.S.P. - URRA S.A. E.S.P., sobre la inviabilidad jurídica del
proyecto en las condiciones por ella declarada, […]”, lo cual se determinó en su artículo
cuarto.
75
“[…] por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. […]”.
76
“[…] 1. Los proyectos, obras o actividades cuya competencia está atribuida al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Lo anterior salvo lo dispuesto por la Ley 685 de 2001 - Código de Minas.
[…]”. La competencia esta asignada en los numerales 3. y 9. del artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y en los
numerales 4. literal a) y 13. del artículo 8º del Decreto 1220 de 2005, modificado este último por el artículo 1º
del Decreto 500 de 20 de febrero de 2006.
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64. Efectuadas las anteriores acotaciones, la Sala procederá a valorar los cargos
propuestos por la parte demandante y los argumentos de defensa expuestos por
la parte demandada, como se detalla a continuación.
Primer cargo: Violación directa de las normas en que deberían fundarse
65. Para efectos de sustentar la vulneración de los artículos 2 y 365 de la
Constitución, la parte demandante aduce que en los actos administrativos
demandados no existe una interpretación armónica de las normas
constitucionales, sin enunciarlas, que desarrollan el carácter social del Estado con
aquellas referentes a la conservación del medio ambiente; además, no se intentó
lograr un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo y
bienestar de gran parte de la población que se beneficiaría del proyecto “Río Sinú”,
mencionando unas ventajas derivadas del mismo como el control de las
inundaciones, mayor seguridad en la zona, aporte adicional al sistema de
generación de energía eléctrica, y en general, beneficios para la comunidad
asentada en el territorio donde se ejecutaría dicho proyecto.
66. Al respecto, la Sala no comparte dichos planteamientos por las razones que
se exponen a continuación.
67. Los actos administrativos acusados deciden frente a la petición de la parte
actora de pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar y presentar Diagnóstico
Ambiental de Alternativas para el proyecto “Río Sinú”, localizado según la
descripción declarada por la demandante, cuya presa y embalse quedarían en
jurisdicción del Parque Nacional Natural Paramillo, reservado y alinderado
mediante el Acuerdo 24 de 1977, área que integra el Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
68. Si bien el Estado debe propender por la prosperidad general y garantizar la
prestación eficiente de los servicios públicos, existe dentro de la Constitución un
catálogo de normas que de manera imperiosa protegen el medio ambiente y en su
artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración.
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69. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el concepto de
desarrollo sostenible como un proceso para mejorar las condiciones económicas
y sociales de la población, generando oportunidades y situaciones que permitan
elevar la calidad de vida de la gente, respetando y manteniendo la identidad
cultural de la comunidad, pero también conservando y protegiendo los recursos
naturales y la diversidad, haciendo que el desarrollo sea compatible con la cultura,
valores y arraigos de los habitantes afectos al mismo.
70. La Corte también precisó que el principio de desarrollo sostenible y el
imperativo de planificación de los recursos naturales que se encuentra atribuido al
Estado por la norma Superior, conducen a que: i) esta noción de desarrollo
sostenible tiene como propósito armonizar el desarrollo económico y todos los
efectos colaterales que se producen en torno al mismo y la protección al medio
ambiente; ii) es una manifestación del principio de solidaridad intergeneracional,
según el cual se satisfacen las necesidades de las generaciones actuales pero sin
afectar los recursos requeridos por las generaciones futuras para satisfacer las
suyas; y, iii) la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares
se encuentra restringida por la necesidad de preservar y conservar un ambiente
sano.
71. Esta Sala considera que el principio de desarrollo sostenible facilita las
tensiones que pueden presentarse entre el uso y la explotación de los recursos
naturales con la necesidad de conservar y proteger el ambiente, y de esta forma,
el artículo 80 de la Constitución le impone al Estado la planificación y gestión de
los recursos naturales que aseguren el cumplimiento de dicho principio, lo que
significa una garantía de racionalización de los recursos naturales con la fijación
de unos lineamientos de protección y preservación del ambiente en armonía con
los planes y programas de desarrollo económico que promueva el Estado.
Además, señala que la ley y la jurisprudencia determinan que la protección del
medio ambiente es un asunto transversal, en el que, si bien el mayor garante y
responsable es el Estado, involucra y compromete a todas las personas tanto en
el ámbito nacional como internacional.
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72. Así las cosas, la Sala advierte que la petición presentada por la parte
demandante que conllevó a la expedición de los actos administrativos
demandados, pretendía el pronunciamiento de la parte demandada sobre la
necesidad de elaborar y presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para
el proyecto denominado “Río Sinú”, el cual estaría localizado en la jurisdicción del
Parque Nacional Natural Paramillo que forma parte del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y que goza de una especial protección constitucional.
73. En efecto, la Corte Constitucional en sus pronunciamientos sobre este sistema
ha indicado que: i) es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, como lo
son, los denominados Parques Nacionales Naturales (artículo 79 C.P.); ii) el
legislador puede regular medidas de protección para la conservación, restauración
o sustitución de los recursos naturales, con la finalidad de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental que puedan causar daño a los ecosistemas de
especial importancia ecológica (Artículo 80 C.P.); iii) tiene un valor excepcional y
que se reserva en beneficio de los habitantes del territorio colombiano y de la
humanidad; (iv) su protección especial constitucional se encuentra en los artículos
877, 6378, 7979 y 8080, tratados internacionales, en especial el Convenio sobre la
diversidad biológica aprobado en la Ley 165 de 9 de noviembre de 199481; (v) por
su régimen jurídico según las finalidades específicas de conservación y
protección, las únicas actividades permitidas son conservación, investigación,
educación, recreación pasiva, cultura, y recuperación y control; y, (vi) tienen el
carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables.
77
“[…] Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
[…]”.
78
“[…] Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
79
“[…] Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. […]”. (Negrilla y subrayado
fuera del texto).
80
“[…] El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas. […]”.
81
“[…] Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro
el 5 de junio de 1992. […]”.
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74. En ese orden de ideas, el Auto 3472 de 2008 en sus considerandos, al citar
textualmente el concepto técnico emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial (No. 2113 de 20 de noviembre de 2008), que se basó en el
concepto previo expedido por la Dirección General de Parques Nacionales
Naturales de Colombia (No. 4120-E1-102028 de 5 de septiembre de 2008), refiere
a los aspectos técnicos que sustentan una inviabilidad jurídica de adelantar
proyectos de infraestructura en las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, en razón a que, para el caso concreto, el parágrafo del artículo segundo
del Acuerdo 24 de 1977 que excluyó del régimen de Parque Nacional Natural
Paramillo, en particular de las prohibiciones establecidas en dicho artículo, las
áreas que vayan a ser inundadas por los embalses previstos para el desarrollo
eléctrico del Río Sinú, junto con las zonas de construcción que sean necesarias
para tal fin, disposición anterior a la Constitución de 1991, es manifiestamente
incompatible con el artículo 63 ibidem, cuyo alcance, significado e importancia, en
concordancia con otras disposiciones constitucionales, en relación con el Sistema
de Parques Nacionales Naturales, ha venido definiendo la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, cuyas sentencias han sido citadas y transcritos literalmente
algunos de sus textos en apartes anteriores de esta providencia.
75. Esta motivación permite observar que el acto acusado para fundamentar la
decisión expone normativa y jurisprudencialmente la especial condición y
características que la Constitución de 1991 le confirió a los parques naturales
nacionales y al sistema del cual forman parte, como áreas excepcionales para la
humanidad y de especial importancia ecológica frente a un requerimiento que
pretende que se defina si se requiere o no de un estudio ambiental (DAA), para
ejecutar un proyecto hidroeléctrico en zonas del Parque Nacional Natural
Paramillo, el cual se sustenta en una norma expedida con anterioridad a la
Constitución Política y que es abiertamente contraria a los nuevas previsiones
constitucionales expuestas en párrafos previos.
76. En lo relativo a las ventajas y beneficios que se lograrían con el proyecto “Río
Sinú” en criterio de la parte demandante, el acto enjuiciado también se pronuncia
señalando que: i) “[…] la inundación del embalse, generaría el fraccionamiento de
los ecosistemas allí presentes y por ende, una alteración de los componentes
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geomorfológicos, flora, fauna, socioeconómico y cultural, los cuales poseen valor
científico, educativo, estético y recreativo nacional, […]”; ii) “[…] Con el realce del
rebosadero, se mejora considerablemente el sistema para el control de
inundaciones, debido al aumento en la capacidad de amortiguar crecientes, ya que
aún presentándose la creciente para un período de retorno de cien años, esta es
retenida en su totalidad por los diques fusibles que se instalarán y se contará con
una alta probabilidad de que dicha creciente, sea descargada de manera gradual
en el tiempo […]” aspecto que, según el acto cuestionado, deja sin sustento el
proyecto para control de inundaciones, que es la principal ventaja que alega la
accionante; iii) “[…] Con el realce del rebosadero que llevará a cabo la Empresa,
se afectarán únicamente 340 Ha, de cobertura vegetal del área de protección del
embalse, las cuales se inundarán durante un mes en el año, mientras que con el
proyecto propuesto para control de inundaciones, se afectaría 53.300 Ha de
manera permanente. […]”; y en lo relativo a la generación de energía eléctrica,
“[…], tampoco tiene justificación el proyecto, pues la capacidad instalada sería de
350 MW, valor que a consideración de éste (sic) Ministerio, es muy bajo, teniendo
en cuenta la cantidad de hectáreas a inundar y la importancia de los impactos que
esto genera, máxime cuando el área donde se pretende desarrollar el proyecto,
corresponde al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. […]”.
77. Corolario de lo anterior, para la Sala los actos administrativos enjuiciados no
infringieron los artículos 2 y 365 constitucionales, en razón a que, frente al
equilibrio entre la conservación del ambiente y el desarrollo y bienestar social y
económico que se lograría con el proyecto “Río Sinú” y las ventajas y beneficios
que se lograrían con el mismo, éstos se ajustaron al ordenamiento jurídico como
a la jurisprudencia aplicable al caso, teniendo en cuenta que se pretendía ejecutar
el proyecto “Río Sinú” en la jurisdicción del Parque Nacional Natural Paramillo que
forma parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, área que
ostenta las características especiales y excepcionales indicadas en precedencia,
en contravía de los nuevos postulados fundamentales en materia ambiental, en
particular de los artículos 63, 79 y 80 de la Constitución, por lo que tanto la decisión
contenida en los mismos y su motivación se expidieron conforme a derecho.
78. Los actos administrativos acusados tienen la suficiente y adecuada
sustentación técnica y jurídica, que en cuanto a este cargo, permite concluir que
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no existe vulneración de los artículos 2 y 365 de la Constitución; por el contrario,
se acredita en su motivación los planteamientos normativos y jurisprudenciales de
salvaguarda y protección del medio ambiente, y de manera concreta de las áreas
que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales que tienen un especial
amparo constitucional, que impide la ejecución de proyectos como el del “Río Sinú”
en dichas áreas.
79. Por lo expuesto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
Segundo cargo: Falsa motivación
80. Esta Sección ha señalado sobre los supuestos para la configuración de la
causal de nulidad de falsa motivación y la forma como se debe acreditar, lo
siguiente:
“[…] tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho
o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los
supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por
error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado
a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los
motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión.
144. En ese sentido, esta Sección ha determinado que la validez del acto
administrativo depende, entre otros elementos, de que los motivos por los cuales
se expide sean ciertos, pertinentes y tengan el mérito suficiente para justificar la
decisión que mediante el mismo se haya tomado, valga decir, que corresponda a
los supuestos de hecho y de derecho jurídicamente necesarios para la toma de la
decisión de que se trate, y que se den en condiciones tales que conduzcan a
adoptar una y no otra determinación, por lo que se trata de un requisito material,
en cuanto depende de la correspondencia de lo que se aduzca en el acto
administrativo como motivo o causa del mismo, con la realidad jurídica y/o fáctica
del caso82.
145. La motivación constituye, entonces, uno de los elementos esenciales o
fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal punto que cuando se
pretermite, o cuando se demuestra que las razones que sustentan la decisión no
son reales, no existen o están distorsionadas se presenta un vicio que lo invalida.
146. Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el
acto administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal de falsa
motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es decir, la
inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que facultan su
82
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de
2019. Radicación 25000-23-24-000-2012-00509-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto administrativo no
corresponde a la realidad.
[…]”.83
81. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso sub examine, se ha presentado
o no la falsa motivación alegada, que consiste en que el acto administrativo
demandado se sustentó en una equivocada interpretación de la derogatoria tácita
por inconstitucionalidad sobreviniente, como consecuencia de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991, del parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 24
de 1977, cuando la regla general es la subsistencia de la normativa precedente a
la norma superior y que solo desaparece del ordenamiento jurídico cuando entre
ésta y la nueva Carta Política existe una manifiesta contradicción; y además, sin
tener competencia la accionada para pronunciarse sobre su derogatoria.
82. Para la Sala el parágrafo del artículo segundo del Acuerdo 24 de 1977, norma
preconstitucional, es manifiestamente contraria al artículo 63 de la Constitución, y
por tanto, debe entenderse derogada tácitamente, desapareció del mundo jurídico,
sin que requiera de pronunciamiento judicial alguno, lo cual se explica
seguidamente.
83. El Acuerdo 24 de 1977 en su artículo primero estableció que “[…] Con el objeto
de conservar la flora, la fauna, las bellezas escénicas naturales, complejos
geomorfológicos, manifestaciones históricas o culturales, con fines científicos,
educativos, recreativos o estéticos, delimitase y reservase un área de
CUATROCIENTAS SESENTA MIL (460.000) hectáreas de superficie aproximada,
que se denominará Parque Nacional Natural PARAMILLO, ubicado en […]”.
84. El parágrafo del artículo segundo del acuerdo anotado supra, determinó que
quedaban exentas del régimen de parque nacional natural y en particular de las
prohibiciones contenidas en dicho artículo, las áreas que serían inundadas por los
embalses previstos para el desarrollo hidroeléctrico del Río Sinú.
83
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 85001-23-31-000-
2009-00115-01 […]”.
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85. El Parque Nacional Natural Paramillo forma parte del Sistema de Parques
Nacionales Naturales acorde con los artículos 2º del Decreto 622 de 1977 y 329
del Decreto - Ley 2811 de 1974.
86. El artículo 63 de la Constitución prevé que, entre otros bienes, los parques
naturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Corte
Constitucional ha sostenido sobre este mandato que, “[…] debe interpretarse, con
respecto a los parques naturales, en el sentido de que dichas limitaciones las
estableció el Constituyente con el propósito de que las áreas alindadas o
delimitadas como parques, dada su especial importancia ecológica (art. 79),
se mantengan incólumes e intangibles y, por lo tanto, no puedan ser
alteradas por el legislador, y menos aún por la administración, habilitada por
éste.84 (Negrilla y subrayado fuera de texto).
87. En la misma providencia, la Corte al referirse al atributo de inalienabilidad que
tienen los parques naturales, sostuvo, “[…] En tal virtud, entiende la Corte que la
voluntad del Constituyente fue que las áreas integradas al sistema de parques
nacionales se mantuvieran afectadas a las finalidades que le son propias; por
consiguiente, la calidad de inalienables de los parques naturales, reconocida
en el art. 63 debe entenderse, en armonía con los arts. 79 y 80, en el sentido
indicado antes, esto es, que las áreas o zonas que los integran no pueden
ser objeto de sustracción o cambio de destinación.” […]”. una vez se designe
una cierta área de terreno como parque nacional, e integre así el Sistema de
Parques Nacionales Naturales, la misma no puede ser sustraída de su régimen
jurídico protector. Esto bajo la idea de que los parques deben mantenerse
“incólumes e intangibles” como lo ha declarado en las Sentencias C-694 de
1997 y C-598 de 2010. […]”85. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
88. En criterio de la Corte Constitucional el Sistema de Parques Nacionales
Naturales se encuentra afecto a un régimen jurídico especial, que es la forma de
garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales de los artículos 63,
79 y 80 de la Constitución, que permiten un sistema de protección especial, y que
84 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-746 de 26 de septiembre de 2012; M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez […]”.
85 Ibidem.
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está integrado por cinco (5) elementos de relevancia constitucional de los cuales
se destacan los siguientes: “[…] las actividades permitidas en el área de
parques naturales son exclusivamente: conservación, investigación,
educación, recreación, cultura, y recuperación y control, en los términos de
los artículos 331 y 332 del CRN. Tercero, que en dichas áreas están prohibidas
conductas que puedan traer como consecuencia la alternación del ambiente
natural; en especial están prohibidas las actividades mineras, industriales, incluso
las hoteleras, agrícolas y ganaderas. […]”.86
89. Así las cosas, el parágrafo del artículo segundo del Acuerdo 24 de 1977,
disposición preconstitucional, mediante el cual se sustrae del régimen de parque
nacional natural, y en particular de las prohibiciones indicadas en el artículo citado
supra, las áreas del Parque Nacional Natural Paramillo que vayan a ser inundadas
por los embalses para el desarrollo hidroeléctrico del Río Sinú, cambiando a su
vez su destinación, es manifiestamente contrario al nuevo imperativo
constitucional de los parques naturales, previsto en el artículos 63 de la Carta
Política de 1991, en armonía con los artículos 79 y 80 ibidem, el cual ha sido
expuesto en los considerandos precedentes; por consiguiente, el parágrafo del
artículo segundo del Acuerdo 24 de 1977 quedó derogado tácitamente87.
90. En tal medida, no se logró acreditar la configuración de la causal de falsa
motivación alegada, debido a que la fundamentación de la derogatoria tácita por
inconstitucionalidad sobreviniente del parágrafo del artículo segundo del Acuerdo
24 de 1977 de los actos enjuiciados, es cierta, correcta y verdadera.
91. Por lo expuesto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
92. Respecto de la razón de defensa que propone la parte demandada,
consistente en que los argumentos de la demanda no coinciden con los
formulados en el recurso de reposición contra el Auto 3472 de 2008, violando el
principio de discusión previa, el debido proceso y el derecho de defensa, la Sala
86
Ibidem.
87
Ley 153 de 1887, “[…] artículo 9. La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación
preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a
su espíritu, se desechará como insubsistente. […]”.
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observa que, efectivamente, no existe identidad plena en los razonamientos
propuestos en el recurso de reposición y en la demanda del asunto bajo estudio,
pero ello no genera la vulneración invocada.
93. Esta Sección88 en reiterada jurisprudencia ha señalado que para cuestionar la
legalidad de los actos enjuiciados es posible plantear nuevos argumentos en la
demanda frente a los formulados en el agotamiento de la vía gubernativa; en tal
virtud, no se requiere que el demandante aduzca los mismos hechos o argumentos
en sede administrativa al interponer los recursos y los que se presentan ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.
Conclusión
94. La Sala considera que los actos acusados no vulneraron los artículos 2 y 365
de la Constitución, ni incurrieron en la causal de nulidad de falsa motivación
alegada por la parte demandante, razón por la cual procederá a denegar las
pretensiones de la demanda en la parte resolutiva de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
88
Sentencia de 5 de julio de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 08001-
23-31-000-2003-01881-01: “[…] En sustento de su posición, recordó que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha admitido reiteradamente que para desvirtuar la legalidad de la actuación censurada es posible
esbozar en la demanda nuevos argumentos con relación a los planteados en la vía gubernativa. […] Al
respecto estima la Sala que le asiste razón al a quo, considerado que esta Corporación ha sostenido de
manera reiterada que no es necesario que el demandante aduzca los mismos hechos o argumentos invocados
en sede administrativa para acudir legítimamente ante la jurisdicción, pues ello equivaldría a un
desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. […]”. Sentencia
de 6 de agosto de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 13001-23-31-000-
2008-00104-01: “[…] 34. Al respecto la Sala en reiterada jurisprudencia ha precisado que durante el
ejercicio de las acciones contenciosas administrativas ante la jurisdicción, pueden indicarse nuevos
argumentos y cargos que no se hayan indicado en la vía gubernativa, siempre y cuando busquen el mismo
fin de declaración de ilegalidad de los actos administrativos acusados. […]”.
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PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archivar el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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