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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00093-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00093-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 48 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001032400020100009300 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2010-00093-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación número: 11001032400020100009300
Demandante: Sodimac Colombia S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero Interesado: Cerámicas Industriales S.A.

Asunto: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad –
Reglas de Cotejo - Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Sodimac Colombia S.A.
contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de
las resoluciones núms.15439 de 31 de marzo de 2009, 25125 de 21 de mayo de 2009
y 38820 de 30 de julio de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones
de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda1

1 Cfr. Folios 58 a 77

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1. Sodimac Colombia S.A. 2, en adelante la parte demandante, presentó demanda
contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada,
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare
la nulidad de las resoluciones núms. 15439 de 31 de marzo de 2009, “Por la cual se
niega un registro” y 25125 de 21 de mayo de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso
de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 38820 de 30 de julio de
2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada conceder el registro como marca del signo mixto MEDITERRÁNEO, para
identificar productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló siguientes pretensiones 4:

“[…] 2.1. QUE SE DECLARE la nulidad de las Resoluciones Administrativas
No.15439 del 31 de marzo de 2009, No. 25125 del 21 de mayo de 2009 proferidas
por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio y No. 38820 del 30 de julio de 2009, proferida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industria, por medio de la cual fue
NEGADO el registro de la marca MEDITERRÁNEO (MIXTA), para distinguir
productos comprendidos en la clase 11 internacional. […]”.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 2.2. Que como consecuencia de la declaración anterior SE ORDENE a la
Superintendencia de Industria y Comercio la (sic) el registro de la marca
MEDITERRÁNEO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 11
internacional.

2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 8.
3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por la cual se reforma el Código de lo Contencioso

Administrativo.”
4 Cfr. Folios 59 a 60.

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2.3 QUE SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera
en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.4. QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del
presente proceso. […]”

Presupuestos fácticos

5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

5.1. Solicitó el registro como marca del signo mixto MEDITERRÁNEO para distinguir
productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 579, sin
que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

5.3 La Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante la Resolución núm. 15439 de 31 de marzo de 2009, negó el registro como
marca del signo mixto MEDITERRÁNEO, al considerarlo similarmente confundible con
la marca nominativa BRIGGS MEDITERRÁNEO, que distingue productos de la Clase
11 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Cerámicas Industriales S.A.,
en adelante, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

5.4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución
núm. 15439 de 31 de marzo de 2009.

5.5. La Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante la Resolución No. 25125 de 21 de mayo de 2009, resolvió el recurso de
reposición interpuesto y, en ese sentido, confirmó la Resolución núm. 15439 de 31 de
marzo de 2009, y concedió el recurso de apelación.
.
5.6 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución
núm. 38820 de 30 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 15439 de 31 de marzo de 2009

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Normas violadas y concepto de violación5

6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

6.1 El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina6; los artículos 83 y 209 de la Constitución Política;
el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo; y los artículos 1 y 3 de la Ley 489
de 1998.

Concepto de la violación

7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

7.1. La parte demandada aplicó indebidamente el literal a) del articulo 136 de la
Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo que solicito a registro como marca cumplió
con todos los requisitos para ser registrado como marca al no ser similarmente
confundible con una marca previamente registrada.

Violación del principio constitucional de buena fe como fundamento del principio
de confianza legítima

7.1. La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó los artículos
los artículos 83 y 209 de la Constitución Política; el artículo 3 del Código Contencioso
Administrativo; y los artículos 1 y 3 de la Ley 489 de 1998, comoquiera que se contradijo
frente a situaciones jurídicas consolidadas, y sobre las cuales debería tener un criterio
unificado, para que los administrados encuentren una garantía de protección de sus
derechos basados en el principio de la buena fe. Lo anteior, toda vez que expidió dos

5 Cfr. Folios 63 a 75

6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

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pronunciamientos abiertamente distintos y que afectan a la misma persona, al resolver
situaciones jurídicas similares que se han decidido en los mismos términos.

7.2 Desconoció el principio de la confianza legítima y la seguridad jurídica, pues, a su
juicio, al tener los derechos sobre la marca MEDITERÁNEO, registrada en otras clases,
desprotegió sus derechos, al declarar infundada la oposición que presentó contra el
registro marcario BRIGGS MEDITERRÁNEO, en su oportunidad.

7.3 Existía confianza legítima sobre el criterio de la parte demandada, cuando
determino la ausencia de riesgo de confusión de sus marcas MEDITERRANEO
registradas en las clases 19 y 27 de la Clasificación Internacional de Niza y BRIGGS
MEDITERRÁNEO del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para luego
vulnerarlo, al negar el registro del signo MEDITERRÁNEO en la Clase 11 de la
Clasificación Internacional de Niza.

7.4 Explicó que la parte demandada, en los actos acusados, expuso que los signos
BRIGGS MEDITERRÁNEO y MEDITERRÁNEÓ eran confundibles fonética, visual y
ortográficamente, por lo que negaron su solicitud de registro marcario.

Contestación de la demanda

Parte demandada

8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

8.1 Los actos acusados están debidamente motivados y ajustados a lo previsto en la
normativa marcaria y, por lo tanto, no son nulos.

7 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 169.
8 Cfr. Folios 158 a 168.

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8.2. Entre el signo y la marca cotejados predomina el aspecto nominativo, y que, desde
una perspectiva fonética, gráfica y conceptual, se concluye la existencia de similitudes
entre ellos, lo que genera riesgo de confusión.

8.3. El signo solicitado reproduce la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO, presentándose
identidad entre los mismos y no una simple semejanza

8.4. Los productos con signo solicitado y marca registrada son de la misma clase y
presentan conexión competitiva, por lo que existe confusión, ya que son para el mismo
tipo de consumidor y presentan los mismos canales de comercialización.

8.5. En cuanto a las referencias de la parte demandante a las decisiones tomadas en
otras actuaciones administrativas, cada caso es independiente y se analizaron
circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga un determinado
pronunciamiento.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

9. Cerámicas Industriales S.A., tercero con interés en las resultas del proceso, guardó
silencio en esta oportunidad procesal9.

Interpretación prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de mayo de 201410, suspendió el
proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación
prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y este profirió la interpretación
prejudicial 238-IP-2015 de 15 de septiembre de 201611, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:

“[…]La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los
Artículos 83 y 209 de la Constitución Nacional, 136 Literal a) de la Decisión 486 de
la Comunidad Andina, 3 del Código Contencioso Administrativo, 1 y 3 de la Ley 489
de 1998. Se interpretará solamente el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de
9 Cfr. Folios 174 a 175
10 Cfr. Folios 180 a 181.

11 Cfr. Folios 189 a 202

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la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinente. El resto de normas cuya
interpretación se pide no forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina por lo que no procede lo solicitado de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en concordancia con lo establecido en el Artículo 121 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y demás normas conexas. […]”

11. En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por la
jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Traslado para alegatos de conclusión

12. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 6 de junio de 201812, ordenó a las
partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió
traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

13. La parte demandante13 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la
demanda.

14. La parte demandada14 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la
demanda.

15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta
oportunidad procesal 15.

Concepto del Ministerio Público

16. El Ministerio Público16 guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Reanudación del trámite procesal

12 Cfr. Folio 204
13 Cfr. Folios 207 a 211
14 Cfr. Folios 212 a 213
15 Cfr. Folio 218
16 Ibidem

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17. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 20 de noviembre de 202017, reanudó
el trámite procesal.

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia; ii) los actos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria
andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco normativo de la interpretación
prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) la Interpretación
Prejudicial 238-IP-2015 de 15 de septiembre de 2016; vi) el marco normativo sobre el
riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y vii) el análisis
del caso concreto.

Competencia

19. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo18, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del
artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre el régimen de transición y
vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir
el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

21. Los actos acusados son los siguientes:

17 Cfr. 219 a 222
18 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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21.1. La Resolución núm. 15439 de 31 de marzo de 200921, mediante la cual la Jefe de
la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó
el registro como marca del signo mixto MEDITERRANEO, para identificar productos de
la Clase 11 de Clasificación Internacional de Niza.

21.2 La Resolución núm. 25125 de 21 de mayo de 200922, mediante la cual la Jefe de
la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió
el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución núm.
15439 de 31 de marzo de 2009.

21.3 La Resolución núm. 38820 de 30 de julio de 200923, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 15439 de 31 de marzo de 2009.

El problema jurídico

22. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de
esta, y la Interpretación Prejudicial, determinar:

22.1 Si las resoluciones núms. 15439 de 31 de marzo de 2009, “Por la cual se niega un
registro” y 25125 de 21 de mayo de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de
reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 38820 de 30 de julio de
2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, vulneraron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000
de la Comunidad Andina; los artículos 83 y 209 de la Constitución Política; el artículo 3
del Código Contencioso Administrativo; y los artículos 1 y 3 de la Ley 489 de 1998; y,
en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos
acusados.

21 Cfr. Folios 9 a11.
22 Cfr. Folios 12 a 17
23 Cfr. Folios 18 a 23.

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22.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de
asociación entre el signo mixto MEDITERRANEÓ y la marca nominativa BRIGGS
MEDITERRANEO, que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación
Internacional de Niza, cuyo titular es Cerámicas Industriales S.A. tercero con interés
directo en el resultado del proceso;

22.3 Y, en segundo lugar, si la parte demandada, con la expedición de los actos
acusados, vulneró los principios de la buena fe, la confianza legítima y la seguridad
jurídica.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad
de los actos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha
producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional
de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la
cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente

24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

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resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de
200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina27

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina28 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de

25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27
estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros
sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la
Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario
adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior,
el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el
“Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de
diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo
119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994,
en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el
campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba
y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial
contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el
régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados
Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el
registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las
marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su
voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico
comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el
Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13
de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el
Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de
la interpretación prejudicial.

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la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los
Estados Miembros.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección
III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…]
corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan
de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,
directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la
sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de
dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá
decidir el proceso […]”.

30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible
de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará
directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido
y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante,
lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la
interpretación solicitada […]”.

32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 238-IP-2015 de 15 de septiembre de 201629

29 Cfr. Folios

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33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial
proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso:

“[…] 1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud
Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de
confusión y de asociación.

1.1. En el proceso interno se discute si el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca
denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO son confundibles,
por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad
prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: (..)

[…]

1.9. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente
en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen
integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en
el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados
respectivamente por el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa
previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO, sea que se trate de los mismos
productos o de productos vinculados competitivamente.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo
MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS
MEDITERRÁNEO, resulta necesario que al compararlos se proceda teniendo en
cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El
primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un
significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles
visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos,
etcétera.

[…]

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se verificará
la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con
el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que
pudiera existir entre el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa
previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO.

3. Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones.

3.1. Sodimac en su escrito de demanda ha argumentado que las resoluciones que
han sido emitidas evidencian que la administración se contradice frente a situaciones
jurídicas consolidadas y sobre las cuales debería tener un criterio unificado para que
los administrados encuentren una garantía de protección de sus derechos basado
en el principio de buena fe, mientras que por su parte la SIC, al contestar la
demanda, señala que cada caso es independiente en el cual se analizan
circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional
competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional

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de la administración y los actos administrativos demandados cumplen con la norma
supranacional y se ajustan a derecho, respectando el pronunciamiento establecido
en la vía gubernativa. Por lo cual resulta pertinente abordar el tema propuesto.

[…]

3.4. Por lo tanto, se deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el
Artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos
en la presente interpretación prejudicial.

4. Conexión competitiva

4.1. En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro
se ha solicitado MEDITERRÁNEO pretende distinguir productos de la Clase 11 de
la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue negada de oficio por la SIC
al considerar que era semejante fonética y ortográficamente con la marca BRIGGS
MEDITERRÁNEO (denominativa) para la Clase 11 de la Clasificación Internacional
de Niza inscrita a nombre de CERAMICAS INDUSTRIALES S. A., siendo además
que Sodimac en su demanda ha manifestado que "(...) Es titular de la marca
registrada MEDITERRÁNEO para distinguir productos de las Clases 19 y 27, con
vigencia hasta el 15 de mayo del 2015". En ese sentido, resulta necesario que se
realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión
competitiva entre productos de la misma Clase 11 que pretende distinguir el signo
solicitado y los productos de la misma clase sobre la base de la cual se denegó de
oficio la solicitud de registro de marca, y de las Clases 19 y 27 que conforme consta
en la demanda habría sido la base de la oposición presentada por la empresa
COLCERÁMICA S. A.

[…]

4.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de
conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados,
resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios
serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los
productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son
complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en
algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para
establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o
servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este
último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución
del propósito de establecer la conexión competitiva.”. […]”,

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de
irregistrabilidad

34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un
derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

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productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Análisis del caso concreto

35. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra y atendiendo a los
argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo
en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos
planteados supra.

36. El signo solicitado y la marca previamente registrada son como se muestran a
continuación:

Signo solicitado Marca previamente
registrada

BRIGGS MEDITERRANEO
Registro: 380549
(nominativa)31

30

Clase 11: “Ventiladores de pie, mesa Clase 11: “Aparatos de alumbrado,
y techo.” de calefacción, de producción de
vapor, de cocción, de refrigeración,
de secado, de ventilación, de
distribución de agua e instalaciones
sanitarias.”.

37. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación
como causal de irregistrabilidad.

30 Cfr. Folio 10
31 Cfr. Folio 10

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Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

38. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de
un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos
efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra
la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos
fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente
solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar
los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

39. Esta Sección32, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad
para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por
no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”33.

40. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el
segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a
dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente
al que realmente posee […]”34.

41. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la
posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relación o vinculación económica […]”35.

32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000.
33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013

de 25 de abril de 2013.
34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015

de 10 de junio de 2016
35 Ibidem.

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42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto
MEDITERRANEO que pretende identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación
Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en
consecuencia, si se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad o procede su
registro como marca.

43. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca, la Sala observará las reglas
para el cotejo, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

“[…]1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, cada uno debe analizarse
con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica,
figurativa y conceptual.

1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es,
se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis
simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo,
sino que lo hará en momentos diferentes.

1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,
pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de
asociación.

1.7.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto
comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es
percibido por el consumidor. […]”36.

44. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el
presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparadas puede presentarse
desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

“[…] 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado
se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para
luego determinar si esto es capaz de generar riesgo nesgo de d confusión (directa
o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoración que la similitud entre dos signos puede ser.

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras,
por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta
las particularidades de cada caso concreto.

36 Cfr. Folio 195

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1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en de vista
de punto conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en
cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los
signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que
evocan.

1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o
valor idéntico y/o semejante. […]”37.

45. Atendiendo a que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo
mixto y una marca nominativa, respecto del signo es necesario definir cuál elemento,
ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto.

46. En este sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento
nominativo es el que prevalece, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y
recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a
suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen
en el mercado para identificar el producto de que se trate. Además, en este caso, son
las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le
añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del
componente nominativo.

47. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación entre el signo mixto y la marca
nominativa previamente registrada, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 para el cotejo entre signos distintivos
mixtos, en los siguientes términos:

“[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o
las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que
esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la
base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista
léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra

37 Cfr. Folio 194 a 195
38 Interpretación Prejudicial 183-IP-2020 de 22 de abril de 2021.

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en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo,
deportistas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta
lo siguiente:

• Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en
conflicto.

• Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de
confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy
importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con
otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si
ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre
los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran
en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en
la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado […]”39.

48. La sala advierte que, revisada la página web de la parte demandada40, se encontró
que la expresión MEDITERRANEO no es de uso común para identificar productos de
la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

49. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos
previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en
el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo
entre el signo mixto MEDITERRÁNEO que fue solicitado por la parte demandante y la
marca nominativa BRIGGS MEDITERRÁNEO previamente registrada, aplicando cada

39 Visible en índice 32 del aplicativo SAMAI.
40 www.sipi.gov.co. en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de
entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de
2022).Consulta efectuada el 8 de abril de 2024.

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uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron
señalados en los apartados supra.

Primer supuesto: Identidad o semejanza

Comparación Ortográfica

50. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida
y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en
cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las
raíces o las terminaciones comunes entre el signo y la marca cotejadas.

51. La comparación ortográfica es como sigue:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

B R I G G S M E D I T E R R A N E O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SIGNO SOLICITADO

M E D I T E R R A N E O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

52. La Sala advierte que la marca nominativa previamente registrada BRIGGS
MEDITERRÁNEO está compuesta de dos palabras, donde la primera tiene una (1)
sílaba (BRIGGS41), una (1) vocal (I) y cinco (5) consonantes (B-R-G-G-S); mientras que
la segunda palabra, posee seis (6) sílabas (ME-DI-TE-RRA-NE-O), seis (6) vocales (E-
I-E-A-E-0) y seis (6) consonantes (M-D-T-R-R-N). Ahora bien, en cuanto a la
composición ortográfica del signo solicitado por la parte demandante, se tiene que
comparte la misma conformación que la segunda palabra de la marca previamente
registrada MEDITERRÁNEO.

41 Teniendo en cuenta que BRIGGS es una palabra proveniente del idioma inglés, no se puede descomponer en

silabas, pues en este idioma las silabas se separan de acuerdo a su pronunciación.

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53. Sobre este asunto, la Sala advierte sobre las similitudes, que pueden inducir a un
grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce en su totalidad
la expresión MEDITERRÁNEO contenida en la marca previamente registrada, en la
cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión.

54. Asimismo, la Sala advierte que, si bien es cierto que la marca previamente registrada
cuenta con la expresión adicional BRIGGS, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en
el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que
se reproduce por completo el signo solicitado, esto es, MEDITERRÁNEO, lo que
determina que el mencionado signo no sea suficientemente distintivo y diferente a la
marca previamente registrada.

55. De otro lado, la Sala considera que el signo cuyo registro como marca se negó, no
cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarlo de la marca
previamente registrada, pues como lo hemos mencionado está contiene la expresión
MEDITERRÁNEO, que reproduce la expresión que tiene la fuerza distintiva de la marca
previamente registrada.

Comparación Fonética

56. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca y el signo,
para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar
ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como
lo recomienda el Tribunal Andino:

BRIGGS MEDITERRÁNEO – MEDITERRÁNEO
BRIGGS MEDITERRÁNEO – MEDITERRÁNEO
BRIGGS MEDITERRÁNEO – MEDITERRÁNEO

57. Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos
cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión MEDITERRÁNEO la cual
es el elemento principal de la marca previamente registrada, sin que la expresión
adicional BRIGGS le otorgue una carga semántica particulizadora.

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Comparación Ideológica

58. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan
las marcas, de manera que la similitud se configura si evocan una idea semejante o
idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar
idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto,
cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se
estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”42, la Sala precisa, que tal
comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún
significado.

59. La Sala advierte que la expresión MEDITERRÁNEO, que hace parte tanto de la
marca registrada como del signo solicitado, de conformidad con lo mencionado en el
Diccionario de la Real Academia Española43, es un adjetivo que significa “[…]
Perteneciente o relativo al mar Mediterráneo, o a los territorios que baña […]”.

60. Asimismo, la expresión BRIGGS que hace parte de la marca previamente registrada
deben entenderse como de fantasía pues no tiene significado en el idioma castellano,
por lo que no es posible realizar un cotejo en este aspecto.

61. En suma, la Sala considera que, al existir semejanzas fonéticas y ortográficas,
comoquiera que el signo reproduce la marca previamente registrada, se cumple el
primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000,
cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas.

Segundo supuesto: conexidad competitiva

62. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala
recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho
de la identidad o la similitud entre el signo mixto y la marca nominativa, es necesario
que los productos que distinguen, respectivamente, sean los mismos o presenten una
conexión competitiva entre ellos.

42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 127-IP-2009.
43 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/colombiano. Consultado el 8 de abril de

2024.

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63. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos que el signo
y la marca enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer
la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por el signo
y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre estos.

64. Al efecto, la Sala, mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 2019 44, adoptó
los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y consideró:

“[…] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios
de conexión competitiva así:

“a) El grado de sustitución entre los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan
sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir
uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un
ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor
demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se
tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su
finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización,
etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva
del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio),
de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el
anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.”

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así,
el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede
presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de
dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de
complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con
el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo
empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado,
podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de febrero de 2019,

C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020150012200

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provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados
quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y
razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o
conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para
acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos
necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios
sustanciales antes referidos:

• La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la
Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante
para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios
objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados
distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías
disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional
de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este
criterio deberá complementarse con otros.

• Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los
medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o
función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión
competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o
género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los
productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva
entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas)
pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el
mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie
la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben
analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión
competitiva.

4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o
conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en
concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad
(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de
provenir del mismo empresario.”

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los
productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son
suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la
concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de
establecer dicha conexión […]”. (Destacado de la Sala).

65. La Sala precisa que en virtud de la regla de especialidad la protección que otorga el
registro de una marca recae específicamente sobre una clase de la Clasificación

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Internacional de Niza o sobre alguno de los productos o servicios incluidos dentro de
ella, delimitando de esta forma el amparo registral.

66. La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018 45, se refirió a la regla de la
especialidad en los siguientes términos:

“[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del
universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional
de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La
concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro,
limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los
productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca,
protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca
ha sido registrada.
De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas
en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”.
(Destacado fuera del texto)

67. En este sentido, para hacer el análisis del segundo criterio del literal a) del artículo
136 entre el signo solicitado y la marca registrada y determinar si existe conexidad
competitiva, es necesario partir del análisis de los productos que el signo solicitado
pretende identificar y de los productos que la marca registrada identifica, ambos en el
marco de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro de la clase específica.

68. En el caso sub examine, el signo mixto MEDITERRÁNEO fue solicitado por la parte
demandante para distinguir los siguientes productos de la Clase 11 de la Clasificación
Internacional de Niza: “Ventiladores de pie, mesa y techo.”.

69. Por su parte, la marca nominativa BRIGGS MEDITERRÁNEO previamente
registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica
productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza: “Aparatos de
alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de
secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.”.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700.

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70. Al respecto, la Sala, al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso, considera
que entre los productos amparados existe esa conexión, cuando pertenecen a la misma
clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a consumidores similares,
tienen finalidades equivalentes, complementarios y sustituibles entre sí, considerando
que amparan productos destinados a la ventilación.

71. Asimismo, la Sala considera que el consumidor de los productos puede asumir que
dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes
empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados
productos.

72. En este mismo sentido, se precisa que los productos identificados por los signos
distintivos cotejados comparten los mismos canales de comercialización y medios de
publicidad, pues se expenden en los mismos sitios y tienen similar destinación.

73. Así las cosas, se presenta una conexidad competitiva entre el signo solicitado y la
marca previamente registrada, que conlleva a un riesgo de confusión entre el público
consumidor.

74. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que
se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de
la Decisión 486 de 2000.

Vulneración de los principios de la buena fe, la confianza legítima y la seguridad
jurídica.

75. La parte demandante consideró que la parte demandada, con la expedición de los
actos acusados, vulneró los principios de la buena fe, la confianza legítima y la
seguridad jurídica, pues se contradijo frente a situaciones jurídicas consolidadas y
sobre las cuales debía tener un criterio unificado para que los administrados encuentren
protección a sus derechos.

76. De otro lado, la parte demandada consideró que cada caso es independiente, se
analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la Oficina

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Nacional Competente a emitir determinado pronunciamiento y que con ello se vea
afectado su poder discrecional.

77. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, en la Interpretación
Prejudicial allegada al presente proceso46, se indicó que el sistema de marcas adoptado
se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas
competentes de cada país miembro.

78. De conformidad con lo previsto en el Titulo II de la Decisión 486 de 2000, el examen
de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo,
respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por
su propia oficina.

79. En este sentido, en la Interpretación Judicial emitida dentro de este proceso, se
indicó47: “Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando
cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las
oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión,
independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.”.

80. En este aparte, es preciso indicar que el criterio de la Oficina Competente en otra
actuación administrativa no compromete ni obliga a la misma oficina a pronunciarse
siempre de idéntica manera, pues el aceptarlo sería desconocer su facultad de tomar
decisiones acordes a las normas aplicables y al caso concreto.

81. En este sentido, la Sala considera que la parte demandada, en el caso sub examine,
realizó un examen de registrabilidad integral, autónomo y de fondo para determinar si
el signo que se solicitó a registro era susceptible de registro como marca.

82. Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante indicó que la parte
demandada desconoció el principio de la confianza legítima y la seguridad jurídica,
comoquiera que es titular de la marca MEDITERÁNEO, registrada en otras clases
diferentes a la del signo solicitado en el caso sub examine, y, en consecuencia,

46 Cfr. Folio 198
47 Cfr. Folio 199

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desprotegió sus derechos, al declarar infundada la oposición que presentó contra el
registro marcario BRIGGS MEDITERRÁNEO.

83. Al respecto, la Sala considera que las resoluciones que concedieron la marca
BRIGGS MEDITERRÁNEO no corresponden a los actos administrativos demandados
en el caso sub examine, por lo que su legalidad no es materia de estudio en el proceso
de la referencia y, en consecuencia, el argumento presentado por la parte demandante,
respecto del cual el registro de unas marcas de su titularidad, desvirtúan la legalidad de
dichas resoluciones, las cuales concedieron el registro de una marca al tercero con
interés directo en el resultado del proceso, no es de recibo.

84. Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada, como oficina nacional
competente, cumplió debidamente con la obligación de efectuar el examen de
registrabilidad y, en ese sentido, no se evidencia una violación de los artículos 83 y 209
de la Constitución Política; el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo; y los
artículos 1 y 3 de la Ley 489 de 1998.

Conclusión de la Sala

85. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto MEDITERRÁNEO,
solicitado por el demandante para identificar productos de la Clase 11 de la
Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto,
comoquiera que se cumplen los requisitos previstos en la causal en mención, al
presentarse una identidad ortográfica, fonética e ideológica con la marca denominativa
BRIGGS MEDITERRÁNEO, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado
del proceso y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva
entre los productos que cada uno de las marcas identificarían en el mercado.

86. De otro lado, no se evidencia una violación a los principios de la buena fe, la
confianza legítima y la seguridad jurídica, con la expedición de los actos acusados.

87. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos
formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las

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resoluciones núms. 15439 de 31 de marzo de 2009, 25125 de 21 de mayo de 2009 y
38820 de 30 de julio de 2009, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de
la demanda.

Condena en costas

88. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 48, sobre
condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en
el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se
configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas
a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

48 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”

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CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a
que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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