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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00094-00

Fecha
1 de marzo de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00094-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. CUARTO: RECONOCER como apoderado judicial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO al abogado ÁLVARO JOSÉ RODRÍGUEZ IZA, identificado con la cédula de ciudadanía 1.113.646.229 y la tarjeta profesional 238.916, en los términos del poder que le fue conferido.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2010-00094-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

1 de marzo de 2018

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA – Alcance / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO – Alcance / ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA – No se vulneran los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica porque no existe una conducta precedente de la administración que haya generado expectativas serias y fundadas sobre el signo a registrar / ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA – Se estudian las particularidades de cada expediente. No es posible invocar casos similares para derivar derechos

La aplicación de los principios precitados [confianza legítima y seguridad jurídica] implica, entonces, la existencia de actuaciones o conductas precedentes de la administración que originan expectativas serias y fundadas que genera la convicción de estabilidad de esa situación y que se contrapone a una conducta posterior que resulta ser contradictoria con la adoptada anteriormente. […] De la cita de los actos administrativos emitidos dentro del Expediente 06 54843 es posible evidenciar que en las resoluciones 4.700 de 30 de enero de 2009 y 16.162 de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO consideró, en un primer momento, que entre las marcas «MEDITERRANEO» (Nominativas) […] [Y] «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa) […] no presentaban similitudes […] que pudieran generar confusión o de inducir a error al público consumidor, absteniéndose de pronunciarse, en consecuencia, sobre la posible relación que pudiera existir entre los productos y/o servicos que distinguen las marcas. […] [E]l Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […], al proferir la Resolución 23.131 de 11 de mayo de 2009, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 4.700, empleó una argumentación muy diferente para confirmar la resolución impugnada, consistente en que entre los productos que se pretendían identificar con las marcas enfrentadas no existía conexión competitiva, por lo que omitió realizar el análisis comparativo de la marcas, lo cual no es mencionado por el actor, y que implica, contrario a lo manifestado por este, que no exista una conducta precedente de la administración que haya generado expectativas serias y fundadas, que resulte contradictoria con los actos administrativos que se cuestionan en este proceso, dictados en el Expediente 07 19546. […] [E]sta Sala debe agregar que el análisis de registrabilidad de una marca es el resultado de las particularidades que presenta cada expediente, por lo que no es posible que invoquen casos similares o del mismo solicitante para derivar derecho alguno.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Secciones Primera y Tercera, de 7 de mayo de 2015, Radicación 25000-23-41-000-2013-00758-01, C.P. María Elizabeth García González y 31 de agosto de 2015, Radicación 25000-23-26-000-1999-00007-01 (22637), C.P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo MEDITERRANEO para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza / JUSTICIA ROGADA- Alcance / JUSTICIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Es rogada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

El actor sustentó su cargo en lo «[…] anteriormente expuesto […]», esto es, en la presunta violación de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica ante la presencia, a su juicio, de decisiones contradictorias de la administración en relación con las denominaciones «MEDITERRANEO» (Nominativa) y «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa), las cuales, como se indicó, no existen. En la medida en que el actor no realiza cuestionamientos adicionales en relación con los análisis de confundibilidad y de conexión competitiva de los productos que identifican las marcas confrontadas en este proceso, esta Sala se abstendrá de realizar dichos análisis. Lo contrario implicaría desbordar el marco fijado por la demanda, lo cual no le es permitido al Juez Contencioso Administrativo pues debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad e ilegalidad que le fueron propuestas en aquella. Esta Sección, a propósito de lo expuesto, ha destacado que la justicia contencioso administrativa es rogada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 2 de marzo de 2017, Radicación 08001-33-31-004-2011-00660-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y 12 de junio de 2014, Radicación 25000-23-24-000-2005-00434-01, C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00094-00

Actor: SODIMAC COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 24750 DE 2009, 37038 DE 2009 Y 40912 DE 2009 PROFERIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE LAS CUALES SE NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA «MEDITERRANEO», PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 11 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), presentó la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. en contra de las Resoluciones 24.750 de 19 de mayo de 2009, 37.038 de 24 de julio de 2009 y 40.912 de 19 de agosto de 2009, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la última proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante los cuales se negó el registro de la marca «MEDITERRANEO» (Nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda

I.1.1.- Las pretensiones

La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del CCA, que fuera interpretada como acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones:

«[…] 2. LO QUE SE DEMANDA: […] De conformidad con los hechos que más adelante se narran le solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes Declaraciones y Condenas:

2.1. QUE SE DECLARE la nulidad de las Resoluciones Administrativas No. 24750 del 19 de mayo de 2009, No. 37038 del 24 de julio de 2009 proferidas por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y No. 40912 del 19 de agosto de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria[l], por medio de la cual fue NEGADO el registro de la marca MEDITERRÁNEO, para distinguir productos comprendidos en la clase 11 internacional.

2.2. Que como consecuencia de la declaración anterior SE ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio la el (sic) registro de la marca MEDITERRÁNEO (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 11 internacional.

2.3. QUE SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.4. QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso […]»

I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda

I.1.2.1.- Consideraciones preliminares relativas al registro de la marca «BRIGGS MEDITERRÁNEO» (nominativa), Expediente 06 54843

I.1.2.1.1.- La parte actora, como consideraciones preliminares, señala que es titular de las marcas «MEDITERRÁNEO», Registros 127.988 y 127.989, para distinguir productos de las Clases 19 y 27 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

I.1.2.1.2.- Explica que la sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A. solicitó el registro de la marca «BRIGGS MEDITERRÁNEO» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.1.3.- La sociedad COLCERÁMICA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca precitada pues, en su concepto, ese signo era similar y, en consecuencia, confundible, con las marcas «MEDITERRÁNEO», Registros 127.988 y 127.989, para distinguir productos de las Clases 19 y 27 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.1.4.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de la Resolución 4.700 de 30 de enero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca «BRIGGS MEDITERRÁNEO» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. La autoridad administrativa argumentó lo siguiente:

«[…] “encuentra la administración que la expresión BRIGGS constituye el elemento distintivo de la marca objeto de la solicitud de registro dado que su otro componente, esto es el vocablo MEDITERRÁNEO es meramente accesorio… como se observa, las similitudes existentes no son suficientes para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas, permiten al consumidor identificar cada uno de ellos”. […]»

I.1.2.1.5.- La sociedad COLCERÁMICA S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, en contra del precitado acto administrativo.

I.1.2.1.6.- La autoridad administrativa, mediante la Resolución 16.162 de 31 de marzo de 2009, desató el recurso de reposición, confirmando la resolución impugnada, considerando que «[…] “los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes visuales, ortográficas ni fonéticas susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor […]». De igual forma, mediante la Resolución 23.131 de 11 de mayo de 2009, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, al resolver el recurso de apelación, confirmó nuevamente la Resolución 4.700 de 2009.

I.1.2.2.- Los hechos relatados por el actor, relacionados con la solicitud de registro de la marca «MEDITERRANEO» (Nominativa), Expediente 07 19.546

I.1.2.2.1.- La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca «MEDITERRANEO» (Nominativa) para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.2.2.- La División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la Resolución 24.750 de 19 de mayo de 2009, negó el registro de la marca solicitada, considerando que:

«[…] las similitudes fonéticas y ortográficas de los signos MEDITERRÁNEO Y BRIGGS MEDITERRÁNEO suponen un riesgo de confusión en cuanto: “el signo solicitado MEDITERRÁNEO reproduce en su totalidad uno de los elementos esenciales de la marca registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO… la variación realizada en el signo solicitado consistente en la supresión de la expresión BRIGGS, no le imprime distintividad al signo solicitado frente a la marca registrada” […]».

I.1.2.2.3.- La sociedad demandante considera importante mencionar que:

«[…] la marca utilizada por la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro de la solicitada por mi representada, para ese momento no estaba registrada, precisamente porque Sodimac se había opuesto a ella por ser similarmente confundible con su marca MEDITERRÁNEO ya registrada para la Clase 19. Como ya hemos relatado, cuando mi representada se opuso al registro de BRIGGS MEDITERRÁNEO la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que éstas no era[n] similarmente confundibles, sin embargo, sorpresivamente, considera que sí lo son, al momento de resolver la solicitud de mi representada, negándola definitivamente […]».

I.1.2.2.4.- La parte actora, en contra de la decisión precitada, presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. Adicionalmente, subraya que el 15 de mayo de 2009 radicó, ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO los formularios de traspaso de las marcas «MEDITERRÁNEO», correspondientes a los registros 127.989 y 127.889, a favor de SODIMAC COLOMBIA S.A.

I.1.2.2.5.- Los recursos interpuestos fueron resueltos por la autoridad administrativa mediante las Resoluciones 37.038 de 24 de julio de 2009 y 40.912 de 19 de agosto de 2009, confirmando la decisión impugnada. El actor destaca que en la Resolución 40.912 de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial estableció que:

«[…] “desde los puntos de vista fonético, ortográfico, y conceptual se observa que los signos confrontados MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión… la adición de la palabra común MEDITERRÁNEO genera en el consumidor” […]» (resaltado y subrayado fuera de texto).

I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación

I.1.3.1.- Las normas violadas

La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. acusó a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de trasgredir de los artículos 83 y 209 de la Constitución Nacional; 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 3° del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA); y 1° y 3° de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 y demás normas concordantes.

I.1.3.2.- El concepto de la violación

I.1.3.2.1.- La violación del principio constitucional de buena fe como fundamento del principio de confianza legítima

I.1.3.2.1.1.- El actor acude a la Sentencia T-475 de 1992, proferida por la Corte Constitucional, para indicar cómo se configura el principio de la buena fe y como se transgrede. Esa sentencia indica que:

«[…] La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad del Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares […]».

I.1.3.2.1.2.- Subraya, entonces, que el cambio abrupto y sin sentido de los actos administrativos restan seguridad jurídica, por cuanto:

«[…] en un término inferior a seis (6) meses la SIC profiere dos (2) pronunciamientos abiertamente distintos y que afectan en ambos casos a la misma persona, resolviendo situaciones jurídicas similares que han debido resolverse en los mismos términos [...]» (Subrayado y resaltado fuera de texto)

I.1.3.2.1.2.- Lo anterior evidencia, a juicio del actor, que la autoridad administrativa no ha obrado dentro de los postulados de este principio constitucional, puesto que.

«[…] Las Resoluciones que han sido proferidas evidencian que la administración se contradice frente a situaciones jurídicas consolidadas y sobre las cuales debería tener un criterio unificado para que los administrados encuentren una garantía en la protección de sus derechos. La SIC por lo tanto no debe proferir decisiones que sean abiertamente contradictorias y que recaigan sobre presupuestos fácticos similares como ocurrió en el presente caso […]».

I.1.3.2.2.- La violación del principio constitucional de la confianza legítima y la seguridad jurídica

I.1.3.2.2.1.- El actor inicialmente señala que la actuación de la administración debe sujetarse a claros postulados previstos en la Constitución y la Ley. Es así como hace referencia a los artículos 209 de la Carta Política, 1° y 3° de la Ley 489 y 3° del Código Contencioso Administrativo.

I.1.3.2.2.1.- Luego se refiere a la definición de confianza legítima elaborado por la Corte Constitucional y destaca que el objeto de protección de este principio recae sobre el conjunto de expectativas válidas que los particulares se habían hecho con sustento en acciones y omisiones del Estado que se han prolongado en el tiempo, bien se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración, o de regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas.

I.1.3.2.2.2.- Posteriormente analiza si en el presente asunto se violó el principio de confianza legítima, en la siguiente forma:

«[…] Por ello es necesario verificar la presencia de los cuatro elementos que determinan la existencia de la confianza legítima en la cadena de sucesos y pronunciamientos de la administración en las solicitudes de registro de la marca MEDITERRÁNEO y la oposición al registro de BRIGGS MEDITERRÁNEO presentadas por la sociedad COLCERÁMICA S.A., titular en ese momento de las marcas MEDITERRÁNEO en Clases 19 y 27.

I. Elementos de la confianza legítima […] El primer elemento, es la existencia de una relación jurídica. Para que este elemento se configura se exige que la relación jurídica existente involucre a la administración y a los particulares, y que adicionalmente “los sujetos administrativos se encuentren respecto a la producción del daño en una situación propia del Derecho Administrativo”.

Es claro que la relación establecida entre la Superintendencia de Industria y Comercio y COLCERÁMICA S.A. y SODIMAC COLOMBIA S.A. a través de las solicitudes de registro de la marca MEDITERRÁNEO nominativa y mixta en clase 11 Internacional, y la oposición presentada a la solicitud de registro de la marca BRIGGSS MEDITERRÁNEO, es una relación de naturaleza jurídica.

El segundo elemento, es la existencia de una palabra dada, la cual es la base sobre la cual se construye la confianza legítima. La palabra dada está determinada por la verificación de tres requisitos: 1. Que tenga existencia cierta en el ordenamiento jurídico; 2. Que no tenga una vigencia temporal; y 3. Que exista identidad entre los destinatarios de la palabra previa y la posteriormente emitida.

Es claro que el primer criterio se configura al observar la existencia cierta en el ordenamiento jurídico de las Resoluciones Nos. 4700, 16162, 23131, 24750, 37038, 40912, 15439, 25125 y 8820 expedidas por la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sobre estas resoluciones es posible afirmar que la presunción de legalidad de la cual gozan por ser actos administrativos, fundamenta la legitimidad de la confianza que en virtud de ellas se consolida.

Adicionalmente, no son actos administrativos con una vigencia temporal determinada (en cuanto resuelven una oposición y niegan el registro de dos marcas).

Y finalmente, en cuanto al tercer criterio, es claro el destinatario de todas estas resoluciones cronológicamente diferenciadas y en las que se evidencia un pronunciamiento anterior y uno posterior, es exactamente el mismo: las sociedades COLCERÁMICAS S.A. y SODIMAC S.A. pertenecientes al mismo grupo empresarial ORGANIZACIÓN CORONA.

El tercer elemento, es la confirmación de la palabra dada con actos posteriores armónicos y coherentes. Esto implica que el administrado puede confiar en condiciones razonables y objetivas de la voluntad de la administración de dar cumplimiento a lo prometido.

La primera de la serie de resoluciones arriba mencionadas, cual es la Resolución No. 4700, establece que “la expresión BRIGGS constituye el elemento distintivo de la marca objeto de la solicitud de registro dado que su otro componente, esto es el vocablo MEDITERRÁNEO es meramente accesorio… como se observa, las similitudes existentes no son suficientes para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas, permiten al consumidor identificar cada uno de ellos”.

En virtud de esta resolución, la oposición presentada por la sociedad COLCERÁMICA a la solicitud de registro de la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO en clase 11 con fundamento en la marca MEDITERRÁNEO registrada por mi representada en las clases 19 y 27, fue declarada infundada y la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO fue concedida. Ahora, dicho pronunciamiento en torno a la ausencia de riesgo de confusión entre MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO fue confirmado por las resoluciones 16162 y 23131. Así las cosas, es posible afirmar que la administración actuó en forma armónica y coherente dentro de esta línea de pronunciamientos, y que se encontraba en firme sobre el criterio emitido en la resolución 4700, consolidándose una confirmación de la palabra dada. En síntesis, la SIC consideró que las expresiones MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO NO SON CONFUNDIBLES, POR CUANTO LA EXPRESIÓN BRIGGS LE OTORGA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD.

El cuarto elemento, es la actuación diligente del interesado. Con fundamento en el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la oposición presentada por COLCERÁMICA, la sociedad SODIMAC COLOMBIA (tras efectuarse la cesión de derechos por parte de COLCERÁMICA sobre la marca registrada MEDITERRÁNEO en clases 19 y 27), presentó solicitudes de registro de la marca MEDITERRÁNEO nominativa y mixta en las clase 11 (sic) Internacional bajo el presupuesto de ausencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO y teniendo como base los derechos ya adquiridos sobre dicha expresión para productos relacionados (Clases 19 y 27).

Cual fue entonces la sorpresa, cuando la SIC, con un argumento completamente contradictorio al ya expuesto, decidió negar el registro solicitado con fundamento en un nuevo criterio de la división de Signos Distintivos sobre la confundibilidad de las marcas MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO; mi representada presentó de manera juiciosa y oportuna los recursos de reposición y apelación. Sin embargo, la SIC mantuvo esta nueva posición (con una diferencia de menos de 6 meses entre el primer y el segundo caso) y negó de forma definitiva la marca solicitada.

Con menos de 6 meses de diferencia, la SIC cambió por completo su posición y ahora, consideró que las marcas MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO SÍ SON SIMILARES […]».

I.1.3.2.2.3.- El actor resaltó que la autoridad administrativa desconoció su obligación de respetar sus propios actos. Para establecer dicha trasgresión, analizó si en el presente asunto se presentaban los tres (3) requisitos que ha elaborado la Corte Constitucional para el efecto, esto es, (1) una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz que tenga la facultad de producir efectos jurídicos; (2) que esa conducta sea el producto del ejercicio de un facultad o derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa; y (3) que haya identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan a ambas conductas. Dicho análisis se realizó en la siguiente forma:

«[…] La conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz que tiene la facultad de producir efectos jurídicos corresponde al conjunto de decisiones contenidas en las Resoluciones No. 4700, 16162 y 23131, las cuales uniformemente reconocieron la ausencia de confundibilidad entre los signos en conflicto y en esa medida encontraron infundada la oposición presentada por COLCERÁMICA, anterior titular de las marcas MEDITERRÁNEO en Clases 19 y 27. Esta conducta es producto del ejercicio de las facultades y competencias atribuidas por la ley a la Superintendencia de Industria [y] Comercio en materia de Propiedad Industrial, y adicionalmente, vincula a los mismos sujetos la División de Signos Distintivos y COLCERÁMICA S.A. y SODIMAC S.A. en ambas conductas, tanto en la decisión anterior (ausencia de riesgo de confusión) y en la decisión posterior (presencia de riesgo de confusión).

[…]

Con el propósito de evidenciar la contradicción entre el primero y el segundo criterio de la administración, presentamos los siguientes fragmentos de las resoluciones objeto de estudio:

Oposición presentada por COLCERÁMICA a la solicitud de registro de BRIGGS MEDITERRÁNEO:

Resolución No. 4700 del 30 de Enero de 2009: “encuentra la administración que la expresión BRIGGS constituye el elemento distintivo de la marca objeto de la solicitud de registro dado que su otro componente, esto es el vocablo MEDITERRÁNEO es meramente accesorio… como se observa, las similitudes existentes no son suficientes para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas, permiten al consumidor identificar cada uno de ellos” […] Resolución No. 16162 del 31 de Marzo de 2009: “los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes visuales, ortográficas ni fonéticas susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor”.

Solicitud de registro de la marca MEDITERRÁNEO (nominativa) en clase 11 Internacional: […] Resolución No. 24750 del 19 de Mayo de 2009: las similitudes fonéticas y ortográficas de los signos MEDITERRÁNEO Y BRIGGS MEDITERRÁNEO suponen un riesgo de confusión en cuanto: “el signo solicitado MEDITERRANEO reproduce en su totalidad uno de los elementos esenciales de la marca registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO … la variación realizada en el signo solicitado consistente en la supresión de la expresión BRIGGS, no le imprime distintividad al signo solicitado frente a la marca registrada”. […] Resolución 40912 del 19 de Agosto de 2009 “desde los puntos de vista fonético, ortográfico, y conceptual se observa que los signos confrontados MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión… la adición de la palabra BRIGGS no diluye las semejanzas antes anotadas, debido al impacto que la palabra común MEDITERRÁNEO genera en el consumidor”.

Es claro que si la Superintendencia de Industria y Comercio, hubiese mantenido la línea argumentativa sostenida en las resoluciones del caso de la oposición a BRIGGS MEDITERRÁNEO (vale la pena reiterar que el espacio de tiempo entre unas y otras resoluciones es de menos de 6 meses: recordemos que la resolución que en primera instancia declaró infundada la oposición y concedió a BRIGGS MEDITERRÁNEO fue expedida en enero de 2009 y la que en primera instancia negó la marca MEDITERRÁNEO a mi representada, fue en mayo de 2009), hubiese llegado claramente a una decisión completamente diferente.

Lo anterior, por cuanto si el primer requisito exigido por la normatividad para que se de el riesgo de confusión (similitud entre los signos en conflicto) no se cumple, la causal de irregistrabilidad no se cumple, y por lo tanto, no es ni siquiera necesario entrar a analizar la conexidad competitiva entre los productos protegidos. Esta no sólo es la disposición legal, sino que es la práctica aceptada en un sinfín de actuaciones administrativas y judiciales dentro de la región.

[…]

Resumiendo, la SIC entonces, con las resoluciones que concedieron la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO, estableció claramente que entre ésta y las marcas MEDITERRÁNEO no existía similitud capaz de generar confusión en el consumidor, por cuanto la expresión BRIGGS le daba suficiente distintividad. Posteriormente, sin importar que mi representada había sido incluso el opositor durante el trámite del registro de la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO por ser ya titular de las marcas MEDITERRÁNEO, la SIC decide que en esta ocasión, LAS MISMAS EXPRESIONES sí son confundibles fonética, visual y ortográficamente, y entonces, negó la nueva solicitud de mi representada […]».

I.1.3.2.2.- La ausencia de confusión – indebida aplicación del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

De los argumentos expuestos anteriormente, el actor colige que el signo distintivo que pretende registrar no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad y, por ello, puede ser registrado como marca.

I.2. La contestación de la demanda

I.2.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en la oportunidad procesal correspondiente, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y condenas solicitadas por la parte actora pues las mismas carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad.

I.2.2.- La autoridad administrativa destaca, en relación con la acusación consistente en haber violado el principio de buena fe y confianza legítima, que el análisis de registrabilidad de una marca es único e individual para cada caso particular y no resulta válido invocar casos similares o del mismo solicitante para fundar algún derecho, el cual se otorga para cada caso en concreto y bajo el análisis de registrabilidad que allí se realice.

I.2.3.- Luego abordó el examen de registrabilidad para insistir, citando para el efecto los criterios elaborados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para llevar a cabo dicho análisis, en que entre el signo solicitado («MEDITERRÁNEO») y la marca previamente registrada («BRIGGS MEDITERRÁNEO»), existían similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales que las hacen confundibles entre sí, por cuanto la expresión «MEDITERRÁNEO» reproduce en su totalidad uno de los elementos esenciales de la marca previamente registrada «BRIGGS MEDITERRÁNEO».

I.2.4.- Agregó que la supresión del término «BRIGGS» resulta ser insuficiente para que el signo cuyo registro se solicita sea distintivo, lo cual podría conducir a error a los consumidores, pues creerán que se trata de productos identificados previamente con la marca registrada y con un origen empresarial que no tienen.

I.2.5.- Teniendo en cuenta la existencia de similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales entre las marcas enfrentadas, pasó a analizar la posible conexión competitiva evidenciando que efectivamente se presentaba por cuanto:

«[…] entre los productos amparados por el signo solicitado BFRIGGS MEDITERRÁNEO (sic), clase 11 Internacional y los productos y/o servicios a amparar por la marca MEDITERRÁNEO para la clase 11 Internacional, se presenta a todas luces la conexidad competitiva toda vez que el signo solicitado MEDITERREANO (sic), pretende amparar “ventiladores de pie, mesa y techo, en tanto que la marca registrada ampara “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”, es decir productos de la clase 11, esto es que se trata de la misma clase […]».

I.3.- La intervención del tercero con interés en el resultado del proceso, CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A.

La sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A. fue notificada del auto admisorio de la demanda, proferido el 27 de abril de 2010 y se le hizo entrega de copia de la demanda y sus anexos, el día 24 de marzo de 2011.

Sin embargo, dicha sociedad no presentó escrito alguno y, en consecuencia, se tuvo por no contestada la demanda, en auto de 7 de junio de 2011.

I.4.- Los alegatos de conclusión y el concepto del agente del Ministerio Público

I.4.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se ratificó en los argumentos planteados con la contestación de la demanda y por los cuales se opone a las pretensiones de la demanda, pues considera que los actos administrativos enjuiciados se ajustan al ordenamiento jurídico.

I.4.2.- La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., a su turno, reiteró todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la demanda, por los cuales solicita acceder a las pretensiones de la demanda.

I.4.3.- El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.5.- La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 085-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

«[…] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

Debe ser de oficio.
Es integral.
Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.
Es autónomo. […]».

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1.- Los actos administrativos acusados

Lo son (1) la Resolución 24.750 de 19 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; (2) la Resolución 37.038 de 24 de julio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; y (3) la Resolución 40.912 de 19 de agosto de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se negó el registro de la marca nominativa «MEDITERRÁNEO», para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación:

La Resolución 24.750 de 19 de mayo de 2009

«[…] 3. El caso concreto […] Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se observa que la marca normativa BRIGSS MEDITERRÁNEO, para distinguir productos comprendidos en la clase 11 Internacional, fue concedida a nombre de la Sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A., se encuentra concedida mediante la resolución No. 4700 de 30 de enero de 2009, se encuentra vigente hasta el 30 de enero de 2019, y tramitada bajo el expediente No. 06.054843 (sic).

Como puede observarse, entre los signos MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO, existen similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí. En efecto, las similitudes se derivan de la comparación entre los segmentos a cotejarse, pues, el signo solicitado MEDITERRANEO, reproduce en su totalidad uno de los elementos esenciales de la marca registrada BRIGGS MEDITERRANEO.

MEDITERRÁNEO / BRIGGS MEDITERRÁNEO

La variación realizada en el signo solicitado, consistente en la supresión de la denominación BRIGGS, no le imprime distintividad al signo solicitado frente a la marca registrada. Al ser pronunciados los signos en conflicto se pueden apreciar sonidos muy similares, lo que podrían inducir al consumidor a error, al pensar que se trata de la marca previamente registrada, y a adquirir un producto por otro, convencido de que el producto tiene el mismo origen empresarial de la sociedad titular de la marca registrada.

Adicionalmente, dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna, la presencia del término MEDITERRÁNEO en los signos comparados, irremediablemente causaría en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son producidos o comercializados por una misma empresa.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende identificar: “ventiladores de pie, mesa y techo.”, y la marca registrada ampara: “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.”, productos comprendidos en la clase 11 internacional.

En este sentido, el signo solicitado distingue productos que se encuentran contenidos en los productos que ampara la marca registrada, motivo por el cual dichos productos tienen la misma naturaleza, finalidad, y, por ende, comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, por lo cual es evidente que hay una clara conexidad competencia.

En conclusión, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establece en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]».

La Resolución 37.038 de 24 de julio de 2009

«[…] En el presente caso al apreciar el riesgo de confusión, es necesario establecer una correlación entre el grado de similitud de los productos o servicios y el grado de similitud de los signos, para lo cual es pertinente dar aplicación a la teoría de la interdependencia, según la cual cuando los signos son idénticos o muy semejantes, los productos o servicios que distinguen, deben tener un mayor grado de diferenciación; y cuando los productos son idénticos o muy semejantes, mayor será la diferenciación exigible a los signos.

De esta forma, la teoría de la interdependencia tiene un efecto especial. Así cuando existiendo una similitud media entre productos o servicios, hay identidad o un alto grado de semejanza entre los signos (o viceversa), el riesgo de confusión al que se expone el consumidor es mayor.

[…]

En aplicación de la citada teoría y en consideración a las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios, debemos considerar que:

El signo solicitado, pretende distinguir: “Ventiladores de pie, mesa y techo.” Productos comprendidos en la clase 11 internacional.

Por su parte la marca adoptada como fundamento para la negociación distingue: “Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.” Productos comprendidos en la clase 11ª internacional.

De lo anterior bien puede colegirse, que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos que se incluyen dentro del género denominado Aparatos de ventilación, así tenemos que el consumidor medio por encontrarse frente a productos que utilizan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, puede ser inducido a error sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

La anterior nos permite concluir en aplicación de la teoría de la interdependencia esbozada anteriormente, que dada la cercanía entre los productos, la diferenciación exigible entre los signos enfrentados debe ser mayor, exigencia que no se cumple, máxime cuando la marca solicitada en registro reproduce parcialmente el signo previamente registrado, pues incluye la expresión MEDITERRÁNEO de la marca fundamento de la negociación sin la adición de elementos que aboguen a favor de la distintividad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada.

Sea pertinente manifestarle al recurrente que las decisiones previas tomadas por esta Superintendencia en torno al registro de la marca que hoy sirve como fundamento para la negación del signo solicitado en registro, se fundamentan principalmente en el principio de especialidad, y en la consecuente inexistencia de conexidad competitiva entre los productos que identificaban las marcas en cotejo, motivo por el cual la decisión aquí tomada no puede considerarse como contradictoria de las decisiones previas citadas por el recurrente […]»

La Resolución 40.912 de 19 de agosto de 2009

«[…] 2. El caso concreto […] En el caso sub-exámine (sic), compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro MEDITERRÁNEO, y la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO, con Certificado de Registro No. 380549, Clase 11ª internacional, actualmente vigente, y cuyo titular es la sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A.

[…]

Desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual se observa que los signos confrontados MEDITERRÁNEO Y BRIGGS MEDITERRÁNEO presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, la estructura gramatical del signo solicitado está compuesta exclusivamente por la segunda palabra que compone el signo solicitado está compuesta exclusivamente por la segunda palabra que compone el signo solicitado, mediterráneo, la cual se presenta como una estructura caprichosa frente a los productos que pretenden identificar los signos. Así, la adición de la palabra BRIGGS en el signo registrado no diluye las semejanzas antes anotadas, debido al impacto que la palabra común mediterráneo genera en el consumidor.

Se concluye entonces que los signos MEDITERRANEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar los signos en cotejo.

2.2. Relación de productos o servicios.

[…]

El signo solicitado a registro pretende distinguir: “ventiladores de pie, mesa y techo”, productos comprendidos en la clase 11ª internacional. Por su parte, la marca fundamento de la negación distingue “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, productos comprendidos en la clase 11ª internacional.

Así, se trata de los mismos productos de la Clase 11ª Internacional por lo cual la conexión competitiva es evidente.

En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Asimismo los Certificados de Registro Nos. 127988 y 127989, Clases 19ª y 27ª internacional, actualmente vigentes, y cuyo titular es la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., son registros independientes a la presente solicitud referida a la Clase 11ª, y no son una prerrogativa irrefutable para obtener el registro solicitado, más aún cuando el mismo sería susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado.

Se aclara además que esta Delegatura, al confirmar la Resolución N° 4700 de 30 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLCERÁMICA S.A. y concedió el registro como marca nominativa del signo BRIGGS MEDITERRÁNEO, solicitado por la sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 11ª de la Clasificación Internacional de Niza, actual fundamento de negación, lo hizo teniendo en cuenta que las marcas MEDITERRÁNEO, cimiento de la oposición presentada, se encuentran registradas en Clases 19ª y 27ª Internacional, y, de acuerdo al análisis efectuado por esta Oficina en la Resolución No. 23131 de 11 de Mayo de 2009 no existe conexión competitiva entre los productos que el signo pretendido y los signos registrados pretendían reivindicar, por lo cual se abstuvo de efectuar un análisis comparativo de los signos, pues según el principio de especialidad pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, siendo improcedente el argumento del recurrente en ese sentido, pues no es ese un caso análogo al presente […]».

II.2.- La normatividad aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, señaló que las normas aplicables a este asunto son los artículos 134 (literal a), 136 (literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo contenido es el siguiente:

«[…] “(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)” […]»

II.3.- Los signos confrontados

Los signos distintivos que deben ser objeto de análisis y confrontación son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO
LA MARCA REGISTRADA
«MEDITERRANEO» (Nominativa)
«BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa)
Certificado 380.549

II.4.- Análisis de los cargos formulados en contra de los actos administrativos demandadados

II.4.1.- La violación de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica

II.4.1.1.- Esta Sala analizará los cargos por violación de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica en forma conjunta, por cuanto el actor esgrime como causa de violación de aquellos principios, la misma situación fáctica.

II.4.1.2.- En efecto, la parte demandante señala que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en el trámite de la solicitud de registro de la marca «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa), Expediente 06 54843, señaló en los actos administrativos por los cuales concedió el registro de aquella marca, que los signos distintivos «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa), para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas registradas «MEDITERRANEO», certificado 127.988 para distinguir productos de las clases 7 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza y certificado 127.989 para distinguir productos de las clases 7 y 27 de la Clasificación Internacional de Niza, no eran confundibles, desechando la oposición que la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A., presentó en dicho trámite administrativo, con sustento en la citadas marcas.

II.4.1.3.- La parte demandante estima, entonces, que las decisiones cuestionadas en el presente proceso proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contradicen las adoptadas en los actos administrativos dictados en el Expediente 06 54843, en la medida en que en el trámite del expediente 07 0195546, en el que se solicita el registro de la marca «MEDITERRANEO» para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, la autoridad administrativa encuentra que entre la marca «MEDITERRANEO» (Nominativa), para identificar productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, y «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa), registrada en aquella oportunidad para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y que en el trámite administrativo que dio origen a los actos cuestionados en este proceso resulta ser la marca opositora, existe riesgo de confusión, así como conexión competitiva entre los productos que se pretenden distinguir con las marcas, por lo que incurrió en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

II.4.1.4.- A juicio de la parte demandante, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO viola los señalados principios, desconociendo sus propios actos, pues ha debido mantener en el trámite del Expediente 07 0195546, en el que se profirieron los actos acusados en este proceso, la misma posición jurídica que adoptó en el Expediente 06 54843, lo que implicaría que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, al tratarse de los mismos signos distintivos.

II.4.1.5.- Esta Sala considera importante para el análisis de la cuestión debatida, dar alcance a los principios de confianza legítima y de respeto del acto propio. Esta Sección, en Sentencia de 7 de mayo de 2015, dio alcance a los mencionados principios en la siguiente forma:

«[…] b). De violación a los principios de confianza legítima y de “non venire contra Facttum proprium”.

Manifiesta la apelante, en síntesis, que el hecho de que el Ministerio de las TIC hubiera informado a la ETB S.A. E.S.P., una aproximación de la suma a reconocer por concepto de déficit, generó una expectativa legítima que luego, súbitamente, fue cambiada en los actos administrativos demandados.

Respecto de la noción y alcance del principio de la confianza legítima, la Corte Constitucional ha sostenido:

“Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la Administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse”.

La sentencia C-478 de 1998 establece que:

“[…] se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege.

En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación” (resalta la Sala).

Además, este principio ha sido delimitado con más detalle por la Corte Constitucional en sentencias como la T-566 de 2009, en la que se dijo:

“[…] la aplicación del principio de confianza legítima, presupone la existencia de expectativas serias y fundadas, cuya estructuración debe corresponder a actuaciones precedentes de la administración, que, a su vez, generen la convicción de estabilidad en el estadio anterior. Sin embargo, de ello no se puede concluir la intangibilidad e inmutabilidad de las relaciones jurídicas que originan expectativas para los administrados. Por el contrario, la interpretación del principio estudiado, debe efectuarse teniendo en cuenta que no se aplica a derechos adquiridos, sino respecto de situaciones jurídicas modificables, sin perder de vista que su alteración no puede suceder de forma abrupta e intempestiva, exigiéndose por tanto, de la administración, la adopción de medidas para que el cambio ocurra de la manera menos traumática para el afectado […]”.

En el caso concreto, observa la Sala que el hecho de que el Ministerio de las TIC, hubiera informado una aproximación de la suma a reconocer por concepto de déficit, no debió generar una expectativa seria y razonable en cabeza de la demandante, ya que dicho informe se produjo en medio de una actuación administrativa que tenía por objeto identificar, previo proceso de verificación, el monto a pagar por concepto de déficit a los operadores de TPBCL y TPBCLE, y que debía culminar con un acto administrativo definitivo.

De conformidad con la sentencia T-295 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, el respeto del acto propio requiere de tres (3) condiciones para que pueda ser aplicado:

“A) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. Se debe entender como conducta el acto o la serie de actos que revelan una determinada actitud de una persona respecto de unos intereses vitales. Primera o anterior conducta que debe ser jurídicamente relevante, por lo tanto debe ser ejecutada dentro una relación jurídica; es decir, que repercute en ella, suscite la confianza de un tercero o que revele una actitud, debiendo excluirse las conductas que no incidan o sean ajenas a dicha relación jurídica. La conducta vinculante o primera conducta debe ser jurídicamente eficaz; es el comportamiento tenido dentro de una situación jurídica que afecta a una esfera de intereses y donde el sujeto emisor de la conducta, como el que la percibe, son los mismos. Pero, además, hay una conducta posterior, temporalmente hablando; por lo tanto, el sujeto emite dos conductas: una primera o anterior y otra posterior, que es la contradictoria con aquella.

B) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción —atentatorio de la buena fe— existente entre ambas conductas. La expresión pretensión contradictoria encierra distintos matices: por un lado, es la emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro, esta conducta importa ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, pero resulta inadmisible por ser contradictoria con la primera. Pretensión que es aquella conducta realizada con posterioridad a otra anterior y que está dirigida a tener de otro sujeto un comportamiento determinado. Lo fundamental de la primera conducta es la confianza que suscita en los demás, en tanto que lo esencial de la pretensión contradictoria es el objeto perseguido.

C) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas. Es necesario entonces que las personas o centros de interés que intervienen en ambas conductas —como emisor o como receptor— sean los mismos. Esto es que, tratándose de sujetos físicamente distintos, ha de imputarse a un mismo centro de interés el acto precedente y la pretensión ulterior”. […]»

II.4.1.6.- La Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de 31 de agosto de 2015, en relación con los principios indicados, destacó:

b. Responsabilidad extracontractual del Estado-legislador por defraudación de expectativas legítimas y estados de confianza: la consolidación de otros supuestos de responsabilidad diferentes del ámbito de protección del daño especial

10.2.9. El principio de confianza legítima ampara expectativas legítimas y estados de confianza. Frente a las expectativas legítimas son situaciones que se encuentran a mi-chemin entre las meras expectativas y los derechos adquiridos. Así, la eficacia del principio de confianza legítima no se inspira propiamente en la protección de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas y, menos aún, de las meras expectativas, si se considera que respecto a los primeros, el fundamento de la responsabilidad tiene su propios presupuestos -derechos adquiridos- y frente a las segundas no existen bases firmes para edificar un juicio de responsabilidad, pues son esperanzas inciertas nacidas únicamente en el fuero interno del ciudadano; en ese sentido el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 dispone: “Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”; los únicos intereses que se enmarcan dentro del principio de confianza legítima son aquellas expectativas legítimas a la consolidación de un derecho en vía de serlo.

10.2.10. La Sala resalta que las meras expectativas no son hechos objetivos, inequívocos y concluyentes, todo lo contrario, se tratan de “aquellas ilusiones de posiciones jurídicas que surgen de la percepción subjetiva de un individuo (…), esperanzas aleatorias que se basan en meras probabilidades (…), expectativas [que] emanan de la mente de un sujeto como consecuencia de la percepción intima que éste tiene de su entorno jurídico y de las modificaciones que experimenta”; en palabras de Josserand se trata de “simples esperanzas más o menos fundadas” como “situaciones de hecho más que situaciones jurídicas”, como “intereses que no están jurídicamente protegidos y que se asemejan mucho a los castillos en el aire”; según la Corte Constitucional “no son más que una intención o una esperanza de obtener un resultado jurídico concreto”, “aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho”, “situaciones jurídicas no consolidadas (…) en las que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado”.

10.2.11. De esta manera se tiene que las expectativas legítimas y los estados de confianza constituyen el objeto de amparo del principio de confianza legítima y, en virtud de su configuración, surge para todo el poder público la obligación de garantizar y proteger la estabilidad de condiciones jurídicas preexistentes sin incurrir en cambios bruscos.

10.2.12. El principio de la confianza legítima ha sido concebido por la jurisprudencia constitucional como una pieza esencial del Estado de derecho cuyo bastión está fundado en la buena fe y seguridad jurídica, consignados en el artículo 83 de la Constitución, cuyo objetivo es el de evitar la creación de incertidumbres frente a la estabilidad del orden jurídico y la previsibilidad de la acción estatal, lo que implica un estado de conservación o adaptación de las condiciones jurídicas existentes. Se trata, entonces, siguiendo a Valbuena, “de una confianza plenamente justificada”, la cual se estructura a través de “hechos concluyentes, inequívocos, verificables y objetivados” que permiten “predecir con un alto grado de probabilidad o de certeza que las expectativas que han sido creadas, promovidas o toleradas por el Estado en torno a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas favorables o al acaecimiento ulterior de un hecho esperado, en modo alguno se verán perturbadas o frustradas como consecuencia del actuar sorpresivo de las autoridades”.

10.2.13. Por ello, el principio de la confianza legítima es una exigencia constitucional que busca proteger la estabilidad jurídica de los ciudadanos frente a las intervenciones intempestivas del Estado y adoptar con anticipación las medidas apropiadas de prevención para lograr que las expectativas legítimas y los estados de confianza creados y tolerados en los asociados no sean objeto de defraudación y, por ende, de daños antijurídicos.

10.2.14. El principio de confianza supone, según la jurisprudencia constitucional, la existencia previa de “expectativas serias y fundadas”, condicionadas por “actuaciones precedentes de la administración, que generen la convicción en el particular, de estabilidad en el estado anterior”; sin embargo, de este principio “no se puede deducir que las relaciones jurídicas que generan expectativas en los administrados sean intangibles o inmutables”; por el contrario, “no puede perderse de vista que su utilización no implica el desconocimiento de derechos adquiridos, y solamente se aplica a situaciones jurídicas susceptibles de alterarse, de tal forma que la modificación de las mismas no puede acontecer de manera abrupta o intempestiva”, razón por la cual las autoridades tienen la obligación de “adoptar las medidas necesarias para que el cambio de circunstancias transcurra de la forma menos traumática posible”.

10.2.15. Ahora, es menester establecer cuándo el Estado-legislador crea expectativas legítimas y estados de confianza - situaciones jurídicamente protegidas (dispositivo amplificador del espectro de la responsabilidad estatal)- y las defrauda -razones de imputación-, evento en el cual las víctimas pueden reclamar en reparación directa. Según la jurisprudencia de esta Corporación y la doctrina, las expectativas legítimas y estados de confianza se consolidan y se defraudan cuando se originan las siguientes condiciones:

10.2.15.1. Primero. La existencia de una disposición estatal frente a la que se suscitan expectativas legítimas o de actuaciones suyas que generan estados de confianza en los sujetos. Se constituyen las primeras por la puesta en marcha de los supuestos de hecho que las disposiciones estatales dejan al arbitrio de la autonomía de la voluntad para la constitución de los derechos, mientras los segundos emanan de actos, omisiones o hechos externos del Estado que revisten el carácter de concluyentes, ciertos, inequívocos, verificables y objetivados frente a una situación jurídica particular en virtud de los cuales se crean estados de confianza, plausibles y razonables en la conciencia de los asociados.

10.2.15.2. Segundo. La existencia de un comportamiento estatal homogéneo y constante que conlleve a consolidar expectativas legítimas y estados de confianza. Se configura cuando existe un proceder continuo, ininterrumpido y repetido por parte del ente estatal que suscita en los asociados una expectativa legítima o un estado de confianza, en el sentido de que el Estado permitirá la consolidación de los derechos en vía de serlo previstos en las leyes o que actuará en el futuro de la misma manera como lo viene haciendo.

10.2.15.3. Tercero. El asociado realiza actos que impactan su ámbito patrimonial o extrapatrimonial. Una vez comprobados los actos, disposiciones, omisiones o hechos externos, concluyentes y objetivados del ente estatal, el asociado asumió determinadas decisiones y acciones que permitan inferir la materialización de los derechos en vía de serlo o de los estados de confianza creados o tolerados, con impacto en su ámbito patrimonial o extrapatrimonial.

10.2.15.4. Cuarto. La actuación impredecible e intempestiva genera defraudación de las expectativas legítimas y de los estados de confianza de los asociados. Debe haber un cambio brusco e intempestivo de la actuación estatal que vulnera de manera cierta y razonable las expectativas legítimas frente a la ley de consolidar el derecho en vía de serlo y estados de confianza de los asociados nacidos en virtud de la confianza generada y tolerada por el Estado.

10.2.15.5. Quinto. La violación de las obligaciones de adaptación y adecuación. El Estado debe haber omitido cuatro deberes que se imponen cuando se suscitan cambios normativos intempestivos, como los atinentes a: El Estado debe haber omitido deberes que se imponen cuando se suscitan cambios normativos intempestivos, como los atinentes a: i) fijar un plazo razonable para que los afectados puedan adecuarse y adaptarse a las nuevas situaciones jurídicas; ii) crear mecanismos idóneos para que los afectados puedan acoplarse a las nuevas medidas y iii) adoptar mecanismos de compensación.

10.2.16. En consecuencia, las disposiciones de los artículos 2°, 83, 90 constitucionales 86 del C.C.A, actualmente 140 del CPACA, y las consideraciones antes expuestas sobre la inclusión de estas situaciones cobijadas por la responsabilidad patrimonial del Estado, conducen a la Sala al convencimiento de que las expectativas legítimas y los estados de confianza, cuya afectación puede generar daños antijurídicos, se encuentran sujetas a control por parte de los jueces contencioso administrativos […]».

II.4.1.7.- La aplicación de los principios precitados implica, entonces, la existencia de actuaciones o conductas precedentes de la administración que originan expectativas serias y fundadas que genera la convicción de estabilidad de esa situación y que se contrapone a una conducta posterior que resulta ser contradictoria con la adoptada anteriormente.

II.4.1.8.- Los actos del Estado que crearon un estado de confianza en la conciencia del demandante, lo fueron, en su concepto, fue la expedición de las Resoluciones 4.700 de 30 de enero de 2009, 16.162 de 31 de marzo de 2009 y 23.131 de 11 de mayo de 2009, por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en el trámite del Expediente 06 54843.

II.4.1.7.- Mediante la Resolución 4.700 de 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad COLCERÁMICAS S.A. y, en consecuencia, conceder el registro de la marca «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa) para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. En este acto administrativo se realizó el análisis de confundibilidad en la siguiente forma:

«[…] Para efectuar el análisis comparativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Al dar aplicación a los criterios antes expuestos, esta oficina considera que entre el signo solicitado BRIGGS MEDITERRÁNEO (nominativo) y las marcas MEDITERRÁNEO (nominativa), no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. En primer lugar, encuentra la administración que la expresión BRIGGS constituye el elemento distintivo de la marca objeto de la solicitud de registro, dado que su otro componente, esto es el vocablo MEDITERRANEO es meramente accesorio accesorios (sic), cuyo fin es el resaltar la expresión BRIGSS (sic), teniendo en cuenta su ubicación en el conjunto. Además, si bien todos los componentes gramaticales y fonéticos de los signos en disputa se encuentran conformados por la expresión “mediterráneo”, esta circunstancia por sí misma no implica que los signos en disputa sean susceptibles de confundirse entre sí. Debemos recordar que el análisis de la aptitud marcaria de los signos debe hacerse sobre el todo que compone el conjunto marcario, y no por fracciones del mismo, Por (sic) lo tanto el presente estudio de registrabilidad debe recaer sobre la totalidad de los componentes de los signos analizados y tal como se indicó líneas atrás, en el signo solicitado el elemento predominante es la expresión BRIGSS, (sic) por lo que el consumidor se guiará con dicha expresión a fin de identificar los productos que aquel cobija, y no por la expresión MEDITERRANEO.

Como se observa, las similitudes existentes no son suficientes para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas, permiten al consumidor identificar cada uno de ellos.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]»

II.4.1.8.- Mediante la Resolución 16.162 de 31 de marzo de 2009, la Jefe de de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución 4.700 de 2009, en la siguiente forma:

«[…] Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro BRIGGS MEDITERRANEO y las marcas previamente registradas MEDITERRÁNEO, expediente No. 92-261306, certificado No. 127988, clase 19, vigente hasta el 15 de Mayo de 2015, y MEDITERRANEO, expediente 92-261307, certificado No. 127989, clase 27, vigente hasta el 15 de Mayo de 2015, cuyo titular es la COMPAÑÌA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. COLCERÁMICA S.A.

[…]

Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes visuales, ortográficas ni fonéticas susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, pues pese a que comparten la misma palabra MEDITERRÁNEO, la expresión BRIGGS, sobre la que recae el elemento diferenciador del signo solicitado, le otorga la distintividad suficiente para generar en la mente del consumidor la idea de que se trata de dos productos diferentes y de procedencia empresarial disímil, pues la denominación mediterráneo acompaña la expresión BRIGGS, lo cual le otorga la diferenciación requerida para acceder al registro marcario.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no està comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido […]»

II.4.1.9.- Mediante la Resolución 23.131 de 11 de mayo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, confirmó la Resolución 4.700 de 2009, al resolver el recurso de apelación. Sin embargo, expuso una argumentación diferente de los actos administrativos citados, así:.

«[…] En el caso sub-exámine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro BRIGGS MEDITERRANEO, y las marcas MEDITERRANEO, con Certificados de Registro No. 127988 y 127989, Clases 19ª y 27ª internacional, actualmente vigentes, cuyo titular es la sociedad Compañía Colombiana de Cerámica S.A. Colcerámica S.A.

Se procederá a efectuar la comparación de los productos o servicios que cada uno de los signos pretende identificar, y, en caso de determinarse la identidad o relación entre esos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca opositora, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos.

Relación de productos o servicios

La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que los signos distinguen. Esta conexión se desprende directamente de la Clasificación Internacional de Niza y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha acogido algunos criterios y factores de análisis, entre los cuales se encuentran: 1) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (sic) 2) Los canales de comercialización; 3) Los medios de publicidad utilizados para su promoción; 4) La relación o vinculación entre productos; 5) El uso conjunto o complementario de productos; 6) El género de los productos; 7) La misma finalidad de los productos y 8) La intercambiabilidad de estos.

El signo solicitado a registro pretende distinguir “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”, productos comprendidos en la Clase 11ª internacional. Por su parte, la marca fundamento de la oposición con Certificado de Registro No. 127988 distingue “materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos”, productos comprendidos en el nomenclátor 19 de la Clasificación Internacional; y la marca fundamento de la oposición con Certificado de Registro No. 127989 distingue: alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles” productos comprendidos en el nomenclator 27 de la Clasificación Internacional.

De acuerdo a los factores de conexión competitiva se trata de productos que no se encuentran en la misma clase internacional y no guardan relaciones de intercambiabilidad o complementariedad. Así, los aparatos de aumbrado, calefacción, refrigeración, cocción o las instalaciones sanitarias o de distribución de agua de la Clase 11ª Internacional están dirigidos a satisfacer necesidades diferentes a las que satisfacen los materiales no metálicos para la construcción de la Clase 19ª o los felpudos y alfombras de la Clase 27ª, estando dirigidos a diferentes tipos de consumidor y por ende utilizando medios de comercialización y publicidad distinto.

No existiendo semejanzas relevantes entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifica la marca opositora, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptible (sic) de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]».

II.4.1.10.- De la cita de los actos administrativos emitidos dentro del Expediente 06 54843 es posible evidenciar que en las resoluciones 4.700 de 30 de enero de 2009 y 16.162 de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO consideró, en un primer momento, que entre las marcas «MEDITERRANEO» (Nominativas), para distinguir productos las clases 19 (certificado 127988) y 27 (certificado 127989) y «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa), para distinguir productos de la Clase 11, no presentaban similitudes visuales, ortográficas o fonéticas que pudieran generar confusión o de inducir a error al público consumidor, absteniéndose de pronunciarse, en consecuencia, sobre la posible relación que pudiera existir entre los productos y/o servicos que distinguen las marcas.

II.4.1.11.- Sin embargo, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, al proferir la Resolución 23.131 de 11 de mayo de 2009, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 4.700, empleó una argumentación muy diferente para confirmar la resolución impugnada, consistente en que entre los productos que se pretendían identificar con las marcas enfrentadas no existía conexión competitiva, por lo que omitió realizar el análisis comparativo de la marcas, lo cual no es mencionado por el actor, y que implica, contrario a lo manifestado por este, que no exista una conducta precedente de la administración que haya generado expectativas serias y fundadas, que resulte contradictoria con los actos administrativos que se cuestionan en este proceso, dictados en el Expediente 07 19546.

II.4.1.12.- No puede perderse de vista que en el Expediente 06 54843, la decisión que resolvió, en forma definitiva, la cuestión debatida omitió el análisis de confundibilidad entre las denominaciones «MEDITERRANEO» (Nominativa) y «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa), análisis que si se abordó en todos los actos administrativos que fueron demandados en este proceso, encontrándose, al unísono, que entre dichas denominaciones existen semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión, por lo que, se reitera, no se está en presencia de actos del Estado que revistieran la características de ser concluyentes, ciertos e inequívocos frente a una situación jurídica particular, en virtud de los cuales se hubiera creado un estado de confianza en la parte demandante.

II.4.1.12.- Adicionalmente a lo expuesto, esta Sala debe agregar que el análisis de registrabilidad de una marca es el resultado de las particularidades que presenta cada expediente, por lo que no es posible que invoquen casos similares o del mismo solicitante para derivar derecho alguno. Es así como los expedientes 06 54843 y 07 195546 presentan particularidades provenientes precisamente del papel que jugaron las denominaciones «MEDITERRANEO» y «BRIGGS MEDITERRANEO» en cada uno de ellos, esto es, en el primero (06 54843), la denominación «MEDITERRANEO» fue la denominación opositora al registro de la marca «BRIGGS MEDITERRANEO» y en el segundo (07 195546), la denominación «BRIGGS MEDITERRANEO» como opositora del signo «MEDITERRANEO», lo cual cambia el parámetro bajo el cual se realiza el examen de confundibilidad. En consecuencia, no resulta evidente la violación de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica.

II.4.2.- Ausencia de confusión por indebida aplicación del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

II.4.2.1.- El actor sustentó su cargo en lo «[…] anteriormente expuesto […]», esto es, en la presunta violación de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica ante la presencia, a su juicio, de decisiones contradictorias de la administración en relación con las denominaciones «MEDITERRANEO» (Nominativa) y «BRIGGS MEDITERRANEO» (Nominativa), las cuales, como se indicó, no existen.

II.4.2.2.- En la medida en que el actor no realiza cuestionamientos adicionales en relación con los análisis de confundibilidad y de conexión competitiva de los productos que identifican las marcas confrontadas en este proceso, esta Sala se abstendrá de realizar dichos análisis.

II.4.2.3.- Lo contrario implicaría desbordar el marco fijado por la demanda, lo cual no le es permitido al Juez Contencioso Administrativo pues debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad e ilegalidad que le fueron propuestas en aquella. Esta Sección, a propósito de lo expuesto, ha destacado que la justicia contencioso administrativa es rogada, indicando que:

«[…] Sobre el particular, la Sección Primera, del Consejo de Estado, en sentencia de 12 de junio de 2014, sostuvo:

“Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda.

Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre de 2003 de esta Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24-000-2002-00398-01 y 1101-03-24-000-2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores: José Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro, Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:

“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso administrativo, es necesario recordar que la justicia contencioso administrativa es “rogada” es decir, que solo puede pronunciarse respecto de los hechos y normas que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa y adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene a constituir el marco dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha expresado esta Corporación a través de sus fallos de los cuales se destaca el siguiente pronunciamiento:

“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa, el juez no puede realizar el estudio de legalidad con normas no invocadas en la demanda, pues la expresión tanto de los fundamentos de derecho que se invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación, constituyen el marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha señalado en reiterada jurisprudencia esta Corporación. En distintos fallos se ha dicho: "Esta jurisdicción es por esencia rogada. Ello significa que es el accionante, en el señalamiento que hace de las disposiciones transgredidas con los actos administrativos que acusa, quien determina el marco de juzgamiento. No le está permitido al juez administrativo confrontar el acto impugnado con normas no invocadas en la demanda ni atender a conceptos de violación diferentes a los expuestos en el libelo En otros términos, al juzgador solo le es dado analizar el acto enjuiciado a la luz de las disposiciones que se indican como violadas y por los motivos planteados en el escrito introductorio". (Confr. Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 8051. C.P. Joaquín Barreto Ruíz. Noviembre 29 de 1995). En otro fallo se ratifica este criterio en la siguiente forma: "El juez administrativo no tiene competencia para realizar un control general de legalidad. Está limitado por la demanda que constituye el marco de litis por manera que no puede analizar un acto que no se acusa". (Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P: Miren de La Lombana. Radicación 1468). Cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple con este requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas infringidas, sino que éstas deben señalarse con toda precisión. El control que realiza el Consejo de Estado no es un control general de legalidad que supondría la confrontación con todos los ordenamientos superiores relacionados con el acto acusado, labor que resultaría imposible de ejecutar. Resulta procedente la prosperidad de la excepción de inepta demanda propuesta por la apoderada del Ministerio de Agricultura”. (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente: 6536. Fecha: 02/04/18).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con fundamento en normas superiores de derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda, que constituyen el marco de la litis o del juzgamiento.

En otras palabras, al Juez le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate en el proceso, conforme lo ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 7 de junio de 2012 (Expediente núm. 73001-23-31-000-2007-00153-01, Actor: Ricardo Guarnizo Morales, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en la cual se dijo que:

“Reitera la Sala que al juez en cada instancia le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda vez que su competencia está circunscrita al ámbito del proceso…”. […]».

III.- DECISIÓN

La parte demandante, entonces, no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, por lo que se impone denegar las pretensiones de la demanda.

Finalmente, a folio 209 del expediente se encuentra poder otorgado al abogado Álvaro José Rodríguez Iza, identificado con la cédula de ciudadanía 1.113.646.229 y la tarjeta profesional 238.916 del Consejo Superior de la Judicatura, por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, William Antonio Burgos Durango, a quien se le delegó la facultad de conferir poderes a los abogados de la entidad para que la representen en los procesos que se adelanten en su contra, mediante la Resolución 30.805 de 17 de junio de 2015, acto administrativo que se acompañó al poder, junto con el acta de posesión del citado servidor público, siendo procedente el reconocimiento de la personería para actuar dentro de este proceso como apoderado judicial de la mencionada entidad pública.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: RECONOCER como apoderado judicial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO al abogado ÁLVARO JOSÉ RODRÍGUEZ IZA, identificado con la cédula de ciudadanía 1.113.646.229 y la tarjeta profesional 238.916, en los términos del poder que le fue conferido.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Fol. 58-78, cuaderno principal. La adecuación de la acción se dio en el Auto de 27 de abril de 2010, providencia judicial mediante la cual se dispuso la admisión de la presente demanda. Dentro del expediente, folios 56 y 57 del Cuaderno Principal, reposan certificados de inscripción de las marcas «MEDITERRÁNEO» (Nominativa) correspondientes a los registros 127.989 y 127.889, cuyo titular actual es la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.
«[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]».
«[…] ARTICULO  209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley […]».
«[…] Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública.
[…]
Artículo 3º.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular […]».
«[…] ARTÍCULO 3. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados. El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia
En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley. En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales. Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento. Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los artículos 1º de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código. […]». Cita la Sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas
El actor cita la Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esa providencia judicial se definen las expectativas válidas como «[…] “una suerte de expectativas que goza[n] de cierta protección, por cuanto existían razones que justificaban la confianza del administrado en que la regulación que lo amparaba se seguiría manteniendo […]». Fol. 132-139, cuaderno principal. Fol. 129, Cuaderno Principal. Fol. 147, Cuaderno Principal. Fol. 166-175, Cuaderno Principal. PROCESO 85-IP-2013. Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión. Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Marca: “MEDITERRÁNEO” (denominativa). Expediente Interno N° 2010-00094. Dentro de la solicitud de registro de la marca «MEDITERRÁNEO», el actor determinó los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza que deseaba identificar con dicho signo, así: «[…] VENTILADORES DE PIE, MESA Y TECHO […]». Folio 91, Cuaderno Principal. Interpretación prejudicial Proceso 85-IP-2013. El actor señala en su demanda que las sociedades COLCERÁMICA S.A. y SODIMAC S.A. pertenecen al mismo grupo empresarial y, adicionalmente, que COLCERÁMICA cedió todos los derechos sobre la marca «MEDITERRANEO» a SODIMAC COLOMBIA S.A. Dentro del expediente, folios 56 y 57 del Cuaderno Principal, reposan certificados de inscripción de las marcas «MEDITERRÁNEO» (Nominativa) correspondientes a los registros 127.989 y 127.889, cuyo titular actual es la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Asimismo, el certificado de existencia y representación legal de la ORGANIZACIÓN CORONA, folios38-44, destaca que se configurado una situación de grupo empresarial respecto de, entre otras sociedades, SODIMAC COLOMBIA S.A. y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICAS S.A. CONSEJO DE ESTADO.SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA.Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ. Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00758-01. Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. –ETB S.A. E.S.P. Demandado: MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.

Corte Constitucional, sentencia C-360 de 1999. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION B. Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO. Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007-01(22637). Actor: TV 13 LIMITADA Y OTROS. Demandado: NACION - CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OTROS. Cfr. De VIVERO ARCINIEGAS, Felipe, “La protección de la confianza legítima y su aplicación a la contratación estatal”, en Revista de Derecho Público, n. º 17, Universidad de los Andes, Bogotá, 2004, pp. 123 y ss.
“[Q]uizás toca simplificar la sistematización propuesta y considerar, descartando, (…) la cuestión de derechos subjetivos del debate, que el principio de protección de la situación de confianza legítima tiene, en todos los caos, por objeto y por efecto proteger los intereses individuales de los particulares, pero esta protección tiene de específico que no apunta a garantizar la salvaguarda de derechos subjetivos que el derecho objetivo confiere a los individuos, sino simplemente defiende su confianza (…): la espera legítima (…) no se identifica con un derecho subjetivo (…) incluso sin tener un derecho subjetivo, el particular se beneficia de un derecho –en sentido amplio- de la protección de la confianza legítima”: CALMES, Sylvia, Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et francais, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de Thèses , Paris, 2001, p. 35 (traducción libre). Según Viana Cleves: “La relación existente entre el principio de confianza legítima y los derechos adquiridos es casi irrelevante (…) Los particulares titulares de derechos adquiridos consolidan una confianza legítima en que sus derechos serán garantizados por el Estado y respetados por las autoridades públicas y por los demás miembros de la sociedad. Por tanto, cuando un sujeto (público o privado) afecta el derecho adquirido de un particular, afecta también la confianza legítima que se consolidó a favor del titular, consistente en que los demás respetarían su derecho adquirido conforme al ordenamiento jurídico. (…) La irrelevancia de la relación entre la confianza legítima y los derechos adquiridos (…) deriva de una razón práctica que es la siguiente: si el titular del derecho adquirido vulnerado cuenta con una vía ordinaria propia para la protección de su derecho, no tendrá la necesidad de acudir a la confianza legítima para tal fin. Si se tiene una vía idónea para obtener la protección concreta de un derecho no se optará por la vía accesoria de protección”: VIANA CLEVES, María José, El principio de confianza legítima en el derecho colombiano, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 207. La Corte Constitucional ha dicho: “no cualquier expectativa se encuentra jurídicamente protegida, pues la confianza debe ser legítima o justificada para que pueda ser amparada por vías judiciales, pues sólo se protegen aquellas “circunstancias objetivas, plausibles, razonables y verdaderas que la motivan y explican revistiéndola de un halo de credibilidad y autenticidad indiscutibles.” Por tanto, el principio de confianza legítima no salvaguarda aquellos comportamientos dolosos o culposos, y sólo opera frente a comportamientos justificados, razonables y genuinos. Así mismo, este principio no cobija aquellas circunstancias en las cuales la Administración ha dejado establecido con anterioridad que puede modificar la situación individual en cualquier tiempo, ni frente a situaciones donde el administrado es titular de derechos adquiridos. De manera que sólo opera en los casos en que se tenga la expectativa justificada de que una situación de hecho o una regulación jurídica no será modificada intempestivamente”: Corte Constitucional, sentencia T-437 de 12 de junio de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango. VIANA CLEVES, María José, El principio de confianza legítima en el derecho colombiano, op.cit., p. 196.

JOSSERAND, Louis, Derecho civil, t. I, v. I, edit. Bosh, Buenos Aires, 1950-1951, pp. 77 y s. Citado por María José VIANA CLEVES, El principio de confianza legítima en el derecho, ibid., p. 197. Corte Constitucional, sentencia C-147 del 19 de marzo de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencia C-314 del 1º de abril de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, sentencia C-367 del 11 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia T-717 del 13 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Art. 83: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante estas”. VALBUENA, Gabriel, “Responsabilidad del Estado por defraudación de la confianza legítima. Esbozos de una temática en construcción”, op.cit., p. 711. Corte Constitucional, sentencia T-135 del 24 de febrero de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. La doctrina ha referenciado indistintamente diferentes eventos polémicos y no pacíficos de daño que pueden defraudar expectativas legítimas y estados de confianza, y frente a los cuales podría operar el instituto de la responsabilidad: i) la revocatoria de actos administrativos; ii) la obligatoriedad de informaciones de las autoridades; iii) el efecto externo de preceptos administrativos; iv) la vinculación de la administración a su propia práctica administrativa; v) la aplicación retroactiva de disposiciones legales o reglamentarias; vi) la alteración inesperada de prácticas administrativas que han sido aplicadas de manera uniforme y reiterada durante un período de tiempo; vii) la terminación anticipada e injustificada de actuaciones o procedimientos administrativos ya iniciados o en curso de ejecución; viii) la modificación inesperada de los requisitos y condiciones establecidos para el perfeccionamiento y ejercicio de determinados derechos o el disfrute de ciertas prerrogativas, estímulos, ventajas o beneficios; ix) el desconocimiento de situaciones creadas a partir de estados de confianza promovidos o tolerados por propio el Estado, y x) la aplicación de los efectos retroactivos de la jurisprudencia. Al respecto, ver: MAURER, Harmut, Introducción al derecho administrativo alemán, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2008, p. 56; VALBUENA, Gabriel, “Responsabilidad del Estado por defraudación de la confianza legítima. Esbozos de una temática en construcción”, op.cit., p. 713. La construcción de este protocolo que permite verificar la creación de expectativas legítimas y estados de confianza por el poder público a partir del cual es posible declarar su responsabilidad por la defraudación del principio de confianza legítima seguirá las pautas teóricas trazadas de manera uniforme por la doctrina. Al respecto, ver: BERNAL PULIDO, Carlos y VIANA CLEVES, María José, “La responsabilidad extracontractual del Estado por daños que le sean imputables con ocasión de los acuerdos de paz”, en La responsabilidad extracontractual del Estado, Juan Carlos Henao y Andrés Fernando Ospina Garzón (eds.), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 758 y 763; VALBUENA, Gabriel, “Responsabilidad del Estado por defraudación de la confianza legítima: esbozos de una temática en construcción”, op.cit., p. 707; CALMES, Sylvia, Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et francais, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de Thèses, Paris, 2001. Este protocolo de confianza propuesto por la doctrina también ha sido utilizado por la jurisprudencia de esta Corporación en materia electoral: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2013, rad. 25000-23-31-000-2011-00775-2, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el principio de confianza legítima protege tanto las expectativas como los estados de confianza que los asociados se forman legítimamente a partir de las acciones u omisiones estatales: “El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático”: Corte Constitucional, sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. Fol. 24-29, Cuaderno Principal. Fol. 34-37, Cuaderno Principal. Fol. 30-33, Cuaderno Principal. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 08001-33-31-004-2011-00660-01. Actor: LUIS ALIRIO GUARÍN ORTÍZ. Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTROS. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00434-01.

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