Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00112-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00112-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00112-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00112-00
Referencia: Acción de nulidad
Actora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
TESIS: NO SE DESCONOCIÓ LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA CON EL ACTO ADMINISTRATIVO
EXPEDIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUE
ADOPTÓ EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE
CONTABILIDAD PÚBLICA Y LE DIO TRATAMIENTO DE FONDO DE
RESERVA PENSIONAL PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.
ADICIONALMENTE, LA ENTIDAD DEMANDADA ACTUÓ EN EL
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE SUS COMPETENCIAS.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la demanda de nulidad promovida por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por conducto de
apoderado judicial, en contra del “[…] numeral 44 del capítulo VIII
del título II […]” de la Resolución núm. 356 de 5 de septiembre de
2007, “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del
Régimen de Contabilidad Pública”, expedida por la CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
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Actora: Universidad Nacional de Colombia
La Universidad demandante, solicitó en ejercicio de la acción de
nulidad, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante CCA, que de realice la siguiente
declaración:
“[…] Es nulo el numeral 44 del capítulo VIII del título II de la
Resolución 356 de septiembre de 2007 expedida por la
Contaduría General de la Nación […]”
La parte demandante fundó su demanda en los siguientes hechos,
que se sintetizan así:
Indicó que la Constitución Política 1 ordenó crear la Contaduría
General de la Nación y la Ley 298 de 1996 2 , la puso en
funcionamiento como una Unidad Administrativa Especial con
personería jurídica propia3.
Adujo que mediante la Resolución núm. 356 de 2007, expedida por
la entidad demandada se le calificó a la Universidad Nacional de
Colombia como un fondo de reserva porque maneja recursos del
1
“ARTICULO 354. Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la
contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas
territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente
a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.
Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad
pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país,
conforme a la ley”.
2
“Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de
la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”
3
“[…] ARTÍCULO 1o. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. A cargo del Contador General de la
Nación, créase la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal, técnica,
administrativa y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura,
clasificación salarios y prestaciones […]”
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sistema general de pensiones provenientes de las cotizaciones de
los afiliados y de los aportes de los empleadores al régimen de
prima media con prestación definida, según da cuenta el numeral
44 del capítulo VIII del título II del acto acusado.
Indicó que la norma cuestionada vulneró los artículos: 69, 121,
189, 200, 345, 346 y 352 de la Constitución Política; 2º y 57 de la
Ley 30 de 1992; 240 de la Ley 4ª de 1913; 12 de la Ley 153 de
1887; 3º, literal b), de la Ley 298 de 1996; 5º y 11 de la Ley 489
de 1998; 10º de la Ley 828 de 2003; y 25 y 30 del Código Civil.
También estimó transgredidos los decretos 111 de 1996, 205 de
2003, 3667 de 2004, 187 de 2005 y 1465 de 2005.
Para explicar la violación planteada indicó como causales de
nulidad, la de “violación de la ley, incompetencia, falsa motivación y
expedición irregular” y expuso los siguientes argumentos:
“[…] Pues bien, la Contaduría General de la Nación, al
expedir la resolución que parcialmente se demanda, incurrió
en los siguientes yerros de hecho y de derecho:
-DESCONOCER la garantía constitucional de la autonomía
universitaria consagrada por el artículo 69 de la
Constitución;
-EXCEDER las competencias propias previstas en el literal b)
del artículo 3.º de la ley 298 de 1996;
-EXCEDER las competencias propias previstas en la ley 298
de 1996, asignando una naturaleza jurídica a la Universidad
Nacional de Colombia, que ésta no tiene;
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-CONFUNDIR equivocadamente a la Universidad Nacional de
Colombia con el Instituto de Seguros Sociales, Caprecom,
Cajanal, Fonprecon, Casur y Cremil, cuyos objeto y
naturaleza se identifican plenamente con el tema pensional y
ello puede justificar que se les de el carácter de fondos de
reserva, mientras que la entidad demandante solo tiene el
papel, que ni siquiera la naturaleza jurídica, de ser una
pagadora de pensiones con recursos girados principalmente
por la Nación, más no una administradora de pensiones.
Salta a la vista que la Contaduría, al expedir el acto
demandado desconoció las disposiciones jurídicas superiores
a las que debía sujetarse y, además, incurrió en
incompetencia al pretender otorgar una naturaleza jurídica
a la Universidad Nacional de Colombia que esta no tiene,
habiendo además incurrido en falsa motivación de hecho y
de derecho, al estimar que estaba facultado para imponer
obligaciones a la Universidad.
Finalmente, el vicio de expedición irregular se ha
producido en cuanto que la resolución demandada adolece
de la claridad que deben tener los actos administrativos, lo
cual se afirma en dos sentidos. En primer lugar, debido a
que existe la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
además de la Universidad Nacional de Colombia y, en
segundo lugar, debido a que el segundo párrafo del numeral
44 aquí demandado se inicia con la palabra ESTAN, con lo
que da a entender que la Universidad Nacional ya era un
fondo de reserva, sin que ello haya sido nunca así. Esa
imprecisión de lenguaje jurídico genera la expedición
irregular y, además, la falsa motivación […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Luego de tramitarse el recurso de súplica ordinaria contra el auto
que rechazó la demanda de la referencia, el Despacho sustanciador
admitió la demanda por auto del 24 de abril de 2012, se ordenaron
las notificaciones de rigor y se resolvió sobre la solicitud de
suspensión provisional, en el sentido de denegarla.
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A la demanda se le confirió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación
en lista, etapa probatoria4 y la de alegaciones5, así:
2.1 Contestación de la demanda
La entidad accionada, mediante apoderado judicial, contestó la
demanda. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y afirmó
que el acto demandado se encontraba ajustado a derecho, toda vez
que fue proferido de conformidad con el ordenamiento jurídico
aplicable.
Explicó que la norma demandada estableció un procedimiento
contable respecto a los fondos de reserva y en ese sentido, no es
aceptable como se señaló en la demanda que los haya creado y
modificado.
Aclaró que los fondos de reserva manejan los recursos que
provienen de las cotizaciones de los afiliados al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida y de los aportes que realiza la Nación.
4
Según auto de 20 de marzo de 2019, se decretan las pruebas solicitadas por las partes. (fls. 215 y
s.s. del expediente digital) En audiencia de recepción de testimonio se recibió la declaración de la
señora Marleny María González Vázquez y Jorge de Jesús Valera Urrego (fls. 307 y s.s. cuaderno
digital)
5
Según auto de 27 de noviembre de 2019 (fl.340 expediente digital) se ordenó correr traslado común
para alegar.
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De allí que sea incorrecto alegar que se desconoció el artículo 69
Superior y el principio de la autonomía universitaria o la legislación
que regula la materia, comoquiera que el procedimiento de
aplicación contable para los fondos de reserva acogió lo dispuesto en
los literales a) y b) del artículo 4° de la Ley 298 de 1996.
Afirmó que la Contaduría General de la Nación no desbordó las
competencias que le fueron legalmente atribuidas, toda vez que
dentro de sus funciones se encuentran las de “[…] Determinar las
políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir en
el país para todo el sector público […]”, así como “[…] Establecer las
normas técnicas generales y específicas, sustantivas y
procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la
Contabilidad Pública […]”.
Que según los artículos 13, 32, (literal b), 52 y 132 de la Ley 100 de
1993, los recursos que recauda la Universidad Nacional de Colombia
a través de su Caja de Previsión Social hacen parte de un fondo
común de naturaleza pública, denominado fondo de reserva en el
procedimiento contable, para el reconocimiento y revelación del
pasivo pensional.
En ese sentido, los recursos no le pertenecen y su manejo contable
requiere cuentas separadas por cada clase de riesgo que cubre.
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Que la Contaduría General de la Nación expidió la norma demandada
con el objeto de garantizar el adecuado reconocimiento del pasivo
pensional a cargo de empleadores y fondos de reserva, para brindar
herramientas que permitan la toma de decisiones en materia de
política macroeconómica de seguridad social en pensiones, sin que
ello signifique modificar la naturaleza jurídica de las entidades
públicas mencionadas en el numeral 44 de la Resolución núm. 356
de 2007.
En ese orden, propuso a título de excepciones, las siguientes:
Falta de competencia. Estimó que es la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la que debe ocuparse del estudio de legalidad
pues se trata de un proceso de simple nulidad contra un acto
administrativo que versa sobre un asunto laboral.
Ineptitud de la demanda. Alegó que la naturaleza del acto
administrativo acusado es la de particular y concreto, lo que explica
que debió demandarse mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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Además, aseguró que debió citarse a las entidades que se enlistan
en el numeral demandado, por el ISS, CAPRECOM, FONPRECON,
CAJANAL, CASUR, CREMIL, FOMAG.
Caducidad de la acción. Explicó que en razón a que es la acción de
nulidad y restablecimiento la procedente, la demanda se presentó de
manera extemporánea.
Inexistencia de causales de nulidad del acto. Sustentó que las
causales de nulidad propuestas no se encuentran probadas, de
conformidad con las razones de defensa, de allí que la acción sea
improcedente.
2.2. Alegatos de conclusión
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la
demanda para insistir en que la norma acusada, al asignarle a la
Universidad el tratamiento de un fondo de reserva pensional,
desconoció su autonomía universitaria.
La entidad accionada reiteró los argumentos de defensa
expuestos en la contestación y destacó: i) su competencia para
expedir las normas contables que deben regir al país; ii) el respeto
de la norma demandada por la Constitución, la legislación sobre la
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materia y el concepto de autonomía universitaria; y iii) el
tratamiento contable que corresponde aplicar a la Universidad
Nacional de Colombia como caja de previsión social que administra
recursos del sistema general de pensiones.
Agregó que el artículo 3° de la Resolución núm. 156 de 2018
derogó la Resolución núm. 356 de 2007, motivo por el cual pidió
que se declarara “[…] la carencia actual de objeto por sustracción
de materia […]”, comoquiera que, a su juicio, operó el fenómeno de
pérdida de fuerza ejecutoria del acto demandado.
2.3. Concepto del Ministerio Público
La vista fiscal solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para
lo cual destacó que pese a que, en principio, según el Decreto 1210
de 1993, el Régimen Orgánico Especial de la Universidad Nacional
de Colombia establece normas contables que tratan sobre pasivos
pensionales, parecía contraria a la naturaleza jurídica de la parte
demandante, lo relevante es que antes de la Ley 100 de 1993, la
Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de empleadora,
tuvo a su cargo por intermedio de su Caja de Previsión Social el
reconocimiento y pago de las pensiones del personal vinculado a la
entidad.
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En ese orden, la Ley 100 de 1993 autorizó a las universidades
estatales de orden nacional para que, por intermedio de sus cajas y
fondos, y de forma paralela al Instituto de Seguros Sociales,
continuaran administrando los recursos pensionales de sus afiliados
en la modalidad de Prima Media con prestación definida.
Precisó que a pesar de que la Caja de Previsión Social de la
Universidad Nacional de Colombia no contaba con personería
jurídica, sí administraba los recursos pensionales de sus afiliados de
forma independiente de los recursos asignados a la Universidad
Nacional de Colombia para el cumplimiento de su actividad
principal, a los cuales de ninguna manera hacía referencia el
enunciado acusado.
Resaltó que los registros contables de los fondos de reserva, al no
pertenecer a la entidad que los administraba, debían llevarse de
forma separada de los registros contables de los recursos propios
de la entidad, razón por la cual era indispensable observar el
procedimiento contable establecido para el reconocimiento y
revelación del pasivo pensional en el Manual de que trata la
Resolución cuestionada.
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En ese orden, concluyó que no existe desconocimiento de la
autonomía universitaria, así como tampoco la modificación de la
naturaleza jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.
III. - CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Conviene aclarar, -frente a la oposición 6 de la entidad
demandada de que la Sección Primera no es la competente para
decidir el asunto-, que según el Reglamento de esta Corporación los
asuntos se distribuyen según la materia y en tratándose de esta
Sala opera el reparto residual, que deriva en una cláusula de que
todo aquello que no esté debidamente asignado a otra sección le
corresponde resolverlo. Así, lo dispone:
“[…] ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS
ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo
un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Primera:
1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos
que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones.
[…]
8. Todos los demás, para los cuales no exista regla
especial de competencia […]”.
6
A título de excepción.
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En ese orden, la explicación de que el asunto es de naturaleza
laboral no encuentra respaldo si se examina la resolución acusada,
que se identifica con el título “Manual de Procedimientos del
Régimen de Contabilidad Pública”, y muy a pesar de que las
relaciones que le preceden a los recursos pensionales, lo relevante
aquí es que es un manual que impone normas de carácter
contable, circunstancia más que suficiente para ratificar la
competencia y el reparto de asuntos a cargo de esta Sección.
3.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala decidir si el “[…] numeral 44 del capítulo
VIII del título II […]” de la Resolución núm. 356 de 2007, “Por la
cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública”, expedida por la Contaduría General de la
Nación, incurre en los vicios de nulidad alegados.
Lo anterior, bajo el reproche que plantea la demandante contra el
“Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”,
limitado a que la disposición acusada es contraria a las normas
superiores que no autorizan darle a la Universidad Nacional de
Colombia, el trato de un fondo de reserva pensional para efectos
del manejo de los recursos del Sistema General de Pensiones, pues
tal determinación atenta contra el artículo 69 de la Constitución
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Política que reconoce la autonomía a los entes universitarios en el
manejo de sus asuntos y la falta de competencia de la Contaduría
General de la Nación para expedir la disposición demandada.
También se alegó la presunta irregularidad en su expedición y el
vicio de falsa motivación, cargos que se examinaran a la luz de sus
reproches.
3.3. El acto acusado
“[…] RESOLUCION 356
(05 de septiembre de 2007)
“Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen
de Contabilidad Pública”
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y
reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 354 de la
Constitución Política, la Ley 298 de 1996, el Decreto 143 de 2004,
y
CONSIDERANDO
Que es función del Contador General de la Nación uniformar,
centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance
general y determinar las normas contables que deben regir en el
país;
Que la modernización financiera pública requiere de un proceso
dinámico y continuo de producción de información confiable,
relevante y comprensible, lo cual exige una adecuación
permanente tanto para la Contaduría General de la Nación en el
proceso regulador, como para las entidades contables públicas en
la aplicación de la normativa contable;
Que se ha realizado una revisión estructural de la metodología de
construcción del marco conceptual y las normas técnicas para
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incorporar criterios armonizados con los Estándares
Internacionales de Contabilidad que aplican al sector público;
Que mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007 se
adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, el cual está integrado
por el Manual de Procedimientos;
Que para instrumentalizar el Régimen de Contabilidad Pública se
requiere adoptar el Manual de Procedimientos,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adóptase el Manual de Procedimientos del Régimen
de Contabilidad Pública que está integrado por el Catálogo General
de Cuentas, los Procedimientos Contables y los Instructivos
Contables, el cual forma parte integral de la presente resolución.
Artículo 2°. El Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos
Contables y los Instructivos Contables adoptados mediante la
presente resolución corresponden a la versión 2007.1 y serán
publicados en la página web de la Contaduría General de la
Nación.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 555 de
2006.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de septiembre de 2007.
El Contador General de la Nación […]”
“[…] CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS – CGC
[…]
TÍTULO II. PROCEDIMIENTOS CONTABLES.
[…]
CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL
RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DEL PASIVO
PENSIONAL, DE LA RESERVA FINANCIERA QUE LO
SUSTENTA Y DE LOS GASTOS RELACIONADOS.
[…]
44. APLICACIÓN CONTABLE PARA LOS FONDOS DE
RESERVAS
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Están conformados por los recursos del sistema general de
pensiones provenientes de las cotizaciones de los afiliados
y aportes de los empleadores al régimen de prima media
con prestación definida y que, de conformidad con lo
establecido en el literal m) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993,
no pertenecen a las entidades administradoras, ni a la Nación.
Están constituidos como fondos de reserva el Instituto de
Seguros Sociales-ISS, Caja de Previsión Social de
Comunicaciones-CAPRECOM, Entidad Administradora de Pensiones
de Antioquia, Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República-FONPRECON, Caja Nacional de Previsión Social-
CAJANAL, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR,
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Universidad Nacional.
El cálculo actuarial del pasivo pensional de los fondos de reservas
representa el valor presente de los pagos futuros que el mismo
fondo, a través de la entidad administradora, deberá realizar a sus
afiliados, que tengan o vayan a adquirir el derecho de
conformidad con las condiciones definidas en el régimen de prima
media con prestación definida y regímenes especiales, por
concepto de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes,
teniendo en cuenta que existen incertidumbres remotas y
probables en relación con la cuantía del valor a pagar y el
nacimiento y/o extinción de las obligaciones de pago.
Las obligaciones por concepto de bonos pensionales deben
calcularse en forma separada y forman parte del cálculo actuarial
a cargo del ente contable público.
El pasivo estimado por concepto de bonos y cuotas partes de
bonos pensionales está representado por el monto de las
liquidaciones provisionales. Solo hasta el momento en que se
emita el bono, deja de ser un pasivo estimado para convertirse en
un pasivo real. La amortización del cálculo actuarial corresponde a
la afectación gradual de los resultados del fondo de reservas por
el monto del pasivo pensional a cubrir durante el período contable
[…]”.
3.4 Cuestión previa
La Sala se ocupa de examinar la petición que elevó la parte
demanda relativa a que se declare “[…] la carencia actual de objeto
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por sustracción de materia […]”, habida cuenta que el acto acusado
fue derogado mediante la Resolución núm. 156 de 20187.
Al respecto se destaca que si bien es cierto la norma cuestionada
(parcialmente), fue objeto de derogación en virtud de lo dispuesto en
el artículo 38 de la resolución en mención9, también lo es que esta
circunstancia no impide que esta Sala profiera la sentencia de fondo
que corresponde, en razón a la posibilidad de examinar su legalidad
mientras la disposición acusada estuvo en vigor, en observancia de la
teoría del decaimiento de los actos administrativos que aplica esta
Sección.
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el
decaimiento de los actos administrativos no constituye una causal
que los vicie de nulidad y tampoco impide el enjuiciamiento de su
legalidad, pues los actos que han perdido su vigor siguen
amparados por la presunción de legalidad y su enjuiciamiento debe
efectuarse con base en los fundamentos de hecho y de derecho
existentes en el momento de su expedición, en tanto solo la
decisión judicial desvirtúa la presunción de legalidad que los
7
“Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública,
estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación”
8
“[…] ARTÍCULO 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998; aplica a
partir del período contable 2018; y deroga los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución 354 de 2007 y las
Resoluciones 355 y 356 de 2007 […]”
9
Como se mencionó, esta norma derogó la Resolución 354 de 2007.
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acompañó mientras produjeron efectos. Al respecto, es del caso
puntualizar lo dicho por esta Corporación10:
“[…] Cuestión previa – acto administrativo acusado
derogado
26. Esta Sala previo a determinar los problemas jurídicos se
pronunciará de la siguiente cuestión previa:
27. A pesar de que el Decreto 3525 de 2005, fue modificado,
entre otros por el Decreto 2085 de 11 de junio 2008 y derogado
por el por el artículo 3.1.1. del Decreto 1079 de 26 de mayo de
2015, esta Sección se pronunciará de fondo, teniendo en cuenta
el criterio, según el cual, basta que la norma jurídica de carácter
general haya tenido vigencia para que esta jurisdicción se
pronuncie ante una demanda de nulidad que se presente contra
ella, en consideración a los efectos que pudo producir durante su
vigencia.
28. Asimismo, porque como lo ha considerado esta Corporación:
i) la derogatoria o el decaimiento del acto administrativo
acusado no restablece per se el orden jurídico supuestamente
vulnerado, sino que acaba con la vigencia de la norma con
efectos hacia el futuro y ii) porque aún si una normativa ha sido
derogada o ha operado sobre la misma la figura del decaimiento,
sigue amparado por el principio de legalidad que le protege y
que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez
competente; de donde se desprende que lo que efectivamente
restablece el orden vulnerado no es la derogatoria o su
decaimiento, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara
ajustado a derecho. […]”.
En este orden de ideas, la Sala procederá a examinar la legalidad de
la Resolución acusada, en el aparte acusado y bajo los cargos que
expuso la demandante.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de
noviembre de 2019, expediente 11001-03-24-000-2006-00163-01, Actor: Mario Castellanos Moreno,
Magistrado Ponente Hernando Sánchez Sánchez. Citada en el auto de 28 de mayo de 2021.
Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00353-00. Actor: Oscar Andrés Lozano Delgado. C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
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Actora: Universidad Nacional de Colombia
3.5 La decisión
3.5.1 La decisión sobre las excepciones
Previo a resolver de fondo el asunto es oportuno examinar si se
hallan probadas las excepciones que formuló la entidad demanda
para oponerse a que se dicte un fallo de mérito, habida cuenta que
estima que el acto acusado tiene un carácter particular y concreto
que le obligaba a presentar la acción de nulidad y restablecimiento,
la cual está sometida a un término de caducidad.
En relación con este planteamiento que en realidad se identifica con
la excepción de indebida escogencia de la acción11, conforme lo
11
Se puede revisar entre otras la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Auto del 12 de diciembre de 2019. Expediente número 11001 03 24
000 2017 00130 00. M.P. Oswaldo Giraldo López. Esta decisión refiere: “[…]
5.4. Indebida escogencia de la acción. Resulta pertinente recordar que la razón por la cual los
memorialistas invocan la “indebida escogencia de la acción” como una excepción obedece a que
consideran que las pretensiones de la demanda implican el restablecimiento automático de un
derecho particular, razón por la cual, a su juicio, el libelo introductorio debió admitirse como de
nulidad y restablecimiento del derecho y no como de nulidad.
En ese contexto, se advierte que, si bien el mencionado reparo no se encuentra dentro de las
excepciones enlistadas en el artículo 100 del CGP o en el 180 del CPACA, lo cierto es que tiene como
finalidad controvertir la forma en la que fue ejercido el derecho de acceso a la administración de
justicia, es decir, enerva el contenido de la demanda y el instrumento utilizado por los accionantes
para alcanzar sus pretensiones.
En atención a lo dicho, la “indebida escogencia de la acción” logra configurarse en la definición traída
en el acápite correspondiente de esta providencia respecto del alcance de una excepción mixta, como
quiera que, con ella se buscar definir las presuntas irregularidades contenidas en el libelo
introductorio, esto es, las anomalías que aparezcan de manera previa a que se trabe la litis; aspectos
estos que, de no analizarse en la etapa establecida por el artículo 180 ibídem, darían lugar a
sentencias inhibitorias, decisiones estas que son precisamente las que el Legislador quiso proscribir
en los trámites que se adelantan ante el Juez Administrativo, pues su eventual prosperidad traería
como consecuencia que la demanda deba ser interpretada como de nulidad y restablecimiento del
derecho, y que por ende, deban ser exigidos los requisitos de procedibilidad dispuestos en el artículo
161 del CPACA; así como la interposición de la misma de forma oportuna, esto es, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la notificación de los actos acusados.
Así las cosas, es menester revocar la providencia recurrida y en consecuencia, devolver el expediente
para que el Despacho Sustanciador resuelva a título de excepción el reparo denominado
“indebida escogencia de la acción”, así como la procedencia en el estudio de acumulación al que alude
el Ministerio Público en su intervención […]”
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ha precisado esta Sala y no con la aludida inepta demanda, se
aprecia de la resolución acusada que su naturaleza es la de un acto
de contenido general y abstracto, hecho que no descarta que la
norma cuestionada pueda identificar o referir de manera expresa a
las entidades que enlista el acto, sin que tal situación enerve su
naturaleza.
En efecto, un acto es de contenido general 12 , cuando crea
situaciones jurídicas que obligan, de manera abstracta e impersonal
a los administrados, es decir, su contenido es idéntico para todos
los administrados que se encuentren dentro de las circunstancias
que regula el acto demandado. En el caso bajo examen, se adopta
el “Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”
integrado por el Catálogo General de Cuentas, los
Procedimientos Contables y los Instructivos Contables, cuya
exclusión solicita la entidad demandada bajo un razonamiento de
violación de la autonomía universitaria, la que luego pasará a
examinarse.
Ahora bien, no descarta la Sala el entendimiento que proporciona la
entidad demandada en el planteamiento a título de excepción que
podría examinarse en aplicación de la teoría de los móviles y
12
Sobre este concepto puede acudirse entre otros a las siguientes providencias proferidas por esta
Corporación: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del
23 de junio de 2011. Radicación número: 11001-03-27-000-2006-00032-00(16090) M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas
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finalidades; sin embargo, es este caso, la Universidad no planteó
una pretensión de restablecimiento con la solicitud de anulación,
luego es dable concluir que al no mediar una pretensión diferente a
la de un control objetivo de legalidad y a que no se produce un
restablecimiento automático, en este caso el reproche planteado
debe negarse.
En línea con lo anterior, tampoco es procedente examinar la
ocurrencia de caducidad de la acción por cuanto el ejercicio de la
acción de nulidad no está sometida a un término de caducidad
para el control judicial, en los términos del artículo 13613 del CCA.
Atendiendo a la naturaleza del acto de general y abstracto,
tampoco era necesario la vinculación de las demás entidades
mencionadas en el numeral 44 del Capítulo VIII, Título II, de la
Resolución núm. 356 de 2007, y que se enlistaron en la norma a
saber, ISS, CAPRECOM, FONPRECON, CAJANAL, CASUR, CREMIL y
FOMAG, pues, se insiste, no hay un reclamo o un derecho particular
que implique necesariamente su llamado a este proceso.
Finalmente, en cuanto a la denominada “inexistencia de causales de
nulidad del acto e improcedencia de la acción”, la Sala identifica que
13
“[…] La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto
[…]”.
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este planteamiento es en realidad un complemento de las razones
de defensa, por ello se analizaran como tales y porque de ninguna
manera su planteamiento constituye un hecho extintivo o
modificativo de la pretensión de nulidad que impida al juez
examinar de fondo la demanda.
Por lo anterior, se declararán no probadas las excepciones
formuladas y así se hará constar en la parte resolutiva de esta
providencia.
3.5.2. De la decisión de fondo
Para efectos de examinar los cargos formulados, es necesario que
la Sala se refiera al concepto que surge la concepción e integración
del Estado y el reconocimiento de la autonomía a los entes
universitarios en la norma superior, en tanto es este el argumento
central de la violación planteada y del que se sirve la demandante
para solicitar que no se le cobije con las medidas normativas
contables de que trata el acto acusado.
3.5.2.1 Autonomía universitaria. marco normativo y
desarrollo jurisprudencial. Reiteración
El artículo 69 de la Constitución Política dispone que “[…] las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
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estatutos, de acuerdo con la ley […]”.
Asimismo, establece que “[…] la ley establecerá un régimen
especial para las universidades del Estado (y) fortalecerá la
investigación científica en las universidades oficiales y privadas
(además) de ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo
[…]”.
Por su parte, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 “Por la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior”, definió la
autonomía universitaria de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 28. La autonomía universitaria consagrada
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con
la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a
darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar
sus programas académicos, definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional […]”.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-926-05, señaló que dicha
autonomía encuentra fundamento “[…] en la necesidad de que el
acceso a la formación académica de las personas tenga lugar
dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en
el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o
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en el manejo administrativo o financiero del ente educativo […]”14.
En este sentido, la autonomía universitaria se concreta en la
libertad académica, administrativa y económica de las
instituciones de educación superior y es en ejercicio de esta que las
universidades tienen derecho “[…] a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional
[…]”15.
Por lo anterior, dicha característica se predica no sólo hacia el
interior del ente universitario sino frente a terceros y frente al
Gobierno Nacional, “por ello se ha sostenido que ella permite a los
entes universitarios lograr un desarrollo autónomo e independiente
de la comunidad educativa, sin la injerencia del poder político”16.
Ahora bien, conforme con lo sostenido por la Corte Constitucional,
14
Corte Constitucional. Sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-547 del 1 de diciembre de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-513 del 9 de octubre de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
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la autonomía está determinada por el campo de acción de las
universidades, el cual se manifiesta en la libertad para: i) darse sus
propios estatutos; ii) fijar las pautas para el nombramiento y
designación de sus profesores, autoridades académicas y
administrativas; iii) seleccionar sus alumnos; iv) señalar sus
programas académicos y los planes de estudio que regirán su
actividad académica, conforme a los parámetros mínimos señalados
en la ley, y v) aprobar y manejar su presupuesto17.
No obstante, la autonomía universitaria no es absoluta, en tanto
que “no sólo debe respetar los demás derechos protegidos en la
Carta Política, sino porque el legislador regula su actuación y está
facultado constitucionalmente para establecer las condiciones para
la creación y gestión de dichos entes educativos (art, 68 C.P.), para
dictar las disposiciones con arreglo a las cuales se darán sus
directivas y sus estatutos (art. 69 C.P.) y para dictar su régimen
especial. Empero, la actuación del legislador está restringida puesto
que se encuentra vedado para establecer directrices o dictar
normas que desconozcan la autonomía garantizada por la
Constitución”18.
Bajo este entendido, las universidades públicas gozan de autonomía
17
Corte Constitucional. Sentencias T-492 de 1992, ya citada, T-515 del 15 de noviembre de 1995.
M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-810 del 18 de septiembre de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
18
Corte Constitucional. Sentencia C-008 del 17 de enero de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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y “no pueden ser consideradas como “islas dentro del ordenamiento
jurídico”, es decir, ajenas y totalmente independientes del Gobierno
Nacional y a su regulación. Sin embargo, no hay que olvidar que el
reconocimiento que hizo el Constituyente a la autonomía impone un
mandato estricto al legislador”19.
De igual forma, esta Sección, al referirse al principio de la
autonomía universitaria, ha señalado que no es absoluto y que
debe interpretarse de manera sistemática, esto es, en concordancia
con las demás disposiciones y principios constitucionales y legales
atinentes al servicio público de la educación, en sus diferentes
aspectos.
Es así como en sentencia de 23 de marzo de 200120, esta Sección
advirtió que “[…] Ese principio de autonomía no puede entenderse,
[…] en los términos absolutos que parece considerarlo el
demandante, pues es necesario tener presente que el alcance de
esa garantía, consagrada por el artículo 69 constitucional, debe
fijarse teniendo en cuenta el mandato del inciso 5º del artículo 67
ibidem […] así como la facultad presidencial de ‘Ejercer la
inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley’, en los
términos del numeral 21 del artículo 189 constitucional […]”.
19
Corte Constitucional. Sentencias T-492 de 1992, ya citada y C-053 del 4 de marzo de 1998 M.P.
Fabio Morón Díaz.
20
Sentencia de 23 de marzo de 2001, expediente Núm. 5688, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
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Con esta claridad la Sala procede a resolver los planteamientos de
la demanda.
3.5.2.2. De la presunta violación de normas superiores y
desconocimiento de la autonomía universitaria
Según se precisa en la demanda, la Universidad accionante
cuestiona el artículo 44 del Capítulo VIII, Título II del Catalogo
General de Cuentas, los Procedimientos Contables y los Instructivos
Contables, que hace parte integral de la Resolución núm. 356 de
2007, en cuanto asegura que la norma en comento: i) desconoció
su autonomía y ii) modificó su naturaleza jurídica al equipararla a
entidades como el ISS, CAPRECOM, la Entidad Administradora de
Pensiones de Antioquia, FONPRECON, CAJANAL, CASUR, CREMIL y
el FOMAG, que por sus misiones institucionales, sí pueden ser
tratadas como fondos de reserva pensional o administradoras de
pensiones. De allí que sea bajo estos reproches de los que se ocupe
la Sala a fin examinar si hay lugar o no a declarar la nulidad
deprecada.
En relación con la finalidad de la autonomía universitaria ha de
entenderse que si bien estos entes de educación superior gozan de
autonomía tal como se registró en el acápite anterior, tal concepto
no es absoluto e irrestricto, en tanto su capacidad de
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autorregulación y autodeterminación administrativa también tiene
unos límites que le son inherentes por pertenecer a la estructura
estatal.
Es claro que la autonomía universitaria se orienta a evitar
interferencias en el impartir el servicio público a su cargo, pero no
así a materias de aplicación general, como es la rendición contable
con los recursos del Sistema General de Pensiones, provenientes
de las cotizaciones de los afiliados y los aportes de los empleadores
al Régimen de Prima Media con prestación definida, que es un
tema que no controvirtió la Universidad, ni que alegó no tener a su
cargo.
Precisamente, esta distinción en el manejo de los recursos de dicho
sistema no riñe con la misión y los objetivos que le son propios e
inherentes a esta institución en particular y que se encuentran
definidos de manera general para todas lo entes universitarios. En
el artículo 6° de la Ley 30 de 199221, se indican, entre otros, los
siguientes: i) profundizar en la formación integral de los
colombianos, capacitándolos para cumplir las funciones
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el
país; ii) trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del
conocimiento en todas sus formas y expresiones; y iii) ser factor
21
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
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de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel
nacional y regional, etc.
Precisamente, en tal enumeración no se establece el manejo
administrativo, presupuestal y contable de los pasivos pensionales,
el que tampoco se incluye en el concepto de autonomía
universitaria, que se aprecia en el artículo 28 de la Ley 30, así:
“[…] La autonomía universitaria consagrada en la
Constitución Política de Colombia y de conformidad con
la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho
a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a
sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar
sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función
institucional.[…]”.
De este modo, someter a la demandante como destinataria del
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, no
es demostrativa de la infracción alegada, pues su propósito
diferente del aquel alegado por la demandante fue “la
modernización financiera pública” que exige no solo de un proceso
de producción de información confiable, relevante y comprensible,
sino de que se acojan por la Contaduría General, como ente
regulador, y las entidades públicas, como obligadas.
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Por lo expuesto, el cargo no prospera.
3.5.2.3. De la presunta incompetencia de la Contaduría
General de la Nación para expedir el acto demandado
La parte demandante adujo que la Contaduría General de la Nación
expidió sin competencia el numeral 44 del Capítulo VIII, Título II,
del CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS – CGC, adoptado por la
Resolución núm. 356 de 2007, teniendo en cuenta que el literal b)
del artículo 3.º de la Ley 298 de 1996, porque estima que la “creó”
como un fondo de reserva, atribución que excede la facultad para
expedir normas de reconocimiento y de revelación de informes
pasivos respecto del nivel central de la administración nacional, al
cual, insiste, no pertenece la Universidad Nacional de Colombia.
Planteado el conflicto que expone la demandante, es oportuno
examinar la norma que invoca la entidad accionada como sustento
legal del aparte acusado a fin de verificar su contenido. La
disposición en comento refiere:
“[…] ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones
tendrá las siguientes características:
[…]
m. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los recursos del
Sistema General de Pensiones están destinados
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exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la
Nación, ni a las entidades que los administran. […]”
Esta precisión es necesaria y distingue que tales recursos del
sistema general de pensiones no pertenecen a la universidad, luego
bajo este entendimiento, es posible inferir que su manejo debe
seguir las directivas contables que la entidad accionada delimitó
sobre dichos recursos.
Mandato que además cobra relevancia con lo estatuido en el
artículo 132 de la Ley 100 de 1993, que prevé:
“[…] ARTÍCULO 132. SEPARACIÓN DE RIESGOS. A partir
de la vigencia de la presente Ley, las cajas, fondos y
entidades del sector público, en todos sus órdenes,
deberán financiar y administrar en forma independiente y
en cuentas separadas, las pensiones de vejez, de invalidez
y de sobrevivientes, del régimen de protección contra los
riesgos profesionales y del régimen de amparo contra
enfermedad general y maternidad. Deberán además
administrar las mismas en cuentas separadas con
respecto a las cuentas y conceptos restantes utilizadas por la
administración respectiva […]”
Estas disposiciones evidencian que el reproche de la Universidad
demandante de cuestionar la presunta injerencia en sus asuntos se
descarta por cuenta de la condición, calidad y exclusión de las
actividades ordinarias de la institución frente a la administración de
estos recursos de la seguridad pensional de sus trabajadores.
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Precisamente, este es el entendido que ha de conferírsele a la
expresión fondos de reserva, a la que se opone la demandante,
pues no es que se le asigne una naturaleza jurídica independiente o
novedosa como ente universitario, sino que dada la administración
de recursos de tal destinación, es necesario que aplique las normas
contables que le exigen, no solo la resolución acusada sino las
normas que regulan el sistema de seguridad pensional, las que no
puede indicar como inaplicables por virtud del principio de
autonomía universitaria.
Esta claridad se refuerza con las normas de competencia a cargo de
la Contaduría General de la Nación relativas a “uniformar,
centralizar y consolidar la contabilidad pública”.
Precisamente, la Ley 298 de 1996, que desarrolló el artículo 354
superior, creó la Contaduría General de la Nación como entidad y la
organizó como una Unidad Administrativa Especial adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones se
concretan en “[…] Impartir instrucciones de carácter general sobre
aspectos relacionados con la contabilidad pública […]”, según lo
dispuesto en el artículo 3º, literal f) de la citada ley. En relación con
tales funciones, la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de
1997, puntualizó:
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“[…] Las decisiones que en materia contable adopte la
Contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias
para las entidades del Estado, y lo son porque ellas
hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio
individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general,
afectando de manera sustancial los “productos finales”,
entre ellos el balance general, los cuales son definitivos para
el manejo de las finanzas del Estado. Esos poderes, “de
imposición y de mando”, reclaman para ser efectivos
facultades de inspección y de sanción como las consagradas
en los literales q y t del artículo 4 de la ley 298 de 1996, las
cuales deben ser reguladas por la ley, a través de las
cuales el organismo rector, en este caso la Contaduría,
pueda verificar y exigir, de ser el caso
coercitivamente, el cumplimiento oportuno y
pertinente de las normas y directrices que expida en
cumplimiento de sus funciones, pues los errores o
inconsistencias en el desarrollo de los procedimientos
que ella determine, como se dijo, no solo afectarían la
contabilidad de la entidad inspeccionada, sino que
distorsionarían el escenario contable nacional
acarreando graves consecuencias para el país. Esas
facultades de inspección y de sanción, que deben ser objeto
de regulación especial por parte del legislador, o en su
defecto remitirse a las disposiciones generales de la ley
(Código Único Disciplinario), en el caso que se analiza, se
limitan al ámbito administrativo, por eso las otorgó el
legislador, de conformidad con el texto de las disposiciones
impugnadas, exclusivamente para verificar el cumplimiento
de las normas expedidas por la Contaduría General de la
Nación, lo que indica que en ningún caso invaden materias o
espacios atribuidos por el Constituyente a otros organismos
del Estado […]”.
Precisamente, el cargo de Contador General de la Nación en la
Constitución tuvo su génesis en la necesidad llevar la contabilidad
general de la Nación y de consolidarla como mecanismo de control
en la ejecución de los recursos, como luego se corrobora de lo
previsto en los artículos 9º y 10 de la Ley 298 de 1996:
“[…] ARTÍCULO 9o. CONTABILIDAD GENERAL DE LA
NACIÓN. Para los efectos de la presente ley la
Contabilidad General de la Nación comprende la de los
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órganos que integran las Ramas del Poder Público en el nivel
nacional, la de las entidades u organismos estatales
autónomos e independientes, la de los organismos creados
por la Constitución Nacional o por la ley, que tienen
régimen especial, adscritos a cualquier Rama del Poder
Público, la de las personas naturales o jurídicas y la de
cualquier otro tipo de organización o sociedad, que
manejen o administren recursos de la Nación en lo
relacionado con éstos.
ARTÍCULO 10. CONTABILIDAD PÚBLICA. Para efectos de
la presente ley, la contabilidad pública comprende, además
de la Contabilidad General de la Nación, la de las entidades u
organismos descentralizados, territorialmente o por
servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y
la de cualquier otra entidad que maneje o administre
recursos públicos y sólo en lo relacionado con éstos
[…]”.
Estas normas son suficientes para concluir que el propósito de la
normativa cuestionada no solo está conforme a las atribuciones de
la entidad que la expidió, sino que se relaciona con el deber de
cuidado y manejo separado de los recursos pensionales, todo lo
cual permite concluir, que, en este caso, no existió la incompetencia
endilgada al acto acusado.
3.5.2.4 De la presunta falsa motivación y expedición
irregular
En lo que respecta a estas dos causales se tiene que el reproche se
sustenta en señalar que existe: i) una inminente confusión que
podría generar la no distinción entre la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia además de la Universidad Nacional de Colombia y, en
segundo lugar y ii) que debido a que el segundo párrafo del
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numeral 44 utiliza la palabra “ESTÁN” con lo que da a entender
que la Universidad Nacional ya era un fondo de reserva, sin que ello
haya sido nunca así. Esa imprecisión de lenguaje jurídico genera la
expedición irregular y, además, la falsa motivación.
En relación con la exposición de estas censuras, se tiene que la
expedición irregular corresponde a un “vicio de nulidad de los
actos que se materializa cuando se vulnera el procedimiento
determinado para la formación y expedición de un acto
administrativo” 22 ; sin embargo, en este caso la situación que
expone la demandante no tiene el alcance de viciar el acto acusado,
toda vez que tal divergencia podría ocurrir si el destinatario del
manual, se encuentra obligado por la Ley 100 de 1993 a garantizar
la administración de tales recursos, de ahí que identificar que la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia está obligada a adoptar
este manual depende del manejo de estos recursos, hecho que ni
probó ni desvirtuó la demandante, lo que obliga a despachar
desfavorablemente esta alegación.
Finalmente, y en lo que respecta a la falsa motivación23 que se
invoca, conviene precisar que este vicio se entiende como aquella
22
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Sentencia de 3 de agosto
de 2015. Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00128-00 Actor: John Efrén Rodriguez Barrera
Y Otro. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
23
De acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sección, la falsa motivación del acto ocurre cuando: “(i)
se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
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irregularidad que se presenta cuando las razones que se expresan
como fuente de su expedición no son reales, no existen o están
distorsionadas. Para acreditar esta causal, corresponde a quien la
alega demostrar que lo expresado en el acto administrativo no
corresponde a la realidad.
Bajo este concepto se tiene que la oposición radica en considerar a
la Universidad Nacional como un fondo de reserva, según la
alegación de la demandante, no porque se oponga al concepto sino
porque se le incluye y se le reconoce como tal.
Al respecto, y retomando el concepto que expone dicho Manual se
tiene lo siguiente:
“[…] 44. APLICACIÓN CONTABLE PARA LOS FONDOS DE
RESERVAS
Están conformados por LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PENSIONES provenientes de las cotizaciones
de los afiliados y aportes de los empleadores al régimen de
prima media con prestación definida y que, de conformidad
con lo establecido en el literal m) del artículo 13 de la Ley 100
de 1993, no pertenecen a las entidades administradoras, ni a
la Nación […]”
De la atenta lectura de esta disposición se tiene que el
entendimiento de qué es un fondo de reserva no está atado a la
administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad,
bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) porque el autor del acto le ha dado a los
motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y (iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Rad.:
250002324000200800265-01 C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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institución que administra tales recursos, sino que hace referencia
a los propios recursos del sistema general de pensiones, de ahí que
sea esta la interpretación más armónica y conforme con las normas
de la Ley 100 de 1993 que ya se examinaron, lo que permite
delimitar que le es aplicable no por la lista que a reglón seguido se
incorpora sino porque cumple la función y la responsabilidad de tal
manejo.
En este orden de ideas y comoquiera que la demandante no
desvirtuó que no administrara ni manejara recursos del sistema
pensional no hay lugar a acceder a este reproche, pues la
descripción de las entidades que allí se enlista es apenas
enunciativa, por cuanto lo que asigna la obligación que impone el
Manual de contabilidad es producto del manejo especial y separado
que las entidades han de conferirle a estos recursos.
Esta conclusión es independiente de las manifestaciones que los
declarantes en sus testimonios hicieron en este proceso frente a los
ajustes que ha procurado la Contaduría General de la Nación
producto no solo por las dinámicas normativas, sino debido a la
acogida de normas internacionales que regulan la contabilidad, lo
que de ningún modo equivale a que se haya acreditado la
ocurrencia de este vicio de nulidad.
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Por lo expuesto, estas censuras tampoco prosperan y ante la
ausencia de otros reproches por examinar, la Sala dispondrá en la
parte resolutiva que se deniegue la pretensión de nulidad.
3.5.3. De las costas
Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se
promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera de
conformidad con lo previsto en el artículo 171 24 del CCA, que no
hay lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la
acción exime de esta fijación.
3.5.3. Reconocimiento de personería
Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora DIANA
MARCELA GUZMÁN BENAVIDES como apoderado de la
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con el
poder y los documentos anexos obrantes en el índice 151 del
expediente digital agregado al sistema SAMAI.
24
“ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las
acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil”
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas
por la parte demandada, atendiendo a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la pretensión de nulidad de la demanda.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.
CUARTO: TENER a la doctora DIANA MARCELA GUZMÁN
BENAVIDES como apoderado de la CONTADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, de conformidad con el poder y los documentos
anexos obrantes en el índice 151 del expediente digital agregado al
sistema SAMAI.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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