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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00112-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00112-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la pretensión de nulidad de la demanda. TERCERO: NO CONDENAR en costas. CUARTO: TENER a la doctora DIANA MARCELA GUZMÁN BENAVIDES como apoderado de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 151 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2010-00112-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00112-00
Referencia: Acción de nulidad
Actora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TESIS: NO SE DESCONOCIÓ LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA CON EL ACTO ADMINISTRATIVO
EXPEDIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUE
ADOPTÓ EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE
CONTABILIDAD PÚBLICA Y LE DIO TRATAMIENTO DE FONDO DE
RESERVA PENSIONAL PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.
ADICIONALMENTE, LA ENTIDAD DEMANDADA ACTUÓ EN EL
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE SUS COMPETENCIAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda de nulidad promovida por la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por conducto de

apoderado judicial, en contra del “[…] numeral 44 del capítulo VIII

del título II […]” de la Resolución núm. 356 de 5 de septiembre de

2007, “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del

Régimen de Contabilidad Pública”, expedida por la CONTADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00112-00
Actora: Universidad Nacional de Colombia

La Universidad demandante, solicitó en ejercicio de la acción de

nulidad, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso

Administrativo, en adelante CCA, que de realice la siguiente

declaración:

“[…] Es nulo el numeral 44 del capítulo VIII del título II de la
Resolución 356 de septiembre de 2007 expedida por la
Contaduría General de la Nación […]”

La parte demandante fundó su demanda en los siguientes hechos,

que se sintetizan así:

Indicó que la Constitución Política 1 ordenó crear la Contaduría

General de la Nación y la Ley 298 de 1996 2 , la puso en

funcionamiento como una Unidad Administrativa Especial con

personería jurídica propia3.

Adujo que mediante la Resolución núm. 356 de 2007, expedida por

la entidad demandada se le calificó a la Universidad Nacional de

Colombia como un fondo de reserva porque maneja recursos del

1
“ARTICULO 354. Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la
contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas
territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente
a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.
Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad
pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país,
conforme a la ley”.
2
“Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de
la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”
3
“[…] ARTÍCULO 1o. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. A cargo del Contador General de la
Nación, créase la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal, técnica,
administrativa y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura,
clasificación salarios y prestaciones […]”

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Actora: Universidad Nacional de Colombia

sistema general de pensiones provenientes de las cotizaciones de

los afiliados y de los aportes de los empleadores al régimen de

prima media con prestación definida, según da cuenta el numeral

44 del capítulo VIII del título II del acto acusado.

Indicó que la norma cuestionada vulneró los artículos: 69, 121,

189, 200, 345, 346 y 352 de la Constitución Política; 2º y 57 de la

Ley 30 de 1992; 240 de la Ley 4ª de 1913; 12 de la Ley 153 de

1887; 3º, literal b), de la Ley 298 de 1996; 5º y 11 de la Ley 489

de 1998; 10º de la Ley 828 de 2003; y 25 y 30 del Código Civil.

También estimó transgredidos los decretos 111 de 1996, 205 de

2003, 3667 de 2004, 187 de 2005 y 1465 de 2005.

Para explicar la violación planteada indicó como causales de

nulidad, la de “violación de la ley, incompetencia, falsa motivación y

expedición irregular” y expuso los siguientes argumentos:

“[…] Pues bien, la Contaduría General de la Nación, al
expedir la resolución que parcialmente se demanda, incurrió
en los siguientes yerros de hecho y de derecho:

-DESCONOCER la garantía constitucional de la autonomía
universitaria consagrada por el artículo 69 de la
Constitución;

-EXCEDER las competencias propias previstas en el literal b)
del artículo 3.º de la ley 298 de 1996;

-EXCEDER las competencias propias previstas en la ley 298
de 1996, asignando una naturaleza jurídica a la Universidad
Nacional de Colombia, que ésta no tiene;

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-CONFUNDIR equivocadamente a la Universidad Nacional de
Colombia con el Instituto de Seguros Sociales, Caprecom,
Cajanal, Fonprecon, Casur y Cremil, cuyos objeto y
naturaleza se identifican plenamente con el tema pensional y
ello puede justificar que se les de el carácter de fondos de
reserva, mientras que la entidad demandante solo tiene el
papel, que ni siquiera la naturaleza jurídica, de ser una
pagadora de pensiones con recursos girados principalmente
por la Nación, más no una administradora de pensiones.

Salta a la vista que la Contaduría, al expedir el acto
demandado desconoció las disposiciones jurídicas superiores
a las que debía sujetarse y, además, incurrió en
incompetencia al pretender otorgar una naturaleza jurídica
a la Universidad Nacional de Colombia que esta no tiene,
habiendo además incurrido en falsa motivación de hecho y
de derecho, al estimar que estaba facultado para imponer
obligaciones a la Universidad.

Finalmente, el vicio de expedición irregular se ha
producido en cuanto que la resolución demandada adolece
de la claridad que deben tener los actos administrativos, lo
cual se afirma en dos sentidos. En primer lugar, debido a
que existe la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
además de la Universidad Nacional de Colombia y, en
segundo lugar, debido a que el segundo párrafo del numeral
44 aquí demandado se inicia con la palabra ESTAN, con lo
que da a entender que la Universidad Nacional ya era un
fondo de reserva, sin que ello haya sido nunca así. Esa
imprecisión de lenguaje jurídico genera la expedición
irregular y, además, la falsa motivación […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Luego de tramitarse el recurso de súplica ordinaria contra el auto

que rechazó la demanda de la referencia, el Despacho sustanciador

admitió la demanda por auto del 24 de abril de 2012, se ordenaron

las notificaciones de rigor y se resolvió sobre la solicitud de

suspensión provisional, en el sentido de denegarla.

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A la demanda se le confirió el trámite del procedimiento ordinario,

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación

en lista, etapa probatoria4 y la de alegaciones5, así:

2.1 Contestación de la demanda

La entidad accionada, mediante apoderado judicial, contestó la

demanda. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y afirmó

que el acto demandado se encontraba ajustado a derecho, toda vez

que fue proferido de conformidad con el ordenamiento jurídico

aplicable.

Explicó que la norma demandada estableció un procedimiento

contable respecto a los fondos de reserva y en ese sentido, no es

aceptable como se señaló en la demanda que los haya creado y

modificado.

Aclaró que los fondos de reserva manejan los recursos que

provienen de las cotizaciones de los afiliados al Régimen de Prima

Media con Prestación Definida y de los aportes que realiza la Nación.

4
Según auto de 20 de marzo de 2019, se decretan las pruebas solicitadas por las partes. (fls. 215 y
s.s. del expediente digital) En audiencia de recepción de testimonio se recibió la declaración de la
señora Marleny María González Vázquez y Jorge de Jesús Valera Urrego (fls. 307 y s.s. cuaderno
digital)
5
Según auto de 27 de noviembre de 2019 (fl.340 expediente digital) se ordenó correr traslado común
para alegar.

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De allí que sea incorrecto alegar que se desconoció el artículo 69

Superior y el principio de la autonomía universitaria o la legislación

que regula la materia, comoquiera que el procedimiento de

aplicación contable para los fondos de reserva acogió lo dispuesto en

los literales a) y b) del artículo 4° de la Ley 298 de 1996.

Afirmó que la Contaduría General de la Nación no desbordó las

competencias que le fueron legalmente atribuidas, toda vez que

dentro de sus funciones se encuentran las de “[…] Determinar las

políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir en

el país para todo el sector público […]”, así como “[…] Establecer las

normas técnicas generales y específicas, sustantivas y

procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la

Contabilidad Pública […]”.

Que según los artículos 13, 32, (literal b), 52 y 132 de la Ley 100 de

1993, los recursos que recauda la Universidad Nacional de Colombia

a través de su Caja de Previsión Social hacen parte de un fondo

común de naturaleza pública, denominado fondo de reserva en el

procedimiento contable, para el reconocimiento y revelación del

pasivo pensional.

En ese sentido, los recursos no le pertenecen y su manejo contable

requiere cuentas separadas por cada clase de riesgo que cubre.

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Que la Contaduría General de la Nación expidió la norma demandada

con el objeto de garantizar el adecuado reconocimiento del pasivo

pensional a cargo de empleadores y fondos de reserva, para brindar

herramientas que permitan la toma de decisiones en materia de

política macroeconómica de seguridad social en pensiones, sin que

ello signifique modificar la naturaleza jurídica de las entidades

públicas mencionadas en el numeral 44 de la Resolución núm. 356

de 2007.

En ese orden, propuso a título de excepciones, las siguientes:

Falta de competencia. Estimó que es la Sección Segunda del

Consejo de Estado, la que debe ocuparse del estudio de legalidad

pues se trata de un proceso de simple nulidad contra un acto

administrativo que versa sobre un asunto laboral.

Ineptitud de la demanda. Alegó que la naturaleza del acto

administrativo acusado es la de particular y concreto, lo que explica

que debió demandarse mediante la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho.

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Además, aseguró que debió citarse a las entidades que se enlistan

en el numeral demandado, por el ISS, CAPRECOM, FONPRECON,

CAJANAL, CASUR, CREMIL, FOMAG.

Caducidad de la acción. Explicó que en razón a que es la acción de

nulidad y restablecimiento la procedente, la demanda se presentó de

manera extemporánea.

Inexistencia de causales de nulidad del acto. Sustentó que las

causales de nulidad propuestas no se encuentran probadas, de

conformidad con las razones de defensa, de allí que la acción sea

improcedente.

2.2. Alegatos de conclusión

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la

demanda para insistir en que la norma acusada, al asignarle a la

Universidad el tratamiento de un fondo de reserva pensional,

desconoció su autonomía universitaria.

La entidad accionada reiteró los argumentos de defensa

expuestos en la contestación y destacó: i) su competencia para

expedir las normas contables que deben regir al país; ii) el respeto

de la norma demandada por la Constitución, la legislación sobre la

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materia y el concepto de autonomía universitaria; y iii) el

tratamiento contable que corresponde aplicar a la Universidad

Nacional de Colombia como caja de previsión social que administra

recursos del sistema general de pensiones.

Agregó que el artículo 3° de la Resolución núm. 156 de 2018

derogó la Resolución núm. 356 de 2007, motivo por el cual pidió

que se declarara “[…] la carencia actual de objeto por sustracción

de materia […]”, comoquiera que, a su juicio, operó el fenómeno de

pérdida de fuerza ejecutoria del acto demandado.

2.3. Concepto del Ministerio Público

La vista fiscal solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para

lo cual destacó que pese a que, en principio, según el Decreto 1210

de 1993, el Régimen Orgánico Especial de la Universidad Nacional

de Colombia establece normas contables que tratan sobre pasivos

pensionales, parecía contraria a la naturaleza jurídica de la parte

demandante, lo relevante es que antes de la Ley 100 de 1993, la

Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de empleadora,

tuvo a su cargo por intermedio de su Caja de Previsión Social el

reconocimiento y pago de las pensiones del personal vinculado a la

entidad.

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En ese orden, la Ley 100 de 1993 autorizó a las universidades

estatales de orden nacional para que, por intermedio de sus cajas y

fondos, y de forma paralela al Instituto de Seguros Sociales,

continuaran administrando los recursos pensionales de sus afiliados

en la modalidad de Prima Media con prestación definida.

Precisó que a pesar de que la Caja de Previsión Social de la

Universidad Nacional de Colombia no contaba con personería

jurídica, sí administraba los recursos pensionales de sus afiliados de

forma independiente de los recursos asignados a la Universidad

Nacional de Colombia para el cumplimiento de su actividad

principal, a los cuales de ninguna manera hacía referencia el

enunciado acusado.

Resaltó que los registros contables de los fondos de reserva, al no

pertenecer a la entidad que los administraba, debían llevarse de

forma separada de los registros contables de los recursos propios

de la entidad, razón por la cual era indispensable observar el

procedimiento contable establecido para el reconocimiento y

revelación del pasivo pensional en el Manual de que trata la

Resolución cuestionada.

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En ese orden, concluyó que no existe desconocimiento de la

autonomía universitaria, así como tampoco la modificación de la

naturaleza jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.

III. - CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Conviene aclarar, -frente a la oposición 6 de la entidad

demandada de que la Sección Primera no es la competente para

decidir el asunto-, que según el Reglamento de esta Corporación los

asuntos se distribuyen según la materia y en tratándose de esta

Sala opera el reparto residual, que deriva en una cláusula de que

todo aquello que no esté debidamente asignado a otra sección le

corresponde resolverlo. Así, lo dispone:

“[…] ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS
ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo
un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Primera:

1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos
que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones.

[…]

8. Todos los demás, para los cuales no exista regla
especial de competencia […]”.

6
A título de excepción.

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En ese orden, la explicación de que el asunto es de naturaleza

laboral no encuentra respaldo si se examina la resolución acusada,

que se identifica con el título “Manual de Procedimientos del

Régimen de Contabilidad Pública”, y muy a pesar de que las

relaciones que le preceden a los recursos pensionales, lo relevante

aquí es que es un manual que impone normas de carácter

contable, circunstancia más que suficiente para ratificar la

competencia y el reparto de asuntos a cargo de esta Sección.

3.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala decidir si el “[…] numeral 44 del capítulo

VIII del título II […]” de la Resolución núm. 356 de 2007, “Por la

cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública”, expedida por la Contaduría General de la

Nación, incurre en los vicios de nulidad alegados.

Lo anterior, bajo el reproche que plantea la demandante contra el

“Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”,

limitado a que la disposición acusada es contraria a las normas

superiores que no autorizan darle a la Universidad Nacional de

Colombia, el trato de un fondo de reserva pensional para efectos

del manejo de los recursos del Sistema General de Pensiones, pues

tal determinación atenta contra el artículo 69 de la Constitución

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Política que reconoce la autonomía a los entes universitarios en el

manejo de sus asuntos y la falta de competencia de la Contaduría

General de la Nación para expedir la disposición demandada.

También se alegó la presunta irregularidad en su expedición y el

vicio de falsa motivación, cargos que se examinaran a la luz de sus

reproches.

3.3. El acto acusado

“[…] RESOLUCION 356

(05 de septiembre de 2007)

“Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen
de Contabilidad Pública”

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y
reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 354 de la
Constitución Política, la Ley 298 de 1996, el Decreto 143 de 2004,
y

CONSIDERANDO

Que es función del Contador General de la Nación uniformar,
centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance
general y determinar las normas contables que deben regir en el
país;

Que la modernización financiera pública requiere de un proceso
dinámico y continuo de producción de información confiable,
relevante y comprensible, lo cual exige una adecuación
permanente tanto para la Contaduría General de la Nación en el
proceso regulador, como para las entidades contables públicas en
la aplicación de la normativa contable;

Que se ha realizado una revisión estructural de la metodología de
construcción del marco conceptual y las normas técnicas para

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incorporar criterios armonizados con los Estándares
Internacionales de Contabilidad que aplican al sector público;

Que mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007 se
adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, el cual está integrado
por el Manual de Procedimientos;

Que para instrumentalizar el Régimen de Contabilidad Pública se
requiere adoptar el Manual de Procedimientos,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptase el Manual de Procedimientos del Régimen
de Contabilidad Pública que está integrado por el Catálogo General
de Cuentas, los Procedimientos Contables y los Instructivos
Contables, el cual forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. El Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos
Contables y los Instructivos Contables adoptados mediante la
presente resolución corresponden a la versión 2007.1 y serán
publicados en la página web de la Contaduría General de la
Nación.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 555 de
2006.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de septiembre de 2007.

El Contador General de la Nación […]”

“[…] CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS – CGC

[…]

TÍTULO II. PROCEDIMIENTOS CONTABLES.

[…]

CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL
RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DEL PASIVO
PENSIONAL, DE LA RESERVA FINANCIERA QUE LO
SUSTENTA Y DE LOS GASTOS RELACIONADOS.

[…]

44. APLICACIÓN CONTABLE PARA LOS FONDOS DE
RESERVAS

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Están conformados por los recursos del sistema general de
pensiones provenientes de las cotizaciones de los afiliados
y aportes de los empleadores al régimen de prima media
con prestación definida y que, de conformidad con lo
establecido en el literal m) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993,
no pertenecen a las entidades administradoras, ni a la Nación.
Están constituidos como fondos de reserva el Instituto de
Seguros Sociales-ISS, Caja de Previsión Social de
Comunicaciones-CAPRECOM, Entidad Administradora de Pensiones
de Antioquia, Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República-FONPRECON, Caja Nacional de Previsión Social-
CAJANAL, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR,
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Universidad Nacional.

El cálculo actuarial del pasivo pensional de los fondos de reservas
representa el valor presente de los pagos futuros que el mismo
fondo, a través de la entidad administradora, deberá realizar a sus
afiliados, que tengan o vayan a adquirir el derecho de
conformidad con las condiciones definidas en el régimen de prima
media con prestación definida y regímenes especiales, por
concepto de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes,
teniendo en cuenta que existen incertidumbres remotas y
probables en relación con la cuantía del valor a pagar y el
nacimiento y/o extinción de las obligaciones de pago.

Las obligaciones por concepto de bonos pensionales deben
calcularse en forma separada y forman parte del cálculo actuarial
a cargo del ente contable público.

El pasivo estimado por concepto de bonos y cuotas partes de
bonos pensionales está representado por el monto de las
liquidaciones provisionales. Solo hasta el momento en que se
emita el bono, deja de ser un pasivo estimado para convertirse en
un pasivo real. La amortización del cálculo actuarial corresponde a
la afectación gradual de los resultados del fondo de reservas por
el monto del pasivo pensional a cubrir durante el período contable
[…]”.

3.4 Cuestión previa

La Sala se ocupa de examinar la petición que elevó la parte

demanda relativa a que se declare “[…] la carencia actual de objeto

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por sustracción de materia […]”, habida cuenta que el acto acusado

fue derogado mediante la Resolución núm. 156 de 20187.

Al respecto se destaca que si bien es cierto la norma cuestionada

(parcialmente), fue objeto de derogación en virtud de lo dispuesto en

el artículo 38 de la resolución en mención9, también lo es que esta

circunstancia no impide que esta Sala profiera la sentencia de fondo

que corresponde, en razón a la posibilidad de examinar su legalidad

mientras la disposición acusada estuvo en vigor, en observancia de la

teoría del decaimiento de los actos administrativos que aplica esta

Sección.

En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el

decaimiento de los actos administrativos no constituye una causal

que los vicie de nulidad y tampoco impide el enjuiciamiento de su

legalidad, pues los actos que han perdido su vigor siguen

amparados por la presunción de legalidad y su enjuiciamiento debe

efectuarse con base en los fundamentos de hecho y de derecho

existentes en el momento de su expedición, en tanto solo la

decisión judicial desvirtúa la presunción de legalidad que los

7
“Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública,
estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación”
8
“[…] ARTÍCULO 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998; aplica a
partir del período contable 2018; y deroga los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución 354 de 2007 y las
Resoluciones 355 y 356 de 2007 […]”
9
Como se mencionó, esta norma derogó la Resolución 354 de 2007.

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acompañó mientras produjeron efectos. Al respecto, es del caso

puntualizar lo dicho por esta Corporación10:

“[…] Cuestión previa – acto administrativo acusado
derogado

26. Esta Sala previo a determinar los problemas jurídicos se
pronunciará de la siguiente cuestión previa:

27. A pesar de que el Decreto 3525 de 2005, fue modificado,
entre otros por el Decreto 2085 de 11 de junio 2008 y derogado
por el por el artículo 3.1.1. del Decreto 1079 de 26 de mayo de
2015, esta Sección se pronunciará de fondo, teniendo en cuenta
el criterio, según el cual, basta que la norma jurídica de carácter
general haya tenido vigencia para que esta jurisdicción se
pronuncie ante una demanda de nulidad que se presente contra
ella, en consideración a los efectos que pudo producir durante su
vigencia.

28. Asimismo, porque como lo ha considerado esta Corporación:
i) la derogatoria o el decaimiento del acto administrativo
acusado no restablece per se el orden jurídico supuestamente
vulnerado, sino que acaba con la vigencia de la norma con
efectos hacia el futuro y ii) porque aún si una normativa ha sido
derogada o ha operado sobre la misma la figura del decaimiento,
sigue amparado por el principio de legalidad que le protege y
que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez
competente; de donde se desprende que lo que efectivamente
restablece el orden vulnerado no es la derogatoria o su
decaimiento, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara
ajustado a derecho. […]”.

En este orden de ideas, la Sala procederá a examinar la legalidad de

la Resolución acusada, en el aparte acusado y bajo los cargos que

expuso la demandante.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de
noviembre de 2019, expediente 11001-03-24-000-2006-00163-01, Actor: Mario Castellanos Moreno,
Magistrado Ponente Hernando Sánchez Sánchez. Citada en el auto de 28 de mayo de 2021.
Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00353-00. Actor: Oscar Andrés Lozano Delgado. C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.

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3.5 La decisión

3.5.1 La decisión sobre las excepciones

Previo a resolver de fondo el asunto es oportuno examinar si se

hallan probadas las excepciones que formuló la entidad demanda

para oponerse a que se dicte un fallo de mérito, habida cuenta que

estima que el acto acusado tiene un carácter particular y concreto

que le obligaba a presentar la acción de nulidad y restablecimiento,

la cual está sometida a un término de caducidad.

En relación con este planteamiento que en realidad se identifica con

la excepción de indebida escogencia de la acción11, conforme lo

11
Se puede revisar entre otras la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Auto del 12 de diciembre de 2019. Expediente número 11001 03 24
000 2017 00130 00. M.P. Oswaldo Giraldo López. Esta decisión refiere: “[…]
5.4. Indebida escogencia de la acción. Resulta pertinente recordar que la razón por la cual los
memorialistas invocan la “indebida escogencia de la acción” como una excepción obedece a que
consideran que las pretensiones de la demanda implican el restablecimiento automático de un
derecho particular, razón por la cual, a su juicio, el libelo introductorio debió admitirse como de
nulidad y restablecimiento del derecho y no como de nulidad.
En ese contexto, se advierte que, si bien el mencionado reparo no se encuentra dentro de las
excepciones enlistadas en el artículo 100 del CGP o en el 180 del CPACA, lo cierto es que tiene como
finalidad controvertir la forma en la que fue ejercido el derecho de acceso a la administración de
justicia, es decir, enerva el contenido de la demanda y el instrumento utilizado por los accionantes
para alcanzar sus pretensiones.
En atención a lo dicho, la “indebida escogencia de la acción” logra configurarse en la definición traída
en el acápite correspondiente de esta providencia respecto del alcance de una excepción mixta, como
quiera que, con ella se buscar definir las presuntas irregularidades contenidas en el libelo
introductorio, esto es, las anomalías que aparezcan de manera previa a que se trabe la litis; aspectos
estos que, de no analizarse en la etapa establecida por el artículo 180 ibídem, darían lugar a
sentencias inhibitorias, decisiones estas que son precisamente las que el Legislador quiso proscribir
en los trámites que se adelantan ante el Juez Administrativo, pues su eventual prosperidad traería
como consecuencia que la demanda deba ser interpretada como de nulidad y restablecimiento del
derecho, y que por ende, deban ser exigidos los requisitos de procedibilidad dispuestos en el artículo
161 del CPACA; así como la interposición de la misma de forma oportuna, esto es, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la notificación de los actos acusados.
Así las cosas, es menester revocar la providencia recurrida y en consecuencia, devolver el expediente
para que el Despacho Sustanciador resuelva a título de excepción el reparo denominado
“indebida escogencia de la acción”, así como la procedencia en el estudio de acumulación al que alude
el Ministerio Público en su intervención […]”

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ha precisado esta Sala y no con la aludida inepta demanda, se

aprecia de la resolución acusada que su naturaleza es la de un acto

de contenido general y abstracto, hecho que no descarta que la

norma cuestionada pueda identificar o referir de manera expresa a

las entidades que enlista el acto, sin que tal situación enerve su

naturaleza.

En efecto, un acto es de contenido general 12 , cuando crea

situaciones jurídicas que obligan, de manera abstracta e impersonal

a los administrados, es decir, su contenido es idéntico para todos

los administrados que se encuentren dentro de las circunstancias

que regula el acto demandado. En el caso bajo examen, se adopta

el “Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”

integrado por el Catálogo General de Cuentas, los

Procedimientos Contables y los Instructivos Contables, cuya

exclusión solicita la entidad demandada bajo un razonamiento de

violación de la autonomía universitaria, la que luego pasará a

examinarse.

Ahora bien, no descarta la Sala el entendimiento que proporciona la

entidad demandada en el planteamiento a título de excepción que

podría examinarse en aplicación de la teoría de los móviles y

12
Sobre este concepto puede acudirse entre otros a las siguientes providencias proferidas por esta
Corporación: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del
23 de junio de 2011. Radicación número: 11001-03-27-000-2006-00032-00(16090) M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas

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finalidades; sin embargo, es este caso, la Universidad no planteó

una pretensión de restablecimiento con la solicitud de anulación,

luego es dable concluir que al no mediar una pretensión diferente a

la de un control objetivo de legalidad y a que no se produce un

restablecimiento automático, en este caso el reproche planteado

debe negarse.

En línea con lo anterior, tampoco es procedente examinar la

ocurrencia de caducidad de la acción por cuanto el ejercicio de la

acción de nulidad no está sometida a un término de caducidad

para el control judicial, en los términos del artículo 13613 del CCA.

Atendiendo a la naturaleza del acto de general y abstracto,

tampoco era necesario la vinculación de las demás entidades

mencionadas en el numeral 44 del Capítulo VIII, Título II, de la

Resolución núm. 356 de 2007, y que se enlistaron en la norma a

saber, ISS, CAPRECOM, FONPRECON, CAJANAL, CASUR, CREMIL y

FOMAG, pues, se insiste, no hay un reclamo o un derecho particular

que implique necesariamente su llamado a este proceso.

Finalmente, en cuanto a la denominada “inexistencia de causales de

nulidad del acto e improcedencia de la acción”, la Sala identifica que

13
“[…] La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto
[…]”.

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este planteamiento es en realidad un complemento de las razones

de defensa, por ello se analizaran como tales y porque de ninguna

manera su planteamiento constituye un hecho extintivo o

modificativo de la pretensión de nulidad que impida al juez

examinar de fondo la demanda.

Por lo anterior, se declararán no probadas las excepciones

formuladas y así se hará constar en la parte resolutiva de esta

providencia.

3.5.2. De la decisión de fondo

Para efectos de examinar los cargos formulados, es necesario que

la Sala se refiera al concepto que surge la concepción e integración

del Estado y el reconocimiento de la autonomía a los entes

universitarios en la norma superior, en tanto es este el argumento

central de la violación planteada y del que se sirve la demandante

para solicitar que no se le cobije con las medidas normativas

contables de que trata el acto acusado.

3.5.2.1 Autonomía universitaria. marco normativo y
desarrollo jurisprudencial. Reiteración

El artículo 69 de la Constitución Política dispone que “[…] las

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios

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estatutos, de acuerdo con la ley […]”.

Asimismo, establece que “[…] la ley establecerá un régimen

especial para las universidades del Estado (y) fortalecerá la

investigación científica en las universidades oficiales y privadas

(además) de ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo

[…]”.

Por su parte, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 “Por la cual se

organiza el servicio público de la Educación Superior”, definió la

autonomía universitaria de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 28. La autonomía universitaria consagrada
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con
la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a
darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar
sus programas académicos, definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional […]”.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-926-05, señaló que dicha

autonomía encuentra fundamento “[…] en la necesidad de que el

acceso a la formación académica de las personas tenga lugar

dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en

el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o

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en el manejo administrativo o financiero del ente educativo […]”14.

En este sentido, la autonomía universitaria se concreta en la

libertad académica, administrativa y económica de las

instituciones de educación superior y es en ejercicio de esta que las

universidades tienen derecho “[…] a darse y modificar sus

estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,

crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas

y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus

profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y de su función institucional

[…]”15.

Por lo anterior, dicha característica se predica no sólo hacia el

interior del ente universitario sino frente a terceros y frente al

Gobierno Nacional, “por ello se ha sostenido que ella permite a los

entes universitarios lograr un desarrollo autónomo e independiente

de la comunidad educativa, sin la injerencia del poder político”16.

Ahora bien, conforme con lo sostenido por la Corte Constitucional,

14
Corte Constitucional. Sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-547 del 1 de diciembre de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-513 del 9 de octubre de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.

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la autonomía está determinada por el campo de acción de las

universidades, el cual se manifiesta en la libertad para: i) darse sus

propios estatutos; ii) fijar las pautas para el nombramiento y

designación de sus profesores, autoridades académicas y

administrativas; iii) seleccionar sus alumnos; iv) señalar sus

programas académicos y los planes de estudio que regirán su

actividad académica, conforme a los parámetros mínimos señalados

en la ley, y v) aprobar y manejar su presupuesto17.

No obstante, la autonomía universitaria no es absoluta, en tanto

que “no sólo debe respetar los demás derechos protegidos en la

Carta Política, sino porque el legislador regula su actuación y está

facultado constitucionalmente para establecer las condiciones para

la creación y gestión de dichos entes educativos (art, 68 C.P.), para

dictar las disposiciones con arreglo a las cuales se darán sus

directivas y sus estatutos (art. 69 C.P.) y para dictar su régimen

especial. Empero, la actuación del legislador está restringida puesto

que se encuentra vedado para establecer directrices o dictar

normas que desconozcan la autonomía garantizada por la

Constitución”18.

Bajo este entendido, las universidades públicas gozan de autonomía

17
Corte Constitucional. Sentencias T-492 de 1992, ya citada, T-515 del 15 de noviembre de 1995.
M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-810 del 18 de septiembre de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
18
Corte Constitucional. Sentencia C-008 del 17 de enero de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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y “no pueden ser consideradas como “islas dentro del ordenamiento

jurídico”, es decir, ajenas y totalmente independientes del Gobierno

Nacional y a su regulación. Sin embargo, no hay que olvidar que el

reconocimiento que hizo el Constituyente a la autonomía impone un

mandato estricto al legislador”19.

De igual forma, esta Sección, al referirse al principio de la

autonomía universitaria, ha señalado que no es absoluto y que

debe interpretarse de manera sistemática, esto es, en concordancia

con las demás disposiciones y principios constitucionales y legales

atinentes al servicio público de la educación, en sus diferentes

aspectos.

Es así como en sentencia de 23 de marzo de 200120, esta Sección

advirtió que “[…] Ese principio de autonomía no puede entenderse,

[…] en los términos absolutos que parece considerarlo el

demandante, pues es necesario tener presente que el alcance de

esa garantía, consagrada por el artículo 69 constitucional, debe

fijarse teniendo en cuenta el mandato del inciso 5º del artículo 67

ibidem […] así como la facultad presidencial de ‘Ejercer la

inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley’, en los

términos del numeral 21 del artículo 189 constitucional […]”.

19
Corte Constitucional. Sentencias T-492 de 1992, ya citada y C-053 del 4 de marzo de 1998 M.P.
Fabio Morón Díaz.
20
Sentencia de 23 de marzo de 2001, expediente Núm. 5688, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

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Con esta claridad la Sala procede a resolver los planteamientos de

la demanda.

3.5.2.2. De la presunta violación de normas superiores y
desconocimiento de la autonomía universitaria

Según se precisa en la demanda, la Universidad accionante

cuestiona el artículo 44 del Capítulo VIII, Título II del Catalogo

General de Cuentas, los Procedimientos Contables y los Instructivos

Contables, que hace parte integral de la Resolución núm. 356 de

2007, en cuanto asegura que la norma en comento: i) desconoció

su autonomía y ii) modificó su naturaleza jurídica al equipararla a

entidades como el ISS, CAPRECOM, la Entidad Administradora de

Pensiones de Antioquia, FONPRECON, CAJANAL, CASUR, CREMIL y

el FOMAG, que por sus misiones institucionales, sí pueden ser

tratadas como fondos de reserva pensional o administradoras de

pensiones. De allí que sea bajo estos reproches de los que se ocupe

la Sala a fin examinar si hay lugar o no a declarar la nulidad

deprecada.

En relación con la finalidad de la autonomía universitaria ha de

entenderse que si bien estos entes de educación superior gozan de

autonomía tal como se registró en el acápite anterior, tal concepto

no es absoluto e irrestricto, en tanto su capacidad de

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autorregulación y autodeterminación administrativa también tiene

unos límites que le son inherentes por pertenecer a la estructura

estatal.

Es claro que la autonomía universitaria se orienta a evitar

interferencias en el impartir el servicio público a su cargo, pero no

así a materias de aplicación general, como es la rendición contable

con los recursos del Sistema General de Pensiones, provenientes

de las cotizaciones de los afiliados y los aportes de los empleadores

al Régimen de Prima Media con prestación definida, que es un

tema que no controvirtió la Universidad, ni que alegó no tener a su

cargo.

Precisamente, esta distinción en el manejo de los recursos de dicho

sistema no riñe con la misión y los objetivos que le son propios e

inherentes a esta institución en particular y que se encuentran

definidos de manera general para todas lo entes universitarios. En

el artículo 6° de la Ley 30 de 199221, se indican, entre otros, los

siguientes: i) profundizar en la formación integral de los

colombianos, capacitándolos para cumplir las funciones

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el

país; ii) trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del

conocimiento en todas sus formas y expresiones; y iii) ser factor

21
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.

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de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel

nacional y regional, etc.

Precisamente, en tal enumeración no se establece el manejo

administrativo, presupuestal y contable de los pasivos pensionales,

el que tampoco se incluye en el concepto de autonomía

universitaria, que se aprecia en el artículo 28 de la Ley 30, así:

“[…] La autonomía universitaria consagrada en la
Constitución Política de Colombia y de conformidad con
la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho
a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a
sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar
sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función
institucional.[…]”.

De este modo, someter a la demandante como destinataria del

Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, no

es demostrativa de la infracción alegada, pues su propósito

diferente del aquel alegado por la demandante fue “la

modernización financiera pública” que exige no solo de un proceso

de producción de información confiable, relevante y comprensible,

sino de que se acojan por la Contaduría General, como ente

regulador, y las entidades públicas, como obligadas.

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Por lo expuesto, el cargo no prospera.

3.5.2.3. De la presunta incompetencia de la Contaduría
General de la Nación para expedir el acto demandado

La parte demandante adujo que la Contaduría General de la Nación

expidió sin competencia el numeral 44 del Capítulo VIII, Título II,

del CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS – CGC, adoptado por la

Resolución núm. 356 de 2007, teniendo en cuenta que el literal b)

del artículo 3.º de la Ley 298 de 1996, porque estima que la “creó”

como un fondo de reserva, atribución que excede la facultad para

expedir normas de reconocimiento y de revelación de informes

pasivos respecto del nivel central de la administración nacional, al

cual, insiste, no pertenece la Universidad Nacional de Colombia.

Planteado el conflicto que expone la demandante, es oportuno

examinar la norma que invoca la entidad accionada como sustento

legal del aparte acusado a fin de verificar su contenido. La

disposición en comento refiere:

“[…] ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones
tendrá las siguientes características:
[…]
m. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los recursos del
Sistema General de Pensiones están destinados

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exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la
Nación, ni a las entidades que los administran. […]”

Esta precisión es necesaria y distingue que tales recursos del

sistema general de pensiones no pertenecen a la universidad, luego

bajo este entendimiento, es posible inferir que su manejo debe

seguir las directivas contables que la entidad accionada delimitó

sobre dichos recursos.

Mandato que además cobra relevancia con lo estatuido en el

artículo 132 de la Ley 100 de 1993, que prevé:

“[…] ARTÍCULO 132. SEPARACIÓN DE RIESGOS. A partir
de la vigencia de la presente Ley, las cajas, fondos y
entidades del sector público, en todos sus órdenes,
deberán financiar y administrar en forma independiente y
en cuentas separadas, las pensiones de vejez, de invalidez
y de sobrevivientes, del régimen de protección contra los
riesgos profesionales y del régimen de amparo contra
enfermedad general y maternidad. Deberán además
administrar las mismas en cuentas separadas con
respecto a las cuentas y conceptos restantes utilizadas por la
administración respectiva […]”

Estas disposiciones evidencian que el reproche de la Universidad

demandante de cuestionar la presunta injerencia en sus asuntos se

descarta por cuenta de la condición, calidad y exclusión de las

actividades ordinarias de la institución frente a la administración de

estos recursos de la seguridad pensional de sus trabajadores.

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Precisamente, este es el entendido que ha de conferírsele a la

expresión fondos de reserva, a la que se opone la demandante,

pues no es que se le asigne una naturaleza jurídica independiente o

novedosa como ente universitario, sino que dada la administración

de recursos de tal destinación, es necesario que aplique las normas

contables que le exigen, no solo la resolución acusada sino las

normas que regulan el sistema de seguridad pensional, las que no

puede indicar como inaplicables por virtud del principio de

autonomía universitaria.

Esta claridad se refuerza con las normas de competencia a cargo de

la Contaduría General de la Nación relativas a “uniformar,

centralizar y consolidar la contabilidad pública”.

Precisamente, la Ley 298 de 1996, que desarrolló el artículo 354

superior, creó la Contaduría General de la Nación como entidad y la

organizó como una Unidad Administrativa Especial adscrita al

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones se

concretan en “[…] Impartir instrucciones de carácter general sobre

aspectos relacionados con la contabilidad pública […]”, según lo

dispuesto en el artículo 3º, literal f) de la citada ley. En relación con

tales funciones, la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de

1997, puntualizó:

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“[…] Las decisiones que en materia contable adopte la
Contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias
para las entidades del Estado, y lo son porque ellas
hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio
individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general,
afectando de manera sustancial los “productos finales”,
entre ellos el balance general, los cuales son definitivos para
el manejo de las finanzas del Estado. Esos poderes, “de
imposición y de mando”, reclaman para ser efectivos
facultades de inspección y de sanción como las consagradas
en los literales q y t del artículo 4 de la ley 298 de 1996, las
cuales deben ser reguladas por la ley, a través de las
cuales el organismo rector, en este caso la Contaduría,
pueda verificar y exigir, de ser el caso
coercitivamente, el cumplimiento oportuno y
pertinente de las normas y directrices que expida en
cumplimiento de sus funciones, pues los errores o
inconsistencias en el desarrollo de los procedimientos
que ella determine, como se dijo, no solo afectarían la
contabilidad de la entidad inspeccionada, sino que
distorsionarían el escenario contable nacional
acarreando graves consecuencias para el país. Esas
facultades de inspección y de sanción, que deben ser objeto
de regulación especial por parte del legislador, o en su
defecto remitirse a las disposiciones generales de la ley
(Código Único Disciplinario), en el caso que se analiza, se
limitan al ámbito administrativo, por eso las otorgó el
legislador, de conformidad con el texto de las disposiciones
impugnadas, exclusivamente para verificar el cumplimiento
de las normas expedidas por la Contaduría General de la
Nación, lo que indica que en ningún caso invaden materias o
espacios atribuidos por el Constituyente a otros organismos
del Estado […]”.

Precisamente, el cargo de Contador General de la Nación en la

Constitución tuvo su génesis en la necesidad llevar la contabilidad

general de la Nación y de consolidarla como mecanismo de control

en la ejecución de los recursos, como luego se corrobora de lo

previsto en los artículos 9º y 10 de la Ley 298 de 1996:

“[…] ARTÍCULO 9o. CONTABILIDAD GENERAL DE LA
NACIÓN. Para los efectos de la presente ley la
Contabilidad General de la Nación comprende la de los

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órganos que integran las Ramas del Poder Público en el nivel
nacional, la de las entidades u organismos estatales
autónomos e independientes, la de los organismos creados
por la Constitución Nacional o por la ley, que tienen
régimen especial, adscritos a cualquier Rama del Poder
Público, la de las personas naturales o jurídicas y la de
cualquier otro tipo de organización o sociedad, que
manejen o administren recursos de la Nación en lo
relacionado con éstos.

ARTÍCULO 10. CONTABILIDAD PÚBLICA. Para efectos de
la presente ley, la contabilidad pública comprende, además
de la Contabilidad General de la Nación, la de las entidades u
organismos descentralizados, territorialmente o por
servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y
la de cualquier otra entidad que maneje o administre
recursos públicos y sólo en lo relacionado con éstos
[…]”.

Estas normas son suficientes para concluir que el propósito de la

normativa cuestionada no solo está conforme a las atribuciones de

la entidad que la expidió, sino que se relaciona con el deber de

cuidado y manejo separado de los recursos pensionales, todo lo

cual permite concluir, que, en este caso, no existió la incompetencia

endilgada al acto acusado.

3.5.2.4 De la presunta falsa motivación y expedición
irregular

En lo que respecta a estas dos causales se tiene que el reproche se

sustenta en señalar que existe: i) una inminente confusión que

podría generar la no distinción entre la Universidad Nacional Abierta

y a Distancia además de la Universidad Nacional de Colombia y, en

segundo lugar y ii) que debido a que el segundo párrafo del

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numeral 44 utiliza la palabra “ESTÁN” con lo que da a entender

que la Universidad Nacional ya era un fondo de reserva, sin que ello

haya sido nunca así. Esa imprecisión de lenguaje jurídico genera la

expedición irregular y, además, la falsa motivación.

En relación con la exposición de estas censuras, se tiene que la

expedición irregular corresponde a un “vicio de nulidad de los

actos que se materializa cuando se vulnera el procedimiento

determinado para la formación y expedición de un acto

administrativo” 22 ; sin embargo, en este caso la situación que

expone la demandante no tiene el alcance de viciar el acto acusado,

toda vez que tal divergencia podría ocurrir si el destinatario del

manual, se encuentra obligado por la Ley 100 de 1993 a garantizar

la administración de tales recursos, de ahí que identificar que la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia está obligada a adoptar

este manual depende del manejo de estos recursos, hecho que ni

probó ni desvirtuó la demandante, lo que obliga a despachar

desfavorablemente esta alegación.

Finalmente, y en lo que respecta a la falsa motivación23 que se

invoca, conviene precisar que este vicio se entiende como aquella

22
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Sentencia de 3 de agosto
de 2015. Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00128-00 Actor: John Efrén Rodriguez Barrera
Y Otro. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
23
De acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sección, la falsa motivación del acto ocurre cuando: “(i)
se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la

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irregularidad que se presenta cuando las razones que se expresan

como fuente de su expedición no son reales, no existen o están

distorsionadas. Para acreditar esta causal, corresponde a quien la

alega demostrar que lo expresado en el acto administrativo no

corresponde a la realidad.

Bajo este concepto se tiene que la oposición radica en considerar a

la Universidad Nacional como un fondo de reserva, según la

alegación de la demandante, no porque se oponga al concepto sino

porque se le incluye y se le reconoce como tal.

Al respecto, y retomando el concepto que expone dicho Manual se

tiene lo siguiente:

“[…] 44. APLICACIÓN CONTABLE PARA LOS FONDOS DE
RESERVAS

Están conformados por LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PENSIONES provenientes de las cotizaciones
de los afiliados y aportes de los empleadores al régimen de
prima media con prestación definida y que, de conformidad
con lo establecido en el literal m) del artículo 13 de la Ley 100
de 1993, no pertenecen a las entidades administradoras, ni a
la Nación […]”

De la atenta lectura de esta disposición se tiene que el

entendimiento de qué es un fondo de reserva no está atado a la

administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad,
bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) porque el autor del acto le ha dado a los
motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y (iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Rad.:
250002324000200800265-01 C.P. María Claudia Rojas Lasso.

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institución que administra tales recursos, sino que hace referencia

a los propios recursos del sistema general de pensiones, de ahí que

sea esta la interpretación más armónica y conforme con las normas

de la Ley 100 de 1993 que ya se examinaron, lo que permite

delimitar que le es aplicable no por la lista que a reglón seguido se

incorpora sino porque cumple la función y la responsabilidad de tal

manejo.

En este orden de ideas y comoquiera que la demandante no

desvirtuó que no administrara ni manejara recursos del sistema

pensional no hay lugar a acceder a este reproche, pues la

descripción de las entidades que allí se enlista es apenas

enunciativa, por cuanto lo que asigna la obligación que impone el

Manual de contabilidad es producto del manejo especial y separado

que las entidades han de conferirle a estos recursos.

Esta conclusión es independiente de las manifestaciones que los

declarantes en sus testimonios hicieron en este proceso frente a los

ajustes que ha procurado la Contaduría General de la Nación

producto no solo por las dinámicas normativas, sino debido a la

acogida de normas internacionales que regulan la contabilidad, lo

que de ningún modo equivale a que se haya acreditado la

ocurrencia de este vicio de nulidad.

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Por lo expuesto, estas censuras tampoco prosperan y ante la

ausencia de otros reproches por examinar, la Sala dispondrá en la

parte resolutiva que se deniegue la pretensión de nulidad.

3.5.3. De las costas

Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se

promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera de

conformidad con lo previsto en el artículo 171 24 del CCA, que no

hay lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la

acción exime de esta fijación.

3.5.3. Reconocimiento de personería

Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora DIANA

MARCELA GUZMÁN BENAVIDES como apoderado de la

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con el

poder y los documentos anexos obrantes en el índice 151 del

expediente digital agregado al sistema SAMAI.

24
“ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las
acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil”

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas

por la parte demandada, atendiendo a lo expuesto en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la pretensión de nulidad de la demanda.

TERCERO: NO CONDENAR en costas.

CUARTO: TENER a la doctora DIANA MARCELA GUZMÁN

BENAVIDES como apoderado de la CONTADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN, de conformidad con el poder y los documentos

anexos obrantes en el índice 151 del expediente digital agregado al

sistema SAMAI.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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