Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00139-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00139-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00139-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
1 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicado: 11001-0324-000-2010-00139-00
Referencia: Nulidad absoluta
Demandante: King Salomón Abogados S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero Interesado: Estrategia Jurídica Nacional e Internacional S.A.S.
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Propiedad Industrial
/ Registro marcario / Examen de registrabilidad / Causales
de irregistrabilidad / Distintividad / Descriptividad /
Expresiones genéricas y de uso común / Marca:
«ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa)
Sentencia de única instancia
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, presentó la sociedad King
Salomón Abogados S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la
Resolución No. 52257 del 16 de octubre de 2009, a través de la cual la
Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca
«ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos
en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad
Estrategia Jurídica Nacional e Internacional S.A.S.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda
1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo
de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad King Salomón Abogados S.A. en
ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad absoluta conforme
al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la
Comunidad Andina2, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y
condenas:
1 El 17 de marzo de 2010 (folios 1 a 145 del expediente ordinario de la referencia).
2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa, se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual
se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486
de 2000; y al invocarse prohibiciones y/o causales absolutas de irregistrabilidad concretas, las cuales fueron
desarrolladas en el libelo de la demanda ordinaria impetrada.
2
Radicado: 11001-0324-000-2010-00139-00
Demandante: King Salomón Abogados S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
«[…] De conformidad al artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, y
con los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, y demás normas
concordantes, declarar la nulidad de la Resolución No. 52257 del 16 de
octubre del año de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, mediante el cual SE CONCEDE el registro de ESTRATEGIA
JURÍDICA (nominativa) cuyo titular es ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL
E INTERNACIONAL S.A.S., en el Expediente No 08-34064.
Como consecuencia de lo anterior, declarar (…) que el registro de la Marca
Nominativa “ESTRATEGIAS JURÍDICAS” cuyo titular es la sociedad
ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S. son
irregistrables por considerar que las mencionadas palabras carecen de
distintividad, por ser palabras o conceptos inapropiables y porque
adicionalmente no es viable el registro de expresiones genéricas,
descriptivas, comunes, o usuales, pues ellas no son monopolizables y deben
quedar excluidas y libres de uso para cualquier comerciante. […]»3. (negrillas por
fuera del texto)
I.1.1.- Los hechos
2. El apoderado judicial de la parte demandante, manifestó que, mediante escrito
del 4 de abril de 2008, la sociedad Estrategia Jurídica Nacional e Internacional
S.A.S., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de
registro del signo «ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativo) para amparar servicios
incluidos en la clase 35 del nomenclátor internacional.
3. Indicó que la mencionada solicitud, fue publicada en el extracto de la Gaceta de
la Propiedad No. 592, el día 30 de mayo de 2008.
4.Referenció que, dentro del término legal, la sociedad King Salomón Abogados
S.A. presentó escrito de oposición basado en la solicitud prioritaria sobre el lema
comercial «ESTRATEGIAS JURÍDICAS», solicitado en la clase 42 de la
Clasificación Internacional de Niza, bajo el expediente No. 07-130273 (asociado a
su marca nominativa «KING SALOMÓN).
5. Señaló que mediante la Resolución No. 8697 del 26 de febrero de 2009, la
Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición formulada
y, no obstante lo anterior, negó el registro del signo «ESTRATEGIA JURÍDICA»
(nominativo) a la sociedad Estrategia Jurídica Nacional e Internacional S.A.S., para
identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.
6. Relató que, dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la sociedad
Estrategia Jurídica Nacional e Internacional S.A.S. presentó recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión; la cual fue confirmada en
reposición a través de la Resolución No. 36564 del 22 de julio de 2009 y
3 Folio 137 de la causa ordinaria.
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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
posteriormente revocada en apelación mediante la Resolución No. 52257 del 16 de
octubre de 2009, concediendo el registro de la marca «ESTRATEGIA JURÍDICA»
(nominativa)4 en la clase 35 de la Clasificación Internacional, a favor del solicitante.
I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación5
7. Manifestó la parte actora que, con la expedición del acto administrativo
demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículos 135
literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
8. Adujo que la marca «ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa), de propiedad de
la sociedad Estrategia Jurídica Nacional e Internacional S.A.S. es irregistrable al
carecer de distintividad suficiente; pues, aseguró que se compone por palabras y
expresiones netamente genéricas, descriptivas, comunes o usuales, las cuales
resultan inapropiables por parte de cualquier comerciante y/o empresario.
9. Aseveró que: «[…] al concederse el registro de la marca nominativa
“ESTRATEGIA JURÍDICA”, se está limitando el derecho que tienen los demás
abogados a emplear dentro de su portafolio y presentaciones la expresión
“ESTRATEGIA JURÍDICA”, así como también, se está excluyendo la posibilidad de
que las firmas legales (y en especial los abogados) empleen un término que es
propio de la profesión; y que es usado en forma ordinaria y necesaria por las
personas que pertenecemos y trabajamos en el medio de las actividades jurídicas
[…]».
10. Finalmente, consideró tener un «derecho preferente y exclusivo» en la solicitud
prioritaria sobre el lema comercial «ESTRATEGIAS JURÍDICAS» (solicitado el 10
de diciembre de 2007 para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y
asociado a su marca nominativa «KING SALOMÓN»6) que, fue anterior a la fecha
de solicitud de registro del signo nominativo objeto de controversia (4 de abril de
2008), pero que, a la postre, fue negado por parte de la autoridad marcaria (SIC);
con anterioridad al acto administrativo que concedió la marca «ESTRATEGIA
JURÍDICA» (nominativa) en favor de la sociedad Estrategia Jurídica Nacional e
Internacional S.A.S.
4 Registro No. 390.240.
5 Folios 52 a 59 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2010-00139-00.
6 Registro No. 366.380.
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II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio7
11. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la
expedición del acto administrativo acusado, no se ha incurrido en violación alguna
de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, el mismo
se fundamenta en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.
12. Explicó que, en el caso sub judice, esa autoridad marcaria pudo determinar que
el signo «ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativo), solicitado a registro, no era en
ninguna manera descriptivo, genérico, engañoso o carente de la distintividad
necesaria para efectos de distinguir los servicios amparados en la clase 35 del
nomenclátor internacional; situación que a la postre le permitió conceder el registro
deprecado por la sociedad interesada, al no encontrarse incurso en ninguna causal
de irregistrabilidad contemplada en la normativa andina.
13. Anotó también, que: «[…] la expresión en conjunto “ESTRATEGIA JURÍDICA”,
para distinguir servicios de la Clase 35 internacional, se trata de una expresión
catalogada como evocativa o sugestiva y por lo tanto registrable; ya que inmediata
o directamente no designa el servicio o sus características esenciales. En efecto, el
consumidor al entrar en contacto con la marca “ESTRATEGIA JURÍDICA”
(nominativa), si bien puede asociarla de manera indirecta al servicio ofrecido, lo
cierto es, que al estar unido con la expresión ESTRATEGIA, accede esta expresión
al grado de distintividad requerido. Así pues, es permitido que el empresario ingenie
una expresión que evoque el servicio o una característica de este, en tanto que el
ingreso de dicha expresión al vocabulario se hace por el uso de la marca y no por
una necesidad permanente y anterior del consumidor […]». (Resaltado por fuera del
texto)
14. Concluyó que, en el caso de marras, fuerza colegir que los motivos en los cuales
se fundó el acto administrativo enjuiciado son ciertos, claros, puntuales, suficientes
y debidamente soportados en el acervo probatorio allegado al plenario; preservando
el principio de legalidad y sin incurrir en conductas arbitrarias o abusivas, en
desmedro de los legítimos derechos de la sociedad actora y, desde luego, de la
normatividad vigente en la Decisión 486 de 2000.
7 Folios 252 a 268 del plenario ordinario.
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II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Estrategia Jurídica
Nacional e Internacional S.A.S.8
15. La sociedad Estrategia Jurídica Nacional e Internacional S.A.S., por conducto de
su apoderado judicial, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, en
definitiva, el signo nominativo solicitado a registro no es en ninguna forma
descriptivo, genérico o de uso común para identificar los servicios amparados por la
clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese orden de ideas, aseguró
que no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas por la
sociedad demandante, en su libelo petitorio.
16. Sostuvo, en su intervención, que al no presentarse relación directa entre su
marca «ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa) y los servicios que ella presta
(“PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION
COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA”), debe concluirse a todas luces que el
signo es perfectamente registrable, tal y como acertadamente lo refirió la autoridad
marcaria (SIC), en la resolución censurada.
17. Insistió en que su marca «ESTRATEGIA JURÍDICA», objeto de controversia, al
ser un signo nominativo compuesto, luego de ser analizado y estudiado en conjunto,
deriva en: «[…] novedoso y distintivo para identificar servicios de la Clase 35
internacional, tal y como sucede en el caso que nos ocupa, sin generar riesgo de
confusión y asociación, directo o indirecto, frente al público consumidor […]».
18. Invocó como excepción de mérito, por último, la «improcedencia de la acción
formulada, así como la caducidad de la misma»; indicando que las pretensiones
de la demanda no corresponden a una acción de nulidad simple, sino a una de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el término para interponerla ha
caducado.
19. En efecto, expresó que, siendo el acto administrativo demandado de carácter
particular, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento (artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo) y no la de nulidad simple consagrada en el
artículo 84 de esa misma codificación; motivo por el cual, la demanda debió ser
presentada antes del 12 de marzo de 2010, pero la misma fue radicada ante el
Consejo de Estado el 17 de marzo de 2010, finalmente.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial
275-IP-2017 de fecha 15 de diciembre de 20179, en la que expuso las reglas y
8 Folios 269 a 298 del expediente con radicado núm. 2010-00139-00.
9 Folios 446 a 460 del expediente ordinario de la referencia.
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criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha
Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del
artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad
Andina. De oficio, interpretó los artículos 135 literales e) e i). Tras realizar una
interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las
siguientes conclusiones:
« […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad
1.1. El demandante señaló que no corresponde conceder el registro como
marca del signo ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo) a favor del tercero
interesado en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez
que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el
Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad
prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)”.
[…]
1.6. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o
servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la Oficina Nacional competente
debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva
en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto,
respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente
clase de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Irregistrabilidad de signos engañosos
2.1. Dado que uno de los argumentos de la SIC (demandada) fue que el registro
del signo solicitado ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo), no vulnera lo
estipulado en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la
interpretación de lo establecido en dicha norma.
2.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a
los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica,
la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
2.3. El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre
la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;
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(…)”.
[…]
2.6. En el presente caso se deberá determinar si el signo ESTRATEGIA
JURÍDICA (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto a las
características y propiedades de los productos que identifica.
[…]
5. Signos conformados por denominaciones descriptivas
5.1. En el presente caso, entre otros argumentos, se discute si la denominación
que constituye al signo solicitado ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo), es
o no descriptiva respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación
Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.
5.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los
signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos
que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las
características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
5.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, dispone:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse disco signo o indicación, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)”.
5.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin
embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos
descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la
posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características
no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su
marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque
tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas
se deben excluir del cotejo de la marca.
5.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas
características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara
imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando
de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el
signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo
escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del
público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto.
5.6. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos
descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha
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marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos,
pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los
mismos. […]». (negrillas fuera del texto)
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
21. Mediante auto de 20 de abril de 201810, se corrió traslado a las partes,
intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días,
presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro
de dicho plazo la parte demandante11, la demandada12 y el tercero interviniente13,
reiteraron los argumentos de la demanda ordinaria incoada y de la contestación de
la misma. El Ministerio Público, por su parte, guardó silencio en esta etapa
procesal14.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Excepción de caducidad
22. El apoderado judicial del tercero interviniente, la Sociedad Estrategia Jurídica
Nacional e Internacional S.A.S., propuso la excepción de caducidad, argumentando
que la acción procedente en el presente proceso era la de nulidad y restablecimiento
del derecho y no la de nulidad; por lo que ésta debió ser presentada antes de
transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2° del artículo
136 del CCA, lo cual no ocurrió en el caso sub judice.
23. Refirió que, como quiera que la fecha para presentar la demanda venció el 12 de
marzo de 2010, este plazo feneció conforme a lo establecido en el artículo 136 del
CCA, pues fue presentada el 17 de marzo de 2010.
24. En relación con este aspecto, la Sala de Decisión pone de relieve que, la acción
procedente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado es la de
nulidad absoluta, en tanto se está demandando la nulidad de un acto administrativo
respecto del cual se concedió un registro marcario con fundamento en la presunta
infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina. Y, en ese mismo orden de ideas, no puede afirmarse que la acción
procedente sea la de nulidad relativa, toda vez que el artículo 136 literal a) de esa
misma decisión no es aplicable al presente caso.
25. Por lo tanto, al haberse invocado como vulnerados algunos literales del artículo
135 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que la acción de nulidad absoluta
10 Folio 471 del expediente de la referencia con radicación No. 2010-00139-00.
11 Folios 488 a 497 del plenario ordinario.
12 Folios 472 a 473 de la causa ordinaria.
13 Folios 474 a 487 del expediente.
14 Folio 498 del plenario.
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descrita en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 es la que debe
tramitarse en el proceso de la referencia. Con fundamento en la anterior premisa,
también debe resaltarse que tal acción no prescribe, tal y como lo dispone la
norma en comento, cuyo contenido es el siguiente:
“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta
de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo
dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.
26. Así las cosas, la excepción de caducidad de la acción formulada por el apoderado
judicial del tercero interviniente en las resultas del proceso, no está llamada a
prosperar, y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia.
V.2.- El problema jurídico
27. Corresponde a la Sala de Decisión examinar los argumentos expuestos por el
apoderado judicial de la sociedad King Salomón Abogados S.A., con miras a que
se declare la nulidad de la Resolución No. 52257 del 16 de octubre de 2009, por
medio de la cual la SIC concedió el registro de la marca «ESTRATEGIA JURÍDICA»
(nominativa)15, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la
Clasificación Internacional de Niza16, a favor de la sociedad Estrategia Jurídica
Nacional e Internacional S.A.S.
28. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que,
en su criterio, la marca «ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa)17, de propiedad
de la sociedad interesada en las resultas del proceso, es a todas luces irregistrable
al carecer de la distintividad suficiente; pues, aseguró que se compone por palabras
y expresiones netamente genéricas, descriptivas, comunes o usuales, las cuales
resultan inapropiables por parte de cualquier comerciante y/o empresario.
29. Añadió, además, que, consideraba tener un «derecho preferente y exclusivo» en
la solicitud prioritaria sobre el lema comercial «ESTRATEGIAS JURÍDICAS»
(solicitado el 10 de diciembre de 2007 para la clase 42 de la Clasificación
Internacional de Niza y asociado a su marca nominativa «KING SALOMÓN»18) que,
fue anterior a la fecha de solicitud de registro del signo nominativo objeto de
controversia (4 de abril de 2008), pero que, a la postre, fue negado por parte de la
autoridad marcaria (SIC); con anterioridad al acto administrativo que concedió la
marca «ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa) en favor de la sociedad Estrategia
Jurídica Nacional e Internacional S.A.S.
V.3.- Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
15 Certificado de registro No. 390.240.
16 “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.
17 Registro No. 390.240.
18 Registro No. 366.380.
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30. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, la
sociedad King Salomón Abogados S.A., en su libelo inicial indicó como normas
violadas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000,
también lo es que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente
a la presunta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, pues la referida norma prohíbe expresamente el registro
de signos distintivos que: «[…] sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]»; situación que,
ciertamente, no se presenta en el caso de marras.
31. Los cargos se circunscriben a considerar que el signo objeto de debate es
descriptivo, genérico y de uso común para la clase 35 internacional para la cual se
concedió el registro, además de carecer de la distintividad necesaria y/o requerida,
a la luz de la normativa andina, en lo relativo a los servicios que busca identificar
induciendo a error al consumidor corriente; además de un supuesto “derecho
preferente y/o exclusivo” en la solicitud prioritaria del lema comercial que
posteriormente fue negado.
32. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no
procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a la
causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135 literales b) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal y como lo señaló el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el
interior del presente proceso19.
V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio
33. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la
referencia son los literales b), e) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000,
estos últimos literales interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia, normas cuyo
tenor literal es el siguiente:
[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o
19 Folios 446 a 460 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 275-IP-2017 de fecha 15 de diciembre
de 2017).
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informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos
productos o servicios;
(…)
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate; […].
V.5.- El caso concreto
34. La sociedad King Salomón Abogados S.A., por intermedio de su apoderado
judicial, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad de la Resolución
No. 52257 del 16 de octubre de 2009, a través de la cual la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca «ESTRATEGIA
JURÍDICA» (nominativa)20, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35
de la Clasificación Internacional de Niza21, a favor de la sociedad Estrategia Jurídica
Nacional e Internacional S.A.S.
35. Pues bien, el signo nominativo registrado y objeto de controversia, es el siguiente:
ESTRATEGIA JURÍDICA
(Nominativo – Registro No. 390.240)
36. La marca arriba indicada, fue registrada para amparar servicios de la clase 35 de
nomenclátor internacional, esto es: “PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS
COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA”.
37. Como cargos planteados, se tiene que la parte actora afirmó que la SIC, al
conceder el registro de la marca controvertida, violó el artículo 135 literal b) de la
Decisión 486 de 2000; al considerar que el referido signo resulta irregistrable por
cuanto, en su criterio, es descriptivo y por lo tanto carece de distintividad. Aunado a
ello, señaló que el mismo se compone por palabras y expresiones netamente
genéricas y de uso común, «las cuales resultan inapropiables por parte de cualquier
comerciante y/o empresario, no siendo reivindicables ni protegibles».
V.5.1.- La distintividad, descriptividad, el uso común y el signo engañoso
(artículo 135 literales b), e) e i) de la Decisión 486 de 2000)
38. En primer lugar, la Sala de Decisión estima oportuno precisar que, como medio
de protección a los consumidores, las marcas cumplen, entre otras funciones, la de
ser distintivas de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de
20 Registro No. 390.240.
21 “PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS
DE OFICINA”.
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calidad, función publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más
relevante es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran
subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues, sin ésta, no existiría el signo
marcario22.
39. Así, las expresiones genéricas, descriptivas o de uso común carecen de
distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que
aplican. De igual forma, no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser
necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título
de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Otorgar a un titular
la exclusividad sobre una expresión de este tipo, implicaría el otorgamiento de una
ventaja competitiva injustificada, puesto que excluiría a los demás competidores del
uso de un término necesario. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras
que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el
consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con signos
distintivos23.
40. Ahora bien, en concreto, los signos descriptivos, como bien lo ha reiterado el
Tribunal Andino, son aquellos que de alguna manera «[…] informan a los
consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes,
tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca
solicitada pretende proteger […]»24. El signo que indique cualquiera de tales
aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir, será descriptivo.
Así vistos, los signos descriptivos, referidos a la información de características o
cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta:
“¿cómo es?”, mientras que los signos genéricos frente al producto o servicio de que
se trata, responden la pregunta: “¿qué es?”25.
41. No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por
descriptividad o genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en
un término o indicación descriptiva o genérica, lo cual permite que un signo
constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma
individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza
distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca;
puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, «[…] es
aceptable la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos
o descriptivos […] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los
productos que han de protegerse por la marca […]»26.
22 Interpretación Prejudicial, proceso No. 27-IP-1995.
23 Ibídem.
24 Interpretación Prejudicial, proceso No. 14-IP-1996.
25 Interpretación Prejudicial, proceso No. 59-IP-2004, proceso No. 94-IP-2004 y proceso No. 7-IP-2001.
26 Interpretación Prejudicial, proceso No. 33-IP-1995.
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42. Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, ha sostenido que27:
« […] el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del
consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del
servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud
para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La
prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este
Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del
consumidor […]». (subrayas por fuera del texto)
43. En ese orden de ideas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso
relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta
relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la
información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño
que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confié
en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a
error o engaño sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo
de los productos o servicios que va a consumir28.
44. Ahora bien, y para resolver, la Sala pone de presente, en primer lugar, que para
que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos de
distintividad y ser susceptible de representación gráfica. Frente al requisito de
distintividad, la autoridad jurisdiccional de la Comunidad Andina29 ha destacado
que aquella resulta ser:
« […] la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al
consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir;
también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de
otros similares que se ofertan en el mercado […]».
45. Asimismo, dicha autoridad ha indicado que la distintividad tiene un doble aspecto,
esto es, la (i) distintividad intrínseca, mediante la cual «[…] se determina la
capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el
mercado […]»30, así como (ii) la distintividad extrínseca, «[…] por la cual se
determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos […]»31. En
atención a lo anterior, entonces, en el caso de autos el Tribunal indicó que:
«[…] Por lo tanto, la Oficina Nacional competente debe, en primer lugar,
analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser
así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los
productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la
Clasificación Internacional de Niza. […]». (negrillas por fuera de texto original)
27 Interpretación Prejudicial, proceso No. 35-IP-1998.
28 Ibídem.
29 Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013.
30 Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013.
31 Ibídem.
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46. Para efectos llevar a cabo el análisis solicitado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se resalta que el signo cuyo registro se solicita en el caso sub
judice es un signo nominativo y, tal y como ya lo ha esbozado la jurisprudencia de
esta alta Corporación, «[…] son las palabras las que generan mayor impacto y
recordación frente a los consumidores […]»32.
47. En este punto, y para efectos de precisar si el signo «ESTRATEGIA JURÍDICA»
(nominativo), carece de distintividad por ser descriptivo de los servicios de la clase
35 de la Clasificación Internacional de Niza, es menester referirnos a la
interpretación prejudicial rendida en este proceso33, que en relación con los signos
descriptivos, explicó:
« […] 5. Signos conformados por denominaciones descriptivas
5.1. En el presente caso, entre otros argumentos, se discute si la
denominación que constituye al signo solicitado ESTRATEGIA JURÍDICA
(denominativo), es o no descriptiva respecto de los servicios de la Clase
35 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente
analizar este tema.
5.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los
signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos
que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las
características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
5.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, dispone:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse disco signo o indicación, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios;” […]». (negrillas y subrayas
fuera del texto)
48. Del análisis de esta disposición, la Sala puede colegir que, en definitiva, no es
registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones
descriptivas. No obstante, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos
descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad
de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
49. También es cierto que, el titular de un signo con dichas características no puede
impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2022,
Exp. No. 11001-0324-000-2011-00458-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
33 Interpretación Prejudicial No. 275-IP-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017.
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considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposición.
50. En síntesis, y conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos
descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca no
podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna
persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
51. Pues bien, en el sub lite, y en relación con los servicios que pretende identificar
el signo distintivo objeto de controversia, es preciso indicar y recordar que la marca
«ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa), busca amparar servicios de la clase 35
de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: «PUBLICIDAD; GESTIÓN DE
NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE
OFICINA».
52. En el presente asunto, y al tenor de las premisas anteriormente expuestas,
deberá entonces formularse la pregunta: ¿Cómo es? el servicio de “publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina”34,
que se pretende identificar con la marca «ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa).
53. Contrario a lo expuesto por el demandante, si bien el signo distintivo sugiere
aparentemente una forma de prestación de un servicio jurídico de asesoría,
consultoría o, inclusive, de litigio estratégico, huelga destacar que no describe, de
manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, tales como:
calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; esto es, a la
pregunta formulada líneas arriba, no se contesta con el signo cuya solicitud se
registra.
54. Debe mencionarse que el signo distintivo «ESTRATEGIA JURÍDICA»
(nominativo), se compone de dos (2) palabras, a saber: «ESTRATEGIA» y
«JURÍDICA». La palabra «ESTRATEGIA» significa o se refiere, de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española35, al «[…] arte, traza para
dirigir un asunto o un proceso regulable, o el conjunto de reglas que aseguran una
decisión óptima en cada momento […]»36; en tanto que, la expresión «JURÍDICA»,
de acuerdo con dicho diccionario y en el contexto en que se está empleado, «[…]
atañe al derecho o se ajusta a él […]»37.
55. Huelga señalar que la expresión «ESTRATEGIA JURÍDICA», en su conjunto, si
bien hace referencia a un aspecto relacionado con la asesoría jurídica, se trata de
una expresión catalogada como evocativa de algunos de los servicios prestados en
34 Certificado de registro No. 390.240.
35 https://dle.rae.es., (Consultado el 24 de noviembre de 2022).
36 https://dle.rae.es/estrategia?m=form.
37 https://dle.rae.es/jur%C3%ADdico?m=form.
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la clase 35 y, por lo tanto, registrable; ya que inmediata o directamente NO designa
el servicio o sus características esenciales.
56. En efecto, al entrar en contacto el consumidor promedio con la marca
«ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativa), si bien puede asociarla de manera
indirecta al servicio de oficina, lo cierto es que, al estar unidas las dos expresiones
(“ESTRATEGIA” y “JURÍDICA”), accede esta acepción al grado de distintividad
requerido, tal y como en su momento lo puso de presente la autoridad marcaria
(SIC), en el acto administrativo censurado.
57. Así pues, resulta legítimo y permitido que el empresario ingenie una expresión
que evoque el servicio o una característica de éste, en tanto que el ingreso de dicha
acepción al vocabulario se hace por el uso de la marca y no, contrario sensu, por
una necesidad permanente y anterior del consumidor promedio.
58. Dicho lo anterior, y con todo, para la Sala resulta claro que, para un consumidor
corriente, el signo denominativo «ESTRATEGIA JURÍDICA», en definitiva, no
representa una idea indicativa y muchos menos descriptiva, tal y como se esbozó
líneas arriba. En efecto, no hace referencia en forma directa y clara a las
características propias de los servicios que pretende amparar.
59. Cabe poner de relieve que los signos serán considerados descriptivos cuando
entregan o suministran al público consumidor, de manera directa, información sobre
una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que
pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o
establecimiento de que se trate, circunstancia que, ciertamente, no se presenta en
el sub lite, tal y como se concluyó con antelación.
60. Ahora bien, la Sala también destaca que, en lo que se refiere a la procedencia
de los productos o servicios, el engaño ocurre cuando el signo provoca distorsión
en la realidad en relación con el lugar de producción o fabricación, por el
aprovechamiento que del prestigio de esa procedencia pueda tener el empresario;
situación que evidentemente, tampoco se presenta en el caso de marras.
61. En este sentido, para la Sala, el signo en comento no provoca en la mente del
consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del servicio, o de
sus características y otras informaciones que induzcan al público a error.
62. Nótese también que las expresiones que componen el signo nominativo
«ESTRATEGIA JURÍDICA» no son vocablos genéricos, en tanto no designa el
servicio que pretende identificar, esto es, se itera, “publicidad; gestión de negocios
comerciales; administración comercial y trabajos de oficina”.
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63. Además, si bien es cierto que la expresión ESTRATEGIA puede ser común para
clase 3538, no lo es el término JURÍDICA y, mucho menos, el conjunto
«ESTRATEGIA JURÍDICA».
64. Frente a esta situación, la Sala pone de presente que ambas acepciones, en
conjunto, forman un signo distintivo compuesto y no aislado. Es decir, la expresión
“ESTRATEGIA”, se encuentra acompañada de la palabra “JURÍDICA”, y viceversa;
y es esta particularidad la que, en efecto, le otorga la distintividad requerida siendo
susceptibles de registro.
65. En efecto, siguiendo las indicaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el conjunto marcario, el
cual para el caso que nos ocupa es el que le otorga distintividad al mismo, contrario
a lo afirmado por la parte actora.
66. Así mismo, hay que agregar que si bien es cierto que la parte actora aseguró
tener un «derecho preferente y exclusivo» en la solicitud prioritaria sobre el lema
comercial «ESTRATEGIAS JURÍDICAS» (solicitado el 10 de diciembre de 2007
para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y que sirvió de fundamento
y/o base para en su momento plantear la oposición a registro), también lo es que no
presentó sustento jurídico para desarrollar dicho cargo, razón por la cual la Sala se
releva de hace un análisis sobre el mismo.
67. En conclusión, la Sala de Decisión puede colegir que, en definitiva, el signo
«ESTRATEGIA JURÍDICA» (nominativo) solicitado a registro, no está
comprendido o incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo
135 literales b), e) y i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad
Andina, puesto que en el caso de autos se pudo constatar que, efectivamente: 1)
goza de la distintividad requerida; 2) no resulta descriptivo de los servicios de la
clase 35 que ampara; 3) los vocablos que lo componen no son genéricos o de uso
común, en su conjunto, para la clase 35 del nomenclátor y, 4) no genera error o
inducción a engaño respecto de los servicios que ofrece ni tampoco respecto del
lugar y/o procedencia de los mismos, razón suficiente para que se mantenga
incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el
cual, se encuentra acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico
comunitario, a la postre.
V.6.- Conclusión
79. En consecuencia, la Sala de Decisión denegará las pretensiones de la demanda
ordinaria impetrada por parte del apoderado judicial de la sociedad demandante,
King Salomón Abogados S.A., por los motivos anteriormente expuestos, y como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
38 https://www.sic.gov.co/marcas.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción
formulada por el tercero interviniente, la sociedad Estrategia Jurídica Nacional e
Internacional S.A.S.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(20)
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