Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00246-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00246-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00246-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
8 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 11001032400020100024600
Demandante: Alberto Rodríguez Torres
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte
Tema: Se resuelve sobre la legalidad de los artículos 18, 19 y 20 del Decreto
3366 de 21 de noviembre de 2003. Cosa Juzgada.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Alberto Rodríguez
Torres contra la Nación - Ministerio de Transporte.
La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
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2
Número único de radicación: 11001032400020100024600
Demandante: Alberto Rodríguez Torres
1. El ciudadano Alberto Rodríguez Torres, actuando en nombre propio, en
adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Nación - Ministerio
de Transporte, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de
nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en
adelante, Código Contencioso Administrativo, contra los artículos 18, 19 y 20 del
Decreto 3366 de 21 de noviembre de 20033.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] PRETENSIONES
1. Se sirva declarar la nulidad de los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 21 de
noviembre de 2003 "[p]or el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones
a las normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos
procedimientos”, expedido por el Ministerio de Transporte […]”
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, se ordene el retiro de
nuestro ordenamiento jurídico los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 21 de
noviembre de 2003 "[p]or el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones
a las normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos
procedimientos”, normas cuyo texto completo ya fue transcrito en su totalidad, n el
numeral anterior.
3. Que en virtud de las peticiones precedentes se ordenen (sic) a las autoridades
competentes de transporte que no pueden abrir investigaciones administrativas y
sancionar pecuniariamente a las empresas de transporte público terrestre automotor
individual de pasajeros en vehículos taxi, con fundamento en los artículos 18, 19 y 20
del Decreto 3366 de 21 de noviembre de 2003, “por el cual se establece el régimen de
sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se
determina unos procedimientos,”. […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar su pretensión:
1
Folios 22 a 35 del expediente.
2 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
3
"por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte
Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos."
4 Folios 22 a 25 del expediente.
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3
Número único de radicación: 11001032400020100024600
Demandante: Alberto Rodríguez Torres
3.1. La Ley 336 en su capítulo noveno, artículos 44 a 52 fijó las conductas
sancionables y el procedimiento para su aplicación, mandato legal que fue
excedido por el Gobierno Nacional al ejercer su facultad reglamentaria.
3.2. Sostuvo que el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 3366 de 2003 sin
atender la Ley 336 de 20 de diciembre de 19965, y manifestó que las conductas
contenidas en los artículos 18, 19 y 20 “[…] no están soportadas o tipificadas en
la ley […]”.
3.3. Adujo que el Decreto 3366 de 2003 fue “[…] recurrente en fallas y ello ha
acarreado la nulidad de varios de sus artículos […]”, mencionando que cursa una
demanda contra el mismo acto acusado dentro del proceso con radicación núm.
11001-03-24-000-2008-00098-00.
Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante, en el escrito de la demanda señaló como vulneradas las
siguientes normas:
Artículos 2, 6 y 29 de la Constitución Política.
Cargo único: Infracción de normas
4.1. Señaló que los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 2003 están viciados
de nulidad al establecer conductas sancionables sin tener soporte en una ley de
la República. Aduce que se vulnera el artículo 2 de la Constitución Política por
cuanto “[…] el Ministerio de Transporte […] está instituido para formular las
políticas que rigen la actividad del transporte de la cual hacen parte las empresas
de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, pero
también lo está para proteger sus legítimos derechos, pero dejo (sic) de lado tales
obligaciones y responsabilidades al promulgar normas como las que se demandan
que no están soportadas o tipificadas en la ley. […]”
5
"[…] Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte […]"
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Demandante: Alberto Rodríguez Torres
4.2. Indicó que los artículos acusados del Decreto 3366 de 2003, al no tener
sustento legal, impiden que “[…] las empresas de la modalidad de transporte ya
señaladas estén infringiendo la ley […]”
4.3. Afirmó que los artículos acusados del Decreto 3366 de 2003 vulneran el
artículo 29 de la Constitución Política y hace que “[…] conculque de forma directa
la garantía del principio de legalidad que debe arropar a las empresas de
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, pese a
que no están soportados en leyes preexistentes […]”
Contestación de la demanda6
5. El Ministerio de Transporte contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones formuladas, así:
Excepciones
5.1. Sostuvo que “[…] no se violaron las disposiciones constitucionales citadas por
el actor toda vez que los artículos acusados del decreto fueron expedidos dentro
de la potestad reglamentaria que le da la ley al Ministerio de Transporte como
máximo órgano rector de la industria del transporte y del tránsito en el país. […]”.
5.2. Aseveró que en relación con la presunta vulneración del artículo segundo, que
“[…] lo dicho por el actor se puede entender que se soporta la ilegalidad en el
hecho de que las normas acusadas no están soportadas o tipificadas en la ley, la
consecuencia lógica sería que las empresas jamás estarían inmersas en una
infracción legal. […]”
5.3. Señaló que “[…] Finalmente el tercer argumento se desprende de los
anteriores, en cuanto indica que estamos en la flagrante violación al debido
proceso, porque si no hay conducta tipificada en la ley, mucho menos, esta podría
ser objeto de investigación y sanción […]”, para concluir que según la Ley 336 fue
6
Folios 73 a 79 del expediente.
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Demandante: Alberto Rodríguez Torres
legislador el que determinó que la aplicación del principio de la potestad
reglamentaria fuera inversamente proporcional al grado de desarrollo de la ley
reglamentada, y por tanto la parte demandada “[…] si tenía facultad de tipificar
conductas descritas en los numerales acusados […]”
5.4. Arguyó sobre el Decreto 3066 de 2003, que: “[…] fue expedido por el Gobierno
Nacional en desarrollo de la facultad reglamentaria que le confiere el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política, disposición especial que reglamentó el
régimen de sanciones, y con aplicación del artículo 9 de la Ley 105 de 1993 que
señala que las autoridades , en este caso el Gobierno Nacional, impondrán las
sanciones en materia de transporte las cuales serán aplicadas por violación de las
normas especiales que rigen cada modo de transporte.[…]”.
5.5. Concluyó que no existe violación a la cláusula de reserva legal, en razón a
que se ha demostrado que no se superó la voluntad del legislador, y por el
contrario se garantiza la observancia del debido proceso administrativo
sancionatorio.
Excepción genérica
5.6. Expuso que en ejercicio de los artículos 175 y 180 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cualquier otra
que el fallador encuentre probada.
Actuaciones procesales
6. La Sala admitió la demanda y ordenó estarse a lo resuelto en auto de 22 de
mayo de 2008 que decretó la suspensión provisional solicitada de los efectos de
los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 2003.
7. La Consejera Ponente mediante auto de 31 de mayo de 20167, ordenó correr
traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que presenten
7 Folio 53 del expediente.
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Demandante: Alberto Rodríguez Torres
sus alegatos de conclusión y dentro del mismo término, el Ministerio Público podrá
solicitar el traslado especial.
Alegatos de conclusión
8. Las parte demandante y demandada guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
Agente del Ministerio Público8
11. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa rindió concepto en
los siguientes términos:
11.1. Señaló que en el presente proceso operó el fenómeno de la cosa juzgada,
para lo cual transcribió el artículo 175 del CCA y realizó un análisis del caso bajo
estudio, para determinar si se configura la cosa juzgada.
11.3. Evidenció que se cumplen dos elementos necesarios para que se configure
la cosa juzgada: identidad de objeto y de causa, por lo cual da por probado el
fenómeno indicado.
11.4. Citó la sentencia de 19 de mayo de 20169, que analizó la nulidad del Decreto
3366 de 2003, en la cual se evidencia la identidad de objeto y causa.
11.5. Adujo que ante la identidad de objeto y causa petendi que se presenta entre
el presente caso y otros anteriores, en los que existe una decisión en firme, la
delegada concluyó la ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada.
11.6. Consideró que se encuentra probada la figura de la cosa juzgada, por lo que
debe ser decretada de oficio, y en virtud de su configuración, solicitó que esta
Sección se acoja a lo resuelto en la sentencia de 19 de mayo de 2016, con núm.
8
Folios 61 a 69 del expediente.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de mayo de
2016; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número de radicación 11001-03-24-000-2008-00107-00 ACUMULADO
11001 03 24 000 2008 00098 00.
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Número único de radicación: 11001032400020100024600
Demandante: Alberto Rodríguez Torres
de radicación 11001-03-24-000-2008-00107-00 ACUMULADO 11001 03 24 000
2008 00098 00.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema
jurídico; iv) marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada; v)
marco normativo y jurisprudencial sobre las facultades oficiosas del juez respecto
de la excepción de cosa juzgada; y, vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
13. Vistos: i) el numeral 1 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo 10
sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 30811 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 12, sobre el
régimen de transición y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, sobre la distribución de los procesos entre las secciones de esta
Corporación, la Sala considera que es competente para conocer del presente
asunto.
14. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad de que trata
este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a
continuación.
10 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […]”.
11 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
12 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”.
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Demandante: Alberto Rodríguez Torres
Acto administrativo acusado
15. Las normas del acto administrativo acusado son los artículos 18, 19 y 20 del
Decreto 3066 de 2003:
“[…] DECRETO NUMERO 3366 DE 2003
(noviembre 21)
por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas
de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan
unos procedimientos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
Constituciones (sic) y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y en desarrollo de las Leyes
105 de 1993 y 336 de 1996,
DECRETA:
[…]
CAPITULO IV
Sanciones a las empresas de transporte público terrestre automotor
individual de pasajeros en vehículos taxi
[…]
Artículo 18. Serán sancionadas las empresas de transporte público terrestre
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, del radio de acción
metropolitano, municipal o distrital, con multa de uno (1) a cinco (5) salarios
mínimos mensuales legales vigentes por las siguientes infracciones:
a) No suministrar la información que le haya sido solicitada y que no repose
en los archivos de la entidad solicitante;
b) Permitir la operación de los vehículos vinculados, sin portar los distintivos
de la misma o los señalados por las disposiciones legales vigentes según la
modalidad de servicio;
c) Permitir la prestación del servicio en vehículos sin Tarjeta de Operación o
con esta vencida;
d) No expedir a los propietarios de los vehículos vinculados un extracto en el
cual se discriminen los rubros y montos cobrados y pagados por cada
concepto derivados del contrato de vinculación;
e) No suministrar la Planilla de Viaje Ocasional o cobrar suma adicional a la
establecida por el Ministerio de transporte o la autoridad en quien este
delegue;
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Número único de radicación: 11001032400020100024600
Demandante: Alberto Rodríguez Torres
f) No reportar oportunamente a la autoridad competente la información de los
conductores que se encuentren registrados ante la empresa;
g) No Presentar, dentro de los primeros cuatro meses del año, el modelo de
contrato que utilizará para la vinculación de los vehículos, el cual debe
sujetarse a los parámetros establecidos en la reglamentación expedida por el
Gobierno Nacional para esta modalidad de servicio.
Artículo 19. Serán sancionadas las empresas de transporte público terrestre
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, del radio de acción
metropolitano, municipal o distrital, con multa de seis (6) a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes
infracciones:
a) No gestionar, obtener y suministrar oportunamente los documentos que
sustentan la operación de los equipos, cuando el propietario, poseedor o
tenedor del equipo haya entregado dentro de los términos legales a la
empresa la documentación requerida para dicho trámite;
b) Exigir u obligar a los propietarios de los vehículos vinculados a comprar
acciones de la empresa;
c) Cobrar a los propietarios de los vehículos mayor valor por concepto de pago
de la prima de los seguros de responsabilidad civil contractual y
extracontractual al realmente facturado por la compañía de seguros;
d) Exigir sumas de dinero por desvinculación o por expedición de paz y salvo.
Artículo 20. Serán sancionadas las empresas de transporte público terrestre
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, del radio de acción
metropolitano, municipal o distrital, con multa de once (11) a quince (15)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes
infracciones:
a) Permitir la prestación del servicio en vehículos sin las necesarias
condiciones de seguridad;
b) Retener por obligaciones contractuales o sin justa causa legal los
documentos que sustentan la operación de los equipos;
c) Exigir documentos adicionales a los establecidos en la ley para el trámite
de los documentos que soportan la operación;
d) Negarse sin justa causa legal a expedir paz y salvo;
e) Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en vehículos no
homologados para esta modalidad de servicio, por el Ministerio de transporte
o por quien haga sus veces;
f) No mantener vigentes las pólizas de responsabilidad civil contractual y
extracontractual exigidas, que las ampare, incluyendo a todos los vehículos
vinculados, de los riesgos inherentes a la actividad transportadora;
g) Permitir la operación de los equipos por personas no idóneas;
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Número único de radicación: 11001032400020100024600
Demandante: Alberto Rodríguez Torres
h) No suscribir los contratos de vinculación de los equipos conforme a los
parámetros establecidos en la reglamentación expedida por el Gobierno
Nacional para esta modalidad de servicio;
i) Negarse sin justa causa legal a expedir oportunamente la Tarjeta de Control;
j) Cobrar valor alguno por la expedición de la Tarjeta de Control. […]”
Problema jurídico
16. A la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en
los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes demandante y
demandada, y el agente del Ministerio Público, en el caso sub examine le
corresponde determinar:
16.1. Si está probada la excepción de cosa juzgada en relación con la sentencia
proferida por esta Sección el 19 de mayo de 2016, dentro del expediente
identificado con número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00107-00
acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00.
16.2. En caso de no estar probada la excepción de cosa juzgada, si los artículos
18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 2003, están viciados o no de nulidad por exceder
la potestad reglamentaria al establecer unas conductas sancionables sin contar
con fundamento legal, desconociendo la reserva de ley en materia sancionatoria.
Marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada
17. Visto el artículo 175 del CCA, sobre los efectos de las sentencias que se
profieren en los procesos de nulidad, señala lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en
relación con la causa petendi juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo
objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho
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Demandante: Alberto Rodríguez Torres
aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración
a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de
un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios. […]”. (Negrilla
fuera del texto).
18. El artículo 303 del Código General del Proceso referente a la cosa juzgada,
dispone:
“[…] ARTÍCULO 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso
son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda,
si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.
[…]”.
19. Esta Sala13 se ha pronunciado acerca de la declaratoria de cosa juzgada en el
trámite de una acción de nulidad simple, señalando que: i) dicho fenómeno estaba
regulado en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil14 y 175 del Código
Contencioso Administrativo; ii) la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo produce efectos de cosa juzgada erga omnes para todo el
mundo, sin importar la causa invocada que sustenta la nulidad pretendida,
lo cual impide que se pueda producir un nuevo pronunciamiento en relación
con dicho acto anulado; iii) cuando se trate de una sentencia que deniegue las
pretensiones de nulidad, los efectos de la cosa juzgada erga omnes solo se
generan frente a la causa petendi, entendida como “[…] la razón o los motivos por
los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto
de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; […]” 15, por
lo que respecto de este acto administrativo es posible cursar nuevas actuaciones
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de noviembre
de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-00302-00. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de diciembre de 2017;
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número de radicación 05001-23-33-000-2015-02253-01. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de octubre de 2010; C.P.
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 110010325 0002006 00388 00.
14 Artículo 303 del Código General del Proceso.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de noviembre
de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-00302-00.
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Demandante: Alberto Rodríguez Torres
judiciales, que deben tener como fundamento una causa distinta a la decidida en
la sentencia que negó la pretensión de nulidad.
Elementos de la excepción de cosa juzgada en procesos de nulidad
20. Visto el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201216, aplicable en virtud
del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo17, se considera que los
elementos de la cosa juzgada son: i) identidad jurídica de partes; ii) identidad de
objeto; e iii) identidad de causa.
21. En este contexto, la cosa juzgada se estructura a partir de dos premisas, una
objetiva relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva
relativa a los sujetos que intervienen en un proceso. Así lo ha precisado la Sala
Plena de esta Corporación, en sentencia de 26 de julio de 2005, en la cual señaló:
“[…] La institución de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporación, está
sujeta a dos límites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que versó el
debate y la causa petendi de la prestación, y el subjetivo, que tiene que ver con
las personas que fueron parte en el proceso. Así mismo, la cosa juzgada se
predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisión de una
sentencia y sólo puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia necesaria
o depender indispensablemente de ella, se reputan tácitamente decididos.
Los principios tutelares de esta institución jurídica son los establecidos en el
artículo 332 del C.P.C, los cuales son aplicables al proceso contencioso
administrativo, por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A. Prescribe el citado
artículo 332 del C.P.C.: […]
[…]
Según esta norma cabe plantear la cosa juzgada con éxito solo si concurren los
tres elementos señalados en ella, esto es, que en ambos procesos exista identidad
de partes, de objeto y de causa.
La jurisprudencia y la doctrina han señalado que la identidad de partes no es física
sino jurídica, lo cual explica la previsión del inciso segundo del precitado artículo,
al entender que hay identidad de partes cuando los del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de los que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto intervivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda.
16 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
17 De conformidad con el numeral 1 literal b) del artículo 625 de la Ley 1564, en el presente asunto se aplica
la nueva normativa, teniendo en cuenta que el auto que decretó pruebas se profirió el 24 de agosto de 2016.
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Así mismo la jurisprudencia ha dicho que este tercer requisito, denominado
límite subjetivo de la institución de la cosa juzgada, no tiene aplicación
alguna en los procesos contencioso administrativos de nulidad, pues las
sentencias que sobre ellos recaiga tienen un valor erga omnes, como lo
establece el artículo 175 del C.C.A, lo cual implica que son oponibles a
cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos, iniciar
nuevamente el debate judicial. Además en estos procesos la parte actora no
promueve la acción en interés particular, sino en interés del orden jurídico18.
[…]”19. (Negrilla fuera del texto).
Marco normativo y jurisprudencial sobre las facultades oficiosas del juez
respecto de la excepción de cosa juzgada
22. Visto el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, sobre las excepciones,
podrá proponerse, entre otras, la excepción de cosa juzgada20.
23. El artículo 306 ibidem establece que, en cualquier clase de proceso “[…]
Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá
reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la
demanda […]”.
24. En concordancia con lo anterior, el artículo 305 ejusdem, relativo a la
congruencia de la sentencia, dispone que esta providencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley.
25. La Sección Primera21 de esta Corporación, sobre las facultades del juez para
declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, consideró lo siguiente:
18
Sentencia de octubre 8 de 1992. Exp. 1094.Sección Primera M.P. Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez.
Sentencia del 22 de abril de 2004. Exp. 13274. Sección Cuarta. M.P. Dr. Germán Ayala Mantilla.
19
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. doctora Ana Margarita Olaya Forero, Radicación Nro.
11001-03-15-000-1999-00217-01(REV); actor: Roberto Hermida Izquierdo, demandado: Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
20 El artículo 278 del Código General del Proceso prevé que la excepción de cosa juzgada conduce a proferir
sentencia anticipada en cualquier estado del proceso, con la exigencia que se encuentre debidamente
probada.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de abril de
2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 54001-23-31-000-2005-00118-
01(AP).
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“[…] si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
C.P.C. se trata de una excepción que puede alegarse como previa, tal cosa no
significa que revista dicha naturaleza. En efecto, la doctrina la ha calificado como
una excepción mixta, pues pese a su naturaleza perentoria, recibe el trámite propio
de una excepción de mérito; por consiguiente, puede proponerse por la parte
demandada desde un primer momento, o, si esto no ocurre, puede declararse
por el juez aún de oficio, en el momento de dictar sentencia. Más aún en
acciones populares cuando la propia ley dispone que el juez la declarará en
la sentencia […]” (Negrilla fuera del texto).
26. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, de oficio, el juez debe
declarar probada la excepción de cosa juzgada, en primera y segunda
instancia, teniendo en cuenta que este medio exceptivo es un instrumento que no
beneficia exclusivamente a una parte procesal sino que garantiza los principios
que rigen el procedimiento, como la igualdad, la confianza legítima, la seguridad
jurídica y el non bis in ídem y, con ello, la vigencia del orden justo.
27. En consecuencia, los principios que rigen el Estado Social de Derecho le
exigen a los jueces “[…] ser consistentes con las decisiones que adoptan,
impidiendo que un mismo asunto sea estudiado y fallado nuevamente por la
autoridad judicial, en oportunidad diferente y de distinta manera […]”22.
Solución del caso concreto en relación con la cosa juzgada
28. La Sala procede al estudio de los elementos de configuración de la cosa
juzgada, en los siguientes términos:
29. Respecto de la identidad de partes, la Sala reitera que, en tratándose de
procesos contra un acto administrativo de carácter general como el caso sub lite,
la identidad jurídica entre las partes, es un aspecto que carece de relevancia para
la configuración de la cosa juzgada en la medida en que, estando habilitado todo
ciudadano para “[…] Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y
de la ley. […]”23, no es necesario que la parte demandante de la presente demanda
corresponda a la del proceso primigenio, precisamente, porque entre uno y otro
22
Corte Constitucional; sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Constitución Política, artículo 40, numeral 6.
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existe un interés común, como es la defensa de la Constitución Política y la Ley,
resultando irrelevante la identidad de las personas que participaron en el proceso.
30. Identidad de objeto. Del análisis de las pretensiones de los dos procesos, la
Sala encuentra acreditada identidad de objeto, por lo siguiente:
Proceso de nulidad Proceso de nulidad bajo
Elemento 11001-03-24-000-2008- estudio
00107-00 acumulado 11001 11001032400020100024600
03 24 000 2008 00098 00
Sentencia de 19 de mayo
de 2016
-Nulidad del articulo 41 y sus Nulidad de los artículos 18, 19 y
literales a), b), c), d), e), f), g) 20 del Decreto 3366 de 2003.
h), j), k) del Decreto 3366 de
2003.
Objeto
-Nulidad de los artículos 12,
13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24,
25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36,
39, 40, 41, 42, 43, 44, y 57 del
Decreto 3366 de 2003.
31. Identidad de causa petendi. No se requiere en razón a que la sentencia
respecto de la cual se verificará la ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada
declaró la nulidad de unos artículos del acto administrativo acusado, evento en el
cual los efectos “erga omnes” de la cosa juzgada se extienden a todos los
procesos en los que se haya demandado la nulidad del mismo acto,
independientemente de la causa invocada para sustentar la pretensión.24
32. La Sala observa que, mediante sentencia de 19 de mayo de 2016, dentro del
expediente identificado con número único de radicación 11001-03-24-000-2008-
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de octubre
de 2012; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número de radicación 11001-03-24-000-2007-00269-00.
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00107-00 acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00, esta Sección resolvió una
demanda de nulidad contra los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26,
28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 57 del Decreto 3366 de 2003, en
los siguientes términos:
“[…]
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 57 del Decreto 3366
de 2003 por las razones expuestas en esta providencia.
[…]”
33. En ese orden, la Sala considera que existe identidad de objeto y se declaró la
nulidad de los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 2003, razón suficiente
para declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, bajo el entendido
que la cosa juzgada a declarar es absoluta por cuanto la primera decisión, al
declarar la nulidad de los artículos indicados, agotaron el debate sobre la legalidad
de las normas acusadas.
Conclusión
34. Declarada la nulidad de las disposiciones demandadas en el caso sub
examine, ello significa que fueron retiradas del ordenamiento jurídico desde la
fecha de la sentencia que se encuentra ejecutoriada y como lo ha sostenido la
jurisprudencia, “(…) al carecer de vigencia no puede revivirse para volverse a
estudiar sobre lo mismo, pues ello implicaría interpretar que una norma anulada,
continuara produciendo efectos hacia el futuro en contravención no solo de la ley
sino del principio de la cosa juzgada”25 y en consecuencia, debe estarse a lo
resuelto por el Consejo de Estado en la sentencia de 19 de mayo de 2016,
expediente identificado con número único de radicación 11001-03-24-000-2008-
00107-00 acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 22 de
abril de 2004, expediente 13274, C.P. Germán Ayala Mantilla.
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Demandante: Alberto Rodríguez Torres
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR OFICIOSAMENTE la excepción de cosa juzgada
respecto de la nulidad de los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 21 de
noviembre de 2003. En consecuencia:
SEGUNDO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 19 de mayo
de 2016 en el expediente con número único de radicación 11001-03-24-000-2008-
00107-00 acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00, que declaró la nulidad,
entre otras disposiciones, de los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 de 2003.
TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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