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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00259-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00259-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: 19 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas. TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2010-00259-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

26 de junio de 2025

1

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00
Demandante: WILCOS S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 11001 03 24 000 2010 00259 00
Demandante: WILCOS S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Litisconsorte necesario: LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS
S.A. COSQUIM S.A.

Tesis: No son nulos los actos administrativos que
negaron la cancelación por falta de uso la
marca “MELODY” (mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza, en tanto
que su titular demostró con suficiencia el
uso real y efectivo dentro del periodo
relevante, en consideración a la naturaleza
de los productos.

Aplicación de las pautas de flexibilidad del
criterio cuantitativo en la acción de
cancelación por no uso de marcas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad
WILCOS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo – CCA en contra de las resoluciones números 24595 de 17
de julio de 2008 y 69748 de 31 de diciembre de 2009, a través de las
cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) revocó la
resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, y en su lugar (ii)

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00
Demandante: WILCOS S.A.

negó la cancelación total por no uso de la marca “MELODY” (nominativa)
para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de
Niza de titularidad de la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A.
COSQUIM1.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad Wilcos S.A., a través de apoderado judicial, presentó
demanda2 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD y SE ordene el restablecimiento del derecho
en contra de la Resolución número 24595 del 17 de julio de 2008, proferida por
la Jefe de la División de Signos Distintivos Delegatura para la Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución 69748 de 31
diciembre 2009, expedida por el Superintendente Delegado para Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial
en la cual se informe que es nula la Resolución No. 24595 del 17 de julio de 2008,
proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos Delegatura para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y la
Resolución 69748 de 31 diciembre 2009. expedida por el Superintendente
Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

3. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 24595
del 17 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio y la Resolución 69748 de 31 diciembre 2009, expedida por el
Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, se ordene la cancelación por no uso del registro 85456 para
la marca "Melody" en la clase 3, actualmente vigente hasta el 18 de agosto de
2020, en forma total.

4.Que se ordene a la División de Signos Distintivos expedir Resolución mediante
la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro
de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.” (sic).

1
En adelante Laboratorios COSQUIM S.A.
2 Folios 28 a 50 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el

índice número 77 de SAMAI.

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00
Demandante: WILCOS S.A.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad Laboratorios COSQUIM S.A. solicitó el registro como
marca del signo “MELODY” (nominativo) para identificar “JABONES,
PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS Y LOCIONES
CAPILARES” productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número
921467743. Posterior a ello, mediante la resolución número 3272 de 18
de agosto de 1975 se concedió el registro como marca del signo
mencionado, asignándole el certificado de registro número 85456.

I.1.2.2. El 11 de abril de 2007, la sociedad Wilcos S.A. presentó escrito
ante la SIC a través del cual solicitó la cancelación total por no uso de la
marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de
la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue admitida mediante
oficio número 4711.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 32371 de 28 de septiembre de
2007 “por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una
marca” la SIC canceló totalmente por no uso la marca “MELODY”
(nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza.

I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad Wilcos S.A. presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante
las resoluciones números 24595 de 17 de julio de 2008 y 69748 de 31 de
diciembre de 2008 a través de las cuales se: (i) revocó la resolución
número 32371 de 28 de septiembre de 2007, en su lugar, (ii) negó la
cancelación total por no uso de la marca objetada, y (iii) confirmó la
decisión de negar la cancelación, respectivamente.

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Demandante: WILCOS S.A.

I.1.2.5. Finalmente, esta Sala destaca como hecho que, con posterioridad
a la presentación de la demanda de la referencia, la sociedad Laboratorios
COSQUIM S.A., transfirió la marca a la sociedad Laboratorios Incobra S.A.
Más adelante, la actual titular solicitó que se tuviera como sucesora
procesal de la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A., la cual fue negada
por el despacho sustanciador mediante auto de 10 de octubre de 2019.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son
violatorios de lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 170 de la Decisión
486 de 2000, y el artículo 29 de la Constitución Política.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Consideró que las pruebas aportadas por el titular de la marca
“MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la
clase 3 internacional, no indican un volumen de ventas suficiente para
demostrar el uso real y efectivo de la mencionada marca, pues se trata
de la suma de catorce millones ochocientos cincuenta y dos mil
cuatrocientos noventa y cinco pesos ($14’852.495), equivalente a 15.249
unidades en total.

I.1.3.2. Afirmó que en los actos administrativos acusados se sostuvo, sin
que se encuentre demostrado al menos sumariamente, que: (i) la titular
de la marca objeto de la acción de cancelación es una empresa pequeña;
(ii) que los productos de la mencionada marca son artículos de aseo a
bajo precio; (iii) y que los consumidores no cuentan con una gran
capacidad adquisitiva.

I.1.3.3. Explicó que la titular de la marca es una sociedad que se presume
cuenta con una importante capacidad de comercialización y distribución

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Demandante: WILCOS S.A.

de productos, y cuenta con un amplio portafolio de productos de
diferentes tipos, lo cual se impone como un indicio de su significativa
capacidad económica. En consecuencia, no se trata de una mediana o
pequeña empresa, como lo consideró la SIC en los actos demandados.

I.1.3.4. Señaló que los productos que identifica la marca “MELODY” son
de consumo masivo, esto es, producido en grandes cantidades y dirigido
de forma habitual a los consumidores en general, pues aquellos
corresponden a la canasta familiar, y en consideración a la naturaleza
que reviste los productos, la SIC debió valorar el volumen de ventas
acreditado, en aplicación de los criterios subjetivo y objetivo sobre el uso
de marcas, establecidos por la Indecopi.

I.1.3.5. Adujo que los informes del revisor fiscal de la titular marcaria
presentan un total de cinco mil ciento noventa y ocho (5.198) unidades
vendidas por año, e indicó que tal resultado se obtiene de dividir el
volumen total de ventas en los 3 años que corresponde probar su uso.
Agregó que, realizando el mismo proceso matemático, se puede afirmar
que al mes únicamente se vendieron 433 unidades de productos
identificados con la marca “MELODY”.

I.1.3.6. Rescató que, en sede de reposición o apelación, la titular no
aportó pruebas adicionales en relación con las cantidades vendidas, de
manera que la SIC debió mantenerse en su primigenia decisión de
cancelar totalmente por no uso el registro marcario.

I.1.3.7. Sostuvo que la autoridad nacional valoró como prueba 11 copias
de declaraciones de importación, 77 copias de facturas cambiarias de
compraventa, y declaraciones del revisor fiscal de la sociedad titular, las
cuales fueron aportadas con el recurso de reposición, esto es, por fuera
del plazo de los 60 días posteriores a la notificación de la acción de
cancelación. Además, dichos documentos no son complementarios de los

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inicialmente aportados, ni buscan subsanar inconsistencias en cuanto a
su autenticidad ni contenido, de tal manera que no debieron ser valorados
en razón a su extemporaneidad.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La sociedad Laboratorios COQUIM S.A., contestó la demanda,
en síntesis, en los siguientes términos3:

Advirtió que la demanda se formuló con base en el desacuerdo de la
actora en relación con el uso de la marca “MELODY”, pues en ella se
considera que el volumen de ventas probado no es suficiente, sin
embargo, no explica cómo los actos administrativos violan las normas
invocadas.

Afirmó que la marca “MELODY” se usó en el comercio de manera
permanente y continua para distinguir principalmente productos
cosméticos, tal como se observa suficientemente acreditado de las
pruebas aportadas en sede administrativa.

Mencionó que los criterios objetivo y subjetivo de valoración del uso de la
marca, a los que se refiere la actora, no pueden ser tenidos en cuenta por
la SIC, pues se trata de pautas desarrolladas por una oficina de marcas
extranjera como lo es la Indecopi.

Señaló que la actora únicamente presume que la titular de la marca objeto
de la acción de cancelación posee una significativa capacidad económica,
sin embargo, dicha aseveración no logra controvertir las pruebas de uso
de la marca “MELODY”, ni la correcta valoración probatoria que se
desarrolló en los actos acusados. Agregó que la capacidad económica de

3 Folios 79 a 94 del expediente físico de la referencia.

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la titular no puede ser un criterio para exigir más o menos ventas de un
producto con el fin de evitar la cancelación por no uso de la marca que lo
identifica.

Adujo que la titular sí posee la categoría de Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes), atendiendo a los parámetros de la planta de personal,
menos de 200 trabajadores, así como a los activos totales, los cuales eran
menores a 30.000 salarios mínimos mensuales, que para los años 2005 y
2006 eran trecientos ochenta y un mil quinientos pesos ($381.500) y
cuatrocientos ocho mil pesos ($408.000), respectivamente.

Indicó que es oportuno y legal presentar las pruebas que se pretenden
hacer valer con los recursos dirigidos a impugnar una resolución que
ordena la cancelación de un registro de marca por falta de uso, y que, en
ese orden, además de las pruebas aportadas en la contestación a la acción
de cancelación, la titular presentó con sus recursos 7 grupos
documentales, en los que se incluyen facturas de compraventa,
declaraciones de importación y certificaciones de revisores fiscales, para
que aquellos fueran valorados como pruebas.

Declaró que la actora solicitó el registro como marca del signo “MELODY
KIUT” en la clase 3 internacional, la cual fue finalmente negada, sin
embargo, empezó a fabricar, comercializar en Colombia y exportar al
Ecuador, cosméticos y productos de aseo bajo esa denominación; ante lo
cual, la titular solicitó a la actora que se abstuviera de utilizar su marca,
pues con ello se configuraba una infracción a sus derechos de propiedad
industrial. Con todo, la actora ignoró los requerimientos, de manera que
se presentó denuncia penal en contra de su representante legal.

Informó que, como consecuencia de la denuncia, la Fiscalía realizó
cuantiosas incautaciones de los productos con la denominación “MELODY
KIUT”, formuló imputación en contra del representante legal de la actora,

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Demandante: WILCOS S.A.

y finalmente realizó audiencia de juicio oral, para la misma época en que
la aquí actora presentó la acción de cancelación en estudio, sin embargo,
el proceso penal terminó en la declaratoria de su prescripción. Con todo,
afirmó que los mencionados hechos ponen de presente la mala fe de la
solicitante de la acción de cancelación.

Finalmente, señaló que la demanda carece de los requisitos y
formalidades previstos en la ley, pues no contiene la copia completa de la
resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, así como
tampoco la prueba del recurso de apelación presentado por el
demandante que dio origen al acto acusado, ni las demás pruebas que
estaban en su poder.

I.2.2. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda, en
síntesis, en el siguiente sentido4:

Sostuvo que, revisadas las pruebas documentales aportadas dentro del
expediente administrativo, a saber, las facturas y los documentos
contables, se logró concluir que la marca “MELODY” fue usada por su
titular, pues se acreditó que comercializó los productos cosméticos que
distingue tales como jabones, aceites y champú.

Mencionó que, al sumar las ventas de los productos efectuadas durante
los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, se observa que estas
ascienden a catorce millones ochocientos cincuenta y dos mil
cuatrocientos noventa y cinco pesos ($14.852.495).

Explicó que los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza, y particularmente el jabón, los polvos de talco para
el cuerpo, los aceites de tocador o de baño y el champú, son de consumo
extendido y continuo, teniendo una demanda amplia y constante, por lo

4 Folios 203 a 213 del expediente físico de la referencia.

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cual su volumen de ventas debe ser elevado. Sin embargo, se trata de
artículos de aseo de bajo precio que se comercializan en sectores donde
los consumidores además de contar con diferentes opciones en el
mercado, no cuenta con una gran capacidad adquisitiva, por lo cual se
determinó que el valor de ventas acreditado es suficiente para demostrar
el uso real y efectivo de la marca en el mercado y adecuado a los niveles
de comercialización.

Afirmó que otras pruebas como, los elementos publicitarios y las copias
de los contratos de prestación de servicios para la producción de
productos con la marca “MELODY”, así como los registros de importación
de dichos productos a otros países, y algunas de las certificaciones en las
que se afirma la distribución de los productos, permitieron concluir que
su titular tuvo la intención de promocionarlos y que aquellos han estado
presentes en el mercado.

I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO

Mediante auto de 7 de noviembre de 20175, se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.

I.3.1. La SIC reiteró los argumentos planteados con la contestación de la
demanda6.

I.3.2. La actora, el litisconsorte necesario y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta etapa procesal.

5 Folios 292 y reverso del expediente físico de la referencia.
6 Folios 309 a 316 del expediente físico de la referencia.

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I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación
prejudicial núm. 372-IP-20157, en los siguientes términos:

“[…] 3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

-Solicitados: 165, 166 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina. No procede la interpretación del artículo 170 de la citada normativa por
cuanto en el presente caso no versa sobre las notificaciones que debe realizar la
Oficina Nacional Competente ni de la oportunidad para presentar pruebas y
alegatos. Procede la interpretación de los artículos 165 y 166 de la misma
Decisión […]”.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno
a los siguientes temas: 1) Cancelación por falta de uso de la marca. Su
procedimiento. 2) Prueba del uso de la marca. Los productos de consumo
masivo. El tamaño de la empresa. 3) Motivación del acto administrativo
que resuelve sobre la cancelación de la marca por falta de uso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 24595
de 17 de julio de 20098 y 69748 de 31 de diciembre de 20099, a través
de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) revocó la
resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, y en su lugar (ii)
negó la cancelación total por no uso de la marca “MELODY” (nominativa)
para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de
Niza de titularidad de la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

7
Folios 273 a 290 del expediente físico de la referencia.
8 Folios 5 a 17 del expediente físico de la referencia.
9 Folios 18 al 26 del expediente físico de la referencia.

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00
Demandante: WILCOS S.A.

De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación
Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las
normas aplicables son los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000,
cuyo texto es del siguiente tenor:

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una
marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca
no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular,
por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La
cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse
como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la
marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de
cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca
respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará
una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos
en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca
no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de
los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso
se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente
productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según
lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada
sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no
motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección
que corresponda a la marca.”

No se estudiará en la presente sentencia el artículo 170 ibidem, por no
ser parte de la controversia judicial los plazos establecidos para presentar
las pruebas en sede de la acción de cancelación por no uso de una marca.
Tal determinación se encuentra acorde con la Interpretación Prejudicial

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emitida en el presente asunto, en la que se prescindió de la interpretación
de dicha norma.

Lo anterior, sin perjuicio del pronunciamiento que corresponde en relación
con la presunta vulneración del artículo 29 superior, en virtud del cual la
actora alegó que la SIC tuvo en consideración pruebas que habían sido
allegadas de manera extemporánea en el desarrollo del trámite de la
acción de cancelación marcaria.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá
resolver los siguientes cuestionamientos:

En primer lugar, y de conformidad con la contestación de la demanda
presentada por el litisconsorte necesario, la Sala deberá resolver si se
encuentra probada la excepción previa de inepta demanda, por cuanto la
demanda no cumplió con los requisitos formales para su presentación.

Si la respuesta al interrogante anterior es negativa, corresponde a la Sala
determinar si, en sede administrativa, la titular de la marca “MELODY”
(nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza, aportó dentro del plazo dispuesto para ello las
pruebas de uso que sirvieron de sustento para adoptar las decisiones
administrativas acusadas.

Adicionalmente, deberá la Sala determinar si la titular de la marca
“MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza, acreditó su uso real y efectivo entre el
11 de abril de 2004 y el 11 de abril de 2007, y particularmente, si el
volumen de venta acreditado es suficiente para demostrar dicho uso en

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consideración de la naturaleza y la forma de los productos que identifica
la marca.

Resueltos los anteriores cuestionamientos, la Sala deberá establecer si
son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos
que negaron la cancelación por no uso de la marca “MELODY”
(nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza, con certificado de registro número 85456.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a
la Sala determinar si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar
a ordenar a la SIC que cancele el certificado de registro número 85456
correspondiente a la marca “MELODY” (nominativa) para distinguir
productos en la clase 3 internacional.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. Cuestión previa

II.4.1.1. De la excepción de inepta demanda alegada por el
litisconsorte necesario

La sociedad señaló que la demanda carece de los requisitos y
formalidades previstos en la ley, pues no contiene la copia completa de
la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, así como
tampoco la prueba del recurso de apelación presentado por el
demandante que dio origen al acto acusado, ni las demás pruebas que
estaban en su poder.

Al respecto, la Sala encuentra conveniente traer a colación el artículo 139
del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente:

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Demandante: WILCOS S.A.

“[…] LA DEMANDA Y SUS ANEXOS.

ARTÍCULO 139. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto
acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son
del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda
hacer valer y que se encuentren en su poder.

Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicadas en los
medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación.

Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir
autenticada por el funcionario correspondiente.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre
su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se
considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la
oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere publicado,
a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda.

Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con
que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra
persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro trasmitido a
cualquier título, y la prueba de la existencia y representación de las personas
jurídicas distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso.
Al efecto deberá acompañarse con la demanda la prueba del recurso o petición
elevado ante la administración, con la fecha de su presentación.

Deberá acompañarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación de
las partes”.

La norma en cita prevé, entre otros requisitos para la presentación de la
demanda, la copia del acto acusado con su constancia de publicación,
notificación o ejecución, según sea el caso.

Ahora bien, revisados los documentos aportados por la actora con la
demanda de la referencia, la Sala encuentra que aquella sí se acompañó
de la copia de los actos acusados y su constancia de notificación, los
cuales obran a folios 5 a 17 y 18 al 26 del expediente físico de la
referencia, en tal sentido, la demandante cumplió con el requisito de
presentación formal que echa de menos el litisconsorte necesario.

Adicionalmente, se advierte que no correspondía a la actora, como mal
lo interpretó el litisconsorte necesario, aportar la copia de la resolución
número 32371 de 28 de septiembre de 2007, a través del cual la SIC
canceló totalmente por no uso la marca “MELODY” (nominativa) para

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00
Demandante: WILCOS S.A.

identificar productos comprendidos en la clase 3 internacional, pues
aquella no fue el objeto de la demanda de la referencia en tanto que lo
allí resuelto favorece los intereses de la actora.

En todo caso, se advierte que tanto la resolución mencionada como los
demás documentos que constituyen los antecedentes administrativos de
los actos acusados, fueron aportados al expediente de la referencia y
apreciados con el valor que por ley les corresponde.

Es por todo lo anterior que esta Sala encuentra no probada la excepción
de inepta demanda formulada por el litisconsorte necesario, y en tal
sentido se decidirá en la parte resolutiva de esta sentencia.

II.4.2. De los cargos de nulidad formulados por la actora

II.4.2.1. De la violación al artículo 29 de la Constitución Política

En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró su
derecho al debido proceso porque admitió y valoró las pruebas que
presentó el titular marcario con el recurso de reposición y en subsidio de
apelación, sin considerar que la oportunidad para allegar el material
probatorio correspondiente es de 60 días posteriores a la notificación de
la acción de cancelación, en otras palabras, que los elementos de prueba
deben allegarse con la contestación de la acción y no con los recursos.

Por su parte, el litisconsorte necesario advirtió que es oportuno presentar
las pruebas que se pretenden hacer valer con los recursos dirigidos a
impugnar una resolución que ordena la cancelación de un registro de
marca por falta de uso, y que, en ese orden, se encontró acertado aportar
con sus recursos 7 grupos documentales, en los que se incluyen facturas
de compraventa, declaraciones de importación y certificaciones de
revisores fiscales, para que aquellos fueran valorados como pruebas.

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Demandante: WILCOS S.A.

Pues bien, la Sala se referirá en primera medida a la oportunidad para
presentar los argumentos que controvierten la acción de cancelación
marcaria, para lo cual corresponde traer a colación el artículo 170 de la
Decisión 486 de 2000, ya referido por la autoridad demandada, y que a
tenor literal señala lo siguiente:

“l CAPÍTULO V De la Cancelación del Registro

[…]

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional
competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo
de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los
alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los
que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la
cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante
resolución.” (destacado fuera del texto original).

De la lectura de la norma en cita, es claro para esta Sala que el régimen
comunitario en materia de propiedad industrial estima de manera
expresa un plazo para que el titular de la marca objeto de cancelación no
solo presente sus alegaciones, sino que también aporte las pruebas que
considere pertinentes en aras de acreditar el uso real y efectivo de la
marca que está siendo cuestionada.

Es así como, el plazo señalado en la norma comunitaria, aunque no
constituya un periodo probatorio propiamente dicho, sí determina la
oportunidad que el titular de la marca objeto de cancelación tendrá para
que sus pruebas puedan ser consideradas por la oficina nacional y así
mismo se le otorgue el valor que corresponda según las reglas de
valoración probatoria aplicables al asunto.

Al respecto, valga traer a colación las consideraciones que sobre el tema
ha emitido el Tribunal comunitario, veamos:

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Demandante: WILCOS S.A.

“5.2. Como puede apreciarse, lo que se cuestiona es la posibilidad de valorar
medios probatorios con posterioridad al plazo de 60 días de notificada la acción
de cancelación e incluso, la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios
al momento de interponer un recurso impugnativo.

[…]

Como se puede apreciar el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a
efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que
estime convenientes. Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad
de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro
aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado: esto es, aproximar
el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las
marcas en el mercado conforme lo prescribe el principio de verdad material.

En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de
la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la
marca como la autoridad nacional competente. Sin embargo,
considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora
en la obtención de los medios probatorios relevantes, este Tribunal
considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del
vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente
motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después
del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad
administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio
de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra
parte, para que esta se pronuncie al respecto.

La referida interpretación constituye una garantía a favor del administrado, el
cual mantiene la posibilidad, si se presentan las condiciones mencionadas en el
párrafo anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a efectos de que
estas sean evaluadas por la autoridad competente en tanto esta no haya emitido
su pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos que
la legislación interna de cada País Miembro establezca”10. (Destacado fuera del
texto original).

De conformidad con la cita previa, tanto el titular de la marca como la
oficina nacional, se encuentran llamados a atender el plazo previsto por
el artículo 170 ibidem, de manera que el Tribunal ha considerado que solo
cuando se presenta una solicitud de ampliación de dicho término antes
de que se encuentre vencido y con la motivación que le corresponde,
podrá la oficina nacional aceptar nuevas pruebas aportadas con
posterioridad a dicho vencimiento.

10 Proceso 511-IP-2016.

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Por su parte, en oportunidad anterior11, la Sala de esta Sección dilucidó
entorno al plazo para aportar pruebas en el trámite de cancelación
marcaria, rescatando que la norma comunitaria de manera expresa
consagra un término para que se presente el material probatorio
correspondiente en desarrollo del trámite de cancelación marcaria, razón
por la cual debe aplicarse dicha disposición; y que, contrario a ello, en
relación con la oportunidad para presentar pruebas en la vía gubernativa,
esto es, al momento de formular los recursos procedentes en contra del
acto administrativo que decidió la solicitud de cancelación, debe aplicarse
la norma nacional en ejercicio del principio de complemento
indispensable, pues sobre este último evento nada ha determinado la
legislación andina; así se consideró:

“[…] La Sala observa que el artículo 170 de la Decisión 486, en el marco de un
procedimiento administrativo de cancelación de registro marcario por no uso,
regula la oportunidad probatoria para que el titular del registro marcario presente
pruebas al momento de contestar la solicitud de cancelación, pero no regula la
posibilidad de solicitar pruebas durante la interposición de recursos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial,
señaló al respecto:

“[…] el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula actividad probatoria en
los procedimientos recursivos, ni ante las instancias jurisdiccionales
correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas,
este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo
prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer
pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los
procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar
el uso o no de una marca, en aplicación del principio de verdad
material y desde una visión garantista del debido proceso […]”
(Destacado fuera del texto).

Considerando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la
normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento
indispensable, aplicará la norma interna con el fin de determinar si es posible
presentar medios probatorios junto con el recurso de apelación interpuesto en el
procedimiento administrativo.

Ahora bien, como se indicó en acápite supra, en el recurso de apelación
presentado en el procedimiento administrativo el recurrente cuenta con la
posibilidad de relacionar las pruebas que pretenda hacer valer.

11
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 24
de septiembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; radicado número 11001-03-24-000-
2013-00451-00; Actora: MARILAN ALIMENTOS S.A.

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La Sala considera que esto se debe a la importancia de ofrecerle a quien va a
resolver el recurso de apelación todos los elementos para adoptar la decisión
final y para esclarecer mejor los fundamentos de su decisión.

Corolario de lo anterior esta Sección 12 ha considerado que “[…] existe una
diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca
por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y
exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del
C.C.A., pues ésta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en
la legislación comunitaria […]”.

Lo anterior permite colegir que, el término establecido en el artículo 170 de la
Decisión 486 es la oportunidad prevista en la norma comunitaria, siendo el
procedimiento administrativo un momento procedimental diferente, donde se
aplican las normas del Código Contencioso Administrativo.

En ese sentido, la Sala considera que era posible que el tercero con interés
directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de
apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro
marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND,
presentara pruebas y, en ese sentido, la parte demandada no vulneró ni el
artículo 170 de la Decisión 486 ni el artículo 29 de la Constitución Política […]”.

Pues bien, la Sala prohíja el pronunciamiento adoptado en esa
oportunidad por esta Sección, en el sentido de considerar que, en
aplicación del principio de complemento indispensable, quien recurra una
decisión administrativa relativa a la acción de cancelación de uso
marcaria, se encuentra habilitado para presentar con su recurso las
pruebas que pretenda hacer valer, de tal manera que la oficina nacional
de marcas deberá valorar los elementos aportados por el recurrente al
momento de sustentar la decisión que en derecho corresponde.

En ese sentido, acertadamente lo concluyó la resolución número 69748
de 31 de diciembre de 2009, en la que se puntualizó que “[…] las pruebas
aportadas con los recursos […], siempre y cuando fueran conducentes,
legales y cumplieran con las formalidades establecidas en la ley en lo que
respecta a autenticidad y otros aspectos similares, debieron ser tenidas
en cuenta pues versan sobre el asunto tramitado en la acción de
cancelación, o sea, se aportaron con el objetivo de ampliar la

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de
agosto de 2012; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación
11001032400020040014001.

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demostración del uso de la marca MELODY […]”13, de conformidad con el
artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, con la valoración de las pruebas que aportó el titular
marcario con su recurso de reposición y en subsidio de apelación, no se
vulneró la garantía del debido proceso que le asistió a la actora,
solicitante de la cancelación marcaria.

Por lo tanto, las pruebas que deben ser consideradas por la autoridad
demandada en sede administrativa, y respecto de las cuales corresponde
un análisis en esta instancia, serán aquellas que fueron aportadas con el
escrito de contestación de la solicitud de cancelación, así como las que se
aportaron con el recurso de reposición y en subsidio de apelación
formulado en contra de la resolución que, en un primer momento del
trámite administrativo, canceló totalmente por no uso la marca “MELODY”
(nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, el argumento de la actora relacionado con la
vulneración del debido proceso no tiene vocación de prosperar.

II.4.2.2. De la prueba del uso real y efectivo de la marca
“MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos
en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza

II.4.2.2.1. La demandante señaló que el volumen de venta probado por
el titular de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos
comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no
es suficiente para acreditar su uso real y efectivo, en consideración a que
la naturaleza de los productos responde a la de bienes de consumo

13 Página 6 de la resolución número 69748 de 31 de diciembre de 2009.

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masivo, de manera que su comercialización es en grandes cantidades,
sin embargo, las pruebas no arrojan grandes sumas de dinero obtenido
con las ventas, por lo que el uso demostrado no es el idóneo para evitar
la cancelación de la marca. Adicionalmente, sostuvo que la capacidad
económica de la empresa titular, quien posee un patrimonio bien
valorado, y un amplio catálogo de productos, lo que le permite
comercializar en grandes volúmenes los artículos que identifica la marca.

Por su parte, la SIC consideró que las piezas aportadas por el titular de
la marca objeto de cancelación fueron suficientes para acreditar el uso
real y efectivo de la marca porque se trata de productos comercializados
bajo un valor de venta menor en comparación con otros bienes de
consumo masivo, y además se encuentran dirigidos a un público que no
ostenta un poder adquisitivo que le permita pagar precios altos por
artículos de aseo así como tampoco comprarlos con regularidad, como sí
sucede en otros sectores poblacionales, por lo tanto, los mencionados
bienes han sido comercializados en la cantidad y forma adecuada.

A su vez, el litisconsorte necesario consideró que es una empresa incluida
en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pues cuenta
con menos de 200 empleados, y su patrimonio no supera los 300 salarios
mínimos mensuales, a lo cual agregó que los productos se venden a
precios asequibles y se dirigen a consumidores de escasos recursos de
tal manera que el volumen de ventas acreditado, por lo que, aunque los
documentos no informan grandes sumas de dinero, sí prueban una
coherente comercialización en consideración al tipo de empresa y la
naturaleza de los productos, de manera que son suficientes para acreditar
el uso real y efectivo de su marca.

II.4.2.2.2. Pues bien, vistas las consideraciones de las partes procesales,
es claro que el debate se centra en determinar si el volumen de venta
acreditado es suficiente para probar el uso real y efectivo de la marca

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“MELODY”, en consideración a la naturaleza de los productos que
distingue, a saber, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y
lociones capilares, así como a la capacidad financiera de la empresa
titular de la marca.

Para ello, la Sala se referirá al valor que le otorgó la SIC a las distintas
piezas probatorias aportadas por la titular de la marca objeto de
cancelación, en aras de determinar si aquellas resultaron suficientes para
acreditar el uso real y efectivo de la marca “MELODY”.

Sobre este asunto, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sostenido lo siguiente:

“[…] 2.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar
en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira
el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca
en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra
en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades
pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su
comercialización.

[…]

2.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que,
para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse
en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores
a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta
que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres
años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

[…]

2.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios
de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en
consideración lo siguiente:

a) Legitimación para iniciar el trámite. […]
b) Oportunidad para iniciar el trámite. […]
c) Falta de uso de la marca […]”14.

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Por lo tanto, es posible afirmar que para encontrar que en efecto se
estuviese usando una marca, es necesario que esta haya sido utilizada
de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años
inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación.
Adicionalmente, quien pretenda la cancelación de una marca deberá
contar con un interés para promover la acción y promoverla dentro de los
3 años siguientes a la decisión que concedió el registro de la marca que
será objeto de la cancelación; sin embargo, sobre estos últimos
presupuestos la Sala no hará mayores elucubraciones, en la medida que,
como se advirtió con anterioridad, no han sido objeto de debate en el
proceso.

En ese sentido, la jurisprudencia comunitaria también ha sostenido que
la acreditación del uso real y efectivo de una marca deberá analizarse de
manera correspondiente a los productos o servicios que aquella distingue,
con el fin de determinar si estos se encuentran disponibles en el mercado
bajo la marca en comento, y particularmente, en la cantidad y modo
pertinentes en atención a su naturaleza y su forma de comercialización.

En relación con la naturaleza, cantidad y forma de comercialización de los
productos o servicios, el Tribunal comunitario, en la Interpretación
Prejudicial emitida para el presente asunto, sostuvo lo siguiente:

“[…] El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el
primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en
relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que
deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha
sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este
punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas
cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es
prueba del uso real v efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina
Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar
si las cantidades demostradas de conformidad con la naturaleza del producto
son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

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2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe
tener en cuenta como se comercializan los productos v servicios que
amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización
son los supermercados en cadena, que el producto para sectores
especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo
catálogo, etc. (Subrayado por fuera del texto)”.

Ahora bien, en cuanto al parámetro cuantitativo que ha de aplicarse para
determinar la forma y modo en que debe encontrarse comercializado un
producto a efectos de acreditar el uso de la marca que lo identifica, en la
misma Interpretación Prejudicial se consideró lo siguiente:

“[…] Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen
condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes
comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la
jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las
de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento
cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo
y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de
relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las
características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una
marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su
uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues
su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de
operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista
comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un
año solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la
denominación de la marca que pretende probar su uso […]”. (Destacado de la
Sala).

Además de lo anterior, el Tribunal ha señalado que el criterio cuantitativo
aplicable al estudio de las pruebas de uso deberá analizarse en
consideración a las pautas flexibles que abarcan, en síntesis, la
naturaleza del producto que identifica la marca y las características de la
empresa titular, así:

“[…] no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos,
puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo, venta de
aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad,
naturaleza, grado de especialidad, preciso, entre otros. Asimismo, como se
señaló precedentemente, el elemento cuantitativo para determinar la existencia
del uso es relativo, debiendo relacionarse con las características de la empresa
que utiliza la marca.

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Adicionalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es la
dimensión de la empresa titular. En ese sentido, una empresa pequeña podrá
justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión. Debiendo
consignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de
ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la
apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a
criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de
pautas flexibles. Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas
pautas son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y
la dimensión de la empresa titular de marca […]”.

Finalmente, el Tribunal comunitario ha considerado que el estudio de las
pruebas de uso también deberá realizarse “[…] excluyéndose usos de
carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los
derechos conferidos por la marca […]”.

II.4.2.2.3. Precisado lo anterior, la Sala descenderá al estudio de las
pruebas allegadas al expediente, con el propósito de determinar si el
volumen de venta acreditado por la titular marcaria es suficiente para
acreditar el uso real y efectivo de la marca “MELODY” (nominativa) para
identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza, a saber, jabones, perfumería, aceites esenciales,
cosméticos y lociones capilares, los cuales, en consideración de las partes,
responden a la categoría de bienes de consumo masivo, en el periodo
comprendido entre el 11 de abril de 2004 y 11 de abril de 2007.

En ese orden, se prescindirá del análisis de los presupuestos relacionados
con la legitimación y la oportunidad para iniciar la acción de cancelación
por no uso, en la medida que no se advierte desacuerdo de las partes
cuanto a dichos aspectos. En consecuencia, de las pruebas aportadas al
expediente15, se destacan las siguientes16:

-Veintiocho (28) copias de facturas de compraventa expedidas por el Laboratorio
COSQUIM S.A. expedidas en marzo de 2004, correspondientes a jabones, aceites,

15 Las pruebas analizadas corresponden a la acción de cancelación que fue admitida mediante
oficio número 4711.
16
Las pruebas se encuentran en su versión digital en el anexo documental de los antecedentes
administrativos obrante en el índice número 148 del expediente de la referencia en SAMAI.

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perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”. Se advierte que se
encuentran por fuera del periodo relevante para probar el uso.

-Ciento y una (101) facturas de compraventa expedidas por Laboratorios COSQUIM
S.A. entre el 11 de abril de 2004 y 11 marzo de 2007 correspondientes a
jabones, aceites, perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”.

-Veinte (22) facturas de compraventa expedidas por Laboratorios Incobra S.A. entre
el 26 de mayo de 2006 y 22 marzo de 2007 correspondientes a jabones, aceites,
perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”.

-Dos (2) facturas de compraventa expedidas por Laboratorios Incobra S.A. entre el
23 y 24 de abril de 2007 correspondientes a jabones, aceites, perfumes, champú
y polvo natural bajo la marca “MELODY”. Se advierte que se encuentran por fuera
del periodo relevante para probar el uso.

-Documento de Laboratorios COSQUIM S.A. en el que se enlistan las facturas de
venta de marzo de 2004 a marzo de 2007 correspondiente a jabón, champú, aceite
y polvos.

-Certificación expedida el 15 de junio de 2007 por el revisor fiscal de la sociedad
Laboratorios COSQUIM S.A., en la que se relaciona: (i) la existencia de un contrato
de maquila entre ella y la compañía Valebron y Cia C.A.; (ii) una lista de facturas
de venta de productos bajo la marca “MELODY” entre marzo de 2004 y marzo de
2007; (iii) declaraciones sobre la inversión en promoción, mercadeo y publicidad de
los productos de la marca “MELODY” y sobre los convenios de fabricación y
distribución de productos “MELODY” entre COSQUIM y Laboratorios Incobra S.A.

-Copia del catálogo de publicitario de productos comercializados por la Laboratorios
COSQUIM S.A.

-Contrato de prestación de servicios de fabricación, suscrito el 15 de enero de
2003 entre la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A. y Valdebron & Cia C.A. con el
objeto de fabricar productos identificado con la marca “MELODY”. Así como el
otrosí del contrato mediante el cual se cede la totalidad de lo allí acordado a la
sociedad Laboratorios Incobra S.A.

-Certificación de 2 de junio de 2007, expedida por el revisor fiscal de la sociedad
Laboratorios Incobra S.A., en virtud del cual se declara sobre un contrato de maquila
entre ella y la compañía Valebron y Cia C.A. para fabricar jabones, aceites,
perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”, así como sobre la
inversión en promoción, mercadeo y gestión de ventas de dichos productos.

-Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A.
en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2006, correspondientes a
1.344 unidades de jabón de la marca “MELODY” por un valor de novecientos setenta
y cuatro pesos ($990.274).

-Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A.
en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2006, correspondientes a
565 unidades de aceite de la marca “MELODY” por un valor de dos millones
trecientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y tres pesos ($2’363.353).

-Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A.
en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2006, correspondientes a
1.344 unidades de champú de la marca “MELODY” por un valor de ($1’871.284).

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Demandante: WILCOS S.A.

-Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A.
en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2007, correspondientes a
2.511 unidades de jabón de la marca “MELODY” por un valor de ($1’897.976).

-Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A.
en el cual se informa ventas efectuadas durante enero y mayo del año 2007,
correspondientes a 539 unidades de aceite de la marca “MELODY” por un valor de
($2’294.723).

-Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A.
en el cual se informa ventas efectuadas durante enero y mayo del año 2007,
correspondientes a 608 unidades de champú de la marca “MELODY” por un valor de
($1’904.697).

-Copia de los registros números 5208041, 5208041, 5089758, 5089759 del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que constan las importaciones de
productos identificados con la marca “MELODY” desde Venezuela.

-Resoluciones expedidas por el INVIMA, mediante las cuales se concede el registro
sanitario a productos identificados con la marca “MELODY”.

-Autorización de uso de la marca “MELODY”, otorgada por la sociedad titular a favor
de LABORATORIOS INCOBRA S.A., efectuada el 23 de noviembre de 2004.

-Copia del estudio para determinar el conocimiento de la marca “Melody” preparado
por Cindamer el 12 de junio de 2007, el cual tiene por objetivo “determinar el
conocimiento, posicionamiento y situación actual de la marca MELODY dentro de la
categoría de productos cosméticos para el cuidado del bebé, a nivel del target
definido”, a saber, (i) 101 droguerías ubicadas en los sectores de estratos
socioeconómicos 2 al 5 y (ii) 156 amas de casa con niños menores de 5 años
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 al 5.

Adicionalmente, se decretó como prueba del litisconsorte necesario el
interrogatorio del señor Wilson Alfredo Roa Chamorro en su calidad de
representante legal de la sociedad actora, sin embargo, la misma no se
practicó pues transcurrido un término prudencial el citado no compareció
a la diligencia, tal como se observa del acta obrante a folios 235 y 236
del expediente físico de la referencia.

Pues bien, revisadas las pruebas en mención, la Sala estima en primer
lugar que aquellas logran acreditar el uso de la marca “MELODY”
(nominativa) que fue concedida para distinguir productos comprendidos
en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza17, dentro del periodo

17 JABONES, PERFUMERÍA, ACEITES ESCENCIALES, COSMÉTICOS Y LOCIONES CAPILARES.

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relevante para tal efecto, a saber, desde el 11 de abril de 2004 y hasta el
11 de abril de 2007, tal como lo han sostenido las partes.

Ello es así porque, tanto los documentos contables como las facturas de
venta que los soportan informan la cantidad y el precio en que se
encontraron en el comercio los productos que identifica la marca
“MELODY”, a saber, jabones, aceites esenciales y cosméticos en el periodo
relevante, los cuales comprenden la línea de productos para niños de la
empresa titular, de manera que son suficientes para demostrar que dichos
productos se encontraron disponibles en el comercio bajo esa
denominación.

Sin embargo, la contoversia en el presente asunto radica en determinar
si los productos jabones, aceites esenciales y cosméticos para niños de la
marca “MELODY” (nominativa) se encontraban disponibles en el comercio
en las cantidades ideales de conformidad con su naturaleza y forma de
comercialización, y en tal sentido, si el volumen de venta acreditado logra
ser idóneo para encontrar probado el uso de la marca, pues la norma
comunitaria de propiedad industrial no exige un uso cualquiera sino una
ocupación de la marca en el mercado que se encuentre en línea con las
características del producto o servicio que pretende distinguir.

Así pues, en primer lugar, la Sala precisa que de los documentos contables
que se encuentran soportados en las facturas de venta también aportadas
al expediente, se observa que (i) en el periodo desde abril 2004 y en el
año 2005 vendieron 8.685 unidades de productos identificados bajo la
marca objeto de la acción de cancelación; y (ii) en lo que respecta al
periodo del año 2006 al mes de abril 2007 vendieron 6.911 unidades de
los respectivos productos. En consecuencia, en el periodo relevante se
encontraron en disponibles en el comercio 15.596 unidades de los
productos identificados con la marca objeto de este estudio.

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En segundo lugar, de las pruebas aportadas al expediente se observa que
los titulares de la marca objeto de este estudio, (i) en el periodo desde
abril 2004 y el año 2005 vendieron la suma de tres millones quinientos
treinta mil ciento setenta y cuatro pesos ($3’530.174); y (ii) en lo que
respecta al periodo del año 2006 al mes de abril 2007 vendieron once
millones trecientos veintidós mil trescientos siete pesos ($11.322.307).

En consecuencia, en el periodo relevante comprendido entre el 11 de abril
de 2004 y el 11 de abril de 2007, a saber, 3 años consecutivos, la suma
de las ventas obtenidas por los empresarios alcanzó el valor de catorce
millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos
($14.852.481), correspondientes a los productos jabones, aceites
esenciales y cosméticos para niños identificados con la marca “MELODY”.

Por lo anterior, la Sala colige que la titular de la marca consiguió probar
que entre el 11 de abril de 2004 y el 11 de abril de 2007, los productos
jabones, aceites esenciales y cosméticos para niños identificados con la
marca “MELODY” fueron puestos en el comercio en la cantidad y modo
correspondientes a la naturaleza de los productos, pues es evidente que
no se trató de unas pocas cantidades meramente simbólicas, como lo
sería si se tratara de unas cuantas decenas o centenas de unidades, sino
que las cifras vendidas, a saber, 15.596 representan un uso real y efectivo
de la marca.

Adicionalmente, la suma acreditada correspondiente a las ventas de los
productos jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos para
niños identificados con la marca “MELODY” en el periodo relevante, la cual
asciende a catorce millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos
ochenta y un pesos ($14.852.481), demuestra tambien que los
mencionados bienes no solo se han encontrado disponibles en el
comercio, sino que han sido objeto de transacciones comerciales lo cual

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resulta suficiente para afirmar que la empresaria ha utilizado su marca en
forma real y efectiva en el mercado.

Ahora bien, conviene recordar que el parámetro cuantitativo que ha de
aplicarse para determinar la forma y modo en que debe encontrarse
comercializado un producto en aras de acreditar el uso de la marca que
lo identifica, es relativo y no puede establecerse en valores absolutos, de
modo que resulta inviable realizar una valoración probatoria con arreglo
a criterios meramente matemáticos, como lo pretende la actora, los
cuales implicarían, por ejemplo, ejecutar cálculos con el fin de identificar
una medida promedio de ventas por año. Así lo sostuvo en oportunidad
anterior esta Sección, veamos:

“[…] Ahora bien, en orden a determinar el uso real y efectivo de una marca, es preciso
tener en cuenta que las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en
términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse
por usada; por lo mismo, su uso real y efectivo no puede establecerse en términos
absolutos […]”18.

En ese orden, esta Sala recalca el criterio del Tribunal comunitario según
el cual la acreditación del uso, y particularmente el análisis del criterio
cuantitativo, si bien deviene indispensable pues atañe a las cifras de
ventas acreditadas, debe efectuarse mediante la aplicación de pautas
flexibles, las cuales, en síntesis, proponen el estudio de (i) la naturaleza
de los productos, y (ii) las características de la empresa. Por demás, ese
entendimiento se encuentra en línea con la consideración que
reiteradamente ha adoptado esta Sección, a partir de la cual deberá
entenderse que la exigencia del uso de la marca no supone en sí misma
el éxito comercial del empresario titular.

Pues bien, se destaca, en primer lugar, que la actora sostuvo que se trata
de productos de consumo masivo y uso permanente, por su parte, la SIC

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de

septiembre de 2011; C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación núm: 11001‐03‐24‐000‐
2003‐00312‐01, Actor: Consuelo Plazas Lartigau.

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señaló que los productos son adquiridos por personas de recursos
económicos limitados, sobre lo cual debe esta Sala decir que la
apreciación de la actora es acertada en la medida que los bienes
identificados corresponden a implementos de higiene personal, sin
embargo, en el expediente no obra el material probatorio que permita
afirmar que el público al que se dirigen los bienes posee un poder de
adquisición limitado.

Ahora bien, lo que sí es cierto es que, pese a que se trata de productos
de consumo masivo, estos bienes también poseen una característica
particular, y es que se encuentran dirigidos al público infantil.

Por esa última circunstancia, se advierte que si bien los bienes como
jabones, perfumería, y aceites esenciales que se comercializan de
ordinario en droguerías, supermercados de cadena e incluso en pequeños
establecimientos de comercio, no es menos cierto que quienes adquieren
este tipo de productos cuando se encuentran dirigidos al público infantil,
adoptan un criterio de selección preferente que se encuentra consolidado
a partir de conocimientos previos sobre la calidad, ingredientes, formas
de uso e incluso la marca en particular con el fin de comprar el bien que
mejor se adapte a las necesidades del infante, haciendo más probable que
existan marcas que no sean las más elegidas por los consumidores.

A lo anterior se debe agregar que los productos de higiene personal se
encuentran en una oferta considerablemente mayor en comparación con
otros de consumo masivo, por lo que las opciones que se encuentran en
el mercado son altamente variadas, lo cual puede explicar un volumen
inferior de ventas en comparación con grandes marcas dedicadas al
expendio de esos mismos productos. Tan es así, que del documento
estudio para determinar el conocimiento de la marca “MELODY” preparado
por Cindamer el 12 de junio de 2007, aportado en sede administrativa
como prueba del solicitante de la cancelación, se logró evidenciar que en

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la mayoría de los casos el público consumidor de productos para la higiene
personal de los niños prefirió marcas como Johnson, Agu, Winny o
Pequeñín.

En lo respectivo a las características de la empresa, se advierte que la
actora ha negado que la titular posea la categoría de Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes), mientras que el litisconsorte necesario ha sostenido
que, atendiendo a los parámetros de la planta de personal, menos de 200
trabajadores, así como a los activos totales, los cuales eran menores a
30.000 salarios mínimos mensuales, que para los años 2005 y 2006 eran
trecientos ochenta y un mil quinientos pesos ($381.500) y cuatrocientos
ocho mil pesos ($408.000), respectivamente, la empresa sí responde a
dicha categoría.

Para esta Sala, el material probatorio aportado al presente asunto judicial
no permiten afirmar que la titular de la marca “MELODY” se encuentre en
la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), sin embargo, la
ausencia de constatación de las caracteristicas de la empresa no es óbice
para adoptar la consideración que esta Sala ha sustentado con suficiencia
relativa a la acreditación del uso real y efectivo de la marca objeto de
estudio. Además de lo dicho, corresponde señalar que el hecho de que la
titular de la marca cuestionada ostente un amplio portafolio de productos
de diferentes tipos, no se constituye en un indicio de su significativa
capacidad económica, en tanto que el diseño de líneas de bienes no indica
por sí mismo su efectiva producción, así como tampoco su puesta y
disposición en el comercio.

A manera de conclusión, para la Sala, en aplicación de las pautas flexibles
del criterio cuantitativo, el volumen de venta alcanzado, así como las
cantidades vendidas en el periodo relevante, logran el uso real y efectivo
de la marca “MELODY” en cuanto a jabones, perfumería, y aceites
esenciales, pese a tratarse sumas de dinero por debajo de las que puedan

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alcanzar otros empresarios al comercializar bienes de consumo masivo
como los de higiene personal, pues la exigencia del uso responde a la
ocupación de la marca en el mercado cumpliendo su objetivo principal,
cual es, identificar los productos para los que fue registrada como tal, más
no supone el éxito comercial de la misma.

Finalmente, la Sala advierte que las pruebas aportadas no demuestran el
uso real y efectivo de la marca en mención para perfumería y lociones
capilares, sin embargo, se advierte que dichos productos guardan
conexión con aquellos respecto de los cuales sí se probó el uso real y
efectivo, a saber, jabones, aceites, y otros productos cosméticos como
los polvos y champú, en tanto que atienden a la misma naturaleza y
finalidad, el cual es productos de higiene dedicados al cuidado personal y
estético, por lo que tambien comparten canales de comercialización tales
como droguerías, pequeños establecimientos comerciales y
supermercados, así como canales de publicidad tales como radio,
televisión e internet.

En tal sentido, la Sala encuentra inviable la exclusión de los productos
perfumería y lociones capilares de la cobertura del registro de la marca
“MELODY”, en tanto que la prueba del uso resulta extensible a estos
bienes por ser conexos a los jabones, aceites, y otros productos
cosméticos como los polvos y champú.

Por todo lo anterior, es posible afirmar que los actos administrativos
demandados no vulneraron los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de
2000 invocados por la actora, en la medida que, al encontrarse acreditado
el uso real y efectivo de la marca en cuestión, correspondía negar la
cancelación por no uso, tal y como se adoptó en las decisiones
administrativas demandadas.

II.4.3. CONCLUSIÓN

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Demandante: WILCOS S.A.

El material probatorio obrante en el expediente de la referencia fue
suficiente para, en aplicación de las pautas flexibles, acreditar el uso real
y efectivo de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos
comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y en
tal sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al expedir
las resoluciones que negaron su cancelación por no uso, de manera que
se mantiene incólume la presunción de legalidad de los actos en mención
y se impone negar las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que la
titular marcaria logró acreditar el uso real y efectivo de la marca
““MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la
clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en el periodo relevante
correspondiente, a saber, 11 de abril de 2004 a 11 de abril de 2007, lo
que es suficiente para mantener incólume la presunción de legalidad de
los actos administrativos acusados.

II.4.4. SOBRE LAS COSTAS

Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo
con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 361 y 365 del CGP19, la Sala concluye que no se configuran los
presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en
costas a la parte demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

19
Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

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Demandante: WILCOS S.A.

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128
de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas
las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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