Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00309-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00309-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00309-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de nulidad relativa
Número único de radicación: 11001032400020100030900
Demandante: Bristol Myers Squibb Company
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio1
Tercero interesado: Grupo Lepetit S.A.S.
Asunto: Riesgo de confusión entre marcas nominativas. Reiteración
jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bristol Myers Squibb
Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare
la nulidad de la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Bristol Myers Squibb Company, en adelante la parte demandante2, presentó
demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad simple, que se interpreta como
1 Cfr. Índice núm. 50 de Samai.
2 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 9
3 Cfr. Folios 34 a 44.
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acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm.
1424 del 28 de enero de 2008, “Por la cual concede registro”, expedida por la Jefe
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada
cancelar el registro de la marca nominativa S ORIPOL que identifica productos de
la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es el
Grupo Lepetit S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del
proceso.
Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008, proferida
por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, BAKER & MCKENZIE mediante la cual se concedió el
registro de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos de la clase
5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar
el certificado de registro número 344.900 asignado a la marca nominativa S
ORIPOL en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de
Niza.
3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la
Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.
4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones
mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento
del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 176 del Código Contencioso Administrativo.
5. Que se condene en costas a la parte demandada] 5.
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
5 Cfr. Folios 34 a 44.
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4.1. El 27 de julio de 2007, la sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S. solicitó ante la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el
registro de la marca S ORIPOL (nominativa) para distinguir "[...] productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina y la higiene
íntima y otros productos para uso médico que no se incluyen en otras clases;
sustancias dietéticas para uso médico; alimentos y bebidas dietéticas para uso
médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para
empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas [...]", comprendidos en la
clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La solicitud indicada supra se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial
nro. 579 del 31 de agosto de 2007 sin que se presentaran oposiciones.
4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante Resolución número 1424 de 28 de enero de 2008, concedió
el registro de la marca S ORIPOL (nominativa) a Grupo Lepetit S.A.S., para
distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.
Normas violadas
5. La parte demandante invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la
Decisión 486 de 2000.
Concepto de la violación
6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
6.1. Sobre la prioridad en el tiempo de la marca registrada a nombre de Bristol-
Myers Squibb Company, manifestó que es titular del registro 124.660 de la marca
nominativa S UROPOL, solicitado el 21 de febrero de 1986 y concedido el 12 de
abril de 1989.
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6.2. En relación con la reproducción casi exacta de la expresión S UROPOL en la
marca posterior S ORIPOL, sostuvo que en el análisis comparativo de los signos
enfrentados se deben aplicar los siguientes criterios indicados por la jurisprudencia
y la doctrina: (i) se debe observar el conjunto de cada uno de los signos
comparados, evitando su fraccionamiento; (ii) la comparación debe hacerse de
manera sucesiva y no simultánea; (iii) el operador jurídico debe estarse más a las
semejanzas que a las diferencias entre los signos; y (iv) el análisis debe realizarse
desde la perspectiva del consumidor medio. En consecuencia, la marca nominativa
S ORIPOL no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 134 y 135 de
la Decisión 486 de 2000 para ser registrada y, por lo tanto, no es susceptible de
registro debido a su semejanza e identidad con la marca nominativa S UROPOL
previamente registrada. Indicó que marcas las cotejadas coinciden en cinco letras y
comparten el final de cada una de las expresiones.
6.3. En relación con el aspecto ideológico, afirmó que ninguna de las marcas hace
referencia a un concepto particular, por lo que ninguna de sus expresiones hará
para el público consumidor referencia a un concepto determinado para
diferenciarlas.
6.4. Argumentó que las marcas cotejadas amparan los mismos productos descritos
en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el análisis del
examinador debe más riguroso y profundo al momento del cotejo, teniendo en
cuenta que está en riesgo la salud del consumidor.
6.5. En cuanto a la conexión competitiva, indicó que los productos que amparan
ambas marcas se encuentran en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza,
comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, y corresponden al
mismo género de productos farmacéuticos.
Contestación de la demanda
Parte demandada
7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 119.
7 Cfr. Folios 110 a 117.
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7.1. Sostuvo que el signo S ORIPOL "[...] tiene una naturaleza nominativa al estar
conformado por una letra y una palabra conformada por dos sílabas la primera de
ellas "ORI" expresión que no se refiere a nada en específico, lo que quiere decir que
proviene del imaginario y, por lo tanto, es inapropiable, como también sucede con
la partícula “POL [...]”.
7.2. Expuso que el signo UROPOL está compuesto por dos sílabas; la primera de
ellas es la expresión URO, que al parecer hace referencia a la uretra y trae a la
mente del consumidor la asociación con las afecciones de esta, además que es una
expresión de uso común para estos medicamentos; la segunda sílaba es POL, que
es una partícula que no es susceptible de apropiación.
7.3. Afirmó que "[...] desde el aspecto fonético, no existe riesgo de confundibilidad
por ser diferentes en su composición fonética, lo cual logra que se diferencien al
momento de su pronunciación, situación que logra menguar el riesgo de confusión
en los consumidores”.
7.4. Indicó que con la expedición del acto acusado no se violó la Decisión 486 de
2000, pues este fue expedido por la autoridad competente, observando las
formalidades y trámites de ley con el objeto de salvaguardar el orden jurídico de
nuestro régimen de propiedad industrial.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso
8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso fue representado por
curador ad litem, quien al contestar la demanda no se opuso a las pretensiones “[...]
siempre que no se vicien derechos fundamentales de la parte que represento [...]”8.
Solicitud de Interpretación Prejudicial
9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 20179
ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas
8 Cfr. Folio 108.
9 Cfr. Folios 127 a 128
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aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 93-IP-2018 del 1° de febrero
de 201910, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:
“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136
Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el mismo
que será interpretado por ser procedente. […]”.
10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que son aplicables.
Reanudación del proceso, decreto de pruebas y alegatos de conclusión
11. El Despacho Sustanciador, mediante autos de 16 de diciembre de 2024 y de 5
de febrero de 202511: i) resolvió sobre las solicitudes probatorias; ii) decretó la
reanudación del proceso; y iii) corrió traslado común a las partes e intervinientes por
el término de diez (10) días para alegar de conclusión y el Agente del Ministerio
Público para que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión,
solicitara el traslado especial de expediente para rendir concepto si a bien lo tenía.
Alegatos de conclusión
12. Dentro del término para alegar de conclusión no hubo pronunciamiento de las
partes ni del tercero interesado en las resultas del proceso12.
Concepto del Ministerio Público
13. El Agente del Ministerio Público13 conceptuó que el signo solicitado, “S ORIPOL”,
no presenta similitud alguna frente a la marca S UROPOL que pueda generar riesgo
de confusión, pues las dos marcas tienen una estructura ortográfica, visual, fonética
e ideológica diferente que le permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo
a error en el mercado. Anotó que las marcas objeto de discusión están dirigidas a
un tipo de consumidor especializado por el tipo de productos, que estará atento al
momento de adquirir el producto que necesita. Sostuvo que estos consumidores
son menos propensos a confundirse por nombres similares, ya que están enfocados
en características más técnicas y específicas del producto.
10 Cfr. Folios 135 a 145.
11 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”.
12 Cfr. Índice núm. 062 de Samai
13 Cfr. Índice 61 del aplicativo web “SAMAI”.
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14. Dentro del término para alegar de conclusión no hubo pronunciamiento de las
partes ni del tercero interesado en las resultas del proceso 14.
II. CONSIDERACIONES
15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa
comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la
interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la
Interpretación Prejudicial 93-IP-2018 del 1° de febrero de 201815; viii) los desarrollos
jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la
Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia
16. Visto el artículo 128, en especial, el numeral 7.° del Código Contencioso
Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia,
aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116,
sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201917 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre
distribución de negocios entre las secciones: esta Sala es competente para
conocer del presente asunto.
17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se
observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a
resolver el caso sub examine.
El acto acusado
18. El acto acusado es la Resolución número 1424 de enero de 200818, mediante la
cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
14 Cfr. Índice núm. 062 de Samai,
15 Cfr. Folios 135 a 145.
16 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del
Acuerdo 434 de 2024.
18 Folio 59.
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y Comercio concedió el registro 344900 de la marca nominativa S ORIPOL para
identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El problema jurídico
19. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones
presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las
resultas del proceso, y la Interpretación Prejudicial, determinar si la Resolución
número 1424 de enero de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa S ORIPOL
para identificar “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS
HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA Y LA HIGIENE ÍNTIMA Y OTROS PRODUCTOS
PARA USO MÉDICO QUE NO SE INCLUYEN EN OTRAS CLASES; SUSTANCIAS
DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y BEBIDAS DIETÉTICAS PARA
USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA
APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES
DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE
ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS”, productos de la Clase 5 de la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
vulnera el literal a) del artículo 136 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a
declarar la nulidad del acto acusado.
20. La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso
sub examine, interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Asimismo, la Sala considera que se argumentó la falta de distintividad extrínseca de
la marca concedida y la distintividad intrínseca, por lo que no procede incluir en el
problema jurídico a resolver el estudio de los artículos 134 y 135 ibidem. En este
sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación
entre la marca concedida, S ORIPOL, y la marca nominativa S UROPOL que
identifican productos de la Clase 5.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
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Cartagena19, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200020 de la Comisión de la Comunidad Andina21.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina22
22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina23 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.
19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
20 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros
y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio”
que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la
Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir
el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
21 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa
su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de
internacionalidad.
22 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por
el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.
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Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada
uno de los Estados Miembros.
24. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
25. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.
27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretación solicitada […]”.
28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 93-IP-2018 del 1° de febrero de 2019
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Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
28. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial
proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso:
“1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo,
indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y
gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos S ORIPOL (denominativo)
y S UROPOL (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del
Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el
siguiente:
“Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectare indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso da la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación; (…)
1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o
similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas
condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente
cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación
en el público consumidor.
a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión
directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo
de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto,
en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que
realmente posee.
b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica.
1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza,
para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto)
o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la
similitud entre dos signos puede ser:
a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde
el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las
terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor
grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
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Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La
determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también
debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor
idéntico y/o semejante.
d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los
signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las
siguientes reglas para el cotejo de marcas:
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el
conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión
de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y
conceptual o ideológica.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe
analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo,
pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo
hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es
en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su
grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se
trate, bajo los siguientes criterios:
(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios
de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte
del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la
experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado
y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación
con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante
para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o
servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o
graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de
ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos
cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más
informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y
servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento
o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las
características y cualidades de los productos o servicios que desea
adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la
13
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios
de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues
sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo
publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento sobre las características técnicas,
funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere,
teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios
que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad
nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso
concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos
de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor
podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las
similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender
todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los
signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del
signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
2. Comparación entre signos denominativos
2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado S
ORIPOL (denominativo) y la marca S UROPOL (denominativa) es necesario que se
verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos
denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables
dotadas o no de un significado o concepto.
2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números,
individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable,
que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:
suqestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no
manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del
producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen
en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en
el mercado.
2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá
realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:
a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las
palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
14
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base
y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica
de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo,
deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definición.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta
lo siguiente:
• Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los
signos en conflicto.
• Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de
confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es
muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión
en los signos en conflicto.
c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de tos signos a comparar, pues si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.
d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominación.
e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente
del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la
realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer
el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado S ORIPOL
(denominativo) y la marca S UROPOL (denominativa). […]
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal
de irregistrabilidad
29. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho
de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
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Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que
identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza
30. Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas
para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual
comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y
veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos
para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera
importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el
riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el
riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores.
31. En reiteradas oportunidades24, esta Sala ha precisado que cuando se trate de
disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya
repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y
la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la
confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente
los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en
cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”
[…]”25.
32. En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de
ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual
confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado
producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir
efectos nocivos y hasta fatales.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencias de: 25 de enero de
2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de
septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación
11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación
11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de
radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm.
único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 25 de enero de
2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500
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Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 ha considerado:
“[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos
merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los
consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio
más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio
que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen
productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni
farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir
dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el
lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en
general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia
profesional permanente […]”.
Análisis del caso concreto
34. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
35. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a
continuación:
S ORIPOL
Titular: Grupo Lepetit S.A.S.
Certificado núm. 344900
Clase 5: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA
MARCA NOMINATIVA MEDICINA Y LA HIGIENE ÍNTIMA Y OTROS PRODUCTOS
CONCEDIDA27 PARA USO MÉDICO QUE NO SE INCLUYEN EN OTRAS
CLASES; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO;
ALIMENTOS Y BEBIDAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO;
ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA
APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y
PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES;
PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES
DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS.
S UROPOL
MARCA OPOSITORA
(NOMINATIVA) Titular: Bristol Myers Squibb Company
Certificado núm. 124660
26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP-
2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos
235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de
2000.
27 Marca nominativa solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, cuyo registro fue
concedido por los actos administrativos acusados.
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Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
Clase 5: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS
E HIGIÉNICOS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO
MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS;
MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR
LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES;
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA
DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS,
HERBICIDAS.
36. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos
nominativos.
37. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad
formulados en la demanda.
Cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000
Análisis de los supuestos normativos
38. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro
de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero.
Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las
cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los
siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un
signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero;
y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación.
39. Esta Sección28, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere
a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos
los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”29.
28 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000.
29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-
2013 de 25 de abril de 2013.
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Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
40. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El
primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está
adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando
el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un
origen empresarial diferente al que realmente posee […]”30.
41. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste
en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y
el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”31.
42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa
S ORIPOL concedida para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del
proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia,
si procede la nulidad del registro marcario.
43. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará
las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso:
“[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las
siguientes reglas para el cotejo de marcas:
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto
es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar
un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos
al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el
riesgo de confusión o de asociación.
30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-
2015 de 10 de junio de 2016.
31 Ibidem.
19
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del
consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de
productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o
servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el
soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la
experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y
razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación
con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el
análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de
consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse
según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta
el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar
pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más
informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y
servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y
estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las
características y cualidades de los productos y servicios que desea
adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media
de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet
es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente,
costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales
o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su
alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una
evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que
debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el
respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un
consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de
salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos
tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”. (Destacado fuera del texto).
44. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 509-IP-2019, la
similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético,
ortográfico y conceptual:
“[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en
cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de
sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los
cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más
palpable u obvio.
b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de
la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones;
sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso,
20
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos
confrontados.
c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea
y/o valor idéntico y/o semejante.
a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de
los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto
que evocan […]”32. (Destacado fuera del texto).
45. Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta
confusión entre marcas nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación
aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber:
“[…] ( i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer
su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las
sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto,
debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son
la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una
lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en:
deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y
que unido a un lexema modifica su definición.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
• Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos
en conflicto.
• Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de
confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy
importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado
con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en
conflicto.
iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si
ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza
entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en
el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominación
32 Cfr. Folio 109. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018
de 14 de diciembre de 2018, pág. 4.
21
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en
la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado […]”. (Destacado de la Sala)
46. Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha reiterado que se debe analizar si las marcas en cuestión contienen elementos de
uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el
cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, se deben aplicar los
criterios jurisprudenciales establecidos para tal fin.
47. En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o
palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar
productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido
en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse.
48. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró33:
“[…] 4.6. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de
una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es
que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por
caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los
productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el
producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio
de otra clase. […]” (resaltado fuera de texto).
49. Asimismo, el Tribunal manifestó que en cada caso concreto debe verificarse si
la conformación de los signos distintivos confrontados incluye alguna partícula de
uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo
excluyendo dicha partícula de uso común34:
“[…] 4.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones de
comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos
completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las
expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de
oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la
marca. […]”.
50. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que,
si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace
imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo
excepcional esos componentes:
33 Cfr. 03-IP-2020
34 Cfr. 175-IP-2019
22
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
“[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de
uso común) llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible
hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo
excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga
tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los
signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en
conflicto. […]”.
51. La Sala advierte que la partícula URO es de uso común para identificar
productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se
evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la
parte demandada35. En efecto, se encuentran marcas que contienen y contenían
dicha partícula, y algunas se encontraban vigentes para la fecha de expedición de
los actos acusados:
MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE
UROMITEXAN BAXTER HEALTHCARE S.A. 280373 5
UROXATRAL SANOFI 235334 5
UROPRAN TECNOQUIMICAS S.A. 263464 5
UROCAPS DUO PRROCAPS S.A. 328516 5
UROPIRIDINA T.Q. BRANDS S. DE R.L. 275570 5
52. Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común
deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la
exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta
imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo
excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo
distintivo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor.
53 La Sala advierte que, en el caso sub examine, la partícula URO, presente en la
marca previamente registrada, es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, sin embargo, no será excluida del cotejo comoquiera que esto
haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre estas. Asimismo, la Sala
precisa que dicha partícula no se excluye pues ello fraccionaría la denominación de
la marca. Asimismo, la Sala precisa que, revisada revisado el Sistema de
Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, no se encontró que
35 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las
marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de
entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto
de 2022).
23
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
las partículas ORI y POL fueran de uso común para la fecha en la cual se expidió el
acto acusado.
Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas
54. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma
para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la
marca nominativa S ORIPOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en las
resultas del proceso, y la marca nominativa S UROPOL previamente registrada por
la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal
de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Comparación Ortográfica
55. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca
concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su
configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de
la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes.
La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue:
MARCA CONCEDIDA
S O R I P O L
1 2 3 4 5 6 7
MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
S U R O P O L
1 2 3 4 5 6 7
56. Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la
marca nominativa S ORIPOL está compuesta por una letra inicial “S” y una palabra
que tiene tres sílabas (O-RI-POL) compuestas por tres consonantes (R-P-L) y tres
vocales (O-I-O); y la marca previamente registrada S UROPOL también contiene la
letra inicial “S” y una palabra compuesta por tres sílabas (U-RO-POL) y tiene tres
24
Núm. único de radicación: 1100103240002010003900
consonantes (R-P-L) y tres vocales (U-O-O). En adición a lo anterior, comparten la
terminación POL.
57. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto
ambos vocablos, además de contener la letra inicial “S”, están conformados por una
palabra que tiene tres sílabas, comparten las tres consonantes (R-P-L) en el mismo
orden y una vocal (O). Ahora bien, se precisa que la letra U adicional de la marca
previamente registrada, y la letra I en la composición ortográfica de la marca
concedida no proveen suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que
contribuya a diferenciarlos.
58. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud
ortográfica evidente entre los signos distintivos comparados considerando la fuerte
identidad ortográfica entre ambos, comoquiera que lo único que los diferencia es la
la vocal U en la marca previamente registrada y la letra I en la marca concedida.
Comparación Fonética
59. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para
lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar
ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva,
como lo recomienda el Tribunal Andino:
S ORIPOL – S UROPOL - S ORIPOL – S UROPOL
S ORIPOL – S UROPOL - S ORIPOL - S UROPOL
S ORIPOL – S UROPOL - S ORIPOL - S UROPOL
60. Comoquiera que, al pronunciar los signos distintivos cotejados de manera
sucesiva y alternativa se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la
coincidencia en su terminación, de manera que, al pronunciarlos, tienen un impacto
sonoro parecido.
61. Asimismo, las palabras comparten el uso de tres consonantes (en el mismo
orden) y una vocal, sin que la introducción de las letras I y U, generen diferencias
que resulten suficientes para superar la similitud y por tanto doten de distintividad a
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la marca concedida. En suma, la Sala considera que es preciso admitir que existe
una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas.
Comparación Ideológica
62. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre
signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o
parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o
evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor
distinguir una de otra […]”36, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en
aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.
63. Al respecto, la Sala advierte que la marca previamente registrada S UROPOL
contiene: i) la letra S; ii) la partícula URO, la cual es evocativa de urología37; y iii)
la partícula POL, que no tiene un significado en español, por lo que, en su conjunto,
la marca es de fantasía. Asimismo, la Sala considera que, la expresión S ORIPOL
no tiene significado en el idioma español, luego también debe ser considerada de
fantasía, por lo que no puede realizarse el cotejo desde el punto ideológico.
64. Por lo anterior, la Sala considera que entre la marca previamente registrada y la
marca posteriormente registrada por el tercero con interés directo en las resultas
del proceso existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas.
65. Asimismo, la Sala considera que la marca posteriormente registrada es
semejante a la marca previamente registrada, pues deja una impresión de similitud
en la mente del consumidor y con ello causa un riesgo de confusión, debido a que
la marca posteriormente registrada no posee fuerza distintiva que permita al
consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el
primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la
Decisión 486 de 2000.
Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios
36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009.
37 Consultado en: https://www.rae.es/diccionario-estudiante/urolog%C3%ADa
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66. Atendiendo a que existe similitud entre las marcas enfrentadas y considerando
que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o
semejanza, es necesario que los productos que distinguen tanto la marca concedida
al tercero con interés directo en el resultado del proceso, como la marca
previamente registrada y cuyo titular es la parte demandante, sean los mismos o
presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este
requisito.
67. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios
que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas
dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos
identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o
asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión
de los productos en la misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización;
iii) mismos medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v)
uso conjunto o complementario de productos; vi) mismo género de los productos;
viii) misma finalidad; ix) intercambiabilidad de los productos.
68. En este sentido, la Interpretación Prejudicial 538-IP-2019 explicó los criterios
anteriormente mencionados en los siguientes términos:
“[…] 4.2 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en
una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe
similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica
expresamente en el segundo párrafo del Artículo151 de la Decisión 486.
4.3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los
productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda
establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá
analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya
que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra
su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas
tampoco prueba que sean diferentes.
4.4 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen
tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
a) El grado de sustitución o intercambiabilidad) entre los productos o
servicios.
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Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir que este podría
adquirir uno u otro sin problema alguno al ser intercambiarles […]
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios
Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de
consumo otro, pues este es complementario del primero, Así, el uso de un
producto supone el uso de otro. […]
a) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen
del mismo empresario (razonabilidad)
Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado,
podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario.
Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también
expende agua embotellada.
4.5 Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y
razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o
conexión entre productos y/o servicios.
4.6 Lo siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para
acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues
estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los
tres criterios sustanciales antes referenciados:
• La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la
Clasificación Internacional de Niza
[…]
• Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización,
los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada, la finalidad
o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o
servicios […]”(Destacado fuera del texto).
69. El Tribunal de Justicia Andina en la Interpretación Judicial 441-IP-2015 de
fecha 4 de febrero de 2016, señaló que el estudio del riesgo de confusión entre
productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se torna más
riguroso, en vista de la repercusión que eventualmente podría tener en la vida
y salud de los consumidores:
“[…] 50. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase
5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno
referirse al tema de las marcas farmacéuticas.
51 El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más
riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los
consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por
ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por
negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto
distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto
procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
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52. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es
frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen",
determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos
farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia
de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
53. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que
debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un
signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho
más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud
de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por
el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que
puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a
producirse en el momento de adquirir un determinado producto
farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir
efectos nocivos y hasta fatales”.
54. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas
farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis
más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha
similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto
confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden
causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que
en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son
expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de
turno".[…](Destacado fuera del texto).
70. La Sala advierte que, por un lado, que la marca cuestionada S ORIPOL fue
concedida para amparar todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS;
PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA Y LA HIGIENE ÍNTIMA Y OTROS
PRODUCTOS PARA USO MÉDICO QUE NO SE INCLUYEN EN OTRAS CLASES;
SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y BEBIDAS DIETÉTICAS
PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA
APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES;
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS,
FUNGUICIDAS, HERBICIDAS.
71. Por el otro lado, la marca previamente registrada S UROPOL ampara los
siguientes productos de la Clase 5 ibidem: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
VETERINARIOS E HIGIÉNICOS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO,
ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL
PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES;
PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS,
HERBICIDAS.
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72. La Sala advierte que los productos indicados supra coinciden, a saber, la marca
concedida reivindica la totalidad de los productos amparados por la marca
previamente registrada, por lo que: i) están en la misma clase del nomenclátor, ii)
los canales de comercialización son los mismos, a saber, farmacias; iii) usan los
medios de publicidad, como lo son revistas médicas; y iv) corresponden al mismo
género de productos con la misma finalidad, el bienestar y cuidado de la salud
humana.
73. Asimismo, el análisis de la registrabilidad de la marca S ORIPOL en relación con
S UROPOL cumple con los criterios de sustituibilidad, complementariedad y
razonabilidad. En primer lugar, por los productos son sustituibles por el consumidor
al tratarse de bienes farmacéuticos con una misma finalidad o aplicación. En
segundo lugar, existe complementariedad, dado que los productos amparados por
ambas marcas pueden emplearse en tratamientos médicos o de salud de manera
conjunta. Finalmente, el análisis resulta razonable porque evita riesgos para el
consumidor, considerando la posibilidad de asociación errónea sobre el origen
empresarial.
74. Sobre el particular, es necesario poner de presente, que el análisis de
registrabilidad de los productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza debe ser más riguroso, con el fin de evitar riesgos a los
consumidores, ya que, al encontrarse productos con similitudes con productos
farmacéuticos, pueden causar riesgos a personas, animales o a vegetales.
75. La Sala considera que el registro de la marca S ORIPOL podría inducir a los
consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un
mismo origen empresarial que los de la marca S UROPOL, o que se trata de una
innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de
presente el riesgo de asociación que representa la marca concedida. Lo anterior,
teniendo en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª
de la Clasificación Internacional de Niza, su análisis debe ser más estricto o
riguroso38, como se ha manifestado con anterioridad. Asimismo, el consumidor
puede asumir que los productos son ofrecidos por el mismo empresario, lo que
determina que este se vea inducido a falsas asociaciones derivadas de las prácticas
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de
2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500.
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habituales del mercado, máxime cuando existen configuraciones similares en las
marcas.
76. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la
marca concedida, y al existir entre estas semejanzas significativas, así como
conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala
considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal
de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir
riesgo de confusión.
Conclusión
77. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa S ORIPOL
concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso para
identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se
encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo
136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos
previstos en la normativa indicada, al existir identidad o semejanza con la marca
nominativa S UROPOL que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.
78. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos
formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto acusado.
Condena en costas
79. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará
en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
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PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de
2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual
se concedió el registro de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos
de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele
el registro de la marca nominativa S ORIPOL con certificado núm. 344900 que
identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique
la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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