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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00416-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00416-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. TERCERO: RECONOCER a la abogada Astrid Paternina Márquez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido. Con lo anterior, téngase por terminado el poder otorgado a la abogada Niyireth Briceño Ramírez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00 Demandante: Hot and the Gang, INC. CUARTO: En firme esta providencia, procédase al cierre del expediente en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2010-00416-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de mayo de 2022

1
Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: HOT AND THE GANG, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Tercero interesado: HÉCTOR ABELARDO GÓMEZ GÓMEZ

Temas: La norma comunitaria aplicable al caso concreto
es la Decisión 344 de 1993, pues en vigencia de
aquella se solicitó y concedió el registro marcario
objeto de controversia. No se encontró probada la
excepción de caducidad.

Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la
Decisión 486 de 2000, que impide al juez que
conozca de una acción de nulidad marcaria
proferir una decisión sobre la anulación de un
registro, cuando al momento de resolver el litigio
ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad
invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la
acción de nulidad que trata el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo (en adelante CCA), fue promovida por la sociedad Hot and
the Gang Inc., por intermedio de apoderado judicial, tendiente a obtener
la nulidad de la resolución número 12387 de 31 de mayo de 2000, por

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

medio de la cual se concedió el registro de la marca «H&G» (nominativa)
para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza a favor del señor Héctor Abelardo Gómez Gómez,
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante
SIC).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad Hot and The Gang Inc. formuló las siguientes pretensiones:

“2.1. Sírvase DECLARAR LA NULIDAD de la resolución No. 12387 de fecha 31 de
mayo de 2000, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca H&G
(nominativa), la cual fue tramitada bajo el expediente No. 99-072795, y le fue
concedido el certificado de registro 228396, marca que identifica productos de la
clase 25 de la Séptima Edición de la Clasificación Internacional Niza (ropa informal,
jeans, camisas y camisetas, ropa deportiva, calzado formal y deportivo.);

2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada
resolución, se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 228396,
asignado a la marca H&G (Nominativa), en clase 25 de la Séptima Edición de la
Clasificación Internacional de Niza, a nombre del señor HÉCTOR ABELARDO GÓMEZ
GÓMEZ.

2.3. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la
sentencia que se dicte en el proceso de la referencia;

2.4. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones
mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del
fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y

2.5. Que se CONDENE en costas a la parte demandada.”

1.2. Del acto acusado

A continuación, se extrae la parte resolutiva del acto administrativo objeto
de censura:

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

“Resolución no 12387
Por la cual se concede un registro
Radicación no 99 072795 00 00
LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de:
LA MARCA NOMINATIVA: H&G
CERTIFICADO No. 228396
PARA DISTRINGUIR: ROPA INFORMAL, JEANS, CAMISAS Y CAMISETAS,
ROPA DEPORTIVA, CALZADO FORMAL Y DEPORTIVO.
Productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional
de Niza.
VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria
de la presente resolución.
TITULAR: HECTOR ABELARDO GOMEZ GOMEZ
DOMICILIO: CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar al titular como título de registro, copia
de esta resolución, previa inscripción en el registro. […]

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente […]
[…]
Dado en Santafé de Bogotá D.C., a los 31 MAYO 2000”

1.3. Fundamentos de hecho

El demandante señaló que la expresión «H&G» ha sido utilizada y
registrada como marca en diferentes países desde el año 1990, para
identificar diversas prendas de vestir, por parte de la sociedad Hot and
The Gang Partnership1.

1
Sociedad que celebró contrato de cesión sobre los derechos de la marca «H&G» (nominativa)
registrada en los Estados Unidos para identificar productos en la clase 25 internacional, con la
sociedad Hot and The Gang Inc, según relato del actor.
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Demandante: Hot and the Gang, INC.

Afirmó que el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez solicitó ante la SIC y
sin su autorización, el registro de la marca «H&G» (nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza, que fue concedida mediante la resolución número
12387 de 31 de mayo de 2000, bajo el certificado número 228396.

Por otra parte, señaló que solicitó ante la SIC el registro de la marca
«H&G» (nominativa) para identificar productos en la clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza, frente a lo cual, el señor Héctor
Abelardo Gómez Gómez presentó escrito de oposición que resultó
favorable, pues la SIC negó el registro de la marca solicitada.

También indicó que solicitó la cancelación por no uso de los registros de
las marcas «H&G» (nominativa) y «H&G» (mixtas) en la clase 25
internacional, concedidas en favor de Héctor Abelardo Gómez Gómez.

1.4. Normas violadas

El actor indicó como normas violadas las siguientes:

 Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 de la
Comunidad Andina.

 El artículo 7° de la Convención General Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de
Washington).

 El artículo 6° Bis del Convenio de París de 1883.

 Mala fe en la solicitud del registro marcario.

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Demandante: Hot and the Gang, INC.

1.5. Concepto de violación

La parte actora manifestó que el acto que concedió la marca a favor del
señor Gómez Gómez vulneró los literales d) y e) del artículo 83 de la
Decisión 344 de 1993, al no advertir que «H&G» ha sido previamente
empleada por la sociedad actora y conocida en Estados Unidos y otros
países, por lo cual la expresión registrada en este caso como marca se
encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad consignadas en la
norma en mención, al resultar ser una reproducción total de una marca
notoriamente conocida y a su vez generar confusión.

Adicionalmente, trajo a colación los supuestos previstos en el artículo 7°
de la Convención de Washington de 1929, conforme a la cual el
propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados
contratantes puede oponerse al registro de otra igual a la protegida o
susceptible de producir confusión o error. Indicó que la norma resulta
aplicable, pues Hot and the Gang Partnership era la titular legítima de la
marca «H&G» (nominativa) en Estados Unidos, país miembro de la
Convención de Washington de 1929.

Advirtió que el señor Gómez conocía la marca «H&G», de manera previa
al momento de presentar la solicitud de registro ante la autoridad
demandada, lo cual evidencia su mala fe, pues se apropió de una marca
que conoció como notoria en país extranjero. Agregó que el actuar
malintencionado del señor Gómez Gómez ha sido reiterativo, pues, al
igual que con «H&G», ha solicitado registros de marca que son
evidentemente confundibles con otras mundialmente conocidas.

Finalmente, invocó el artículo 6° del Convenio de Paris de 1883, y afirmó
que la marca concedida mediante el acto administrativo acusado se

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encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma
en comento, para lo cual indicó que la marca «H&G» ha sido
comercializada durante más de 20 años en un país de la Unión, con lo que
adquirió carácter notorio en este territorio.

II. TRÁMITE DEL PROCESO

2.1. Mediante auto de 15 de diciembre de 2010, el entonces Magistrado
sustanciador inadmitió la demanda, la cual fue subsanada en virtud del
escrito de enero 24 de 2011, a partir de lo cual la demanda se admitió
por auto de abril 5 siguiente, en el que ordenó la notificación y el traslado
correspondiente a la SIC y al señor Héctor Abelardo Gómez Gómez.

2.2. El señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, en su calidad de tercero
con interés directo en las resultas del proceso, presentó contestación de
la demanda2, pronunciándose sobre cada uno de los hechos, y
oponiéndose a las pretensiones invocadas por la actora.

Afirmó que la actora no logró probar la notoriedad de su marca para la
fecha en la que el señor Gómez Gómez solicitó su registro, y agregó que
éste no tenía conocimiento de la marca usada por la sociedad actora.

Presentó la excepción que denominó “(…) de prescripción”, y explicó que
la norma aplicable al caso es la Decisión 486 de 2000, pues se encontraba
vigente en la fecha de concesión de la marca, a partir de lo cual la acción
de nulidad se encuentra caducada en los términos del artículo 172 ibídem.

2.3. Por su parte, la SIC3 sostuvo que dicha entidad no transgredió las
normas invocadas por el actor, oponiéndose a las pretensiones de la

2
Folios 227 a 250 del expediente físico.
3
Folios 267 a 275 del expediente físico.
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demanda. Al respecto, adujo que la norma aplicable en el asunto es la
Decisión 344, pues aquella era la vigente al momento de la presentación
de la solicitud de registro marcario.

Señaló que efectuó un estudio juicioso de registrabilidad de la marca
solicitada, de conformidad con los criterios doctrinales y jurisprudenciales
aplicables, a lo cual añadió que, dentro del trámite de la solicitud de
registro de la marca objeto de debate, la sociedad actora no presentó
observación alguna. Y advirtió que, aunque se obtenga o se niegue el
registro de una marca en determinado país miembro, esto no significa
que se deba conceder o negarse dicho registro marcario en otros países.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. Por auto de 24 de mayo de 2016, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran
sus alegatos de conclusión, termino dentro del cual la parte actora
presentó escrito en tal sentido4, en el que insistió en que la norma andina
aplicable al caso es la Decisión 344 de 1993.

Señaló que la marca «H&G» concedida al señor Gómez Gómez genera
confusión entre los consumidores y configura un aprovechamiento injusto
de la reputación de la marca previamente usada por la demandante, y
afirmó que probó su uso amplio y generalizado, convirtiéndolo en un signo
fácilmente recordado y reconocido por el consumidor para identificar
distintas líneas de ropa, así como por sus consumidores potenciales.

3.2. Por su parte, la autoridad demandada, al presentar sus alegatos
de conclusión5, señaló que con la resolución expedida no se vulneró

4
Folios 320 a 330 del expediente
5
Folios 331 a 333 del expediente.
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Demandante: Hot and the Gang, INC.

ninguna de las disposiciones contenidas en la Decisión 344, e insistió en
los argumentos presentados con la contestación de la demanda.

3.3. El tercero interesado presentó alegatos de conclusión6, señalando
que en el presente caso no hay prueba que demuestre la notoriedad
regional ni internacional del signo «H&G» usado por la sociedad actora.
En este mismo sentido, señaló que no aparece prueba del prestigio
regional y concurrencia entre las marcas de ésta y la del señor Gómez.

3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación
prejudicial número 256-IP-20147, mediante la cual se exponen las reglas
y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de
dicha corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones, el Tribunal Andino de Justicia expresó:

“PRIMERO. No son registrables los signos que en relación con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriorimente solicitada para
registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un
riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para
que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario
determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre
sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar
la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los
productos o servicios de que se trate.

6
Folios 338 a 340 del expediente.
7
Folios 301 a 317 del expediente.
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Demandante: Hot and the Gang, INC.

SEGUNDO. El régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de
la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el
mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos
notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las
figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial citadas en la
presente providencia.

TERCERO. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante
y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del
signo H & G (denominativo) se presentó el 19 de noviembre de 1999 en vigencia
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa
la norma sustancial que debe aplicar el juez consultante.

La acción de nulidad al amparo de la Decisión 344, no señala un término de
prescripción para declarar la nulidad de un registro.”

V. ACTUACIONES POSTERIORES

5.1. Por auto de 2 de marzo de 2021, el Magistrado sustanciador ordenó
que, por Secretaría, se descargara el reporte correspondiente al estado
actual del certificado de registro marcario 228396, relacionado con la
marca «H&G» (nominativa) del señor Héctor Abelardo Gómez Gómez8, a
partir de lo cual se encontró que ésta caducó desde el 21 de julio de 2020.
De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 9 y el 13 de abril
de 2021, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación9.

5.2. Por último, mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2022,
el apoderado de la parte actora solicitó la terminación del proceso por
hecho superado y carencia del objeto del litigio10, indicando que la marca
“H&G” registrada para distinguir productos en la clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza que aquí es objeto de debate se
encuentra caducada pues no fue oportunamente renovada. Advirtió que,
en consecuencia, la parte actora perdió interés en la pretensión de nulidad
del acto mediante el cual se concedió la marca caducada.

8
Folio 342 del expediente físico.
9
Anotación número 60 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI.
10
Anotación número 63 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI.
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10
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Demandante: Hot and the Gang, INC.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Sobre la norma comunitaria aplicable al presente caso y la
excepción de caducidad propuesta

La parte actora presentó la demanda de nulidad señalando que, con la
expedición de la resolución número 12387 de 31 de mayo de 2000, la
Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los literales d) y e) del
artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina11, y entre
otras, señaló que hubo mala fe en la solicitud de registro de la marca en
comento ante la autoridad ahora accionada, pues con ello se desconoció
una marca notoriamente reconocida en otros países.

Al respecto, el tercero interesado en las resultas del proceso, al contestar
la demanda, manifestó que la norma aplicable para solicitar la nulidad del
acto administrativo por el cual se otorgó el registro de la marca sería la
Decisión 486 de 2000, conforme a la cual la acción incoada se encontraría
prescrita. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio
consideró que la norma aplicable a este caso es la Decisión 344 de 1993.

Para resolver el debate suscitado, la Sala encuentra pertinente advertir,
en primer lugar, que la propia Decisión 486 de 2000 determinó que, con
respecto a la aplicación de esa norma, se podían presentar tres distintas
situaciones, incluidas en su texto como disposiciones transitorias.
Veamos:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS DECISIÓN 486 DE 2000.

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá

11
También indicó que vulneró los Artículo 7° de la Convención General Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington), y Artículo 6° Bis del
Convenio de París de 1883
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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se
refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial
preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso,
goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas
contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente
Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.

SEGUNDA.- Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten
medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo
27, numeral 3 del ADPIC. A tal efecto, se tendrán en cuenta los compromisos
asumidos por los Países Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo
previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus
bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de
cooperación internacional técnica y financiera.”

En segundo lugar, el Tribunal de la Comunidad Andina, en la
Interpretación Prejudicial 256-IP-2014, emitida para el caso de la
referencia, se refirió a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo,
señalando lo siguiente:

“La solicitud para el registro del signo H & G se presentó el 19 de noviembre de
1999, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. El señor Héctor Abelardo Gómez Gómez afirma dentro del proceso
interno que la acción de nulidad entablada se encuentra prescrita bajo los
lineamientos de la Decisión 486. En este marco, es necesario abordar el tema de
la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, así como analizar el tema de
la prescripción de la acción cuando se alegan causales de la Decisión 344.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar
que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se
produzcan a partir de su vigencia, es decir, que la ley rige para lo venidero según
lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye
aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para
regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma
anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica,
y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de
carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos
en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de
carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados
en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene
efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal

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calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los
derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho
adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe
modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación
Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultraactividad de la ley, la
norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando
se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada
continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron
lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las
relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se
rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se
caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación
procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en
vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de
ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido
como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el
tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal,
especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones
legislativas (…). Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre
otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó:

“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma
comunitaria, será regulada por la que se encuentre en vigencia al
momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los
parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa,
no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser
aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida
bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior
viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de
conformidad con una normativa anterior, (…).

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la
solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre
la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación – tanto en
sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la
voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del
signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma
sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al
momento de haber sido solicitado el registro marcario.

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

(…).

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud
de registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del
procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si
se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de
un registro de marca.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en
vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal
carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán
aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes
de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

“El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la
irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85
(artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta),
313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha
establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de
conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su
concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo
en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones
aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha
de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que
los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo
previsto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata
de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la
vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión
al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho
válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter
procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos
por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se
aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión
expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica,
si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo
como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del
procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los
efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen
para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será
la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se
hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril
de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de
junio de 2005).

(…)

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14
Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los
determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo
ante la Oficina Nacional (…).”

En síntesis, de la anterior cita es posible concluir que, al momento de
estudiar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se concedió
un registro de marca, el juez de la causa debe examinar las causales de
nulidad a la luz de la normatividad comunitaria que se encontraba vigente
para la época en la que se solicitó y concedió el registro del signo marcario
objeto de debate.

Por otra parte, el Tribunal de la Comunidad Andina, luego de presentar
las diferencias entre la acción judicial prevista en la Decisión 344 de 1993
y las de nulidad absoluta y relativa regladas por la Decisión 486 de 2000,
en relación con la prescripción de esta última acción, señaló lo siguiente:

“En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el
ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término
perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho
de acción que antes no tenía plazo señalado, este Tribunal encuentra que
dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquella
solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1º de
diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la
misma.

Sin embargo, conforme a la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486, la
prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros
marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean
renovados en vigencia de la Decisión 486.

El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de
las normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe
contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta
Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de
nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del
registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad
de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como
relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas (…).

El Juez Consultante debe resolver el caso al amparo de la Decisión 344, la
cual no diferencia entre nulidad absoluta y relativa ni tiene un término de
prescripción para su presentación.” (Destacados de la Sala).

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15
Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

Finalmente, cabe recordar que el referido Tribunal Andino de Justicia
también ha señalado lo siguiente:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho
adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe
modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación
Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).”

Ahora bien, revisados los documentos que conforman el expediente de la
referencia, esta Sala advierte, en primer lugar, que el registro del signo
marcario objeto de litigio se solicitó el 19 de noviembre de 1999, de
conformidad con el sello de radicación visible en la primera página del
escrito en comento12.

De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el
registro de la marca nominativa «H&G» para distinguir productos
comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza,
mediante la resolución número 12387, expedida el 31 de mayo de 2000,
quedando ejecutoriada el 21 de julio del mismo año. El registro de esta
marca estuvo inicialmente vigente hasta el 21 de julio de 2010, y fue
renovado por una sola vez mediante solicitud presentada meses después
de la presentación de la demanda13, el día 13 de enero de 2011,
recobrando así su vigencia hasta el 21 de julio de 2020.

De lo anterior se advierte que, tanto la solicitud de registro marcario,
como también la concesión de la marca, se adelantaron con anterioridad
al 1º de diciembre de 2000, fecha en la que entró a regir la Decisión 486
de 2000, por lo que la totalidad de las diligencias en comento se surtieron
en vigencia de la Decisión 344 de 1993.

12
Obrante a folios 6 al 8 del expediente.
13
La demanda fue presentada el 11 de octubre de 2010.
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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

Por ello, es claro que la legalidad del acto administrativo demandado debe
estudiarse de conformidad con las causales de nulidad dispuestas por la
norma sustancial contenida en la Decisión 344 de 1993, pues, en el
ámbito de la propiedad industrial, tal como también lo prevé la Disposición
Transitoria de la Decisión 486 y debido a la ultraactividad de la ley, la
norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos
ocurridos cuando se encontraba en vigencia.

En conclusión, la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para
regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su
imperio, aunque los efectos de tales situaciones, como las relacionadas
con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan
por la nueva ley.

Con todo lo dicho, en relación con el término de prescripción establecido
para la acción de nulidad relativa, de que trata el artículo 172 de la
Decisión 486 de 2000, esta Sala entiende que aquél únicamente aplica
para las marcas que se registraron a partir de la fecha de vigencia de esta
última norma, o que registradas con anterioridad, se renovaron durante
su vigencia, lo que se itera, no había ocurrido para el momento en que se
presentó la demanda que dio origen a este proceso.

En consecuencia, tal como lo expresó el tribunal comunitario, “El Juez
consultante debe resolver el caso al amparo de la Decisión 344, la cual no
diferencia entre nulidad absoluta y relativa ni tiene un término de
prescripción para su presentación”.

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Demandante: Hot and the Gang, INC.

De conformidad con lo anterior, la norma sustancial comunitaria aplicable
al presente caso será la Decisión 344, norma que en lo relativo a la acción
de nulidad, en su artículo 113 determinó que:

“[…] Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca
u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido
obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para
su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán
solicitarse en cualquier momento.” (Se resalta)”

En conclusión, conforme a la normatividad sustancial comunitaria
aplicable para el presente caso, a saber, la Decisión 344 de 1993, y en
atención a la interpretación del Tribunal Andino de Justicia para el caso
en concreto, la Sala advierte que no son de recibo los argumentos
expuestos por el tercero interesado en las resultas del presente caso, pues
la presente acción de nulidad no tiene término de prescripción para su
ejercicio. En consecuencia, se desestimará el medio exceptivo alegado.

A lo anterior, esta Sala debe agregar que todo lo anterior se presenta, en
palabras del Tribunal Andino de Justicia14, “[…] sin perjuicio de que el Juez
Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo
172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada,
para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien
que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido
circunstancias de hecho o derecho que la hayan hecho desaparecer del
mundo jurídico”.

14
Interpretación prejudicial de junio 6 de 2007 (Procs 56-IP-2007) y de agosto 23 de 2012 (Procs 01-IP-2012).
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Finalmente, es preciso aclarar que, aunque, como se explicó en
precedencia, la norma sustancial aplicable al presente asunto sin duda
corresponde a las disposiciones contenidas en la Decisión 344 de 1993,
por lo que esta Sala la atenderá para el estudio de las causales de nulidad
alegadas en contra del acto administrativo acusado, así como para la
validación de los requisitos de procedibilidad de la acción promovida,
valga decir, la caducidad, también es cierto que, en lo relativo al trámite
judicial que se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la
decisión definitiva, se deberá aplicar la Decisión 486 de 2000, norma
vigente desde diciembre del año 2000 e incluso hasta la fecha de esta
decisión, que en cuanto a sus disposiciones de carácter procesal aplicables
a las actuaciones judiciales es también de aplicación inmediata, conforme
a lo previsto en la Ley 153 de 1887 y las normas particulares contenidas
en el CPACA (Ley 1437 de 2011).

En ese orden de ideas, dado que la demanda que dio inicio a este proceso
se presentó el 11 de octubre de 2010, es decir, sin duda en vigencia de
la Decisión 486 de 2000, las diligencias procesales correspondientes como
serían su admisión y hasta la decisión definitiva que aquí se dicte deben
regirse por las disposiciones de esta normatividad comunitaria,
incluyendo la aplicabilidad del supuesto contenido en el inciso 4° del
artículo 172 ibídem, tal como se explicará a continuación.

6.2. Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el
supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
El problema jurídico a resolver.

En el presente caso, la parte actora acusó la legalidad de la resolución
número 12387 de 31 de mayo de 2000, por medio de la cual la SIC
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19
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concedió la marca «H&G» (nominativa) para distinguir productos en la
clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Héctor
Abelardo Gómez Gómez, pues, en su consideración, el acto administrativo
vulneró principalmente los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión
344 de 1993 de la Comunidad Andina.

Sin embargo, en este punto, si bien es cierto sería procedente efectuar el
análisis de legalidad del acto administrativo de concesión marcaria
conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente
incurre la marca «H&G» (nominativa) para distinguir productos en la clase
25 de la Clasificación Internacional de Niza, identificada con el registro
marcario número 228396, de titularidad del señor Héctor Abelardo Gómez
Gómez, también lo es que aquella se encuentra caducada.

Al respecto, cabe recordar que la marca tuvo inicialmente una vigencia de
diez años, contados a partir de la fecha en la que quedó ejecutoriado el
acto administrativo que la concedió, esto es, el 21 de julio de 2000, por
consiguiente, hasta el 21 de julio de 2010, por lo que para la fecha de
presentación de la demanda mantenía provisionalmente su vigencia en
aplicación del plazo de gracia previsto en el artículo 153 de la Decisión
486. Posteriormente, el señor Gómez Gómez obtuvo la renovación del
respectivo registro el 13 de enero de 2011, otorgándole vigencia al signo
distintivo hasta el 21 de julio de 2020.

Así entonces, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 21 de julio
de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad
Industrial SIPI de la entidad demandada, fecha en la que éste caducó por
no haber sido nuevamente renovado, todo lo cual se puede verificar en la
siguiente imagen:

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Como atrás se hizo constar, esta circunstancia se puso oportunamente en
conocimiento de las partes, a quienes se corrió traslado del reporte
correspondiente, sin que hubieran expresado oposición ni hecho ninguna
otra manifestación al respecto.

Así pues, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos
exclusivos del titular de la marca «H&G» (nominativa), que motivó la
promoción de la presente demanda, por cuanto la marca está caducada,
en los términos del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, que señala:

“[…] Articulo 174. El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o
quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal,
incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos
que determine la legislación nacional del País Miembro […]”

Es pertinente indicar que, si este hecho ocurre mientras el juez está aún
pendiente de decidir sobre la eventual nulidad de ese mismo registro
marcario, tal circunstancia sobreviniente le impide hacerlo en el futuro,
ello de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de
2000, que prevé:
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“[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto
en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la
fecha de concesión del registro impugnado. […]

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […].”

Ahora bien, aun cuando la demanda que da origen a este proceso se
promovió en su momento en desarrollo de la acción de nulidad, entonces
prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, lo cierto
es que es claro que el interés en ella perseguido es, sin duda, un interés
particular, puesto que se cuestiona la concesión de la marca H&G»
(nominativa) en favor del señor Héctor Abelardo Gómez, en cuanto dicho
registro habría sido obtenido de mala fe, y en perjuicio de una marca
idéntica, que había sido usada y acreditada en otros países desde hacía
varios años, por una empresa vinculada con la aquí actora, para distinguir
la misma clase de productos.

Por estas razones, pese a la precisa identificación de la acción inicialmente
incoada, es dable considerar que, al comparar los medios de control
procedentes en vigencia de la Decisión 344 con los previstos en la
posterior y aún vigente Decisión 486, la acción promovida en este caso
se asemeja a la actual acción de nulidad relativa, prevista en el artículo
172 de la norma últimamente citada, por lo que esta Sala encuentra
procedente interpretar la acción ejercida en este caso, en el sentido de
entender entonces que se trata de una acción de nulidad relativa, en los
términos de la norma comunitaria vigente.

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De otra parte, en el fallo de 21 de febrero de 2019, advirtió esta Sección15
que, cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un
claro interés particular, en atención a que es promovida frente al acto
que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos
subjetivos de terceros, resulta evidente que, cuando estos derechos
pierden vigencia, de igual manera desaparece el interés de la actora en
que se profiera una decisión que los proteja16.

Con lo anterior, es claro que el aspecto determinante que en un caso como
el de autos hace posible terminar el proceso, es que desparezca el interés
particular que motivó el ejercicio del medio judicial contra un registro de
marca, a partir de la sobreviniente inaplicabilidad de la causal de nulidad
invocada, como ocurre en este caso por la pérdida de vigencia de la marca
concedida en virtud del acto administrativo demandado. Ello cobra aún
más sentido en aquellos casos adelantados en vigencia de la Decisión 344
de 1993, norma comunitaria que no concibe diferencia alguna entre las
acciones de nulidad de registro marcario.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de
este tipo17, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s)
causal(es) invocada(s) ha(n) devenido inaplicable(s), al producirse un
cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se decide o a
aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00 (C.P. Oswaldo Giraldo López).
16
En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de
septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).
17
Ver entre otras la ya citada sentencia de 21 de febrero de 2019, expediente 2009-00622-00
(C.P. Oswaldo Giraldo López), así como las de 26 de junio de 2020, expediente 2012-00295-00
(C. P. Hernando Sánchez Sánchez) y de 29 de julio de 2021, expediente 2008-00277-00 (C. P.
Nubia Margoth Peña Garzón).
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A lo anterior se añade lo dicho de manera reiterativa por esta Sala, entre
otras, en la providencia de 9 de septiembre de 202118, mediante la cual
se advirtió lo siguiente:

“(…) la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la
inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un
registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción,
que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y
que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad,
comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo
que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido,
sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca
en cuestión.

Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la
Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de
nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello,
pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros
marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a
controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia.”
(destacado de la Sala).

“No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales
que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la
nulidad.”

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó la
caducidad del registro de la marca «H&G» (nominativa) cuya nulidad se
pretende en el presente asunto, concedida a favor del señor Héctor
Abelardo Gómez Gómez, quien por tal razón fue convocado como tercero
con interés en las resultas del proceso, circunstancia que fue puesta en
conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho
manifestación alguna. Este hecho impide a esta corporación judicial hacer
algún pronunciamiento frente a la nulidad del acto demandado.

Por último, lo anterior cobra mayor aplicabilidad si se observa el memorial
de 18 de febrero de 2022, mediante el cual el apoderado de la parte actora

18
Expediente 11001-03-24-000-2010-00426-00 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
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solicitó la terminación del proceso, tras advertir la caducidad de la marca
objeto de litigio como consecuencia de la falta de renovación de su
registro, pues, en virtud de su escrito, manifestó que había desparecido
el interés por el cual promovió esta acción de nulidad en contra del acto
administrativo que concedió el registro de la marca “H&G”. De allí que sea
claro para esta Sala que la controversia ha cesado como resultado de la
pérdida de vigencia del signo en disputa, razón por la cual es dable afirmar
que el presente asunto carece de objeto litigioso sobre el cual deba
emitirse pronunciamiento alguno.

Por todo lo dicho, no queda más camino que dar por terminado el presente
proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto19 del
artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de
resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad
invocadas en el libelo de la demanda20, tal y como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.

6.3. Reconocimiento de personería

Mediante memorial radicado el 23 de junio de 2016, la Superintendencia
de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión; en este mismo
memorial allegó poder en virtud del cual facultó a la abogada Astrid
Paternina Márquez para representar los intereses de dicha autoridad
dentro del proceso de la referencia.

En consecuencia, la Sala reconocerá personería a la abogada Astrid
Paternina Márquez como apoderada judicial de la Superintendencia de

19
“Artículo 172 (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”
20
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de 1999 (C.P. Juan Alberto Polo
Figueroa), sentencia de 4 de abril de 2002 (C.P. Olga Inés Navarrete Barrero).
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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
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Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella
conferido, obrante a folio 334 del expediente físico de la referencia.

Con lo anterior, se tendrá por terminado el poder otorgado a la abogada
Niyireth Briceño Ramírez, reconocida como apoderada de la demandada
mediante auto de 27 de julio de 2012, y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

6.2. R

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso
cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia,
PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128
de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER a la abogada Astrid Paternina Márquez como
apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los
términos y para los fines del poder a ella conferido. Con lo anterior,
téngase por terminado el poder otorgado a la abogada Niyireth Briceño
Ramírez.

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00416 00
Demandante: Hot and the Gang, INC.

CUARTO: En firme esta providencia, procédase al cierre del expediente
en el aplicativo SAMAI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
(con aclaración de voto)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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