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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00421-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00421-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2010-00421-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad relativa
Número único de radicación: 11001032400020100042100
Demandante: Hot and the Gang, Inc.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Héctor Abelardo Gómez Gómez

Temas: Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Prescripción de la acción
de nulidad relativa.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Hot and the Gang,
Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la
nulidad de la Resolución núm. 25453 de 31 de julio de 2001, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Hot and the Gang, Inc.1, en adelante parte demandante, presentó demanda2
contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada,
en ejercicio de la acción de nulidad3, que se interpreta como acción de nulidad
relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 25453 de 31 de julio

1 Mediante apoderado. Cfr. Folio 2 a 5
2 Cfr. Folios 128 a 167
3 Prevista en el artículo 84 del Decreto 1 de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

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de 2001, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de
Signos Distintivos de la Superintendente de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte
demandada cancelar el registro de la marca mixta H&G, que identifica productos de
la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular
es el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, en adelante tercero con interés directo
en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] II. PRETENSIONES

2.1. Sírvase DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 25453 de 31 de julio
de 2001, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca H&G (Mixta), la
cual fue tramitada bajo el expediente No. 00-082036, y le fue concedido el
certificado de registro No. 242032, marca que identifica productos de la clase 25
de la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Niza (Ropa informal,
jeans, camisas y camisetas, ropa deportiva, calzado formal y deportivo.);
2.2. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada
resolución, se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 242032,
asignado a la marca H&G (Mixta), en clase 25 de la Séptima Edición de la
Clasificación Internacional de Niza, a nombre del señor HÉCTOR ABELARDO
GÓMEZ GÓMEZ;

2.3. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio publicar en la gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la
sentencia que se dicte en el proceso de la referencia;

2.4. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones
mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del
fallo, dentro de los (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones6:

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 27 de
octubre de 2000, ante la parte demandada, el registro como marca del signo mixto

5 Cfr. Folios 209 a 210
6 Cfr. Folios 131 a 140

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H&G para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de
Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 27 de noviembre de 2000, en la Gaceta de
la Propiedad Industrial núm. 498, la cual no fue objeto de oposición por parte de
terceros.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm.
25453 de 31 de julio de 2001, concedió el registro de la marca mixta H&G para
distinguir productos de la Clase 25, de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales d) y e) del artículo
83 de la Decisión de la Decisión 344 de 21 de octubre de 19937, en adelante
Decisión 344 de 1993, el artículo 7 de la Convención de Washington de 19298, y el
Artículo 6 Bis del Convenio de París9.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así10:

Primer cargo: Violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión
344

6.1. Indicó que la el acto acusado no tuvo en cuenta que el signo solicitado para
ser registrado como marca, era una marca previamente empleada y conocida en
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador11 y que eran aplicables los
literales d) y e) de la Decisión 344 de 199312, comoquiera, que el signo mixto
solicitado como marca H&G del señor HECTOR ABELARDO GÓMEZ GÓMEZ era
idéntica a la marca H&G de propiedad de HOT AND THE GANG INC, usada y

7 “Régimen Común de Propiedad Industrial”
8 Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 59 de 25 de marzo de 1936, “[…] Por la cual se

aprueba una Convención sobre protección marcaria y comercial […]”
9 Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994, declarada exequible

por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-002-96 del 18 de enero de 1996, Magistrado Ponente, Dr.
José Gregorio Hernández Galindo “[…] Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de
1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de
1979 […]”
10 Cfr. Folios 140 a 161
11 Cfr. Folio 140
12 Cfr. Folio 144

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adquirida inicialmente en Estados Unidos de América13. De igual forma, indicó que
la marca H&G, usada por primera vez en los Estados Unidos de América, tenía el
carácter de notoria al momento en que el señor HÉCTOR ABELARDO GÓMEZ
GÓMEZ solicitara el registro de la misma marca H&G en Colombia14, lo cual implicó
una afectación al público consumidor con actos de confusión y engaño15.

Segundo cargo: Violación del artículo 7 de la Convención de Washington de
1929

6.2. Manifestó que para el año 2000 era la legítima titular de la marca nominativa
H&G en Estados Unidos de América, país miembro de la Convención de
Washington de 192916 y que el tercero con interés directo en las resultas del proceso
tenía conocimiento de la existencia previa de la marca H&G al momento de
presentar su solicitud de registro en el año 2000, siendo aplicable lo establecido en
el artículo 7 del referido cuerpo normativo.

Tercer cargo: Violación del artículo 6 Bis del Convenio de París

6.3. Argumentó, que el referido artículo era aplicable, por cuanto la marca H&G
ha sido comercializada durante más de veinte años en un país de la Unión, lo que
demostraba su notoriedad17 y que ese carácter se debía a la gran inversión y que
se había realizado en la promoción de los productos que se distinguen con la marca
H&G, en Estados Unidos y otros países latinoamericanos18.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada19, contestó la demanda20 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

7.1. Resaltó que durante el trámite de la solicitud de registro como marca mixta
del signo H&G, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza, la parte demandante HOT AND THE CANG, INC., dentro de
los treinta días siguientes a la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial No.
498 de 27 de noviembre de 200021, no presentó oposición alguna y, en ese sentido,

13 Ibidem
14 Ibidem
15 Cfr. Folio 145
16 Cfr. Folio 148
17 Cfr. Folio 159
18 Ibidem
19 Por intermedio de apoderada.
20 Cfr. Folios 286 a 298
21 Cfr. Folios 295 a 296

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el trámite de la acción de nulidad no era el escenario para hacer valer las pruebas
de notoriedad de la marca nominativa H&G de que alega ser titular en los Estados
Unidos.22. sino que debió hacerse parte dentro del término del artículo 93 de la
norma andina dentro del proceso interno23.

7.2. Agregó que respecto de lo antecedentes 99-0727925, 00-083545, 00-
082035, 00-082037, 08-108093, a los que se hizo mención por la parte demandante
y demás, eran trámites de solicitudes de marcas totalmente independientes, y que
la autoridad marcaria es independiente y no se encuentra limitada por anteriores
análisis sobre signos idénticos o similares y no puede pretender el accionante que
estos expedientes de casos diferentes sean tenidos en cuenta dentro de esta acción
de nulidad24.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso25 contestó la
demanda26 y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Sobre el cargo de violación de los literales d) y e) de la Decisión 344

8.1. Señaló que no era procedente estudiar los cargos relacionados con los
literales d) y e) de la Decisión 344 de 1993, comoquiera que el acto de concesión y
las actuaciones posteriores debían regirse por la Decisión 486 de 14 de septiembre
de 200027.

8.2. Manifestó que “[…] resulta pertinente reiterar a su despacho que las pruebas
aportadas, exclusivamente se circunscriben a registros solicitados y concedidos con
posterioridad al año 2000, fecha en la cual se solicitó el registro de la marca H&G,
y también con posterioridad al año 2001, fecha en la que se concedió el registro de
la marca H&G a favor del señor HECTOR ABELARDO GÓMEZ GÓMEZ. Dichos
documentos no son idóneos para probar los aspectos relevantes para determinar la
notoriedad, de una marca en los términos exigidos por la Decisión 344 […]”28.

8.3. Agregó que las marcas HOT AND THE GANG y HG no constituían marcas
notorias para la fecha en la que se solicitó el registro de la marca H&G a favor de

22 Cfr. Folio 296
23 Ibidem
24 Ibidem
25 Por intermedio de apoderada.
26 Cfr. Folios 226 a 248
27 Cfr. Folio 232
28 Cfr. Folio 233

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Héctor Abelardo Gómez Gómez, comoquiera que no estaban solicitadas para
registro en ninguna oficina de marcas de ningún país del mundo29.

Sobre el cargo de violación del artículo 7 de la Convención de Washington de
1929

8.4. Manifestó que esta norma se refiere a procesos de oposición, por lo tanto, no
es aplicable en lo que respecta a esta acción de nulidad y adicionalmente, señaló
que para la fecha en que presentó su solicitud: i) no existía ninguna marca idéntica
o similar registrada en ninguno de los estados contratantes; y ii) en este mismo
sentido no tenía conocimiento de la existencia, del uso o registro de la marca H&G
en ningún estado contratante, ni en ningún país del mundo30.

Sobre el cargo de violación del artículo 6 Bis del Convenio de París

8.5. Manifestó que “[…] el Convenio de París no es una norma aplicable a este
asunto, dado que para la fecha en la cual el señor HECTOR ABELARDO GÓMEZ
GÓMEZ solicitó el registro de la marca H&G, no existía en ningún país miembro de
la unión de París, idéntica registrada o solicitada para registro, mucho menos era
intensamente usada y no había podido ser reconocida como notoria en el país de
registro, porque repetimos no era una marca registrada […]”31.

Excepción de prescripción de la acción de nulidad relativa

8.6. Indicó que operó la prescripción de la acción, comoquiera que: i) el acto
administrativo cuya nulidad se demanda fue expedido el 31 de julio de 200132; ii)
quedó debidamente ejecutoriada el 25 de septiembre de 2001; y iii) la demanda fue
radicada en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación el 30 de agosto
de 2010.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 201633,
suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 344 de 21 de octubre de
1993 de la Comisión de la Comunidad Andina.

29 Cfr. Folios 233 a 234
30 Cfr. Folio 235
31 Cfr. Folio 246
32 Cfr. Folio 247
33 Cfr. Folios 306 a 307

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10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación
prejudicial 296-IP-2016 de 12 de diciembre de 201734, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:

“[…] La Sala consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 83
Literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual
se interpretará por ser procedente […]”35.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 201636, resolvió
sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial,
mediante auto proferido el 13 de julio de 201837, por un lado, reanudó el proceso, y
por el otro corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10)
días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público
que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el
traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

14. Durante el término legal, la parte demandante38, la parte demandada39 y el
tercero con interés directo en las resultas del proceso40 reiteraron en esencia los
argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda. El
Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema
jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el
marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la

34 Cfr. Folios 318 a 326
35 Cfr. Folios 319 a 320
36 Cfr. Folios 304 a 305
37 Cfr. Folio 328
38 Cfr. Folios 333-343.
39 Cfr. Folio 344.
40 Cfr. Folios 345-347

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Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 296-IP-2016 de 12 de diciembre
de 2017; vii) el marco normativo y jurisprudencial de la aplicación de la norma
comunitaria en el tiempo; viii) el marco normativo y jurisprudencial de la prescripción
de la acción de nulidad relativa; ix) el principio de complemento indispensable; y x)
el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo41,
sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201142, sobre el régimen
de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201943, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de
negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso, sub examine como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

18. El acto administrativo acusado es el siguiente:

18.1. La Resolución núm. 25453 de 31 de julio de 2001, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de conceder el registro
como marca del signo H&G, para identificar productos de la clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.

18.2. La Sala considera preciso señalar que si bien en el caso concreto, la parte
demandante no presentó recursos contra la resolución demandada, de conformidad
con la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Sección44 y atendiendo carácter sui
generis de la acción de nulidad relativa, que consiste en una acción pública de
carácter comunitario, el agotamiento del procedimiento administrativo no
corresponde a uno de los requisitos para su interposición, en la medida que exigir
este requisito se contrapondría a la normativa comunitaria que regula la materia.

41 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
42 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
43 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
44 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre

de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00391-00.

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El problema jurídico

19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones y
la Interpretación Prejudicial, determinar:

19.1. Si se encuentra o no probada o la prescripción de la acción de nulidad
relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

19.2. En caso de no encontrarse probada, si la Resolución núm. 25453 de 31 de
julio de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro
de la marca mixta H&G, para identificar: “Ropa informal. Jeans. Camisa y camisetas.
Ropa deportiva. Calzado formal y deportivo”, productos de la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no los literales d) y e) de la Decisión
344 de 21 de octubre de 1993 del Acuerdo de Cartagena, en adelante Decisión 344,
el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 y el artículo 6 Bis del
Convenio de París.

19.3. En este sentido, se analizará si: i) la marca concedida mediante el acto
administrativo acusado es confundible con una marca notoria, en el comercio
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad que pertenezca a la parte
demandante; ii) para la fecha de la solicitud de registro de la marca H&G el tercero
con interés directo en las resultas del proceso tenía conocimiento de la existencia y
uso de la marca de la parte demandante, y iii) si la marca concedida mediante el
acto administrativo era, susceptible de crear confusión con la marca notoriamente
conocida.

19.4. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó
los literales e) y d) del artículo 83 de la Decisión 486 de 2000.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena45, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

45 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

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Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200046 de la Comisión de la Comunidad Andina47.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina48

21. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina49.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros50.

46 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo
27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y
entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio”
que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la
Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el
artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
47 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa

su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
48 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
49 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.
50 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la

interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.

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Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

Interpretación Prejudicial 296-IP-2016 de 12 de diciembre de 2017

23. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
interpretó los literales d y e) del artículo 83 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo
las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine51.

Marco normativo y jurisprudencial de la aplicación de la norma comunitaria
en materia de propiedad industrial en el tiempo

Sobre aspectos sustanciales y procesales

24. Visto el artículo 274 de la Decisión 486 de 2000, dicha Decisión entró en
vigencia el 1.o de diciembre de 2000.

25. Vista la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de 2000, sobre la
aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, todo derecho de propiedad
industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria
anterior a la Decisión 486 de 2000, se regirá por las disposiciones aplicables en la
fecha de su otorgamiento. Para el caso de procedimientos en trámite, la Decisión
486 de 2000 regirá las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.

26. Sobre la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 185-IP-2006, indicó que,
si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca
ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento
correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si
se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del
signo52.

27. En ese mismo sentido, esta Sala de esta Sección consideró, en sentencia de 2
de abril de 202053, en relación a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo,
que:

51 Cfr. Folios 318 a 326
52 “[…] En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan

los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud
de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y
reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la
aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo.
Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre
los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se
inicien a partir de ese momento […]”.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de abril de 2020;

C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020190032700

12

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

“[…]En efecto, se indica que la solicitud de registro del signo <<ZOO>> fue
presentada por la sociedad Laboratorios Zoo Ltda. el 15 de agosto de 1991, y que
la Resolución 26600 acusada fue expedida el 30 de junio de 1994, en vigencia de
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
[…]
Con todo, teniendo en cuenta la fecha en la que se aduce fue solicitado el registro
como marca del signo <<ZOO>>, así como la fecha de expedición del acto acusado,
es claro que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la norma
comunitaria vigente en la cual se encontraban determinados los requisitos exigidos
para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los
signos, por lo cual dicha normativa, conforme a lo precisado en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina54, debía ser la invocada para efectos
de controvertir la legalidad de los fundamentos de la Resolución 26600 de 30 de
junio de 1994, tal como se hizo en la demanda formulada por la sociedad Bio-Zoo
S.A. de C.V. Sin perjuicio de lo anterior, como la solicitud de nulidad del
registro se realiza en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, el artículo 172 de dicha Decisión constituye la norma
procesal llamada a regir este trámite […]” (Resaltado de la Sala).

28. Asimismo, la Sala de la Sección Primera de la Corporación, en sentencia de 11
de junio de 202055, consideró:

“[…]Al respecto, debe aclararse que como la solicitud de registro de la marca
cuestionada “NAVEGALIA” fue presentada por la sociedad AIRTEL MÓVIL S.A. el
7 de junio de 2000, la Decisión 344 era la norma comunitaria vigente en la cual se
encontraban determinados los requisitos exigidos para el registro de las marcas, así
como las causales de irregistrabilidad de los signos, razón por lo cual dicha normativa
debía ser la invocada para efectos de controvertir la legalidad de las resoluciones
acusadas, conforme se hizo en la demanda presentada por la sociedad actora.

Sin embargo, como la solicitud de nulidad del registro se promovió56 en
vigencia de la Decisión 48657, el artículo 172 de dicha Decisión constituye la
norma procesal llamada a regir este trámite. […]” (Resaltado de la Sala)

29. En este orden de ideas, teniendo en cuenta las normas citadas supra y los
desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de
la Sala de la Sección Primera de la Corporación, respecto de la aplicación de la
norma comunitaria en el tiempo; la Sala considera que la norma sustancial aplicable
para solicitudes de registro marcario presentadas antes del 1.o de diciembre de 2000
es la Decisión 344 de 1993, esto es, lo referente a las condiciones para ser marca
y las causales de irregistrabilidad. Asimismo, la norma procesal aplicable para
procesos de nulidad iniciados con posterioridad al 1.o de diciembre de 2000 será la
Decisión 486 de 2000, esto es, lo referente al tipo de acción aplicable.

54 Al respecto, ver las interpretaciones prejudiciales 095-IP-2008 y 112-IP-2008.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de abril de 2020;

C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020190032700
56 La solicitud de nulidad del referido registro se presentó el 6 de febrero de 2007.
57 De conformidad con el artículo 274 de la Decisión 486, la misma entró en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

13

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

Marco normativo y jurisprudencial de la prescripción de la acción de nulidad
relativa

30. Visto el artículo 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre la nulidad
de los registros marcarios, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a
solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o
cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Sobre este
punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina58, consideró que:

“[…]3. Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario

[…]

3.2. Como se ha mencionado en el acápite anterior, la acción de nulidad absoluta
no prescribe, mientras que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años
contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

3.3. La prescripción bajo comentario es una prescripción extintiva, pues extingue la
acción procedimental (que, según la normatividad interna de cada país miembro, se
puede conducir en la vía administrativa o la Jurisdiccional) destinada a lograr la
nulidad del registro marcario. La razón de esta prescripción es otorgar seguridad
jurídica al mercado y a los partícipes en él. Dado que la nulidad relativa depende de
la eventual afectación a un tercero, este, cualquier persona y la autoridad nacional
competente tienen cinco años para plantear la referida acción. Vencido dicho plazo,
y prescrita la referida acción, el registro marcario no puede ser invalidado bajo el
argumento de estar afectando a un tercero. Por tanto, una vez prescrita dicha
acción, el titular del registro sabrá que su registro es inmune a solicitudes de nulidad
relativa, lo que significa seguridad jurídica para las inversiones, transacciones y
operaciones comerciales correspondientes.

3.4. En consecuencia, tratándose de la acción por nulidad relativa de un registro
marcario, el procedimiento administrativo o el proceso judicial que dé cabida o acoja
dicha acción, debe iniciarse antes del plazo de cinco (5) años contados desde la
fecha de concesión del registro impugnado. […]”

31. La Sala de la Sección Primera de la Corporación ha considerado lo siguiente:

“[…] De esta manera, para determinar desde cuándo se debe contabilizar el término
de caducidad aplicable a la pretensión de nulidad relativa contenida en el artículo
172 de la Decisión 486, es necesario definir en qué momento se entiende concedido
el registro de la marca, por parte de la autoridad nacional competente, para nuestro
caso la Superintendencia de Industria y Comercio.

La norma comunitaria a la que se viene haciendo alusión, no especifica desde
qué fecha se entiende concedido el registro de la marca, razón por la cual
existe un vacío en relación al cómputo del término de caducidad de la acción
de nulidad relativa, por lo que para llenar el mismo, es necesario acudir al
principio de complemento indispensable, establecido en el artículo 276 de la
Decisión 486, según el cual “los asuntos sobre Propiedad Industrial no

58
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 114-IP-
2019 de 7 de octubre de 2020.

14

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de
los Países Miembros […]”59. (Resaltado de la Sala)

32. Asimismo, la Sala de la Sección Primera de la Corporación, en sentencia de 30
de marzo de 201760, consideró:

“[…] (i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, “[l]os asuntos
sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán
regulados por las normas internas de los Países Miembros”, es decir, la legislación
nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre
Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

(ii) Que teniendo en cuenta que la norma comunitaria no especifica la fecha a partir
de la cual se ha de considerar el cómputo del plazo para la renovación de un registro
marcario, pues el artículo 152 ejusdem dice que “[e]l registro de una marca tendrá
una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá
renovarse por períodos sucesivos de diez años”, corresponde en consecuencia
determinar cuándo se considera que la marca ha sido concedida, si en el primigenio
acto administrativo que concedió el registro marcario o cuando se han resuelto los
recursos administrativos que se habrían interpuesto en contra del mismo y éste
quede en firme.

(iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable,
que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la
cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de
situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella
no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países
Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en
aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos
países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer,
desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que
de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos
esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor
protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria;

(v) Que en el presente caso, el artículo 152 de la Decisión 486 resulta ser de carácter
general con relación al establecimiento de la “fecha de concesión de un registro
marcario”, sin llegar a regular las situaciones procesales que se podrían derivar a
partir del primigenio acto administrativo de concesión, por lo tanto, todo lo
relacionado al respecto deberá ser regulado por la normativa nacional, de
conformidad con el principio del complemento indispensable. […]”. (Resaltado
de la Sala)

Principio de complemento indispensable

33. Los Estados Miembros61, como titulares soberanos de sus competencias,
comprometidos en el proceso de integración subregional andino, le han atribuido
algunas de ellas, en determinadas materias, a la organización internacional 62, en
virtud del tratado constitutivo y de los acuerdos y los protocolos que lo modifican.

59 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto

de 2017; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020150033500
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de marzo de

2017; C.P.(E) Carlos Enrique Moreno Rubio; número único de radicación 11001032400020110028200
61 Inicialmente, del Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” y, posteriormente, de

la Comunidad Andina.
62 Inicialmente, al Acuerdo de Integración Subregional Andino y, posteriormente, a la Comunidad Andina.

15

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

34. En este sentido, todas aquellas competencias que no han sido atribuidas siguen
siendo de dominio reservado de los Estados y solamente pueden ser ejercidas
soberanamente por ellos; mientras que las otras, al haber sido transferidas van a
ser ejercidas funcionalmente por la organización internacional a través de sus
órganos e instituciones.

35. No obstante, dentro de este marco estructural, se tienen las denominadas
competencias concurrentes, las cuales pueden ser ejercidas, en algunas materias,
tanto por la organización internacional como por los Estados, cuando así lo
establecen los órganos o instituciones de la organización o no se regulen o
desarrollen, de acuerdo con las condiciones y límites del derecho comunitario
andino.

36. En este orden de ideas, los Estados Miembros, como titulares soberanos de las
competencias, tienen la capacidad de regular en su ordenamiento jurídico interno
todos aquellos asuntos que no estén desarrollados en la normativa comunitaria
andina.

37. Es así como, en materia de propiedad industrial, la Decisión 486, en su artículo
27663, establece que los asuntos no comprendidos en la normativa de la Comunidad
Andina, serán regulados por las normas internas de los Estados Miembros.

38. En relación con este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha establecido los siguientes parámetros que regulan su aplicación64: i) no son
aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento
jurídico comunitario; ii) los Estados Miembros no pueden expedir normas sobre
asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su
correcta aplicación; y iii) cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de
los Estados Miembros el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, le
corresponde a los Estados su implementación, sin que se pueda establecer
exigencias, requisitos adicionales o construir reglamentaciones que de una u otra
manera afecten el derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales.

Sobre la notificación y firmeza de los actos administrativos

39. Visto el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo que establece:

63 “[…] Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán

regulados por las normas internas de los Países Miembros […]”.
64 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 88-IP-

2016 de 21 de septiembre de 2017.

16

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

“[…] Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda
ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3 Cuando
no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando
haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos. […]”

40. Al respecto, la Sala de la Sección Primera de la Corporación, en sentencia de
30 de marzo de 201765, consideró que:

“[…] De esta disposición se deduce que el procedimiento administrativo finaliza
cuando la decisión que puso fin a la actuación administrativa queda en firme, es
decir, cuando pasa a ser decisión última de la autoridad que la profirió, de modo que
contra ella ya no es admisible más controversia o debate ante ella que impida su
obligatoriedad o cumplimiento. La firmeza del acto administrativo, a su vez, deriva
en la ejecutividad y la ejecutoriedad de éste (artículos 64 y 65 del C.C.A.).

En esta línea de pensamiento, debe concluirse que el procedimiento administrativo
de registro de una marca culmina cuando queda en firme el acto administrativo que
concedió tal registro, y que entonces como ‘fecha de su concesión’ deberá tenerse
aquella en la cual se decidieron los recursos interpuestos contra el acto primigenio.
De esta forma el término de vigencia de diez (10) años del registro marcario de que
trata el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 empezará a contarse desde esta
última fecha.

La anterior apreciación es razonable, en consideración a que solo cuando se
encuentra en firme el acto que concede la marca es que su titular puede ejercer el
derecho principal que su registro le confiere, esto es, su uso exclusivo y excluyente,
pues antes de dicha firmeza tan solo tiene una expectativa de adquirir tal derecho.
Precisamente el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 dispone que “[e]l derecho
al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente. […]”.

41. Así las cosas, la Sala ha considerado que el término de prescripción66 empezará
a correr, desde la concesión del registro marcario, esto es, a partir del momento en
que el acto administrativo que concedió el registro queda en firme67.

Análisis del caso concreto

42. De conformidad con las normas indicadas en los acápites desarrollados supra,
la Sala procederá a resolver sobre la prescripción de la acción, propuesta por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso, por cuanto, a su juicio, la
acción procedente, en el caso sub examine, es la acción de nulidad relativa prevista
en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la parte demandante,
para sustentar sus argumentos, manifestó que el acto administrativo acusado fue
expedido el 31 de julio de 2001 y que la demanda se radicó hasta el 30 de agosto
de 2010.

65 Ibidem
66
La prescripción es la denominación que se le da a el término perentorio para la presentación de la acción
dentro de la normatividad Andina, artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, no obstante,
es preciso señalar que la Sala ha venido tratando esta como excepción de caducidad, comoquiera, que es la
disposición procesal interna que más se le asemeja.
67
Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; SECCIÓN PRIMERA; Sentencia de 16 de
septiembre de 2021; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación núm. 11001-03-24-000-
2011-00342-00

17

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

Sobre la normativa aplicable y la adecuación de la causal

43. Atendiendo al marco normativo expuesto supra y comoquiera que: i) la solicitud
de registro de la marca mixta H&G fue presentada el 27 de octubre de 2000 68, es
decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Decisión 486 de 2000, y ii) que la
parte demandante radicó la demanda el 30 de agosto de 2010 69, esto es con
posterioridad a la entrada en vigor de la norma indicada supra.

44. Esta Sala considera que: i) la Decisión 344 de 1993 es la norma sustancial
aplicable que rige los requisitos exigidos para el registro de la marca referenciada,
razón por la cual, tal y como lo señala la parte demandante, son los literales d) y e)
del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 los que establecen las causales de
irregistrabilidad pertinentes; y ii) la Decisión 486 de 2000 es la norma procesal
aplicable al caso sub examine.

La Decisión 486 de 2000 es la norma aplicable para la determinación del
término de prescripción

45. De conformidad con lo anterior, la Sala considera importante señalar que, en el
marco de la Comunidad Andina, particularmente con la entrada en vigencia de la
Decisión 486 de 2000, se establecieron dos tipos de acciones especiales cuando
se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina
nacional correspondiente, esto es, la acción de nulidad absoluta y la acción de
nulidad relativa, las cuales dependerán de las causales que se invoquen como
fundamento de la misma.

46. La acción de nulidad absoluta podrá decretarse de oficio o a solicitud de
cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese
concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y
135 de la Decisión 486 de 2000, que establecen los requisitos generales para el
registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad derivadas de las
características propias del signo como tal.

47. La acción de nulidad relativa, igualmente, podrá decretarse de oficio o a
solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se
hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la

68 Cfr. Folio 2 del anexo correspondiente a los antecedentes administrativos.
69 Cfr. Folio 167

18

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

Decisión 486, es decir, cuando se configuran las causales de irregistrabilidad que
afectan derechos de terceros; o cuando el registro se hubiera efectuado de mala fe.

48. Este tipo de acción, a diferencia de la acción de nulidad absoluta, prescribe a
los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad
se pretenda.

49. La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la naturaleza de la
acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017 70, precisó
que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4)
características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir
las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de
prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar
orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala
fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona,
en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa
[…]”.

50. En este sentido, concluyó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra
supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un
tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibidem […]”71.

Inicio de la contabilización del término de prescripción

51. Conforme a la sentencia citada supra y, en virtud del principio de complemento
indispensable, es necesario acudir a la legislación interna que regula la firmeza de
los actos administrativos para determinar la fecha de concesión del registro
impugnado y así poder realizar el cómputo de los 5 años de término de prescripción
que establece el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

52. La Sala de la Sección Primera de la Corporación observa que, en el caso sub
examine, el acto administrativo acusado fue expedido el 31 de julio de 2001 y, como
se observa del sello de constancia de ejecutoria visible a folio 18 del expediente, el
referido acto administrativo quedó debidamente ejecutoriado el 25 de septiembre de
2001.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de

2017. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110025800.
71 Ibidem.

19

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

Sobre la prueba de la prescripción

53. Comoquiera que el acto administrativo quedó en firme el 25 de septiembre de
2001, la Sala considera que es entonces a partir del 25 de septiembre de 2001 que
se empezó a computar el término de cinco (5) años de prescripción de la acción de
nulidad relativa, establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el cual
venció el 25 de septiembre de 2006.

54. La Sala de la Sección Primera de la Corporación observa que, en el sello de
radicado de la demanda, visible a folio 167 del expediente, la fecha de presentación
de la demanda es el 30 de agosto de 2010, es decir, cerca de 4 años después de
vencido el término de prescripción de la acción de nulidad relativa. Por lo expuesto
está Sala considera que en el caso sub examine se configuró la prescripción y, en
consecuencia, declarará probada dicha excepción formulada por el tercero con
interés directo en las resultas del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción formulada por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las
correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

20

Núm. único de radicación: 11001032400020100042100

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con l
a ley.

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