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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00002-00

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00002-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa y, en consecuencia, INHIBIRSE de decidir sobre las pretensiones formuladas en la demanda. SEGUNDO: RECONOCER como apoderados judiciales de la SIC i) al abogado Álvaro de Jesús Yáñez Rueda, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 1.014.192.869 y la tarjeta profesional de abogado n.º 236.645 del Consejo Superior de la Judicatura34; y ii) al abogado Diego Alfonso Matiz Hurtado, identificado con la cédula de ciudadanía n.° 1.010.217.093 y la tarjeta profesional de abogado n.° 289.07135, en los términos de los poderes que les fueron conferidos. TERCERO: RECONOCER como apoderado judicial de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, sociedad absorbente por fusión de Telefónica Móviles Colombia S.A., al abogado Oscar Samir Martínez Peña, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 80.822.365 y la tarjeta profesional de abogado n.º 264.983 del Consejo Superior de la Judicatura36, en los términos del poder que le fue conferido. 34 Folio 507-510, Cuaderno 1. 35 Folio 544-547, Cuaderno 1. 36 Folio 485-, Cuaderno 1. 19 Radicación: 110010324000 2011 00002 00 Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Demandado: SIC CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00002-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: NULIDAD
Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tema: TEORÍA DE LOS MÓVILES Y FINALIDADES – Reiteración de
jurisprudencia / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
Acción adecuada para discutir la Resolución n.° 42828 de 2010 /
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – no acreditada – sentencia
inhibitoria – Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista
en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA– presentó
el ciudadano Martín Bermúdez Muñoz, en contra de la Resolución n.° 42828 de 18
de agosto de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio –en
adelante la SIC–.

I.- Antecedentes
I.1. La demanda1

1. El ciudadano Martín Bermúdez Muñoz, obrando en nombre propio, en
ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, presentó
demanda ante esta jurisdicción, formulando las siguientes pretensiones:

II.- PRETENSIÓN

Solicito declarar la nulidad de la resolución No 42828 de 18 de agosto de 2010
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se resolvieron
los recursos de reposición interpuestos contra la resolución No 29631 del 20 de
agosto de 2008 y se dispuso revocarla en todas sus partes.

I.1.1. Los hechos

2. El actor en la demanda aludió a los hechos que sustentan las pretensiones,
las cuales se sintetizan de la siguiente forma:

a.- Cuando un usuario requiere cursar una llamada de su teléfono fijo a un teléfono
móvil sólo puede hacerlo por la red del operador celular a través del código de acceso
(03).

1
Folio 127-141, Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

b.- Al hacerlo, el usuario está obligado a pagar las tarifas que fijan dichos operadores.

c.- Los dos operadores celulares (Comcel S.A. y Telefónica Móvil S.A.), fijaron para
el servicio FIJO-MÓVIL tarifas injustificadamente altas, en relación con las cobradas
para el servicio MÓVIL-FIJO.

d.- Al fijar tarifas injustificadamente altas para el servicio FIJO-MÓVIL, los operadores
celulares persiguieron: (…) – Obtener mayores ingresos por un servicio cuyo costo
para el usuario es injustificadamente alto (…) – Desestimular el uso de la telefonía
fija, en la medida en que el usuario que requiere hacer una llamada fijo-móvil prefiere
utilizar un teléfono celular para cursar la comunicación. Los operadores celulares
obtienen los ingresos por esa comunicación móvil, sin pagar los cargos de acceso
que tendrían que haberle cancelado al operador de telefonía fija en cuya red se originó
la comunicación, si la llamada hubieses sido originada en un teléfono fijo (…) – Excluir
de este mercado a los operadores fijos.

2.- La SIC, mediante la resolución No 029631 de 2008, sancionó a las empresas de
telefonía celular (Comcel S.A. y Telefónica Móviles S.A.), al concluir que la conducta
anterior tipificaba el abuso de posición dominante previsto en el numeral segundo del
artículo 50 del decreto 2153 de 1992.

3.- Los operadores sancionados interpusieron recurso de reposición contra la decisión
anterior y esta fue revocada mediante la resolución No 42828 del 18 de agosto de
2010, acto administrativo contra el cual se dirige la presente demanda.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

I.1.2.1. Las normas violadas

3. La parte demandante consideró que con la expedición del acto administrativo
acusado se transgredió el artículo 50 del Decreto n. ° 2153 de 19922.

I.1.2.2. El concepto de la violación

4. La parte actora resaltó que la Resolución n.° 29631 de 20 de agosto de 2008
proferida por la SIC concluyó que los operadores de telefonía móvil Telefónica
Móviles Colombia S.A., Colombia Móvil S.A. E.S.P. y Comcel S.A. tenían
posición de dominio en los mercados relevantes puesto que tenían la capacidad de
fijar el precio de las llamadas telefónicas en su propia red.

5. Señaló la autoridad administrativa en dicha resolución que tales operadores
estaban incurriendo en aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones
equivalentes, puesto que en el período investigado se evidenció:

(…) una diferencia ostensible de tarifas para operaciones equivalentes, que no
encuentra justificación, al ser similar la infraestructura de red utilizada y ser similares
los costos (…) “…Para el caso en estudio la discriminación hace referencia a la
aplicación de una tarifa diferente para las llamadas realizadas desde un fijo a móvil
frente al usuario que realiza una llamada del móvil a fijo. Cabe resaltar que el elemento

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por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones

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Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

fundamental de la discriminación es la falta de justificación o de razones para otorgar
un beneficio, privilegio o tratamiento desigual para alguna de las partes… (…)

6. Afirmó que los operadores móviles dominantes realizaron la conducta
constitutiva de abuso de posición dominante al aplicar condiciones discriminatorias
consistentes en fijar injustificadamente una tarifa más alta para las llamadas
realizadas de fijo a móvil frente a la que se cobra por las llamadas de móvil a fijo, la
cual tuvo por efecto poner a unos consumidores –aquel que quiere hacer una llamada
a un teléfono móvil desde uno fijo– en una situación de desventaja frente a otro que
se encuentra en condiciones análogas –aquel que prefiere hacer la misma llamada pero
desde un teléfono móvil–. De esta manera, el usuario preferirá hacer la llamada desde
un teléfono móvil que emplear un teléfono fijo.

7. Insistió el actor en que era evidente la conducta discriminatoria puesto que:

(…) quien detenta la posición de dominio por fijar la tarifa coloca al consumidor que
prefiere cursar su llamada desde un teléfono fijo en condición de desventaja, en
relación con otro que – encontrándose en las mismas circunstancias – prefiera hacerla
desde su teléfono móvil. Si el consumidor utiliza el servicio de la telefonía fija en vez
de utilizar los servicios del operador móvil deberá pagar injustificadamente una suma
superior (…) Y, como lo advierte la SIC, en la transcripción hecha anteriormente, lo
que le confiere a los operadores móviles la posición de dominio de la cual abusan
mediante la conducta anterior es precisamente la posibilidad legal que tienen de fijar
la tarifa de la llamada fijo – móvil.

8. Resaltó que, a través de la Resolución n.° 42828 de 18 de agosto de 2010,
acto administrativo acusado, la SIC revocó la sanción impuesta a los operadores de
telefonía móvil considerando que los usuarios del servicio fijo a móvil y móvil a fijo
no se encontraban en condiciones análogas y, por ello, no se cumplía con uno de
los requisitos previstos en el numeral 2° del artículo 50 del Decreto n.° 2153 de
1992.

9. El mismo actor, al referirse a lo argumentado en la mencionada resolución,
anotó lo siguiente:

(…) Lo que hizo en esta resolución, para concluir la inexistencia del abuso de posición
dominante, fue introducir un presupuesto que no está previsto en la norma legal
aplicada. Ello se hizo confundiendo: (…) – Las condiciones que exige la norma para
que se presente la discriminación (…) – Los efectos que esa discriminación debe
producir en los consumidores, para que se estructure la hipótesis fáctica materia de
sanción (…) Se desconoció que: (…) a.- Las condiciones para que se presente la
discriminación están acreditadas cuando se demuestra que los demandados,
abusando de su posición dominante, fijaron tarifas distintas para la comunicación
FIJO-MÓVIL y MÓVIL FIJO (…) b.- Los efectos que tal discriminación genera se
evidencian al estar demostrado que tal discriminación afecta a los usuarios que se
encuentran en residencia y pueden desde allí utilizar dos servicios para comunicarse
con un teléfono móvil y pueden hacerlo desde su teléfono fijo (comunicación fijo-móvil)
o desde su teléfono móvil (comunicación móvil – móvil) (…) 7.- Lo que hizo la SIC
para concluir que no se estructuraba la hipótesis del numeral segundo del artículo 50
fue hacer una exigencia que no está prevista en la norma para deducir la existencia

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Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

de la aplicación de condiciones discriminatorias (…) En otros términos: (…) a.- Para
que se estructure el abuso de posición de dominio previsto en el numeral 5 del artículo
50 del decreto 2153 de 1992, requiere de dos condiciones: (…) – La aplicación de
condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes (…) – El efecto de la
conducta anterior sobre los consumidores (…) La aplicación de condiciones
discriminatorias: Este presupuesto se cumple cuando se establece que se fijan tarifas
más altas para las comunicaciones fijo-móvil que para las comunicaciones móvil-fijo.
En su determinación la norma exige ninguna consideración relativa al consumidor. La
discriminación opera sobre dos operaciones equivalente consideradas en forma
objetiva y sin relación a quien utiliza el servicio. Las dos operaciones tienen costos
equivalentes y resulta injustificado establecer tarifas injustificadamente altas para una
de ellas (…) El efecto de la conducta anterior sobre los consumidores: en este
presupuesto es donde debe establecerse si la discriminación hecha por el operador
dominante afecta a los consumidores y aquí se debe determinar si, cuando ellos se
encuentran en condiciones equivalentes, quedan colocados en situación
desventajosa. Es aquí donde hay que comparar a dos usuarios que se encuentran en
su casa de habitación y tienen la posibilidad de usar el teléfono fijo o el móvil para
comunicarse con un teléfono móvil. Y a partir de allí determinar si el que usa la primera
opción (cursa una comunicación fijo-móvil) queda en situación desventajosa frente al
que utiliza la segunda (cursa una comunicación móvil-móvil) (…) b.- El servicio fijo-
móvil y el servicio móvil-fijo, se comparan para establecer el primer supuesto de la
norma (la aplicación de condiciones discriminatorias); no se compara para establecer
el segundo supuesto de la norma que es el efecto de esa discriminación sobre los
usuarios (…) c.- Lo que hizo la SIC para revocar la sanción fue comparar los usuarios
en el primer supuesto de la norma (aplicación de condiciones discriminatorias),
supuesto que es totalmente objetivo, donde lo que se comparan son operaciones
equivalentes. Introdujo un presupuesto que no está establecido en la norma y
mediante ese expediente revocó la sanción impuesta.

I.2.- La contestación de la demanda por parte de SIC3

10. La SIC, a través de apoderado judicial y dentro de la oportunidad procesal
respectiva, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones
formuladas por el actor.

11. Anotó que en lo que respecta a las actuaciones relacionadas con la infracción
al artículo 50 numeral 2 del Decreto n.° 2153 de 1992, se ha considerado que es
necesario acreditar la presencia de tres requisitos: i) que la empresa investigada
tenga posición dominante en el mercado donde participa; ii) que la empresa aplique
condiciones discriminatorias para operaciones equivalente, y iii) que como
resultado de lo anterior, se ponga a un consumidor o proveedor en una situación de
desventaja frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas.

12. Frente a tales requisitos indicó:

La primera condición supone necesario probar la posición dominante de la empresa
investigada en el mercado respectivo, teniendo en cuenta para ello los elementos de
análisis previamente enunciados (…) Por su parte, la segunda condición implica que
la SIC debe probar que la empresa investigada haya aplicado condiciones
discriminatorias para operaciones que son equivalente (…) Se entiende por
“operaciones equivalentes” a las transacciones que se realicen bajo circunstancias

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Folio 395-412, Cuaderno 1.

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Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

iguales. Ejemplo de ello serían, dos proveedores que realizan una operación
equivalente, si el producto comercializado fuese el mismo, y las condiciones de
transacción fueran idénticas o similares (…) En lo referido al elemento
“discriminación” de la conducta, la SIC ha considerado que se da cuando quiera que
se esté ante una violación del derecho a la igualdad, el cual sólo se transgrede si el
tratamiento diferenciado no está provisto de una justificación objetiva, razonable y
susceptible de verificación. Recientemente, la SIC amplió su significado, en
consideración a que al dar aplicación a condiciones no objetivas, eventualmente se
podría ver falseado el principio del Derecho de la Competencia que promulga la
igualdad con que deben competir en el mercado todos los agentes económicos (…)
Así las cosas, para que exista un acto discriminatorio no basta que se conceda un
trato diferente; se requiere, adicionalmente, que la diferenciación en el trato esté
desprovista de justificaciones económicas razonables (…) Finalmente la tercera
condición supone probar que, cuando se haya dado una discriminación entre
operaciones equivalentes llevadas a cabo por consumidores o proveedores análogos,
dicha discriminación implicó una desventaja para el consumidor o proveedor que la
sufrió. La desventaja puede ser, por ejemplo, la afectación negativa de los ingresos
del agente discriminado.

13. En lo que se refiere al caso en concreto, indicó que la SIC reconsideró su
posición inicial en la cual sancionó a los operadores ante los argumentos que estos
expusieron en sus recursos de reposición, procediendo a revocar la Resolución n.°
29631 de 2008 puesto que no era suficiente acreditar la equivalencia de
operaciones desde la perspectiva de la oferta, atendiendo que ha debido hacerse lo
propio desde la demanda, con lo que no era posible concluir que los usuarios se
encontraran en condiciones similares o análogas, motivo por el cual no se probó el
primero de los presupuestos para la configuración de la conducta sancionada.

14. Afirmó, siguiendo tal argumentación, lo siguiente:

(…) la falta de equivalencia, se estableció a partir del análisis de otras pruebas, como
aquellas referidas a las condiciones de demanda en el período investigado que eran
sustancialmente diferentes en los segmentos FIJO-MÓVIL y MÓVIL-FIJO,
circunstancia que persistió, al menos, hasta la fecha del acto demandado (…) Por otra
parte, se comprobó cómo mientras la demanda asociada a las llamadas MOVIL-FIJO
era regular, continua y creciente, la de FIJO-MOVIL no era uniforme y si, aleatoria, de
manera tal, que el usuario de este segmento, solo acudía a él, en ausencia de
cualquier otro (…) La magnitud del tráfico indicó a su vez, que los usuarios eran
diferentes, como quiera que el usuario del operador celular adquiría un período de
tiempo al aire, mediante las figuras de prepago o pospago, mientras que el usuario
FIJO-MÓVIL, efectuaba las llamadas de forma esporádica (…) Adicionalmente, se
estableció que las condiciones de demanda se dan en virtud a las distintas
valoraciones que de cada uno hace el usuario de cada segmento. Por esto, aun
cuando legalmente fuesen considerados como usuarios móviles, la SIC concluyó que
desde el punto de vista de la necesidad de comunicación no son equivalentes, debido
a que el usuario MOVIL-FIJO puede satisfacer su necesidad en cualquier lugar del
territorio nacional, desde una ubicación fija y móvil, mientras que el usuario FIJO-
MÓVIL está indefectiblemente obligado a efectuar la operación desde un único punto,
aspecto que evidentemente incide en la valoración que el servicio efectúa el usuario
(…) Resulta claro que la norma presuntamente vulnerada se puede configurar tanto
por objeto, como por efecto. Respecto al efecto predicado del numeral 2 del artículo
50 del Decreto 2153 de 1992, lo primero es aclara[r] que para que la práctica
anticompetitiva se dé por efecto, no solo ha debido cumplir con los requisitos exigidos
por la misma, sino que adicionalmente ha debido generar un efecto al mercado (…)

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Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

Teniendo presente lo anterior, resulta evidente para la SIC que aun cuando los
investigados COMCEL Y TELEFÓNICA COLOMBIA, hubiesen, fijado una tarifa más
alta por las llamadas del segmento FIJO-MÓVIL, dicho proceder solo sirve para dar
fe de unos hechos que, de forma autónoma no son suficientes para configurar por sí
mismos, la violación de la norma. Por el contrario, dicho proceder, en el entender de
la SIC, sirvió para probar el acto de discriminación, el cual sin la previa comprobación
de la tantas veces mencionada “equivalencia de condiciones”, carecería de la
vocación para, por si misma, llevar a la SIC a optar por la imposición de una sanción
(…) De tal manera que no existió un efecto restrictivo de la competencia, por falta de
requisitos (…) En cuanto a que: “Un mismo consumidor que requiere satisfacer una
necesidad: comunicarse de su residencia con un teléfono móvil”; lo cierto es que
preliminarmente, se debió establecer que las operaciones FIJO-MÓVIL y MÓVIL-
FIJO, desde el punto de visto económico, eran equivalentes. Desde el punto de vista
de la demanda, como se mencionó previamente, la valoración y utilización de cada
segmento por parte de los usuarios es diversa. En gran medida, debido a que
actualmente, el nivel de penetración de la telefonía móvil puede llegar a superar el de
la telefonía fija, el cual desde hace algunos años es aleatorio e irregular (…) De tal
manera que al considerar que el análisis de la conducta debía versar sobre los
consumidores de telefonía fija, el mismo demandante está obviando la comparación
que necesariamente debía darse entre estos y los usuarios MOVIL-FIJO.

15. Finalmente, consideró que siendo la resolución cuestionada un acto
administrativo de carácter particular, la acción procedente para su enjuiciamiento es
la de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA y no
la de nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA, frente a la cual operó el
fenómeno de la caducidad.

16. Agregó que no se configuró ninguno de los eventos que, de acuerdo a la
teoría de los móviles y finalidades, haría procedente la acción de nulidad, toda vez
que el actor omitió precisar: i) cuál era el interés para comunidad; ii) la afectación al
orden público social o económico; iii) la incidencia trascendental del mismo en el
orden económico y social, o iv) la incuestionable proyección de la decisión adoptada
sobre el desarrollo y bienestar social y económico de un gran número de
colombianos.

I.3. La contestación de la demanda por parte de Telefónica Móviles Colombia
S.A.4

17. Telefónica Móviles Colombia S.A., a través de apoderado judicial y dentro
de la oportunidad procesal respectiva, contestó la demanda y solicitó que se
rechazaran la totalidad de las pretensiones formuladas por el actor.

18. Inicialmente, formuló la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, por cuanto el medio judicial idóneo para juzgar la legalidad
de la resolución acusada es el de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 85 del CCA por tratarse de un acto administrativo que generó efectos
de carácter particular y concreto y cuya declaratoria de nulidad lleva intrínseco el
restablecimiento del derecho.

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Folio 417-432, Cuaderno 1.

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Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

19. En relación con la acción procedente para enjuiciar la resolución cuestionada
–la acción de nulidad y restablecimiento del derecho–, indicó, en primer lugar, que
el actor no tiene ninguna legitimación para promoverla y, en segundo lugar, que la
demanda ha debido ser rechazada por haber operado el fenómeno de la caducidad
pues transcurrieron más de cuatro meses:

(…) entre el día siguiente al de la ejecutoria de la Resolución 42828 del 18 de agosto
de 2010, esto es, a partir del tres (3) de septiembre de 2010, tal como consta en el
folio 378 del expediente, teniéndose entonces para demandar oportunamente en
ejercicio de la presente acción hasta el once (11) de enero de 2011, y siendo que la
demanda fue presentada el diecisiete (17) de enero de 2011, la misma resulta
extemporánea a las luces de la norma anteriormente citada.

20. Estimó, además, que en el presente asunto no se configura ninguno de los
presupuestos señalados en la teoría de los móviles y finalidades para la procedencia
de la acción de nulidad contra el acto administrativo particular cuestionado en este
proceso, destacando que:

(…) el Honorable Consejo de Estado ya se pronunció mediante sentencia de segunda
instancia del veintidós (22) de julio de 2010, en la que consideró que no existió
vulneración a los citados derechos e intereses colectivos, proferida dentro de la acción
popular No. 2004-01848 promovida por Fernando Alberto García Forero contra
Telefónica Móviles Colombia S.A., Comcel S.A., Colombia Móvil S.A. ESP y otros, en
la cual actuó el hoy demandante en su calidad de apoderado judicial de la
empresa ORBITEL S.A. ESP., acción en la que se pretendía, entre otras, el “c.
Adoptar las medidas regulatorias que garanticen que una comunicación de un
teléfono fijo a un teléfono móvil, o viceversa, se someta a una tarifa similar a la que
se debe cobrar al usuario cuando utiliza únicamente la red celular” por cuanto, según
el demandante, no se les garantiza a los usuarios una tarifa similar en comunicaciones
fijo-móvil y móvil-fijo.

21. Posteriormente, se refirió al fondo del asunto, manifestando que el acto
acusado no desconoció el artículo 50 numeral 2° del Decreto n.° 2153 de 1992
puesto que, si bien es cierto que en la Resolución n.° 29631 de 20 de agosto de
2008 se consideró que la conducta de los operadores investigados configuró la
conducta proscrita por la citada norma, la realidad es que, al resolverse los recursos
de reposición contra este acto administrativo, la autoridad administrativa rectificó
sus conclusiones tras verificar que no se acreditó el presupuesto relativo a que las
condiciones discriminatorias pusieran a un consumidor o proveedor en situación
desventajosa frente a otro consumidor o proveedor en condiciones análogas, y citó
para el efecto apartes del recurso de reposición presentado en contra de la
Resolución n.° 29631 de 2008.

22. Indicó que no era cierta la imputación de la demanda consistente en que la
resolución enjuiciada introdujo un elemento que no estaba previsto en el artículo 50
numeral 2° del Decreto n.° 2153 de 1992, pues en el texto de aquel acto
administrativo se analizaron y explicaron los elementos necesarios para la
configuración de la conducta proscrita concluyendo que, si bien se daba el

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Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

presupuesto relativo a la equivalencia de las operaciones, los consumidores fijo-
móvil y móvil fijo no se encontraban en condiciones análogas por lo que no era
posible endilgarles un abuso de su posición dominante.

I.4. Trámite del proceso judicial

23. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso:
i) mediante auto de 1 de diciembre de 20145, tuvo por contestada la demanda por
parte de la SIC y de Telefónica Móviles de Colombia S.A.; ii) a través de auto de
5 de octubre de 20156, decretó las pruebas a ser valoradas en este proceso judicial;
iii) mediante auto de 4 de agosto de 2017 7, declaró fundado el impedimento
presentado por el Consejero de Estado doctor Hernando Sánchez Sánchez, y iv) a
través de auto de 27 de septiembre de 20178, corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones de conclusión y al agente del Ministerio Público para
que, si lo considera pertinente, rinda su concepto.

24. El actor, en sus alegaciones de conclusión9, además de reiterar los
argumentos expuestos en su demanda, indicó:

(…) 1.- Respecto a los argumentos expuestos sobre la supuesta indebida escogencia
de la acción y caducidad de la misma, se precisa que los actos administrativos
particulares pueden impugnarse en acción de simple nulidad (…) La regla general es
que la naturaleza del acto administrativo es lo que define el tipo de acción que debe
ejercerse. Así si el acto administrativo es de contenido particular la acción a ejercer
sería la de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que si el acto de carácter
general, la acción de simple nulidad es la procedente para cuestionar la legalidad del
mismo (…) No obstante, en la doctrina y jurisprudencia se edificó la teoría de los
móviles y finalidades según la cual la acción de simple nulidad también procede
excepcionalmente contra actos particulares y concretos en los casos, cuando: (…)
“situación de carácter individual a que se refiere el acto, comporte un especial interés,
un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con
el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés
colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional, con incidencia trascendental
en la economía nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el
desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos. De otra
parte, el criterio jurisprudencial así aplicado, habrá de servir como de control
jurisdiccional frente a aquellos actos administrativos que no obstante afectar intereses
de particulares, por su contenido y trascendencia impliquen, a su vez, el
resquebrajamiento del orden jurídico y el desmejoramiento del patrimonio económico,
social y cultural de la Nación” (…) En el caso concreto la acción de simple nulidad es
procedente contra la resolución 42828 del 18 de agosto de 2010, pues si bien es un
acto de contenido particular dado que concluye un procedimiento administrativo
sancionatorio en contra de las sociedades Telefónica Móviles Colombia S.A. y Comcel
S.A., lo cierto es que de declarar la nulidad del mismo no existe un restablecimiento
del derecho a favor de quien formula la presente acción (…) Adicionalmente el acto
demandado reviste de un interés general, pues se abstiene de sancionar conductas

5
Folio 469, Cuaderno 1.
6
Folio 471-472, Cuaderno 1.
7
Folio 475-477, Cuaderno 1.
8
Folio 479, Cuaderno 1.
9
Folio 511-522, Cuaderno 1.

9

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

constitutivas de abuso de posición dominante, lo cual repercute directamente en la
comunidad en general usuarios de los servicios de telefonía fija (…) Así, la resolución
demandada tiene un efecto directo en los derechos de los consumidores y usuarios,
el cual constituye un derecho o interés colectivo, según lo estipulado en el literal n)
del artículo 4° de la Ley 472 de 1998 (…) Por ende la acción interpuesta sí es
procedente, por lo que no puede prosperar la excepción de indebida escogencia de
acción, al igual que la de caducidad debido a que la acción de simple nulidad puede
intentarse en cualquier tiempo conforme al literal a) del artículo 136 del Decreto 01 de
1984 y puede interponerse por cualquier persona – artículo 84 Ibídem –.

25. Los apoderados judiciales de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P10
y la SIC11, en sus alegaciones de conclusión, reiteraron los argumentos expuestos
en sus contestaciones de la demanda. El agente del Ministerio Público no intervino
en esta etapa procesal.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. La Sala de Decisión, para efectos de desatar la presente controversia,
abordará los siguientes ejes temáticos: i) su competencia; ii) los actos
administrativos cuestionados; iii) la cuestión previa relacionada excepciones
planteadas, y precisará iv) las conclusiones del análisis efectuado.
II.1. La competencia

27. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de
la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 numeral
1° del CCA12 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación13.

II.2. El acto administrativo acusado

27 El acto administrativo acusado es la Resolución n.° 42828 de 18 de agosto de
2010, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió los
recursos de reposición presentados por Telefónica Móviles Colombia S.A.,
Comcel S.A. y por el ciudadano Adrián Efrén Hernández Urueta, en el sentido de
revocar la Resolución n.° 29631 de 20 de agosto de 2008, a través de la cual se
había decidido sancionar a las sociedades precitadas por haber incurrido en la
conducta prevista en el artículo 50 numeral 2° del Decreto n.° 2153 de 1992.

10
Folio 480-484, Cuaderno 1.
11
Folio 502-506, Cuaderno 1.
12
ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. <Subrogado por el artículo 36 de
la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá
de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (…) 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos
por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones
administrativas del mismo orden.
13
ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Primera (…) 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.

10

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

28. La parte resolutiva del acto administrativo acusado es del siguiente tenor:
«RESUELVE (…) ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas sus partes la resolución
número 29631 de agosto veinte (20) de 2008».

II.3. Cuestión previa –las excepciones de indebida escogencia de la acción y
caducidad–

29. Los apoderados judiciales de la SIC y de Telefónica Móviles Colombia S.A.
consideraron que la Resolución n.° 42828 de 18 de agosto de 2010, expedida por
la SIC, es un acto administrativo particular y concreto cuya nulidad llevaría intrínseco
un restablecimiento del derecho pues lo que se pretende es la firmeza de las
sanciones pecuniarias impuestas a las sociedades investigadas en la Resolución
n.° 29631 de 20 de agosto de 2008, por lo que su enjuiciamiento debió realizarse
por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho –no por la acción de
nulidad– siendo indebidamente escogida la acción por parte del actor, lo cual acarrea
como consecuencia, frente a tal vía procesal –la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho– que el demandante no tiene legitimación en la causa por activa y la
caducidad de la acción por haber transcurrido más de cuatro (4) meses entre el día
de la ejecutoria del acto acusado y la presentación de la demanda.

30. Para desatar las excepciones formuladas por las entidades demandadas se
debe resaltar que mientras con la acción de nulidad –prevista en el artículo 84 del
CCA14– se persigue la defensa de la legalidad y del orden jurídico en abstracto, con
la de nulidad y restablecimiento del derecho –prevista en el artículo 85 del CCA15– se
busca no sólo la defensa del ordenamiento jurídico, sino el resarcimiento de un
derecho subjetivo lesionado por un acto administrativo.

31. De esta manera, a diferencia de la acción de simple nulidad, que puede ser
ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo, la de nulidad y
restablecimiento del derecho sólo puede ser incoada por la persona que se crea
lesionada, esto es, por el titular del derecho presuntamente desconocido por el acto
administrativo y dentro del término establecido en el ordenamiento jurídico.

32. Conviene señalar que la acción que debe ejercerse depende de la naturaleza
del acto administrativo, de allí que, si se trata de un acto administrativo de contenido
particular y concreto, la acción procedente sería la de nulidad y restablecimiento del

14
ARTICULO 84. ACCION DE NULIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. Subrogado por el artículo 14 del
Decreto 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho
de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
15
ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. <Subrogado por el artículo 15 del Decreto
2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o
la devolución de lo que pago indebidamente.

11

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

derecho; y si el acto es de carácter general, la acción ordenada para cuestionar la
legalidad del acto administrativo sería la de nulidad.

33. La Sala, sin perjuicio de lo anterior, ha precisado lo siguiente16:

(…) Sin embargo, según la teoría de los motivos y las finalidades aplicada por el
Consejo de Estado se ha considerado que la acción de nulidad también procede,
excepcionalmente, en contra de los actos particulares y concretos en los casos en
que la situación de carácter individual comporte un interés para la comunidad de tal
magnitud que vaya aparejado con el afán de legalidad.
De esta manera, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 4 de marzo de
200317, consideró expresamente lo siguiente:

“En virtud de las anteriores consideraciones y en procura de reafirmar una posición
jurisprudencial en torno de eventuales situaciones similares a la que ahora se
examina, estima la Sala que además de los casos expresamente previstos en la ley,
la acción de simple nulidad también procede contra los actos particulares y concretos
cuando la situación de carácter individual a que se refiere el acto, comporte un
especial interés, un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que
vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial”.

Además de lo anterior, los efectos de la sentencia en estos casos no conllevan a un
restablecimiento del derecho subjetivo sino a la restauración del orden jurídico en
abstracto, pero es posible que con la protección del orden jurídico general se
produzca un restablecimiento del derecho, caso en el cual la acción procedente es la
de nulidad y restablecimiento del derecho.

En este sentido, esta Corporación de manera reiterada y pacífica ha considerado que
acción de nulidad no es procedente cuando el restablecimiento de derechos
subjetivos es automático por el solo efecto de la nulidad (…).

34. Con fundamento en las anteriores premisas, y en lo atinente a la naturaleza
del acto objeto de enjuiciamiento en este proceso, es claro que el acto administrativo
particular o individual es el que crea, modifica, extingue o afecta situaciones
jurídicas personales, individuales o subjetivas y que tiene efectos jurídicos directos
e inmediatos sobre personas identificadas o identificables individualmente,
independientemente del número de ellas.

35. En este concepto se encuadra el acto acusado, esto es, la Resolución n.°
42828 de 18 de agosto de 2010 puesto que modificó la situación jurídica particular
y subjetiva de las sociedades que fueron declaradas infractoras del artículo 50
numeral 2° del Decreto n.° 2153 de 1992 y a las cuales se les impuso una multa
equivalente a $923.000.000 en la Resolución n.° 29631 de 200818, en el sentido de

16
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente:
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 73001-23-31-000-2009-00204-01. Actor: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL E.S.E. DE
DOLORES – TOLIMA.
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 04 de marzo de 2003. Radicado: 11001-
03-24-000-1999-05683-02(IJ-030) M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Actor: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR.
18
(…) RESUELVE (…) ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la conducta objeto de investigación realizada por las empresas
Telefónica Móviles S.A., Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., contraviene lo previsto en el numeral 2 del artículo 50 del
Decreto 2153 de 1992.

12

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

revocar en todas sus partes tal acto administrativo, extinguiendo, en consecuencia,
la sanción que les fue impuesta, todo lo cual implica que la vía procesal para su
enjuiciamiento era la de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

36. Ahora bien, conviene indicar que si bien las decisiones judiciales de esta
Corporación han aceptado «la demanda de nulidad simple frente a acto particular
cuando quien demanda no es el afectado en su derecho sino un tercero que tan
solo busca proteger su legalidad objetiva»19 –como podría considerarse al actor–,
también han señalado que «si como efecto de la sentencia que resuelve la acción
de nulidad se puede generar automáticamente un restablecimiento automático del
derecho en favor del demandante o de un tercero, así este advierta que su único
interés es la defensa de la legalidad en abstracto, la acción idónea para acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa es la de nulidad y restablecimiento del
derecho»20.

37. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que el demandante señaló que
se trata de un tercero en busca de proteger la legalidad objetiva, también lo es que
el mismo accionante fue quien presentó la queja que dio origen al procedimiento
administrativo cuestionado en el proceso de la referencia, y lo hizo en su condición
de apoderado de Orbitel S.A. EPS21.

38. Llama la atención de la Sala que quien fungió como apoderado de la sociedad
quejosa en el citado procedimiento administrativo, esto es, de la empresa Orbitel
S.A. EPS, decida demandar para obtener la protección de la legalidad en abstracto,
una vez la autoridad administrativa ha desestimado los reclamos asociados a su
denuncia.

39. En el anterior contexto, cabe resaltar que la eventual nulidad de la
Resolución n.° 42828 de 18 de agosto de 2010, produciría efectos «ex tunc», esto
es, desde el momento en que se profirió el acto anulado22, lo cual «(…) permite

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer una sanción pecuniaria a cada una de las sociedades que se indican a continuación, por la
suma de novecientos veintitrés millones de pesos ($923.000.000) (…) Telefónica Móviles S.A. (…) Comunicación Celular
S.A., Comcel S.A.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco Popular, cuenta N° 05000024 – 9 a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional – Fondos
Comunes Código Rentístico 350300 o en aquellos municipios donde no hubiere oficina del Banco Popular, en el Banco Agrario
cuenta N° 070-020010-8, a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional Fondos Comunes y acreditarse ante la pagaduría de
esta Superintendencia mediante la presentación del original de dicha consignación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a
la fecha de la ejecutoria de la resolución.
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, declarar que Colombia
Móvil S.A. E.S.P. no es responsable de la conducta imputada y por lo tanto ordénese el archivo de la presente investigación.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo (…) entregándoles copia del
mismo e informándoles que contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el
Superintendencia de Industria y Comercio en el acto de notificación o dentro de los 5 días siguientes a la misma.
19
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente:
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicación número:
25000-23-24-000-2012-00572-02. Actor: ANA DORIS PINTO, LUIS GUILLERMO DE DIOS CAMELO, CARLOS ANDRÉS
BALLARES, HERNANDO VARGAS Y AGUSTÍN ORTIZ.
20
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente:
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número:
08001-23-31-000-2011-00673-01. Actor: ELKIN RAFAEL FRUTO PIZARRO.
21
Antecedentes Administrativos, Expediente n.° 04-126607, Carpeta n.° 1.
22
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente:
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
11001-03-24-000-2009-00109-00. Actor: LUÍS BERNARDO DÍAZ GAMBOA.

13

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

asumir que las cosas vuelven al estado anterior al de la expedición del acto anulado
(…)»23 y tal estado de cosas, en el caso objeto de juzgamiento, reviviría la existencia
de la Resolución n.° 29631 de 2008 –y su firmeza–, acto administrativo que, como se
indicó anteriormente, declaró las sociedades Telefónica Móviles S.A. y Comcel
S.A. trasgredieron el artículo 50 numeral 2° del Decreto n.° 2153 de 1992 y, como
consecuencia de ello, les impuso una sanción pecuniaria.

40. Sumado a ello, debe ponerse de relieve que la decisión administrativa
sancionatoria que reviviría ante el eventual pronunciamiento anulatorio, generaría
un beneficio particular para los operadores de telefonía fija, entre los que se cuenta
precisamente la sociedad quejosa –Orbitel S.A–, consistente en que las
sancionadas deberán modificar el comportamiento que originó la imposición de la
sanciones pecuniarias y cuya materialización puede deducirse del contenido de la
queja presentada por el citado operador.

41. En armonía con lo expuesto, se trae a colación el contenido de la queja
presentada por Orbitel S.A. en la que se indica lo siguiente:

(…) II. LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA:

1.- Las diferencias tarifarias en el tráfico fijo-móvil y móvil fijo ha posibilitado el
desplazamiento de los usuarios de los operadores fijos hacia los operadores
móviles, con lo cual dicha práctica ha logrado el propósito de restringir la
participación en el mercado del servicio de comunicación FIJO-MOVIL y en
general la utilización del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada
(TPBC).

(…)

3.- Al implementar este esquema tarifario, los operadores de telefonía móvil celular
denunciados, han adquirido una cuota de mercado significativa en el segmento del
tráfico hacia móviles sin que existan méritos que así lo justifiquen, pues las diferencias
tarifarias no responden a mayor eficiencia en el uso de los recursos, sino a un trato
diferencial e injustificado.

Los operadores denunciados se presentan como las mejores alternativas a los
usuarios que deseen llamar a móviles, no porque la calidad de sus servicios sea
superior, o porque hayan conquistado dicho segmento del mercado en un ámbito de
libre competencia. Han conquistado el mercado simplemente porque aplicando un
tratamiento tarifario discriminatorio, imponen tarifas más baratas que las tarifas que –
ellos mismos – imponen para el servicio fijo-móvil.

En otros términos:

Los móviles han ganado participación en el mercado de la telefonía
o servicios de voz, no a partir de la gestión eficiente de sus redes y
servicios, sino porque han venido sosteniendo un esquema tarifario

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Consejero Ponente:
MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Radicación número:
68001-23-31-000-2010-00689-01(21616). Actor: METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
23
BERROCAL GUERRERO LUÍS ENRIQUE, “Manual del Acto Administrativo”, Librería Ediciones del Profesional Ltda.,
Bogotá, 2015, pág. 563.

14

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

que desincentiva el tráfico desde los terminales fijos, sin que exista
una razón justificada (…)

5.- Si la diferencia tarifaria se fundara en razones de eficiencia el desplazamiento de
clientes y el fenómeno sustitutorio sería el resultado normal de la interacción de las
fuerzas del mercado. Pero si, como en este caso, la ventaja surge del otorgamiento
de un trato diferencial a agentes en igualdad de condiciones, ha de concluirse
que esta ventaja es ilegal porque nace de una práctica anticompetitiva, que
logra restringir la participación en el mercado de agentes distintos a aquellos
que ostentan la posición de dominio en el mismo.

6.- La conducta descrita en los hechos de la denuncia, desarrollada por los
operadores de telefonía móvil celular constituye un acto de ABUSO DE POSICIÓN
DOMINANTE que afecta el mercado de las comunicaciones móvil-fijo-móvil
restringiendo indebidamente las comunicaciones fijo-móvil y restringiendo la
utilización de los teléfonos fijos para realizar comunicaciones a teléfonos
móviles.

(…)

7.- Una primera aproximación que en forma simple permite determinar el mercado
relevante en el que los operadores celulares están desarrollando la práctica
anticompetitiva que se denuncia, puede ser la siguiente: (…) e.- De este modo, para
la necesidad que se pretende satisfacer (comunicación de un sitio residencial o similar
a un teléfono móvil) de entrada se ha logrado excluir a un agente o competidor
que puede ofrecer este servicio en el mercado y que es precisamente el
operador que está en condiciones de prestar el mismo servicio desde un
teléfono fijo.

En otros términos, para la utilización de este servicio, los agentes que deberían
competir serían los operadores que prestan el servicio desde el terminal fijo y los
operadores celulares; y la desproporcionada discriminación tarifaria establecida
por los operadores denunciados para las comunicaciones fijo-móvil determina
que, de entrada se restrinja severamente la entrada de los primeros
competidores en este mercado.

(…)

11.- Los operadores de telefonía móvil celular no están interesados en promover la
competencia en el servicio FIJO-MÓVIL, porque ella afecta su propio mercado que es
el móvil-móvil. Están por el contrario, interesados en desestimular la utilización
del teléfono fijo, restringiendo la entrada de este servicio, lo cual logran con la
práctica anticompetitiva objeto de la presente denuncia, la cual desarrollan: (…)
– Al tener la facultad de fijar libremente las tarifas (…) – Al realizar una
discriminación injustificada en su fijación, toda vez que, sin existir razón para
ello determinan un precio mucho más alto para las comunicaciones fijo-móvil
que para las comunicaciones móvil-fijo.

(…)

13.- Los citados operadores de telefonía móvil celular, abusan de dicha posición
dominante al fijar tarifas notoriamente más altas para las comunicaciones fijo-móvil
que aquellas que fijan para las comunicaciones móvil-fijo y con dicha conducta
anticompetitiva, las empresas denunciadas, logran el efecto de desestimular,
indebidamente, la utilización del teléfono fijo para realizar comunicaciones

15

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

hacia los teléfonos móviles, restringuiendo indebidamente la prestación de este
servicio.

42. De esta manera, si bien es cierto que la eventual declaratoria de nulidad de
la Resolución n.° 42828 de 2010 no comportaría un restablecimiento del derecho
automático a favor del actor, la realidad es que tal pronunciamiento beneficiaría a
otros terceros, esto es, a otros operadores de telefonía fija, dentro de los que se
encuentra aquella sociedad que presentó la queja que dio origen al procedimiento
administrativo y que fue representada por el ahora actor, en tanto se obtiene la
firmeza de la sanción impuesta a los mencionados operadores de telefonía móvil.
Lo anterior conduce a que no sean de recibo las alegaciones del accionante en este
aspecto.

43. En efecto, resulta evidente que la queja presentada por el actor –como
apoderado de Orbitel S.A. EPS– y que dio lugar al procedimiento administrativo en el
cual se expidió el acto acusado, permite develar un interés particular en cabeza de
Orbitel S.A. EPS –y de otros operadores de telefonía fija distintos a los sancionados–
consistente en que no se le restringiera el acceso al mercado de llamadas de fijo-
móvil y viceversa, a través de la fijación, por parte de los operadores de telefonía
móvil, de tarifas más altas para las comunicaciones móvil-fijo que, de acuerdo con
dicha sociedad, carecían de alguna justificación, lo cual ha generado el
desplazamiento de los usuarios de los operadores fijos hacia los operadores
móviles.

44. Siendo así las cosas, se advierte que la nulidad de la resolución acusada
tendría como efecto automático, entonces, obligar a los operadores de telefonía
móvil, ante la firmeza de la declaratoria de contravención del artículo 50 numeral 2°
del Decreto n.° 2153 de 1992 y de la imposición de las sanciones pecuniarias, a
ajustar las tarifas de las llamadas fijo-móvil, lo cual eliminaría –se reitera,
siguiendo el propósito de la queja formulada por Orbitel S.A. EPS– las restricciones
de acceso a tal mercado, desestimulando el desplazamiento de los usuarios
fijos a los operadores móviles.

45. Tampoco resulta aceptable el argumento consistente en que el acto
demandado reviste de un interés general «(…) pues se abstiene de sancionar
conductas constitutivas de abuso de posición dominante, lo cual repercute
directamente en la comunidad en general usuarios de los servicios de telefonía fija
(…) Así, la resolución demandada tiene un efecto directo en los derechos de los
consumidores y usuarios, el cual constituye un derecho o interés colectivo, según lo
estipulado en el literal n) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998 (…)» pues del análisis
de la controversia no se vislumbra que conlleve «(…) la existencia de un interés
para la comunidad de tal envergadura “(…) que vaya aparejado con el afán de
legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o
comunitario, de alcance y contenido nacional, con incidencia trascendental en la
economía nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y

16

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

bienestar social y económico […]"24» cuestiones que mucho menos fueron
desarrolladas y explicadas por el actor y que, además, solo fueron enunciadas en
las alegaciones de conclusión.

46. De esta manera, es evidente la inadecuada escogencia de la acción por
cuanto el enjuiciamiento de la Resolución n.° 42828 de 18 de agosto de 2010 ha
debido llevarse a cabo mediante el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no obstante, el reconocimiento de tal excepción no
implica, en sí misma, la ineptitud de la demanda dado que:
(…) en situaciones como la que nos ocupa, esta Sala ha señalado25 que el hecho de
que el interesado haya invocado el ejercicio de la acción pública de nulidad, prevista
en el artículo 84 del CCA, no convierte per se la demanda en inepta, dado que, en
aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial, el juzgador debe interpretarla
y analizar si se dan o no los presupuestos para la viabilidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 ibidem.26

47. Así las cosas y siguiendo las contestaciones de la demanda anteriormente
mencionadas, la Sala analizará, bajo el prisma de la acción procedente para
cuestionar la legalidad del citado acto administrativo, esto es, la acción de nulidad y
restablecimiento i) si la demanda fue presentada en la oportunidad debida, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 136 numeral 2° del CCA 27 y ii) si le asiste al
actor legitimación en la causa por activa para cuestionar la legalidad del acto
acusado a través de la precitada acción.

48. Inicialmente, y en lo atinente a la legitimación en la causa por activa en la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala ha mencionado que «(…)
conforme con el artículo 85 del CCA, la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho es de carácter subjetivo, razón por la cual solo puede ser ejercida por quien
acredite una afectación directa por causa del acto administrativo cuestionado 28, o
siquiera exprese que se siente lesionado con el mismo»29 y del estudio de la
demanda se puede evidenciar que el actor, en momento alguno, ha demostrado
haber sufrido transgresión de sus derechos e intereses jurídicamente
protegidos a causa del acto administrativo acusado, ni lo manifestó, ni tal
cuestión se infiere de aquella, razón por la cual carece de tal legitimación, de
lo cual surge la imposibilidad de que se aborde el fondo de la cuestión debatida.

24
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente:
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020). Radicación número:
17001-23-31-000-2008-00235-01. Actor: GERMÁN JAVELA CHÁVEZ. Demandado: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD
DE CALDAS
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 6 de octubre de 2017, CP María
Elizabeth García González, número único de radicación 25000-23-24-000-2008-00447-01.
26
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número:
15001-23-31-000-2007-00246-01. Actor: URIEL FRANCISCO BONILLA CURREA.
27
ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto
es el siguiente:> (…) 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero
no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de marzo de 2013, C.P.
Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación, 11001-03-24-000-2006-00367-01.
29
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN. Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 15001-23-31-000-2007-
00246-01. Actor: URIEL FRANCISCO BONILLA CURREA.

17

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

49. De acuerdo con lo expuesto, no resulta necesario el análisis relativo a la
oportunidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en el presente asunto.
II.4. La conclusión

50. La Sala, entonces, evidenció que resultaba próspera la excepción de
indebida escogencia de la acción en la medida en la Resolución n.° 42828 de 18
de agosto de 2010 ha debido cuestionarse a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual dio lugar a la interpretación de la demanda
para adecuarla a tal vía procesal y, de esta manera, analizar si se cumplían los
presupuestos para su viabilidad, en particular, i) su presentación en la oportunidad
debida –esto es, que no hubiera operado la caducidad de la acción– y, ii) la
presencia de legitimación en la causa por parte del actor.

51. Advirtió que el actor carecía de legitimación en la causa por activa pues no
demostró haber sufrido transgresión de sus derechos e intereses jurídicamente
protegidos a causa del acto administrativo acusado, ni lo manifestó, ni tal cuestión
se infiere de la demanda, de lo cual surge que no sea posible decidir sobre el fondo
del asunto y que se dicte, en consecuencia, sentencia inhibitoria30.

II.5. El reconocimiento de apoderados judiciales

52. La Sala, en atención a los documentos que se encuentran en el expediente,
reconocerá como apoderados judiciales de la SIC i) al abogado Álvaro de Jesús
Yáñez Rueda, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 1.014.192.869 y la tarjeta
profesional de abogado n.º 236.645 del Consejo Superior de la Judicatura31; y ii) al
abogado Diego Alfonso Matiz Hurtado, identificado con la cédula de ciudadanía
n.° 1.010.217.093 y la tarjeta profesional de abogado n.° 289.07132, en los términos
de los poderes que les fueron conferidos.

53. Asimismo, en atención a los documentos que se encuentran en el expediente,
reconocerá como apoderado judicial de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP,
sociedad absorbente por fusión de Telefónica Móviles Colombia S.A., al abogado
Oscar Samir Martínez Peña, identificado con la cédula de ciudadanía n.º
80.822.365 y la tarjeta profesional de abogado n.º 264.983 del Consejo Superior de
la Judicatura33, en los términos del poder que le fue conferido.

54. De otro lado y en relación con el reconocimiento de los apoderados judiciales,
se advierte que de acuerdo con el artículo 76 del Código General del Proceso:

30
Al respecto ver: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA.
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019). Radicación número: 13001-23-31-000-1999-00824-01. Actor: MARTHA JOSEFINA ARRIETA SANABRIA.
31
Folio 507-510, Cuaderno 1.
32
Folio 544-547, Cuaderno 1.
33
Folio 485-501, Cuaderno 1.

18

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación
en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro
apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o
gestiones determinadas dentro del proceso (…) El auto que admite la revocación no
tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha
providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez
que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con
independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del
monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los
criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho.
Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante
el juez laboral (…) Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del
apoderado fallecido (…) La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días
después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la
comunicación enviada al poderdante en tal sentido (…) La muerte del mandante o
la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha
presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o
sucesores (…) Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien
lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea
revocado por quien corresponda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en
la causa y, en consecuencia, INHIBIRSE de decidir sobre las pretensiones
formuladas en la demanda.

SEGUNDO: RECONOCER como apoderados judiciales de la SIC i) al abogado
Álvaro de Jesús Yáñez Rueda, identificado con la cédula de ciudadanía n.º
1.014.192.869 y la tarjeta profesional de abogado n.º 236.645 del Consejo Superior
de la Judicatura34; y ii) al abogado Diego Alfonso Matiz Hurtado, identificado con
la cédula de ciudadanía n.° 1.010.217.093 y la tarjeta profesional de abogado n.°
289.07135, en los términos de los poderes que les fueron conferidos.

TERCERO: RECONOCER como apoderado judicial de Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP, sociedad absorbente por fusión de Telefónica
Móviles Colombia S.A., al abogado Oscar Samir Martínez Peña, identificado con
la cédula de ciudadanía n.º 80.822.365 y la tarjeta profesional de abogado n.º
264.983 del Consejo Superior de la Judicatura36, en los términos del poder que le
fue conferido.

34
Folio 507-510, Cuaderno 1.
35
Folio 544-547, Cuaderno 1.
36
Folio 485-, Cuaderno 1.

19

Radicación: 110010324000 2011 00002 00
Demandante: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Demandado: SIC

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Consejera de Estado Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

[P4]

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