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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00033-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00033-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la sucesión procesal solicitada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de intervención de Juan Diego Buitrago Galindo como coadyuvante de la parte demandante. TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la pretensión de nulidad del artículo 9.º de la Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de 2010, expedido por el Ministro de la Protección Social (hoy Ministro de Salud y Protección Social), en los términos y por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 25 de enero de 2018, expediente identificado con número único de radicación 11001-03-24- 000-2011-00445-00, que negó la pretensión de nulidad del artículo 9 de la Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de 2010, expedido por el Ministro de la Protección Social. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 61 Número único de radicación: 110010324000201100033-00 Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00033-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad

Número único de radicación: 110010324000201100033-00

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

Demandadas: Nación – Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Salud
y Protección Social)1

Tema: Se resuelve sobre la demanda presentada contra la Nación - Ministerio de
Protección Social respecto de la legalidad de los artículos 1.º y 9.º de la Resolución
núm. 4377 de 29 de octubre de 2010

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Marcela Ramírez
Sarmiento contra la Nación - Ministerio de Protección Social.

1 De conformidad con los artículos 6 y 9 de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 “[…] Por medio de la cual se

escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para
modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
y se dictan otras disposiciones. […]” se escindió el Ministerio de la Protección Social y se creó el Ministerio
de Salud y Protección Social, el cual asumió las funciones que estaban asignadas al Despacho del
Viceministro de Salud y Bienestar.

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Número único de radicación: 110010324000201100033-00
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Marcela Ramírez Sarmiento, en adelante la parte demandante2, presentó
demanda3 contra la Nación - Ministerio de Protección Social, en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del
Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante, Código Contencioso
Administrativo, para que se declare la nulidad de los artículos 1.º y 9.º de la
Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de 2010, “[…] Por la cual se modifican las
Resoluciones 3099 y 3754 de 2008 […]”, expedida por el Ministro de la Protección
Social.

La pretensión

2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión5:

“[…]
VI. DECLARACIONES

2 Actuando en nombre propio.

3 Cfr. folios 10 a 30 y 35 a 40 del expediente.

4 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

5 Folio 23.

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

Solicito al Honorable Consejo de Estado declarar la nulidad de los artículos 1°
y 9° de la Resolución 4377 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.884
del 5 de noviembre de 2010 […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar su pretensión:

3.1. Adujo que, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
SGSSS, el Plan Obligatorio de Salud, POS, fue definido para cubrir solamente los
servicios, medicamentos o procedimientos que estuvieran determinados o
explícitos y, por lo tanto, no se le puede poner a cargo de las EPS servicios de
carácter indeterminado e incierto.

3.2. Indicó que la parte demandada con el acto administrativo acusado decidió
unilateralmente ampliar el contenido del Plan Obligatorio de Salud, estableciendo
que "[...] se deberá considerar que el POS incluye los medicamentos contenidos
en el listado vigente, independientemente de la forma de comercialización que se
utilice (genérico o de marca) [...]" (Destacado fuera de texto).

3.3. Manifestó que el acto administrativo acusado establece que las EPS deben
asumir el valor de los medicamentos en la presentación comercial y, por lo tanto,
estos no pueden ser objeto de recobro al FOSYGA.

3.4. Indicó que la Comisión de Regulación en Salud, CRES, no incluyó en el
POS la presentación comercial de los medicamentos.

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

3.5. Expresó que los medicamentos genéricos, (denominación común
internacional) son más económicos que los denominados comerciales y, es por
esta razón, que fueron escogidos para el suministro de los pacientes, con el fin de
cubrir la atención de las patologías de los afiliados.

3.6. La parte demandada no contaba con la competencia para imponer servicios
a cargo de las entidades promotoras de salud, EPS, "[...] máxime cuando dichos
servicios, en los términos de la Resolución que se demanda, son indeterminados,
pues el valor por medicamentos comerciales que no reconocerá el Estado a las
EPS, no se sabe cuánto pueda significar y por ser no POS no están financiados
con recursos de la UPC, dejando su cubrimiento en los patrimonios de las EPS
que no tienen por qué soportar esta carga adicional a los servicios dados en
concesión por el mismo Estado y que supone un desequilibrio económico [...]".

3.7. Indicó que no es jurídicamente posible que la parte demandada, con el acto
administrativo acusado, introduzca una interpretación ampliada del POS sin existir
un estudio epidemiológico ni actuarial, tampoco una modificación legal real del
POS, por parte de la Comisión de Regulación en Salud.

3.8. Adujo que pretender que se cubra el costo de medicamentos en
presentación comercial, al no estar expresamente autorizados en el plan de
beneficios que regula el POS, es imponer a las entidades promotoras de salud
obligaciones que les son ajenas.

3.9. Los servicios que deben ser garantizados por las entidades promotoras de
salud, con cargo a las UPC como principal fuente de financiamiento de dichas

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entidades, están limitados al POS para garantizar la estabilidad financiera del
sistema.

Normas violadas

4. La parte demandante indicó como normas violadas las siguientes6:

• Artículos 13, 48 y 121 de la Constitución Política.

• Artículos 156, 162 y 245 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19937.

• Artículo 7 y 182 de la Ley 1122 de 9 de enero 20078.

• Artículo 38 del Acuerdo núm. 08 de 20099.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló como cargos de nulidad y explicó el concepto
de violación, así:

Cargo primero: El alcance del Plan Obligatorio de Salud10

6 Las normas que la parte demandante considera infringidas se enlistan en el acápite III “[…] LAS NORMAS

SUPERIORES VIOLADAS […] (folio 11).
7 “[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.

8
"[...] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones [...]".
9
"[...] Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado [...]".
10
Se trascribe textualmente la denominación que la parte demandante le dio a cada uno de los cargos de
nulidad indicados en la demanda.

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6. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los
siguientes argumentos:

6.1. El artículo 7.° de la Ley 1122 establece que es la Comisión de Regulación
en Salud la que tiene, entre otras, la función de "[...] [D]efinir y modificar los Planes
obligatorios de Salud (POS) que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) [...]".

6.2. El artículo 162 de la Ley 100 dispone que "[...] para los afiliados cotizantes
según las normas del régimen contributivo, el contenido del Plan Obligatorio de
Salud que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud será el
contemplado por el Decreto-Ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones,
incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación
genérica [...]".

6.3. El artículo 16 del Decreto 2200 de 28 de junio de 200511 establece que las
prescripciones médicas deben hacerse utilizando la denominación común
internacional (nombre genérico).

6.4. "[...] El Artículo demandado señala que de acuerdo con lo provisto en el
parágrafo 1° del artículo 38 del Acuerdo 08 de 2009 de la CRES, se deberá
considerar que el POS incluye los medicamentos contenidos en el listado vigente,
independientemente de la forma de comercialización que se utilice (genérico o de
marca) [...]"; sin embargo, la parte demandada "[...] ha interpretado erróneamente
los conceptos utilizados por la CRES, [...] principio activo, prescripción y
suministro, no se pueden confundir entre sí, por lo tanto no puede afirmarse

11 "[...] Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones [...]".

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válidamente que la CRES incluyó la presentación comercial de los diferentes
principios activos en el POS [...]".

6.5. "[...] Si bien el final del parágrafo del Artículo 38 del Acuerdo 08 de la CRES,
en el que dice fundarse la Resolución 4377 de 2010, estipula que “Al paciente le
será suministrada cualquiera de las alternativas autorizadas por el INVIMA del
principio activo, forma farmacéutica y concentración prescritos,
independientemente de su forma de comercialización (genérico o de marca)”, tal
aparte claramente se limita a hablar del suministro del medicamento, es decir de
la entrega efectiva del medicamento recetado por el médico al paciente, queriendo
significar con ello que será legal, o viable entregarlo en cualquier presentación, sin
que ello implique que la posibilidad de la entrega de una presentación comercial
implique su inclusión automática en el POS, ni su obligatoriedad para las EPS [...]".

Cargo segundo: La financiación de los servicios no POS y el recobro al
FOSYGA12

7. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los
siguientes argumentos:

7.1. Indicó que el Estado se encuentra en la obligación, a través del FOSYGA
en el régimen contributivo, de cubrir las prestaciones en salud no POS que sean
ordenadas por el médico tratante para restablecer la salud de las personas.

12
Se trascribe textualmente la denominación que la parte demandante le dio a cada uno de los cargos de
nulidad indicados en la demanda.

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7.2. El acto administrativo acusado establece que las EPS deben asumir el valor
de los medicamentos en la presentación comercial y, por lo tanto, no pueden ser
objeto de recobro al FOSYGA.

7.3. La Ley 1122 dispone que los servicios suministrados no POS deben ser
asumidos por al FOSYGA; razón por la cual, el acto administrativo acusado atenta
contra el equilibrio de las EPS y contra el equilibrio del sistema de salud.

Cargo tercero: Violación de la competencia administrativa – falta de
competencia de la parte demandada para fijar los contenidos del POS

8. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en el
siguiente argumento:

8.1. Le correspondía solo a la Comisión de Regulación en Salud dictar los
lineamientos en materia de inclusión de servicios de salud en el POS y no a la
parte demandada.

Contestación de la demanda

Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

9. El Ministerio de Salud y Protección Social contestó la demanda y se opuso a
la pretensión formulada, así13:

13 Cfr. folios 116 a 123 del cuaderno principal del expediente.

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9.1. Indicó como cuestión preliminar, que el acto administrativo acusado fue
expedido para "[...] frenar abusos y el desmesurado incremento de los recobros
por medicamentos, procedimientos y dispositivos no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud (POS) que se realizan ante el FOSYGA [...]"; razón por la
cual, con el acto administrativo acusado se adoptaron, entre otras, las siguientes
medidas:

"[...] 1. Los medicamentos de marca no podrán ser recobrados cuando el
genérico esté incluido en el POS.

2. La solicitud de recobro no se tramitará hasta cuando la EPS no haya
realizado el correspondiente reporte al Sistema de Información de Precios de
Medicamentos – SISMED.

3. Una solicitud de recobro no será tramitada hasta tanto no se presente la
información de conformidad con el Código único Nacional de Medicamentos
(CUM), con el fin de facilitar su control.

4. Queda prohibido a una EPS volver a presentar una solicitud de recobro que
haya sido rechazada de manera definitiva por el FOSYGA con anterioridad
[...]".

Frente al cargo primero: El alcance del Plan Obligatorio de Salud

9.2. Adujo que el acto administrativo acusado recogió lo dispuesto por la
Comisión de Regulación en Salud, CRES, mediante el Acuerdo núm. 008 de 2009,
"[...] Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de
Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado [...]", expedido por el
Presidente de la Comisión de Regulación en Salud.

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9.3. Indicó que no es cierto que la parte demandada haya interpretado
erróneamente lo dispuesto por la Comisión de Regulación en Salud y, por el
contrario, el acto acusado es en su integridad concordante y congruente con lo
dispuesto por dicha autoridad administrativa, la cual tiene la competencia para
definir lo que se encuentra definido o no en el POS.

Frente al cargo segundo: La financiación de los servicios no POS y el
recobro al FOSYGA

9.4. Expresó que el acto acusado no es contrario a lo dispuesto en el artículo
162 de la Ley 100, por cuanto en dicha norma no se establece, como lo quiere
hacer ver la parte demandante, que en el Plan Obligatorio de Salud solo se
encuentran incluidos los medicamentos en su presentación genérica.

9.5. Indicó que lo establecido de manera expresa por el artículo 162 de la Ley
100 es que el contenido del POS será el que defina el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud, hoy Comisión de Regulación en Salud -CRES, "[...] en
el cual se incluye “la provisión de medicamentos esenciales en su presentación
genérica”, lo cual es obvio pues de otra forma el listado del POS tendría que incluir
todos los nombres comerciales existentes en el mercado y que corresponden
únicamente a la designación que cada laboratorio le asigna a los principios activos,
en las formas farmacéuticas y prestaciones incluidas en el plan [...]".

Frente al cargo tercero: Violación de la competencia administrativa – falta de
competencia de la parte demandada para fijar los contenidos del POS

9.6. Adujo que no podía ser objeto de declaratoria de nulidad los apartados
acusados, toda vez que estos se limitaron a recoger lo dispuesto, en su momento,
por la Comisión de Regulación en Salud en el artículo 38 del Acuerdo 008 de 2009.

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Alegatos de conclusión

10. El Despacho sustanciador14, vencido el término probatorio y mediante el auto
proferido el 29 de agosto de 201715, resolvió correr traslado común a las partes
por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al
Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar
de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado
artículo, el cual se surtió en los siguientes términos:

10.1. La parte demandante guardó silencio en este momento procesal.

10.2. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, ADRES16, presentó los mismos argumentos que en su momento
habían sido expuestos por la parte demandada en la contestación de la demanda.

10.3. El Ministerio de Salud y Protección Social guardó silencio en este

momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

14 El auto fue proferido por el Consejero de Estado (E), doctor Carlos Enrique Moreno Rubio.

15 Cfr. folio 182 cuaderno principal.
16 La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES,

mediante apoderada, solicitó que se reconociera a dicha entidad como sucesor procesal de la parte
demandada, constituida por la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social – y el Fondo de
Solidaridad y Garantía (en adelante FOSYGA).

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11. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa rindió concepto
solicitando no acceder a la pretensión de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:

11.1. Indicó que la causa de controversia se centra en si la parte demandada,
con el acto acusado, incorporó o no medicamentos de marca comercial al Plan
Obligatorio de Salud, POS. Para el efecto consideró que se debe tener en cuenta
que la Comisión de Regulación en Salud, CRES, mediante el artículo 38 del
Acuerdo núm. 008 de 2009 reguló que: "[...] además de señalar que hacen parte
del POS los principios activos del anexo N.° 1, dispone que al paciente le debe ser
suministrada cualquiera de las alternativas autorizadas por el INVIMA de ese
principio activo ordenado por el Médico, independiente de su forma de
comercialización [...]".

11.2. Expresó que se le permite a las EPS entregar los medicamentos que
correspondan al principio activo prescrito por el médico, entre las alternativas
autorizadas; sin embargo, si la EPS entrega un medicamento de marca, existiendo
uno genérico, no podrá hacer el recobro a través del FOSYGA.

11.3. Adujo que el acto acusado no está incorporando indirectamente al POS
medicamentos no genéricos o medicamentos de marca, sino previendo una regla
de control con el fin que se entreguen medicamentos genéricos que correspondan
al principio activo y no de marca o comerciales con el correspondiente recobro al
FOSYGA.

El coadyuvante

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12. Juan Diego Buitrago Galindo17, encontrándose el proceso en etapa de
traslado a las partes para alegar de conclusión, presentó escrito indicando que,
actuando como coadyuvantes de la parte demandante, solicita se acceda a la
pretensión de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

12.1. “[…] Resulta contraevidente el argumento de la apoderada de la entidad
demandada al señalar que cuando el artículo 162 de la Ley 100 de 1993 dispone
que el POS incluye medicamentos esenciales “en su presentación genérica”, lo
que quiere decir es que incluye los de marca, pero no lo dijo solo para no tener
que individualizar cada marca existente el mercado. Es de observar que, si el
artículo 162 de la Ley 100 de 1993 hubiera querido que el POS incluyera
medicamentos de marca, solo habría tenido que decir que incluye medicamentos
en su presentación genérica “o de marca” […]”.

12.2. Indicó que, para el momento de expedición del acto acusado, el POS era
definido por la Comisión de Regulación en Salud y, por lo tanto, la parte
demandada "[...] invadió la competencia de dicha entidad al disponer que el POS
incluye medicamentos de marca [...]".

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) cuestiones
previas sobre la sucesión procesal y la coadyuvancia; iv) el problema jurídico; v)
el marco normativo sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud; y vi)
el análisis del caso en concreto.

17 Actuando en nombre propio.

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Competencia de la Sala

14. Vistos: i) el numeral 1.° del artículo 128 del Código Contencioso
Administrativo18 sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia,
aplicable en los términos del artículo 30819 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201120, sobre el régimen de transición y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, sobre la distribución de los procesos entre las
secciones de esta Corporación, la Sala considera que es competente para conocer
del presente asunto.

15. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad de que trata
este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a
continuación.

Acto administrativo acusado

18 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala

de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […]”.
19 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
20 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”.

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16. Los artículos 1.° y 9.° de la Resolución núm. 4377 de 201021 establecen lo
siguiente:

“[…]
RESOLUCIÓN 4377 DE 2010
(octubre 29)

Diario Oficial No. 47.884 de 5 de noviembre de 2010

Por la cual se modifican las Resoluciones 3099 y 3754 de 2008.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en los
artículos 173 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo 4o del artículo 13 de la Ley
1122 de 2007,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Adiciónase un parágrafo al artículo 7o de la Resolución 3099
de 2008, con el siguiente contenido:

“Parágrafo. En el evento de que fueren autorizados medicamentos contenidos
en el Listado de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, estos no podrán
ser recobrados ni serán pagados por el Fosyga”.

[…]

21
El acto administrativo acusado fue derogado por el artículo 25 de la Resolución núm. 458 de 22 de febrero
de 2013, "[...] Por la cual se unifica el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía
(Fosyga) y se dictan otras disposiciones [...]", expedida por el Ministro de Salud y Protección Social

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ARTÍCULO 9o. Adiciónase un parágrafo al artículo 18 de la Resolución 3099
de 2008, con el siguiente contenido:

“Parágrafo. Para efectos del recobro, el Ministerio de la Protección Social o la
entidad que se defina para ello de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1o
del artículo 38 del Acuerdo 08 de 2009 de la CRES y demás normas que lo
modifiquen, deberán considerar que el POS incluye los medicamentos
contenidos en el listado vigente, independientemente de la forma de
comercialización que se utilice (genérico o de marca)” […]".

16.1. La disposición adicionada por los apartados acusados es la siguiente:

"[...]
RESOLUCIÓN 3099 DE 2008
(agosto 19)

Diario Oficial No. 47.088 de 21 de agosto de 2008

Por la cual se reglamentan los Comités Técnico-Científicos y se establece el
procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga,
por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y
prestaciones de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS,
autorizados por Comité Técnico-Científico y por fallos de tutela

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
artículo 173 de la Ley 100 de 1993,

[…]

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Número único de radicación: 110010324000201100033-00
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

RESUELVE
CAPITULO I.

DE LOS COMITÉS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS.

ARTÍCULO 7o. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN, APROBACIÓN
Y DESAPROBACIÓN. Las prescripciones u órdenes médicas deberán ser
presentadas al Comité por el médico tratante y se tramitarán conforme al
siguiente procedimiento:

a) La o las prescripciones u órdenes médicas y justificación en caso de ser un
medicamento no incluido en el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio
de Salud, POS, será presentada y debidamente sustentadas por escrito por
el médico tratante adjuntando la epicrisis o resumen de historia clínica del
paciente, el nombre del medicamento en su denominación común
internacional, identificar su grupo terapéutico, principio(s) activo(s)
individuales o combinados, concentración, forma farmacéutica, número de
días/tratamiento, número de dosis/día y cantidad autorizada del medicamento
solicitado y el nombre del medicamento en su denominación común
internacional del medicamento o de los medicamentos incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud del mismo grupo terapéutico que se remplazan o
sustituyen, con la descripción de su principio(s) activo(s), concentración y
forma farmacéutica, y el número de días/tratamiento y dosis equivalentes al
medicamento autorizado, y si es necesario, la información sobre resultados
de ayudas diagnósticas, información bibliográfica, situaciones clínicas
particulares y casuística;

b) La o las prescripciones u órdenes médicas y justificación en caso de ser un
servicio médico o prestación de salud no incluido en el Plan Obligatorio de
Salud, POS, será presentada y debidamente sustentada por escrito por el
médico tratante adjuntando la epicrisis o resumen de historia clínica del
paciente y la identificación del o los servicios médicos y prestaciones de salud
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, que se remplazan o sustituyen,
equivalentes al o los servicios médicos y prestaciones de salud autorizados, y
si es necesario, la información sobre resultados de ayudas diagnósticas,
información bibliográfica, situaciones clínicas particulares y casuística;

c) El Comité, dentro de la siguiente sesión a la presentación de la o las
prescripciones u órdenes médicas y justificación por parte del médico tratante,
deberá establecer su pertinencia y decidir sobre la petición presentada
mediante la elaboración de la respectiva acta;

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d) Si se requiere allegar información o documentación adicional, en la misma
sesión, el Comité la solicitará al médico tratante, quien debe suministrarla
dentro de los dos (2) días siguientes. Así mismo, si se requiere conceptos
adicionales al emitido por el médico tratante, se solicitarán entre profesionales
de la salud de la misma especialidad en el término anteriormente establecido.
El Comité, dentro de la semana siguiente, deberá decidir sobre la autorización
o negación de la petición formulada;

e) El Comité podrá autorizar tratamientos ambulatorios hasta por un máximo
de tres (3) meses, tiempo que se considera pertinente para que el Comité
Técnico-Científico nuevamente analice el caso y si la respuesta al tratamiento
es favorable, determine la periodicidad con la que se continuará autorizando
y suministrando el medicamento, el que en ningún caso podrá ser por tiempo
indefinido.

Para el caso de pacientes con tratamientos crónicos a los cuales y después
de haber realizado el proceso antes mencionado se les determine un tiempo
de tratamiento definitivo para el manejo de su patología, los períodos de
autorización podrán ser superiores a tres (3) meses y hasta por un (1) año, en
cuyo caso el Comité Técnico-deberá hacer la evaluación por lo menos una (1)
vez al año y determinar la continuidad o suspensión del tratamiento.

Una vez autorizado por parte del Comité Técnico-Científico el medicamento,
servicio médico o prestación de salud no incluido en el Manual Vigente de
Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud o en el Manual Vigente de
Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, la entidad administradora de planes de beneficios
deberá garantizar el suministro del medicamento, servicio médico o prestación
de salud al usuario y tendrá la posibilidad de solicitar el recobro
correspondiente ante el Fosyga, de conformidad con lo establecido en la
presente resolución. En el caso de las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado, deberán presentar el recobro ante las entidades
territoriales competentes.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 4377
de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En el evento de que fueren
autorizados medicamentos contenidos en el Listado de Medicamentos
del Plan Obligatorio de Salud, estos no podrán ser recobrados ni serán
pagados por el Fosyga.

[…]

ARTÍCULO 18. El Ministerio de la Protección Social o la entidad autorizada
que se defina para tal efecto, aprobará y pagará las solicitudes de recobro al

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Fosyga por concepto de medicamentos, servicios médicos o prestaciones de
salud No POS autorizados por el Comité Técnico-Científico o por fallos de
tutela, por un valor diferente al solicitado, una vez realizada la auditoría
integral por las causales y códigos que se señalan a continuación:

a) Cuando exista error en los cálculos del recobro (Código 4-01);

b) Cuando el porcentaje recobrado por semanas de cotización no coincida con
la certificación aportada (Código 4-02);

c) Cuando como consecuencia del Acta del Comité Técnico-Científico o fallo
de tutelase incluyan prestaciones contenidas en los planes de beneficios
(Código 4-03);

d) Cuando el valor de la factura en letras sea diferente al valor consignado en
números, caso en el cual se atenderá el valor en letras (Código 4-04);

e) Cuando uno o varios ítems incluidos en el recobro presente alguna causal
de rechazo o devolución (Código 4-05);

f) Cuando uno o varios de los datos contenidos en el medio magnético no
corresponde a lo diligenciado en el formato físico, se atenderá a lo contenido
en el físico (Código 4-06);

En estos eventos, previa realización de la auditoría y elaboración del
documento “Liquidación Oficial de Conceptos”, según la documentación
anexa a la solicitud, esta será aprobada y pagada por un valor diferente al
recobrado. Si con posterioridad al pago las entidades administradoras de
planes de beneficios demuestran que sus datos están debidamente
soportados, se ajustarán, aprobarán y pagarán las diferencias a que hubiere
lugar.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 9 de la Resolución 4377
de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del recobro, el
Ministerio de la Protección Social o la entidad que se defina para ello de
acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1o del artículo 38 del Acuerdo 08
de 2009 de la CRES y demás normas que lo modifiquen, deberán
considerar que el POS incluye los medicamentos contenidos en el
listado vigente, independientemente de la forma de comercialización que
se utilice (genérico o de marca) [...]" (Destacados son los apartados
acusados en la presente demanda)

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Cuestiones previas

15. Esta Sala previo a determinar el problema jurídico, se pronunciará sobre las
siguientes cuestiones previas:

15.1. Control de legalidad respecto a normas derogadas

15.1.1. Esta Corporación22., respecto del control de normas derogadas ha
dispuesto que, resulta procedente el examen sobre su conformidad o no con el
ordenamiento superior, en la medida en que la presunción de legalidad que reviste
a los actos administrativos solo puede desvirtuarse con el pronunciamiento que al
respecto profiera el Juez o Tribunal Administrativo que corresponda. Ello en razón
a que la desaparición de un acto en virtud de su derogatoria no trae consigo el
reconocimiento en torno a su validez, mientras estuvo vigente.

15.1.2. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación consideró:

“[…] En estas circunstancias la Sala observa que no son de
recibo las consideraciones expuestas por el a quo en cuanto a
la carencia de objeto o sustracción de materia para fallar de
fondo, por efecto de la derogación de dicha norma. El sólo
evento de su derogatoria no lo sustrae o retira del todo mundo
jurídico sino que su retiro mediante este mecanismo, sólo cuenta
para situaciones o actuaciones que surjan con posterioridad a
su derogatoria, de modo que necesariamente ha de tenerse
como existente para situaciones pertinentes que se produjeron

22 Consejo de Estado, Sección Primera de 7 de octubre de 2007, radicación número (2030696) 11001-03-24-

000-2007-00010-00, y la de 18 de julio de 2009, radicación número 11001-03-25-000-2004-00139-01,
Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de Estado, Sección Primera de 05 de octubre
de 2000, radicación número (252207) CE-SEC1-EXP2000-N5929 -5929, Consejo Ponente: Manuel Santiago
Urueta Ayola. Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de mayo de 2017, radicación número (2098473)
11001-03-26-000-2009-00024-00 (36476).

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bajo su amparo, es decir, que frente a éstas la norma se
presume legal, hasta tanto no se diga lo contrario por la
jurisdicción contencioso administrativa.

“Además, en virtud de tales situaciones, surgen fenómenos
jurídicos como el de la ultractividad, que puede ocasionar que
sus efectos se prolonguen en el tiempo. De allí que la anulación
tenga efectos jurídicos retroactivos (ex tunc) en el sentido de
retrotraer la situación al momento en que fue expedido el acto
anulado, tal como si éste nunca hubiera existido, dejando a
salvo, claro está, las situaciones consolidadas. Todo lo cual a su
vez implica que, por lo menos, en teoría no es cierto que resulte
inocuo examinar mediante acción de simple nulidad la
juridicidad o legitimidad de un acto administrativo ya
derogado[…]”. 23

15.1.3. En el caso sub examine las normas acusadas ya no se encuentran
vigentes, por cuanto la Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de 2010 fue
expresamente derogadas por disposición del artículo 25 de la Resolución 458 de
22 de febrero 201324 y esta, a su vez, también fue derogada por el artículo 54 de
la Resolución 5395 de 24 de diciembre de 201325 la que también fue derogada,
salvo en lo previsto en título segundo, por el artículo 81 de la Resolución 1328 de
15 de abril de 201626 y por la Resolución 3951 de 31 de agosto de 201627,
expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, que igualmente derogó

23 NOTA DE RELATORIA - Reiteración jurisprudencial sentencia de 14 de enero de 1991 Expediente S - 157

Magistrado Ponente Doctor Carlos Gustavo Arrieta y sentencia de 23 de julio de 1996, Expediente S - 612
Magistrado Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa”.
24
Por la cual se unifica el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y se
dictan otras disposiciones”,
25
“Por la cual se establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA y
se dictan otras disposiciones”,
26
“por el cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, garantía del suministro,
verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el
plan de beneficios en salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”
27
“por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación,
control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”;

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mediante el artículo 94, en lo pertinente, a la Resolución 1328 de 15 de abril de
2016.

15.1.4. No obstante que los preceptos demandados se encuentran derogados, en
virtud de lo que dispone la jurisprudencia indicada supra, ello no impide adelantar
el correspondiente control, en vista de que, en su momento, surtieron efectos, cuya
validez e implicaciones estarían atadas a lo que al respecto se decida, teniendo
en cuenta que un eventual pronunciamiento de nulidad, en principio, tendría
efectos retroactivos, con el correspondiente restablecimiento de las cosas a su
estado anterior, esto es, como sí los actos cuestionados nunca hubiesen existido.

15.1.5. Por lo tanto, en aras del principio de legalidad, la Sala, en el caso sub
examine, se pronunciará sobre la conformidad o no de los actos acusados con el
ordenamiento superior, la cual, eventualmente, incidirá en los efectos que se
produjeron durante su vigencia.

15.2. Sucesión procesal

15.2.1. Visto el contenido del artículo 68 del Código General del Proceso28, sobre
la sucesión procesal que establece:

“[…] ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o
declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con
tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de
alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el
derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal
carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos
aunque no concurran

28 Anteriormente artículo 60 del CPC.

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El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá
intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en
el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho
consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente
[...]” (Destacado fuera de texto).

15.2.2. Esta Corporación29, frente a los requisitos que deben cumplirse para la
procedencia de la sucesión procesal dispuso:

“[...]Quiere decir, que por distintas razones puede ocurrir que, durante el
desarrollo del proceso, una de las partes [actor o demandado] en cualquier
momento pueda ser reemplazado por otro sujeto que pasa a ocupar su lugar
en el litigio, que produce como efecto inmediato el cambio de titularidad de los
derechos subjetivos que conforman el objeto del proceso. El fenómeno es
conocido como sucesión procesal. Atendiendo a la causa que la origina, se
debe distinguir entre sucesión procesal por muerte de una de las partes y la
sucesión procesal surgida por transferencia de la cosa en litigio por acto entre
vivos. De suerte que para que se produzca la sucesión procesal se deben dar
los siguientes requisitos: 1. 1. Después de producida la litispendencia, se
provoque la transferencia del derecho litigioso que es objeto del
proceso; 2. Dicha transferencia genera un cambio de partes, y 3. En la
relación procesal pendiente se solicite, notifique y decrete el cambio de
partes, antes que se dicte una sentencia que alcance el efecto de cosa
juzgada. [...]” (Negrilla fuera de texto).

15.2.3. Atendiendo a que la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, ADRES solicitó, en la etapa de alegatos de
conclusión, que se reconociera a dicha entidad como sucesor procesal de la parte

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Segunda, Subseccion “B” Consejera
ponente: Bertha Lucia Ramirez de Paez. Sentencia de 15 de agosto de 2013. Radicado número: 41001-23-
31-000-2001-00822-01(1548-11) R

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demandada, constituida por la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social –
y el Fondo de Solidaridad y Garantía (en adelante FOSYGA).

15.2.4. La Sala considera que en el caso sub examine, la solicitud de sucesión
procesal no se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el artículo
68 del Código General del Proceso para que sea procedente, toda vez que: i) el
Ministerio de Salud y Protección Social no ha sido objeto de extinción; ii) de
conformidad con los artículos 6 y 9 de la Ley 144430 se escindió el Ministerio de la
Protección Social y se creó el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual
asumió las funciones que le estaban asignadas a aquel; y iii) el acto acusado fue
expedido por el Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Salud y
Protección Social) sin la participación del entonces Fondo de Solidaridad y
Garantías – FOSYGA.

15.2.5. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala negará la solicitud de sucesión
procesal solicitada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES

15.3. La coadyuvancia

15.3.1. Visto el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, sobre
intervención de terceros31, dispone que en “[…] los procesos de simple nulidad
cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o

30
“[…] Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al
Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. […]”
31 Vigente para la época en que se radicó la solicitud de coadyuvancia.

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impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera
o en única instancia […]” (Destacado fuera de texto).

15.3.2. Visto el artículo 267 ibidem, sobre aspectos no regulados, prevé que en
“[…] los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo […]” (Destacado fuera de texto).

15.3.3. Visto el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, sobre intervenciones
adhesiva y litisconsorcial, determina que “[…] El coadyuvante podrá efectuar los
actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en
oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio
[…]” (Destacado fuera de texto).

15.3.4. Atendiendo a que el señor Juan Diego Buitrago Galindo en la etapa de
traslado a las partes para alegar de conclusión, presentó escrito indicando que
actúa como coadyuvante de la parte demandante sin que haya formulado nuevos
cargos o que la solicitud de anulación comprenda otras disposiciones del acto
acusado.

16. La Sala aceptará la solicitud de intervención de Juan Diego Buitrago Galindo,
como coadyuvante de la parte demandante, al haberse presentado dentro de la
oportunidad procesal que establece el artículo 14632 del Decreto 01 de 1984.

32
“[…] Artículo 146. En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como
parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar de conclusión en
primera o en única instancia […]”.

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17. Precisado lo anterior, esta Sala procederá a determinar el problema jurídico
de la siguiente manera:

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda y la respectiva
contestación de demanda, determinar:

18.1. De manera oficiosa, si está probada la excepción de cosa juzgada, en
relación con los actos acusados.

18.2. En caso de no estar probada la excepción de cosa juzgada, se analizará si
los artículos 1.º y 9.º de la Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de 2010 están
viciados de nulidad por la infracción de normas de rango constitucional y legal
invocadas, y por haber sido expedidos con falta de competencia.

Excepción de cosa juzgada

19. Visto el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia
se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador
encuentre probada.

20. Visto el artículo 282 del Código General del Proceso dispone que, en
cualquier clase de proceso, “[…] cuando el juez halle probados los hechos que
constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia,
salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse
en la contestación de la demanda […]”.

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21. La Sección Primera de esta Corporación, sobre las facultades del juez para
declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, consideró lo siguiente 33:

“[…] si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
C.P.C. se trata de una excepción que puede alegarse como previa, tal cosa no
significa que revista dicha naturaleza. En efecto, la doctrina la ha calificado como
una excepción mixta, pues pese a su naturaleza perentoria, recibe el trámite propio
de una excepción de mérito; por consiguiente, puede proponerse por la parte
demandada desde un primer momento, o, si esto no ocurre, puede declararse por
el juez aún de oficio, en el momento de dictar sentencia. Más aún en acciones
populares cuando la propia ley dispone que el juez la declarará en la sentencia […]”
(Destacado fuera de texto).

22. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, de oficio, el juez
debe declarar probada la excepción de cosa juzgada, teniendo en cuenta que
este medio exceptivo es un instrumento que no beneficia exclusivamente a una
parte procesal, sino que garantiza los principios que rigen el procedimiento, como
la igualdad, la confianza legítima, la seguridad jurídica y el non bis in idem y, con
ello, la vigencia del orden justo.

23. En consecuencia, los principios que rigen el Estado Social de Derecho les
exigen a los jueces “[…] ser consistentes con las decisiones que adoptan,
impidiendo que un mismo asunto sea estudiado y fallado nuevamente por la
autoridad judicial, en oportunidad diferente y de distinta manera […]”34.

Cosa juzgada en el proceso de nulidad

24. El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, sobre la cosa
juzgada, dispone:

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de abril de

2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 540012331000200500118-
01(AP).
34 Corte Constitucional; sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

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“[…] ARTICULO 175. COSA JUZGADA. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes".

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo
en relación con la "causa petendi" juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo
objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración
a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de
un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]”.

25. De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que en los
procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de la demanda,
producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “[…] lo cual significa que la
decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo,
se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto demandado sea
exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la causa invocada para
sustentar la nulidad deprecada […]”35; es decir, la sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, sin atender
la causa petendi o los argumentos alegados, situación que impide que pueda
presentarse un pronunciamiento nuevo en relación con el acto administrativo
acusado.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de octubre

de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 110010325 0002006 00388
00.

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26. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las
pretensiones, esta producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero en
relación con la causa petendi que está contenida en los cargos o en el concepto
de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; de ello se
infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una acción de
nulidad hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, respecto de los cargos que dan
lugar a su presentación.

Elementos de la excepción de cosa juzgada en procesos de nulidad

27. Visto el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201224, aplicable en
virtud del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, se considera que
los elementos de la cosa juzgada son: i) identidad jurídica de partes; ii) identidad
de objeto; e iii) identidad de causa.

28. En este contexto, la cosa juzgada se estructura a partir de dos premisas: i)
una objetiva, relacionada con el objeto y la causa de la controversia; y ii) otra
subjetiva, relativa a los sujetos que intervienen en un proceso. Así lo ha precisado
la Sala Plena del Consejo de Estado al considerar lo siguiente36:

“[…] La institución de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporación, está
sujeta a dos límites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que versó el
debate y la causa petendi de la prestación, y el subjetivo, que tiene que ver con las
personas que fueron parte en el proceso. Así mismo, la cosa juzgada se predica de
los puntos que han sido materia expresa de la decisión de una sentencia y sólo
puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia necesaria o depender
indispensablemente de ella, se reputan tácitamente decididos. Los principios
tutelares de esta institución jurídica son los establecidos en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil, los cuales son aplicables al proceso contencioso
administrativo, por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo. Según el artículo 332 ibídem, cabe plantear la cosa juzgada con

36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 26 de julio de 2005; C.P.

Ana Margarita Olaya Forero; número único de radicación 110010315000199900217-01.

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30

Número único de radicación: 110010324000201100033-00
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

éxito solo si concurren los tres elementos señalados en ella, esto es, que en ambos
procesos exista identidad de partes, de objeto y de causa. La jurisprudencia y la
doctrina han señalado que la identidad de partes no es física sino jurídica, lo cual
explica la previsión del inciso segundo del precitado artículo, al entender que hay
identidad de partes cuando los del segundo proceso son sucesores por causa de
muerte de los que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto
intervivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda. Así mismo la
jurisprudencia ha dicho que este tercer requisito, denominado límite
subjetivo de la institución de la cosa juzgada, no tiene aplicación alguna en
los procesos contencioso administrativos de nulidad, pues las sentencias
que sobre ellos recaiga tienen un valor erga omnes, como lo establece el
artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, lo cual implica que son
oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos,
iniciar nuevamente el debate judicial. Además en estos procesos la parte
actora no promueve la acción en interés particular, sino en interés del orden
jurídico […]” (Destacado fuera de texto).

Solución del caso concreto en relación con la cosa juzgada

29. En el caso sub examine, revisado el software “Sede Electrónica para la
Gestión judicial, SAMAI”, se constató que la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 25 de enero de 201837, resolvió una demanda de
nulidad contra el artículo 9 de la Resolución 4377 de 29 de octubre de 2010,
expedida por el Ministerio de Salud (antes Ministerio de Protección Social).

30. Con el objeto de verificar si se configuró la excepción de cosa juzgada en
relación con la pretensión de nulidad del acto administrativo indicado supra, la
Sala procede al estudio de sus elementos, en los siguientes términos:

30.1. Respecto de la identidad de partes, la Sala reitera que, en tratándose de
procesos contra un acto administrativo de carácter general como el caso sub lite,
la identidad jurídica entre las partes, es un aspecto que carece de relevancia para
la configuración de la cosa juzgada en la medida en que, todas los ciudadanos

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. María Elizabeth

García González; sentencia de 25 DE ENERO de 2018; núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2011-
00445-00

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31

Número único de radicación: 110010324000201100033-00
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

están habilitados para “[…] interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley […]”38, en consecuencia, no es necesario que la parte
demandante de las demandas correspondan a la del proceso primigenio porque
entre unos y otros existe un interés común, como es la defensa de la Constitución
Política y la ley.

30.2. Respecto de la identidad de objeto, que se refiere a las pretensiones de
los procesos, la Sala encuentra acreditado este requisito, por lo siguiente:

Elemento Proceso de nulidad Caso sub examine
11001032400020110044500 11001032400020110003300

La parte demandante pretende “[…] Solicito al Honorable
la nulidad de los artículos 3° de Consejo de Estado declarar la
la Resolución 4752 de 13 de nulidad de los artículos 1° y 9°
octubre 2011 y 9° de la de la Resolución 4377 de 2010,
Resolución 4377 de 29 de publicada en el Diario Oficial No.
octubre de 2010, expedidas por 47.884 del 5 de noviembre de
Objeto
el Ministerio de Salud (antes 2010 […]”.
Ministerio de Protección Social).

30.2.1. La parte demandante, en el caso sub examine, pretende que además de la

nulidad del artículo 9 de la Resolución núm. 4377 de 2010, se declare la nulidad
del artículo 1.° del mencionado acto.

30.2.2. En consecuencia, la identidad de objeto se presenta respecto del artículo
noveno (9.°).

38 Constitución Política, artículo 40, numeral 6.

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

30.3. Respecto de la identidad de causa petendi, que corresponde a los cargos
formulados en las demandas, se evidencia lo siguiente39:

Elemento Proceso de nulidad Caso sub examine

11001032400020110044500 11001032400020110003300

“[…] A juicio del demandante, los Artículos 13, 48 y 121 de la Constitución
actos acusados vulneran los Política.
artículos 6° y 189 (numeral 11)
Artículos 156, 162 y 245 de la Ley 100
de la Constitución Política; 172 y
de 23 de diciembre de 199341.
182 de la Ley 100 de 1993; 7° de
la Ley 1122 de 2007; y el artículo Artículo 7 y 182 de la Ley 1122 de 9 de
38 (parágrafo 1°) del Acuerdo enero 200742.
008 de 2009, expedido por la
CRES (Comisión de Regulación Artículo 38 del Acuerdo núm. 08 de
de Salud) […]”Considera que, el 200943.
referido Ministerio con la
Normas expedición de estas dos normas
violadas usurpó funciones de la Comisión
de Regulación de Salud (CRES)
ya que indirectamente incorporó
en el Plan Obligatorio de Salud
los medicamentos con
denominación de marca, lo cual
no es de su competencia sino de
la CRES, entidad que en el
parágrafo 1 del artículo 38 del
Acuerdo 008 de 2008, al
respecto, se limitó a señalar que
el POS incluye los
medicamentos indistintamente

39 Los apartados destacados corresponden a los elementos que configuran la identidad de causa pretendi

que comparten las demandas.
41 “[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.

42
"[...] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones [...]".
43
"[...] Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado [...]".

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33

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

de su forma de comercialización,
pero, en ningún caso, lo que, la
reglamentación demandada
pretende. […]”40

“[…] las dos normas “[…] Si bien el final del parágrafo del
demandadas (modificatorias, artículo 38 del Acuerdo 08 de la
respectivamente, de los artículos CRES, en el que dice fundarse en la
9° y 18 de la Resolución 3099 de resolución 4377 […], tal aparte
2008), coinciden en su contenido claramente se limita a hablar del
y alcance, por cuanto ambas suministro del medicamento, es decir
precisan que, para efectos del de la entrega efectiva del medicamento
recobro, el plan obligatorio de recetado por el médico al paciente,
Cargos salud del régimen contributivo y queriendo significar con ello que será
subsidiado incluye los legal, o viable entregarlo en cualquier
medicamentos, identificados por presentación, que la posibilidad de la
su componente esencial, entrega de una presentación comercial
independientemente de la forma implique su inclusión automática en el
de comercialización que se POS, ni su obligatoriedad para las EPS
utilice, sea genérico o de marca. […]”
[…]”

“[…] Considera que, el referido "[...] El Artículo demandado señala que
Ministerio con la expedición de de acuerdo con lo provisto (SIC) en el
estas dos normas usurpó parágrafo 1° del artículo 38 del Acuerdo
funciones de la Comisión de 08 de 2009 de la CRES, se deberá
Regulación de Salud (CRES) ya considerar que el POS incluye los
que indirectamente incorporó en medicamentos contenidos en el listado
el Plan Obligatorio de Salud los vigente, independientemente de la
medicamentos con forma de comercialización que se utilice
denominación de marca, lo cual (genérico o de marca) [...]"; sin
no es de su competencia sino de embargo, la parte demandada "[...] ha
la CRES, entidad que en el interpretado erróneamente los
Cargos parágrafo 1 del artículo 38 del conceptos utilizados por la CRES, [...]
Acuerdo 008 de 2008, al principio activo, prescripción y
respecto, se limitó a señalar que suministro, no se pueden confundir
el POS incluye los entre sí, por lo tanto no puede afirmarse
medicamentos indistintamente válidamente que la CRES incluyó la
de su forma de comercialización, presentación comercial de los diferentes
pero, en ningún caso, lo que, la principios activos en el POS [...]".
reglamentación demandada
pretende. […]”

“[…] Señala que, las El acto administrativo acusado

40
Apartes extraídos de la sentencia de 25 de enero de 2018 dentro del proceso 2011-00445.

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34

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

resoluciones demandadas no establece que las EPS deben asumir el
hacen cosa distinta que extender valor de los medicamentos en la
la cobertura del POS al incluir presentación comercial y, por lo tanto,
medicamentos de marca, con el no pueden ser objeto de recobro al
único propósito de que las FOSYGA.
EPS no puedan generar el
recobro sobre los mismos y
con esto, a su parecer, no se
persigue brindar mayor
protección del derecho a la
salud, sino un fin económico
consistente en permitir un mayor
ahorro para el Estado, pero en
detrimento del flujo de recursos
de las EPS. […]”
“[…] Concluye señalando, que la “[…] No se pueden poner a cargo de las
Unidad de Pago por Capitación EPS servicios de carácter
(UPC) es el rubro que el Estado indeterminado, pues como ya vimos, los
reconoce a las EPS, destinado a servicios a cargo de dichas entidades
cubrir los medicamentos en su tienen una clara restricción en los
denominación común estudios de la UPC que las financia, y
internacional (genérico) y sin por otro lado, que para que se puedan
incluir los de marca. […]” incluir este tipo de obligaciones se deba
agotar un procedimiento previo y formal,
en el que se involucren criterios técnicos
y científicos por parte del órgano
competente para ello […]”

“[…] Estima que, los actos “[…] El MPS atenta contra el equilibrio
demandados eliminan de plano de las entidades que de buena fe han
la posibilidad de recobro de los contratado con el Estado, y contra el
medicamentos de marca, lo que equilibrio mismo de del sistema […]”
desvirtúa el equilibrio
económico predicable de la
relación ESTADO-EPS ya que
corresponde a estas últimas
Cargos entidades asumir el costo de un
medicamento de marca, lo cual
considera, desconoce la
jurisprudencia constitucional
(sentencia T-760 de 2008),
concerniente al reconocimiento
del mayor costo de estos
medicamentos. […]”

Respecto de la competencia Respecto de la competencia

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“[…] Para sustentar la La aparte demandante sostiene que le
extralimitación de funciones correspondía solo a la Comisión de
atribuida al Ministerio en Regulación en Salud dictar los
mención, transcribió apartes de lineamientos en materia de inclusión de
sentencias de esta Corporación, servicios de salud en el POS y no a la
alusivas a la facultad limitada de parte demandada.
la potestad reglamentaria que
ostenta el Presidente de la
República, la cual, según
advierte, debe ser ejercida
dentro de las fronteras que
marcan la Constitución y la Ley,
y en aras, precisamente, de
contribuir a la concreción de la
norma reglamentada, estando
vedada la posibilidad de ampliar,
suprimir, modificar o restringir su
sentido. […]”

31. De acuerdo con lo anterior, los cargos formulados contra el artículo 9 de la
Resolución núm. 4377 de 2010 coinciden, en lo fundamental, en las dos (2)
demandas objeto de estudio, esto es: i) imposibilidad de recobros al FOSYGA por
medicamentos comerciales; y ii) falta de competencia para fijar contenidos del
POS.

32. Respecto de las normas que se consideran violadas por la parte
demandante, si bien no coinciden en su totalidad con las normas invocadas en la
demanda que dio origen al proceso 11001032400020110044500, la Sala advierte:

32.1. En cuanto a las normas constitucionales, aun cuando se invocan
como presuntamente violados los artículos 13, 48 121, en el capítulo “[…]
IV. EL CONCEPTO DE LA VIOLACION […]”, no se explica el concepto de
su violación.

32.2. En relación con los artículos de la Ley 100 que la demandante aduce
como violados y que corresponden al 156, sobre características básicas del
Sistema General de Seguridad Social en Salud; 162, sobre el Plan
Obligatorio de Salud y su alcance; y 245, sobre el Instituto de Vigilancia de

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

Medicamentos y Alimentos, INVIMA, su naturaleza y funciones, en el
capítulo “[…] IV. EL CONCEPTO DE LA VIOLACION […]”, los presenta
como apoyo de sus argumentos.

32.3. Respecto de los artículos de la Ley 1122 que la demandante aduce
como violados y que corresponden al 7, sobre funciones de la Comisión de
Regulación en Salud; y 182, aquel fue objeto de análisis en el expediente
del proceso 11001032400020110044500, en tanto que este es una norma
inexistente, por cuanto la Ley 1122 está integrada por 46 artículos.

32.4. Finalmente, el artículo 38 del Acuerdo núm. 8 de 2009 hubo cosa
juzgada por cuanto fue objeto de análisis en el expediente del proceso
11001032400020110044500.

33. En ese orden, la Sala considera que existe identidad de objeto y causa
petendi comoquiera que las razones, los cargos y la explicación del concepto de
violación que se invocan para formular las pretensiones de nulidad la demanda
frente al artículo 9 de la Resolución núm. 4377 de 2010 (cargos de nulidad), son
similares en cada uno de los procesos, razón suficiente para declarar probada de
oficio, respecto de este artículo, la excepción de cosa juzgada.

Estudio de legalidad del artículo 1.° de la Resolución núm. 4377 de 2010

34. Ahora bien, atendiendo a los antecedentes de la sentencia proferida el 25
de enero de 2018, la Sala encuentra que en dicho proceso no se formularon cargos
respecto del artículo 1.° de la Resolución núm. 4377 de 2010 sobre medicamentos
contenidos en el Listado de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, que no
podrán ser recobrados ni serán pagados por el Fosyga.

35. Sin embargo, la causa petendi del presente proceso, respecto del artículo
1.° de la Resolución núm. 4377 de 2010, también estuvo relacionada con los temas
indicados supra.

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37

Número único de radicación: 110010324000201100033-00
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

36. En efecto, la parte demandante sostiene que el artículo 1.° de la Resolución
núm. 4377 de 2010 “[…] sin duda hace referencia clara al parágrafo del artículo 9°
que pretende entender como parte del POS, la presentación comercial de los
principios activos del Acuerdo 08 de la CRES […]”.

37. En consecuencia, y aunque tenga relación con el artículo 9 que fue objeto
de estudio por esta misma Sala, se estudiarán los cargos formulados contra el
artículo 1.° de la Resolución núm. 4377 de 2010 como quiera que no fueron objeto
de demanda y por tanto no se presentan los supuestos para declarar cosa juzgada
respecto del mismo. En estas condiciones, a continuación, se procederá al examen
según el problema jurídico indicado supra.

38. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la
nulidad del artículo 1.° de la Resolución núm. 4377 de 2010 expedida por la parte
demandada, para lo cual, se desarrollará el siguiente marco normativo y dentro
del análisis concreto del caso, se analizarán los temas necesarios para resolver
los cargos de nulidad propuestos:

Marco normativo sobre el derecho a la seguridad social en salud

39. Visto el artículo 48 de la Constitución Política, sobre la Seguridad Social,
dispone que es un servicio público de carácter obligatorio y un derecho
irrenunciable:

“[…] Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del

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38

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente
la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los
servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la
Seguridad Social para fines diferentes a ella. […]” (Destacado fuera de texto)

40. Visto el artículo 49 ibidem, sobre el servicio de salud, establece que es un
servicio a cargo del Estado y, por lo tanto, le corresponde a este “[…] organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de
salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo,
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley […]”.

41. Esta Corporación ha considerado que el derecho a la Salud se constituye
como un servicio público obligatorio y su prestación debe hacerse bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en la siguiente forma44:

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12 de septiembre
de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020110013600.

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39

Número único de radicación: 110010324000201100033-00
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

“[…] Acorde a lo señalado por los artículos 48 y 49 de la Carta Política, el
derecho a la salud se erige como un servicio público obligatorio cuya
prestación debe hacerse bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad;
además dispone que “[s]e garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la seguridad social […]”.

Análisis del caso en concreto

42. La Sala procede a resolver los cargos de nulidad presentados por la parte
demandante, para lo cual aclara que el examen de estos se realizará con base a
los argumentos que les son comunes con el artículo 9 y los antecedentes de esta
Sección, tal y como se desarrolla a continuación:

Cargo primero y segundo: El alcance del Plan Obligatorio de Salud y la
financiación de los servicios no POS y el recobro al FOSYGA

43. Para resolver los cargos de nulidad presentados por la parte demandante,
la sala analizará los siguientes temas: i) Características principales del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, SGSSS; y ii) los recobros en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, tal como se desarrolla a continuación:

Características principales del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, SGSSS

44. De conformidad con las normas indicadas en los numerales 39 y 40 supra;
y considerando que el derecho de la seguridad social: i) es un servicio público de
carácter obligatorio; ii) se prestará bajo la dirección, coordinación y control del

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40

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Estado; y iii) se prestará bajo sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad.

45. En desarrollo de los preceptos constitucionales, respecto al derecho a la
seguridad social, se expidió la Ley 100, por medio de la cual se creó el sistema de
seguridad social integral.

46. El artículo 1.° de la Ley 100, sobre el sistema de seguridad social integral,
establece:

“[…] Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral. El sistema de
seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias
que la afecten.

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las
instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios,
materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro
[…]”.

47. El artículo 2.° ibidem, establece que el servicio público esencial de
seguridad social se prestará con sujeción a los siguientes principios:

“[…] Artículo 2. Principios. El servicio público esencial de seguridad social
se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación:

a. Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a

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que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada,
oportuna y suficiente;

b. Universalidad. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin
ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida;

c. Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo
el principio del más fuerte hacia el más débil.

Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad
Social mediante su participación, control y dirección del mismo.
Los recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad se
aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables.

d. Integralidad. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la
salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda
la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y
recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta Ley;

e. Unidad. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes,
procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social,
y

f. Participación. Es la intervención de la comunidad a través de los
beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y
fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto […]” (Destacado
fuera de texto).

48. Los principios citados supra son complementarios con los elementos y
principios del derecho fundamental a la Salud establecidos en el artículo 6.° de la
Ley 1751 de 16 de febrero de 201545.

45
"[...] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. [...]".

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"[...] Artículo 6. Elementos y principios del derecho fundamental a la
salud. El derecho fundamental a la salud incluye los siguientes elementos
esenciales e interrelacionados:

a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y
tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de salud y
personal médico y profesional competente;
b) Aceptabilidad. Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos
de la ética médica así como de las diversas culturas de las personas, minorías
étnicas, pueblos y comunidades, respetando sus particularidades
socioculturales y cosmovisión de la salud, permitiendo su participación en las
decisiones del sistema de salud que le afecten, de conformidad con el artículo
12 de la presente ley y responder adecuadamente a las necesidades de salud
relacionadas con el género y el ciclo de vida. Los establecimientos deberán
prestar los servicios para mejorar el estado de salud de las personas dentro
del respeto a la confidencialidad;
c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a
todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de
los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad
comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad
económica y el acceso a la información;
d) Calidad e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y
tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados
desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad
aceptados por las comunidades científicas. Ello requiere, entre otros, personal
de la salud adecuadamente competente, enriquecida con educación continua
e investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad de los
servicios y tecnologías ofrecidos.
Así mismo, el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes
principios:
a) Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán
efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la
vida;
b) Pro homine. Las autoridades y demás actores del sistema de salud,
adoptarán la interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a
la protección del derecho fundamental a la salud de las personas;
c) Equidad. El Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas
específicamente al mejoramiento de la salud de personas de escasos
recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección;
d) Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud
de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este
no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas;

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43

Número único de radicación: 110010324000201100033-00
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e) Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben
proveerse sin dilaciones;
f) Prevalencia de derechos. El Estado debe implementar medidas concretas y
específicas para garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes.
En cumplimiento de sus derechos prevalentes establecidos por la Constitución
Política. Dichas medidas se formularán por ciclos vitales: prenatal hasta seis
(6) años, de los (7) a los catorce (14) años, y de los quince (15) a los dieciocho
(18) años;
g) Progresividad del derecho. El Estado promoverá la correspondiente
ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de
salud, la mejora en su prestación, la ampliación de capacidad instalada del
sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, así como la reducción
gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas,
administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud;
h) Libre elección. Las personas tienen la libertad de elegir sus entidades de
salud dentro de la oferta disponible según las normas de habilitación;
i) Sostenibilidad. El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime
apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar
progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de
conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal;
j) Solidaridad. El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas,
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades;
k) Eficiencia. El sistema de salud debe procurar por la mejor utilización social
y económica de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para
garantizar el derecho a la salud de toda la población;
l) Interculturalidad. Es el respeto por las diferencias culturales existentes en el
país y en el ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por construir
mecanismos que integren tales diferencias en la salud, en las condiciones de
vida y en los servicios de atención integral de las enfermedades, a partir del
reconocimiento de los saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos
y complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global;
m) Protección a los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas el Estado
reconoce y garantiza el derecho fundamental a la salud integral, entendida
según sus propias cosmovisiones y conceptos, que se desarrolla en el
Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI);
n) Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras. Para los pueblos y comunidades
indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se
garantizará el derecho a la salud como fundamental y se aplicará de manera
concertada con ellos, respetando sus costumbres.
PARÁGRAFO. Los principios enunciados en este artículo se deberán
interpretar de manera armónica sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás.

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento

Lo anterior no obsta para que sean adoptadas acciones afirmativas en
beneficio de sujetos de especial protección constitucional como la promoción
del interés superior de las niñas, niños y mujeres en estado de embarazo y
personas de escasos recursos, grupos vulnerables y sujetos de especial
protección [...]".

49. El artículo 152 de la Ley 100, dispone que los objetivos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud “[…] son regular el servicio público esencial de salud
y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles
de atención […]”.

50. El artículo 156 ibidem, sobre las características básicas del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, establece:

“[…] Artículo 156. Características básicas del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en
Salud tendrá las siguientes características:

a) El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, controlará y vigilará
el servicio público esencial de salud que constituye el Sistema General
de Seguridad Social en Salud;

b) Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización
reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales,
de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales;

c) Todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
recibirán un Plan Integral de protección de la salud, con atención
preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, que será
denominado el Plan Obligatorio de Salud; […]

d) El recaudo de las cotizaciones será responsabilidad del Sistema General
de Seguridad Social-Fondo de Solidaridad y Garantía, quien delegará en lo
pertinente esta función en las Entidades Promotoras de Salud;

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e) Las Entidades Promotoras de Salud tendrán a cargo la afiliación de los
usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las
Instituciones Prestadoras. Ellas están en la obligación de suministrar, dentro
de los límites establecidos en el numeral 5 del artículo 180, a cualquier
persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio
correspondiente, el Plan Obligatorio de Salud, en los términos que reglamente
el gobierno;

f) Por cada persona afiliada y beneficiaria, la Entidad Promotora de Salud
recibirá una Unidad de Pago por Capitación - UPC - que será establecida
periódicamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

[…]

l) Existirá un Fondo de Solidaridad y Garantía que tendrá por objeto, de
acuerdo con las disposiciones de esta ley, garantizar la compensación
entre personas de distintos ingresos y riesgos y la solidaridad del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, cubrir los riesgos
catastróficos y los accidentes de tránsito y demás funciones
complementarias señaladas en esta Ley […]” (Destacado fuera de texto).

51. El artículo 157 de la Ley 100, sobre la organización del Sistema General de
Seguridad Social en Salud en Regímenes Contributivo y Subsidiario, establece:

“[…] Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de
seguridad social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo
colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de
afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma
temporal como participantes vinculados.

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud:

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores
públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes

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con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema
mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I
del título III de la presente Ley.

2. Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el
Artículo 211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para
cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en
las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo,
personas tales como las madres durante el embarazo, parto y postparto y
período de lactancia, las madres comunitarias*, las mujeres cabeza de familia,
los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos
de Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitado <persona en
situación de discapacidad>, los campesinos, las comunidades indígenas, los
trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y
sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de
construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás
personas sin capacidad de pago.

B. Personas vinculadas al Sistema.

Los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de
incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen
subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que
prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan
contrato con el Estado.

A partir del año 2.000, todo colombiano deberá estar vinculado al Sistema a
través de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente
se unificarán los planes de salud para que todos los habitantes del territorio
nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud de que habla el artículo 162.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de
estímulos, términos, controles y sanciones para garantizar la
universalidad de la afiliación.
[…]” (Destacado fuera de texto).

52. El artículo 202 ibidem, dispone que el Régimen Contributivo “[…] es un
conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a

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través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico
previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y el
empleador o la Nación, según el caso […]”.

53. Por lo anterior, la Sala considera que dentro las características del Sistema
General de Seguridad Social en Salud están, entre otras: i) que el Plan Obligatorio
de Salud es el Plan Integral que reciben todos los afiliados en atención preventiva,
médico-quirúrgica y medicamentos esenciales; ii) con el fin de financiar el Plan
Obligatorio de Salud, el Sistema reconoce a las entidades promotoras de salud,
EPS, una Unidad de Pago por Capitación (UPC) por cada persona afiliada y
beneficiaria; y iii) el Fondo de Solidaridad y Garantía46 tiene por objeto, entre otros,
garantizar la compensación entre personas de distintos ingresos y riesgos, y
garantizar la solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Características principales del Sistema General de Seguridad Social en
Salud SGSSS

Plan Obligatorio de Salud

54. El artículo 162 de la Ley 100, sobre el Plan Obligatorio de Salud, establece:

"[...] Artículo 162. Plan de Salud Obligatorio. El Sistema General de
Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan
Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes del
año 2001. Este Plan permitirá la protección integral de las familias a la
maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las

46 Hoy Administradora de los Riesgos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, «[…] Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” […]». Así como el Decreto 1429
de 2016, “[…] Por el cual se modifica la estructura de la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud – ADRES – y se dictan otras disposiciones […]”.

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patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad
que se definan.

Para los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el
contenido del Plan Obligatorio de Salud que defina el Consejo Nacional de
Seguridad Social en salud<4> será el contemplado por el decreto-ley 1650 de
1977 y sus reglamentaciones, incluyendo la provisión de medicamentos
esenciales en su presentación genérica. Para los otros beneficiarios de la
familia del cotizante, el Plan Obligatorio de Salud será similar al anterior, pero
en su financiación concurrirán los pagos moderadores, especialmente en el
primer nivel de atención, en los términos del artículo 188 de la presente Ley.
[...]"

55. El Plan Obligatorio de Salud es entendido como el conjunto básico de
beneficios a que tienen derecho los afiliados al régimen contributivo y sus
beneficiarios, el cual, busca garantizar la protección integral en los casos de
enfermedad general y maternidad, en las fases de promoción y fomento de la
salud, y asegurar la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas
las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad
que se definan.

56. Se trata de un plan de beneficios limitados que cubre ciertas patologías,
cuya atención reviste un carácter prioritario, ello por la necesidad de garantizar la
viabilidad y la continuidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, preservando
la estabilidad económica del mismo y de los agentes prestadores de dichos
servicios.

57. Para asegurar el financiamiento de los beneficios, el Sistema General de
Seguridad Social en Salud reconoce a las entidades prestadoras de salud, la
denominada Unidad de Pago por Capitación, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 156, 172, 182 y 185 de la Ley 100 supra, tomando en cuenta
precisamente el costo de los beneficios. Como complemento de lo anterior, el
artículo 187 de la Ley 100, determina la figura de los copagos y las cuotas
moderadoras, que constituyen medios complementarios de financiamiento del

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Plan Obligatorio de Salud y cuyo recaudo es efectuado directamente por las
entidades prestadoras de salud47.

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado

58. El Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, a su turno, comprende
igualmente una cobertura de beneficios que, comparativamente, es menor a la del
Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo.

59. En orden a garantizar su financiamiento, la Ley 100 prevé la asignación de
recursos por parte de las entidades territoriales y del Fondo de Solidaridad y
Garantía, FOSYGA, el manejo de los recursos, la afiliación de los beneficiarios, la
prestación directa o indirecta de los servicios de salud y el suministro de los
medicamentos que forman parte del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado
corresponde a las direcciones distritales, municipales y departamentales de salud.
Con cargo a los recursos antes mencionados se reconoce a las Administradoras
del Régimen Subsidiario, por cada uno de sus afiliados, la denominada Unidad
de Pago por Capitación Subsidiada UPS-S.

60. De lo anterior se colige que las entidades prestadoras de salud, como
entidades que tienen la responsabilidad de organizar y prestar directa o indirecta
de los servicios de salud, como lo establece el artículo 177 de la Ley 100, en

47 De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 30 de 1996, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad

Social en Salud, el “Copago”, es el aporte de dinero que hace el usuario al utilizar los servicios salud y que
equivale a una parte de su valor total definido en las tarifas para el sector público, con cuyo pago se busca
contribuir a la financiación del sistema de seguridad social en salud. La “Cuota Moderadora”, es el aporte
en dinero que hace el usuario al momento de utilizar el servicio y que representa una parte de su valor total
definido en las tarifas para el servicio público y cuya finalidad es la de regular la utilización y estimular el buen
servicio, promover en el paciente el seguimiento de sus actividades, intervenciones y procedimientos descritos
en la guía de atención que lo conduzcan a mantenerse en condiciones saludables, a recuperar efectivamente
su salud y a disminuir o minimizar sus consecuencias. Con tales ingresos se pretende garantizar la estabilidad
financiera del Sistema y dar cumplimiento a los principios de universalidad y eficacia en la prestación del
servicio de salud, sujetándose siempre a la capacidad socieoeconómica de los afiliados y beneficiarios.

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principio, solamente estarían obligadas a suministrar los medicamentos y prestar
los servicios que se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud,
correspondiendo a los afiliados asumir en forma particular el costo de los
tratamientos, procedimientos o medicamentos no previstos en aquel.

61. No obstante lo anterior, excepcionalmente, se ha venido ordenando por vía
de tutela o autorizando por los Comités Técnico Científicos, el suministro de
medicamentos o la prestación de otros beneficios no señalados en el Plan
Obligatorio de Salud, por estimarse que los mismos son necesarios para
garantizar el derecho a la vida y a la salud de los afiliados o beneficiarios 48, caso
en el cual, surge para ellas el derecho al recobro, esto es, a repetir contra el
Estado por el valor de los beneficios no cubiertos total o parcialmente por las
Unidades de Pago por Capitación. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en
la sentencia T-760 de 31 de julio de 2008, expresó49:

“[…]

Dadas las reglas del actual Sistema de Salud, las entidades promotoras de salud,
EPS, tienen un derecho constitucional al recobro, por concepto de los costos
que no estén financiados mediante las unidades de pago por capitación (UPC). Para
garantizar el derecho a la salud de los usuarios, el cual depende del flujo oportuno
de recursos en el sistema, el procedimiento de recobro debe ser claro, preciso, ágil.
Actualmente, el procedimiento de recobro ante el FOSYGA por concepto de
medicamentos autorizados por el Comité Técnico Científico (CTC) y servicios
médicos ordenados por fallos de tutela se encuentra establecido en la Resolución
2933 de 2006. Si bien con anterioridad a la expedición de esta Resolución ya existía
regulación sobre recobros. Entre los requisitos que se exigen para efectuar los
recobros hay un primer grupo de documentos generales, los cuales deben aportarse
una sola vez hasta que se presenten cambios en los mismos relacionados con
aspectos como la existencia y representación de las entidades o el listado de precios
de los proveedores. Adicionalmente, se deben presentar documentos relacionados
con el caso concreto por el que se solicita el recobro, los cuales difieren si los
servicios médicos suministrados fueron ordenados por el Comité Técnico Científico
o por un fallo de tutela. Cuando el recobro obedece a una decisión de tutela, la

48
Corte Constitucional, sentencia T-412 del 22 de mayo de 2003, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
49
Corte Constitucional, sentencia T- 760 de 31 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

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solicitud de recobro debe ir acompañada de: la primera copia del fallo de tutela con
constancia de ejecutoria, factura de venta del proveedor, certificado de semanas
cotizadas cuando la tutela sea por incumplimiento de períodos mínimos de
cotización, copia del acta del CTC que negó el servicio, si fuera el caso y un
documento que evidencie la prestación del servicio de salud al paciente. Por su
parte, cuando el recobro se origina en una autorización del Comité Técnico
Científico, la solicitud de recobro debe incluir: copia del acta del comité técnico
científico, copia de la factura de venta, copia de la fórmula médica, y un documento
que evidencie la prestación del servicio de salud al paciente. Como se aprecia, en
ambas hipótesis el recobro está supeditado a la prestación del servicio de salud.
Esto es razonable, aunque en ocasiones conduce a que el servicio de salud se
demore mientras la EPS obtiene todos los documentos necesarios para solicitar el
recobro, lo cual no debe suceder

[…]”.

62. A su vez, la misma Corporación en la sentencia T-1050 de 5 de diciembre
de 200750, consideró lo siguiente:

“[…]

La orden de protección de derechos, en el caso propuesto, impone a las entidades
administradoras del sistema de salud obligaciones que van más allá de las
prestaciones que le son legalmente exigibles. Así, en aras de mantener el equilibrio
financiero dentro del sistema y, de este modo, la vigencia del principio de eficacia
previsto en el artículo 49 C.P., la Corte ha establecido en sus decisiones
mecanismos de compensación económica, a fin que sea el Estado, a través de los
recursos de solidaridad que percibe el sistema de seguridad social, asuma los
costos de las prestaciones a las que en virtud de la ley, no deben cubrirse por parte
de las entidades prestadoras de salud.

Este mecanismo se concretiza en la facultad que el juez de tutela confiere a la
entidad administradora para que repita en lo que exceda de sus obligaciones legales
ante la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga
del sistema general de seguridad social en salud.51 Como lo ha definido esta

50
Corte Constitucional, sentencia T-1050 de 5 de diciembre de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño

51 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-819/99

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52

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Corporación, las normas legales que regulan el funcionamiento del Fosyga52
permiten concluir que la finalidad de esta subcuenta es permitir el proceso de
compensación interna entre las entidades promotoras de salud, y demás entidades
obligadas a compensar, EOC, con el fin de reconocer la unidad de pago por
capitación y demás recursos a que tienen derecho las EPS y demás EOC para
financiar la prestación de servicios de salud a todos los afiliados al régimen
contributivo con sujeción a los contenidos del plan obligatorio de salud y las
prestaciones económicas a que hubiere lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley
y sus reglamentos.53

En este orden de ideas, es claro que la posibilidad de recobro se encuentra
supeditada a que las entidades obligadas a compensar estén en un escenario en el
que la prestación requerida esté expresamente excluida del plan obligatorio de
salud. Esta es, precisamente, la regla estipulada por el artículo 88 del Decreto 806
de 1998, reglamentario de la Ley 100/93, en el sentido que los contenidos y
exclusiones del plan obligatorio de salud son los establecidos por el Acuerdo 8 del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y desarrollados por la Resolución
5261 de 1994 del Ministerio de Salud hasta tanto dicho consejo defina nuevos
contenidos y exclusiones. A su vez, el literal o) del artículo 18 de la mencionada
Resolución dispone que están excluidos del POS las actividades, intervenciones y
procedimientos no expresamente considerados en el Manual de Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud – Mapipos.

Así, de acuerdo con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional y las
normas legales que regulan el régimen de limitaciones de las prestaciones exigibles
al sistema general de seguridad social en salud, la Corte concluye que la posibilidad
de recobro ante la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía
es una orden judicial legítima, desde la perspectiva del diseño constitucional del
sistema, en tanto garantiza la eficacia del principio de eficiencia en el manejo de los
recursos que lo nutren. No obstante, la concesión de esta facultad está supeditada,
en todos los casos, a que se trate de una prestación médico asistencial que esté
efectivamente excluida del plan obligatorio o sometida a copagos o cuotas
moderadoras cuya exigencia, en el caso concreto, se tornen en una barrera para el
acceso a la atención en salud […]”.

63. En suma: i) el recobro, es un cobro que hacen las empresas promotoras de
salud, EPS, al Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, por aquellos

52 Ley 100/93, Decretos 1283/96 y 1013/98

53 Esta es la definición utilizada por las autoridades encargadas de administrar los recursos del Fondo. Sobre
el particular, puede consultarse el Manual Operativo de la Subcuenta de Compensación y
Promoción. Ministerio de la Protección Social. Septiembre de 2007.

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medicamentos y servicios que no cubre el plan obligatorio de salud ordenados por
acciones de tutela o por los comités técnicos-científicos; y ii) la Corte
Constitucional ha precisado que el recobro al Fondo de Solidaridad y Garantía,
además de ser un derecho constitucional completamente justificado y legítimo,
procede únicamente respecto del cubrimiento de las obligaciones
expresamente excluidas del plan obligatorio de salud y efectivamente
cumplidas mediante el suministro de medicamentos o la prestación de
servicios no previstos ni financiados en el Plan Obligatorio de Salud,
mediante las Unidades de Pago por Capitación.

64. Por su parte, el artículo 38 del Acuerdo núm. 0854 de 29 de septiembre de
2009, sobre los medicamentos señalados por la Comisión de Regulación en Salud
y que hacen parte del Plan Obligatorio de Salud y que deben ser suministrados
por las entidades promotoras de salud, establece:

"[...] Artículo 38. Medicamentos. Los medicamentos señalados en el Anexo
número 1 hacen parte del Plan Obligatorio de Salud y deben ser suministrados
por las EPS de ambos regímenes.

Su financiamiento estará a cargo de la UPC y UPC-S, salvo aquellos que
corresponden al listado de medicamentos de los programas especiales cuyo
financiamiento está siendo asumido por el MPS.

Parágrafo 1°. El POS incluye los principios activos contemplados en el
anexo Nro. 1 del presente acuerdo. La prescripción se realizará siempre
utilizando la denominación común internacional exclusivamente. Al
paciente le será suministrada cualquiera de las alternativas autorizadas
por el INVIMA del principio activo, forma farmacéutica y concentración
prescritos, independientemente de su forma de comercialización
(genérico o de marca). En el caso de los medicamentos de estrecho margen
terapéutico, cuyo listado será publicado por el INVIMA, no deberá cambiarse

54
"[...] Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado [...]", expedido por el Presidente de la Comisión de
Regulación en Salud.

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ni el producto ni el fabricante. Si excepcionalmente fuera necesario, el ajuste
de dosificación y régimen de administración, deberá hacerse con vigilancia
especial [...]" (Destacado fuera de texto).

65. De la normativa citada supra, la Sala observa que, al momento de expedirse
los apartados acusados:

65.1. Los medicamentos que hacían parte del POS fueron señalados por la
Comisión de Regulación en Salud.

65.2. Los medicamentos señalados en el POS deben ser suministrados por las
EPS tanto del régimen contributivo como las del subsidiado.

65.3. El financiamiento de los medicamentos señalados en el POS está a cargo
de las UPC y de la UPC-S.

65.4. El POS incluía los principios activos contemplados en el anexo núm. 1 del
Acuerdo núm. 08 de 2009.

65.5. La prescripción se realizará siempre utilizando la denominación común
internacional exclusivamente.

65.6. Al paciente le será suministrada cualquiera de las alternativas autorizadas
por el INVIMA del principio activo, forma farmacéutica y concentración prescritos,
independientemente de su forma de comercialización (genérico o de marca).

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66. De manera que el cargo que formula la parte demandante frente al artículo
1.° de la Resolución núm. 4377 de 2010, según el cual “[…] sin duda hace
referencia clara al parágrafo del artículo 9° que pretende entender como parte del
POS, la presentación comercial de los principios activos del Acuerdo 08 de la
CRES […]”, no son de recibo para esta Sala, como quiera que el acto acusado
reitera lo dispuesto en la normas en las que se funda al disponer que para efectos
del recobro, debe considerarse que el POS incluye los medicamentos contenidos
en el listado vigente, independientemente de la forma de comercialización que se
utilice (genérico o de marca).

67. Así lo dispuso esta Corporación55 cuando al pronunciarse sobre algunas
normas contenidas en la misma Resolución núm. 4377 de 2010 relacionadas con
el recobro de medicamentos no incluidos en el POS consideró:

“[…] Por consiguiente, no se extralimitó al expedir dicho acto administrativo. Y
que las referidas resoluciones, lejos de contrariar el espíritu del numeral 1° del
artículo 172 y 182 de la Ley 100 de 1993; de los numerales 1 y 2 del artículo
7 de la Ley 1122 de 2007 y, el parágrafo 1° del artículo 38 del Acuerdo 008
de 2009, los desarrolla tomándolos explícitos en orden a permitir su cumplida
y correcta ejecución, en concordancia con la naturaleza, elementos, principios
y derechos que emanan del derecho fundamental a la salud, al precisar que
los medicamentos sean genéricos o de marca, siempre y cuando su principio
activo se encuentre enlistado en el POS, no podrán ser objeto de recobro ante
el FOSYGA, teniendo en cuenta, además, que en ese sentido estos ya se
encuentran financiados a través de la UPC, cuyo valor se incrementa
anualmente para garantizar el equilibrio económico de las EPS. Asunto que,
de acuerdo con lo expresado por esta Corporación, no puede escapar de la
órbita de regulación del régimen de dichos servicios, sino, por el contrario,
garantiza la disponibilidad, accesibilidad y la calidad del mismo. […]”

68. Razón por la cual, la Sala considera que la parte demandante no probó que
los apartados acusados sean violatorios del alcance del Plan Obligatorio de Salud,
de la financiación de los servicios no POS ni del recobro al FOSYGA, tal como

55
Consejo de Estado. Sección Primera; sentencia de 25 de enero de 201; expediente núm. 11001-03-24-000-
2011-00445-00, actor: Danny Manuel Moascote Aragón, Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas
Lasso. l

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fueron formulados dichos cargos; así como tampoco, que la parte demandada
haya incluido con el apartado acusado nuevos medicamentos, denominaciones o
que unilateralmente haya ampliado el contenido del Plan Obligatorio de Salud, por
lo que no se evidencia una violación constitucional o normativa que justifique la
declaración de nulidad de dicho apartado, por estos aspectos.

Cargo tercero: Violación de la competencia administrativa – falta de
competencia de la parte demandada para fijar los contenidos del POS

69. Para resolver el cargo de nulidad presentado por la parte demandante, la
sala analizará las competencias del Ministerio de salud (hoy Ministerio de Salud y
Protección Social) para la expedición de normas administrativas, específicamente,
para el recobro de medicamentos ante el Fondo de Solidaridad y Garantías

Competencias del Ministerio de salud (hoy Ministerio de Salud y Protección
Social) para la expedición de normas administrativas, específicamente, para
el recobro de medicamentos ante el Fondo de Solidaridad y Garantías

70. El numeral 3.° del artículo 173 de la Ley 100, sobre las funciones del
Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Protección Social) textualmente
señala:

“[…] Articulo 173. De las funciones del Ministerio de Salud. Son funciones
del Ministerio de Salud además de las consagradas en las disposiciones
legales vigentes, especialmente en la Ley 10 de 1990, el Decreto-Ley 2164
de 1992 y la Ley 60 de 1993, las siguientes:

[…]

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3. Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las
Entidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por
las direcciones seccionales, distritales y locales de salud […].

71. Esta Sección ha considerado, sobre la función del Ministerio de salud (hoy
Ministerio de Salud y Protección Social) establecida en la normativa citada supra
correspondiente a la expedición de normas administrativas, específicamente, para
el recobro de medicamentos ante el Fondo de Solidaridad y Garantías, lo
siguiente56:

“[…] Sobre el particular, estima la Sala que lo dispuesto en el numeral 3° del
artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en cuanto atribuye al Ministro la facultad
de expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las
EPS, las IPS y las direcciones seccionales, distritales y locales de salud,
constituye un fundamento legal más que suficiente para concluir que la
reglamentación relativa al procedimiento, a los términos y a los requisitos que
se cuestionan en este proceso, tiene en efecto un sólido fundamento jurídico.
Aparte de ello, el propio artículo 173 de la ley 100 de 1993, al relacionar las
atribuciones que se confieren la Ministro, en realidad está reiterando aquello
que ya había sido establecido desde antaño en las leyes 10ª de 1990 y 60 de
1993 y en el Decreto 2164 de 1992.

En efecto, el artículo 8° de la Ley 10ª de 1990 atribuye al Ministerio de Salud
la Dirección Nacional del Sistema de Salud, y establece como función de su
despacho, la responsabilidad de “[…] formular las políticas y dictar todas las
normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por las
entidades que integran el sistema”

56 Al respecto la Sala se ha pronunciado en múltiples providencias judiciales: Sentencia del 4 de septiembre
de 2008 proferida en el proceso número 2003-00327 con Ponencia del Magistrado Camilo Arciniegas
Andrade. sentencia del 18 de junio de 2009 expedido en el expediente 2004-00139 y 2004-00175
acumulados. M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Sentencia del 18 de junio de 2009 dictada en el proceso
número 2004-00340, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Providencia del 8 de julio de 2010 proferida en el
proceso 2005-0012 con ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas Lasso (E). Sentencia del 21 de
octubre de 2010 expedida en el expediente número 2006-00388 con ponencia del Magistrado Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta. Fallo del 18 de octubre de 2012 dictada en el proceso 2007-00629 con ponencia de la
Magistrada María Claudia Rojas Lasso. Sentencia de Unificación del 26 de abril de 2013 expedida en el
proceso número 2006-00392 con ponencia del Consejero Guillermo Vargas Ayala.

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Posteriormente, el Decreto 2164 de 1992 “Por el cual se reestructura el
Ministerio de Salud”, dictado por el Presidente de la Republica en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el Artículo 20 transitorio de la Constitución
Política, dispuso en su artículo 2° numeral 12 que corresponde al Ministro del
ramo ejercer la Dirección Nacional del Sistema de Salud, y en tal virtud, es
función suya “Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento
y las que deberán ser adecuadas o desarrolladas por las entidades y
organismos públicos y privados del sector salud en relación con los temas y
regímenes tarifarios para la prestación de servicios de salud, conforme a las
normas legales que regulan la materia.”

Por contera, el artículo 5° de la ley 60 de 1993 también estableció que
corresponde a la Nación, a través de los Ministerios, Departamentos
Administrativos y demás organismos y autoridades de la administración
central o de las entidades descentralizadas del orden nacional, conforme a las
disposiciones legales sobre la materia, “Dictar las normas científico
administrativas para la organización y prestación de los servicios.”

Según se deduce de lo expuesto, el Ministro de Protección Social si es
competente para establecer el procedimiento y señalar los requisitos
para el recobro de los medicamentos ante el FOSYGA, en tanto y en
cuanto tales medidas encuadran dentro del concepto de normas
administrativas a las cuales se hace referencia en las disposiciones
anteriormente enunciadas. Cabe formular las mismas consideraciones
que se hicieron frente a aquellos artículos de los actos demandados,
mediante los cuales se impuso a las EPS, ARS y EOC la obligación de
diseñar un programa de auditoria […]” (Destacado fuera de texto).

72. De lo anterior se colige que la facultad para la expedición de las normas
administrativas del Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Protección
Social) se orienta de manera exclusiva a reglamentar los procedimientos y los
requisitos administrativos necesarios para llevar a cabo el recobro de los
medicamentos suministrados no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud por parte
de las Empresas Promotoras de Salud al Fondo de Solidaridad y Garantías,
FOSYGA, entre otros: i) los requisitos generales para la presentación de
solicitudes de recobro; ii) el término para presentar las solicitudes de recobro; iii)
el término para estudiar la procedencia y el pago de las solicitudes de recobro; iv)
las causales de rechazo de las solicitudes de recobro; v) las causales de

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devolución de las solicitudes de recobro; v) los pagos de solicitudes de recobro
por un valor diferente al solicitado, ello, en cumplimiento de las funciones que le
corresponde como administrador del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA,
conforme el artículo 13 de la Ley 1122.

73. Razón por la cual, la Sala considera que la parte demandante, con la
expedición de los apartados acusados, sí era competente para establecer el
procedimiento y señalar los requisitos para el recobro de los medicamentos ante
el FOSYGA, por lo que no se evidencia una violación constitucional o normativa
que justifique la declaración de nulidad de dicho apartado, por este aspecto.

Conclusiones de la Sala

74. En suma, la Sala considera que en el caso sub examine se configuró la
excepción de cosa juzgada de la pretensión de nulidad del artículo 9 de la
Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de 2010, teniendo en cuenta que en el
proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2011-
00445-00 se estudió la legalidad de dicho artículo, con fundamento en las mismas
causales de nulidad que se invocaron en el caso sub examine.

75. Respecto del artículo 1.° de la Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de
2010, la Sala negará la pretensión de nulidad, por cuanto los cargos expuestos
por la parte demandante no tienen mérito de prosperidad, de conformidad con las
razones expuestas supra.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la sucesión procesal solicitada por la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de intervención de Juan Diego Buitrago Galindo
como coadyuvante de la parte demandante.

TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la
pretensión de nulidad del artículo 9.º de la Resolución núm. 4377 de 29 de octubre
de 2010, expedido por el Ministro de la Protección Social (hoy Ministro de Salud y
Protección Social), en los términos y por las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 25 de enero
de 2018, expediente identificado con número único de radicación 11001-03-24-
000-2011-00445-00, que negó la pretensión de nulidad del artículo 9 de la
Resolución núm. 4377 de 29 de octubre de 2010, expedido por el Ministro de la
Protección Social.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

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SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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