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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00114-00

Servicio postal: marco normativo

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00114-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Reconocer al abogado Andrés Gutiérrez Guzmán como apoderado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de conformidad con el poder de sustitución visible a folio 394 de este cuaderno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00114-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

12 de julio de 2018

SERVICIO POSTAL – Marco normativo / SERVICIO POSTAL – Clases / SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA – Concepto / SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA – Prestación. Requisitos / RÉGIMEN DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA DEL SERVICIO POSTAL – Vigencia / RÉGIMEN DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA DEL SERVICIO POSTAL – Derogatoria por Ley 1369 de 2009 / EMPRESAS DE SERVICIO POSTAL – Régimen de transición

[E]l servicio postal en la forma de mensajería especializada sí fue derogado con la expedición de la Ley 1369 de 2009, habida cuenta de que se contemplaron nuevas clases en la prestación de dicho servicio y condiciones en general diferentes a las ya establecidas en normas previas. Luego, lo que realmente sucedió fue un cambio de régimen y no sólo la desaparición de la mensajería especializada como clase de servicio postal.

RÉGIMEN DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS POSTALES - Aplicación / RÉGIMEN TARIFARIO DE LOS SERVICIOS POSTALES – Determinación / EMPRESAS DE SERVICIO POSTAL – Régimen de transición / FUNCIÓN REGULATORIA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – Para incluir a los operadores de mensajería especializada dentro del régimen de reporte de información de los operadores de servicio postal

[L]a CRC tiene competencia para expedir el régimen de reporte de información de los operadores de servicios postales; circunstancia que llevaría entonces a preguntarnos si era procedente que allí incluyera el de mensajería especializada aun cuando el artículo 50 ibídem, como se vio, derogó expresamente ese tipo de mensajería. (…) [E]s menester traer a colación el artículo 46 ibídem [Ley 1369 de 2009], que determinó el régimen de transición al que estaban sujetas las empresas de servicio postal que a la fecha de entrada en vigor de esa ley tuvieran concesiones o licencias vigentes expedidas con base en la Ley 80 de 1993 y los Decretos 1697 de 1994, 2622 de 1994 o 229 de 1995. (…) De la lectura de la disposición se desprende que las empresas a que se aludió en el anterior párrafo tenían dos posibilidades, a saber: la primera, continuar operando hasta el vencimiento de la concesión y licencia, cumplido el cual deberían ajustarse a la nueva normativa; o la segunda, acogerse a los términos de la Ley 1369 de 2009 dentro de los seis (6) meses siguientes a su expedición. Lo anterior indica a su vez que después del 10 de diciembre de 2009, en el mercado postal del país bien podrían existir empresas prestadoras de mensajería especializada y operadores de servicios postales de pago o de mensajería expresa, etc., pues así lo previó el Legislador, de forma tal que los derechos reconocidos a las primeras no le fueren trasgredidos en manera alguna por un cambio de régimen en la prestación del servicio mientras perdure el contrato o permiso otorgado para su funcionamiento. Si ello es así, resulta apenas lógico que la CRC, en cumplimiento de su deber de regulador del mercado postal, exija tanto de las empresas de mensajería especializada (Decreto 229 de 1995) como de la de mensajería expresa, o las demás que determina la Ley 1369 de 2009, el reporte de información en la forma en que se indica en los anexos 1 a 8 de la Resolución No. 2595 de 2010 (Censurada), sin que ello signifique que se esté “reviviendo” una clase de servicio postal que fue derogada expresamente por el Congreso de la República. Considerar lo contrario sería tanto como admitir que quedan exceptuados del control regulatorio aquellos operadores que hubieren optado por no acogerse a la segunda medida de transición antes explicada, lo cual redundaría en la imposibilidad de alcanzar el cometido para el cual fue instituida la CRC en este campo, cual es, la de promover la libre y leal competencia y prevenir conductas desleales o prácticas restrictivas o abusos de posición dominante, pues sin la información no podrá establecer comportamientos diferenciales o medidas tendientes a corregir las fallas que se presenten. En esos términos, no hay lugar a acceder a la pretensión de nulidad de la Resolución No. 2656 del 28 de diciembre de 2010, que solicita el señor Elmer Ramiro Silva Rodríguez, pues no se observa que la CRC carezca de competencia para adoptar las determinaciones allí contenidas, ni tampoco que se haya expedido irregularmente o con desviación de poder, sino que responde al cumplimiento de los deberes de que es titular esa autoridad.

FUENTE FORMAL: LEY 46 DE 1904 – ARTÍCULO 3 / LEY 110 DE 1912 / LEY 142 DE 1913 / LEY 76 DE 1914 / LEY 82 DE 1916 / DECRETO 1418 DE 1945 / DECRETO LEY 1635 DE 1960 / DECRETO LEY 3267 DE 1963 / DECRETO 1580 DE 1974 / DECRETO 75 DE 1984 / LEY 72 DE 1989 / DECRETO 2122 DE 1992 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 37 / DECRETO 1697 DE 1994 / DECRETO 2622 DE 1994 / DECRETO 229 DE 1995 / DECRETO 275 DE 2000 / DECRETO 229 DE 1995 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 229 DE 1995 – ARTÍCULO 13 / LEY 1369 DE 2009 / DECRETO 1130 DE 1999

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 2959 DE 2010 (28 de diciembre) COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00114-00

Actor: ELMER RAMIRO SILVA RODRÍGUEZ

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (EN ADELANTE CRC)

Referencia: Es cierto que la Ley 1369 de 2009 derogó expresamente la mensajería especializada como especie del servicio postal.

Referencia: Es competente la CRC para incluir a los operadores de mensajería especializada dentro del régimen de reporte de información de los operadores de servicio postal, aun cuando dicha clase de mensajería se continúe prestando al amparo de un régimen de transición que prevé su funcionamiento en la medida en que se encuentre vigente la licencia o concesión otorgada para el efecto.

Referencia: No es cierto que la CRC, a través del acto administrativo demandado, esté reviviendo un servicio postal de mensajería especializada que fue derogado expresamente por el Legislador.

La Sala procede a decidir en única instancia la demanda de nulidad interpuesta por Elmer Ramiro Silva Rodríguez contra la frase o expresión relativa a “mensajería especializada” mencionada en la Resolución No. 2959 del 28 de diciembre de 2010, proferida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

LA DEMANDA

En ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., el señor Elmer Ramiro Silva Rodríguez solicitó a la Corporación que accediera a decretar la nulidad de la frase o expresión relativa a “mensajería especializada” mencionada en la Resolución No. 2959 del 28 de diciembre de 2010, proferida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Igualmente, solicitó la nulidad del Concepto 001502 del 19 de octubre de 2010, dictado por el Jefe de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones; y además, la invalidez del Oficio del 7 de febrero de 2011 radicado con el número 201150355, proferido por el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Al respecto, el Despacho Sustanciador resolvió admitir la demanda sólo en relación con la inconformidad presentada sobre la Resolución No. 2959 de 2010, proferida por la CRC, toda vez que consideró que tanto el concepto como el oficio acusados no revestían el carácter de acto administrativo, en la medida en que no creaban, modificaban ni extinguían ninguna situación jurídica.

Tal decisión fue recurrida en reposición por el actor, siéndole resuelto por medio de proveído del 13 de octubre de 2011, mediante el cual se confirmó lo allí expuesto; circunstancia que lleva a la Sala a pronunciarse únicamente sobre los cargos expuestos en relación con la resolución en mención, así como los reparos que se hayan tenido en cuenta en la contestación y el concepto del Ministerio Público sobre el particular.

El acto cuestionado

“REPÚBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN 2959 DE 2010

“Por la cual se expide el Régimen de Reporte de Información de los Operadores de Servicios Postales a la Comisión de Regulación de Comunicaciones”

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 12 y 20 de la Ley 1369 de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, el Estado intervendrá por mandato de la ley, entre otros, en los servicios públicos y privados, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento continuo en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social.

Que la Ley 1369 de 2009 establece el régimen general de prestación de los servicios postales y determina las competencias de las entidades encargadas de la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios, incluidas las de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC-.

Que el artículo 1° de la Ley 1369 de 2009, señala que los servicios postales son servicios públicos en los términos del artículo 365 de la Constitución Política y, prevé que la prestación de los servicios postales estará sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida ésta como el acceso progresivo a la población en todo el territorio nacional.

Que la citada Ley, establece, entre otros, los siguientes objetivos: asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios postales; asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación del servicio y que reflejen distintos niveles de calidad; promover la libre competencia; y, estimular a los operadores a incorporar los avances tecnológicos en la prestación de los servicios postales.

Que el artículo 12 de la Ley 1369 de 2009 establece que, en ejercicio de sus funciones de regulación, la CRC “podrá exigir la información que estime pertinente para velar que los operadores no incurran en prácticas desleales o restrictivas de la competencia o que constituyan abuso de la posición dominante y que afecten los derechos de los usuarios de los servicios postales.”

Que el artículo 20 de la Ley en mención, establece dentro de las funciones regulatorias en asuntos postales otorgadas a la CRC, la de promover y regular la libre y leal competencia para la prestación de los servicios postales, así como expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de tarifas, los parámetros de calidad de los servicios, los criterios de eficiencia y el régimen de protección al usuario, y regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes clases de servicios postales, diferentes a los comprendidos en el Servicio Postal Universal.

Que para el ejercicio de las funciones inmediatamente referidas, la CRC puede requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna por parte de los Operadores de Servicios Postales, de conformidad con el artículo 20, numeral 7 de la mencionada Ley 1369 de 2009.

Que las competencias regulatorias de la CRC están circunscritas a un mercado postal, con el propósito de promover la libre competencia, de manera que los usuarios se beneficien de servicios eficientes y abarcan todo un mercado compuesto por una parte, por los concesionarios o licenciatarios de los servicios postales de servicios de correos y de mensajería especializada habilitados bajo el régimen de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 229 de 1995 y de otra parte, por operadores de servicios postales habilitados que ofrecen los servicios de correo, postales de pago y de mensajería expresa de conformidad con la Ley 1369 de 2009.

Que la función de requerir información por parte de la CRC, otorgada por la citada ley, abarca a todos los operadores de servicios postales, incluidos los servicios que hacen parte del SPU, lo cual le permitirá conocer el comportamiento del mercado de manera global y adoptar las decisiones regulatorias verificando el impacto y diferencias sobre unos y otros servicios.

Que el mencionado artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, prevé la facultad en cabeza de la CRC, de imponer multas diarias a los operadores que no suministren la información solicitada, hasta por“100 salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurran en esta conducta, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión.”

Que en el artículo 8 de la Resolución CRC 2567 de 2010 “Por la cual se determina la tarifa mínima de los servicios de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores, y se dictan otras disposiciones”, se establece un deber de reporte de información a cargo de los operadores postales de mensajería expresa masiva, relativo a las tarifas pactadas con sus usuarios y con otros operadores postales por concepto de interconexión para la prestación de dicho servicio, entre otros. Adicionalmente, el Anexo de la citada Resolución estableció los formatos para remitir la información requerida.

Que el deber de reporte de información establecido en el Artículo 8 de Resolución CRC 2567 de 2010, así como su respectivo anexo, serán incorporados al presente Régimen de Reporte de Información.

Que de conformidad con los términos del artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, en el período comprendido entre el 24 de septiembre y el 12 de octubre de 2010, la Comisión publicó para comentarios del sector el proyecto de resolución y su respectivo documento de análisis, que corresponden a la propuesta regulatoria para la determinación de las obligaciones de reporte de información a cargo de los operadores postales, garantizando así la participación de todos los agentes interesados en el mismo, sobre el cual se recibieron comentarios por parte de diferentes agentes del sector.

Que con ocasión del concepto No.001502, registro 416228 del 19 de octubre de 2010 emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre los regímenes jurídicos de los servicios de mensajería expresa y especializada, la CRC publicó nuevamente para comentarios del sector, entre el 5 y el 22 de noviembre de 2010, el proyecto de resolución y su respectivo documento de análisis en los cuales se propone el régimen de reporte de información de los operadores de servicios postales a la CRC, los cuales fueron ajustados de conformidad con el citado concepto.

Que una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los diferentes agentes del sector, se elaboró el documento que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los planteamientos expuestos, el cual fue puesto a consideración del Comité de Comisionados de la Entidad y, posteriormente, presentado a los miembros de la Sesión de Comisión el 21 de diciembre de 2010.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. ÁMBITO Y OBJETO DE APLICACIÓN. La presente resolución tiene por objeto establecer el régimen de reporte de información a la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC, por parte de los Operadores de Servicios Postales.

ARTÍCULO 2. PRESENTACIÓN Y FORMATOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN. Los formatos de reporte de información que deberán ser diligenciados por los operadores de Servicios Postales se presentan en los anexos de la presente Resolución. Dichos anexos podrán ser modificados por el Director Ejecutivo de la CRC, previa aprobación del Comité de Comisionados. Todos los reportes serán presentados a través del Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones –SIUST- (www.siust.gov.co).

ARTÍCULO 3. PUBLICACIÓN. La CRC podrá publicar la información reportada de forma consolidada o desagregada por operador de servicios postales, a través de los mecanismos que considere pertinentes para el desarrollo de las funciones a su cargo. PARÁGRAFO: En caso que exista información a la cual la Ley le haya conferido el carácter de confidencial, ésta no será publicada de manera desagregada por operador, y quedará sujeta a tratamiento reservado.

ARTÍCULO 4. PERIODICIDAD. Los reportes de información tendrán la periodicidad señalada en el Anexo 1 de la presente resolución y deberán ser enviados en la fechas indicadas en dicho anexo.

ARTÍCULO 5. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN. Los operadores de servicios postales deberán suministrar la información establecida en el presente régimen. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a lo establecido en el numeral 7 del Artículo 20 de la Ley 1369 de 2009.

ARTÍCULO 6. DEROGATORIAS. La presente resolución deroga el artículo 8 así como el Anexo de la Resolución CRC 2567 de 2010.

ARTÍCULO 7. PRIMER REPORTE DE INFORMACION. Los reportes de información contenidos en los Anexos 2, 3 y 5 de la presente resolución, deberán efectuarse a partir del primer trimestre de 2011, y su envío a la CRC debe realizarse a más tardar el 15 de abril de 2011. Los reportes de información contenidos en los demás Anexos de la presente resolución deberán efectuarse en los términos señalados en el Anexo 1".

ARTÍCULO 8. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO MOLANO VEGA
Presidente

CRISTHIAN LIZCANO ORTÍZ
Director Ejecutivo”

Normas violadas y concepto de la violación

El actor señala como violadas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 26, 29, 53, 57, 89, 90, 92, 93, 95, 122, 123, 124, 125 y 150 de la Constitución Política; y la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009.

Al explicar el concepto de la violación de las normas que se acaban de enunciar el demandante expuso las siguientes razones:

Indicó que el espíritu de la Ley 1369 de 2009, fue el de calificar los servicios postales como servicios públicos, tal y como expresamente consta en el artículo primero. Así, al definir esos servicios incluyó única y exclusivamente los de mensajería expresa, es decir, fue su intención que desapareciera del mundo jurídico la mensajería especializada, pues el artículo 50 ibídem estableció que se derogarían las disposiciones que le fuesen contrarias, y en particular derogó el artículo 37 de la Ley 80 de 1993, el artículo 3 de la Ley 46 de 1904, el Decreto 229 de 1995 y el Decreto 275 de 2000, todos ellos relacionados con la citada mensajería especializada.

En esa medida, al regular expresamente ese tipo de mensajería en la Resolución No. 2959 del 28 de diciembre de 2010, para el demandante, la CRC está reviviendo un servicio público que fue derogado expresamente por el Legislador, cuestión ésta que la vicia de nulidad por falta de competencia, como quiera que el único órgano habilitado para regular servicios públicos es el Congreso de la República, lo cual a su vez redunda en la causal de expedición irregular.

También señaló que la transitoriedad del artículo 46 de la Ley 1369 de 2009 no faculta tampoco a la CRC para definir el régimen de la mensajería especializada y mantenerla vigente, pues, reiteró, la intención del Congreso fue clara a efectos de desparecerla de la vida jurídica.

Afirmó que existían intereses particulares en la creación del acto impugnado, argumentos que la Sala se permite transcribir para entender el sentido de la imputación:

“Acaso existe algún interés particular del muy respetado señor Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, habida cuenta que, como HECHO PÚBLICO Y NOTORIO se sabe que viene de formar parte de la empresa TELEFÓNICA y ésta precisamente es una de las operadoras interesadas en subsistir con la derogada MENSAJERÍA ESPECIALIZADA? Porque no se declaró impedido oportunamente para actuar en este tema?

Y qué decir, eso si, con el más profundo respeto, de la actuación de la Dra. CLAUDIA ACEVEDO MEJÍA, quien en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del ramo, ofició como “re-creadora” de la “mensajería especializada”, ya que su CONCEPTO 001502, consigna una peligrosa FALSEDAD IDEOLÓGICA en tal DOCUMENTO PÚBLICO que le hace lindar con el Código Penal. No se compadece la detentación de su alto cargo y su actuación con la dignidad y el decoro que este exige y mucho menos el conocimiento público que de ella tiene el Foro Judicial, pues el servidor público no sólo debe parecer leal a su función sino serlo y feo será, siempre, creerse infalible de lo por ella conceptuado; amén de que fue utilizado e impuesto como OBLIGANTE, sobrepasando el verdadero contenido del artículo 25 del C.C.A.”

Aseveró que la decisión censurada era nula también por haberse expedido por abuso o exceso de poder pero no sustentó tal cargo, como tampoco el relativo a la vulneración del inciso 2 del artículo 84 del CCA.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La apoderada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, sosteniendo que no era cierto que la Resolución No. 2959 de 2010 haya revivido la mensajería especializada como lo estimaba el demandante.

Precisó que los cargos de nulidad carecían de técnica jurídica en su planteamiento, y que no obstante ello, podía interpretar que lo cuestionado es la competencia de la CRC para pronunciarse acerca del servicio postal, dado que, a juicio del accionante, corresponde al Congreso definir el régimen de dicha actividad.

Al respecto, sostuvo que de conformidad con el artículo 19 y numeral 7 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, sí tenía la atribución de regular el mercado postal y específicamente lo relacionado con la facultad de requerir información para el cumplimiento de sus funciones, entendiendo que de este hacían parte tanto los operadores que venían prestando el servicio con el régimen de la Ley 80 de 1993, como los que entraran a funcionar al amparo de la Ley 1369 de 2009, en aplicación de la norma que estableció el régimen de transición entre una y otra disposición. Al efecto precisó:

“Esta última facultad tiene relevancia frente al propósito de la resolución demandada, en razón a que la facultad general otorgada a la CRC por la ley, es para regular el mercado postal, no solamente a los operadores postales que se acogieron a las previsiones de la Ley 1369 de 2009, pues como ya se ha dicho, las facultades de regulación de la CRC también aplican de manera integral, para aquellos operadores que presten servicios bajo el régimen legal anterior, pero que en virtud de la transición prevista en el artículo 46 de la Ley, lo hacen bajo la normatividad de habilitación mediante la cual les fue otorgada la autorización para la prestación del respectivo servicio, como es el caso de los operadores de mensajería especializada. Ello por cuanto, como se ha manifestado, la facultad de regulación de la CRC, se extiende a la regulación del mercado en general, lo cual incluye de suyo, la regulación de todos los agentes que interactúan en ese mercado, en aras precisamente, de proteger los derechos de los usuarios.” (Resaltado del original).

En lo que concierne a la completud que le asigna el demandante a la Ley 1369 de 2009, estimó necesario aludir a la exposición de motivos, para resaltar que el Legislador no delimitó un modelo rígido y cerrado de la materia, sino que definió allí una serie de principios orientadores, que constituyen lineamientos generales, con base en los cuales se deberá concretar el modelo de prestación del servicio postal como toda aquella actividad que implique la recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales.

Para la CRC es a partir de esas líneas generales que juegan papel trascendental las autoridades de Regulación sectorial, pues en cumplimiento del mandato del artículo 365 Constitucional, son las llamadas a intervenir el mercado, de modo que se concrete el modelo de prestación previsto en la Ley postal, modelo en el cual según la Ley 1369 de 2009, la CRC deberá implementar medidas regulatorias que garanticen la prestación efectiva del servicio y que a su vez generen condiciones de competencia, de manera que todos los usuarios gocen de servicios eficientes y de calidad.

Insistió en que su función consistía en regular tanto a los operadores del servicio de mensajería especializada que se encuentran prestando el servicio amparados en el régimen de transición del artículo 46 de la Ley 1369 de 2009, como a los que decidieron acogerse a esta normativa una vez entró en vigencia, pues todos ellos tienen el deber de reportar información a la CRC, con el fin de que se adopten las medidas regulatorias que puedan hacer más eficiente la prestación del servicio.

Por último, señaló que se equivocaba el actor al afirmar que la derogatoria prevista en el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009 incluía el régimen de transición, dado que, lo que el Legislador planteó fue un periodo de convivencia entre los operadores habilitados con el régimen de la Ley 80 de 1993 y los que se acogían a las nuevas disposiciones, debido a que existían títulos expedidos con fundamento en aquéllas normas que debían ser respetados, y a su vez, debían ser regulados so pena de generar desigualdad entre los operadores.

A manera de conclusiones trajo a colación las siguientes:

La regulación del Estado en los servicios públicos, es el mecanismo que garantiza la libre competencia y los derechos de los usuarios del mercado postal, rige para todos los operadores en general y su aplicación no puede estar sujeta ni condicionada por los periodos de transición de la Ley.

La CRC, es la autoridad de regulación sectorial del mercado postal, y sus facultades no están suspendidas ni excluidas para los operadores que están bajo el régimen de transición del artículo 46 de la Ley 1369 de 2009.

La información es uno de los insumos fundamentales en las tareas de cualquier autoridad de regulación, pues a partir de ella, se toman las decisiones técnicas que garantizan la libre competencia y los derechos de los usuarios de los servicios.

El servicio de Mensajería Especializada, fue incluido en el Régimen de Reporte de Información de los Operadores Postales establecido en la Resolución CRC 2959 de 2010, con el fin de generar una regulación general y uniforme en cuanto a solicitud de información, para todos los operadores del mercado, y con base en las facultades expresas que le otorgó el numeral 7 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009.

En el presente asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para que prospere la acción de nulidad, conforme a los postulados, del artículo 84 toda vez que la Resolución demandada ha sido expedida por la autoridad competente de conformidad con los mandatos del artículo 20 numeral 7 de la Ley 1369 de 2009.

No se están violando por parte de la Resolución CRC 2959 de 2010, los artículos 25 y 84 parágrafo 2 del C.C.A., como tampoco el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009, como se expuso.”

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones alegó de conclusión trayendo a colación una síntesis de los argumentos planteados en el escrito de contestación.

El demandante no allegó pronunciamiento en esta etapa del proceso.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público que actúa como delegado ante esta Corporación, después de hacer un análisis de los cargos planteados en la demanda y los argumentos de la contestación, solicitó negar las pretensiones de la demanda en cuanto que el accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión censurada.

Adujo que la Ley 1369 de 2009 no contempló la mensajería especializada como una forma de servicio postal, y que en efecto, derogó todas las disposiciones que regulaban esa clase de servicio tal y como consta en el artículo 50 ibídem. No obstante, también afirmó que como existían operadores que continuaban prestando esos servicios en los términos y condiciones de las licencias y concesiones que le fueron otorgadas, era apenas lógico que fuesen incluidos en la resolución demandada, sobre todo cuando es deber de todo operador remitir la información que le sea requerida por el ente regulador, a las voces del numeral 20 del artículo 7 de la Ley 1369 de 2009.

DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Competencia.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

Problemas jurídicos

Para el pronunciamiento sobre la petición de nulidad del acto acusado, la Sala observa que los cargos y la defensa discrepan en el alcance que el demandante otorga a la disposición acusada, debido a que afirma que está reviviendo una clase de servicio postal (mensajería especializada) que fue derogada expresamente mediante la Ley 1369 de 2009; en tanto que la CRC advierte que tal aseveración no es correcta debido a que lo buscado es regular el reporte de información de todas las empresas que prestan ese servicio, incluso de las que operan al amparo del régimen de transición que previene el artículo 46 de la mencionada ley.

Al respecto, pueden formularse los siguientes problemas jurídicos:

¿Es cierto que la Ley 1369 de 2009 derogó expresamente el régimen de mensajería especializada del servicio postal?

¿Es cierto que la CRC, a través de un acto administrativo, está reviviendo un servicio postal de mensajería especializada que fue derogado expresamente por el Legislador?

¿Es competente la CRC para incluir a los operadores de mensajería especializada dentro del régimen de reporte de información de los operadores de servicio postal, aun cuando dicha clase de mensajería se continúe prestando al amparo de un régimen de transición que prevé su funcionamiento en la medida en que se encuentre vigente la licencia o concesión otorgada para el efecto?

Discernir esos aspectos impone determinar primero el régimen en el cual se ha desarrollado el servicio postal en Colombia, como se entrará a abordar en seguida:

Servicio Postal

Marco normativo

El régimen del servicio postal en Colombia se remonta a la Ley 46 de 1904 (artículo 3º), en la cual se otorgó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros franquicia postal y telegráfica para asuntos relacionados con sus labores oficiales.

Más adelante, con la expedición de la Ley 110 de 1912 se entregó la prestación del servicio de correos a la libre iniciativa de los particulares y se diferenció la actividad de comunicación a través correos propiamente dichos, de la prestada por medio de telégrafos, caso en el cual para su operación era necesario contar con el respectivo permiso del Estado.

Posteriormente, con la Ley 142 de 1913 se erigió el Estado como el titular de la prestación de los servicios postales, circunstancia que luego fue reafirmada a través de la Ley 76 de 1914 al radicar esa responsabilidad en el Gobierno Nacional. A su turno, la ley 82 de 1916 reformó la anterior norma en el sentido de organizar el sistema de administración de los dineros percibidos por la ejecución de la actividad. Las anteriores disposiciones fueron reglamentadas por el Decreto 1418 de 1945 “Reglamento de los Servicios Nacionales de Correos, Telégrafos y Teléfonos”, definió las líneas técnicas para la prestación del servicio.

Más adelante, se expidió el Decreto Ley 1635 de 1960 que reorganizó el Ministerio de Comunicaciones, y le asignó la prestación de los servicios postales. Seguidamente, el Decreto Ley No. 3267 de 1963, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente por la Ley 21 de 1963, creó la Administración Postal Nacional, ADPOSTAL, entidad a la cual se atribuyó específicamente la prestación de los servicios postales.

A la postre, los Decretos 1580 de 1974 y 75 de 1984 definieron nuevamente las condiciones técnicas de la prestación del servicio teniendo en consideración toda la evolución que en el ámbito internacional había clasificado un servicio especial del ordinario. El último de los decretos mencionados incluye las actividades que hacen parte del servicio de correos a cargo exclusivo del Estado.

De la misma forma, la Ley 72 de 1989 determinó que los servicios postales se incorporarían dentro del sector de las comunicaciones, y estableció que éstos pueden ser prestados a través de concesiones, las cuales pueden otorgarse por medio de contratos o en virtud de licencias.

Posteriormente fue expedido el Decreto No. 2122 de 1992, expedido en virtud del artículo 20 transitorio de la Carta que, transformó Adpostal de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, sometiéndolo en consecuencia a un régimen de igualdad jurídica con otros operadores de los servicios postales. También enlista las funciones del Ministerio de Comunicaciones; el ejercicio, a nombre de la nación, de la titularidad de los servicios postales; el otorgamiento de concesiones y licencias para la prestación de servicios postales a personas naturales o jurídicas, y el ejercicio de funciones de vigilancia, inspección y control de los servicios en comento (artículo 1º). En el artículo 3º crea la Comisión de Regulación de Comunicaciones y en los siguientes preceptos determina las funciones, integración, estructura, etc.

Como se observa, la titularidad pública exclusiva de los servicios postales, a veces denominados servicios de correo, se ha mantenido hasta nuestros días. Los cambios que han introducido las normas están relacionadas con la posibilidad de que los particulares puedan prestar tal servicio, mediante un régimen de concesión o licencia, como es obvio, bajo la vigilancia, inspección y control del Estado.

El anterior criterio se mantuvo con el artículo 37 de la Ley 80 de 1993, en la cual, además, el Legislador distinguió entre mensajería especializada y servicio de correo como especies del género común de servicios postales, así:

“Artículo 37º.-  Del Régimen de Concesiones y Licencias de los Servicios Postales. Los servicios postales comprenden la prestación de los servicios de correo y del servicio de mensajería especializada.

Se entiende por servicio de correo la prestación de los servicios de giros postales y telegráficos, así como el recibo, clasificación y entrega de envíos de correspondencia y otros objetos postales, transportados vía superficie y aérea, dentro del territorio nacional. El servicio de correo internacional se prestará de acuerdo con los convenios y acuerdos internacionales suscritos con la Unión Postal Universal y los países miembros.

Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio postal prestado con independencia a las redes postales oficiales del correo nacional e internacional, que exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección y entrega personalizada de los objetos transportados, vía superficie y aérea, en el ámbito nacional y en conexión con el exterior.

El Gobierno Nacional reglamentará las calidades, condiciones y requisitos que deben reunir las personas naturales y jurídicas para la prestación de los servicios postales. Igualmente fijará los derechos, tasas, y tarifas, que regularán las concesiones y licencias para la prestación de los servicios postales.

Parágrafo 1º.- La prestación de los servicios de correos se concederá mediante contrato, a través del procedimiento de selección objetiva de que trata la presente Ley. La prestación del servicio de mensajería especializada se concederá directamente mediante licencia.

Parágrafo 2º.- El término de duración de las concesiones para la prestación de los servicios postales, no podrá exceder de cinco (5) años, pero podrá ser prorrogado antes de su vencimiento por igual término”. (Subrayas de la Sala).

A su turno, los Decretos 1697 de 1994, 2622 de 1994, 229 de 1995 y 275 de 2000, proferidos por el Presidente de la República y el Ministro de Comunicaciones, reglamentaron las dos modalidades del servicio mencionadas anteriormente en el sentido de definir todo el régimen jurídico en el cual se desenvolvería la actividad postal en el país, determinando lo que se debe entender por servicio postal, envíos de correspondencia, red oficial, entre otras definiciones, así como todo lo relacionado con el marco de las concesiones y licencias, los cánones y tarifas, las responsabilidades, los derechos de los usuarios, las sanciones, las garantías de los servicios postales, la competencia del Ministerio de Comunicaciones, el punto de control y vigilancia, entre otros, fijando las características del servicio de mensajería especializada de la siguiente manera (se transcribe la disposición contenida en el Decreto 229 de 1995 que es la norma previa a la expedición de la Ley 1369 de 2009, que cambió el régimen):

“Artículo  6°. Servicios de mensajería especializada. Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio postal prestado con independencia de las redes postales oficiales del correo nacional e internacional, que exige la aplicación y adopción de características especiales, para la recepción, recolección y entrega personalizada de envíos de correspondencia y demás objetos postales, transportados vía superficie y/o aérea, en el ámbito nacional y en conexión con el exterior.

Parágrafo. Las características especiales que deben cumplir los servicios de mensajería especializada son:

a. Registro individual de cada envío. Todo envío de mensajería especializada debe tener un número de identificación individual;

b. Recolección a domicilio. Si el cliente lo solicita, el servicio de mensajería debe efectuar la recolección en el domicilio del usuario o cliente solicitante;

c. Admisión. El servicio de mensajería debe expedir un recibo de admisión o guía, por cada envío, en el cual debe constar:

• Número de identificación del envío.
• Fecha y hora de admisión.
• Peso del envío en gramos.
• Valor del servicio.
• Nombre y dirección completa del remitente y destinatario.
• Fecha y hora de entrega;

d. Curso del envío. Todo envío de mensajería debe cursar, con una copia del recibo de admisión o guía, adherido al envío;

e. Tiempo de entrega. Los envíos de mensajería especializada se caracterizan por la rapidez en la entrega. El servicio de mensajería debe prestarse en condiciones normales con unos tiempos de entrega no superiores a:

Veinticuatro (24) horas en servicio urbano.
Cuarenta y ocho (48) horas en servicio nacional a cualquier lugar del país.
Noventa y seis (96) horas en servicio internacional;

f. Prueba de entrega. El cliente usuario del servicio de mensajería especializada, puede exigir la prueba de entrega del envío, donde consta fecha y hora de entrega y firma e identificación de quien recibe”.

El artículo 13 ibídem, establecía que la prestación del servicio de mensajería especializada se daría previa la expedición de licencia, en tanto que la de correo se daría una vez agotado el trámite de licitación que corresponda:

“Artículo  13. Formas de contratación. La prestación del servicio de correo nacional e internacional se concederá mediante contrato, previa licitación pública, por el procedimiento de selección objetiva. La prestación del servicio de mensajería especializada se concederá directamente mediante licencia”.

Finalmente, el Congreso de la República, mediante la expedición de la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009, elevó a ese rango toda la normativa que regulaba el servicio postal en Colombia, otorgándole el carácter de servicio público, tal y como consta en el ámbito de aplicación previsto en el artículo 1º:

“Artículo 1o. Ámbito de aplicación, objeto y alcance. La presente ley señala el régimen general de prestación de los servicios postales y lo pertinente, a las entidades encargadas de la regulación de estos servicios, que son un servicio público en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. Su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida esta última, como el acceso progresivo a la población en todo el territorio nacional.

Los Servicios Postales están bajo la titularidad del Estado, el cual para su prestación, podrá habilitar a empresas públicas y privadas en los términos de esta ley.”(Subrayas de la Sala).

Adicionalmente, desagregó en tres clases el servicio postal así: (i) servicio de correo, (ii) servicio postal de pago, (iii) servicio de mensajería expresa y (iv)otros servicios postales, definiendo en cada uno las actividades que se encuentran comprendidas en esa noción; veamos:

“Artículo 3o. Definiciones. Para todos los efectos, se adoptan las siguientes definiciones:

2. Servicios Postales. Los Servicios Postales consisten en el desarrollo de las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro del país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior. Son servicios postales, entre otros, los servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa

2.1 Servicio de Correo. Servicios Postales prestados por el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo:

2.1.1 Envíos de Correspondencia. Es el servicio por el cual el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales.

2.1.1.1 Envíos prioritarios y no prioritarios de correo de hasta dos (2) kilogramos.

2.1.1.1.1 Envíos prioritarios de correo. Envíos hasta 2 kg de peso transportados por la vía más rápida, sin guía y sin seguimiento.

2.1.1.1.2 Envíos no prioritarios de correo. Envíos en los cuales el remitente ha elegido una tarifa menos elevada, lo que implica un plazo de distribución más largo, sin guía y sin seguimiento.

2.1.2 Encomienda. Servicio obligatorio para el Operador Postal Oficial o Concesionario de correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, de objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida circulación en el territorio nacional o internacional, con o sin valor declarado, hasta un peso de 30 kg, conforme a lo establecido por la Unión Postal Universal.

2.1.3 Servicio de Correo Telegráfico: Admisión de telegramas y su transmisión mediante el operador habilitado para prestar el servicio de telegrafía, y posterior entrega a un destinatario de manera física.

2.1.4 Otros Servicios de Correo. Todos aquellos servicios que sean clasificados como tales por la Unión Postal Universal.

2.2 Servicios Postales de Pago. Conjunto de servicios de pago prestados mediante el aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente.

Se consideran servicios postales de pago entre otros:

2.2.1 Giros Nacionales. Servicio mediante el cual se ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una red postal. La modalidad de envío podrá ser entre otras, física o electrónica.

2.2.2 Giros Internacionales. Servicio prestado exclusivamente por el Operador Postal oficial o concesionario de Correo, mediante el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el exterior. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o electrónica.

Los giros internacionales están sometidos a lo señalado en la Ley 9ª de 1991, sus modificaciones, adiciones y reglamentos.

2.2.3 Otros. Servicios que la Unión Postal Universal clasifique como tales.

2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente que exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

El servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las siguientes características:

Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.

b) Recolección a domicilio. A solicitud del cliente.

c) Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del recibo de admisión adherido al envío.

d) Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la entrega.

e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe.

f) Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega.

2.4 Otros Servicios Postales. Servicios que la Unión Postal Universal clasifique como tales”.

Así mismo, el citado artículo también precisó la clase de operador para cada tipo de servicio postal así:

“4 Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que ofrece al público en general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios postales pueden tener tres categorías:

4.1 Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo. Persona jurídica, habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que mediante contrato de concesión, prestará el servicio postal de correo y mediante habilitación, los servicios de Mensajería expresa y servicios postales de pago, a nivel nacional e internacional.

El Servicio Postal Universal a que se refiere el artículo 13 de la presente ley, la Franquicia, el servicio de giros internacionales y el área de reserva señalada en el artículo 15 de la presente ley, serán prestados por el Operador Postal Oficial de manera exclusiva en concordancia con lo dispuesto en la presente ley.

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios.

4.3 Operador de Mensajería Expresa. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de Comunicaciones para ofrecer al público un servicio postal urgente con independencia de las redes postales oficiales de correo nacional e internacional, que exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega”.

En el escenario descrito, lo que se advierte entonces es que el Legislador reaccionó a la necesidad de integrar en un solo cuerpo normativo la regulación del servicio postal, como servicio público, que respondiera además a los cambios tecnológicos que en esta materia venían proyectándose en la sociedad y que se precisaran las competencias de las distintas autoridades administrativas en cada una de esas actividades. La exposición de motivos es clara al establecerlos de esa manera:

“Sin embargo, no hay una ley que enmarque de manera integral el régimen jurídico de estos servicios y mediante la cual el Estado ejerza su función privativa de regular y controlar a los Operadores, a partir de la expresa declaración constitucional de que se trata de un servicio público.

(…)
El Proyecto de Ley que aquí se presenta pretende ser ese marco legal, que permita a todos los habitantes del territorio nacional contar con servicio postales apropiados, que se adapten a la rapidez necesaria a los avances de la tecnología en todos los rincones del país, que combine la liberalización del mercado con la presencia del Estado como regulador y también como proveedor de recursos que se requieran para que progresivamente se alcancen los niveles deseables del Servicio Postal Universal..

Dado el gran número de competencias existentes en el mercado, la tendencia creciente de participación en el mercado que muestran algunos servicios postales y el nuevo entorno regulatorio del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como la tendencia mundial a separar el ejercicio de las actividades de regulación y de control sobre estos servicios, es necesario definir un esquema que establezca claras funciones entre los diferentes entes del Estado. Así las cosas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tendrá entre sus principales funciones la de habilitación de los Operadores Postales, definir las políticas que estimulen el sector y ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el conjunto de los Operadores Postales.

Corresponderá a la Comisión de Regulación de Comunicaciones promover la libre competencia de manera que los usuarios se beneficien de servicios eficientes. En el marco de sus ejercicios, la CRC estará facultada para dirimir conflictos entre operadores, fijar tarifas de interconexión y expedir el régimen de protección al usuario entre otras funciones”.

Siendo ello así, es claro que el designio legislativo fue replantear el contexto en el cual debía moverse el servicio postal en Colombia, y por ello debía derogar, como en efecto lo hizo, las disposiciones que contemplaban un marco diferente. El artículo 50 de la Ley 1369 de 2009 así lo dispuso:

“Artículo 50. Derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en particular el artículo 37 de la Ley 80 de 1993, artículo 3o de la Ley 46 de 1904, el Decreto 229 de 1995 y el Decreto 275 de 2000”.

Bajo tales premisas, la respuesta al primer interrogante formulado en el acápite del planteamiento de los problemas jurídicos debe ser afirmativa, puesto que el servicio postal en la forma de mensajería especializada sí fue derogado con la expedición de la Ley 1369 de 2009, habida cuenta de que se contemplaron nuevas clases en la prestación de dicho servicio y condiciones en general diferentes a las ya establecidas en normas previas. Luego, lo que realmente sucedió fue un cambio de régimen y no sólo la desaparición de la mensajería especializada como clase de servicio postal.

Competencia CRC. Régimen de reporte de información de los operadores de servicios postales

La Comisión de Regulación de Comunicaciones ostenta facultades expresas para determinar el régimen tarifario desde el Decreto 1130 de 1999 de todos los operadores y comercializadores de redes y servicios.

“Artículo 37. Funciones de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Las siguientes funciones conferidas a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones por la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2167 de 1992, o atribuidas al Ministerio de Comunicaciones por normas anteriores al presente Decreto, serán ejercidas por dicha Comisión:

(…)

3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de competencia; el régimen tarifario; el régimen de interconexión; el régimen de protección al usuario; los parámetros de calidad de los servicios; criterios de eficiencia e indicadores de control de resultados; y las inherentes a la resolución de conflictos entre operadores y comercializadores de redes y servicios”.

En consonancia con ello, el artículo 19 de la Ley 1369 de 2009, deja en manos de la CRC la regulación del mercado postal con expresos propósitos de promover la libre competencia y garantizar la eficiencia del servicio:

“Artículo 19. La Comisión de Regulación De Comunicaciones - CRC. Tendrá la función de regular el mercado postal, con el propósito de promover la libre competencia, de manera que los usuarios se beneficien de servicios eficientes”.

El artículo 11 ibídem, fija en la CRC la competencia para regular el régimen tarifario, específicamente en los servicios postales distintos al Servicio Postal Universal, atribución ésta que lleva implícita la facultad de exigir de los operadores la información que se requiera para determinar el porcentaje de la misma e impedir que incurran en prácticas desleales o restrictivas de la competencia, en abuso de posición dominante y que afecten los derechos de los usuarios, tal y como se ordenó expresamente en el inciso segundo del artículo 12 ibídem:

“Artículo 12. Régimen tarifario de los servicios postales. Los operadores de servicios postales que presten servicios distintos a aquellos pertenecientes al Servicio Postal Universal, podrán fijar libremente las tarifas que cobran a sus usuarios por la prestación de sus servicios. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular estas tarifas cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos.

En ejercicio de sus funciones de regulación, la Comisión de Regulación podrá exigir la información que estime pertinente para velar que los operadores no incurran en prácticas desleales o restrictivas de la competencia o que constituyan abuso de la posición dominante y que afecten los derechos de los usuarios de los servicios postales.

Parágrafo. Se exceptúa del régimen de libertad de tarifas los servicios de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores, para los cuales la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá fijar una tarifa mínima dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Las actividades que efectúen los operadores de mensajería expresa diferentes a la recepción, clasificación, transporte y entrega de los objetos postales, se considerarán servicios adicionales, los cuales no podrán ser incluidos en el cálculo de la tarifa mínima”. (Subrayas de la Sala).

Por su parte, el artículo 20 ibídem, precisa las funciones regulatorias a que se ha aludido, y reitera con más detalle la atribución requerir para el cumplimiento de sus funciones información de los operadores de servicio postal, cuyo incumplimiento genera la imposición de las sanciones que prevé en el inciso segundo del numeral 7; veamos:

“Artículo 20. Funciones regulatorias de la CRC. La CRC tendrá las siguientes funciones regulatorias en asuntos postales:

(…)

7. Requerir para el cumplimiento de sus funciones, información amplia, exacta, veraz y oportuna a los operadores de servicios postales.

Aquellos que no proporcionen la información antes mencionada a la CRC podrán ser sujetos de imposición de multas diarias por parte de la CRC hasta por 100 salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurran en esta conducta, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión.” (Subrayas de la Sala).

En ese contexto, no cabe duda de que la CRC tiene competencia para expedir el régimen de reporte de información de los operadores de servicios postales; circunstancia que llevaría entonces a preguntarnos si era procedente que allí incluyera el de mensajería especializada aun cuando el artículo 50 ibídem, como se vio, derogó expresamente ese tipo de mensajería.

Para responder ese cuestionamiento es menester traer a colación el artículo 46 ibídem, que determinó el régimen de transición al que estaban sujetas las empresas de servicio postal que a la fecha de entrada en vigor de esa ley tuvieran concesiones o licencias vigentes expedidas con base en la Ley 80 de 1993 y los Decretos 1697 de 1994, 2622 de 1994 o 229 de 1995. El siguiente es el tenor de la norma anunciada:

“Artículo 46. Transitorio. Las empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán mantener sus concesiones y licencias hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición y con efectos sólo para esas habilitaciones. Cumplido el término fijado por las concesiones o licencias, se les aplicará el nuevo régimen previsto en la ley.

En caso que las empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a los términos de la misma, contarán con un plazo de seis (6) meses para adecuarse al cumplimiento de los requisitos en ella contenidos.”

De la lectura de la disposición se desprende que las empresas a que se aludió en el anterior párrafo tenían dos posibilidades, a saber: la primera, continuar operando hasta el vencimiento de la concesión y licencia, cumplido el cual deberían ajustarse a la nueva normativa; o la segunda, acogerse a los términos de la Ley 1369 de 2009 dentro de los seis (6) meses siguientes a su expedición.

Lo anterior indica a su vez que después del 10 de diciembre de 2009, en el mercado postal del país bien podrían existir empresas prestadoras de mensajería especializada y operadores de servicios postales de pago o de mensajería expresa, etc., pues así lo previó el Legislador, de forma tal que los derechos reconocidos a las primeras no le fueren trasgredidos en manera alguna por un cambio de régimen en la prestación del servicio mientras perdure el contrato o permiso otorgado para su funcionamiento.

Si ello es así, resulta apenas lógico que la CRC, en cumplimiento de su deber de regulador del mercado postal, exija tanto de las empresas de mensajería especializada (Decreto 229 de 1995) como de la de mensajería expresa, o las demás que determina la Ley 1369 de 2009, el reporte de información en la forma en que se indica en los anexos 1 a 8 de la Resolución No. 2595 de 2010 (Censurada), sin que ello signifique que se esté “reviviendo” una clase de servicio postal que fue derogada expresamente por el Congreso de la República. Considerar lo contrario sería tanto como admitir que quedan exceptuados del control regulatorio aquellos operadores que hubieren optado por no acogerse a la segunda medida de transición antes explicada, lo cual redundaría en la imposibilidad de alcanzar el cometido para el cual fue instituida la CRC en este campo, cual es, la de promover la libre y leal competencia y prevenir conductas desleales o prácticas restrictivas o abusos de posición dominante, pues sin la información no podrá establecer comportamientos diferenciales o medidas tendientes a corregir las fallas que se presenten.

En esos términos, no hay lugar a acceder a la pretensión de nulidad de la Resolución No. 2656 del 28 de diciembre de 2010, que solicita el señor Elmer Ramiro Silva Rodríguez, pues no se observa que la CRC carezca de competencia para adoptar las determinaciones allí contenidas, ni tampoco que se haya expedido irregularmente o con desviación de poder, sino que responde al cumplimiento de los deberes de que es titular esa autoridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Reconocer al abogado Andrés Gutiérrez Guzmán como apoderado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de conformidad con el poder de sustitución visible a folio 394 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de julio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

Ver folios 291 a 295 del expediente. Folio 336 ibídem. Folios 349 y 350 ibídem.
“Art. 1.° Declárase la Sociedad Colombiana de Ingenieros, fundada en Bogotá el 29 de Mayo de 1887, como centro consultivo del Gobierno para la resolución de las cuestiones relacionadas con las mejoras materiales del país en su parte técnica que se le sometan a su estudio. En su órgano, los Anales de Ingeniería, se publicarán las disposiciones importantes relativas a las obras de ingeniería nacionales, y de cada número se remitirán al Gobierno 50 ejemplares”.
(…)
“Art. 3. ° La Institución nombrada tendrá franquicia postal y telegráfica para la gestión de los asuntos relacionados con sus labores oficiales; y pasarán libres de derechos de Aduana los elementos que necesite para sus estudios, así como los libros y objetos que se le envíen para su biblioteca y museo”.
“Artículo 137. El Estado presta el servicio de correos y telégrafos en el territorio nacional. El primero de tales servicios puede prestarse también libremente por los Departamentos, los Municipios y los particulares. El segundo sólo puede prestarse por el Estado, o por las personas naturales o jurídicas con las cuales se haya contratado o se contrate su establecimiento, en nombre de aquél, o que obtengan o hayan obtenido del Gobierno el respectivo permiso. Artículo 138. La disposición contenida en el inciso tercero del artículo anterior se aplica al servicio de comunicaciones telefónicas, inalámbricas, u otras análogas establecidas o que se establezcan. Artículo 139. Corresponde a los Municipios la concesión del permiso a particulares para el establecimiento de tales servicios por sus vías públicas. Artículo 140. La organización del servicio de correos se acomoda a las disposiciones de la Unión Postal Universal; en defecto de ellas, a las contenidas en este Código o en leyes especiales, y a falta de éstas a la reglamentación del Gobierno. Artículo 141. El pago del servicio postal que se presta al público se hace por medio de especies que el Gobierno emite con tal objeto, como sellos de correo, tarjetas, cubiertas de valor, cubiertas de servicio postal y patentes, de los valores y clases que se determinan en las convenciones postales, en las leyes y en los reglamentos. Artículo 142. La emisión de especies postales es una facultad privativa del Estado. Artículo 143. El pago del servicio telegráfico que se presta al público se puede hacer en dinero o en especies, según lo que disponga al efecto la ley o el decreto reglamentario”.
“Artículo 1. ° La dirección, organización y administración de los ramos de Correos y Telégrafos estará a cargo del Ministerio que determine el Presidente de la Republica en uso de la facultad que le concede el Artículo 132 de la Constitución. EL Ministro es el Jefe del ramo de Correos y Telégrafos y es el de consiguiente a quien corresponde estudiar y resolver todos los asuntos que se relaciones con dicho ramo, reglamentado y proponer al Jefe del Poder Ejecutivo los proyectos de resoluciones o decretos que estime conducentes a la conveniente organización de él. Artículo 2. ° Queda suprimida la Dirección General de Correos y Telégrafos. Artículo 3. ° Para el mejor servicio y la más aceptada dirección del ramo, este se dividirá en dos grandes ramas o secciones, que se denominaran: de Telégrafos la primera y de Correos la segunda, cada una de las cuales estará bajo las ordenes y responsabilidad inmediata de un Administrador General”.
“Artículo 1. ° Cada una de las Administraciones de Correos y Telégrafos tendrá un Tesorero encargado del manejo de los fondos que las oficinas del ramo produzcan y de los que el Presupuesto destine para el sostenimiento del servicio respectivo.

Artículo 2. ° Los Tesoreros de Correos y Telégrafos asegurarán su manejo de acuerdo con las reglas generales del Código Fiscal.”
“ARTICULO 5º- El servicio de correos corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, sin perjuicios de que los Departamentos y los Municipios puedan crear y sostener a su costa, dentro de su jurisdicción, servicios especiales (Artículos 17 de la Ley 76 de 1914 y 17 de la Ley 82 de 1916). ARTICULO 6o.- Es función privativa del Estado el establecimiento, sostenimiento y manejo de correo aéreo. El Gobierno prestará este servicio directamente o por administración delegada”.
"Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se conceden unas facultades extraordinarias al Presidente de la República".
“Artículo 1o. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comunicaciones, adoptará la política general del sector de comunicaciones y ejercerá las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios de dicho sector, que comprende, entre otros:
• Los servicios de telecomunicaciones.
• Los servicios informáticos y de telemática.
• Los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado.
• Los servicios postales.”
“Artículo 7o. Las concesiones podrán otorgarse por medio de contratos o en virtud de licencias, según lo disponga el Gobierno, y darán lugar al pago de derechos, tasas o tarifas que fije el Ministerio de Comunicaciones, a excepción las que corresponda fijar a Inravisión y a las organizaciones regionales de Televisión.”
“ARTICULO 2o.Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.- Créase la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la cual tendrá el carácter de Unidad Administrativa Especial, y cuyo objetivo será el de regular y promover la competencia para que las operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad. PARAGRAFO.- Esta Unidad Administrativa especial no tendrá personería jurídica y será parte de la estructura administrativa del Ministerio de Comunicaciones”. La citada norma fue declarada exequible mediante sentencia C-407 de 1994, proferida por la Corte Constitucional.
“Artículo 11. Entidad competente. La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC, es la Autoridad competente para regular el régimen de tarifas y los niveles de calidad de los Servicios Postales distintos a aquellos pertenecientes al Servicio Postal Universal. Parágrafo 1o. Contribución a la CRC. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste la CRC, las personas y entidades sometidas a su regulación deberán pagar una contribución anual que se liquidará sobre los ingresos brutos que obtengan, en el año anterior a aquel al que corresponda la contribución, por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones (excluyendo terminales) o por la prestación de servicios postales, y cuya tarifa, que será fijada para cada año por la propia Comisión, no podrá exceder del uno por mil (0.1%). Para la determinación de la tarifa, la Comisión deberá tener en cuenta el costo presupuestado del servicio de regulación para el respectivo año, y atenderá las siguientes reglas:
a) Por costo del servicio se entenderán todos los gastos de funcionamiento e inversión de la Comisión, incluyendo la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual al cual corresponda la contribución.
b) El costo de referencia para fijar la tarifa debe determinarse teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto, presentado al Congreso de la República, para el año en el que debe pagarse la contribución.

En caso de que, al momento de fijarse la tarifa, ya se haya expedido la respectiva ley de presupuesto, el costo de referencia será el establecido en esa ley.
c) La Comisión realizará una estimación de los ingresos brutos de los contribuyentes con base en la información con que cuente al momento de expedir la resolución mediante la cual fije la tarifa. Esta información podrá provenir, entre otras fuentes, de la información suministrada por los contribuyentes o de cruces de información con otras entidades.
d) La tarifa fijada debe ser aquella que, aplicada a la base gravable a que se hace referencia el literal c) de este artículo, solamente arrojará lo necesario para cubrir el costo del servicio.
e) La suma a cargo de cada contribuyente equivaldrá a aplicar la tarifa fijada por la CRC a la base gravable establecida en el inciso primero de este artículo.
f) Corresponderá a la CRC establecer los procedimientos para la liquidación y pago de la contribución, así como ejercer las correspondientes funciones de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coactivo. Sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la contribución serán las mismas establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y complementarios. PARÁGRAFO 2o. Los ingresos brutos obtenidos durante el año 2010 por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones (excluyendo terminales) o por la prestación de servicios postales, servirán como base gravable de la contribución correspondiente a los años 2010 y 2011. La Comisión de Regulación de Comunicaciones fijará la tarifa correspondiente al año 2010 tomando como factor de referencia los ingresos brutos correspondientes al año 2009, y ordenará a los contribuyentes el pago de un anticipo equivalente a la suma que resulta de aplicar la tarifa que establezca para el año 2010 a los ingresos brutos obtenidos durante el 2009. Ese anticipo será imputado al valor a pagar que resulte de la liquidación definitiva de la contribución por el año 2010 que deberá realizarse, a más tardar, el 30 de abril de 2011”. Anexo 1. Calendario de reportes; Anexo 2. Ingresos por servicio de mensajería; Anexo 3. Tráfico (Formatos para envíos de los servicios de mensajería, Formatos para los envíos de servicio de correo, formato para los servicios postales de pago y servicios financieros de correo), formatos para los servicios recibidos por interconexión; Anexo 4. Tarifas. Anexo 5. Protección de los usuarios de servicios postales (formatos PQR, Formatos solicitudes de indemnizaciones); Anexo 6. Infraestructura (puntos de atención al público, centros de clasificación): Anexo 7. Personal (número de empleos); Anexo 8. Tarifas aplicables al servicio de mensajería especializada masiva)

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