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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00132-00

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00132-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente sentencia, por Secretaría archivar el expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 RADICACIÓN: 1100103240020110013200 DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00132-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (09) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
Radicación: 11001032400020110013200
Demandante: MARIO DE JESÚS OSORIO
Demandado: INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, EN ADELANTE IFI-, HOY
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Tema: CONCESIÓN SALINAS - LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES FISCALES
ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 8° DE LA LEY 708 DE 2001 – PRUEBA DEL DOMINIO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por el
ciudadano Mario de Jesús Osorio, en contra de la Resolución 460 de 29 de mayo
de 2009, expedida en forma conjunta por el Gerente Liquidador del Instituto de
Fomento Industrial, IFI, en Liquidación y el Director del IFI Concesión de Salinas.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Mario de Jesús Osorio, actuando en nombre propio y en ejercicio de la
acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante
CCA), presentó demanda ante esta corporación judicial, con el fin de que se declare
la nulidad de la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009 «Por medio de la cual se
transfieren los derechos sobre un bien inmueble a título gratuito al Municipio de
Restrepo, Meta, de conformidad con el artículo 8º de la Ley 708 de 2001». Las
pretensiones del accionante, concretamente, son del siguiente tenor:

«[…] PRIMERO. - Se declare que es nula la resolución 460 de mayo 29 de 2009
“por medio de la cual se transfieren los derechos sobre un bien inmueble a título
gratuito al Municipio de Restrepo, Meta, de conformidad con el artículo 8º de la
Ley 708 de 2001” proferida en forma conjunta por: El Gerente Liquidador del
Instituto de Fomento Industrial IFI, en liquidación y el Director del IFI Concesión
Salinas.

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SEGUNDO. - Como consecuencia de la anterior declaración se indique que el
acto administrativo declarado nulo queda sin efecto alguno.

TERCERO. - Para el cumplimiento de la sentencia se ordenará dar aplicación a
los artículos 176 y 177 del C.C.A […]»

I.1.2. Los hechos de la demanda

2. La parte actora relató como fundamentos fácticos, en síntesis, los siguientes:

3. Anotó que el Gerente Liquidador del IFI, en Liquidación, conjuntamente con el
Director del IFI Concesión Salinas, expidieron la Resolución 460 de 29 mayo de
20091, mediante la cual transfirieron los derechos sobre un bien inmueble, a título
gratuito, a favor del municipio de Restrepo, Meta y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 8° de la Ley 708 de 2001.

4. Precisó que el artículo 8° de la Ley 708 de 2001 exige, como presupuesto esencial
para efectuar la transferencia, que se trate de un bien fiscal de «propiedad de las
entidades públicas del orden nacional».

5. Sostuvo que el bien inmueble afectado se encuentra inscrito en el folio de
matrícula inmobiliaria 230-70625 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Villavicencio, documento público en el cual figura únicamente una afectación de
reserva para explotación minera, con destino a las «Salinas de Upín».

6. Anotó que en el folio de matrícula inmobiliaria 230-70625 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Villavicencio no se observa tradición alguna del
derecho de dominio en forma específica, tampoco aparece el titular del derecho de
dominio inscrito ni identificadas la cabida y linderos del predio, datos necesarios
para su correcta identificación.

7. Expresó que tal bien inmueble se encontraba afectado con un contrato de
arrendamiento de naturaleza intuito personae que se encontraba vigente y en etapa
de ejecución.

8. Adujo que no se agotó el respectivo procedimiento de citación de los
arrendatarios, con el fin de que estos pudieran hacerse parte dentro del
procedimiento administrativo y hacer valer sus derechos, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 14 del CCA.

1 «Por medio de la cual se transfieren los derechos sobre un bien inmueble a título gratuito al Municipio de

Restrepo, Meta, de conformidad con el artículo 8º de la Ley 708 de 2001».

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9. Subrayó que los activos y pasivos del liquidado IFI y de la Concesión Salinas
fueron transferidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2590 de 2003, modificado por el Decreto
1507 de 2009.

I.1.3.- Las normas violadas y el concepto de violación

I.3.1. Normas violadas

10. La parte demandante sostuvo que, con ocasión de la expedición de la
Resolución 460 de 29 de mayo de 2009 se habían vulnerado las siguientes
disposiciones: los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 29 y 209 de la Constitución Política; los
artículos 2º, 3º, 14, 15, 28 y 35 del CCA; los artículos 669, 673, 674, 740, 744, 745,
756 y siguientes del Código Civil y el artículo 8º de la Ley 708 de 20012.

1.3.2. Concepto de violación

11. Estructuró el concepto de violación en las siguientes causales de nulidad de los
actos administrativos: i) infracción de las normas superiores en que debió fundarse
el acto acusado; ii) falsa motivación; iii) expedición irregular, y iv) desconocimiento
del derecho de audiencia y de defensa.

1.3.2.1. Primer cargo de nulidad. La infracción de las normas superiores en
que debió fundarse el acto acusado

12. La parte demandante hizo alusión al contenido del artículo 8° de la Ley 708 de
2001, disposición normativa que sirvió de fundamento para la expedición de la
resolución censurada, para resaltar que la transferencia a que alude la norma exige
como presupuesto esencial que se trate de bienes fiscales de propiedad de las
entidades públicas del orden nacional.

13. El actor sustentó la transgresión de los artículos 1°, 2°, 4°, 6 y 209 de la
Constitución Política en que la entidad pública demandada efectuó la transferencia
de un bien inmueble que estaba afectado con reserva minera y que no era de
propiedad de las entidades públicas del orden nacional, específicamente del
liquidado Instituto de Fomento Industrial o IFI Concesión de Salinas.

14. Porlo anterior, en su sentir, se desconocen los siguientes artículos de la
Constitución Política: artículo 1°: «[…] puesto que es premisa fundamental en un

2 «Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio Familiar para vivienda de interés social y se

dictan otras disposiciones».

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Estado de Derecho la sujeción de todos sus estamentos al ordenamiento jurídico»;
artículo 2º, puesto que: «[…] no “mantiene la vigencia de un orden justo” y por el
contrario contraviene el ordenamiento jurídico colombiano al aplicar como
fundamento de su decisión una norma que no se ajusta a los supuestos de hecho»;
artículo 4°, dado que: «[…] no garantiza “la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución»; artículo 6°, ya que se extralimitó en el
ejercicio de sus funciones, y artículo 209 por la vulneración de los principios que
gobiernan la función administrativa.

15. En relación con la infracción del artículo 29 superior y de los artículos 2°, 3°, 14°,
15, 28 y 35 del CCA, el demandante adujo que la entidad demandada adoptó un
procedimiento que no era aplicable al bien objeto de transferencia. Adicional a ello,
aseveró que el bien objeto de la actuación se encontraba afectado con un contrato
de arrendamiento. De tal suerte que los arrendatarios y colindantes del predio
debieron ser citados para hacerse parte y hacer valer sus derechos dentro de la
actuación administrativa.

16. En lo concerniente a la transgresión de los artículos 669, 673, 674, 740, 744, 745
y 756 del Código Civil y del artículo 8° de la Ley 708 de 2001, el accionante reiteró
que la transferencia de los bienes inmuebles fiscales exige como requisito
indispensable que se demuestre la propiedad de las entidades públicas del orden
nacional, presupuesto que, insistió, no se acreditó, en tanto que el bien inmueble se
encontraba afectado como reserva minera, tal y como consta con el folio de
matrícula inmobiliaria respectivo, por lo que, a su juicio, «[…] de manera alguna
puede reputarse con propiedad a cargo del IFI O IFI Concesión Salinas».

1.3.2.2. Segundo cargo de nulidad. De la falsa motivación

17. Eldemandante señaló que la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009 se
encuentra falsamente motivada pues los argumentos esgrimidos por la entidad
demandada y que sirvieron de sustento para su expedición resultan contrarios a la
realidad. En apoyo a su afirmación, formuló las siguientes consideraciones:

«PRIMERO. - Que por virtud de los principios de coordinación y colaboración
establecidos en los artículos 2°,113 y 209 de la Constitución Política de
Colombia y el artículo 6° de Ley 489 de 1998 (sic) las autoridades
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los cometidos estatales, para lo cual prestarán su
colaboración a las demás entidades para facilitar dicho ejercicio».

18. En relación con el ordinal primero, precisó que «[…] el artículo 2° de la Carta
Política no hace referencia a los principios de coordinación y colaboración como
expresamente lo indica el considerando del numeral primero de la resolución objeto

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de la presente demanda por lo que no es procedente citar esta norma en el sentido
allí explicado generándose la indebida aplicación de esta norma y adicionalmente
se consigna una motivación que no es cierta […]». Además, y frente al artículo 113
del Estatuto Superior adujo que el citado canon normativo «[…] únicamente se
refiere al denominado principio de colaboración armónica, pero no al de
coordinación por lo que en forma expresa la motivación no es cierta». Seguidamente
añadió que no era cierto que el artículo 209 de la Constitución Política «[…] hace
referencia a la coordinación de las actuaciones lo que es un contenido diferente,
configurando así el concepto de falsa motivación». Para finalizar, explicó que el
artículo 6° de la Ley 489 de 1998 si bien hace referencia «[…] a los principios de
coordinación y colaboración de las funciones de las autoridades administrativas,
empero, no se explica en qué forma se cumplen las funciones de cada uno (sic) de
las autoridades a saber: IFI, IFI Concesión de Salinas y municipio de Restrepo,
Meta».

«SEGUNDO.-Que de conformidad con el artículo 8° de la Ley 708 de 2001 “Los
bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden
nacional, de carácter no financiero que hagan parte de cualquiera de las Ramas
del Poder Público, así como de los órganos autónomos e independientes que
no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social y además
que no lo requieren para el desarrollo de sus funciones y no se encuentren
dentro de los planes de enajenación onerosa que deberán tener las entidades,
deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas conforme con
sus necesidades, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno
Nacional, con excepción de aquellos ocupados ilegalmente antes del 28 de julio
de 1988 con vivienda de interés social, los cuales deberán ser cedidos a sus
ocupantes, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 91 de 1989».

19. Precisó, en lo concerniente al ordinal segundo, que en los términos del artículo
8° de la Ley 708 de 2001, la transferencia debe recaer sobre bienes fiscales de
propiedad de las entidades públicas del orden nacional, es decir, debe tratarse de
bienes respecto de los cuales exista una relación específica de propiedad. Por ende,
en concepto del demandante, el artículo 8° de la Ley 708 de 2001 que se invocó
como fundamento normativo no era aplicable a la citada transferencia pues, el IFI o
el IFI Concesión Salinas carecía de título reconocido e inscrito ante la
correspondiente oficina de instrumentos públicos, a lo que añadió que tampoco
podía operar la tradición del inmueble mientras no se haya agotado el trámite de la
inscripción del título conforme lo ordena el artículo 756 del Código Civil.

«TERCERO.- Que el parágrafo 1° del artículo 8° de la Ley 708 de 2001 señala
que a las transferencias de inmuebles referidas en dicho artículo, les será
aplicable el procedimiento de enajenación previsto en el artículo 1° de la
mencionada ley, el cual establece que se tendrán como únicos requisitos para
que se lleven a cabo dichas transferencias, el título traslaticio de dominio
contenido en Resolución Administrativa expedida por la entidad propietaria del
inmueble, y la tradición mediante la inscripción de la Resolución en la Oficina

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de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes (sic) y que para efectos
de los derechos de registro, tales actos se considerarán actos sin cuantía.

20. Sostuvo, en lo relacionado con el ordinal tercero, que la entidad demandada no
consultó la realidad jurídica del inmueble transferido, pues el mismo corresponde a
un terreno que no tiene titular de derecho de dominio.

«QUINTO.- Que la petición de transferencia a título gratuito la justifica el Alcalde
del Municipio de Restrepo, Meta, teniendo en cuenta que en su Plan de
Desarrollo "Desarrollo con calidad Humana", se encuentra inscrito en el Banco
de programas y proyectos, el denominado proyecto "Adecuación Mejoramiento
y Remodelación del Parque Temático Cultural Recreacional y Turístico Upín",
del que dicho inmueble haría parte integral».

21. Señaló, en lo atinente al ordinal quinto, que el Plan de Desarrollo del municipio
de Restrepo no contempló el proyecto de «Adecuación, mejoramiento y
remodelación del parque temático, cultural, recreacional y turístico de Upín», y
tampoco existe prueba tendiente a demostrar que el referido proyecto se encuentra
registrado en el Banco de Programas y Proyectos del municipio de Restrepo.

«SEXTO.- Que mediante oficio del 20 de marzo de 2009, el Secretario de
Planeación del Municipio de Restrepo, Meta, certificó que el uso del suelo
establecido dentro del esquema de ordenamiento territorial, es compatible para
el desarrollo del proyecto presentado por el Alcalde del Municipio».

22. Indicó, en lo que respecta al ordinal sexto, que el mismo secretario de planeación
del municipio de Restrepo desmintió de forma expresa la afirmación relativa a que
el proyecto en mención era compatible con el uso del suelo previsto en el esquema
de ordenamiento territorial.

«SEPTIMO.- Que mediante oficio del 24 de marzo de 2009, el Tesorero
Municipal de Restrepo, Meta certificó que existe disponibilidad presupuestal
vigencia 2009, para respaldar el compromiso de construcción de dependencias
municipales por un valor de treinta millones de pesos ($30.000.000)».

23. Afirmó, en lo concerniente al ordinal séptimo, que la afirmación relacionada con
la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal se contrapone con el
oficio (sin identificar) emanado del Secretario de Hacienda del municipio de
Restrepo.

«NOVENO. -Que el Comité Ejecutivo de IFI - Concesión de Salinas en sesiones
del 17 y 29 de abril de 2009, autorizó la transferencia a título gratuito de los
derechos sobre el inmueble no operacional, en cumplimiento de la Ley 708 de
2001 y sus Decretos Reglamentarios, en armonía con lo señalado en el
considerando anterior».

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24. Precisó, en lo que atañe al ordinal noveno, que el bien inmueble objeto de la
transferencia no tenía titular del derecho de dominio, de conformidad con el
certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Villavicencio antes referido.

1.3.2.3. Tercer cargo de nulidad. De la expedición irregular

25. Explicó que el acto administrativo acusado fue expedido de manera irregular,
vicio de nulidad que hizo consistir en «[…] la omisión en la citación a terceros y la
indeterminación del inmueble presuntamente transferido explicando su cabida y
linderos, partiendo de un procedimiento previo de desenglobe […]».

1.3.2.4. Cuarto cargo de nulidad. Del desconocimiento del derecho de defensa
y audiencia.

26. Insistió en que respecto del bien objeto de transferencia se había celebrado un
contrato de arrendamiento vigente y de naturaleza intuito personae, por lo que ha
debido surtirse el procedimiento previo de notificación e información al arrendatario,
con el fin de que este hiciera valer sus derechos3.

I.2. Contestación de la demanda

27. El apoderado judicial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sucesor
procesal del liquidado IFI, contestó oportunamente la demanda y se opuso a las
pretensiones de la misma con apoyo en los siguientes argumentos4:

28. Indicó que el Gerente Liquidador del IFI y el Director del IFI, Concesión Salinas,
resolvieron transferir, a título gratuito, y en los términos de la Ley 708 de 2001, a
favor del municipio de Restrepo, el derecho de dominio que la entidad tenía sobre
una edificación denominada Casa 3, ubicada en el sector «Cuatro Casas», en la
vereda de Salinas, edificada dentro de la reserva constituida a favor del Banco de
la República mediante Resolución 235 de 26 de octubre de 1964 y posteriormente
aclarada mediante Resolución 66 de 3 de mayo de 1995.

29. También aseguró que, mediante Escritura Pública 7797 del 5 de octubre de 1994,
protocolizada ante la Notaría Primera de Bogotá se declaró, entre otros aspectos,

3 Al respecto, indicó que «[…] [l]a vulneración del acto demandado es mayúscula frente al contenido superior

del artículo 29 de la Constitución Política, puesto que lo mínimo que esperaría un administrado, es que cuando
le afecten en forma directa un derecho individual, previo trámite de la respectiva solicitud debe convocársele o
informarle de la existencia de la petición. En forma particular nos referimos a los arrendatarios del bien
presuntamente transferido […]».
4 Folios 93 a 112 Cuaderno Principal.

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que todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el Banco de la República
para la Concesión de Salinas se traspasarían y entregarían directamente al Instituto
de Fomento Industrial, IFI.

30. Con base en ello, sostuvo que la edificación denominada Casa N° 3, ubicada en
el Sector Cuatro Casas de la Vereda Salinas, que fue transferida a título gratuito al
municipio de Restrepo sí era un bien fiscal de propiedad del Instituto de Fomento
Industrial - IFI.

31. Por otro lado, aseguró que, según consta con el Acta No. 01 de febrero 09 de
2010, se efectuó una diligencia en el despacho del entonces alcalde del municipio
de Restrepo a la cual concurrió, entre otros, el señor Mario de Jesús Osorio, quien
suscribió la correspondiente acta, en uno de cuyos apartes se señala lo siguiente:
«[…] el Alcalde comenta que no se les puede extender más el plazo de entrega,
estipulado por la notificación que les hizo el arrendador, debido a que el municipio
tiene un proyecto que es un parque temático, el Sr. Mario Osorio comenta que no
es partidario de solo dos meses, solicita que el plazo sea hasta el mes de
septiembre, mientras ellos se pueden ubicar […]».

32. De esta manera precisó que el municipio de Restrepo, entidad territorial a la que
le fue transferido el bien inmueble, sí notificó al hoy demandante el contenido de la
Resolución 460 de 29 de mayo de 2009, en su calidad de arrendatario, dando
cumplimiento a lo estipulado en el parágrafo sexto del mismo acto.

33. En relación con los cargos de nulidad de la demanda, la entidad demandada
defendió la constitucionalidad y legalidad del acto acusado, en los siguientes
términos:

I.2.1. Respuesta al primer cargo. De la infracción de las normas en que debió
fundarse

34. Contrario a lo afirmado por el actor, consideró que la Resolución 460 del 29 de
mayo de 2009, se profirió en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley
708 de 2001. De hecho, reiteró que el mencionado bien inmueble, a la fecha de
transferencia del acto acusado era considerado un bien fiscal de la Nación, cuyo
titular era el Instituto de Fomento Industrial, IFI.

I.2.2. Respuesta al segundo cargo. De la falsa motivación

35. Destacó que la resolución censurada fue expedida por esa entidad en ejercicio
de las facultades legales y en procura de lograr los cometidos estatales, en especial,
en cumplimiento al artículo 8° de la Ley 708 de 2001.

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I.2.3. Respuesta al tercer cargo. De la expedición irregular

36. Puntualizó que: «[…] no es a sujetos extraños al negocio jurídico de la
transferencia, sino a las Partes del mismo, a quienes compete la respectiva
aclaración de los linderos del inmueble, objeto de otorgamiento de la pertinente y
simple escritura pública (para el caso, en que fuere necesario, a través de la
resolución aclaratoria correspondiente), sin que ello suponga, la nulidad del negocio
jurídico, como erróneamente lo pretende el actor».

I.2.4. Respuesta al cuarto cargo. Del desconocimiento del derecho de defensa
y audiencia

37. Agregó que, de conformidad con el artículo 1973 del Código Civil, el
arrendamiento es un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente,
la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio,
y la otra a pagar por el goce, obra o servicio un precio determinado. Así, el contrato
de arrendamiento otorga la mera tenencia al arrendatario, por lo que el titular del
dominio conserva el derecho de libre disposición que, en el caso particular, recaía
en el Instituto de Fomento Industrial, IFI.

38. Por último, reiteró que el municipio de Restrepo sí notificó al hoy demandante el
contenido de la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009, en su calidad de
arrendatario, dando cumplimiento a lo estipulado en el parágrafo sexto del mismo
acto.

I.3.- Actuaciones surtidas en el proceso

39. Mediante providencia del 23 de marzo de 20125, se admitió la demanda, se
ordenó la notificación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su calidad
de sucesor procesal del extinto IFI, y se denegó la medida cautelar deprecada.
Mediante auto del 1º de noviembre de 20136, se tuvo por contestada la demanda
presentada por el apoderado del Ministerio de Industria y Comercio. A través de
proveído de 4 de septiembre de 20147, se decretaron las pruebas pertinentes y
conducentes solicitadas por las partes. Finalmente, en providencia del 16 de febrero

5 Folios 63 a 68 Cuaderno Principal. Cabe destacar que, mediante auto de 13 de junio de 2013, se ordenó dejar

sin efectos el literal a) del auto de 23 de marzo de 2012 que había ordenar la notificación personal al Instituto
de Fomento Industrial IFI, en razón a que esa entidad fue liquidada el 31 de diciembre de 2009 (Folio 235).
6 Folio 273 Cuaderno Principal.

7 Folios 278 a 281 del Cuaderno Principal.

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de 20168 se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto. Todos los sujetos procesales
presentaron sus intervenciones de manera oportuna9.

40. La parte actora presentó sus alegatos de conclusión y solicitó ante esta
jurisdicción que se accediera a las pretensiones de la demanda reiterando, en
esencia, los mismos fundamentos esgrimidos en el libelo introductorio10.

41. El apoderado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó tener en
cuenta los medios de convicción decretados y aportados en el expediente para
proferir el fallo correspondiente11.

42. El agente del Ministerio Público presentó su concepto12, en el cual solicitó que se
debía mantener incólume la presunción de legalidad del acto acusado.

43. El concepto del procurador delegado destacó que, del texto del artículo 8° de la
Ley 708 de 2001, era dable afirmar que las entidades públicas del orden nacional
de carácter no financiero pueden transferir a título gratuito a otras entidades públicas
los bienes inmuebles fiscales de su propiedad conforme a sus necesidades y de
acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno nacional.

44. También se refirió a los medios de prueba aportados al proceso, para inferir que
el Instituto de Fomento Industrial, IFI, sí era propietario del bien fiscal transferido a
título gratuito, según lo acredita la Escritura Pública 7797 del 5 de octubre de 1994,
elevada ante la Notaría Primera de Bogotá, cláusula vigésima séptima (27ª), la cual
dispuso lo siguiente: «[…] todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el
Banco de la República para la Concesión de Salinas, se traspasarán y entregarán
directamente al Instituto de Fomento Industrial -IFI». Igualmente, hizo alusión a lo
consignado en el folio de matrícula inmobiliaria 230-70625 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Villavicencio.

45. Por otro lado, consideró que la resolución censurada se encuentra acorde con la
voluntad del legislador, ya que la transferencia a título gratuito entre entidades del
Estado requiere, como único requisito, el título traslaticio del dominio contenido en
la resolución administrativa expedida por la entidad propietaria del inmueble y la

8 Folio 319 Cuaderno Principal.

9 Informe secretarial visible a folio 398 del Cuaderno Principal.

10 Folios 320 a 336 Cuaderno Principal.

11 Folios 337 a 383 Cuaderno Principal.

12 Folios 386 a 396 Cuaderno Principal.

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DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

tradición, mediante la inscripción del respectivo título ante la respectiva oficina de
Registro de Instrumentos Públicos.

46. Finalmente, el representante del Ministerio Público enfatizó que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo del artículo sexto de la resolución censurada, el alcalde
del municipio notificó por escrito al arrendatario, tal y como consta en el Acta No. 01
de 2010 arrimada al proceso13.

47. Valga resaltar que, encontrándose el proceso para proferir fallo, el despacho a
cargo de la sustanciación del expediente, luego de evidenciar la falta de vinculación
procesal del municipio de Restrepo, y en aras de brindar todas las garantías
procesales al citado ente territorial, mediante auto de 23 de febrero de 202214,
ordenó su vinculación en calidad de litisconsorte cuasinecesario. En tal providencia
se señaló lo siguiente:
«[…] Ahora bien, visto el contenido del acto demandado, el Despacho advierte que si bien el
extremo pasivo se encuentra debidamente integrado15, en tanto que están vinculadas al trámite
procesal las entidades que expidieron el acto acusado, también es cierto que dicho acto
administrativo creó una situación jurídica en favor del municipio de Restrepo (Meta), con ocasión
de la transferencia de los derechos sobre el bien inmueble denominado «Casa No. 3», ubicada
en el sector «Cuatro Casas», en la vereda Salinas y, por ende, es claro que los efectos jurídicos
de la sentencia que se profiera en el presente asunto, también le son extensibles al citado ente
territorial.

13 Folios 386 a 396 Cuaderno Principal.

14 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 11001-03-24-000-2011-00132-00. Índice 67.

15 (cita es original): En relación con la integración del extremo por pasiva, en tratándose de los procesos de

nulidad y nulidad por inconstitucionalidad, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de
15 de febrero de 2018, expediente 1001-03-24-000-2014-00573-00, Consejero Ponente: Doctor Hernando
Sánchez Sánchez, señaló lo siguiente:

«[…] De lo anterior, se advierte que el litisconsorcio necesario por pasiva, en el marco de las demandas
que se presenten en ejercicio de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y de nulidad,
estará conformado por las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los
demás sujetos de derecho que intervinieron en la autoría o expedición del acto administrativo -
capacidad para ser parte-, las cuales actuarán en el proceso judicial por intermedio de la persona de
mayor jerarquía de cada entidad que expido el acto28 -representación-.

Para estos efectos, se entiende que la autoría o expedición del acto administrativo se materializa con la
firma del funcionario o funcionarios en el acto administrativo, quienes obraron en nombre y representación
de la o de las respectivas entidades públicas o de los particulares que cumplen funciones públicas o de los
demás sujetos de derecho que, de acuerdo con la ley, tengan capacidad para expedir actos administrativos.

De igual forma, se infiere que no integrarán el litisconsorcio necesario por pasiva en los referidos medios de
control, los sujetos que, por diversas situaciones, intervinieron en el trámite pero no en la expedición del acto
demandando, como tampoco los sujetos que deben ejecutar o cumplir o exigir el cumplimiento de lo ordenado
o dispuesto en el mismo; lo anterior, sin perjuicio de que, por ser procedente, previa revisión de cada caso
concreto, dichas autoridades puedan ser vinculados en calidad de terceros con interés […]»

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DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

Sobre el particular, cabe poner de relieve que el artículo 62 del Código General del Proceso -
CGP16, al regular la figura del litisconsorcio cuasinecesario17, dispone lo siguiente:

[…] Artículo 62. litisconsortes cuasinecesarios. Podrán intervenir en un proceso como
litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una
determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia,
y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

Podrán solicitar pruebas si intervienen antes de ser decretadas las pedidas por las partes; si
concurren después, tomarán el proceso en el estado en que se encuentre en el momento
de su intervención […].

Así las cosas, el Despacho considera que en el presente asunto se configuran los presupuestos
para vincular, como litisconsorte cuasinecesario de la parte demandada, al municipio de Restrepo
(Meta), con la finalidad de que, si este ente territorial lo considera pertinente, pueda intervenir y
ejercer sus derechos de contradicción y defensa.

48. En el anterior contexto, la citada providencia ordenó notificar al citado ente
territorial, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 207 del Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de
2020. En cumplimiento de la citada orden, la Secretaría ordenó la notificación
electrónica del ente territorial el día 2 de marzo de 202218, la cual se entendió
realizada el día 4 de marzo de 2022. Sin embargo, dentro de los términos previstos
en el artículo 207 del CCA, no hubo manifestación alguna por parte del municipio
de Restrepo. Valga resaltar que el día 25 de abril de 2022 (hora 5:50pm)19, la
apoderada del citado municipio de Restrepo allegó memorial contentivo de la

16 (cita es original del texto): Normatividad aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 267 del

Código Contencioso Administrativo.
17 (cita es original del texto): De acuerdo con lo señalado por el doctrinante Hernán Fabio López Blanco: «Código

General del Proceso – Parte General», Editorial: Dupre Editores Limitada. 2019.
«[…] Ciertamente, existen eventos en los cuales la sentencia, atendida a la naturaleza del derecho
sustancial que rige las relaciones jurídicas que define, vincula a determinados sujetos así no hayan
comparecido en calidad de demandantes o demandados, y sin que sea menester, so pena de nulidad de la
actuación, propender por su obligatoria vinculación al proceso

(…)

Debido a que la no intervención de este litisconsorte (refiriéndose al cuasinecesario) no genera causal de
nulidad, dado que le afecta la sentencia, pero su presencia no es condicionante para la validez de esta, es por
eso que en cualquier estado del proceso, podrá presentar su petición de participar en el proceso (…)
(…)
En suma, debe tenerse presente que este litisconsorte cuasinecesario entra al proceso de manera
voluntaria, no es menester su citación y lo toma en el estado en que lo encuentra, por cuanto no se le da
un plazo adicional para solicitar pruebas, como si se previó para los litisconsortes necesarios, pero a partir de
su interrupción se ubica con las mismas prerrogativas y limitaciones de un litis consorte necesario […]».
(negrillas fuera del texto).
18Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 11001-03-24-000-2011-00132-00. Índice 73.

19Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 11001-03-24-000-2011-00132-00. Índice 77.

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contestación de la demanda, pero debe resaltarse que el referido escrito fue
presentado de manera extemporánea20.

II. CONSIDERACIONES

49. La Sala de Decisión, por razones metodológicas y con el propósito de resolver
la presente controversia, abordará los siguientes ejes temáticos: i) la competencia;
ii) el acto acusado de ilegalidad; iii) el planteamiento del problema jurídico a resolver
en el presente caso; iv) el análisis del problema jurídico, y v) las conclusiones del
caso concreto.

II.1. Competencia

50. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, y
en atención a lo consagrado en el artículo 128 del Código Contencioso
Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201921, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.2.- Del acto administrativo demandado objeto de análisis de legalidad

51. El acto administrativo demandado es la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009
«Por medio de la cual se transfieren los derechos sobre un bien inmueble a título
gratuito al Municipio de Restrepo, Meta, de conformidad con el artículo 8º de la Ley
708 de 2001», acto administrativo expedido conjuntamente por el Gerente
Liquidador del Instituto de Fomento Industrial, IFI, en Liquidación y el Director del
IFI Concesión de Salinas, decisión que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:

20Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 11001-03-24-000-2011-00132-00. Certificación Secretarial

de 16 de mayo de 2022. Índice 79 en la cual se señala:

«1. Se profirió providencia de 23 de febrero de 2022 en la cual ordenó “…PRIMERO: VINCULAR al municipio
de Restrepo (Meta), como litisconsorte cuasinecesario de la parte demandada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Por Secretaría, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 207 del CCA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de
2020, NOTIFICAR al municipio de Restrepo (Meta) de su vinculación procesal al trámite de la referencia …”.

2. Que en cumplimiento de dicha orden la Secretaría notificó electrónicamente a dicho municipio el día 2 de
marzo de 2022, a las 11:16 A. M., como consta en el índice 73 del aplicativo de SAMAI; lo que significa que el
municipio en comento se entiende notificado el día 4 de marzo de la presente anualidad.

3. Que dentro de los términos establecidos en el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo no hubo
manifestación.

4. Que el día 25 de abril de 2022, a las 5: 50 P. M. la doctora ANGELA MARÍA CASTAÑEDA CARVAJAL,
actuando en calidad de apoderada del Municipio de Restrepo allego memorial en el que manifiesta “…
ADJUNTAR CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA …”, como consta en el índice 77 del aplicativo de SAMAI».
21 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».

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«[…] ARTÍCULO PRIMERO. Transferir a título gratuito, en los términos de la
Ley 708 de 2001, referidos en los considerandos 2º y 3º de esta Resolución, a
favor del Municipio de Restrepo, Meta, los derechos que ostenta sobre de
una (sic) edificación denominada CASA N° 3, Sector Cuatro Casas,
ubicada en la Vereda Salinas, Cabecera Municipal de su jurisdicción,
construida dentro de la Reserva constituida mediante Resolución N° 235
de 1964, aclarada mediante Resolución N° 66 de 1965 del Instituto
colombiano de reforma agraria, INCORA, a favor del Banco de la
República, en su calidad de concesionario.

PARÁGRAFO PRIMERO. A la entidad territorial señalada en el inciso
inmediatamente anterior, beneficiaria de la adjudicación de los derechos sobre
el inmueble, le corresponde iniciar el trámite administrativo y las acciones
legales pertinentes ante las autoridades competentes, para obtener conforme a
la ley, la apertura del Folio de matrícula inmobiliaria, para efectos de su
identificación e individualización ante la oficina de registro de instrumentos
públicos de la jurisdicción en la cual se encuentra ubicado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los trámites administrativos y las acciones legales
deberán llevarse a cabo hasta su perfeccionamiento, en un plazo máximo de
tres (3) meses prorrogables por una sola vez por el mismo término, contados a
partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Proceder con la entrega jurídica y material del activo
denominado CASA N° 3, Sector Cuatro Casas, ubicada en la Vereda Salinas,
situación que se hará constar mediante la suscripción del acta de entrega por
las partes interesadas, en un plazo máximo de quince días (15) hábiles a partir
de la fecha de publicación de la presente Resolución.

PARÁGRAFO. La entrega del activo objeto de la presente Resolución se realiza
como cuerpo cierto y en el estado de mantenimiento y conservación en el que
se encuentre.

ARTÍCULO TERCERO. Para todos los efectos legales será de exclusiva
responsabilidad del Municipio de Restrepo, Meta, el reconocimiento y pago de
los impuestos, tasas, contribuciones y deudas por concepto de servicios
públicos, a partir de la publicación de la presente Resolución. En consecuencia,
el ente territorial declara que el IFI - Concesión de Salinas y el Instituto de
Fomento industrial, IFI, en Liquidación, no asumirán ni tendrán ningún tipo de
responsabilidad por sumas adeudadas por esos conceptos a partir de la
publicación de la mencionada Resolución.

ARTÍCULO CUARTO. Por virtud de la transferencia efectuada mediante la
presente Resolución, el IFI - Concesión de Salinas, adelantará los trámites
pertinentes para contabilizar tal operación descargándolo del activo.

ARTÍCULO QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del
Decreto 4637 del 05 de diciembre de 2008, la presente transferencia está sujeta
a una condición resolutoria, consistente en que la entidad pública solicitante
deberá garantizar el uso justificado presentado, en un plazo no mayor a seis (6)
meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.

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En el evento de cumplimiento de la condición resolutoria, esto es, que no se
garantice dicho uso en el término señalado, el inmueble deberá ser restituido
en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, a favor del IFI - concesión
de Salinas o la entidad que asuma sus derechos y obligaciones, circunstancia
calificada por esta, la cual desde ya, se encuentra facultada para ello.

ARTÍCULO SEXTO. Teniendo en cuenta que a través del presente acto
administrativo se realiza la transferencia de los derechos sobre el activo
adjudicado a favor del municipio de Restrepo, Meta, de la misma forma se
efectúa la cesión de los contratos de arrendamiento y/o comodatos en caso de
estar vigentes, si a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO. En el evento de que existan contratos de arrendamiento y/o
comodatos vigentes, la entidad territorial se encargará de notificar por escrito al
arrendatario o comodatario, según corresponda, observando las disposiciones
legales vigentes y sin perjuicio de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial con los efectos que ella produce.

ARTÍCULO SÉPTIMO. la presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación […]»

II.3.- El problema jurídico a resolver en el presente caso

52. De acuerdo con el concepto de violación de la demanda, el problema jurídico que
será abordado por la Sala de Decisión tiene por objeto definir si la Resolución 460
de 29 de mayo de 2009, mediante la cual el Gerente Liquidador del Instituto de
Fomento Industrial, IFI, en Liquidación y el Director del IFI - Concesión de Salinas
efectuaron la transferencia, a título gratuito, a favor del municipio de Restrepo, Meta,
de los derechos que ostenta sobre la edificación denominada Casa 3, sector Cuatro
Casas: i) desconoció el ordenamiento superior que le ha debido de servir de
fundamento; ii) se encuentra falsamente motivada, y iii) si fue expedida de manera
irregular o con transgresión del derecho de audiencia o de defensa.

II.4.- Análisis del problema jurídico

II.4.1.- De la infracción de las normas superiores. El incumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 8° de la Ley 708 de 2001

53. Revisados los hechos y el concepto de violación de la demanda, se evidencia
que las partes coinciden en aceptar que el Gerente Liquidador del Instituto de
Fomento Industrial, IFI, en Liquidación y el Director del IFI - Concesión de Salinas,
expidieron la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009, mediante la cual se efectuó
la transferencia de los derechos que ostentaba sobre una edificación denominada
Casa 3, ubicada en el sector «Cuatro Casas», en la vereda de Salinas, cabecera
municipal de su jurisdicción; bien inmueble que se encontraba dentro de la reserva

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constituida mediante Resolución 235 de 26 de octubre de 1964 y aclarada mediante
Resolución 66 de 3 de mayo de 1965.

54. Las partes en controversia admiten que la citada transferencia se realizó con
fundamento en el artículo 8° de la Ley 708 de 2001, sin embargo, difieren en torno
a si el municipio de Restrepo acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en
la citada disposición, la cual exige como condición necesaria para efectuar la
transferencia del derecho de dominio, la titularidad del mismo por parte de la
respectiva entidad pública.

55. De esta manera, el ciudadano Mario de Jesús Osorio, demandante en este
proceso, asegura que el IFI carecía de título de dominio sobre el bien inmueble
objeto de la transferencia, según consta con el folio de matrícula inmobiliaria 230-
70625 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio,
documento público en el cual figura únicamente una afectación de reserva para
explotación minera, con destino a las «Salinas de Upín».

56. En cambio, la entidad pública demandada sostiene que, mediante Escritura
Pública 7797 del 5 de octubre de 1994, otorgada ante la Notaría Primera de Bogotá
se declaró, entre otros aspectos, que todos los bienes muebles e inmuebles
adquiridos por el Banco de la República para la Concesión de Salinas se
traspasarían y entregarían directamente al Instituto de Fomento Industrial, IFI. De
tal suerte que, contrario a lo afirmado por el actor, el bien objeto de la transferencia
sí tenía la naturaleza de bien fiscal de propiedad del Instituto de Fomento Industrial,
IFI.

57. Con el propósito de esclarecer si en la cuestionada transferencia del derecho de
dominio se acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8° de
la Ley 708 de 2001, la Sala, previamente a emitir de fondo al respecto y por razones
metodológicas, procederá a analizar los siguientes aspectos relevantes: i) la
transferencia de los bienes fiscales entre entidades públicas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8° de la Ley 708 de 2001, ii) el contexto en que se produjo
la expedición del acto administrativo demandado, para finalmente, iii) señalar las
respectivas conclusiones.

II.4.1.1. La transferencia de los bienes fiscales entre entidades públicas en
virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 708 de 2001

58. El Congreso de la República, en el año 2001, aprobó la Ley 708, por la cual se
establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés
social, con el objetivo de poder dar solución al déficit de vivienda de interés social,
mediante el aprovechamiento de los bienes fiscales inactivos de las entidades

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estatales. Dicho propósito quedó consignado en el artículo 1° de la citada norma,
en cuanto dispuso que las entidades públicas del orden nacional, de carácter no
financiero, que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder Público, así como
los órganos autónomos e independientes debían transferir a título gratuito al
entonces Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe,
en el término y con la progresividad que establezca el Gobierno nacional;
transferencia que se realizara frente a los bienes inmuebles fiscales de su propiedad
o respecto de la porción de aquellos con vocación para la construcción o el
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.

59. Ahora bien, en los debates que se dieron al interior del órgano deliberativo, el
legislador amplió el propósito inicial perseguido por la ley, al permitir que la
transferencia pueda recaer sobre bienes fiscales ociosos que no tengan vocación
para la construcción de vivienda de interés social y no son requeridos para el
desarrollo de sus funciones; bienes estos que podrían ser utilizados por otras
entidades del Estado conforme a sus necesidades22. En efecto, el artículo 8° de la
Ley 708 de 2001, siendo consecuente con tal designio, dispuso lo siguiente:

«[…] Artículo 8o. Los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las
entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que hagan
parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como de los órganos
autónomos e independientes, que no tengan vocación para la construcción
de vivienda de interés social, y además que no los requieran para el
desarrollo de sus funciones, y no se encuentren dentro de los planes de
enajenación onerosa que deberán tener las entidades, deben ser
transferidos a título gratuito a otras entidades públicas conforme a sus
necesidades, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional,
con excepción de aquellos ocupados ilegalmente antes del 28 de julio de 1988
con vivienda de interés social, los cuales deberán ser cedidos a sus ocupantes,
en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 9a. 1 de 1989.

Parágrafo 1o. A las transferencias de inmuebles referidas en el presente
artículo, les será aplicable el procedimiento de enajenación previsto en el
artículo 1º de la presente ley.

Parágrafo 2o. Exceptúanse del deber consagrado en el presente artículo a las
sociedades de economía mixta y aquellos bienes de las entidades en liquidación
que amparen los pasivos pensiónales.

Parágrafo 3o. Los bienes inmuebles fiscales que hagan parte de los planes de
enajenación onerosa a los que se refiere el presente artículo, podrán ser
transferidos, previo avalúo, a título de aportes, de capital a sociedades
comerciales o de economía mixta. Así mismo, las entidades territoriales, como
pago de las deudas de orden territorial que recaigan sobre los inmuebles,

22 La Corte Constitucional, en sentencia C- 904 de 2011, al analizar la constitucionalidad del artículo 8° de la

Ley 708 de 2001

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podrán recibir aportes de capital en sociedades comerciales o de economía
mixta […]»

60. El Decreto 724 de 2002 «Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos
7° y 8° de la Ley 708 de 2001» reglamentó el artículo 8° de la citada ley, en los
siguientes términos:

«Artículo 3º. Reordenamiento de la propiedad inmueble fiscal estatal. En
desarrollo del artículo 8º de la Ley 708 de 2001, las entidades públicas del orden
nacional, de carácter no financiero que hagan parte de cualquiera de las ramas
del poder público, así como los órganos autónomos e independientes,
identificarán los inmuebles de su propiedad que no requieran para el desarrollo
de sus funciones; que no tengan vocación para la construcción de vivienda de
interés social y que no se encuentren dentro de los planes de enajenación
onerosa, con la finalidad de ser transferidos a título gratuito a otras
entidades públicas que los requieran para el cumplimiento de sus
funciones de acuerdo con sus necesidades.

Las entidades propietarias de los inmuebles de que trata el inciso precedente,
deberán enviar la anterior información al Ministerio de Desarrollo Económico
tratándose de inmuebles urbanos y, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural tratándose de inmuebles rurales, dentro de los seis (6) meses siguientes
a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, con el fin de que estos
divulguen dicha información, a través de un medio informativo del gobierno
nacional.

Las entidades públicas interesadas en adquirir los inmuebles fiscales o la
porción de ellos, podrán requerir su entrega a las entidades propietarias previa
identificación, cabida y linderos del inmueble. Para tal efecto, las entidades
públicas propietarias procederán a la respectiva transferencia a título gratuito
dentro de un término máximo de tres (3) meses siguientes al requerimiento
formulado por la entidad interesada, atendiendo al orden de recibo de la
solicitud.

Los trámites administrativos y de registro de inmuebles que demande su
transferencia gratuita, se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º
de la Ley 708 de 2001.

La entidad receptora del inmueble responderá por el debido uso de los bienes
transferidos».

61. La Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 2016-2241 de 12 de junio
de 201523, al referirse al alcance y propósito perseguido por el legislador al expedir
el artículo 8° de la Ley 708 de 2001, consideró lo siguiente:

«[…] Desde hace varios años ha sido preocupación del Congreso de la
República y del Gobierno Nacional la de darle un uso productivo a los bienes o

23 Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 12 de junio de 2015, radicado: 11001-03-06-000-2014-00140-

00(2219-224 AM), MP: Álvaro Namen Vargas (E).

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activos del Estado, ante la constatación de que algunas ramas, entidades y
organismos públicos son titulares de bienes que no usan para el cumplimiento
de sus funciones o que subutilizan, mientras que otras entidades, ramas y
organismos del Estado carecen de los activos mínimos necesarios para ejercer
adecuadamente sus funciones y realizar los objetivos que la Constitución o la
ley les han fijado, situación que a todas luces resulta anómala y atenta contra
los principios generales de la administración pública.

Con el fin de superar esta situación y de racionalizar la propiedad y el uso de
los bienes del Estado, se han expedido diversas normas legales y
reglamentarias para obligar a las entidades que son titulares de bienes ociosos
o improductivos a cederlos a otras entidades que sí los requieren para el
cumplimiento de su objeto, e incluso a particulares, como sucede con las
disposiciones que pretenden fomentar el desarrollo de planes de vivienda de
interés social.

A este respecto puede citarse, en primer lugar, la Ley 708 de 200124, que
consagra la obligación para todas las entidades y organismos públicos de
transferir al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana,
INURBE (actualmente liquidado), los bienes inmuebles de su propiedad que
sean aptos y tengan vocación para ejecutar programas de vivienda de interés
social […]»

62. La misma Sala de Consulta y Servicio Civil, al referirse a los requisitos para
efectuarse la transferencia, en concepto 2132 de 20 de junio de 2013 25, indicó lo
siguiente:

«[…] Tres aspectos deben resaltarse de este artículo para efectos de la
presente consulta:

a. La operación recae sobre bienes inmuebles fiscales, esto es, sobre bienes
cuyo uso no pertenece a la generalidad de los habitantes (artículo 674 del
Código Civil) y que se rigen, salvo algunas excepciones, por reglas similares a
las que regulan el derecho de propiedad de los particulares26

b. Al igual que el artículo 1 de la ley, el artículo 8 impone un deber de
transferencia gratuita; en este caso, el deber recae sobre bienes fiscales que la
entidad no requiera para el cumplimiento de sus funciones y no tengan vocación
para la construcción de vivienda de interés social, ni formen parte de sus planes
de enajenación onerosa.

c. Por parte de la entidad que recibe el bien, la norma exige que ésta lo necesite
para el cumplimiento de sus funciones y que, en consecuencia, lo destine

24 (cita es original): “Por la cual se establecen normas relacionadas con el Subsidio Familiar para Vivienda de

Interés Social y se dictan otras disposiciones”.
25 (cita es original): Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado: 11001-03-06-000-2012-00222-00(2132), MP:

William Zambrano Cetina.
26 (cita es original): Concepto 1957 del 3 de septiembre de 2009. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo. Al

respecto puede verse también el Concepto 1800 de 2007, M.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

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efectivamente a ello; precisamente, el artículo 4º del decreto 4637 de 200827
dispone que “la solicitud de transferencia a la entidad propietaria del bien debe
justificar la destinación que se dará al inmueble, en virtud del objeto social de la
entidad solicitante”.

En síntesis, se trata de una operación de derecho público sui generis que
presenta características particulares: recae sobre bienes que conforman el
patrimonio del Estado; se da exclusivamente entre entidades públicas; y tiene
un fin específico de racionalización y eficiencia en el uso del patrimonio público
inmobiliario.

Es pertinente advertir que aunque existe un traslado patrimonial de un bien de
una entidad estatal a otra, en todo caso, el activo no pierde su naturaleza de
bien fiscal ni sale del patrimonio general del Estado. De modo que, salvo los
casos en que el destino del bien es la construcción de vivienda de interés social
(donde el destino final es la entrega de su propiedad a los particulares
beneficiarios), la transferencia de bienes entre entidades del Estado regulada
en la ley 708 de 2001 no está diseñada para que el patrimonio inmobiliario del
Estado se reduzca o se privatice, sino para que se reorganice en orden a su
mejor aprovechamiento.

Igualmente, cabe decir que si bien se está frente a un acto de transferencia
gratuita, éste se lleva a cabo en cumplimiento de un deber legal y no como una
donación o acto de mera liberalidad de la entidad que hace la transferencia; por
ello, comporta deberes tanto para la entidad que entrega el bien (verificar que
el bien recibe el uso solicitado) como para la entidad que se beneficia con él
(darle exclusivamente el destino que fundamentó la transferencia y que debe
estar relacionado con sus funciones legales).

De este modo, como se verá enseguida, la transferencia del bien no agota la
vigilancia, seguimiento y control que debe ejercer la entidad que lo transfiere
para garantizar su debida utilización. Por lo mismo, la entidad que recibe el bien
no puede dedicarlo a cualquier actividad, sino que debe darle el uso que sirvió
de fundamento a su solicitud, el cual, como se señaló, debe estar relacionado
con las funciones constitucionales o legales que le corresponde cumplir».
(destacado es original y subrayado nuestro).

II.4.1.2. El contexto en que se produjo la expedición del acto administrativo
censurado

63. La Constitución Política de 1886 prescribió que pertenecían a la República de
Colombia, entre otros bienes, los baldíos, las minas y salinas que pertenecían a los
Estados, cuyo dominio es recobrado por la Nación, sin perjuicio de los derechos
constituidos a favor de terceros por dichos Estados o a favor de estos por la Nación,
a título de indemnización (artículo 202, numeral 2° de la Constitución Política de
1886).

27 (cita es original): Vigente al momento en que se dio la transferencia del bien objeto de consulta.

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64. De conformidad con la Ley 20 de 196928 todas las minas pertenecen a la Nación,
sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a
partir de la vigencia de esa ley, solo comprendía las situaciones jurídicas subjetivas
y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos
(artículo 1°) y se definió que el objeto de los derechos que a cualquier título otorgue
la Nación sobre sus minas consistía en el aprovechamiento total de las sustancias
económicamente explotables que se encuentren en la correspondiente zona,
mediante su previa exploración técnica (artículo 2°).

65. La administración y explotación de las salinas estuvo a cargo inicialmente del
Banco de la República, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2214 de
193129 y 1529 de 1942 y en la Escritura Pública 1248 de 24 de mayo de 1941,
entidad que inicialmente asumió la explotación de las minas de sal terrestres y,
luego, de las marítimas.

66. En virtud de este contrato de administración, el Gobierno nacional dispuso la
entrega al Banco de la República de las Salinas con todos los edificios,
herramientas, útiles, enseres en general y existencias en especie que se hallaran
en las mismas y que estuvieran destinadas al beneficio o explotación de estas. En
armonía con ello, el artículo 7º del Decreto 2214 de 1931, dispuso lo siguiente:

«[…] SEPTIMO. El Gobierno entregará al Banco de la República, tan pronto como
esté perfeccionado este contrato, las Salinas de que se trata, con todos los
edificios, herramientas, útiles, enseres en general y existencias en especie que se
hallen en las mismas Salinas y que en cualquier forma estén destinados al
beneficio o explotación de las mismas. Dicha entrega se hará por riguroso
inventario, que se tendrá en cuenta para la devolución una vez que cesen
los efectos del presente contrato. […]»

67. Dentro de dicho contexto, el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -
INCORA-, en uso de las facultades previstas en el artículo 6º de la Ley 34 de 193630

28 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos».

29 «Por el cual se aprueba un contrato entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República». En virtud del

artículo 1° el Gobierno Nacional concede al Banco de la República la explotación de las Salinas terrestres de
Zipaquirá, Nemocón, Tausa y Sesquilé, situadas, respectivamente en los Municipios de dichos nombres,
sujetando dicha explotación a las diferentes estipulaciones previstas en dicho decreto.
30 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Código Fiscal y de las Leyes 47 de 1926 y 85 de 1920, se

adiciona la Ley 52 de 1931, se deroga la 75 de 1887, se dictan algunas medidas sobre baldíos y se sustituye el
ordinal 1° del artículo 1677 del Código Civil». El artículo 6 señala: «Artículo 6º. Cuando adyacentes a las salinas
o minas de propiedad de la Nación hubiere terrenos baldíos, el Gobierno procederá, por conducto del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, a levantar los planos de porciones de terrenos apropiados para la explotación
de dichas minas o salinas, en extensiones no mayores de cuatro mil hectáreas (4.000) hectáreas para cada
una, a fin de que tales terrenos sean reservados para la Nación, sin que puedan ser adjudicados por ningún
concepto».

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y los artículos 3º y 39 de la Ley 135 de 196131, expidió la Resolución 235 de 26 de
octubre de 196432, aclarada a través de la Resolución 66 de 3 de mayo de 196533,
mediante la cual reservó, en favor del Banco de la República, un terreno baldío
ubicado en la jurisdicción del municipio de Restrepo, departamento del Meta, cuya
extensión fue de 408 hectáreas, 3.939 metros cuadrados, con los siguientes
linderos:

«[…] Oriente: del mojón No. 1 se tomó rumbo N 27º 08´ E al mojón No. 2
colocado a 605, 21 metros en recta del anterior.

Noreste: del mojón No. 2 se sigue al mojón No.3 rumbo No. 45º 57´ W a
2.463.63 metros en recta del anterior.

Occidente: del mojón No. 3 se sigue al mojón No.7 con los siguientes detalles
del Poligonal: al mojón No. 4 rumbo S 35º W 13W distancia S 6º 06´ W y
distancia 877.81 metros, del mojón 5 al mojón 6 rumbo S 12º 10´W y distancia
de 1.089.57 metros y del mojón No.6 al mojón No.7 rumbo S 27º 47´W distancia
de 893.33 metros en recta del anterior. Este costado mide 3.189.08 metros.

Sur: del mojón No. 7 al mojón No. 8 se tomó rumbo N 82º 15 E y distancia de
1.928.33 metros en recto.

Oriente: del mojón No. 8 continúa el lindero del predio con rumbo N. 2º 28´ E y
distancia de 601.41 metros a encontrar el mojón No.9 y por último de este se
tomó rumbo S 76º 53´ E y distancia de 490.60 metros a encontrar el mojón No.
1 punto de partida y cierre. Este costado mide 1.706.22 metros […]»

31 «Sobre reforma social agraria».

El artículo 3° de la citada norma le asignó al extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, entre otras
funciones, la relativa a administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, adjudicar las
o constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, de acuerdo con las normas vigentes y con las
disposiciones de esta Ley.

El artículo 39 señala: «El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria queda autorizado para constituir sobre las
tierras baldías cuya administración se le encomienda, reservas destinadas a la Conservación de los recursos
naturales o a servicios públicos, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Igualmente podrá sustraer de tal régimen tierras que hubieren sido colocadas bajo éste o que el mismo Instituto
hubiere reservado, si encontrare que ello conviene a los intereses de la economía nacional. Las resoluciones
que se dicten de conformidad con los incisos precedentes requieren para su validez la aprobación del Gobierno.
El instituto procederá dentro del menor término posible, a constituir las reservas de que trata el literal (d) del
artículo 107 del Código Fiscal, previa la delimitación de las superficies respectivas.

Las resoluciones que decreten la constitución de zonas de reserva serán publicadas en las Cabeceras,
Corregimientos e Inspecciones de los Municipios en donde ellas se encuentren, en la forma prevista por el
artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal».
32 Folios 100 del Anexo 2.

33 Folios 101 a 102 Anexo 2.

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68. Posteriormente, se expidió la Ley 41 de 196834, la cual autorizó al Gobierno
nacional para celebrar con el Instituto de Fomento Industrial, IFI, un contrato de
concesión o de administración delegada -según lo considere más conveniente-, para
continuar con la explotación de las Salinas nacionales, el comercio de sales en el
país, y en general, para que el IFI tomara a su cargo todas las funciones y
actividades que el Banco de la República venía desarrollando como concesionario
de la Nación y para la explotación de las Salinas (artículo 4° ibidem). En igual
sentido, se facultó al Gobierno nacional para convenir con el Banco de la República
todo lo relacionado con la terminación de los contratos vigentes sobre la Concesión
de Salinas y la entrega al Instituto de Fomento Industrial, IFI, de los bienes y
empresas que forman parte de su patrimonio (artículo 5° ejusdem).

69. Con fundamento en lo anterior, mediante Escritura Pública 1753 de 2 de abril de
1970 de la Notaría 7ª del Círculo de Bogotá D.C.35, el Gobierno nacional,
representado por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía
y por el Instituto de Fomento Industrial, IFI, suscribieron el «contrato de
administración delegada», por medio del cual se dio por terminado el contrato de
concesión de salinas suscrito entre el Gobierno nacional y El Banco de la República
y que estaba contenido en los Decretos 2214 de 1931 y 1529 de 1942 y en la
Escritura Pública 1248 de 24 de mayo de 1941. Sumado a lo anterior, se suscribió
un nuevo contrato de concesión entre el Gobierno nacional y el Instituto de Fomento
Industrial, IFI, cuyo objeto, según la cláusula sexta del mismo, es el siguiente: «[…]
el Gobierno otorga en concesión al Instituto todas las salinas terrestres y marítimas
de propiedad nacional; para que este las explote y administre, tanto las que
actualmente se benefician, como las que se establezcan o puedan establecerse
posteriormente en el territorio nacional».

70. Así mismo, el Gobierno nacional autorizó al Banco de la República para efectuar
el traspaso y la entrega, directamente, al Instituto de Fomento Industrial, IFI, como
nuevo concesionario de las Salinas, de todos los bienes muebles e inmuebles que
integraban el patrimonio de las Salinas y que fueron adquiridos por el Banco de la
República para la concesión en desarrollo de su administración. En tal sentido, la
cláusula 27 del citado contrato estableció36:

«[…] VEINTISIETE. El Gobierno autoriza a el BANCO y el BANCO acepta
proceder al traspaso y entrega directa a EL INSTITUTO de todos y cada uno
de los bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, que forman
parte del patrimonio de la Concesión de Salinas y que el BANCO tenga o

34 «Por la cual se conceden unas autorizaciones al Gobierno Nacional, se ordena la capitalización del Instituto

de Fomento Industrial y se propende por el desarrollo económico industrial regional».
35 Folios 53 a 61 Anexo 2.
36 Folios 22 a 32 – 78 a 82 Cuaderno Anexo 2.

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haya adquirido en desarrollo de los contratos y normas a qué se refiere el
literal a) de los considerandos. Esta entrega se iniciará dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de vigencia del presente contrato y se efectuará
mediante la firma de las actas y de los documentos públicos o privados que
fueren legalmente necesarios para que el INSTITUTO entre en posesión de
todos los bienes de la concesión de Salinas y tenga título jurídico o personería
para explotarlos y administrarlos conforme a este contrato. Es entendido que lo
previsto en esta cláusula incluye el traspaso y entrega de los bienes que
constituyen el aporte de capital de qué trata la sección tercera del presente
contrato. […]»

71. La cláusula 26 del referido contrato dispuso que, una vez terminada la concesión,
el Instituto de Fomento Industrial, IFI, debía hacer entrega al Gobierno nacional de
los bienes de que ella forman parte, en los siguientes términos:

«[…] VEINTISÉIS.- Terminada la concesión por cualquiera de las causas
previstas en las cláusulas precedentes, el INSTITUTO hará entrega a EL
GOBIERNO de los bienes que de ella forman parte, a menos que, hecha la
liquidación de las cuentas respectivas, existiere saldo a favor de EL INSTITUTO
y a cargo de EL GOBIERNO; en este caso el primero continuará administrando
los bienes hasta que le sea cubierto el saldo en referencia, pudiendo destinarse
a tal fin el producto de la explotación de los bienes de la concesión. En el caso
previsto en la presente cláusula y cuando se tratare del vencimiento del plazo
estipulado este se entenderá automáticamente prorrogado por el tiempo
necesario para cubrir el saldo que existiera a favor de EL INSTITUTO».

72. En relación con la naturaleza de dicho contrato, la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia de 10 de diciembre de 197137, indicó que los contratos
celebrados con el Banco de la República y el Instituto de Fomento Industrial, IFI,
para la explotación y administración de las salinas nacionales no son de concesión
de un servicio público sino un contrato interadministrativo de administración
delegada de un bien de la Nación, pues, entre otras cosas, no conceden la
disposición de los bienes de la Nación. Señala la decisión:

«[…] Las cosas no son tales por el nombre que se les dé sino por la esencia
intrínseca de las finalidades a que obedece su creación. En el presente caso,
las salinas marítimas y terrestres del Estado, son una propiedad de la
Nación, un monopolio fiscal. Y es sabido que la concesión, en derecho
administrativo, es uno de los procedimientos jurídicos para prestar los servicios
públicos. Los tratadistas la definen diciendo que es una forma de gestión de un
servicio público en la cual la persona jurídica de derecho público, o concedente,
encarga por contrato administrativo a un particular o concesionario de hacer
funcionar a sus expensas, riesgos y peligros de tal servicio permitiéndole
remunerar su actividad mediante los derechos o tasas que han de cobrarse a
los usuarios. En el caso de autos, los contratos administrativos del

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, actor: Juan Manuel García y

otros, radicado 1376, MP: Álvaro Orejuela Gómez.

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Gobierno con el Banco de la República, primero, y con el Instituto de
Fomento Industrial, ahora, no establecen para el concesionario la
obligación de hacer funcionar un servicio o una explotación industrial a
sus expensas, riesgos y peligros, ni lo autorizan para reembolsar con los
dineros provenientes de la explotación de las salinas los gastos que
realice, ni le conceden la libre disposición del bien de la Nación, en forma
alguna. Las leyes, y en especial la 264 de 1938, autorizan al Gobierno para
buscar en la explotación de las salinas una base comercial, con la debida
consideración a los intereses sociales, económicos y fiscales del país, pero en
su artículo 9º., inciso segundo, dice con toda claridad, lo siguiente: “Los gastos
que requieran la administración y explotación de dichas riquezas se harán con
los mismos productos de ellas, y en el Presupuesto Nacional de rentas sólo se
computarán en el renglón correspondiente sus saldos líquidos favorables”. De
donde se infiere que el legislador tenía la intención manifiesta de que se creara
un organismo de “administración y explotación”, en otras palabras, una
Administración delegada de carácter comercial y que la denominación de
“concesión” fue adoptada por el gobierno en sus contratos, sin cuidarse
especialmente de la precisión jurídica de tal concepto […]38».

73. La entrega material e inmaterial de todos los bienes inmuebles, enseres, equipos,
maquinarias que formaban parte del patrimonio de la Concesión Salinas se realizó
por el Banco de la República mediante la Escritura Pública 3112 de 18 de junio de
1970 de la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá39.

74. Mediante Escritura Pública 7797 del 5 de octubre de 1994 de la Notaría Primera
del Círculo de Bogotá40, el Banco de la República traspasó al IFI - Concesión
Salinas, el uso y disposición de la reserva constituida por el Instituto Colombiano de
Reforma Urbana con destino a las Salinas de Upín, que había sido efectuada
mediante la Resolución 231 de 26 de octubre de 1964, aclarada mediante la
Resolución 66 de 3 de mayo de 1965, la cual se distingue con el folio de matrícula
inmobiliaria 230-70625 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Villavicencio.

75. A través de la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009, el Gerente Liquidador del
Instituto de Fomento Industrial, IFI, en Liquidación y el Director del IFI - Concesión

38 En igual sentido, se puede consultar el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 7 de febrero de

1994 (radicado 934), MO: Javier Henao Hidrón, oportunidad en la cual se señaló: «[…] esta Corporación - que
en principio pudo tener una jurisprudencia vacilante -, desde el fallo de la Sección Segunda proferido el 10 de
diciembre de 1971, sostiene que los contratos celebrados con el Banco de la República y el Instituto de Fomento
Industrial para la explotación y administración de las salinas nacionales, no son de concesión de un servicio
público sino de administración delegada de un bien de la Nación […] El contrato suscrito el 2 de abril de
1970 entre la Nación y el Instituto de Fomento Industrial para la explotación y administración de las salinas
nacionales, conocido con el nombre de “Concesión de Salinas”, es realmente un contrato interadministrativo de
administración delegada».
39 Folios 62 a 64 Anexo 2.

40 Folios 93 a 99 Anexo 2.

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de Salinas efectuaron la transferencia, a título gratuito, en los términos previstos en
el artículo 8° de la Ley 708 de 2001, y a favor del municipio de Restrepo, de los
derechos que tenían sobre la edificación denominada Casa 3, sector Cuatro Casas,
ubicada en la Vereda de Salinas41.

76. El Gobierno nacional, representado por los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Minas y Energía y el Instituto de Fomento Industrial, IFI, en Liquidación,
suscribieron el Acta de Terminación y Liquidación del contrato de administración
delegada el día 29 de diciembre de 2009 y protocolizada mediante la Escritura
Pública 1683 de 23 de abril de 201042. Cabe resaltar que el folio de matrícula
inmobiliaria 230-70625 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Villavicencio43 refleja la anterior situación del inmueble, en los siguientes términos:

«[…] DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:

TERRENO BALDIO CUYA EXTENSION APROXIMADA ES DE 408
HECTAREAS 3.939 METROS CUADRADOS, DESCRIPCION Y DEMAS
ESPECIFICACIONES SEGUN RESOLUCION N. 235 DEL 26-10-64
PROCEDENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA
AGRARIA (INCORA) DE VILLAVICENCIO, ARTICULO 11 DECRETO
1711/84.-

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo de Predio: RURAL
1) LOTE.

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de
integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-03-1993 Radicación: 03913
Doc: RESOLUCION 235 DEL 26-10-1964 INCORA DE VILLAVICENCIO
VALOR ACTO: $0 ESPECIFICACION: OTRO: 999 RESERVA CON DESTINO
A LAS SALINAS DE UPIN

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de
dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)
A: BANCO DE LA REPUBLICA X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 30-03-1993 Radicación: 03914
Doc: RESOLUCION 66 DEL 3-05-1965 INCORA DE VILLAVICENCIO VALOR
ACTO: $0 ESPECIFICACION: OTRO: 999 ACLARACION RESOLUCION 235

41 Folio 80 del Anexo 2.

42 Folios 145 a 157 Anexo 2.

43 Folio 1 y reverso Anexo 2.

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DEL 26-10-64 PROCEDENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA
REFORMA AGRARIA (INCORA) SENTIDO DESTINACION SALINAS DE UPIN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de
dominio- I-Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)
A: BANCO DE LA REPUBLICA X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 27-10-1994 Radicación: 18155
Doc: ESCRITURA 7797 DEL 05-10-1994 NOTARIA PRIMERA DE SANTAFE
DE BOGOTA VALOR ACTO: $0 ESPECIFICACION: OTRO: 999
CUMPLIMIENTO CLAUSULA 27 ESCRITURA 1753-02-04-70 NOTARIA
SEPTIMA DE SANTA FE DE BOGOTA SENTIDO TRASPASO DIRECTO DE
BIENES A NUEVO CESIONARIO CONCESION SALINAS
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de
dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: BANCO DE LA REPUBLICA
A: INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI- CONCESION SALINAS […]».

77. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio, el día 26 de marzo de 2012,
dentro del radicado 2009-01772, resolvió condenar al señor Wilder Janer
Montenegro Mancera, como cómplice por el delito de falsedad ideológica en
documento público, funcionario que suscribió el documento público contentivo del
certificado de disponibilidad presupuestal; documento que a su vez sirvió de
sustento para la expedición de la resolución acusada.

78. En la citada providencia quedó consignado lo siguiente:

«Respecto del certificado de disponibilidad presupuestal 103 de Marzo 24 de
2009, que respalda el compromiso del proyecto materia de investigación, de
acuerdo con los documentos aportados por los denunciantes, es sabido que
para el rubro construcción de dependencias municipales, identificado con el
Código número 16.1. no ha existido apropiación inicial, por consiguiente no
existe disponibilidad alguna a la fecha y el rubro identificado con el código 16.2.
Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias municipales, existe una
apropiación inicial de $41.000.000,00, pero la apropiación definitiva es por
$29.073.788,00, y revisadas las ejecuciones pasivas del año 2009,
específicamente, la de Marzo, mes en que se extiende el documento
“Certificado de Disponibilidad Presupuestal” por parte del Secretario de
Hacienda de ese entonces, se evidencia que no existe presupuesto inicial para
los códigos 16.1.1 y 16.1.2.

De toda la información suministrada se indica que quien extendió y firmó el
documento público denominado Certificado de Disponibilidad Presupuestal, fue
el señor Wilder Janer Montenegro Mancera, quien para la fecha de comisión de
los hechos fungía como tesorero, nombrado mediante Decreto número 007 de
Enero 2 de 2008 y posesionado mediante acta número 005 del mes día y año
mencionados.

[…]

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Realmente, su conducta transgredió efectivamente la prohibición normativa
colocando en peligro de manera real, el bien jurídico tutelado por el Estado,
como es la Fe Pública, sin que el Despacho encuentre bajo ninguna perspectiva,
justificación en su actuar ilícito (C.P. Art. 11)».

79. En consecuencia, la citada decisión judicial dispuso:

«RESUELVE:

PRIMERO: CONDENAR a WILDER JANER MONTENEGRO MANCERA […] a
la pena de TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN, como CÓMPLICE
responsable del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO
PÚBLICO, modalidad consumada, según hechos y circunstancias que dan
cuenta las presentes diligencias, entro del radicado 2009-01772.

[…]

QUINTO: REFRENDAR, con base en los artículos 22 y 101 del Código de
Procedimiento Penal, la suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones
número 458 a la 466 de 29 de Mayo de 2009, emitidas por parte del Instituto de
Fomento Industrial en liquidación, mediante las cuales transfirió a título gratuito
en los términos de la Ley 708 de 2001 a favor del municipio de Restrepo, Meta
los derechos que ostentaba sobre las edificaciones denominadas casa 1 a la 9,
sector El Hato, ubicadas en la Vereda Salinas del Municipio de Restrepo, en
calidad de concesionario»44.

Conclusiones del primer cargo

80. Conforme se indicó con anterioridad, el artículo 8° de la Ley 708 de 2001 exige,
como condición para la transferencia de la titularidad del derecho de dominio de los
bienes fiscales de propiedad de las entidades públicas, que se trate de bienes
pertenecientes a estas últimas, tal y como se desprende del tenor literal de la norma
al prescribir que «[…] los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades
públicas del orden nacional […] deben ser transferidos a título gratuito a otras
entidades conforme a sus necesidades».

81. Con el fin de comprobar si la titularidad del bien objeto de la transferencia
pertenecía a la entidad pública demandada, la Sala procedió a la revisión del
contenido del folio de matrícula inmobiliaria número 230-70625 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio, luego de lo cual se pudo
constatar que el bien objeto de la transferencia es un bien baldío. Luego, entonces,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 48 de 1882 «[l]as tierras
baldías se reputan bienes de uso público, y su propiedad no se prescribe contra la

44 Folios 159 a 171 Anexo 2.

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Nación, en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2519 del
Código Civil» y, por ende, nunca ha salido del ámbito de propiedad del Estado.

82. En relación con el concepto de bienes baldíos, cabe anotar que responden a
dicha categoría: «[…]aquellos terrenos que, situados dentro de los límites del
territorio nacional, carecen de dueño y, por lo tanto, pertenecen al Estado. En la
referida decisión, planteó que la finalidad del Estado, respecto de los bienes baldíos,
es la de garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios45». La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado
que los baldíos son bienes fiscales «[…] pero aun así no cualquier persona tiene
derecho a usarlos ni a adquirirlos, sino que tienen vocación de uso exclusivo por
parte de entidades públicas, para la prestación de servicios públicos o para ser
adjudicados a campesinos y con ello impulsar el acceso progresivo de ellos a la
propiedad rural y al mejoramiento de su calidad de vida46».

83. Adicionalmente, es preciso resaltar que no está acreditado dentro del proceso
que el Liquidado Instituto de Fomento Industrial, IFI, sea titular del derecho real de
dominio inscrito en la correspondiente matrícula inmobiliaria que le otorgue la
facultad para enajenar el bien inmueble.

84. Cabe destacar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil adoptó un
sistema dual para probar el dominio, pues el derecho de propiedad se adquiere
mediante la prueba del título (permuta, donación entre vivos o la misma ley) y del
modo (tradición, ocupación, accesión). Además, en materia de inmuebles se
requiere que el título traslaticio de dominio sea solemne, lo que significa que debe
otorgarse mediante escritura pública, siendo este un requisito ad substanciam
actus. En este sentido, el artículo 1760 del Código Civil dispone lo siguiente:

«[…] La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los
actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no
ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a
instrumento público, dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal; esta
cláusula no tendrá efecto alguno. […]»

85. En relación con lo anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-454
de 2016 indicó:

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de julio de 2016,

rad. 31000233400019990066601 (35928). MP. Danilo Rojas Betancourth.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2021,
radicado: 11001-03-24-000-2010-00545-00, actora: Renata Franceschi Camacho, demandado: Demandado:
Superintendencia de Notariado y Registro - SNR y Oficina De Instrumentos Públicos de Cartagena, MP:
Oswaldo Giraldo López.
46 SU 235 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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RADICACIÓN: 1100103240020110013200
DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

«[…] 26. La consolidación del derecho de propiedad se encuentra sometida a
las reglas del título y el modo como dos elementos inescindibles al momento de
concretar el derecho de propiedad de bienes reales, que se traducen en la forma
en que se crean las obligaciones y la posterior ejecución de las mismas. A
continuación se presentan algunas consideraciones doctrinales al respecto:

27. Para el profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO desde “(…) la adquisición de
un derecho real como el dominio necesariamente tienen presencia dos fuerzas
fundamentales: el acuerdo de voluntades verbal o escrito, creador de
obligaciones, y la ejecución de ese acuerdo en un momento posterior diferente
del inicial.”[136]

La teoría del título y el modo tiene su origen en el derecho romano,
principalmente en el Digesto y el Código de Justiniano[137]. En el Digesto se
afirmaba que “La nuda tradición nunca transfiere el dominio, si no se hubiere
precedido la venta, o alguna causa justa, por la cual siguiese la entrega
(41.1.31)”, mientras que en el Código se consagraba que: “El dominio de las
cosas se transfiere por tradición y usucapión, no por simple pactos.”

Así las cosas, el título y el modo encarnan la manera en que el derecho de
propiedad hace parte del patrimonio de una persona.

28. Según JOSE J. GÓMEZ el título es el “Hecho del hombre generador de
obligaciones o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera
directa”[138], así, “(…) el hombre es el encargado de poner en funcionamiento
las fuentes por medio de sus actos jurídicos. Las fuentes en funcionamiento
generan el título, y este a su vez crea obligaciones.”

El título puede ser justo o injusto. Será justo aquel título que: i) sea atributivo
de dominio, es decir, aquel que es apto para adquirir el dominio como la
permuta, la compraventa o la donación; ii) es verdadero, lo que implica que
debe existir realmente; y iii) debe ser válido, esto es, que no adolezca de
nulidad, como sería un vicio del consentimiento o la emisión de requisitos ad
substanciam actus. El título es injusto cuando no reúne los requisitos legales
conforme al artículo 766 del Código Civil Colombiano.
29. El modo es la “(…) forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el
título cuando este genera la constitución o transferencia de derechos reales”.
Para ANGARITA GÓMEZ se trata de “(…) un hecho material y visible que, por
disposición de la ley, tiene la virtud de hacer ganar los derechos reales”.

El artículo 673 del Código Civil, establece que “Los modos de adquirir el dominio
son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la
prescripción.”

Así las cosas, se pueden identificar dos clases de modos, entre otros, los
originarios y derivados. Son originarios cuando “(…) la propiedad se adquiere
sin que exista una voluntad anterior o precedente que la transfiera, como ocurre
con la accesión, la ocupación y la prescripción. Se presenta sobre objetos que
no han tenido dominio, o que habiéndolo tenido no existe una transferencia
voluntaria de su primitivo dueño.”

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DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

Son derivados cuando se realiza una trasferencia o transmisión de la propiedad
“(…) con fundamento en una sucesión jurídica, como la tradición y la sucesión
por causa de muerte o acto de partición de una herencia.”

30. En conclusión, para que el derecho de propiedad ingrese al patrimonio de
una persona es necesario que concurran de manera sucesiva dos actos
jurídicos, el título como acto humano creador de obligaciones o la ley que faculta
al hombre para adquirir el derecho real (compraventa, permuta, entre otros), y
el modo que implica la ejecución del título, es decir, el que permite su realización
(ocupación, accesión, tradición, prescripción entre otros).

El derecho de propiedad de bienes inmuebles

31. Como ha quedado expuesto, para que el derecho de dominio ingrese al
patrimonio de una persona, se requiere del título y el modo. Además, en materia
de inmuebles se requiere que el título traslaticio de dominio sea solemne, esto
es, debe otorgarse escritura pública como requisito ad substanciam actus. En
este sentido el artículo 1760 del Código Civil […]».

86. En estos precisos términos, si bien es cierto que, a través de la protocolización
de la Escritura Pública 7797 de 5 de octubre de 1994, el Banco de la República
traspasó a favor del IFI - Concesión Salinas el uso y disposición de la reserva con
destino a las salinas de Upín- constituida mediante la Resolución 235 de 26 de octubre de
1994 y aclarada posteriormente mediante la Resolución 66 de 4 de mayo de 1965-, no es menos
real que, tal y como se indicó anteriormente, el contrato de administración delegada
suscrito por el Gobierno nacional -representado por los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Minas y Energía- y el Instituto de Fomento Industrial, IFI dispuso que una
vez finalizado el negocio jurídico los bienes objeto de traspaso debían pasar
nuevamente a la Nación (cláusula 26).

87. Nótese que el Gobierno nacional suscribió los contratos de administración
delegada, inicialmente, con el Banco de la República y, luego con el IFI, los cuales
comprendieron «[e] no solamente la explotación, o sea “el conjunto de actividades
dirigidas a la extracción técnica de sustancias minerales para su aprovechamiento”
(decreto 1275 de 1970, art. 92), pues se extendió al ejercicio de facultades
administrativas, emanadas de la voluntad de la entidad contratante, en relación con
la elaboración, refinación y el comercio de los productos derivados de las salinas.
Estas obligaciones, y otras derivadas de las estipulaciones contractuales,
sustrajeron al contratista del marco de autonomía que le permitiera actuar “por su
cuenta y riesgo” y lo colocaron en condición de representante de la entidad
contratante47». Sin embargo, tales contratos no le confirieron al IFI el derecho a la

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, concepto 934, MP: Javier Henao Hidrón-

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DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

libre disposición del bien, conforme lo precisó esta corporación judicial en el
pronunciamiento citado con anterioridad de fecha de 10 de diciembre de 197148.

88. Así las cosas, acierta la parte demandante cuando indica que la entidad pública
demandada efectuó la transferencia de un bien inmueble que estaba afectado con
reserva minera y que no era de propiedad de la entidad demandada, motivo
suficiente para que resulte procedente acceder a las súplicas de la demanda.

89. Sin perjuicio de lo anterior, y entendiendo que tal circunstancia, por sí sola, daría
lugar a la anulación del acto demandado, la Sala estima procedente que también se
aborde el análisis de la falsa motivación que se atribuye al acto acusado, bajo la
premisa consistente en que también este vicio afecta la validez del acto acusado.

II.4.2. De la falsa motivación

90. El demandante reprocha que el fundamento fáctico que sirvió de sustento para
su expedición resulta falso, por las siguientes razones:

91. Sostuvo que en los considerandos del acto se lee que el alcalde del municipio de
Restrepo elevó solicitud ante el Director del Instituto de Fomento Industrial, IFI,
Concesión Salinas con el fin de que le fuera transferido a título gratuito y en favor
de ese municipio el derecho de dominio sobre un bien inmueble 49, para la ejecución
del proyecto denominado «Adecuación, mejoramiento y remodelación del parque
temático, cultural, recreacional y turístico de Upin», el cual se encontraba inscrito en
el denominado Banco de Programas y Proyecto. Además de ello, dicha obra
presuntamente contaba con el certificado de disponibilidad presupuestal a fin de
garantizar la provisión de los recursos necesarios para su ejecución.

92. Sin embargo, a juicio del actor, las razones consignadas en el acto resultan
engañosas, pues el citado proyecto no se encontraba contemplado en el Plan de
Desarrollo del municipio de Restrepo; tampoco estaba inscrito en el Banco de
Programas y Proyectos del municipio de Restrepo, Meta, y mucho menos, contaba
con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

93. Ahora bien, para abordar el análisis del cargo en mención, en primer lugar, la
Sala encuentra necesario precisar que el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo prevé la falsa motivación como una de las causales de nulidad de los

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, actor: Juan Manuel García y

otros, radicado 1376, MP: Álvaro Orejuela Gómez.
49 Folios 134 a 139 del Cuaderno Principal.

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RADICACIÓN: 1100103240020110013200
DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

actos administrativos. Se parte de la premisa consistente en que todo acto deberá
expresar o consignar las razones de hecho y de derecho que sustentan su
expedición, de tal manera que cuando las razones que respaldan la decisión no son
reales, no existen o están distorsionadas50, se presenta el referido vicio que afecta
la validez de la manifestación de voluntad de la administración.

94. Sobre el particular, esta Sala51 ha manifestado lo siguiente:

«[…] la validez del acto administrativo depende, entre otros elementos, de que
los motivos por los cuales se expide sean ciertos, pertinentes y tengan el
mérito suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se haya
tomado, valga decir, que correspondan a los supuestos de hecho y de
derecho jurídicamente necesarios para la toma de la decisión de que se trate,
y que se den en condiciones tales que conduzcan a adoptar una y no otra
determinación, por lo que se trata de un requisito material, en cuanto depende de
la correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo como
motivo causa del mismo, con la realidad jurídica y/o fáctica del caso […]»
(negrillas fuera del texto)

Esta misma Sección, mediante sentencia 12 de diciembre de 201952, reiteró
que este vicio de validez se configura: «[…] cuando i) se presenta
inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de
voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho
esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por
razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado
a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque
los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión
[…]». (negrillas fuera del texto)

95. De las piezas que obran en el proceso, la Sala pudo constatar que el 19 de marzo
de 2009, el alcalde del municipio de Restrepo (Meta), presentó ante el Director del
Instituto de Fomento Industrial, IFI, Concesión Salinas una propuesta para que le
fuera transferido a título gratuito y en favor de ese municipio, el derecho de dominio
que este último ostentaba sobre el bien inmueble localizados en el sector «El Hato»
Vereda «Cuatro Casas» de dicha jurisdicción53.

50Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de 2019.

Radicación 25000-23-24-000-2012-00509-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de

2019. Radicación 25000-23-24-000-2012-00509-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre

de 2019. Radicación 25000-23-24-000-2009-00249-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
53 Folios 134 a 139 del Cuaderno Principal.

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96. En la propuesta se argumentó que las viviendas eran necesarias para el
desarrollo del proyecto denominado «Adecuación, mejoramiento y remodelación del
parque temático, cultural, recreacional y turístico UPIN». Valga resaltar que, junto
con la referida solicitud aportó el certificado de disponibilidad presupuestal 103 del
24 de marzo de 2009, por valor de $30.000.000 y que aparece suscrito por el
Tesorero municipal, con el cual se garantizaría la ejecución del proyecto.

97. Una vez revisada la parte considerativa del acto administrativo censurado -en
especial sus fundamentos quinto y séptimo-, se evidencia que quedaron consignadas
las siguientes razones para acceder a la transferencia gratuita de los referidos
bienes:

«[…] CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que por virtud de los principios de coordinación y colaboración
establecidos en los artículos 2°,113 y 209 de la Constitución Política de
Colombia y el artículo 6° de Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el
fin de lograr los cometidos estatales, para lo cual prestarán su colaboración a
las demás entidades para facilitar dicho ejercicio.

SEGUNDO.-Que de conformidad con el artículo 8° de la Ley 708 de 2001 “Los
bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden
nacional, de carácter no financiero que hagan parte de cualquiera de las Ramas
del Poder Público, así como de los órganos autónomos e independientes que
no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social y además
que no lo requieren para el desarrollo de sus funciones y no se encuentren
dentro de los planes de enajenación onerosa que deberán tener las entidades,
deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas conforme con
sus necesidades, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno
Nacional, con excepción de aquellos ocupados ilegalmente antes del 28 de julio
de 1988 con vivienda de interés social, los cuales deberán ser cedidos a sus
ocupantes, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 91 de 1989”.

TERCERO.- Que el parágrafo 1° del artículo 8° de la Ley 708 de 2001 señala
que a las transferencias de inmuebles referidas en dicho artículo, les será
aplicable el procedimiento de enajenación previsto en el artículo 1° de la
mencionada ley, el cual establece que se tendrán como únicos requisitos para
que se lleven a cabo dichas transferencias, el título traslaticio de dominio
contenido en Resolución Administrativa expedida por la entidad propietaria del
inmueble, y la tradición mediante la inscripción de la Resolución en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, y que para efectos de
los derechos de registro, tales actos se considerarán actos sin cuantía.

CUARTO. - Que mediante oficio del 19 de marzo de 2009, el Alcalde del
Municipio de Restrepo, Meta, solicitó la transferencia a título gratuito de una
edificación denominada CASA N ° 3, Sector Cuatro Casas, ubicada en la
Vereda Salinas, Cabecera Municipal de su jurisdicción.

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QUINTO.- Que la petición de transferencia a título gratuito, la justifica el Alcalde
del Municipio de Restrepo, Meta, teniendo en cuenta que en su Plan de
Desarrollo "Desarrollo con calidad Humana", se encuentra inscrito en el
Banco de programas y proyectos, el denominado proyecto "Adecuación
Mejoramiento y Remodelación del Parque Temático Cultural Recreacional
y Turístico Upín", del que dicho inmueble haría parte integral.

SEXTO.- Que mediante oficio del 20 de marzo de 2009, el Secretario de
Planeación del Municipio de Restrepo, Meta, certificó que el uso del suelo
establecido dentro del esquema de ordenamiento territorial es compatible para
el desarrollo del proyecto presentado por el Alcalde del Municipio.

SEPTIMO.- Que mediante oficio del 24 de marzo de 2009, el Tesorero
Municipal de Restrepo, Meta certificó que existe disponibilidad
presupuestal vigencia 2009, para respaldar el compromiso de
construcción de dependencias municipales por un valor de treinta
millones de pesos ($30.000.000).

OCTAVO.- Que el activo objeto de la presente Resolución, es de los
denominados inmuebles no operacionales del IFI - Concesión de Salinas, según
la clasificación exigida por el Decreto 2883 de 2001, además de no estar incurso
en las causales de prohibición para enajenación indicadas por la Ley 708 de
2001.

NOVENO.- Que el Comité Ejecutivo de IFI - Concesión de Salinas en sesiones
del 17 y 29 de abril de 2009, autorizó la transferencia a título gratuito de los
derechos sobre el inmueble no operacional, en cumplimiento de la Ley 708 de
2001 y sus Decretos Reglamentarios, en armonía con lo señalado en el
considerando anterior.

DÉCIMO.- Que de conformidad con el artículo 5 ° del Decreto 4637 del 05 de
diciembre de 2008, no hubo concurrencia de solicitudes sobre el presente
Inmueble […]» (negrillas fuera del texto)

98. Ahora bien, esta Sala luego de haber sido revisado el Acuerdo 15 de 30 de mayo
de 2008 «Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras
Públicas para el municipio de Restrepo, Meta para el período de Gobierno del 2008-
2011», se evidencia que el proyecto denominado: «Adecuación, mejoramiento y
remodelación del parque temático, cultural, recreacional y turístico UPIN 54» no se
adecúa a ningún programa o subprograma del citado Plan de Desarrollo 2008 al
2011. Sumado a lo anterior, las pruebas aportadas al proceso dan cuenta que
tampoco existía la disponibilidad presupuestal refrendada a través del certificado de
disponibilidad presupuestal 103 de 24 de marzo de 2003.

54 Folios 112 a 142 del Anexo que contiene el expediente penal.

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99. En desarrollo de la anterior afirmación, se pone de relieve que el Juez Cuarto
Penal del Circuito de Villavicencio, mediante fallo de 26 de marzo de 201255,
condenó al señor Wilder Janer Montenegro Mancera, quien para la época de los
hechos fungió como tesorero, como cómplice responsable del delito de falsedad
ideológica en documento público, con ocasión de la expedición del mencionado
certificado de disponibilidad presupuestal.

100. De la misma manera, tal y como se indicó anteriormente, tal decisión judicial
resolvió «REFRENDAR», con base en los artículos 22 y 101 del Código de
Procedimiento Penal, la suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones
números 458 a 466 de 29 de mayo de 2009, emitidas por el Instituto de Fomento
Industrial, IFI, en Liquidación, entre las cuales figura el acto acusado56.

101. En ese orden de ideas, la Sala también encuentra acreditada la configuración
del cargo de nulidad por falsa motivación esgrimido por el demandante, bajo la
premisa consistente en que en los considerandos quinto y séptimo del acto acusado,
se indicó que la petición presentada por el alcalde del municipio de Restrepo (Meta),
se justificó en que era necesaria la adquisición de dicho lote de terreno para la
ejecución de proyecto denominado «Adecuación, mejoramiento y remodelación del
parque temático, cultural, recreacional y turístico UPIN». Adicionalmente, se afirmó
irregularmente que se contaba con disponibilidad presupuestal para la ejecución de
tal obra, cuando la realidad es que el citado proyecto no estaba contemplado en el
Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del municipio de
Restrepo para el período 2008-2011 y, además, el mismo no contaba con la
disponibilidad presupuestal que garantizara la provisión de los recursos necesarios
para la ejecución de la referida obra.

102. Significa lo anterior que, tal como lo señaló el actor, la resolución acusada
estuvo fundamentada en motivos que resultan falsos o apócrifos, motivo por el cual
el cargo de nulidad por falsa motivación también está llamado a prosperar.

II.4.3.- De la expedición irregular y del desconocimiento del derecho de
defensa y audiencia

103. La parte demandante igualmente consideró que sobre el bien objeto de
transferencia recaía un contrato de arrendamiento vigente, de naturaleza intuito

55 Folios 71 a 84 del Cuaderno Principal.

56 Folios 159 a 171 Anexo 2.

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personae, por lo que ha debido de surtirse el procedimiento previo de notificación e
información al arrendatario, con el fin de que este hiciera valer sus derechos57.

104. En atención al anterior planteamiento, cabe señalar que el artículo 1973 del
Código Civil establece que el arrendamiento es un contrato en el que las dos partes
se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una
obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por el goce, obra o servicio a un precio
determinado, por lo que el titular del dominio ostenta el derecho de libre disposición
sobre el bien arrendado.

105. Con todo, cabe aclarar que, la cláusula sexta de la Resolución 460 de 29 de
mayo de 2009 dispuso que la transferencia sobre el activo adjudicado comportaba
la cesión del contrato de arrendamiento y/o comodatos en caso de estar
vigentes y si a ello había lugar58.

106. Adicionalmente el parágrafo del artículo sexto del citado acto ordenó que «[…]
En el evento de que existan contratos de arrendamiento y/o comodatos vigentes, la
entidad territorial se encargará de notificar por escrito al arrendatario o comodatario,
según corresponda, observando las disposiciones legales vigentes y sin perjuicio
de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial con los efectos que
ella produce».

107. En relación con este aspecto, y acogiendo la línea argumentativa esbozada por
el agente del Ministerio Público en su concepto de fondo, debe resaltarse que en la
reunión efectuada el día 9 de febrero de 2010 -según lo indica el Acta No. 01 de esa
misma fecha que se levantó con ocasión de la misma- el alcalde del municipio de
Restrepo se reunió con el hoy demandante, en su calidad de arrendatario, y en dicho
documento quedó consignado: i) que el asesor jurídico del municipio había
notificado con anterioridad la terminación unilateral del contrato; ii) que el plazo de
entrega se extendió hasta el 19 de mayo de común acuerdo, y iii) que se informó
sobre la construcción del referido parque temático59. Adicionalmente, en relación
con la cabida y linderos, se evidencia que estos se detallan mediante la Escritura
Pública 7797 de 5 de octubre de 1994.

57 Al respecto, indicó que «[…] [l]a vulneración del acto demandado es mayúscula frente al contenido superior

del artículo 29 de la Constitución Política, puesto que lo mínimo que esperaría un administrado, es que cuando
le afecten en forma directa un derecho individual, previo trámite de la respectiva solicitud debe convocársele o
informarle de la existencia de la petición. En forma particular nos referimos a los arrendatarios del bien
presuntamente transferido […]».
58 Folios 386 a 396 Cuaderno Principal.

59 Folio 130 a 131 del Cuaderno Principal.

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108. En consecuencia, y a partir de lo expuesto el cargo en mención no está llamado
a prosperar.

II.5. Conclusiones

109. Como bien se indicó en esta providencia, el artículo 8° de la Ley 708 de 2001
exige, como condición para la transferencia de la titularidad del derecho de dominio
de los bienes fiscales de propiedad de las entidades públicas, que se trate de bienes
pertenecientes a estas últimas, tal y como se desprende del tenor literal de la norma
al prescribir que «[…] los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades
públicas del orden nacional […] deben ser transferidos a título gratuito a otras
entidades conforme a sus necesidades».

110. Deconformidad con el material probatorio aportado al expediente, la Sala
constató que la entidad demandada transfirió un bien baldío sujeto a reserva minera
y respecto del cual, por contera, no tenía la titularidad del derecho de dominio.

111. La Sala también pudo constatar que el fundamento de tal transferencia se
justificó en razones falsas, habida consideración que se demostró que el proyecto
denominado «Adecuación, mejoramiento y remodelación del parque temático,
cultural, recreacional y turístico UPIN» no estaba contemplado en el Plan de
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del municipio de Restrepo para
el período 2008-2011 y, además de ello, no se encontraba respaldado con el
certificado de disponibilidad presupuestal.

112. A partir de las consideraciones precedentes, la Sala declarará la nulidad de la
Resolución 460 de 29 de mayo de 2009, en tanto los vicios demostrados afectan
la validez del acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 460 de 29 de mayo de 2009,
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente sentencia, por Secretaría archivar
el expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

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RADICACIÓN: 1100103240020110013200
DEMANDANTE: MARIO DE JESÚS OSORIO

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
P (5)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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