Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00209-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00209-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00209-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00209-00
Referencia. Acción de nulidad
Actor: MILTON JOSÉ ALGARÍN ARCÓN
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. A TRAVÉS
DE LOS ARTÍCULOS 24 DEL DECRETO 1139 DE 1995 Y 5º DE LA
RESOLUCIÓN NÚM. 02965 DE 1995, ACUSADOS, EL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA Y EL GERENTE GENERAL DEL INCORA PODÍAN
ESTABLECER UN CONTROL DE CALIDAD A LOS AVALÚOS
COMERCIALES, QUE DEBEN RENDIR LOS PERITOS, PARA LA
ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS POR EL MENCIONADO INSTITUTO,
CON FUNDAMENTO EN LA POTESTAD REGLAMENTARIA, EN LA LEY
160, Y LA FACULTAD DE REGLAMENTACIÓN DE SEGUNDO GRADO O
DERIVADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
El ciudadano MILTON JOSÉ ALGARÍN ARCÓN, obrando en su propio
nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84
del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener
la nulidad de los artículos 24 del Decreto 1139 de 30 de junio de
1995, “[…] por el cual se reglamenta la Ley 160 de 1994, en lo relativo
a la elaboración del avalúo comercial de predios y mejoras que se
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adquieran para fines de reforma agraria y la intervención de peritos en
los procedimientos administrativos agrarios de competencia del
INCORA […]”, expedido por el Presidente de la República, y 5º de la
Resolución núm. 02965 de 12 de septiembre de 1995, “[…] por
la cual se establece el procedimiento para la práctica, elaboración y
rendición de los avalúos comerciales de predios y mejoras rurales que
se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras
disposiciones […]”, emanada del Gerente General del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria1, -INCORA-.
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los
artículos 83 y 84 de la Constitución Política.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
Que la Ley 160 de 3 de agosto de 19942, en su artículo 32, numeral 2,
dispone:
“[…] El precio máximo de negociación, será fijado en el avalúo
1
En adelante INCORA.
2
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece
un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se
dictan otras disposiciones”.
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comercial que para tal fin se contrate con personas naturales o
jurídicas, legalmente habilitadas para ellos de acuerdo con el
reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional
[…]”.
Alegó que de dicha norma se colige que el legislador prevé, sin que ello
fuese necesario, que el Ejecutivo puede dictar un reglamento que
permita, posibilite o afine la normativa contenida en ella, pero que no
por ello quedó el Gobierno Nacional facultado para que mediante el
Decreto 1139 de 30 de junio de 1995, demandado, en su
artículo 24, creara el “control de calidad”, y para que la Gerencia
General del INCORA desarrollara esta disposición, a través de la
Resolución núm. 2965 de 12 de septiembre de 1995, acusada,
en su artículo 5º, haciéndole exigible a los operadores de los procesos
administrativos de adquisición de tierras con fines de reforma agraria,
un control de calidad, sobre los avalúos comerciales practicados y
rendidos por los peritos contratados, ya que ello constituye una
violación directa de los artículos 83 y 84 de la Constitución Política, en
los términos en que la doctrina y la jurisprudencia lo consideran.
Para el efecto, indicó que los artículos 83 y 84 de la Constitución Política
de manera contundente precisan y enfatizan la presunción de buena fe
y la supresión de requisitos administrativos adicionales a los de ley, en
los eventos en que los particulares promueven el inicio de actuaciones
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administrativas o actúan como colaboradores de la administración
pública, para el caso los contratistas.
Afirmó que en nuestro país ello se ubica dentro del concepto doctrinario
de “la reserva legal” y que la Corte Constitucional ha fijado una línea
jurisprudencial, con relación a las citadas normas constitucionales, que
hacen alusión concreta a la presunción de buena fe, que reconoce la
facultad que tiene el legislador formal, dentro de su competencia, para
que mediante ley dicte disposiciones, a través de las cuales exija
requisitos dentro de un procedimiento administrativo, por razones de
interés general.
Trajo a colación la sentencia C-340 de 1996 de la Corte Constitucional,
que señaló que las autoridades, distintas del legislador, tienen
expresamente prohibido el establecimiento de cualquier trámite,
formalidad o requisito no señalado en la ley.
Que, en consonancia con lo anterior, la sentencia C-412 de 2001,
proferida por la misma Corporación, sostuvo que con apoyo en el
artículo 83 de la Constitución Política se presume la buena fe de las
personas en todas las actuaciones que adelanten ante las autoridades,
ya sea para el cumplimiento de sus deberes o para el ejercicio de sus
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obligaciones.
Que, en concordancia con esa regla, el artículo 84 de la Constitución
Política dispone que cuando un derecho o una actividad hayan sido
reglamentados de manera general, las autoridades no podrán
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su
ejercicio.
Que de todo ello se deduce que mientras en los mandatos superiores
de los artículos 83 y 84 de la Constitución Política se introduce un claro
límite a las autoridades administrativas judiciales y de control para
agregar requisitos no previstos en la ley, ésta goza de expresa
autorización constitucional para preverlos, cuando reglamente de
manera general derechos o actividades.
Anotó que el legislador al establecer requisitos no viola el principio de
buena fe, pues no presume nada en contra de ella, no parte del
supuesto de la mala fe del gobernado; simplemente se limita a cumplir
su función de salvaguarda del interés general y de ordenamiento
mínimo, en lo que respecta al servidor público y al funcionamiento de
los entes estatales.
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II.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1. El MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
mediante apoderado, se opuso a las pretensiones solicitadas por el
actor, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Adujo que la exigencia que tienen las normas acusadas de un control de
calidad a los avalúos no viola el principio de buena fe, pues todos los actos
administrativos están revestidos de la presunción de ese principio, por lo
que la carga de probar la mala fe está en cabeza del actor, quien no arrimó
argumento alguno para desvirtuar dicha presunción.
Argumentó que el artículo 32 de la Ley 160 habilita el desarrollo de las
funciones reglamentarias del Ejecutivo, toda vez que la ley no puede
regular en su totalidad el procedimiento administrativo, por lo que para el
efecto le otorga facultades al Ejecutivo para reglamentarlo.
Expresó que la reglamentación que se realizó en los cuerpos contentivos
de las normas acusadas desarrollan esa voluntad del legislador, de que las
personas naturales o jurídicas que realicen los avalúos comerciales los
dicten conforme a derecho.
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Insistió en que no existe relación entre la sustentación del cargo con las
normas demandadas, razón por la cual por falta de técnica deberá ser
despachado desfavorablemente.
II.2. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural3- INCODER, a
través de apoderado, contestó la demanda y propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la acción en
contra del INCODER, en atención a que el mencionado Instituto no es la
entidad que está legitimada para intervenir dentro del presente proceso,
debido a que el ente idóneo es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el cual, de conformidad con el artículo 26 del Decreto 1292 de 21
de mayo de 20034 y el artículo 2º del Decreto 4915 de 26 de diciembre de
20075, en concordancia con lo previsto en el parágrafo del artículo 25 del
Decreto Ley 254 de 21 de febrero de 20006, asumiría, una vez culminada
la liquidación del INCORA en Liquidación, la totalidad de los procesos
judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha entidad, al igual que
las obligaciones derivadas de ésta.
3
En adelante INCODER.
4
“Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación”,
expedido por el Presidente de la República.
5
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1292 de 2003”, expedido por el Presidente de la
República.
6
“Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”,
expedido por el Presidente de la República.
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Señaló que la finalidad perseguida por las normas demandadas es que
los avalúos gocen de claridad, transparencia y profesionalismo en la
materia, de tal manera que el Instituto cuente con las herramientas
adecuadas para facilitar la toma de una decisión económica, máxime
cuando se trata de adquisición de tierras.
Alegó que las normas acusadas no deben verse de manera aislada, sino
que deben estar acordes con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 80
de 28 de octubre de 19937, que contiene los principios de la contratación
estatal, desarrollados por los artículos 24, 26 y 29 ibidem, los cuales se
refieren a la transparencia de la actuación y al principio de
responsabilidad, con el cual debe proceder todo servidor público que
participe en el proceso de contratación pública y la ecuación contractual.
Anotó que los avalúos son una herramienta fundamental en el proceso
de toma de decisiones, respecto de los bienes inmuebles de los cuales
disponen los particulares, el sector productivo y el sector público.
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“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
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Explicó que con base en los avalúos se realizan múltiples y diversas
operaciones, que se ubican de manera transversal dentro de la cadena
de valor de los diferentes sectores de la economía nacional y mundial.
Manifestó que el papel del avaluador es neurálgico y, por lo tanto, el
usuario del servicio de avalúos necesita de personas idóneas, que
brinden conceptos ajustados a los más altos estándares técnicos y
metodológicos; y que, además, que ejerzan la actividad a la luz de los
más elevados valores éticos y morales, razón por la cual es fundamental
que se efectúe el control de calidad sobre los mismos, cuando se trata
del manejo de los bienes públicos.
Sostuvo que las disposiciones acusadas no violan los artículos 83 y 84
de la Constitución Política, ya que el control de calidad de los avalúos,
contrario a lo alegado por el actor, no se creó porque se asumiera la
mala fe o la falta de idoneidad de los peritos, sino para que se garantice
que la actuación administrativa se desarrollará de forma transparente.
Por último, advirtió que la mala fe debe ser probada y el actor no indicó
en qué consistía la violación al principio de buena fe.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
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A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,
probatoria y alegaciones.
A través de escrito de 6 de mayo de 20208, el Consejero de Estado
doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ manifestó impedimento para
conocer del presente asunto, el cual le fue aceptado por la Sala
mediante auto de 10 de noviembre de 20209, por lo que, en
consecuencia, se ordenó separarlo del conocimiento del mismo.
Por su parte, mediante escrito de 2 de noviembre de 202110, el
Consejero de Estado doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
también manifestó impedimento para conocer del presente asunto, el
cual le fue aceptado por la Sala a través de auto de la misma fecha11,
razón por la cual se ordenó separarlo del conocimiento del mismo.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
8
Folio 327.
9
Folios 328 a 330.
10
Índice núm. 21 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
11
Índice núm. 22 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
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IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta
instancia, el actor, a través de escrito visible a folios 206 a 209, insistió
en los argumentos expuestos en la demanda, en el sentido de que las
disposiciones acusadas violan los artículos 83 y 84 de la Constitución
Política y que se debe declarar su nulidad.
IV.2.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa12, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que
se denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia,
lo siguiente:
Expresó que le asiste razón al INCODER en cuanto a la falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la persona de
derecho público que, de conformidad con la ley sustancial, se
encuentra autorizada para intervenir en el proceso y contradecir las
pretensiones contenidas en la demanda, pues no es sujeto pasivo de
la relación jurídica sustancial debatida, objeto de la decisión del juez.
Precisó que es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el que
debe continuar atendiendo los procesos judiciales en los cuales es parte
12
Folios 214 a 221.
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el referido Instituto, de conformidad con lo señalado en los artículos 26
del Decreto 1292 y 2º del Decreto 4915.
Indicó que si bien el concepto de violación formulado por el
demandante es bastante confuso, es posible colegir de la demanda que
el argumento esencial para cuestionar las disposiciones acusadas
radica en que éstas establecen un requisito no previsto en la Ley 160,
consistente en un control de calidad sobre los avalúos comerciales
practicados y rendidos por los peritos contratados al interior de los
procesos administrativos de adquisición de tierras con fines de reforma
agraria.
Manifestó que la norma demandada del Decreto 1139 de 2005
dispone un control de calidad de avalúos comerciales, que practiquen
y rindan los peritos, ejercido por los interventores de los contratos u
órdenes de servicios, el cual está relacionado con el cumplimento de
los criterios, métodos y operaciones establecidas en el decreto y en el
procedimiento que expida el Gerente General del INCORA.
Aclaró que los mencionados interventores deben solicitar las
aclaraciones, complementaciones o correcciones cuando establezcan
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errores, omisiones o desviaciones en la elaboración del avalúo, siempre
que no constituyan error grave.
Sostuvo que el artículo 24 del Decreto 1139 acusado establece un
trámite que surte internamente el INCORA, con el fin de garantizar que
el avalúo comercial, previsto en los numerales 2 y 4 del artículo 32 de
la Ley 160, sea emitido cumpliendo con estándares técnicos y
metodológicos, máxime si se tiene en cuenta, como lo indicó el
apoderado del INCODER, que la adquisición de estos inmuebles se
realiza con dineros públicos, lo cual se encuentra en consonancia con
el principio de responsabilidad, señalado en la Ley 80.
Adujo que no se evidencia que el control de calidad de los avalúos,
dispuesto en la norma demandada, haya introducido una modificación
en el procedimiento para la adquisición, mediante negociación directa,
de tierras o mejoras, regulado en la Ley 160 y, en consecuencia, no es
cierto que el artículo 24 del Decreto 1139 acusado establezca un
requisito no previsto en la Ley 160, pues se trata de un mecanismo de
control interno que realiza la administración.
Puntualizó que los mismos razonamientos justifican la legalidad de la
Resolución demandada, puesto que dicho acto administrativo regula el
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procedimiento, elaboración y rendición de avalúos comerciales de
predios y mejoras rurales y, preceptúa, en su artículo 5º, el control
de calidad, siguiendo el artículo 24 del Decreto 1139 de 2005.
Resaltó que el control de calidad de los avalúos comerciales, dispuesto
en la anterior Resolución, al igual que en el artículo 24 del Decreto
1139 de 2005, establece un trámite interno dentro del INCORA, lo
cual puede ser acreditado por el mismo texto del citado artículo.
IV.3.- Las demandadas guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción de
“Falta de Legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la
acción en contra del INCODER”, propuesta por el mencionado Instituto,
para lo cual adujo que no está legitimada para intervenir en el presente
proceso, debido a que el ente idóneo es el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, que, de conformidad con el artículo 26 del Decreto
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1292 y el artículo 2o del Decreto 491513, en concordancia con lo
previsto en el parágrafo del artículo 25 del Decreto Ley 254 de 2000,
asumiría, una vez culminada la liquidación del INCORA en Liquidación,
la totalidad de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere
parte dicho Instituto, al igual que las obligaciones derivadas de éstos.
Para resolver lo anterior, se tiene que la legitimación en la causa por
pasiva alude a la aptitud que debe reunir la persona -natural o jurídica-
contra quien se dirige la demanda para oponerse jurídicamente a las
pretensiones que el demandante esgrime en su contra. Por lo anterior,
no basta con ser objeto de demanda para concurrir legítimamente a un
juicio, sino que es imperioso estar debidamente legitimado para ello14.
En el caso sub examine, se observa que la Resolución núm. 02965
de 12 de septiembre de 1995, acusada, fue expedida por el
Gerente General del INCORA; y que esta entidad entró en proceso de
liquidación y quedaría adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
13
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1292 de 2003”, expedido por el Presidente de la
República.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de junio de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación, 11001-03-24-000-2012-00125-00.
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Rural, a partir de la vigencia del Decreto 1292 de 21 de mayo de 2003,
conforme lo señala su artículo 1º, que es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 1º. Supresión y liquidación del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, Incora. Suprímese el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora,
establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley
135 de 1961 y reformado por la Ley 160 de 1994, adscrito al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En consecuencia, a partir de la vigencia del presente
decreto, dicho establecimiento entrará en proceso de
liquidación, el cual deberá concluir a más tardar en un
plazo de tres (3) años y utilizará para todos los efectos
la denominación Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, Incora en Liquidación y estará adscrito al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La liquidación se realizará conforme lo dispuesto en el Decreto-
ley 254 de 2000, mediante el cual se expide el régimen para la
liquidación de las entidades públicas del orden nacional y las
demás normas que lo modifiquen, sustituyan o
reglamenten. […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, se tiene que los artículos 26 del citado Decreto 1292 y 2º
del Decreto 4915 de 2007 dispusieron lo siguiente:
Decreto 1292
“[…] Artículo 26. Procesos judiciales. El Gerente Liquidador
deberá continuar atendiendo dentro del proceso de liquidación
los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los
que llegaren a iniciarse dentro de dicho término, hasta tanto se
efectúe la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Así mismo deberá presentar al Ministerio del
Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la
Nación, un inventario de todos los procesos judiciales y demás
reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, como
también, cuando ello sea procedente, deberá archivar los
procesos y reclamaciones con sus respectivos soportes y en los
términos señalados por las disposiciones legales vigentes.
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo asumirá, una
vez culminada la liquidación del Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, Incora en Liquidación, la totalidad
de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere
parte dicha entidad, al igual que las obligaciones
derivadas de estos. […]” (Destacado fuera de texto).
Decreto 4915
“[…]
Artículo 2°. Modificar el artículo 26 del Decreto 1292 de 2003,
el cual quedará así:
Artículo 26. Procesos Judiciales. El Gerente liquidador deberá
continuar atendiendo dentro del proceso de liquidación los
procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que
llegaren a iniciarse dentro de dicho término, hasta tanto se
efectúe la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y/o Instituto que asuma la ejecución de la
política agropecuaria y de desarrollo rural. Así mismo, deberá
presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de
Defensa Judicial de la Nación, un inventario de todos los
procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea
parte la entidad, como también, cuando ello sea procedente,
deberá archivar los procesos y reclamaciones, con sus
respectivos soportes y en los términos señalados por las
disposiciones legales vigentes.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumirá,
una vez culminada la liquidación del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en
Liquidación, los procesos judiciales y reclamaciones en
que fuere parte dicha entidad, a excepción de los
procesos y reclamaciones que se relacionen con los
bienes inmuebles que hacen parte del Fondo Nacional
Agrario que serán asumidos por la entidad que tenga a
su cargo la ejecución de la política agropecuaria y de
Desarrollo Rural y cada entidad que recibe asumirá las
obligaciones derivadas de estos procesos y
reclamaciones. […]” (Destacado fuera de texto).
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De manera, que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, entidad que
fue vinculada a este proceso, era la encargada, una vez culminada la
liquidación del INCORA en Liquidación, de la totalidad de los procesos
judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha entidad, al igual
que las obligaciones derivadas de éstos.
Por ende, acertó el Ministerio Público cuando en su alegato de
conclusión señaló que le asistía razón al INCODER y que se debía
declarar probada dicha excepción, toda vez que no es la persona de
derecho público que, de conformidad con la ley sustancial, se
encuentra autorizada para intervenir en el proceso y contradecir las
pretensiones contenidas en la demanda, sino que lo es el Ministerio en
mención, el que debe continuar atendiendo los procesos judiciales en
los cuales es parte el referido Instituto.
En consecuencia, se declarará probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el INCODER y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Precisado lo anterior, la Sala observa que el presente asunto se
contrae a establecer la legalidad de los artículos 24 del Decreto 1139
de 30 de junio de 1995, “[…] por el cual se reglamenta la Ley 160
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de 1994, en lo relativo a la elaboración del avalúo comercial de predios
y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la
intervención de peritos en los procedimientos administrativos agrarios
de competencia del INCORA […]”, expedido por el Presidente de la
República, y 5º de la Resolución núm. 02965 de 12 de septiembre
de 1995, “[…] por la cual se establece el procedimiento para la
práctica, elaboración y rendición de los avalúos comerciales de predios
y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se
dictan otras disposiciones […]”, emanada del Gerente General del
INCORA.
Las disposiciones acusadas son del siguiente tenor:
“DECRETO 1139 DE 1995
(junio 30)
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de
1994, en lo relativo a la elaboración del avalúo
comercial de predios y mejoras que se adquieran para
fines de reforma agraria y la intervención de peritos en
los procedimientos administrativos agrarios de
competencia del Incora.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las que
le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política,
DECRETA:
[…]
Artículo 24. Control de calidad. Además de las atribuciones
que establezcan las normas de contratación, los interventores
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de los contratos u órdenes de servicios realizarán un control de
calidad de los avalúos comerciales que practiquen y rindan los
peritos, el cual versará sobre el cumplimiento de los criterios,
métodos y operaciones establecidas en este Decreto y en el
procedimiento que expida el Gerente General del Incora para
la investigación y procesamiento de la información relacionada
con los avalúos, con el objeto primordial de que los resultados
reflejen el valor comercial de los inmuebles y mejoras.
Cuando el interventor establezca errores, omisiones o
desviaciones en la elaboración del avalúo, deberá solicitar las
aclaraciones, complementaciones o correcciones que considere
pertinentes, siempre que ellas no constituyan error grave. […]”
(Las subrayas fuera de texto).
“RESOLUCIÓN NÚMERO 02965 DE 1995
(12 sept. 1995)
Por la cual se establece el procedimiento para la
práctica, elaboración y rendición de los avalúos
comerciales de predios y mejoras rurales que se
adquieran para fines de reforma agraria y se dictan
otras disposiciones.
EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE LA REFORMA AGRARIA
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial
las contenidas en el Decreto 1139 de 1995.
RESUELVE:
[…]
Artículo 5º. Control de calidad. Los avalúos comerciales
estarán sujetos a un control de calidad que se llevará a cabo
por el INCORA, el cual versará sobre el cumplimiento de los
criterios, métodos, operaciones y el procedimiento establecido
en el Decreto 1139 de 1995 y la presente Resolución para la
práctica, elaboración y rendición de los avalúos comerciales en
predios y mejoras rurales.
Para efectos del control de calidad, el Instituto podrá comparar
los valores unitarios del avalúo respectivo con los practicados
al mismo predio o con otros avalúos efectuados en la misma
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zona homogénea física en los dos (2) últimos años,
actualizando los precios de acuerdo al Índice de Precios al
Productor del sector agropecuario (IPP), o utilizar otro método
de comparación.
Para tales efectos, el INCORA establecerá un Banco Nacional
de Datos, donde se llevará un control de predios avaluados por
veredas, municipios y departamentos, fecha de realización y
valores e información sobre identificación física de los mismos,
que sirvan de referencia para el control de calidad de nuevos
avalúos. También se consultarán las zonas homogéneas físicas
y las zonas homogéneas geoeconómicas que se encuentran
establecidas por las oficinas de Catastro o el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
Una vez el Instituto haya verificado el cumplimiento de los
requisitos, actuaciones y demás exigencias contempladas en la
Ley 160 de 1994 y los reglamentos que fueren pertinentes, el
Decreto 1139 de 1995 y la presente Resolución, se procederá
a tramitar los informas de avalúo correspondientes. […]”.
Además de las atribuciones que establezcan las normas de
contratación, los interventores de los contratos u órdenes de
servicios realizarán un control de calidad de los avalúos
comerciales que practiquen y rindan los peritos, el cual versará
sobre el cumplimiento de los criterios, métodos y operaciones
establecidas en este Decreto y en el procedimiento que expida
el Gerente General del Incora para la investigación y
procesamiento de la información relacionada con los avalúos,
con el objeto primordial de que los resultados reflejen el valor
comercial de los inmuebles y mejoras.
Cuando el interventor establezca errores, omisiones o
desviaciones en la elaboración del avalúo, deberá solicitar las
aclaraciones, complementaciones o correcciones que considere
pertinentes, siempre que ellas no constituyan error grave.
[…]” (Destacado fuera de texto).
El actor alegó la violación de los artículos 83 y 84 de la Constitución
Política, al considerar que el Ejecutivo no estaba facultado, a través de
las disposiciones acusadas, para exigir un control de calidad sobre los
avalúos comerciales practicados y rendidos por los peritos contratados,
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en los procesos de adquisición de tierras con fines de reforma agraria,
debido a que dicha exigencia solo podía ser adoptada por el legislador,
mediante leyes.
Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente:
Del texto del Decreto 1139 acusado, específicamente de su
encabezado, se desprende que este fue expedido por el Gobierno
Nacional para reglamentar parcialmente la Ley 160, en lo relativo a la
elaboración del avalúo comercial de predios y mejoras que se
adquieran para fines de reforma agraria y la intervención de peritos
en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del
INCORA, en ejercicio de la atribución que le ha conferido el artículo
189, numeral 11, de la Constitución Política.
El citado artículo 189, numeral 11, establece:
“[…] Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición
de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la
cumplida ejecución de las leyes […]”. (Destacado fuera de texto.)
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Frente al alcance de la potestad reglamentaria, esta Sección, en
sentencia de 6 de junio de 201315, precisó lo siguiente:
“[…] Constitucionalmente la potestad reglamentaria pertenece
al Presidente de la República (Artículo 189 (11) Superior),
quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes; actos que de acuerdo con
lo previsto en el artículo 115 Superior, revisten una forma
especial, en la medida en que deben contar con la firma del
Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo,
quienes por ese hecho se hacen responsables.
El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto dictar
las normas complementarias necesarias para la cumplida
ejecución de una regulación. Por ello, el acto reglamentario es
un acto complementario de la regulación y no una creación
originaria como ésta.
Así, en sentencia de febrero 8 de 200016, la Sala Plena del
Consejo de Estado, sobre esta temática, puntualizó:
“El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución al
Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa, con la finalidad de que expida normas de carácter
general para la correcta ejecución de la ley. Por ser una
atribución propia que le confiere la Carta Política, no requiere de
una norma legal que expresamente la conceda y se caracteriza
además por ser atribución inalienable, intransferible e
inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es irrenunciable,
aunque no es un poder absoluto pues se halla limitado por
la Constitución y la ley, ya que al ejercerla el Presidente
de la República no puede alterar o modificar la ley que
reglamenta.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de
2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00284-00.
Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2012-00074-00).
16
M.P. Dr. Javier Díaz Bueno, Radicación C-761.
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Los límites de la potestad reglamentaria están señalados en
cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente
la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos
los elementos indispensables para su cumplimiento, nada
habrá de agregársele y, por consiguiente, no habrá oportunidad
para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan
en ella detalles necesarios para su correcta aplicación
habrá lugar a proveer a la regulación de esos detalles,
en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros
términos, tanta será la materia reglamentable cuanta
determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley...”
Las negrillas y subrayas fuera de texto.)
Y, en Sentencia de octubre 26 de 199917, la Sala Plena del H.
Consejo de Estado, acerca del alcance de la potestad
reglamentaria, dijo:
“(…) Los límites de la potestad reglamentaria están señalados
en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada
cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley
suministra todos los elementos indispensables para su
ejecución nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no
habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad
reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios
para su correcta aplicación hay lugar a proveer a la
regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria. En otros términos, tanta será la materia
reglamentable cuanta determine la necesidad de dar
cumplimiento a la ley. El reglamento desarrolla y
complementa la ley reglamentada, con el objeto de
asegurar su ejecución. La potestad reglamentaria de las
leyes está referida a cualesquiera leyes, sin distinciones, que
no las establece la norma constitucional". Ahora bien, la
potestad de reglamentar la ley no puede confundirse con la
facultad de expedir actos administrativos de carácter general.
Es así que, según lo expuesto, en ejercicio de la potestad
reglamentaria se expiden decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para que la ley pueda ser ejecutada, en tanto que
mediante los actos que se expidan en ejercicio de la facultad
de dictar actos de carácter general se ejecuta la ley. Además,
la potestad de reglamentar la ley es atribución del
Presidente de la República, según lo establecido en el
artículo 189, numeral 11, de la Constitución, en tanto que
17
M.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación IJ-007
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de la facultad de expedir actos administrativos de carácter
general están investidas muchas autoridades [...]” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).
De tal manera que al hacerse uso de dichas potestades, el Ejecutivo debe
inspirarse en el propósito de desarrollar, aclarar, complementar y hacer
mucho más explícita la norma de carácter legislativo que le sirve de
sustento, en orden a facilitar y asegurar su ejecución y correcto
cumplimiento.
En desarrollo de tales funciones, como se puso de presente anteriormente,
el Presidente de la República expidió el Decreto 1139 de 30 de junio de
1995, acusado, con el objeto de desarrollar reglamentariamente la
elaboración del avalúo comercial de predios y mejoras que se adquieran
para fines de reforma agraria y la intervención de peritos en los
procedimientos administrativos agrarios de competencia del INCORA, de
que trata la Ley 160, “[…] Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio
para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones […]”.
La citada Ley 160 prevé:
“[…]
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ARTÍCULO 32. Cuando se trate de los programas previstos en
el artículo anterior18, para la adquisición de los predios
respectivos el Instituto se sujetará al siguiente
procedimiento:
1. Con base en la programación que se señale anualmente, el
Instituto practicará las diligencias que considere necesarias
para la identificación, aptitud y valoración de los predios rurales
correspondientes.
2. El precio máximo de negociación será el fijado en el avalúo
comercial que para tal fin se contrate con personas
naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, de
acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.
[…]
4. El propietario dispone de un término de diez (10) días,
contados a partir de la fecha en que quede perfeccionada la
comunicación, para aceptarla o rechazarla. Dentro del mismo
término y por una sola vez, podrá objetar el avalúo por error
grave o cuando hubiere sido expedido con antelación superior
a un año. Las objeciones al avalúo inicial, o su actualización,
serán diligenciadas por peritos diferentes a los que hubieren
intervenido con anterioridad. […]” (Destacado fuera de texto).
En efecto, el citado artículo 32 de la Ley 160 antes enunciado
claramente determinó la necesidad de que la misma fuera
18
“[…] ARTÍCULO 31. Son motivos de interés y de utilidad pública para la adquisición y expropiación de
bienes rurales de propiedad privada, o los que formen parte del patrimonio de entidades de derecho
público, los definidos en los ordinales segundo, tercero y quinto del artículo 1º de la presente ley.
En consecuencia, podrá el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adquirir mediante negociación
directa tierras o mejoras, o decretar su expropiación, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de
interés social y utilidad pública definidos en esta Ley, en los siguientes casos:
[…]”.
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reglamentada con el objeto de asegurar su correcta aplicación o
ejecución, cuando señaló:
“[…] El precio máximo de negociación será el fijado en el
avalúo comercial que para tal fin se contrate con personas
naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, de
acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional. […]” (Destacado fuera de texto).
De ahí que resulta evidente que se requería la expedición de una norma
reglamentaria, como es la disposición acusada del Decreto 1139
de 2005, para que desarrollara y complementara lo relacionado con la
elaboración del avalúo comercial contratado con personas naturales o
jurídicas legalmente habilitadas para la adquisición de los predios para
fines de reforma agraria, en orden a garantizar la cumplida ejecución
de la Ley 160, que le sirvió de sustento.
Al respecto, se precisa que el Gobierno Nacional, a través del artículo
24 acusado del Decreto 1139, en ejercicio de su potestad
reglamentaria (artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política), se
limitó a reglamentar lo relativo al procedimiento, al cual debía
sujetarse el INCORA, con respecto a los avalúos comerciales, que
deben rendir los peritos o las personas naturales o jurídicas legalmente
habilitadas, para la adquisición de los predios, estableciendo un control
calidad, con el objeto de que los resultados reflejen el valor comercial
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de los inmuebles y sus mejoras, de conformidad con lo previsto en la
Ley 160, que en su artículo 32, numeral 2, dispuso:
“[…] de acuerdo con el reglamento que para el efecto
expida el Gobierno Nacional. […]”.
Así, pues, la disposición demandada del Decreto 1139 no
desbordó las facultades del Gobierno Nacional ni sobrepasó los
lineamientos dispuestos en la norma que le sirve de fundamento, en
tanto el establecimiento de un control de calidad de los avalúos
comerciales que deben rendir los peritos o personas naturales o
jurídicas legalmente habilitadas para ello, de los predios que adquiera
el Instituto INCORA, y que debe versar sobre el cumplimiento de los
criterios, métodos y operaciones establecidas en el mismo Decreto y
en el procedimiento que expida el Gerente General del INCORA, para
garantizar que se cumpla con el objetivo primordial de que los mismos
reflejen el valor comercial de los inmuebles y mejoras, no introduce
una modificación en el procedimiento para la adquisición, mediante
negociación directa, de tierras o mejoras, regulado en la Ley 160.
No puede perderse de vista, como lo precisó esta Sección, en la citada
sentencia de 6 de junio de 2013, que si faltan en la ley, detalles
necesarios para su correcta aplicación hay lugar a proveer a la
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regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria.
Así las cosas, la Sala observa que el Gobierno Nacional sí estaba
facultado para expedir el artículo 24 acusado del Decreto 1139,
por virtud de la potestad reglamentaria que le confiere el artículo 189,
numeral 11, de la Constitución Política y de lo dispuesto en la Ley 160,
en su artículo 32.
Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento del
acto administrativo acusado, pues así lo pone de presente en su
encabezamiento, cuando además de invocar la atribución del precitado
artículo 189 constitucional, alude a la Ley 16019.
Ahora, en lo que respecta al artículo 5º de la Resolución núm.
02965 de 12 de septiembre de 1995, demandado, la Sala debe,
en primer término, señalar que el Gerente General del INCORA sí
estaba facultado para expedirlo, con fundamento en la atribución
19
“[…] por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboración del
avalúo comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervención
de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del Incora.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, […]”
(Destacado fuera de texto).
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conferida por el Decreto 1139 de 1995 (también acusado), que, a su
vez, fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria conferida
al Presidente de la República por el artículo 189, numeral 11, de la
Constitución Política y con sujeción a la habilitación legislativa otorgada
a él por la Ley 160.
En efecto, el citado artículo 24 del Decreto 1139 estableció la referida
atribución, de la siguiente manera:
“[…] Artículo 24. Control de calidad. Además de las
atribuciones que establezcan las normas de contratación, los
interventores de los contratos u órdenes de servicios realizarán
un control de calidad de los avalúos comerciales que practiquen
y rindan los peritos, el cual versará sobre el cumplimiento
de los criterios, métodos y operaciones establecidas en
este Decreto y en el procedimiento que expida el Gerente
General del Incora para la investigación y procesamiento de
la información relacionada con los avalúos, con el objeto
primordial de que los resultados reflejen el valor comercial de
los inmuebles y mejoras. […]” (Destacado fuera de texto).
En segundo término, cabe precisar que el Gerente General del INCORA
cuando sujetó los avalúos comerciales de predios y mejoras rurales a
un control de calidad, el cual debe versar sobre el cumplimiento de los
criterios, métodos y operaciones establecidas en esa Resolución, así
como en el Decreto 1139, mediante el artículo 5º acusado de la
Resolución núm. 02965 de 12 de septiembre de 1995, en
ejercicio de la atribución conferida por el referido Decreto 1139 de 1995
y de la habilitación legislativa otorgada por la precitada Ley 160, estaba
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desarrollando la facultad de dictar reglamentos o actos administrativos
de contenido general o de reglamentación de segundo grado, la cual
se circunscribe a las materias que expresamente le señala Ley, así
como a los decretos o reglamentos que expida el Presidente de
la República.
En tratándose de la facultad de reglamentación de segundo grado o
derivada, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 13
de septiembre de 200720, señaló:
“[…] En sentencia de 23 de mayo de 2002, al examinar análoga
temática en relación con actos reglamentarios expedidos por el
Director de la DIAN, la Sala caracterizó la facultad
reglamentaria de los directores de Departamentos
Administrativos para expedir actos administrativos de
carácter general en asuntos de su especialidad. Se refirió
a esta como una facultad reglamentaria de «segundo
grado» en tanto se ejerce con sujeción a la ley y al
reglamento. Las consideraciones allí expuestas son
enteramente aplicables a la facultad reglamentaria que ejercen
los Ministros como jefes de la administración en el sector y
sistema a que pertenece su dependencia. Dijo la Sala:
«La acusación fundamental es la de que con la
expedición de esa resolución, la Directora General de
Impuestos y Aduanas Nacionales está ejerciendo la
potestad reglamentaria que el artículo 189, numeral 11,
le atribuye de manera exclusiva al Presidente de la
República, por cuanto el objeto reglamentado es un
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
septiembre de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-
00254-01. Criterio reiterado en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de
radicación 11001-03-24-000-2014-00453-00).
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Actor: MILTON JOSÉ ALGARÍN ARCÓN
decreto reglamentario especial, de ley marco, de modo
que dicha funcionaria carece de competencia para ello,
puesto que no le ha sido delegada y es exclusiva del
Presidente de la República. La Sala observa que esa
argumentación de la actora, con la cual coincide el
Ministerio Público, no es acertada, puesto que es
evidente que la resolución enjuiciada no está
reglamentando una ley o una norma con fuerza de ley,
que es el objeto propio de la potestad reglamentaria, la
cual constitucionalmente está en cabeza del Presidente
de la República, como cláusula general de competencia
en relación con todas las normas de esa jerarquía
jurídica, en cuanto justamente está prevista “para la
cumplida ejecución de las leyes.” … En este sentido le
asiste razón a la entidad demandada al advertir que no
se está ejerciendo la potestad reglamentaria consagrada
en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución
Política. .. La Sala la ha considerado como una
reglamentación de segundo grado o derivada,
para distinguirla de la que se hace para desarrollar
directamente la ley o normas con fuerza de ley
como las contenidas en los decretos leyes.» 21
Las competencias de reglamentación de las
autoridades deben interpretarse sistemática y
teleológicamente, a la luz de la concepción de la
Administración Pública y del Estado Unitario
Colombiano plasmada en la Constitución Política,
de los principios que rigen la función
administrativa conforme al artículo 209 CP, y en
consonancia con los lineamientos trazados en la
Ley 489 de 1998 para la Función Administrativa y
la Administración Pública.
[…]
Su premisa es la imposibilidad material de que el
Presidente de la República ejerza de manera
personal todas y cada una de las facultades de
reglamentación necesarias para el desempeño de
la Administración Pública.
Ante esta realidad incontrovertible, la puesta en marcha
de esquemas y estrategias de descentralización,
21
C.P. Manuel Urueta Ayola. Expediente No. 7536
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Actor: MILTON JOSÉ ALGARÍN ARCÓN
delegación y desconcentración, así como la
conformación de sectores y de sistemas sectoriales de
gestión se hace imprescindible para que la función
administrativa pueda desarrollarse con fundamento en
los principios de celeridad, eficacia y economía,
conforme lo preceptúa el artículo 209 CP y para que
sirva a la comunidad, promueva la prosperidad general
y haga efectivos los fines estatales previstos en el
artículo 2º ídem.
Es común a estos institutos jurídicos el objetivo de
facilitar el ejercicio de la función administrativa con
fundamento en los principios fijados por el artículo 209
C.P. Se trata de modalidades organizacionales
arbitradas en la Constitución para el ejercicio de la
función administrativa.
El principio del efecto útil de las normas obliga a
desechar esa interpretación pues de acogerse, se haría
nugatoria la competencia que constitucionalmente
corresponde a los Ministros conforme al artículo 208 de
la Constitución…
La Administración Pública requiere día a día de
una más ágil capacidad para satisfacer las
demandas ciudadanas. Ello supone que el proceso
de toma de decisiones y de ajuste a las
condiciones cambiantes de las políticas públicas
se haga a través de procedimientos ágiles. […]”
(Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Además, conviene precisar, respecto de la facultad de reglamentación
de segundo grado o derivada, que esta se justifica en la medida en que
es en los organismos administrativos en los que reposa la información
directamente relacionada con el funcionamiento práctico de las
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herramientas de creación legislativa, conforme lo consideró la Sección
Primera, en sentencia de 18 de julio de 201922, en la que sostuvo:
“[…] Se sale de los parámetros y principios de la administración
moderna y de la complejidad del Estado colombiano, pretender
que aún este tipo de reglamentación deba ser expedido por el
Presidente de la República, más cuando son tantas las materias
y los niveles jerárquicos en que ello se requiere, que generaría
una concentración y dilación contraria a los principios de
eficacia, economía y celeridad consagrados en el referido
artículo 209 de la Constitución Política, para cuyo
cumplimiento, justamente, la misma norma prevé los
mecanismos de la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
La potestad normativa residual, secundaria y derivada
se justifica en la medida en que es en los organismos
administrativos en donde reposa la información
directamente relacionada con el funcionamiento práctico
de las herramientas de creación legislativa. La
inmediación que se da entre dichos entes, los temas reales de
implementación de la legislación y sus usuarios, imponen que
sean aquellos los que señalen la microregulación de la Ley.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, fue en ejercicio de la facultad de reglamentación de
segundo grado o derivada y a la luz de las disposiciones legales antes
enunciadas, que el Gerente General del INCORA expidió el artículo
acusado de la Resolución núm. 02965 de 1995, con relación al
control de calidad de los avalúos comerciales de predios y mejoras
rurales que se adquieran para fines de reforma agraria.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00163-00.
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En este orden de ideas, no le asistió razón al actor cuando sostuvo que
mediante el artículo 24 del Decreto 1139 demandado no se podía
establecer un control de calidad a los avalúos comerciales, que deben
rendir los peritos, para la adquisición de los predios por el INCORA, y
a través del artículo 5º de la Resolución núm. 02965 acusado,
tampoco se podía desarrollar la ley concerniente a los avalúos
comerciales y disponer un control de calidad de los mismos, habida
cuenta que el Presidente de la República estaba facultado para expedir
dicho artículo 24 demandado, por virtud de la potestad
reglamentaria que le confiere el artículo 189, numeral 11, de la
Constitución Política y con fundamento en la Ley 160, y el Gerente
General del INCORA tenía competencia para expedir el citado artículo
5º acusado, en ejercicio de la facultad de reglamentación de segundo
grado o derivada y con sujeción a la atribución conferida por el citado
Decreto 1139 de 1995.
En tal sentido, no se advierte que se haya violado el principio de buena
fe, previsto en el artículo 8323 de la Constitución Política, ni el artículo
23
“[…] Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas. […]”.
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8424 ibidem, al establecerse un control de calidad para los avalúos
comerciales, que se deben realizar de los predios y mejoras rurales,
porque además de que ello no presume la mala fe de las personas que
deben realizar esos avalúos y que dicha mala fe no fue probada25, el
Presidente de la República y el Gerente General del INCORA sí podían
establecer dicho control técnico, en razón a que se limitaron a
desarrollar y complementar la ley y el decreto reglamentario que les
sirvieron de fundamento, es decir, sin sobrepasar los lineamientos
dispuestos en ellos, y en virtud de la potestad reglamentaria que le
confiere el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política y la
facultad de reglamentación de segundo grado o derivada.
24
“[…] Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las
autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su
ejercicio. […]”.
25
Sobre la presunción de buena fe y el deber de quien alegue la mala fe de demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 23 de marzo de 2017,
precisó lo siguiente:
“[…] De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garantía para los principios de buena
fe y confianza legítima de los particulares, pues la devolución de las sumas pagadas por prestaciones
periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar
a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar,
no habrá lugar a ordenar reintegro alguno.
El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los
particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y
oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional,
se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado,
siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta
[…]” (Destacado fuera de texto).
(Consejo de Estado, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, núm. único de radicación 19001-23-31-000-2012-
00251-01 (2036-2015).
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Actor: MILTON JOSÉ ALGARÍN ARCÓN
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas
invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga la
presunción de legalidad que ampara a los artículos 24 del Decreto
1139 de 30 de junio de 1995 y 5º de la Resolución núm. 02965
de 12 de septiembre de 1995 y no se acceda a las súplicas de la
demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el INCODER, por las razones
aducidas en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de marzo de 2022.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ALFREDO BELTRÁN SIERRA JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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