Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00222-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00222-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00222-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación número: 11001 03 24 000 2011 00222 00
Referencia: Acción de nulidad
Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, POR
CUANTO NO SE PROBÓ QUE LOS ACUERDOS NÚMS. 10 Y 11 DE 22 DE
DICIEMBRE DE 2010, EXPEDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD, HAYAN VULNERADO NORMAS SUPERIORES, NO FUERON
EXPEDIDOS DE MANERA IRREGULAR, TAMPOCO POR FUNCIONARIO
INCOMPETENTE, NI CON EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES. NO ES
PROCEDENTE LA NULIDAD DEL ACUERDO NÚM. 001 DE 2011, POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor
JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA, en ejercicio de la acción de nulidad1,
contra los acuerdos núms. 10 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio
del cual se modifican los artículos 20 literal i), 23 24, 25 literal c)
y se adiciona un literal al artículo 28 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico”; 11 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio
del cual se expide el Reglamento Electoral de la Universidad del
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Prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (CCA), derogado por la Ley 1437 de 2011,
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00222 00
Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
Pacífico y se derogan los Acuerdos 003/2004, 006/2007,
008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y 008/2010”;
expedidos por el CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL
PACÍFICO2.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, señala los siguientes:
Afirma que el Consejo Superior de la Universidad expidió el Acuerdo
núm. 10 de 22 de diciembre de 2010, mediante el cual modificó los
artículos 20, literal i); 23; 24; y 25, literal c) del Estatuto General de la
Universidad; y adicionó un literal al artículo 28 de dicho estatuto.
Menciona que el Consejo Superior de la Universidad expidió el Acuerdo
núm. 11 de 22 de diciembre de 2010, por medio del cual adoptó el
Reglamento Electoral de la Universidad y derogó los acuerdos 003/2004,
006/2007, 007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y
008/2010.
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En adelante la Universidad.
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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
Informa que el 23 de marzo de 2011 presentó al Consejo Superior
Universitario la solicitud de revocatoria directa contra los actos
demandados, la cual fue resuelta de manera negativa mediante la
Resolución núm. 001 de 27 de abril de 2011.
I.2- A juicio del actor, acuerdos demandados fueron expedidos en forma
irregular, por funcionario incompetente y con violación de las normas
superiores en que debían fundarse.
Las normas que estima infringidas, son:
1. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales -PIDESC: artículo 2.1.
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 26.
3. Constitución Política: artículos 6°, 67, 69 y 121.
4. Acuerdo núm. 014 de 27 de mayo de 2005, expedido por el Consejo
Superior de la Universidad – Estatuto General3: artículos 1°,15, 17,
18 y 19, literal d).
En el cargo de violación de las normas superiores, explica que los
actos acusados infringen el principio de democracia participativa, el
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Acuerdo Núm.014 de 2015. “Por el cual se refrendan los Estatutos y Reglamentos de la Universidad”. En
adelante el Estatuto General de la Universidad.
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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
principio de progresividad y la prohibición de no regresividad de los
derechos económicos, sociales y culturales.
En relación con la expedición irregular, expone que el Consejo Superior
Universitario expidió los actos acusados en sesión realizada en un lugar
diferente al domicilio principal de la Universidad. Además, expresa que
los acuerdos en comento se motivaron con base en un documento
inexistente, esto es, la certificación de la Comisión de Verificación de la
Universidad.
Frente al cargo de expedición por funcionario incompetente, alegó que
los actos administrativos demandados violan la “unidad de mando” y lo
establecido en el artículo 15 del Estatuto General de la Universidad, según
el cual el presidente del Consejo Superior Universitario será el ministro de
Educación o su delegado y en su ausencia será presidido por el miembro
que designe el resto de sus integrantes. La vulneración, en su criterio, se
produjo porque los actos en cita fueron firmados por dos miembros del
Consejo Superior Universitario como presidentes cuando solo un miembro
puede ocupar este cargo.
Advirtió que se configuró una extralimitación de la autonomía
universitaria porque con los actos censurados el Consejo Superior de la
Universidad disminuye la intervención de la comunidad académica en la
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designación del rector de la Universidad y crea una nueva ponderación o
valoración para la elección del representante legal del ente educativo.
Finalmente, adujo que, por sustracción de materia, al declarase nulos los
actos acusados que fundamentaron el Acuerdo núm. 001 de 26 de enero
de 2011, que convoca y adopta el cronograma para el proceso de
designación del rector de la Universidad, este acto administrativo también
debe declararse nulo.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UNIVERSIDAD, actuando por conducto de apoderado, contestó la
demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo lo
siguiente:
Que los actos administrativos demandados no violan las normas
constitucionales, legales o estatutarias invocadas en la demanda, toda
vez que la modificación del Estatuto General Universitario y la expedición
del reglamento electoral se efectuó de acuerdo con el procedimiento
establecido y con la participación de todos los estamentos de la
universidad que tienen representación en el Consejo Superior
Universitario, entre ellos, la comunidad académica.
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Advirtió que no le asiste razón a la parte actora al señalar que se
disminuyó la participación en la designación del rector o se extralimitó la
autonomía universitaria, pues lo cierto es que los procedimientos
adoptados en los actos acusados se efectuaron de manera consensuada
y con sujeción al debido proceso.
Sostuvo que los actos acusados no se expidieron de manera irregular, en
atención a que el reglamento del Consejo Superior no establece un sitio
exclusivo o excluyente donde deban celebrarse las reuniones del
colegiado.
De igual manera, afirmó que la certificación de la Comisión de Verificación
de la Universidad, alegada como inexistente, es posterior a la expedición
de los acuerdos de la referencia; además, únicamente documenta que el
texto de los acuerdos controvertidos corresponde a lo debatido y
aprobado previamente y su emisión se hizo con el fin de lograr una
confiabilidad general de los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de diciembre
de 2010 antes de realizar la publicación en el Diario Oficial, la cual se llevó
a cabo a través del ejemplar núm. 47960 de 22 de enero de 2011.
Precisó que los actos demandados fueron firmados por dos presidentes
del Consejo Superior Universitario, debido a que el parágrafo 2° del
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artículo 15 del Estatuto General de la Universidad establece que “en
ausencia del Ministro de Educación o su delegado presidirá el Consejo el
miembro que designe el resto de integrantes del mismo”; por ende,
cuando la delegada del Ministerio de Educación se ausenta antes de
terminada la sesión, se procede a nombrar por unanimidad de los
miembros un presidente para que continúe hasta el final de la misma. En
consecuencia, los dos presidentes que actúen durante la sesión suscriben
los actos que se generen y las actas de las sesiones.
Finalmente, en cuanto a la nulidad del Acuerdo núm. 001 de 26 de enero
de 2011 (convocatoria y adopción del cronograma para designación del
rector de la Universidad), adujo que se encuentra expedido de manera
legal y cumple con los postulados que establece el reglamento electoral
de la Universidad.
III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió
concepto, en el que señaló que los actos acusados no violan derechos
fundamentales del estamento universitario, no transgreden la inspección
y vigilancia del presidente de la República en la educación pública, no
sobrepasan los límites de la ley y no extralimitan el principio de autonomía
universitaria, por lo siguiente:
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Con relación a la expedición de los actos acusados en sesión realizada en
un lugar diferente al domicilio principal de la Universidad, por un lado,
indicó que no existe regla consignada en los Estatutos de la Universidad
que obligue a los miembros del Consejo Superior a reunirse única y
exclusivamente en el municipio de Buenaventura – Valle del Cauca; y, por
el otro, que a dicha sesión del Consejo Superior, de 22 de diciembre de
2010, asistieron todos sus miembros, existiendo quórum para deliberar y
tomar decisiones, se discutieron los acuerdos acusados y se aprobaron
por la totalidad de sus miembros, lo que no evidencia trasgresión alguna
de los artículos 6 y 121 de la Constitución Política.
En cuanto a la certificación de la Comisión de Verificación de la
Universidad de la que hablan los acuerdos en mención, expresó que esta
no integra la parte considerativa ni la resolutiva de los actos enjuiciados.
Que, por el contrario, se hace alusión a dicha certificación con
posterioridad a las firmas de los presidentes del Consejo Superior y de la
secretaria general, razón por la que el hecho de que la citada certificación
no se allegue con los actos administrativos no los vicia de nulidad.
Anotó que la nulidad del Acuerdo núm. 001 de 26 de enero de 2011, que
convoca y adopta el cronograma para el proceso de designación del rector
de la Universidad, no debe prosperar en atención a que el haber sido
expedido con fundamento en los actos administrativos demandados, una
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vez se acceda a la nulidad de estos, genera pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo que no constituye causal de nulidad de este.
Respecto a la vulneración del principio de progresividad de los derechos
sociales, económicos y culturales, dentro de los cuales se encuentra la
educación, manifiesta que con los actos acusados no se desconoce la
formación académica de las personas ni se infringe el acceso de las
personas al sistema educativo, por lo cual no puede entenderse que exista
violación del artículo 67 de la Constitución Política ni de las disposiciones
de los instrumentos internacionales relacionados con este derecho y su
progresividad.
Asimismo, en lo relativo a la limitación de la participación de la comunidad
académica en la elección del rector, precisó que el hecho de que se
establezcan criterios objetivos relacionados con la hoja de vida de los
aspirantes y la propuesta de desarrollo institucional confiera una
puntuación en relación con ellos, constituye un desarrollo válido del
principio de autonomía universitaria que permite seleccionar a las
personas más capacitadas para ocupar el cargo del representante legal
del ente educativo.
Por lo tanto, estima que en el caso sub lite, el actor no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre
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de 2010, expedidos por el Consejo Superior de la Universidad, por lo que
solicita denegar las pretensiones de la demanda.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El actor y la parte demandada, en esta etapa procesal, guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Los actos acusados
Los actos administrativos demandados son:
-. Acuerdo núm. 10 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio del cual
se modifican los artículos 20 literal i), 23, 24, 25 literal c) y se adiciona
un literal al artículo 28 del Estatuto General de la Universidad”, expedido
por el Consejo Superior de la Universidad, en el que se dispone lo
siguiente:
“[…] Artículo Primero: Modificar el artículo 20 literal i) del Estatuto
General de la Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “El Consejo
Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad y está
integrado por: i) Un representante de los estudiantes con su respectivo
suplente, elegido por la comunidad estudiantil para un periodo de año
y medio.”
El nuevo texto del artículo 20 literal i) del Estatuto General quedará
así: “Un representante de los estudiantes con su respectivo suplente,
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elegido por la comunidad estudiantil para un periodo de dos (2) años
y podrá ser reelegido por una sola vez por el mismo estamento.”
Artículo Segundo: Modificar el artículo 23 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “El Rector será designado
por el Consejo Superior, mediante decisión mayoritaria de sus
miembros, para un periodo de tres (3) años y podrá ser reelegido.”
El nuevo texto del artículo 23 del Estatuto General quedará así: “El
Rector será designado por el Consejo Superior, mediante votación
nominal, por decisión mayoritaria de sus miembros, para un periodo
de cuatro (4) años y podrá ser reelegido por una sola vez.”
Artículo Tercero: Modificar el artículo 24 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “Para ser un Rector de la
Universidad se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio; poseer
título universitario y de postgrado, poseer experiencia profesional no
menor de cinco años en el sector universitario, en el sector productivo
o en el servicio público y ser persona de reconocida y meritoria
trayectoria profesional.”
El nuevo texto del artículo 24 del Estatuto General quedará así:
“Requisitos para ser Rector(a): Para ser Rector(a) en la Universidad
del Pacífico, se deberán reunir y acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. No haber sido condenado por conductas punibles, salvo por delitos
políticos y conductas culposas, o sancionado en el ejercicio de su
profesión o disciplinariamente por faltas graves, conforme a lo
establecido en la Constitución y la Ley.
3. No ser mayor de 65 años.
4. Tener título universitario y de postgrado, mínimo a nivel de
maestría.
5. Haber desarrollado actividades académicas (docencia,
investigación y proyección social) en el sector de la educación
superior mínimo cinco (5) años.
6. Contar con experiencia administrativa y de gestión en el sector
público o privado de cinco (5) años.
Parágrafo: El Consejo Superior tendrá en cuenta el proceso de
designación del Rector(a), los conocimientos, trabajos y experiencias,
que el aspirante tenga sobre la región natural y cultural del Pacífico
Colombiano.”
Artículo Cuarto: Modificar el artículo 25 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “El procedimiento para
designar Rector comprenderá las siguientes etapas: C) El Consejo
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Superior designará al Rector de la Universidad con plena autonomía
entre dos candidatos que recomiende la comunidad académica.
El nuevo texto del artículo 25 del Estatuto General quedará así: “El
Consejo Superior designará al Rector(a) de la Universidad con plena
autonomía de la terna de candidatos que conforme dicho Consejo
Superior, de conformidad con la reglamentación que se establezca
para el efecto.
Artículo Cuarto: Modificar el artículo 28 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “Son funciones del Rector:
ñ) Presentar anualmente el informe de gestión, el cual será valorado
mediante un instrumento previamente aprobado por el Consejo
Superior.
Artículo Sexto: El presente Acuerdo será publicado en el Diario Oficial
y rige a partir de la fecha de su publicación.
[…]
El presente Acuerdo se suscribe teniendo en cuenta la certificación
emitida por la Comisión de Verificación calendada el 6 de enero de
2011, la que forma parte integral del presente documento. […]”.
-. Acuerdo núm. 11 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio del cual
se expide el Reglamento Electoral de la Universidad y se derogan los
Acuerdos 003/2004, 006/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009,
003/2010 y 008/2010”, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad.
En este acto se reglamentan los procesos electorales para acceder a los
órganos electorales de dirección de la Universidad, como lo son el Consejo
Superior, el Consejo Académico, el rector y el Comité de Bienestar
Universitario. Adicionalmente, se definen los principios rectores de dicha
elección, las autoridades electorales, el Comité Electoral, los
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procedimientos de cada elección y disposiciones varias de la elección,
particularmente, tarjeta electoral, jurados y delegados electorales, listado
de votantes, mesas y urnas de votación, control de la votación, publicidad,
causales de mala conducta, actas de electores, nulidades electorales,
impugnación, voto en blanco, voto nulo, imparcialidad administrativa y
garantía del proceso.
Finalmente, se documenta la derogatoria, la publicación y vigencia de las
siguientes normas:
“[…] Artículo 70. Derogatoria. El presente Acuerdo deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias y específicamente los Acuerdos
003/2004, 006/2007, 007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009,
003/2010 y 008/2010.
Artículo 71. Publicación y Vigencia: El presente reglamento será
publicado en el Diario Oficial y rige a partir de la fecha de su
publicación.
[…]
El presente Acuerdo se suscribe teniendo en cuenta la certificación
emitida por la Comisión de Verificación calendada el 6 de enero de
2011, la que forma parte integral del presente documento […]”.
-. Acuerdo núm. 001 de 26 de enero de 2011, “Por medio del cual se
convoca y se adopta el cronograma para adelantar el proceso de
designación del rector(a) de la Universidad, para el período del 2011 al
2015”, expedido por el Consejo Superior de la Universidad4.
4
Folios 26 a 29 C.1.
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2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala definir si los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de
diciembre de 2010 expedidos por el Consejo Superior de la Universidad
están viciados de nulidad por violación de las normas superiores,
expedición irregular, funcionario incompetente y extralimitación de
funciones, en atención a que se trasgredieron los artículos 6°, 67, 69 y
121 de la Constitución Política; la sesión se realizó en un lugar diferente
al domicilio principal de la Universidad; se motivaron con base en un
documento inexistente (certificación de la Comisión de Verificación de la
Universidad); fueron firmados por dos miembros del Consejo Superior
Universitario como presidentes; disminuyen la intervención de la
comunidad académica en la designación del rector de la Universidad y
crean una nueva ponderación para la elección del representante legal del
ente educativo.
Asimismo, establecer si, de proceder la nulidad de los acuerdos núms. 10
y 11 de 2010, que fundamentaron el Acuerdo núm. 001 de 26 de enero
de 2011, por el cual se convoca y adopta el cronograma para el proceso
de designación del rector de la Universidad, este acto administrativo
también debe declararse nulo, por sustracción de materia.
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3. Lo probado en el proceso
La Sala, para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se
referirá al material probatorio obrante en el expediente:
-. Certificado de la Universidad del Pacífico como institución de educación
superior OFICIAL, cuyo carácter académico es el de Universidad, creada
mediante Ley 65 de 14 de diciembre de 1988, con domicilio en el
Municipio de Buenaventura, expedido por el Ministerio de Educación5.
-. Acta de sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad
núm. 069 de 22 de diciembre de 20106, de la que se destaca:
“[…] FECHA: Cali, 22 de diciembre de 2010
ASISTENTES:
Doctora María Victoria Angulo, Representante Ministerio de Educación.
Biólogo Lindis Javier Zambrano Rosero, Representante del Sr. Presidente
de la República.
Doctor Alfonso Ocampo Londoño, Representante Exrectores.
Doctor Alonso Valencia Llano, Representante del Sr. Gobernador del Valle
del Cauca, con excusa.
Ingeniero Venacio Ocoro, Representante Sector Productivo.
Ingeniero Salomón Micolta, Representante Directiva Académica.
Biólogo Jorge Augusto Angulo, Representante de los docentes.
Arquitecto Angélico Rentería, Representante de los egresados.
Señor Mario Andrés Castrillón, Representante de los estudiantes.
Doctora María Carmela Quiñones Góngora, Rectora.
Doctora Rosa Elizabeth Moreno Ortiz, Secretaria General.
[…] Dra. María Victoria. Con lo antes discutido y los ajustes realizados, se
somete formalmente a aprobación de los honorables miembros estas
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Folio 8 C.1.
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Folios 381 a 294 C.1.
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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
modificaciones al Estatuto General, las cuales son aprobadas por
unanimidad. Por lo tanto, queda aprobado en segundo debate la
modificación al Estatuto General y queda en firme esta modificación.
Continuamos con la revisión y aprobación del Reglamento Electoral, que
se realizará artículo por artículo.
[…] Se retira la Dra. María Victoria y continúa presidiendo la sesión el Dr.
Zamora.
[…] Dr. Zamora. Se han aprobado los 71 artículos de nuestro nuevo
reglamento electoral, es decir, que hemos aprobado el Acuerdo del
Reglamento Electoral del año 2010, y queda pendiente el cronograma
electoral.
[…] Dr. Zamora. Siendo las 4:10 p.m. se cierra la sesión extraordinaria
del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico.
[…] Nota: la presente Acta fue aprobada en la sesión del Consejo Superior
del día 26 de enero de 2011. […]”
-. Certificado de la Comisión de Revisión y Visto Bueno de los acuerdos
de modificación del Estatuto General y Reglamento Electoral de la
Universidad, expedido por los miembros del Consejo Superior integrantes
de dicha comisión7, de 6 de enero de 2011, del que resalta:
“[…] Que revisados los Acuerdos de Modificación del Estatuto General y
del Reglamento Electoral, dejan constancia que los textos de los
mencionados Acuerdos, corresponden a lo debatido y aprobado en las
sesiones del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico […]”.
-. Oficio de 23 de marzo de 2011, enviado por el señor JAIME ANDRÉS
OLAYA RIVERA a la presidente del Consejo Superior Universitario,
mediante el cual solicitó la revocatoria directa de los acuerdos núms. 10
7
Folio 167 C.1.
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y 11 de 22 de diciembre de 2010, expedidos por el Consejo Superior de
la Universidad del Pacífico8.
-. Resolución núm. 001 de 27 de abril de 2011, expedida por el Consejo
Superior de la Universidad, “Por medio de la cual se resuelve una solicitud
de revocatoria directa” 9, en la que se lee:
“[…] Conforme a lo anterior, si la modificación del Estatuto General y la
expedición del Reglamento Electoral se debatió y aprobó de acuerdo al
procedimiento establecido y con la participación de todos los estamentos
de la Universidad que tienen representación en el Consejo Superior, entre
ellos, el estamento estudiantil, no puede hablarse de vulneración de
derechos, sino de modificaciones consensuadas y ceñidas al debido
proceso.
Por lo que,
RESUELVE
Artículo Primero: Negar por las consideraciones antes expuestas, la
solicitud de Revocatoria Directa de los Acuerdos 010 y 011 de 2011,
emanados por el Consejo Superior de la Universidad, solicitada por el
señor Jaime Andrés Olaya Rivera.
Artículo Segundo: Contra el presente acto procede el Recurso de
Reposición ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, por
tratarse de la máxima instancia de la Universidad […]”.
-. Acuerdo núm. 014 de 27 de mayo de 2011, expedido por el Consejo
Superior de la Universidad, “Por medio de la cual se refrendan los
Estatutos y Reglamentos en la Universidad del Pacífico” 10, del que se
resalta:
8
Folios 30 a 34 C.1.
9
Folios 35 a 37 C.1.
10
Folios 38 a 119 C.1.
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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
“[…] ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
Artículo 1: La Universidad del Pacífico es un ente universitario autónomo,
de servicio público cultural, del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio
independiente, creada por la Ley 65 de 1988, vinculada al Ministerio de
Educación Nacional en lo referente a las políticas y a la planeación
educativa.
La Universidad del Pacífico tiene su domicilio principal en la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia,
y de acuerdo con la Ley 65 de 1988, podrá establecer dependencias
académicas en otras ciudades del Litoral Pacífico.
[…] Artículo 15: El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y
gobierno de la Universidad y estará integrado por:
a. El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo
presidirá.
b. El Gobernador del Departamento del Valle del Cauca.
c. Un miembro designado por el Presidente de la Republica, que haya
tenido vínculos con el sector universitario.
d. Un representante de las directivas académicas, elegido por el Consejo
Académico.
e. Un representante de los profesores de la Universidad, elegido mediante
votación secreta por los profesores vinculados por nombramiento,
cualquiera que sea su dedicación.
f. Un representante de los estudiantes de la Universidad elegido
mediante votación secreta por los estudiantes regulares de los
programas académicos y con matricula vigente.
g. Un representante del sector productivo, designado por parte de las
asociaciones gremiales de la región pacífica, convocados por tal fin por
el Rector.
h. Un egresado de la Universidad de prominente trayectoria profesional,
elegido por los egresados.
i. Un exrector universitario designado entre los exrectores de
universidades estatales u oficiales del Valle del Cauca que haya
ejercido el cargo en propiedad.
j. El Rector de la Universidad, con voz pero sin voto.
[…]
Parágrafo 2: En ausencia del Ministro de Educación o su delegado
presidirá el Consejo el miembro que designe el resto de
integrantes del mismo. […] (Subrayado fuera de texto).
[…] Artículo 17: Constituye quórum de liberatorio y decisorio la mitad más
uno de los miembros, que hayan acreditado su condición de tales ante el
Secretario General de la Universidad.
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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
Artículo 18: El Consejo Superior se reunirá de ordinario, por lo menos una
vez al mes, y extraordinariamente por convocatoria de su Presidente o
por solicitud del Rector.
Artículo 19: Son funciones del Consejo Superior:
[…] d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Universidad.
[…]”.
A partir del estudio del material probatorio obrante en el expediente, la
Sala encuentra acreditado que el Consejo Superior de la Universidad, en
sesión extraordinaria de 22 de diciembre de 2010, con asistencia y
aprobación de todos sus miembros, expidió el Acuerdo núm. 10 mediante
el cual modificó los artículos 20, literal i), 23, 24, 25, literal c), y adicionó
un literal al artículo 28 del Estatuto General de la Universidad. Asimismo,
expidió el Acuerdo núm. 11 por medio del cual adoptó el Reglamento
Electoral de la Universidad y derogó los acuerdos 003/2004, 006/2007,
007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y 008/2010.
De igual modo, se evidencia que la Comisión de Revisión y Visto Bueno
de los acuerdos de modificación del Estatuto General y Reglamento
Electoral de la Universidad dejó constancia de que los textos de los
acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre de 2010 correspondían a lo
debatido y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad.
Está demostrado también que, con fundamento en el Estatuto General y
el Reglamento Electoral de la Universidad, el Consejo Superior de la
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Universidad convocó y adoptó el cronograma para adelantar el proceso
de designación del rector(a) de la Universidad, para el período 2011-
2015, a través del Acuerdo núm. 001 de 26 de enero de 2011.
Igualmente, se acredita la validez de las modificaciones del Estatuto
General y la aprobación del Reglamento Electoral de la Universidad,
mediante el Acuerdo núm. 014 de 27 de mayo de 2011, expedido por el
Consejo Superior de la Universidad.
4. Caso concreto
En criterio del actor, los acuerdos demandados vulneran los postulados
esenciales del derecho a la educación, referidos al acceso al sistema
educativo y al principio de progresividad de los derechos económicos,
sociales y culturales, y la prohibición de no regresividad de estos
derechos.
Las normas superiores que invoca como vulneradas en este cargo son:
-. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales -PIDESC:
“[…]Artículo 2.1
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Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente,
por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.
[…] Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos,
y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la
educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas,
y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas
que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
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4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los
principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. […]”
-. Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“[…]Artículo 26. Desarrollo Progresivo.
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en
la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados. […]”
-. Constitución Política:
“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en
el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley.”
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Al respecto, cabe señalar que el núcleo esencial del derecho a la
educación, ⎯al que se alude cuando se habla de su carácter progresivo⎯,
corresponde al acceso a los distintos niveles del ciclo educativo, la
alfabetización, la educación permanente, el ingreso a la universidad, la
promoción de programas no estructurados basados en la comunidad y
orientados al esparcimiento. También incluye iniciativas educativas en las
que las personas mayores desempeñan el rol de maestros y transmisores
del conocimiento cultural.
Sobre las dimensiones del derecho a la educación, esta Sección ha
considerado11:
“[…]Hay que mencionar, además, que la misma jurisprudencia
constitucional ha establecido cuatro dimensiones del derecho a la
educación, por medio de las cuales el Estado debe actuar, atendiendo su
carácter progresivo y los principios de razonabilidad y proporcionalidad:
(…) (i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que
se satisfaga la demanda educativa de las personas, como por ejemplo
escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza, entre otros;(ii)
accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en los
niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita;
(iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a
conservar la educación básica sin que existan criterios de exclusión
irrazonables y finalmente, (iv) calidad, que consiste en brindarle a los
estudiantes una educación que les permita adquirir y producir
conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin importar
el nivel socioeconómico.12 […]”.
11
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de octubre de 2015, expediente: 73001-23-33-000-
2015-00328-01(AC). M.P: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-1026 de 2012
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Ahora, a partir de los argumentos expuestos por la parte actora y en
consideración a las normas superiores de rango constitucional y
convencional invocadas, se concluye que la modificación del Estatuto
General y la expedición del Reglamento Electoral de la Universidad,
mediante los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de diciembre de 2010, no se
relacionan con una vulneración al derecho de acceso al sistema educativo
ni a la formación académica de las personas. Tampoco comprometen el
principio de progresividad del derecho a la educación, entendido como la
garantía de acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás
bienes y valores culturales.
En otros términos, los actos acusados no desconocieron las normas
superiores en las que debían fundarse, particularmente, el artículo 2.1.
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
-PIDESC, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 67 de la Constitución Política.
En cuanto a la expedición de los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de
diciembre de 2010, realizada en sesión extraordinaria llevada a cabo en
un lugar diferente al domicilio principal de la Universidad, la Sala observa
que el Estatuto General de la Universidad en su artículo 1° establece como
domicilio principal del ente educativo el municipio de Buenaventura.
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Adicionalmente, los artículos 17 y 18 ibidem establecen las reglas para
llevar a cabo las sesiones del Consejo Superior de la Universidad,
consistentes en que el quórum deliberatorio y decisorio lo conforman la
mitad más uno de los miembros que hayan acreditado su condición de
tales ante el secretario general de la Universidad; y que dicho cuerpo
colegiado se reunirá de ordinario, por lo menos una vez al mes, y
extraordinariamente por convocatoria de su presidente o por solicitud del
rector.
El Estatuto General de la Universidad no establece un lugar exclusivo en
el que deba reunirse el Consejo Superior Universitario para sesionar,
razón por la que al no existir una regla que fije como obligatorio el lugar
de reunión de dicho cuerpo colegiado en el municipio de Buenaventura,
bien se puede sesionar en lugar diferente, previa convocatoria que para
el efecto se señale, de ahí que los actos acusados aprobados en sesión
realizada en la ciudad de Cali no trasgreden los artículos 1°, 17 y 18 del
Estatuto General de la Universidad.
En cuanto a la afirmación realizada por el actor, en el sentido de indicar
que los actos demandados se motivaron con base en un documento
inexistente (certificación de la Comisión de Verificación de la Universidad),
la Sala observa que dicha prueba sí obra en el expediente, a folio 167 del
cuaderno núm. 1, la cual hace constar que “Que revisados los Acuerdos
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de Modificación del Estatuto General y del Reglamento Electoral, dejan
constancia que los textos de los mencionados Acuerdos, corresponden a
lo debatido y aprobado en las sesiones del Consejo Superior de la
Universidad del Pacífico.”
En ese orden de ideas, no es cierto que no existe la aludida certificación
de la Comisión de Verificación de la Universidad de los acuerdos núms.
10 y 11 del 22 de diciembre de 2010, enunciada con posterioridad a las
firmas de aprobación de los acuerdos en comento por parte de los
presidentes del Consejo Superior y la secretaria general de la Universidad.
Con relación a las firmas de dos miembros del Consejo Superior
Universitario como presidentes de la sesión extraordinaria llevada a cabo
el 22 de diciembre de 2010, en la que se discutió y aprobó la modificación
del Estatuto General y el Reglamento Electoral de la Universidad, los
artículos 6° y 121 de la Constitución Política establecen:
“[…] Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.
[…] Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones
distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. […]”.
Por su parte, el literal a) del artículo 15 del Estatuto General de la
Universidad establece que el ministro de Educación Nacional o su
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delegado presidirán el Consejo Superior, además, el parágrafo 2° ibidem
ordena que en ausencia del ministro de Educación Nacional o su delegado
presidirá el cuerpo colegiado el miembro que designe el resto de sus
integrantes. Adicionalmente, el literal d) del artículo 19 ibidem señala que
son funciones del Consejo Superior la expedición o modificación de los
estatutos y reglamentos de la Universidad.
Así las cosas, la Sala evidencia que durante la sesión extraordinaria del
Consejo Superior de la Universidad núm. 069 de 22 de diciembre de 2010,
en la que se modifica el Estatuto General y se expide el Reglamento
Electoral, la doctora María Victoria Angulo, en su calidad de representante
del Ministerio de Educación, se retiró de la reunión antes de que la misma
finalizara, por lo cual, con fundamento en el parágrafo 2° del artículo 15
del Estatuto General de la Universidad, por decisión unánime de sus
miembros, continuó presidiendo el Consejo Superior el Biólogo Lindis
Javier Zambrano Rosero, representante del Presidente de la República.
En esa medida, los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre de 2010
fueron suscritos por quienes fungieron como presidentes del Consejo
Superior Universitario, particularmente, la doctora María Victoria Angulo,
representante del Ministerio de Educación, y el Biólogo Lindis Javier
Zambrano Rosero, presidente designado para la sesión en ausencia de la
representante del Ministerio de Educación. En consecuencia, los actos
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acusados fueron expedidos por los funcionarios designados por el Estatuto
General de la Universidad para tal fin.
Ahora, en cuanto a la autonomía universitaria, el artículo 69 de la
Constitución Política prevé:
[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del
Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.
[…]”.
En ese sentido, esta Sección ha señalado 13:
“[…]En relación con su contenido, la Corte Constitucional ha establecido
que la autonomía universitaria se proyecta en dos direcciones: de un lado,
en la facultad de los centros educativos de determinar su dirección
ideológica y, de otro, en la potestad de los entes de educación superior,
de dotarse de su propia organización interna, facetas éstas que se
concretan en la posibilidad de: (i) darse y modificar sus estatutos; (ii)
establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos
de sus directivos y administradores (iii) desarrollar sus planes de estudio
y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y
culturales; (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (iv)
asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar
sus propios bienes y recursos.14 […]”.
13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2015, expediente: 47001-23-33-000-
2012-00029-01. M.P: GUILLERMO VARGAS AYALA.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-1435 de 2000.
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En ese orden de ideas, la Sala considera que la creación de criterios
objetivos con ponderación determinada para cada uno de ellos en la
elección del rector de la Universidad no corresponde a una extralimitación
de la autonomía universitaria, en atención a que dicha regulación no
desconoce la participación de la comunidad académica en la designación
del rector, pues, por el contrario, permite seleccionar el candidato más
capacitado para ocupar el cargo de representante legal de la institución
educativa.
En gracia de discusión, el hecho de que se modifique la forma en la que
se selecciona al rector(a) de la Universidad, pasando de designarlo entre
dos candidatos que recomiende la comunidad académica a elegirlo entre
la terna de candidatos que resulte de conformidad con la puntuación
establecida en el Reglamento Electoral, particularmente, hoja de vida,
propuesta de desarrollo institucional y consulta entre la comunidad
académica (docentes y estudiantes), es un desarrollo válido del
principio de autonomía universitaria que no deja de lado la intervención
de la comunidad académica reconocida en el artículo 63 de la Ley 30 de
1992, sino que la complementa con otros aspectos como la formación
académica, la experiencia profesional y las propuestas de desarrollo
institucional que presente cada candidato.
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Por consiguiente, para la Sala el artículo 4° del Acuerdo núm. 010-2010,
se encuentra acorde con el mandato previsto en el artículo 63 de la Ley
30 de 28 de diciembre de 1992.
Al respecto, resulta pertinente precisar que el rector es el representante
legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial
que debe ser designado por el consejo superior universitario, órgano de
dirección y de gobierno en el cual tiene presencia la comunidad
académica. Además, según lo señalado en la referida norma, la
designación, requisitos y calidades deben ser definidos por los respectivos
estatutos como, en efecto, sucedió (artículo 66 de la Ley 30 de 1992).
En virtud de lo anterior, está demostrado que los acuerdos, expedidos por
el Consejo Superior de la Universidad no trasgredieron los artículos 6°,
67, 69 y 121 de la Constitución Política, no fueron expedidos de manera
irregular, tampoco por funcionario incompetente, ni con extralimitación de
funciones.
Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de nulidad por sustracción de
materia del Acuerdo núm. 001 del 26 de enero de 2011, expedido con
fundamento en los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de diciembre de 2010,
es pertinente precisar que el hecho de que un acto administrativo, por
ministerio de la ley, haya perdido fuerza ejecutoria debido a la
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desaparición de sus fundamentos jurídicos —causal prevista en el artículo
66 del Código Contencioso Administrativo— no implica, por sí mismo, el
desconocimiento de normas superiores ni, en consecuencia, justifica su
anulación.
Lo anterior se refuerza con el hecho de que, en este caso, la pretensión
de nulidad de los acuerdos núms. 10 y 11 de 2010 carecía de vocación de
prosperidad.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda en
atención a que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre de 2010, expedidos por
el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico y así se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos
365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 168 del
CCA, y atendiendo la conducta asumida por las partes, no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que se abstendrá de
condenar en costas.
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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
En firme esta providencia, archivar el expediente previo a las anotaciones
de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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