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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2011-00222-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00222-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00222-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En firme esta providencia, archivar el expediente previo a las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00222-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 11001 03 24 000 2011 00222 00
Referencia: Acción de nulidad
Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, POR
CUANTO NO SE PROBÓ QUE LOS ACUERDOS NÚMS. 10 Y 11 DE 22 DE
DICIEMBRE DE 2010, EXPEDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD, HAYAN VULNERADO NORMAS SUPERIORES, NO FUERON
EXPEDIDOS DE MANERA IRREGULAR, TAMPOCO POR FUNCIONARIO
INCOMPETENTE, NI CON EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES. NO ES
PROCEDENTE LA NULIDAD DEL ACUERDO NÚM. 001 DE 2011, POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor

JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA, en ejercicio de la acción de nulidad1,

contra los acuerdos núms. 10 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio

del cual se modifican los artículos 20 literal i), 23 24, 25 literal c)

y se adiciona un literal al artículo 28 del Estatuto General de la

Universidad del Pacífico”; 11 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio

del cual se expide el Reglamento Electoral de la Universidad del

1
Prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (CCA), derogado por la Ley 1437 de 2011,
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00222 00
Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

Pacífico y se derogan los Acuerdos 003/2004, 006/2007,

008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y 008/2010”;

expedidos por el CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL

PACÍFICO2.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, señala los siguientes:

Afirma que el Consejo Superior de la Universidad expidió el Acuerdo

núm. 10 de 22 de diciembre de 2010, mediante el cual modificó los

artículos 20, literal i); 23; 24; y 25, literal c) del Estatuto General de la

Universidad; y adicionó un literal al artículo 28 de dicho estatuto.

Menciona que el Consejo Superior de la Universidad expidió el Acuerdo

núm. 11 de 22 de diciembre de 2010, por medio del cual adoptó el

Reglamento Electoral de la Universidad y derogó los acuerdos 003/2004,

006/2007, 007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y

008/2010.

2
En adelante la Universidad.

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

Informa que el 23 de marzo de 2011 presentó al Consejo Superior

Universitario la solicitud de revocatoria directa contra los actos

demandados, la cual fue resuelta de manera negativa mediante la

Resolución núm. 001 de 27 de abril de 2011.

I.2- A juicio del actor, acuerdos demandados fueron expedidos en forma

irregular, por funcionario incompetente y con violación de las normas

superiores en que debían fundarse.

Las normas que estima infringidas, son:

1. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales -PIDESC: artículo 2.1.

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 26.

3. Constitución Política: artículos 6°, 67, 69 y 121.

4. Acuerdo núm. 014 de 27 de mayo de 2005, expedido por el Consejo

Superior de la Universidad – Estatuto General3: artículos 1°,15, 17,

18 y 19, literal d).

En el cargo de violación de las normas superiores, explica que los

actos acusados infringen el principio de democracia participativa, el

3
Acuerdo Núm.014 de 2015. “Por el cual se refrendan los Estatutos y Reglamentos de la Universidad”. En
adelante el Estatuto General de la Universidad.

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principio de progresividad y la prohibición de no regresividad de los

derechos económicos, sociales y culturales.

En relación con la expedición irregular, expone que el Consejo Superior

Universitario expidió los actos acusados en sesión realizada en un lugar

diferente al domicilio principal de la Universidad. Además, expresa que

los acuerdos en comento se motivaron con base en un documento

inexistente, esto es, la certificación de la Comisión de Verificación de la

Universidad.

Frente al cargo de expedición por funcionario incompetente, alegó que

los actos administrativos demandados violan la “unidad de mando” y lo

establecido en el artículo 15 del Estatuto General de la Universidad, según

el cual el presidente del Consejo Superior Universitario será el ministro de

Educación o su delegado y en su ausencia será presidido por el miembro

que designe el resto de sus integrantes. La vulneración, en su criterio, se

produjo porque los actos en cita fueron firmados por dos miembros del

Consejo Superior Universitario como presidentes cuando solo un miembro

puede ocupar este cargo.

Advirtió que se configuró una extralimitación de la autonomía

universitaria porque con los actos censurados el Consejo Superior de la

Universidad disminuye la intervención de la comunidad académica en la

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designación del rector de la Universidad y crea una nueva ponderación o

valoración para la elección del representante legal del ente educativo.

Finalmente, adujo que, por sustracción de materia, al declarase nulos los

actos acusados que fundamentaron el Acuerdo núm. 001 de 26 de enero

de 2011, que convoca y adopta el cronograma para el proceso de

designación del rector de la Universidad, este acto administrativo también

debe declararse nulo.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La UNIVERSIDAD, actuando por conducto de apoderado, contestó la

demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo lo

siguiente:

Que los actos administrativos demandados no violan las normas

constitucionales, legales o estatutarias invocadas en la demanda, toda

vez que la modificación del Estatuto General Universitario y la expedición

del reglamento electoral se efectuó de acuerdo con el procedimiento

establecido y con la participación de todos los estamentos de la

universidad que tienen representación en el Consejo Superior

Universitario, entre ellos, la comunidad académica.

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

Advirtió que no le asiste razón a la parte actora al señalar que se

disminuyó la participación en la designación del rector o se extralimitó la

autonomía universitaria, pues lo cierto es que los procedimientos

adoptados en los actos acusados se efectuaron de manera consensuada

y con sujeción al debido proceso.

Sostuvo que los actos acusados no se expidieron de manera irregular, en

atención a que el reglamento del Consejo Superior no establece un sitio

exclusivo o excluyente donde deban celebrarse las reuniones del

colegiado.

De igual manera, afirmó que la certificación de la Comisión de Verificación

de la Universidad, alegada como inexistente, es posterior a la expedición

de los acuerdos de la referencia; además, únicamente documenta que el

texto de los acuerdos controvertidos corresponde a lo debatido y

aprobado previamente y su emisión se hizo con el fin de lograr una

confiabilidad general de los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de diciembre

de 2010 antes de realizar la publicación en el Diario Oficial, la cual se llevó

a cabo a través del ejemplar núm. 47960 de 22 de enero de 2011.

Precisó que los actos demandados fueron firmados por dos presidentes

del Consejo Superior Universitario, debido a que el parágrafo 2° del

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artículo 15 del Estatuto General de la Universidad establece que “en

ausencia del Ministro de Educación o su delegado presidirá el Consejo el

miembro que designe el resto de integrantes del mismo”; por ende,

cuando la delegada del Ministerio de Educación se ausenta antes de

terminada la sesión, se procede a nombrar por unanimidad de los

miembros un presidente para que continúe hasta el final de la misma. En

consecuencia, los dos presidentes que actúen durante la sesión suscriben

los actos que se generen y las actas de las sesiones.

Finalmente, en cuanto a la nulidad del Acuerdo núm. 001 de 26 de enero

de 2011 (convocatoria y adopción del cronograma para designación del

rector de la Universidad), adujo que se encuentra expedido de manera

legal y cumple con los postulados que establece el reglamento electoral

de la Universidad.

III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió

concepto, en el que señaló que los actos acusados no violan derechos

fundamentales del estamento universitario, no transgreden la inspección

y vigilancia del presidente de la República en la educación pública, no

sobrepasan los límites de la ley y no extralimitan el principio de autonomía

universitaria, por lo siguiente:

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Con relación a la expedición de los actos acusados en sesión realizada en

un lugar diferente al domicilio principal de la Universidad, por un lado,

indicó que no existe regla consignada en los Estatutos de la Universidad

que obligue a los miembros del Consejo Superior a reunirse única y

exclusivamente en el municipio de Buenaventura – Valle del Cauca; y, por

el otro, que a dicha sesión del Consejo Superior, de 22 de diciembre de

2010, asistieron todos sus miembros, existiendo quórum para deliberar y

tomar decisiones, se discutieron los acuerdos acusados y se aprobaron

por la totalidad de sus miembros, lo que no evidencia trasgresión alguna

de los artículos 6 y 121 de la Constitución Política.

En cuanto a la certificación de la Comisión de Verificación de la

Universidad de la que hablan los acuerdos en mención, expresó que esta

no integra la parte considerativa ni la resolutiva de los actos enjuiciados.

Que, por el contrario, se hace alusión a dicha certificación con

posterioridad a las firmas de los presidentes del Consejo Superior y de la

secretaria general, razón por la que el hecho de que la citada certificación

no se allegue con los actos administrativos no los vicia de nulidad.

Anotó que la nulidad del Acuerdo núm. 001 de 26 de enero de 2011, que

convoca y adopta el cronograma para el proceso de designación del rector

de la Universidad, no debe prosperar en atención a que el haber sido

expedido con fundamento en los actos administrativos demandados, una

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vez se acceda a la nulidad de estos, genera pérdida de fuerza ejecutoria

del acto administrativo que no constituye causal de nulidad de este.

Respecto a la vulneración del principio de progresividad de los derechos

sociales, económicos y culturales, dentro de los cuales se encuentra la

educación, manifiesta que con los actos acusados no se desconoce la

formación académica de las personas ni se infringe el acceso de las

personas al sistema educativo, por lo cual no puede entenderse que exista

violación del artículo 67 de la Constitución Política ni de las disposiciones

de los instrumentos internacionales relacionados con este derecho y su

progresividad.

Asimismo, en lo relativo a la limitación de la participación de la comunidad

académica en la elección del rector, precisó que el hecho de que se

establezcan criterios objetivos relacionados con la hoja de vida de los

aspirantes y la propuesta de desarrollo institucional confiera una

puntuación en relación con ellos, constituye un desarrollo válido del

principio de autonomía universitaria que permite seleccionar a las

personas más capacitadas para ocupar el cargo del representante legal

del ente educativo.

Por lo tanto, estima que en el caso sub lite, el actor no logró desvirtuar la

presunción de legalidad de los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre

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de 2010, expedidos por el Consejo Superior de la Universidad, por lo que

solicita denegar las pretensiones de la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El actor y la parte demandada, en esta etapa procesal, guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Los actos acusados

Los actos administrativos demandados son:

-. Acuerdo núm. 10 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio del cual

se modifican los artículos 20 literal i), 23, 24, 25 literal c) y se adiciona

un literal al artículo 28 del Estatuto General de la Universidad”, expedido

por el Consejo Superior de la Universidad, en el que se dispone lo

siguiente:

“[…] Artículo Primero: Modificar el artículo 20 literal i) del Estatuto
General de la Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “El Consejo
Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad y está
integrado por: i) Un representante de los estudiantes con su respectivo
suplente, elegido por la comunidad estudiantil para un periodo de año
y medio.”

El nuevo texto del artículo 20 literal i) del Estatuto General quedará
así: “Un representante de los estudiantes con su respectivo suplente,

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elegido por la comunidad estudiantil para un periodo de dos (2) años
y podrá ser reelegido por una sola vez por el mismo estamento.”

Artículo Segundo: Modificar el artículo 23 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “El Rector será designado
por el Consejo Superior, mediante decisión mayoritaria de sus
miembros, para un periodo de tres (3) años y podrá ser reelegido.”

El nuevo texto del artículo 23 del Estatuto General quedará así: “El
Rector será designado por el Consejo Superior, mediante votación
nominal, por decisión mayoritaria de sus miembros, para un periodo
de cuatro (4) años y podrá ser reelegido por una sola vez.”

Artículo Tercero: Modificar el artículo 24 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “Para ser un Rector de la
Universidad se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio; poseer
título universitario y de postgrado, poseer experiencia profesional no
menor de cinco años en el sector universitario, en el sector productivo
o en el servicio público y ser persona de reconocida y meritoria
trayectoria profesional.”

El nuevo texto del artículo 24 del Estatuto General quedará así:
“Requisitos para ser Rector(a): Para ser Rector(a) en la Universidad
del Pacífico, se deberán reunir y acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. No haber sido condenado por conductas punibles, salvo por delitos
políticos y conductas culposas, o sancionado en el ejercicio de su
profesión o disciplinariamente por faltas graves, conforme a lo
establecido en la Constitución y la Ley.
3. No ser mayor de 65 años.
4. Tener título universitario y de postgrado, mínimo a nivel de
maestría.
5. Haber desarrollado actividades académicas (docencia,
investigación y proyección social) en el sector de la educación
superior mínimo cinco (5) años.
6. Contar con experiencia administrativa y de gestión en el sector
público o privado de cinco (5) años.

Parágrafo: El Consejo Superior tendrá en cuenta el proceso de
designación del Rector(a), los conocimientos, trabajos y experiencias,
que el aspirante tenga sobre la región natural y cultural del Pacífico
Colombiano.”

Artículo Cuarto: Modificar el artículo 25 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “El procedimiento para
designar Rector comprenderá las siguientes etapas: C) El Consejo

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Superior designará al Rector de la Universidad con plena autonomía
entre dos candidatos que recomiende la comunidad académica.

El nuevo texto del artículo 25 del Estatuto General quedará así: “El
Consejo Superior designará al Rector(a) de la Universidad con plena
autonomía de la terna de candidatos que conforme dicho Consejo
Superior, de conformidad con la reglamentación que se establezca
para el efecto.

Artículo Cuarto: Modificar el artículo 28 del Estatuto General de la
Universidad del Pacífico, que a la letra dice: “Son funciones del Rector:
ñ) Presentar anualmente el informe de gestión, el cual será valorado
mediante un instrumento previamente aprobado por el Consejo
Superior.

Artículo Sexto: El presente Acuerdo será publicado en el Diario Oficial
y rige a partir de la fecha de su publicación.

[…]

El presente Acuerdo se suscribe teniendo en cuenta la certificación
emitida por la Comisión de Verificación calendada el 6 de enero de
2011, la que forma parte integral del presente documento. […]”.

-. Acuerdo núm. 11 de 22 de diciembre de 2010, “Por medio del cual

se expide el Reglamento Electoral de la Universidad y se derogan los

Acuerdos 003/2004, 006/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009,

003/2010 y 008/2010”, expedido por el Consejo Superior de la

Universidad.

En este acto se reglamentan los procesos electorales para acceder a los

órganos electorales de dirección de la Universidad, como lo son el Consejo

Superior, el Consejo Académico, el rector y el Comité de Bienestar

Universitario. Adicionalmente, se definen los principios rectores de dicha

elección, las autoridades electorales, el Comité Electoral, los

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procedimientos de cada elección y disposiciones varias de la elección,

particularmente, tarjeta electoral, jurados y delegados electorales, listado

de votantes, mesas y urnas de votación, control de la votación, publicidad,

causales de mala conducta, actas de electores, nulidades electorales,

impugnación, voto en blanco, voto nulo, imparcialidad administrativa y

garantía del proceso.

Finalmente, se documenta la derogatoria, la publicación y vigencia de las

siguientes normas:

“[…] Artículo 70. Derogatoria. El presente Acuerdo deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias y específicamente los Acuerdos
003/2004, 006/2007, 007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009,
003/2010 y 008/2010.

Artículo 71. Publicación y Vigencia: El presente reglamento será
publicado en el Diario Oficial y rige a partir de la fecha de su
publicación.

[…]

El presente Acuerdo se suscribe teniendo en cuenta la certificación
emitida por la Comisión de Verificación calendada el 6 de enero de
2011, la que forma parte integral del presente documento […]”.

-. Acuerdo núm. 001 de 26 de enero de 2011, “Por medio del cual se

convoca y se adopta el cronograma para adelantar el proceso de

designación del rector(a) de la Universidad, para el período del 2011 al

2015”, expedido por el Consejo Superior de la Universidad4.

4
Folios 26 a 29 C.1.

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2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala definir si los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de

diciembre de 2010 expedidos por el Consejo Superior de la Universidad

están viciados de nulidad por violación de las normas superiores,

expedición irregular, funcionario incompetente y extralimitación de

funciones, en atención a que se trasgredieron los artículos 6°, 67, 69 y

121 de la Constitución Política; la sesión se realizó en un lugar diferente

al domicilio principal de la Universidad; se motivaron con base en un

documento inexistente (certificación de la Comisión de Verificación de la

Universidad); fueron firmados por dos miembros del Consejo Superior

Universitario como presidentes; disminuyen la intervención de la

comunidad académica en la designación del rector de la Universidad y

crean una nueva ponderación para la elección del representante legal del

ente educativo.

Asimismo, establecer si, de proceder la nulidad de los acuerdos núms. 10

y 11 de 2010, que fundamentaron el Acuerdo núm. 001 de 26 de enero

de 2011, por el cual se convoca y adopta el cronograma para el proceso

de designación del rector de la Universidad, este acto administrativo

también debe declararse nulo, por sustracción de materia.

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3. Lo probado en el proceso

La Sala, para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se

referirá al material probatorio obrante en el expediente:

-. Certificado de la Universidad del Pacífico como institución de educación

superior OFICIAL, cuyo carácter académico es el de Universidad, creada

mediante Ley 65 de 14 de diciembre de 1988, con domicilio en el

Municipio de Buenaventura, expedido por el Ministerio de Educación5.

-. Acta de sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad

núm. 069 de 22 de diciembre de 20106, de la que se destaca:

“[…] FECHA: Cali, 22 de diciembre de 2010
ASISTENTES:
Doctora María Victoria Angulo, Representante Ministerio de Educación.
Biólogo Lindis Javier Zambrano Rosero, Representante del Sr. Presidente
de la República.
Doctor Alfonso Ocampo Londoño, Representante Exrectores.
Doctor Alonso Valencia Llano, Representante del Sr. Gobernador del Valle
del Cauca, con excusa.
Ingeniero Venacio Ocoro, Representante Sector Productivo.
Ingeniero Salomón Micolta, Representante Directiva Académica.
Biólogo Jorge Augusto Angulo, Representante de los docentes.
Arquitecto Angélico Rentería, Representante de los egresados.
Señor Mario Andrés Castrillón, Representante de los estudiantes.
Doctora María Carmela Quiñones Góngora, Rectora.
Doctora Rosa Elizabeth Moreno Ortiz, Secretaria General.

[…] Dra. María Victoria. Con lo antes discutido y los ajustes realizados, se
somete formalmente a aprobación de los honorables miembros estas

5
Folio 8 C.1.
6
Folios 381 a 294 C.1.

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

modificaciones al Estatuto General, las cuales son aprobadas por
unanimidad. Por lo tanto, queda aprobado en segundo debate la
modificación al Estatuto General y queda en firme esta modificación.

Continuamos con la revisión y aprobación del Reglamento Electoral, que
se realizará artículo por artículo.

[…] Se retira la Dra. María Victoria y continúa presidiendo la sesión el Dr.
Zamora.

[…] Dr. Zamora. Se han aprobado los 71 artículos de nuestro nuevo
reglamento electoral, es decir, que hemos aprobado el Acuerdo del
Reglamento Electoral del año 2010, y queda pendiente el cronograma
electoral.

[…] Dr. Zamora. Siendo las 4:10 p.m. se cierra la sesión extraordinaria
del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico.

[…] Nota: la presente Acta fue aprobada en la sesión del Consejo Superior
del día 26 de enero de 2011. […]”

-. Certificado de la Comisión de Revisión y Visto Bueno de los acuerdos

de modificación del Estatuto General y Reglamento Electoral de la

Universidad, expedido por los miembros del Consejo Superior integrantes

de dicha comisión7, de 6 de enero de 2011, del que resalta:

“[…] Que revisados los Acuerdos de Modificación del Estatuto General y
del Reglamento Electoral, dejan constancia que los textos de los
mencionados Acuerdos, corresponden a lo debatido y aprobado en las
sesiones del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico […]”.

-. Oficio de 23 de marzo de 2011, enviado por el señor JAIME ANDRÉS

OLAYA RIVERA a la presidente del Consejo Superior Universitario,

mediante el cual solicitó la revocatoria directa de los acuerdos núms. 10

7
Folio 167 C.1.

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

y 11 de 22 de diciembre de 2010, expedidos por el Consejo Superior de

la Universidad del Pacífico8.

-. Resolución núm. 001 de 27 de abril de 2011, expedida por el Consejo

Superior de la Universidad, “Por medio de la cual se resuelve una solicitud

de revocatoria directa” 9, en la que se lee:

“[…] Conforme a lo anterior, si la modificación del Estatuto General y la
expedición del Reglamento Electoral se debatió y aprobó de acuerdo al
procedimiento establecido y con la participación de todos los estamentos
de la Universidad que tienen representación en el Consejo Superior, entre
ellos, el estamento estudiantil, no puede hablarse de vulneración de
derechos, sino de modificaciones consensuadas y ceñidas al debido
proceso.

Por lo que,

RESUELVE

Artículo Primero: Negar por las consideraciones antes expuestas, la
solicitud de Revocatoria Directa de los Acuerdos 010 y 011 de 2011,
emanados por el Consejo Superior de la Universidad, solicitada por el
señor Jaime Andrés Olaya Rivera.

Artículo Segundo: Contra el presente acto procede el Recurso de
Reposición ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, por
tratarse de la máxima instancia de la Universidad […]”.

-. Acuerdo núm. 014 de 27 de mayo de 2011, expedido por el Consejo

Superior de la Universidad, “Por medio de la cual se refrendan los

Estatutos y Reglamentos en la Universidad del Pacífico” 10, del que se

resalta:

8
Folios 30 a 34 C.1.
9
Folios 35 a 37 C.1.
10
Folios 38 a 119 C.1.

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Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00222 00
Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

“[…] ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 1: La Universidad del Pacífico es un ente universitario autónomo,
de servicio público cultural, del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio
independiente, creada por la Ley 65 de 1988, vinculada al Ministerio de
Educación Nacional en lo referente a las políticas y a la planeación
educativa.
La Universidad del Pacífico tiene su domicilio principal en la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia,
y de acuerdo con la Ley 65 de 1988, podrá establecer dependencias
académicas en otras ciudades del Litoral Pacífico.

[…] Artículo 15: El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y
gobierno de la Universidad y estará integrado por:

a. El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo
presidirá.
b. El Gobernador del Departamento del Valle del Cauca.
c. Un miembro designado por el Presidente de la Republica, que haya
tenido vínculos con el sector universitario.
d. Un representante de las directivas académicas, elegido por el Consejo
Académico.
e. Un representante de los profesores de la Universidad, elegido mediante
votación secreta por los profesores vinculados por nombramiento,
cualquiera que sea su dedicación.
f. Un representante de los estudiantes de la Universidad elegido
mediante votación secreta por los estudiantes regulares de los
programas académicos y con matricula vigente.
g. Un representante del sector productivo, designado por parte de las
asociaciones gremiales de la región pacífica, convocados por tal fin por
el Rector.
h. Un egresado de la Universidad de prominente trayectoria profesional,
elegido por los egresados.
i. Un exrector universitario designado entre los exrectores de
universidades estatales u oficiales del Valle del Cauca que haya
ejercido el cargo en propiedad.
j. El Rector de la Universidad, con voz pero sin voto.

[…]

Parágrafo 2: En ausencia del Ministro de Educación o su delegado
presidirá el Consejo el miembro que designe el resto de
integrantes del mismo. […] (Subrayado fuera de texto).

[…] Artículo 17: Constituye quórum de liberatorio y decisorio la mitad más
uno de los miembros, que hayan acreditado su condición de tales ante el
Secretario General de la Universidad.

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Número único de radicación: 11001 03 24 000 2011 00222 00
Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

Artículo 18: El Consejo Superior se reunirá de ordinario, por lo menos una
vez al mes, y extraordinariamente por convocatoria de su Presidente o
por solicitud del Rector.

Artículo 19: Son funciones del Consejo Superior:
[…] d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Universidad.
[…]”.

A partir del estudio del material probatorio obrante en el expediente, la

Sala encuentra acreditado que el Consejo Superior de la Universidad, en

sesión extraordinaria de 22 de diciembre de 2010, con asistencia y

aprobación de todos sus miembros, expidió el Acuerdo núm. 10 mediante

el cual modificó los artículos 20, literal i), 23, 24, 25, literal c), y adicionó

un literal al artículo 28 del Estatuto General de la Universidad. Asimismo,

expidió el Acuerdo núm. 11 por medio del cual adoptó el Reglamento

Electoral de la Universidad y derogó los acuerdos 003/2004, 006/2007,

007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y 008/2010.

De igual modo, se evidencia que la Comisión de Revisión y Visto Bueno

de los acuerdos de modificación del Estatuto General y Reglamento

Electoral de la Universidad dejó constancia de que los textos de los

acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre de 2010 correspondían a lo

debatido y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad.

Está demostrado también que, con fundamento en el Estatuto General y

el Reglamento Electoral de la Universidad, el Consejo Superior de la

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

Universidad convocó y adoptó el cronograma para adelantar el proceso

de designación del rector(a) de la Universidad, para el período 2011-

2015, a través del Acuerdo núm. 001 de 26 de enero de 2011.

Igualmente, se acredita la validez de las modificaciones del Estatuto

General y la aprobación del Reglamento Electoral de la Universidad,

mediante el Acuerdo núm. 014 de 27 de mayo de 2011, expedido por el

Consejo Superior de la Universidad.

4. Caso concreto

En criterio del actor, los acuerdos demandados vulneran los postulados

esenciales del derecho a la educación, referidos al acceso al sistema

educativo y al principio de progresividad de los derechos económicos,

sociales y culturales, y la prohibición de no regresividad de estos

derechos.

Las normas superiores que invoca como vulneradas en este cargo son:

-. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales -PIDESC:

“[…]Artículo 2.1

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente,
por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.

[…] Artículo 13

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos,
y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la
educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas,
y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas
que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los
principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. […]”

-. Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“[…]Artículo 26. Desarrollo Progresivo.

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en
la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados. […]”

-. Constitución Política:

“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en
el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley.”

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Al respecto, cabe señalar que el núcleo esencial del derecho a la

educación, ⎯al que se alude cuando se habla de su carácter progresivo⎯,

corresponde al acceso a los distintos niveles del ciclo educativo, la

alfabetización, la educación permanente, el ingreso a la universidad, la

promoción de programas no estructurados basados en la comunidad y

orientados al esparcimiento. También incluye iniciativas educativas en las

que las personas mayores desempeñan el rol de maestros y transmisores

del conocimiento cultural.

Sobre las dimensiones del derecho a la educación, esta Sección ha

considerado11:

“[…]Hay que mencionar, además, que la misma jurisprudencia
constitucional ha establecido cuatro dimensiones del derecho a la
educación, por medio de las cuales el Estado debe actuar, atendiendo su
carácter progresivo y los principios de razonabilidad y proporcionalidad:
(…) (i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que
se satisfaga la demanda educativa de las personas, como por ejemplo
escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza, entre otros;(ii)
accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en los
niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita;
(iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a
conservar la educación básica sin que existan criterios de exclusión
irrazonables y finalmente, (iv) calidad, que consiste en brindarle a los
estudiantes una educación que les permita adquirir y producir
conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin importar
el nivel socioeconómico.12 […]”.

11
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de octubre de 2015, expediente: 73001-23-33-000-
2015-00328-01(AC). M.P: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-1026 de 2012

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Ahora, a partir de los argumentos expuestos por la parte actora y en

consideración a las normas superiores de rango constitucional y

convencional invocadas, se concluye que la modificación del Estatuto

General y la expedición del Reglamento Electoral de la Universidad,

mediante los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de diciembre de 2010, no se

relacionan con una vulneración al derecho de acceso al sistema educativo

ni a la formación académica de las personas. Tampoco comprometen el

principio de progresividad del derecho a la educación, entendido como la

garantía de acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás

bienes y valores culturales.

En otros términos, los actos acusados no desconocieron las normas

superiores en las que debían fundarse, particularmente, el artículo 2.1.

del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

-PIDESC, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, y el artículo 67 de la Constitución Política.

En cuanto a la expedición de los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de

diciembre de 2010, realizada en sesión extraordinaria llevada a cabo en

un lugar diferente al domicilio principal de la Universidad, la Sala observa

que el Estatuto General de la Universidad en su artículo 1° establece como

domicilio principal del ente educativo el municipio de Buenaventura.

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Adicionalmente, los artículos 17 y 18 ibidem establecen las reglas para

llevar a cabo las sesiones del Consejo Superior de la Universidad,

consistentes en que el quórum deliberatorio y decisorio lo conforman la

mitad más uno de los miembros que hayan acreditado su condición de

tales ante el secretario general de la Universidad; y que dicho cuerpo

colegiado se reunirá de ordinario, por lo menos una vez al mes, y

extraordinariamente por convocatoria de su presidente o por solicitud del

rector.

El Estatuto General de la Universidad no establece un lugar exclusivo en

el que deba reunirse el Consejo Superior Universitario para sesionar,

razón por la que al no existir una regla que fije como obligatorio el lugar

de reunión de dicho cuerpo colegiado en el municipio de Buenaventura,

bien se puede sesionar en lugar diferente, previa convocatoria que para

el efecto se señale, de ahí que los actos acusados aprobados en sesión

realizada en la ciudad de Cali no trasgreden los artículos 1°, 17 y 18 del

Estatuto General de la Universidad.

En cuanto a la afirmación realizada por el actor, en el sentido de indicar

que los actos demandados se motivaron con base en un documento

inexistente (certificación de la Comisión de Verificación de la Universidad),

la Sala observa que dicha prueba sí obra en el expediente, a folio 167 del

cuaderno núm. 1, la cual hace constar que “Que revisados los Acuerdos

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de Modificación del Estatuto General y del Reglamento Electoral, dejan

constancia que los textos de los mencionados Acuerdos, corresponden a

lo debatido y aprobado en las sesiones del Consejo Superior de la

Universidad del Pacífico.”

En ese orden de ideas, no es cierto que no existe la aludida certificación

de la Comisión de Verificación de la Universidad de los acuerdos núms.

10 y 11 del 22 de diciembre de 2010, enunciada con posterioridad a las

firmas de aprobación de los acuerdos en comento por parte de los

presidentes del Consejo Superior y la secretaria general de la Universidad.

Con relación a las firmas de dos miembros del Consejo Superior

Universitario como presidentes de la sesión extraordinaria llevada a cabo

el 22 de diciembre de 2010, en la que se discutió y aprobó la modificación

del Estatuto General y el Reglamento Electoral de la Universidad, los

artículos 6° y 121 de la Constitución Política establecen:

“[…] Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.

[…] Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones
distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. […]”.

Por su parte, el literal a) del artículo 15 del Estatuto General de la

Universidad establece que el ministro de Educación Nacional o su

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delegado presidirán el Consejo Superior, además, el parágrafo 2° ibidem

ordena que en ausencia del ministro de Educación Nacional o su delegado

presidirá el cuerpo colegiado el miembro que designe el resto de sus

integrantes. Adicionalmente, el literal d) del artículo 19 ibidem señala que

son funciones del Consejo Superior la expedición o modificación de los

estatutos y reglamentos de la Universidad.

Así las cosas, la Sala evidencia que durante la sesión extraordinaria del

Consejo Superior de la Universidad núm. 069 de 22 de diciembre de 2010,

en la que se modifica el Estatuto General y se expide el Reglamento

Electoral, la doctora María Victoria Angulo, en su calidad de representante

del Ministerio de Educación, se retiró de la reunión antes de que la misma

finalizara, por lo cual, con fundamento en el parágrafo 2° del artículo 15

del Estatuto General de la Universidad, por decisión unánime de sus

miembros, continuó presidiendo el Consejo Superior el Biólogo Lindis

Javier Zambrano Rosero, representante del Presidente de la República.

En esa medida, los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre de 2010

fueron suscritos por quienes fungieron como presidentes del Consejo

Superior Universitario, particularmente, la doctora María Victoria Angulo,

representante del Ministerio de Educación, y el Biólogo Lindis Javier

Zambrano Rosero, presidente designado para la sesión en ausencia de la

representante del Ministerio de Educación. En consecuencia, los actos

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acusados fueron expedidos por los funcionarios designados por el Estatuto

General de la Universidad para tal fin.

Ahora, en cuanto a la autonomía universitaria, el artículo 69 de la

Constitución Política prevé:

[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del
Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.
[…]”.

En ese sentido, esta Sección ha señalado 13:

“[…]En relación con su contenido, la Corte Constitucional ha establecido
que la autonomía universitaria se proyecta en dos direcciones: de un lado,
en la facultad de los centros educativos de determinar su dirección
ideológica y, de otro, en la potestad de los entes de educación superior,
de dotarse de su propia organización interna, facetas éstas que se
concretan en la posibilidad de: (i) darse y modificar sus estatutos; (ii)
establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos
de sus directivos y administradores (iii) desarrollar sus planes de estudio
y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y
culturales; (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (iv)
asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar
sus propios bienes y recursos.14 […]”.

13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2015, expediente: 47001-23-33-000-
2012-00029-01. M.P: GUILLERMO VARGAS AYALA.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-1435 de 2000.

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En ese orden de ideas, la Sala considera que la creación de criterios

objetivos con ponderación determinada para cada uno de ellos en la

elección del rector de la Universidad no corresponde a una extralimitación

de la autonomía universitaria, en atención a que dicha regulación no

desconoce la participación de la comunidad académica en la designación

del rector, pues, por el contrario, permite seleccionar el candidato más

capacitado para ocupar el cargo de representante legal de la institución

educativa.

En gracia de discusión, el hecho de que se modifique la forma en la que

se selecciona al rector(a) de la Universidad, pasando de designarlo entre

dos candidatos que recomiende la comunidad académica a elegirlo entre

la terna de candidatos que resulte de conformidad con la puntuación

establecida en el Reglamento Electoral, particularmente, hoja de vida,

propuesta de desarrollo institucional y consulta entre la comunidad

académica (docentes y estudiantes), es un desarrollo válido del

principio de autonomía universitaria que no deja de lado la intervención

de la comunidad académica reconocida en el artículo 63 de la Ley 30 de

1992, sino que la complementa con otros aspectos como la formación

académica, la experiencia profesional y las propuestas de desarrollo

institucional que presente cada candidato.

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

Por consiguiente, para la Sala el artículo 4° del Acuerdo núm. 010-2010,

se encuentra acorde con el mandato previsto en el artículo 63 de la Ley

30 de 28 de diciembre de 1992.

Al respecto, resulta pertinente precisar que el rector es el representante

legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial

que debe ser designado por el consejo superior universitario, órgano de

dirección y de gobierno en el cual tiene presencia la comunidad

académica. Además, según lo señalado en la referida norma, la

designación, requisitos y calidades deben ser definidos por los respectivos

estatutos como, en efecto, sucedió (artículo 66 de la Ley 30 de 1992).

En virtud de lo anterior, está demostrado que los acuerdos, expedidos por

el Consejo Superior de la Universidad no trasgredieron los artículos 6°,

67, 69 y 121 de la Constitución Política, no fueron expedidos de manera

irregular, tampoco por funcionario incompetente, ni con extralimitación de

funciones.

Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de nulidad por sustracción de

materia del Acuerdo núm. 001 del 26 de enero de 2011, expedido con

fundamento en los acuerdos núms. 10 y 11 del 22 de diciembre de 2010,

es pertinente precisar que el hecho de que un acto administrativo, por

ministerio de la ley, haya perdido fuerza ejecutoria debido a la

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desaparición de sus fundamentos jurídicos —causal prevista en el artículo

66 del Código Contencioso Administrativo— no implica, por sí mismo, el

desconocimiento de normas superiores ni, en consecuencia, justifica su

anulación.

Lo anterior se refuerza con el hecho de que, en este caso, la pretensión

de nulidad de los acuerdos núms. 10 y 11 de 2010 carecía de vocación de

prosperidad.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda en

atención a que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad de

los acuerdos núms. 10 y 11 de 22 de diciembre de 2010, expedidos por

el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico y así se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos

365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 168 del

CCA, y atendiendo la conducta asumida por las partes, no se evidenció

temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que se abstendrá de

condenar en costas.

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Actor: JAIME ANDRÉS OLAYA RIVERA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

En firme esta providencia, archivar el expediente previo a las anotaciones

de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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