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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00244-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00244-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECRETAR la reanudación del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 71697 de 23 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar el estudio de las modificaciones de solicitud de patente presentada por la parte demandante, con el fin de estudiar si cumplen o no los requisitos previstos por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el examen definitivo de patentabilidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente de la referencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00244-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

1 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Núm. único de radicación: 11001032400020110024400
Demandante: The Kenneth´s Warren Institute
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tema: Oportunidad para la presentación de las modificaciones de la solicitud de
patente. Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por The Kenneth´s Warren
Institute, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la
nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010 y 71697 de 23 de
diciembre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones
de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda

1. The Kenneth´s Warren Institute1, en adelante la parte demandante, presentó
demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, para que se declare
la nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010, “Por la cual se
deniega una patente de invención”; y 71697 de 23 de diciembre de 2010, “Por la cual

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 1 a 6.
2 Cfr. Folios 59-90.
3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”.

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se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria
y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada, conceder, en favor de la parte demandada, la patente de la invención
“PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y
ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA”.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] 2.1. 1. Que se declare nula la Resolución No. 32758 expedida el 25 de junio de
2010 por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria
y Comercio, por medio de la cual se negó el privilegio de patente de invención titulada
"PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y
ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA" a nombre de THE KENNETH
S. WARREN INSTITUTE.

2. Que se declare nula la Resolución No. 71697 expedida el 23 de diciembre de 2010
por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y
Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución No. 32758 expedida el 25 de junio de 2010 confirmándola, y se declaró
agotada la vía gubernativa.

3. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el privilegio
de patente de invención a la creación denominada *PROTECCIÓN RESTAURACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A
ERITROPOYETINA a nombre de THE KENNETH S WARREN INSTITUTE, para la
totalidad de las reivindicaciones contenidas en el capítulo reivindicatorio presentado el
13 de julio de 2010 dentro del expediente de trámite núm. 03.054.618.

4. Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la
sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los
treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente,
en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se
establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

4 Cfr. Folio 26.

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4.1. Presentó, el 27 de junio de 2003, ante la parte demandada, la solicitud de patente
de invención titulada “PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS
TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA”.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 29 de octubre de 2004, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 545 sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm.
32758 de 25 de noviembre de 2010, negó la patente de invención solicitada.

4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 32758 de 25 de
noviembre de 2010 presentando modificaciones a la solicitud de patente de invención.

4.5. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 71697
de 23 de diciembre de 2010, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 32758 de 25 de noviembre de 2010.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de: i) los artículos 35 y 59 del Decreto
01 de 1984; y ii) los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

“[…]A TRAVÉS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIOLAN (sic) LOS
ARTÍCULOS 35 Y 59 DE (sic) CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
COLOMBIANO […]”.

6.1. Refirió que la vulneración de dichos artículos se configuró, en tanto, los actos
acusados no se pronunciaron sobre el capítulo reivindicatorio ni de los capítulos
reivindicatorios subsidiarios presentados junto con el recurso de reposición.

5 “Régimen común de Propiedad Industrial”

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6.2. Señaló, que al presentar el recurso de reposición presentó tres sets de
reivindicaciones: i) un Set A con las correcciones de las reivindicaciones originales; ii)
un Set B con reivindicaciones subsidiarias; y iii) un Set C con reivindicaciones limitadas
a composiciones farmacéuticas que comprenden EPO carbamilatos6, no obstante lo
anterior, el acto que resolvió el recurso de reposición no se pronunció respecto de los
capítulos reivindicatorios modificados7.

“[…]A TRAVÉS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14,
y 16 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. […]”.

6.3. Señaló que la invención contaba con novedad, nivel inventivo y aplicación
industrial, en relación con la novedad, adujo que la misma se hace evidente en que la
nueva función técnica de la EPO así como el procedimiento para su aplicabilidad no
se encontraba dentro del estado de la técnica8.

6.4. Consideró que, contrario a lo expuesto por la parte demandada, el objeto de la
invención es proveer nuevos usos para la administración de eritropoyetina, para lo
cual provee por primera vez composiciones farmacéuticas que contienen formas
modificadas de EPO que no han sido consideradas para uso farmacéutico. Al respecto
refirió que las formas modificadas de EPO, si bien ya habían sido descritas, se tenían
como inertes, razón por la cual es novedosa su aplicación en composiciones
farmacéuticas.

6.5. Indicó que no estamos ante el registro de un segundo uso, comoquiera que es la
primera vez que se usan estas formas de EPO razón por la cual sería patentables en
los términos de los artículos 14 y 169.

6.6. Adujo, respecto a D1 y a D6 que, “[…] aunque la referencia D1 puede incluir
productos proteínicos con secuencia total o parcial de EPO nativa, variantes
glicosiladas y no glicosiladas de EPO, y variantes truncadas y modificadas de las
mismas, la referencia D1 no divulga composiciones farmacéuticas para protección de
tejidos tal como se indica en las reivindicaciones pendientes. La referencia D1 divulga
EPO indinada y biotinilada solo como medios para rotular EPO (es decir, para detectar
EPO en muestras biológicas). La referencia D1 no divulga composiciones
farmacéuticas de EPO biotinilado o iodinado según se menciona en las

6 Cfr. Folios 70-71.
7 Cfr. Folio 72.
8 Cfr. Folio 75-76.
9 Cfr. Folio 78.

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reivindicaciones 30, 31, 37 y 47. Por lo tanto, la referencia D1 no enseña todos los
elementos de las presentes reivindicaciones y no puede usarse para combatir su
novedad […]”10.

6.7. Argumentó, en relación con D2, que “[…] La referencia D2 no contempla formas
específicas de EPO, ya que solo incluye una mención muy general en el sentido de
que las formas EPO utilizadas según la invención, pueden referirse, entre otras cosas,
a eritropoyetina humana, según ocurre naturalmente, o a productos de eritropoyetina
o análogos de eritropoyetina (en general: variantes o derivados de eritropoyetina), que
tienen modificaciones a la secuencia, tales como supresiones y sustituciones, o
modificaciones a las composiciones de carbohidratos. […] Asimismo, la referencia D2
reconoce que se propone EPO eritropoyética cuando recomienda protocolos para
eliminar o reducir los efectos secundarios asociados con tratamientos crónicos de la
técnica anterior, por ej. policitemia, hipertensión arterial y otros eventos trombóticos
(ver 18 y 5). En particular, la referencia D2 indica que solo unas pocas
administraciones de EPO son suficientes para el tratamiento, y por lo tanto, se evitan
los efectos secundarios y los riesgos de los tratamientos continuos con EPO
empleados para otras indicaciones Estos efectos secundarios de EPO, tales como
alta presión sanguínea o eventos trombóticos, se deben a la función eritropoyética de
EPO. En consecuencia, la referencia D2 no enseña el uso de EPO con actividad
eritropoyética defectuosa y por lo tanto no enseña todos los elementos de las
reivindicaciones y por lo tanto no puede usarse para combatir su novedad. […]”11.

6.8. Manifestó que las referencias D3 a D12 divulgan las EPO específicas modificadas
con reducida actividad eritropoyética que se reivindican, pero estas no mantienen la
funcionalidad protectora de tejidos por lo cual, en su concepto, no son susceptibles de
afectar la novedad de la invención12.

6.9. Sustentó lo anterior, indicando que “[…] Las reivindicaciones de la presente
solicitud de patente, requieren que las EPO (1) tengan modificaciones químicas
específicas que de hecho se describen adecuadamente en la especificación de la
solicitud, y (ii) que estas modificaciones resulten en una alteración estructural del
producto EPO que lo hace incapaz de ligarse a receptores eritropoyéticos EPO en los
glóbulos rojos, según se describe arriba. Por ejemplo, las proteínas EPO que se
mencionan en las reivindicaciones han estado sujetas a reacciones químicas que
alteran las cadenas secundarias de los aminoácidos constituyentes, haciendo que las

10 Cfr Folio 80.
11 Cfr. Folios 80 y 81.
12 Cfr. Folios 81-84.

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proteínas EPO resultantes sean físicamente incapaces de activar los receptores EPO
en los glóbulos rojos. Antes del hallazgo de los inventores, estas formas
estructuralmente alteradas de EPO (si es que se conocían) no se consideraba que
tuvieran ningún beneficio terapéutico, y por lo tanto, las composiciones farmacéuticas
que comprendían dichas formas de EPO no se conocían o contemplaban. […]”

Contestación de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

“[…] fundamentos de derecho […]”.

7.1. Refirió, en este punto, el trámite de solicitud de patentes ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, así como, el sustento normativo de dicho
trámite14, indicando que la solicitud de modificación de la patente fue presentada de
forma extemporánea.

“[…]. Legalidad de las resoluciones acusadas […]”

7.2. Señaló que los actos no adolecen de falta de motivación, comoquiera que se
realizó un análisis de la solicitud en la que se determinó que los argumentos
presentados por la parte demandante no desvirtuaban la falta de novedad de la
invención15.

7.3. Sostuvo, adicionalmente que: “[…] Con respecto a la reivindicación 1 de la
solicitud estudiada, se aclara que las características técnicas estructurales (que son
las que definen la materia que se desea proteger, las que se comparan con el estado
de la técnica y deberían hacer a la materia reivindicada diferente del estado de la
técnica) de las formas EPO reivindicadas son "las modificaciones (i) a (xviiii […]”.

Pero la reivindicación 1 también menciona que las formas EPO tienen "(a) actividad
protectora de tejido según se determina in vitro por el estudio P19 ò in vivo por el
estudio de lesión de la arteria cerebral media y (b) un nivel reducido de actividad
eritropoyética comparada con eritropoyetina nativa', las cuales ((a) y (b)) no son

13 Cfr. Folios 77-82
14 Cr. Folios 114-117.
15 Cfr. Folio 117.

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características técnicas estructurales porque no son las que definen la materia que se
desea proteger, ni las que se comparan con el estado de la técnica. [...]”16.

7.4. Argumentó respecto del nivel inventivo que “[…]Se aclara que la pretendida
ventaja, observada durante la administración de las composiciones, sería tema de
evaluación durante el examen de nivel inventivo. Pero, dado que las composiciones
no son nuevas, no hay un elemento diferencial, respecto al estado de la técnica, sobre
el cual se pueda hacer evaluación de nivel inventivo, porque la pregunta: "¿hay nivel
inventivo?" sólo surge si el objeto estudiado es nuevo. […]”17.

7.5. Concluyó, señalando que, dentro de cada anterioridad, se encuentran
enseñados los compuestos EPO reivindicados, resaltando que las diferencias, entre
los compuestos obrante en dichas reivindicaciones y aquellos reivindicados por la
parte demandante, se limitaban a los usos que se enuncian en las anterioridades y los
que se refieren en la solicitud y que en su calidad de usos no serían sujetos de
protección por vía de patente18.

7.6. Por último, propuso la excepción de caducidad de la acción, argumentando que:
“[…]Teniendo en cuenta que la Resolución No.32758 del 25 de junio de 2010 quedó
debidamente ejecutoriada para la parte demandante el 01 de febrero de 2011, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado ante
esa Honorable Corporación después del término legal de los cuatro (4) meses que
establece el artículo 136 arriba citado, es decir, un día después de su vencimiento, es
decir el 02 de junio de 2011. […]”19.

Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 2016 20 suspendió el
proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación
prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación
Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 201721, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:

16 ibidem.
17 Cfr. Folio 79.
18 Cfr. Folios 120-123.
19 Cfr. Folio 123
20 Cfr. Folio 131.
21 Cfr. Folios 140-146.

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“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación prejudicial de los Artículos 14 y
16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. los cuales se
interpretarán por ser procedentes. […]”22.

10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 2016 23, resolvió
sobre el decreto, la práctica, y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código
Contencioso Administrativo, mediante auto de 16 de mayo de 2018 24, corrió traslado
común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran
de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento
del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en
el mencionado artículo.

13. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la demanda25.

14. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) la reanudación del proceso; iii) sobre la excepción de
caducidad; iv) los actos administrativos acusados; v) el problema jurídico; vi) la
normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vii) el marco
normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; viii) la Interpretación Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017; ix)
el marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad; x) el marco normativo y
jurisprudencial sobre la oportunidad para la modificación de las solicitudes de patente;
xi) el marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad; y xii)
el análisis del caso concreto.

22 Cfr. Folio 303.
23 Cfr. Folio 130.
24 Cfr. Folio148.
25 Cfr. Folios 154-159.

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Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo26, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del
artículo 30827 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201128, sobre el régimen de transición
y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 29, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las
secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir
el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Sobre la reanudación del proceso

18. Vistos el artículo 33 del Anexo30 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de
199931 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión
500 de 22 de junio de 200132 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno.

19. Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y
remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
ii) que el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual fue incorporada
al expediente33; y iii) la Sala, en aplicación del principio de economía procesal,
decretará la reanudación del trámite procesal.

26
Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
27
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio
del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
28
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
29
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
30
Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de
1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de
1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia.
31
Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
32
“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
33
Cfr. Folios 106 a 117

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Sobre la excepción de caducidad

20. Visto el inciso 2.° del artículo 136 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre la
caducidad de las acciones, en especial, sobre la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, prevé que la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)
meses contados desde el día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo acusado, según sea el caso, so pena, de operar la
caducidad de la acción.

21. Atendiendo a que: i) la Resolución 71697 de 23 de diciembre de 2010, mediante
la cual se resolvió el recurso de reposición se notificó el 1.° de febrero de 2011, como
consta en la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia
de Industria y Comercio, visible a folio 50 del expediente; ii) el término de 4 meses
vencía el 2 junio de 2011; y iii) la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección
Primera del Consejo de Estado el 1.° de junio de 201134: esta Sala considera que, en
el presente asunto, no se encuentra probada la excepción de caducidad, propuesta
por la parte demandada.

Los actos administrativos acusados

22. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

22.1. La Resolución núm. 32758 de 25 de junio de 201035 mediante la cual el
Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención
denominada “PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS,
TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA”.

22.2. La Resolución núm. 71697 de 23 de diciembre de 201036, mediante la cual el
Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el
sentido de confirmar la Resolución núm. 32758 de 25 de junio de 2010.

El problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación
y en la Interpretación Prejudicial, determinar:

34
Cfr Folio 90.
35
Cfr. Folios 51-57.
36
Cfr. Folios 47 a 49.

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23.1. Si las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010; y 71697 de 23 de
diciembre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales se negó la patente de invención, denominada “PROTECCIÓN,
RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE
REACCIONAN A ERITROPOYETINA”, vulneraron o no los artículos 35 y 59 del
Decreto 01 de 2 de enero de 1984 y los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 14 de
septiembre de 2000.

23.2. En este sentido, se analizará si: i) la resolución que resolvió el recurso de
reposición debió pronunciarse respecto del capítulo reivindicatorio modificado
presentado por la parte demandante; de no ser así; ii) la solicitud cumple con los
requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000; y
iii) la solicitud de patente de invención cumple con el requisito de novedad previsto en
el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la
Interpretación Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017, en la que se
interpretaron los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000.

25. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad
de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al
restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena37, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en

37
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

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la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200038 de la Comisión de la Comunidad
Andina39.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina40

27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina41.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los
Estados Miembros.

29. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que

38
Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo
27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre
otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena
expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era
necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de
lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene
el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo
119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994,
en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el
campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba
y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus
Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento
para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de
las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 39
La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su
voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico
comunitario andino. 40
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el
Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de
13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que
creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor
para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

41
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.

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conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

30. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

31. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia
no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el
procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación
del Tribunal […]”.

32. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos
de la interpretación solicitada […]”.

33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”

La Interpretación Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017

34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación
Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este
caso:

“[…] 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada
a registro por THE KENNETH S. WARREN INSTITUTE no cumplía con los requisitos
de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, procede el análisis e
interpretación del Articulo 14 de la Decisión 486, que establece:

[…]

1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un
invento sea considerado patentable: ser novedoso, ¿tener nivel inventivo y ser
susceptible de aplicación industrial?

2. Análisis del requisito de novedad

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2.3. Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida
en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud
de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos
técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier
medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la
invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el
invento.
[…]

2.5. En este marco, el Tribunal ha establecido las siguientes reglas, como
determinantes de la existencia o no de novedad en un invento:

a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el
examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán
este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la
invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o
la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha
de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

2.6. . El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó
ciertos criterios que conviene transcribir:

"Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma
parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es
nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para
una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención
reivindicada será considerada nueva.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del
estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro
documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede
considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica
está incorporado en el primero.

Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente,
es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar
directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un documento habla
de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no
las mencione.

Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de
la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC)

Novedad; todo lo que no forma parte del estado de la técnica.
Falla de novedad se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva
de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera
explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en
documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio
conocimiento siempre que esté debida- mente acreditado. La impugnación de la
novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que
no se podrá combinar distintas fuentes de referencia.

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Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino
por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes
por tener la misma función, pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características
técnicas son las mismas, la novedad se afecta Este sería el caso de "manta" o
"toalla" que no presentan características técnicas distintas.

Una descripción especifica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.
En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen
ejemplos contenidos en dicho rango. Así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un
proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso
a 130 grados, no habría novedad"

2.7. Finalmente, se deberá realizar un examen pormenorizado de los elementos o
componentes tecnológicos que se encuentran en el estado de la técnica ya que, en
ocasiones a un elemento se le puede asignar nombres distintos pero sus características
son las mismas, en consecuencia, se afecta la novedad. […]”

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la oportunidad para la
modificación de las solicitudes de patente

35. Visto el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante de una patente podrá
pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que no
implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida
en la solicitud inicial, bajo el entendido que no se permite agregar informaciones
adicionales que resulten necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.

Marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad

36. Visto el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, se otorgarán patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnología, siempre que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y que
sean susceptibles de aplicación industrial.

Marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad

37. Visto el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención
tiene novedad, cuando no está comprendida en el estado de la técnica, el cual
comprende: i) todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita
u oral, por una utilización o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida; y ii) el contenido de
una solicitud de patente en trámite cuya fecha de presentación o prioridad fuese
anterior a la solicitud de la patente examinada, siempre que dicho contenido se
publique.

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Análisis del caso concreto

38. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a
los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver
los problemas jurídicos planteados.

39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial de esta Sección con fundamento en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la
oportunidad para modificar las solicitudes de patente y el análisis de los requisitos de
patentabilidad, particularmente, la novedad.

De los cargos de violación de los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984

40. La parte demandante, respecto de este punto señala que se vulneró lo previsto
en los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984, en la medida que el acto administrativo
que resolvió el recurso de reposición no se pronunció respecto de los tres sets de
reivindicaciones presentados por la parte demandante junto con su recurso de
reposición, reivindicaciones A con las correcciones, reivindicaciones B con unas
reivindicaciones subsidiarias y reivindicaciones C con un segundo grupo de
reivindicaciones subsidiarias.

41. Sobre dicho punto, esta Sala, en reiterada jurisprudencia42, ha considerado que
la solicitud de patente podrá ser sujeto de modificaciones, conversiones, divisiones o
fusiones con anterioridad a la decisión final. En ese sentido ha señalado que:

“[…] En punto de la oportunidad, la Corte Andina de Justicia destacó que la solicitud
fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de concesión de
patente, el cual, precisó, comprende todas aquellas etapas administrativas que se
deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el
acto administrativo en firme que la concede o la deniega. En ese escenario, advirtió
que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar
recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la
legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo.

Lo dicho, puntualizó, «quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo
que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición
fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se presenta en el término para
interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto,
que la solicitud fue radicada oportunamente».
(…)

En este contexto, cabe anotar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el acto
administrativo contra el cual se interpusieron recursos solo adquiere firmeza cuando

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de diciembre de
2021, número único de radiación 11001-03-24-000-2003-00350-01, Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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Núm. único de radicación: 11001032400020110024400

estos hayan sido resueltos. Así se colige del artículo 62 del CCA, precepto que, en
relación con la firmeza de los actos administrativos, dispuso:

«ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a
ellos.
4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos».

En el presente proceso está acreditado que la sociedad Novartis AG radicó una
solicitud divisional respecto de la solicitud parental en la misma fecha en que presentó
el recurso de reposición contra la Resolución no. 38861 de 29 de noviembre de 2002,
esto es, el 9 de enero de 200343. En ese orden de ideas, el trámite de concesión de
patente no había concluido, de manera que la solicitud divisional fue presentada
oportunamente. […]”.

42. Las consideraciones citadas supra fueron prohijadas recientemente en sentencia
de 14 de diciembre de 202244, en la cual se consideró que:

“[…] Es por ello que, para la Sala, no le asistió razón a la SIC al sostener en la Resolución
19071 de 27 de junio de 2007, que resolvió el recurso de reposición, que “antes de
solicitar la fusión, esta Superintendencia había decidido ya discontinuar los trámites de
las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (…) luego, dichas solicitudes no podían seguir su
trámite para fusionarse con la solicitud en cuestión (01-108448) y, por lo tanto, se repite,
la materia en ellas contenida no se podía tomar en consideración”; tal aseveración
desconoce que el momento en que se entiende finalizado el trámite de la solicitud de
patente es cuando el acto administrativo que la concede o la deniega queda en firme, de
manera que era deber de la oficina nacional analizar la solicitud de fusión elevada por el
señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO en los expedientes núms. 01.108.446 y
01.108.450, a efectos de examinar si cumplía o no los requisitos señalados por la norma
comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada
para así efectuar el examen definitivo de patentabilidad. […]”

43. De conformidad con el expediente administrativo, la parte demandada negó la
patente de invención denominada “PROTECCIÓN RESTAURACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A
ERITROPOYETINA” mediante la Resolución núm. 71697 de 23 de diciembre de 2010.
La parte demandante presentó recurso de reposición45 el cual acompañó con un
nuevo capítulo reivindicatorio46 y pagó la tasa de modificación de la solicitud47.

44. La parte demandada al resolver el recurso de reposición manifestó que “[…]Se
aclara que la solicitud de patente se somete a trámite de acuerdo con los Art. 38 a 48
de la Decisión 486, y las modificaciones, conversiones, divisiones o fusiones, solo se
pueden presentar antes de la decisión final prevista en el Art. 48: por lo tanto, el

43 Folios 228 a 233 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 28 y 29 del cuaderno principal.
44 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 14 de diciembre de

2022; Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón.
45 Cfr. Folio 209-215.
46 Cfr. Folios 217-230.
47 Cfr. Folio 216.

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capítulo reivindicatorio presentado en este Recurso de Reposición y la información
adicional no serán tenidos en cuenta para el actual estudio […]”48.

45. Atendiendo a que: i) el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, previó la posibilidad
de que el solicitante de una patente modifique la solicitud en cualquier momento del
trámite, siempre que no implique una ampliación de la protección correspondiente a
la divulgación contenida en la solicitud inicial; ii) esta Sala ha considerado que la
finalización del trámite ocurre cuando el acto que resuelve la solicitud de patente
queda en firme; iii) la modificación de la solicitud ocurrió el 13 de julio de 2010, esto
es, dentro del término de ejecutoria de la resolución que negó la patente de invención;
y iv) la parte demandada no tuvo en cuenta el capítulo modificado de la patente al
momento de resolver el recurso de reposición, esta Sala considera que la parte
demandada vulneró los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984, al no haberse
pronunciado sobre el capítulo reivindicatorio modificado presentado de forma oportuna
por la parte demandante.

46. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos
administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los
problemas jurídicos expresados supra, respecto de si la solicitud de patente de
invención cumple o no con los requisitos previstos en los artículos 14 y 16 de la
Decisión 486 de 2000, bajo el entendido de que el estudio de patentabilidad llevado a
cabo por la oficina nacional pudo ser incompleto, por la falta de resolución de la
solicitud de modificación elevada por el peticionario.

Sobre el restablecimiento del derecho

47. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, en síntesis
que se ordenara a la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] conceder el
privilegio de patente de invención […] para la totalidad de las reivindicaciones
contenidas en el capítulo reivindicatorio […]”, lo cual es improcedente, toda vez que la
Sala ha considerado que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de
la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el
mencionado análisis de verificación de requisitos de la modificación de la solicitud de
patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y asimismo,
determinar si la modificación de la solicitud cumple o no con los requisitos de
patentabilidad previstos en el ordenamiento andino49.

48
Cfr. Folio 340 del cuaderno de Antecedentes Administrativos.
49
Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 14 de diciembre
de 2022; Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón.

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48. Por lo expuesto anteriormente, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio realice el estudio de las
modificaciones de solicitud de patente presentada por la parte demandante, con el fin
de estudiar si cumplen o no los requisitos previstos por la norma comunitaria para su
aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el
examen definitivo de patentabilidad.

Conclusiones

49. Comoquiera que: i) la parte demandada, al resolver el recurso de reposición,
omitió pronunciarse frente al capítulo reivindicatorio modificado, presentado por la
parte demandante; ii) la modificación de la solicitud se puede realizar hasta la firmeza
del acto que decide la solicitud de patente; y iii) la modificación se realizó durante el
término de ejecutoria del acto administrativo que resolvió, en primera instancia, la
solicitud de patente, esta Sala considera que le correspondía a la parte demandada
hacer el análisis de patentabilidad, teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio
modificado, por lo cual, se considera que se vulneraron los artículos 35 y 59 del
Decreto 01 de 1984.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR la reanudación del proceso, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la
parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio
de 2010, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 71697 de 23 de
diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por
el Superintendente de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

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20

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CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Superintendencia
de Industria y Comercio realizar el estudio de las modificaciones de solicitud de
patente presentada por la parte demandante, con el fin de estudiar si cumplen o no
los requisitos previstos por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso
afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el examen definitivo de
patentabilidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente de la referencia, dejando
las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
Con salvamento parcial de voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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