RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2011-00254-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00254-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00254-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00254-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

6 de marzo de 2025

1

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: GERMÁN VALENCIA LUNA
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO-JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por GERMÁN
VALENCIA LUNA, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo
84 del C.C.A, en contra de la Resolución 74 del 27 de mayo de 2002, expedida
por la Junta Central de Contadores, por medio de la cual se “reglamentan los
certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de
contador público, de sociedades de contadores públicos, personas jurídicas
prestadoras de servicios contables, y se establece el procedimiento para su
expedición”.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

El señor Germán Valencia Luna presentó demanda1 en la que formuló las
siguientes:

1
Folios 204 a 209 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado
en el índice número.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

I.1.1. Pretensiones

“1. Se declare la Nulidad de la resolución 074 de 2002, mediante la cual se
impuso el pago de una contribución parafiscal cada tres meses en forma
exclusiva en cabeza de los contadores públicos, sociedades de contadores
públicos, y personas jurídicas prestadoras de servicios contables, por tener
que solicitar obligatoriamente certificaciones de vigencia de inscripción y
antecedentes disciplinarios. Nulidad solicitada sobre la base de los cargos
planteados que demuestran que la contribución es ilegal ya que fue creada por
medio de un acto administrativo sin la jerarquía y fundamentos legales
requeridos y fue expedido por un organismo sin competencia legislativa para
promulgarlo, como lo es la Junta Central de Contadores.

2. Bajo los mismos cargos, se declare la nulidad de las circulares No. 040 de
2003, 043 de 2005, 008 de 2008 y 001 de 2009, mediante las cuales y como
complemento a la resolución anterior han servido de vehículo para publicar,
promover y volver costumbre la exigencia a la sociedad en general y
específicamente a las demás entidades del Estado de exigir a los Contadores
Públicos, sociedades de contadores y persona jurídicas prestadoras de
servicios contables adjuntar siempre el certificado de vigencia de inscripción y
antecedentes disciplinarios cuando entablen en ejercicio de la profesión
servicios con particulares o en las actuaciones que estos profesionales adelante
ante las entidades públicas, lo que sin duda alguna ha sido determinante para
que el cobro de la ilegal contribución parafiscal creada a través de la resolución
074 de 2002, solicitada en nulidad, haya permitido los niveles de expedición
de certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios y en consecuencia las
altas sumas de dinero ilegalmente recaudadas por este concepto, que sin duda
alguna no se hubieran logrado sino se publicita e impone de la forma como se
ha venido haciendo.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones queden afectados
también de nulidad y por los mismos cargos, las normas que regulen igual
materia como la resolución 229 de noviembre 04 de 2004 y las que regulando
los mismos aspectos recobren su vigencia como resultado de la declaratoria
de nulidad de la resolución 074 de 2002, PAG 150/159 norma que había
derogado de forma expresa la resolución 152 de 2000; de igual forma la
resolución 042 de 1999 derogada por la resolución 229 de noviembre 04 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

2004, todas proferidas por la Junta Central de Contadores bajo el mismo
objeto, cobrar una contribución parafiscal por la expedición de los certificados
de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios. Nulidades bajo la base
y argumentación y cargos expuestos en la presente demanda y que en general
están atacando la contribución parafiscal creada por la Junta Central de
Contadores, a través de la resolución 074 de 2002, impuesta en forma
exclusiva en cabeza de los Contadores, sociedades de contadores públicos, y
personas jurídicas prestadoras de servicios contables por tener que solicitar
obligatoriamente certificaciones de vigencia de y antecedentes disciplinarios,
y que deben pagar cada tres meses a un valor indexado anualmente, así:

Resolución 042 Resolución 152 de Resolución 229
mayo 13 de 1999 2000 (Derogada x noviembre 04 de
(Derogada x resol resol 074 de 2002) 2004
229 2004)
ARTÍCULO ARTICULO PRIMERO ARTICULO
PRIMERO. Las Facultar al Director PRIMERO. Las
normas contenidas General y a los normas contenidas
en la presente Presidentes de las en la presente
resolución se aplican Juntas Seccionales, resolución se
a las sociedades de para expedir los aplican a las
Contadores certificados de Sociedades de
constituidas vigencia de Contadores
términos en Públicos inscripción y de Públicos
los del artículo cuarto antecedentes constituidas en los
de la Ley 43 de 1990, disciplinarios términos del
a las empresas solicitados por artículo 4 de la Ley
unipersonales contadores los 43 de 1990, a la
constituidas por públicos, sociedades Empresas
Contadores Públicos de contadores Unipersonales
debidamente públicos y jurídicas constituidas
inscritos y a las personas prestadoras Contadores por
personas jurídicas en de servicios Públicos
general, con o sin contables, en debidamente
ánimo de lucro, que atención a la inscritos ya las
contemplen dentro información Personas Jurídicas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

de su objeto la registrada en la base en general. Con o
realización de de datos, y de sin ánimo de lucro,
actividades acuerdo con los actos que contemplen
relacionadas con la administrativos dentro de su objeto
ciencia contable o la ejecutoriados que la realización de
prestación de impongan sanciones actividades
servicios inherentes disciplinarias de relacionadas con la
a esta disciplina. amonestación, ciencia contable la
multa, suspensión y prestación de
cancelación de la servicios
inscripción. inherentes a esta
disciplina.
ARTICULO DECIMO ARTICULO ARTICULO DÉCIMO
CUARTO. La Junta SEGUNDO. Los CUARTO. La Junta
Central de certificados de Central de
Contadores expedirá vigencia de Contadores
certificados de inscripción y de expedirá
vigencia de antecedentes certificados de
inscripción y de disciplinarios se vigencia de
antecedentes expedirán, previa inscripción y de
disciplinarios a los solicitud del antecedentes
entes descritos en el interesado, cuando disciplinarios a los
artículo primero de la se requiera acreditar entes articulo
presente resolución, la calidad de descritos en el
los cuales tendrán Contador Público, primero de la
una vigencia de tres sociedad de presente
meses y un costo contadores públicos o resolución, los
equivalente a dos (2) persona jurídica cuales tendrán una
salarios mínimos leg inscrita ante la Junta vigencia de tres
ales diarios vigentes Central de meses y un costo
a la fecha de Contadores, equivalente a dos
radicación de la habilitados por tanto (2) salarios
solicitud, para ejercer la mínimos legales
aproximado al profesión, y siempre diarios vigentes a
múltiplo de mil más que se solicite la fecha de
cercano. información histórica radicación de la
sobre los solicitud,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

antecedentes aproximado al
disciplinarios del múltiplo de mil más
inscrito. cercano.
ARTÍCULO DÉCIMO ARTÍCULO TERCERO, DÉCIMO CUARTO.
CUARTO. La Junta de ARTICULO La Junta Central de
Central de Parágrafo segundo: Contadores
Contadores enviaría De igual manera, enviaría a los
a los organismos de cuando el inscrito organismos de
control, inspección y registre sanción control, inspección
vigilancia del Estado, disciplinaria y vigilancia del
la relación de los pendiente de Estado, la relación
entes inscritos en los ejecución, tal de las sanciones
términos previstos circunstancia se hará ejecutoriadas
en la presente constar en el impuestas como
resolución y, cuando certificado resultado de las
hubiere lugar a ello, respectivo. investigaciones
las sanciones disciplinarias
impuestas como adelantadas contra
resultado de las los entes inscritos
investigaciones en los términos
disciplinarias previstos en la
adelantadas. presente
resolución.
ARTICULO SEXTO.
Para el trámite de las
solicitudes de
expedición de los
certificados de
vigencia de
inscripción y
antecedentes
disciplinarios se
observará el
siguiente
procedimiento: d)
Los certificados de
vigencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

inscripción y de
antecedentes
disciplinarios
solamente se
entregarán al
Contador Público
inscrito o al
representante legal
de la sociedad de
contadores públicos o
de la persona jurídica
registrada, y a las
autoridades que los
requieran, salvo
cuando el interesado
faculte para su
trámite a una tercera
persona, quien para
efectos de su
reclamación deberá
presentar el
documento de
autorización
correspondiente,
suscrito y
autenticado por el
profesional inscrito,
acompañado de la
fotocopia de la cédula
de ciudadanía del
autorizado.
ARTÍCULO SEPTIMO.
Los certificados de
vigencia de
inscripción y
antecedentes
disciplinarios,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

tendrán una vigencia
de tres (3) meses,
contados a partir de
su expedición, y su
valor será el vigente
a la fecha de
radicación de la
respectiva solicitud.
ARTÍCULO DECIMO.
En ejercicio de la
facultad conferida
por el ordinal 1° del
artículo 20 de la Ley
43 de 1990, la Junta
Central de
Contadores en forma
periódica enviará a
las
Superintendencias y
demás organismos
de control,
inspección y
vigilancia del Estado,
la relación de
Contadores Públicos,
sociedades de
contadores públicos o
personas jurídicas
prestadoras de
servicios contables,
sancionados en
virtud de
providencias
debidamente
ejecutoriadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

I.1.2. Fundamentos de la demanda.

I.1.2.1. La Junta Central de Contadores, mediante Resolución 074 de
2002, reglamentó los certificados de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios de contador público, de sociedades de contadores públicos y
personas jurídicas prestadoras de servicios contables, y estableció el
procedimiento para su expedición.

I.1.2.2. El demandante señaló que, según el numeral 3 y el parágrafo del
artículo 20 de la Ley 43 de 1990, a la Junta Central de Contadores únicamente
le corresponde expedir, a costa del interesado, las certificaciones que le fueron
otorgadas conforme a sus facultades legales, esto es, la tarjeta profesional y
su reglamentación, y las demás certificaciones que legalmente estuviera
facultada para expedir, así como el valor de las certificaciones fijadas por la
junta.

I.1.2.3. Manifestó que la Junta Central de Contadores excedió los límites
de la potestad reglamentaria, porque la Resolución 074 de 2002 introdujo -en
exceso- la expedición de certificados de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios de contador público, de sociedades de contadores públicos,
personas jurídicas prestadoras de servicios contables, y estableció el
procedimiento para su expedición, sin contar con facultades para hacerlo.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son
violatorios de lo dispuesto en los artículos 2, 13, 25, 26, 83, 84, 150, 333, 338
de la Constitución Política; el artículo 20 de la ley 43 de 1990, ley 734 de 2002,
Decreto 1235 de 1991, y Las Resoluciones 143 de 2002, 156 de 2003 y 464
de 2008 de la Procuraduría General de la Nación

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Sostuvo que los artículos 1, 2 y 5 de la Resolución 074 de 2002
de la Junta Central de Contadores son contrarios a lo dispuesto por el artículo
20 de la ley 43 de 1990, porque el numeral 3º del artículo 20 y parágrafo no
facultaron a la Junta para crear por esta vía una contribución parafiscal tácita

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

que se cobra a los contadores o a las personas jurídicas prestadoras de
servicios contables, en contradicción con el numeral 12 del artículo 150 de la
Constitución Política, que prevé esta facultad al Congreso.

Explicó que el artículo 5° de la disposición acusada es contrario al artículo 338
de la Constitución Política, porque sólo de manera excepcional las
corporaciones públicas pueden delegar en el ejecutivo la fijación única de las
tarifas por las tasas o contribuciones que cobren a los ciudadanos como
recuperación de los costos de servicios, y el método para definir tales costos
y beneficios, así como la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por las
mismas corporaciones a través de la ley, las ordenanzas o los acuerdos, en
aplicación del inciso 2º del artículo 338 de la Constitución. Manifestó que la
Resolución demandada no cumple con ninguna de las exigencias legales.

Sostuvo que el artículo 5 de la Resolución 074 de 2002 es contrario al artículo
2 de la Constitución, porque no es la función del Ejecutivo, a través de
organismos administrativos, obtener renta por los servicios que prestan a los
ciudadanos, sino que es fin del Estado servir a la comunidad y asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y agregó
que solo excepcionalmente hay función generadora de renta de la rama
ejecutiva en los casos de las sociedades de economía mixta y las empresas
industriales y comerciales.

Afirmó que la disposición es contraria al artículo 13 de la Constitución, porque
impuso la obligación de solicitar certificados de vigencia de inscripción y
antecedentes disciplinarios cada tres meses como requisito para ejercer la
profesión y con un valor fijo que incrementa cada año, que se realiza a través
de contribución parafiscal, a diferencia de otras profesiones como medicina,
derecho, administración de empresas (en que no se tiene el certificado de
vigencia para ejercer la profesión).

Resaltó que la Procuraduría General de la Nación expide, a través del sistema
SIRI, y de manera gratuita, un documento que contempla la misma
información reportada por los colegios o entidades que agrupan profesiones
liberales, entre ellas la Junta Central de Contadores, en donde consta cuando,
por razones disciplinarias, se imponen sanciones de suspensión o exclusión de
la profesión, y dijo que debía entenderse como una duplicidad de funciones de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

la administración. En ese sentido dijo que el certificado se volvió un imperativo
laboral, porque por circulares internas de la misma Junta Central de
Contadores las entidades lo tienen incorporado dentro en los procedimientos
al exigir el Certificado de Vigencia de Inscripción y antecedentes disciplinarios.

Manifestó que con la Resolución 074 de 2002 se estaba vulnerando el artículo
25 de la Constitución, en el sentido de limitar el derecho al trabajo de los
contadores y empresas que prestan servicios contables, quienes, después de
haber cumplido los requisitos de idoneidad en el conocimiento, resultarían
limitados, porque su mismo organismo de control y vigilancia, a través de un
tributo creado sin competencia, pone en condiciones de desigualdad frente a
otras profesiones y oficio, para ejercer el derecho al trabajo.

Adujo que había un acto de mala fe por parte de la Junta Central de
Contadores, contrario al artículo 83 de la Constitución Política, porque, con
pleno conocimiento de las regulaciones que le imponen el deber legal de
suministrar información a la Procuraduría acerca de los contadores
sancionados, con suspensión o exclusión de la profesión, se dispuso a la
creación de la Resolución atacada y reforzó su existencia y eficacia con
circulares que consolidan la obligación, siendo que la Procuraduría expide un
documento de manera gratuita, con la información requerida para el ejercicio
de la profesión.

Finalmente, indicó que la Resolución 074 de 2002 desarmoniza con el artículo
84 y 333 de la Constitución, al imponer mayores limitaciones y requisitos
adicionales para el ejercicio de la profesión de contador y de la actividad
económica que proviene de una iniciática privada.

I.2. Contestación de la demanda

La Junta Central de Contadores, a través de apoderado judicial, contestó la
demanda de la siguiente manera2:

Afirmó que el artículo 11 de la ley 1314 de 2009 habilita a la Junta Central de
Contadores para que pueda destinar para su funcionamiento las sumas que se

2
Folios 268 a 281 del expediente de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

cobren por concepto de inscripción profesional de los contadores públicos y de
las entidades que presten servicios al público en general, propios de la ciencia
contable como profesión liberal, por la expedición de tarjetas y registros
profesional, certificados de antecedentes, de las publicaciones y dictámenes
periciales de estos organismos.

Señaló que, como fedatarios públicos de los profesionales de la contaduría
pública y dado el riesgo social que implica la profesión contable como garante
de los fines del Estado y la sociedad, el artículo 20 de la ley 43 de 1990 le
confirió a la Junta Central de Contadores ejercer la inspección y vigilancia, para
garantizar que la Contaduría Pública solo sea ejercida por contadores públicos
debidamente inscritos, y que quienes ejerzan la profesión lo hagan conforme
con las normas legales, y quienes no cumplan la normatividad sean
sancionados.

Manifestó que, conforme a la ley 43 de 1990 y el artículo 9 de la ley 1314 de
2009, a la Junta Central de Contadores le corresponde expedir las
certificaciones que legalmente esté facultada para hacer, y, de conformidad
con el artículo 20 de la ley 43 de 1990, podía, a través de su normatividad
interna, expedir y fijar el valor de los certificados de vigencia de inscripción y
antecedentes disciplinarios. Luego señaló que el valor de los certificados de
vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios ha constituido una fuente
de ingresos para la Junta Central de Contadores y, por tanto, una fuente de
financiación del Estado.

Sostuvo que, bajo el principio de legalidad, se incorporan los ingresos y gastos
en el presupuesto, y que para incluir estos recursos en la ley anual de
presupuesto debe establecerse el monto de ingresos y los gastos, como una
autorización máxima del mismo a los órganos que lo conforman, en los
términos del artículo 346 de la Constitución Política.

Indicó que en este caso no se podía hablar de la creación de una contribución
parafiscal, porque no se cumplían los requisitos para clasificarlo de esa
manera, pues, si bien estaba dirigido al sector contable, no era obligatorio
pagar cada tres meses como se había expresado, sino que el término
contemplado obedece más bien al periodo de vigencia del certificado (como
también ocurre con otros certificados- por ejemplo- el que se obtiene conforme

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

a la ley 734 de 2002); También dijo que, cuando la Resolución 074 de 2002
se refiere a contadores públicos, sociedades de contadores y personas jurídicas
prestadoras de servicios contables, no implica que el certificado solo pueda ser
solicitado por estos actores, sino por cualquiera que lo necesite.

I.3. Mediante auto del 2 de diciembre de 2011, se resolvió negar la
suspensión provisional del acto acusado, en tanto, prima facie, se advirtió que
la Junta Central de Contadores tenía competencia para expedir y cobrar por el
certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de los
contadores públicos y sociedades de contadores públicos y personas jurídicas
prestadoras de servicios contables.

Adicionalmente, indicó que no se advertía una vulneración a las normas
constitucionales invocadas a primera vista, por lo que debía surtirse el trámite
procesal para estudiar el cargo en la sentencia.

I.4. Alegatos de conclusión y concepto del ministerio público

Mediante auto de 28 de mayo de 2018, se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión.

La actora reiteró los argumentos planteados con su demanda y agregó3:

En los términos de la ley 43 de 1990, las sumas que se cobran por la expedición
de certificaciones de la Resolución 074 de 2002 tiene estructura de
contribución parafiscal, porque es exclusivamente para el funcionamiento de
la Junta Central de Contadores y no integra el presupuesto de la Nación, así
como tiene el carácter de obligatorio, porque de no pedirse cada tres meses
impide que el contador pueda certificar hechos económicos de la profesión,
tales como estados financieros, certificaciones de ingresos y cualquier informe
que requiera la fe pública del contador.

Afirmó que esa contribución es un pago adicional para el sostenimiento de la
Junta Central, que no genera una contraprestación para el solicitante que le
represente una utilidad real.

3
Folios 305-400 del expediente de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

I.4.1. La Junta Central de Contadores replicó los argumentos
expuestos en su contestación4.

I.4.2. El Ministerio Público manifestó que no encontraba que la Junta
Central de Contadores hubiera desbordado el alcance del numeral 3 del artículo
20 de la ley 43 de 1990, porque, conforme a la norma, la Junta Central de
Contadores no solo goza de competencia para reglamentar la expedición de la
tarjeta profesional, sino también para desarrollar los aspectos operativos y
necesarios de las certificaciones que legalmente está facultada para expedir,
y que en la resolución atacada se están efectuando aspectos operativos tales
como el contenido, la vigencia y el procedimiento para expedir las
certificaciones y no incorpora requisitos adicionales para el ejercicio de las
profesión de contador5.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Acto administrativo demandado.

4
Folios 383-384 del expediente de la referencia.
5
Folios 403-409 del expediente de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

II.2. Cuestión previa.

En el aparte de pretensiones de la demanda, el actor planteo tres. La primera
dirigida a que se estudie la legalidad de la Resolución 074 de 2002. La segunda,
se solicita con fundamento en los cargos planteados para aquel acto, la nulidad
de las circulares Nro. 040 de 2003, 043 de 2005, 008 de 2008 y 001 de 2009,
comoquiera que las entiende como un complemento a la Resolución 074 de
2002 y la tercera, como consecuencia de la eventual nulidad de este acto, se
solicita la nulidad de las normas que regulen igual materia, como es el caso de
la Resolución 229 de 4 de noviembre de 2004 y cualquier otra que
eventualmente recobre su vigencia.

Nótese que sin plantearlo como pretensiones principales y subsidiarias
expresamente el objeto principal del litigio en el caso concreto corresponde a
la nulidad de la Resolución 074 de 2002, recogida en la pretensión primera.
Las dos siguientes, corresponden a pretensiones complementarias o derivadas
de aquella.

Respecto de la pretensión tercera, si bien el actor individualiza la Resolución
229 de 4 de noviembre de 2004, y aquellas que eventualmente cobrarían
vigencia con la declaratoria de nulidad de la Resolución 074 de 2002, para
efectos de realizar un pronunciamiento resulta necesario individualizar además
del acto los cargos que se plantean contra estos, comoquiera que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es una justicia rogada, en la que
la parte demandante debe cumplir con esta carga procesal.

II.3. Identificación de los problemas a resolver

Según lo descrito en la demanda, advierte la Sala que el actor planteó dos
cargos de nulidad. En primera medida indicó como causal la falta de
competencia de la Junta Central de Contadores, y en segunda medida, la
vulneración a normas de rango constitucional.

En cuanto al primer cargo, debe la Sala establecer si es nulo, por falta de
competencia, el acto mediante el cual se reglamenta la expedición de los
certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

contador público, de sociedades de contadores públicos y personas jurídicas
prestadoras de servicios contables, expedido por la Junta Central de
Contadores.

En cuanto a las normas de rango constitucional, debe la Sala establecer si con
la exigencia y costo del certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios de contador público, de sociedades de contadores públicos y
personas jurídicas prestadoras de servicios contables se vulnera el derecho a
la igualdad y al trabajo de las personas naturales y jurídicas que ejercen la
actividad profesional de contaduría pública.

II.4. Análisis de la Sala

II.4.1. Establece la ley 43 de 1990, por la cual se reglamenta la profesión del
contador público, en su artículo 20, numeral 3°, entre las funciones de la Junta
Central de Contadores, la de “Expedir, a costa del interesado, la tarjeta
profesional y su reglamentación, las certificaciones que legalmente esté
facultada para expedir”.

Adicionalmente, en este mismo artículo se otorgó a la Junta las funciones de
inspección y vigilancia, así como la de efectuar la inscripción de contadores
públicos, suspenderla o cancelarla cuando haya lugar a ello; así mismo llevar
su registro.

Ahora bien, indica la entidad demandada que la expedición del certificado de
vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de contador público, de
sociedades de contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de
servicios contables, es la expresión de estas funciones, es decir, que se expide
en su ejercicio.

Nótese que esta explicación sería suficiente para negar las pretensiones de la
demanda, pues efectivamente el legislador le otorgó la competencia a la Junta
Central de Contadores para expedir las certificaciones que legalmente esté
facultada para ello, por lo que resulta claro que puede y debe certificar cuándo
una persona natural o jurídica está habilitada para ejercer la actividad de
contaduría, y si ha tenido o no alguna sanción disciplinaria.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

No obstante, debe la Sala estudiar si la expedición del certificado, como lo
indica el demandante, implica una contribución parafiscal, pues de serlo,
efectivamente el acto acusado sería contrario a la Constitución, en particular
a los artículos 150 numeral 12 y 338.

En el decreto 111 de 1996, artículo 29, se definen las contribuciones
parafiscales como “los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la
ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se
utilizan para beneficio del propio sector”.

A partir de esta definición la Corte Constitucional en sentencia C-152 de 1997,
al estudiar la naturaleza jurídica de las contribuciones parafiscales, estableció
lo siguiente:

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tratado de determinar
los elementos propios de las contribuciones parafiscales, así:

“Para sistematizar, la Corte observa que los recursos parafiscales
tienen tres elementos materiales, a saber:

“1) Obligatoriedad: el recurso parafiscal es de observancia
obligatoria por quienes se hallen dentro de los supuestos de la
norma creadora del mencionado recurso, por tanto el Estado tiene
el poder coercitivo para garantizar su cumplimiento.

“2) Singularidad: en oposición al impuesto, el recurso parafiscal
tiene la característica de afectar un determinado y único grupo
social o económico.

“3) Destinación Sectorial: los recursos extraídos del sector o
sectores económicos o sociales determinados se revierten en
beneficio exclusivo del propio sector o sectores.” ( Sentencia C-
490 de 1993, de octubre 28 de 1993, Magistrado ponente, doctor
Alejandro Martínez Caballero).

En otras dos sentencias se dijo:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

"Ha decidido la Corte que las contribuciones parafiscales son
obligatorias, afectan solamente a un grupo o sector económico y
se destinan al mismo. Igualmente, ha establecido que los recursos
parafiscales son públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo o sector que los tributa"
(Sentencia C-273/96, de 20 de junio de 1996, Magistrado
ponente, doctor Jorge Arango Mejía).

“La parafiscalidad se basa en la pretensión básica de que los
sujetos gravados, en últimas, terminan siendo los sujetos
beneficiados con el gravamen. Violaría la equidad del sistema
tributario, que la parafiscalidad se construyera a partir del
sacrificio de personas o grupos que no se conciben en la ley que
la instituye como sujetos beneficiarios de la misma” (Sentencia C-
253/95, de junio 7 de 1995, Magistrado ponente, doctor Eduardo
Cifuentes Muñoz).

En conclusión, según la Constitución y la ley orgánica de presupuesto, y
de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, las características
esenciales de las contribuciones parafiscales son éstas:

1a. Son obligatorias, porque se exigen, como todos los impuestos y
contribuciones, en ejercicio del poder coercitivo del Estado;

2a. Gravan únicamente un grupo, gremio o sector económico;

3a. Se invierten exclusivamente en beneficio del grupo, gremio o
sector económico que las tributa;

4a. Son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que
los tributa”.

Al revisar estos elementos, resulta evidente que la expedición del certificado
de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de contador público,
de sociedades de contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de
servicios contables, no tiene la connotación de una contribución parafiscal,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

como se pasa a explicar.

En primer lugar, no tiene la condición de obligatorio, pues se expide a solicitud
del interesado, que no sólo es la persona natural o jurídica que ejerce la
actividad, sino cualquiera que lo requiera, tal cual lo indica el artículo 2° del
acto acusado. Es decir, independientemente de la vigencia del certificado, no
es cierto lo que afirma el actor, que debe ser solicitado cada tres meses, sino
cada tanto se requiera por quien lo necesita.

Dicho esto, resulta pertinente destacar que el período de vigencia del
certificado es una circunstancia necesaria de toda certificación, máxime
cuando se trata de acreditar la idoneidad de algunas actividades profesionales
como lo es la contaduría pública, pues es de suma importancia para la sociedad
en general que se garantice que quien ejerce este tipo de actividad en
determinado momento sea el idóneo y esté habilitado para ello, pues es la
misma legislación que exige en algunos casos la firma del contador público
para que ciertos documentos gocen de plena validez, verbi gracia, los estados
financieros de la sociedad.

Tampoco es un gravamen, comoquiera que no es una carga que debe
cumplirse por el poder coercitivo del Estado, pues, se insiste, es la
materialización del cumplimiento de una función legal que le fue conferida a la
Junta Central de Contadores que se ejerce a solicitud de quien lo requiere.

Como se puede apreciar, la expedición del certificado de vigencia de inscripción
y antecedentes disciplinarios de contador público, de sociedades de contadores
públicos y personas jurídicas prestadoras de servicios contables, no tiene la
connotación de contribución parafiscal, pues simplemente se trata de un
trámite autorizado por la ley, por el cual el órgano rector de la profesión de
contaduría pública cobra una suma de dinero por su expedición, que el
legislador le autorizó hacerlo, por lo que no procede el cargo formulado por el
actor.

II.4.2. En cuanto al cargo de violación de normas de rango constitucional, la
Sala lo abordará desde las dos dimensiones que plantea el actor, esto es, si se
vulnera el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo con ocasión de la
exigencia del certificado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

II.4.2.1. En cuanto al derecho a la igualdad, plantea el actor que mediante la
reglamentación acusada se exige a los contadores solicitar cada tres meses el
certificado de vigencia para ejercer su profesión, obligación que únicamente
tienen estos profesionales. Para sustentar su dicho compara la situación de los
contadores con los abogados y médicos, casos en los cuales se administra un
registro y no se realiza cobro por la expedición de los certificados respectivos.
Adicionalmente, indica que existe el sistema de información de registro de
sanciones y causas de inhabilidad, a partir del cual las entidades que agrupan
a los profesionales liberales deben reportar las sanciones a la Procuraduría
General de la Nación, por lo que estimó que se cobre por esta información,
vulnera el derecho a la igualdad, pues en ese sistema la misma información
puede ser descargada de manera gratuita, pero el acto acusado nada dispone
respecto a esta obligación, incumpliendo así lo indicado en el decreto 1235 de
1991, artículo 7, Resolución 229 artículo 19 y acuerdo 07 del 15 de diciembre
de 2005.

Al respecto, la Sala destaca que, de conformidad con el artículo 13 superior,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación6 han
sostenido que, para determinar si la norma que se acusa infringe los mandatos
del principio de igualdad, es necesario aplicar el test de igualdad en razón al
carácter relacional que comporta este derecho, el cual supone la comparación
entre sujetos, situaciones y medidas, por lo que está compuesto por tres
etapas de análisis7:

(i) Identificar el criterio de comparación o tertium comparationis, es decir, si
los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se comparan
sujetos de la misma naturaleza.

6
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre
de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00075-00, Actor:
MANUEL JOSÉ MEDINA MENDOZA, Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL
7
Corte Constitucional, sentencia C-335 del 29 de junio de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; de la providencia se destaca que test de igualad implica tres objetivos de análisis: (i)
el fin perseguido por la medida; (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el
fin.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

(ii) Establecer si existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales.

(iii) Determinar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada.

Bajo estos parámetros encuentra la Sala que el cargo no está llamado a
prosperar comoquiera que, si bien se trata de profesiones liberales, esto es, la
contaduría y el derecho, a la luz de lo dispuesto en la ley son diferentes, como
se pasa a explicar.

El artículo 1° de la ley 43 de 1990 define la actividad del contador público
como “la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su
competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para
dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre
estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la
ciencia contable en general”.

Por su parte en el decreto 196 de 1971 Estatuto de la Abogacía se establece
lo siguiente: “La abogacía tiene como función social la de colaborar con las
autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país,
y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia. La
principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad
y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a
las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.

Nótese que si bien se trata de profesiones liberales que exigen una idoneidad
y por lo tanto deben estar bajo vigilancia y control del Estado, pues son
actividades determinantes para la sociedad, existe una diferencia sustancial
entre uno y otro, y es que los contadores son profesionales encargados de dar
fe pública, es decir, con su firma cobijan de presunción de legalidad los
documentos que la contengan, tal cual se establece en el artículo 10 de la ley
43 de 19908; por su parte, los abogados cumplen una función social, pero no

8
ART. 10.—De la fe pública. La atestación o firma de un contador público en los actos propios
de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a
los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas.
Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los
libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan
en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.
PAR.—Los contadores públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

tienen la capacidad de dar fe pública sobre los documentos que suscriben, por
lo que el supuesto de hecho resulta distinto. Circunstancia que es similar con
las demás profesiones aducidas por el demandante, como son los economistas,
médicos e ingenieros.

Adicionalmente, fue el mismo legislador que determinó que, para el caso de
los contadores, la expedición del certificado tendrá un valor fijado por la Junta
-parágrafo del artículo 20 de la ley 43 de 1990-; por contera, para el caso de
los abogados, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de su potestad
reglamentaria, mediante el Acuerdo No. PSAA10-6896 de 2010 estableció que,
a partir de la vigencia de este acto, el certificado que expedía en su momento
la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ahora Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, sería gratuita. Es decir, en el caso de los
contadores fue el legislador, en ejercicio de su autonomía legislativa, que
determinó que la expedición de las certificaciones que le corresponda expedir
a la Junta Central de Contadores tendría un valor, por lo que el tratamiento
desigual alegado por el actor tiene una justificación legal.

II.4.2.2. Por otra parte, el actor indica que la norma acusada vulnera los
artículos 26, 84 y 333 de la Constitución Política pues, adicionalmente a la
exigencia de completar un pensum académico y obtener el título profesional,
los contadores deben contar de manera obligatoria y periódica de un
certificado que tiene un costo.

En este cargo, el demandante reitera su argumento que la expedición del
certificado tiene la connotación de contribución parafiscal, que ya fue
abordado, por lo que en esta oportunidad la Sala no se referirá a este. Pero
plantea un cargo adicional, en cuanto a la vulneración del artículo 26 de la
Constitución Política por la exigencia de un requisito adicional para ejercer la
actividad de contaduría pública mediante el acto acusado.

Obsérvese que, en el acto acusado, como ha quedado claro a lo largo de esta
providencia, lo que la Junta Central de Contadores definió fue la
reglamentación para el procedimiento de expedición del certificado, es decir,

asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que
cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

no estableció un requisito para el ejercicio de la profesión, como se pasa a
explicar.

Los requisitos están dispuestos en la ley 43 de 1990 en los artículos 3° y 4°
que disponen lo siguiente:

“ART. 3º—De la inscripción del contador público. La inscripción como
contador público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que
será expedida por la Junta Central de Contadores.

PAR. 1º—A partir de la vigencia de la presente ley, para ser inscrito como
contador público es necesario ser nacional colombiano en ejercicio de los
derechos civiles, o extranjeros domiciliado en Colombia con no menos de
tres (3) años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción y que
reúna los siguientes requisitos:

a) Haber obtenido el título de contador público en una universidad
colombiana autorizada por el gobierno para conferir tal título, de acuerdo
con las normas reglamentarias de la enseñanza universitaria de la
materia, además de acreditar experiencia en actividades relacionadas con
la ciencia contable en general no inferior a un (1) año y adquirida en forma
simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos.

b) O haber obtenido dicho título de contador público o de una
denominación equivalente, expedida por instituciones extranjeras de
países con los cuales Colombia tiene celebrados convenios sobre
reciprocidad de títulos y refrendado por el organismo gubernamental
autorizado para tal efecto.

PAR. 2º—Dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de esta ley,
la Junta Central de Contadores deberá haber producido y entregado la
tarjeta profesional a los contadores públicos que estén inscritos como
tales, a la fecha de vigencia de la presente ley, quienes podrán continuar
ejerciendo la profesión conforme a las normas anteriores, hasta tanto no
le expida el nuevo documento. Las solicitudes de inscripción presentadas
con anterioridad a la vigencia de esta ley deberán ser resueltas dentro de
los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley so pena de incurrir en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

causal de mala conducta por parte de quienes deben ejercer la función
pública en cada caso.

PAR. 3º—En todos los actos profesionales, la firma del contador público
deberá ir acompañado del número de su tarjeta profesional.

ART. 4º—De las sociedades de contadores públicos. Se denominan
“sociedades de contadores públicos”, a la persona jurídica que contempla
como objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios y de sus
dependientes o en virtud de contratos con otros contadores públicos,
prestación de los servicios propios de los mismos y de las actividades
relacionadas con la ciencia contable en general señaladas en esta ley. En
las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios
deberán tener la calidad de contadores públicos”.

Por su parte en el decreto 1235 se reglamentó el artículo 3° y se dispuso lo
siguiente:

ARTÍCULO 1° La inscripción como Contador Público se acreditará por
medio de la Tarjeta Profesional que será expedida por la Junta Central de
Contadores.

ARTÍCULO 2° La Tarjeta Profesional se expedirá previo el lleno de los
requisitos exigidos en el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 43 de 1990;
por sistema computarizado, en formato especial que ofrezca el máximo
de seguridad, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación
de la solicitud y deberá contener la siguiente información:

1. Nombre y apellidos completos del contador y el número del documento
de identidad.

2. Número y fecha de la resolución de inscripción.

3. Nombre de la Institución de Educación Superior que otorgó el título.

4. Número de la Tarjeta Profesional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

5. Fotografía reciente.

6. Firma del Presidente de la Junta Central de Contadores.

7. Firma del Contador Público Titular de la Tarjeta.

PARÁGRAFO. (TRANSITORIO). En la Tarjeta de los Contadores
Públicos autorizados inscritos de conformidad con la Ley 145 de 1960,
artículo 6° se consignará el número de la resolución y
fecha de la primera inscripción.

ARTÍCULO 3° El valor de la Tarjeta Profesional, será de veinte mil pesos
($ 20.000.00) moneda legal y se reajustará anualmente en el
porcentaje en que se incremente el salario mínimo. Las fracciones
superiores o inferiores a $ 500.00 se aproximarán por exceso o por
defecto al múltiplo de $ 1.000.00 más cercano. Cuantía
que será consignada por el peticionario en cuenta especial que para el
efecto abrirá el Fondo del Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 4° Los dineros recaudados por concepto de la expedición de
la Tarjeta de Contador Público, ingresarán al Fondo del Ministerio de
Educación Nacional de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del
artículo 2° de la Ley 35 de 1979. Estos dineros se destinarán
exclusivamente para atender los gastos de funcionamiento e inversión
que demande la Junta Central de Contadores como Tribunal Disciplinario
de la profesión.

ARTÍCULO 5° Los Contadores Públicos titulados o autorizados inscritos
bajo la vigencia de la Ley 145 de 1960, solicitarán a la Junta Central
de Contadores la expedición de la Tarjeta Profesional dentro de los seis
(6) meses siguientes a la vigencia del presente Decreto.
La Matrícula Profesional otorgada conforme a la Ley 145 de 1960,
tendrá validez hasta
el 14 de diciembre de 1991.

ARTÍCULO 6° En caso de pérdida, extravío
o deterioro de la Tarjeta Profesional, la Junta Central de Contadores

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

expedirá el duplicado previa presentación de los requisitos que para tal
efecto establezca en su reglamento.

ARTÍCULO 7° Los Contadores Públicos a quienes se les expida la Tarjeta
Profesional, podrán ejercer la profesión mientras tengan
vigente la inscripción correspondiente. En virtud de
la facultad conferida por el numeral 1° del artículo 20 de la Ley 43 de
1990, la Junta Central de Contadores enviará oportunamente a las
Superintendencias, a la Comisión Nacional de Valores y a la
Administración de Impuestos Nacionales, la lista de los Contadores cuya
Tarjeta haya sido suspendida o cancelada.

Obsérvese entonces que, según la legislación aplicable, el único requisito para
ejercer la profesión de contador público es la inscripción y la tarjeta
profesional. En este sentido, el contar con un certificado de vigencia o no, no
es un requisito habilitante para el ejercicio de la actividad contable; y si bien
es cierto el certificado se requiere para ciertos actos, en especial cuando se
ejerce la delicada misión de dar fe pública, ello no implica que la falta de este
anule la condición profesional. Por lo tanto, el cargo no está llamado a
prosperar.

II.4.2.3. En lo que respecta a la pretensión segunda, precisa la Sala que contra
las circulares el actor no planteó cargos individuales y separados que permita
realizar un pronunciamiento sobre su legalidad.

Lo anterior se hace evidente cuando se estudia el capítulo de cargos o concepto
de violación, en el cual se advierte que el demandante ataca exclusivamente
la Resolución 074 de 2002, limitando la mención a las circulares acusadas al
siguiente:

“Para asegurar esta imposición la JUNTA a través de regulaciones
internas, como las circulares 40 de octubre de 2003, 043 de 2005, 008
de 2008 y 001 de 2009, ha impulsado toda una campaña de desconfianza
sobre los Contadores por parte de sus usuarios, solicitando a estos exigir
el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios, bajo la advertencia
de que de no hacerlo se expondrán a riesgos injustificados; de igual forma
solicitó enfáticamente tantos a las entidades públicas, privadas y público
en general que contraten los servicios de los contadores públicos o

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

sociedades prestadoras de servicios contables, exigir y confirmar de ellos
la certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios
cuando vayan a tomar posesión o asumir funciones para actividades o
cargos concernientes a la profesión contable”.

Obsérvese como para estas circulares el actor no plantea un cargo
independiente que le permita a la Sala pronunciarse sobre su legalidad.

Respecto a las costas, según lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, como se
trata de una acción pública, no hay lugar a condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00254 00
Demandante: Germán Valencia Luna

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.