Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00331-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Salud: reglamentos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00331-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00331-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
21 de febrero de 2019
SALUD – Reglamentos / DINEROS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DESTINADOS AL SECTOR SALUD – Marco normativo / FONDOS DE SALUD – Objeto / Régimen Subsidiado de Salud – Financiamiento / COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – Para reglamentar la organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo de los fondos de salud de las entidades territoriales / SUSTITUCIÓN DE CUENTAS MAESTRAS RECEPTORAS DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD – Requisitos / COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – Para reglamentar la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos depositados en los fondos de salud
Para la Sala, el Ministerio de la Protección Social, a través de la norma enjuiciada en consonancia con las demás disposiciones contenidas en la Resolución 3042 de 2007, desarrolló la materia encomendada en el inciso segundo del literal b) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, como fue la organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo de los fondos de salud de las entidades territoriales, así como la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos allí depositados, como lo reza el artículo 1 de la norma ejusdem. Ahora bien, la Sala observa que la resolución de la cual hace parte la disposición cuestionada fue expedida en ejercicio de las competencias del Ministerio de la Protección Social otorgadas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 15 del artículo 2 del Decreto Ley 205 del 3 de febrero de 2003; sin embargo, la misma se enmarca en las asignadas por el literal g) del artículo 154 de la Ley 100 y en el numeral 7 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001. […] Teniendo en cuenta que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado que administran las entidades territoriales está compuesto, entre otros, por recursos del Sistema General de Participaciones como lo establecen los artículos 356 y 357 Constitucionales y 11 de la Ley 1122 de 2011, resulta ajustado al ordenamiento jurídico que el Ministerio de la Protección Social, como órgano rector del Sistema y como administrador del Fosyga, establezca normas que prevengan que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes, como en este caso lo hizo a través de la disposición acusada, en donde exige la autorización escrita del Secretario General de esa cartera para autorizar la sustitución de cuentas maestras que manejan todos los recursos de la salud (incluido los del SGP), previa solicitud de la entidad territorial debidamente justificada, de manera amplia y suficiente.
PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES – Alcance / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 6 de junio de 2018, Radicación 11001-03-15-000-2008-01255-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
DINEROS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DESTINADOS AL SECTOR SALUD - Régimen especial de administración y manejo / OPERACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE – Mecanismos de seguridad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de marzo de 2018, Radicación 27001 23 31 000 201200030-01, C.P. Oswaldo Giraldo López; y 28 de abril de 2005, Radicación 25000-23-24-000-2000-00755-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
FUENTE FORMAL: LEY 715 DE 2001 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 154 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 173 / LEY 205 DE 2003 – ARTÍCULO 2
NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 3042 DE 2007 (31 de agosto) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – ARTÍCULO 25 (No anulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00331-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (HOY MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL)
Referencia: Medio de control de nulidad
Referencia: No es nula la disposición que exige como requisito para la sustitución de cuentas maestras la autorización expresa del Secretario General del Ministerio de la Protección social.
La Sala procede a decidir en única instancia la demanda de nulidad interpuesta por la señora GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ, en contra de la NACIÓN- MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
ANTECEDENTES
1.1. LA DEMANDA
La actora, en ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 del 2 de enero de 1984, presentó demanda en contra del Ministerio de la Protección Social, con la pretensión que se declare la nulidad del artículo 25 de la Resolución 3042 del 31 de agosto de 2007, “Por la cual se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras disposiciones”, que textualmente dice:
“[…]
RESOLUCIÓN NÚMERO 3042 DE 2007
(31 AGO 2007)
Por la cual se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras disposiciones
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 173 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 2º numeral 15 del Decreto Ley 205 de 2003 y 13 literal b, de la Ley 1122 de 2007,
DECRETA:
(…)
Artículo 25°. SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE CUENTAS MAESTRAS. Para la sustitución de las cuentas maestras receptoras de los recursos del Sistema General de Participaciones y demás recursos del sector salud, se aplicarán las siguientes directrices:
a) Las cuentas maestras receptoras de los recursos del Sistema General de Participaciones y demás recursos del sector no podrán ser sustituidas sin autorización escrita del Secretario General del Ministerio de la Protección Social, para lo cual el ordenador del gasto de la entidad territorial remitirá a la Secretaría General un oficio en el que justifique, de manera amplia y suficiente, su intención de sustituir la cuenta registrada atendiendo las causales previstas para ello en el presente artículo;
b) Las cuentas maestras respecto de las cuales se llegare a efectuar un embargo no podrán ser sustituidas, por cuanto sobre ellas pesa una medida cautelar que las afecta y su sustitución podría ser considerada como fraude a resolución judicial;
c) <Literal modificado por el artículo 4 de la Resolución 991 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> La sustitución de cuentas maestras sólo procederá por la configuración de las siguientes causales, las cuales son de interpretación restringida:
1. Deficiencia comprobada de los servicios financieros prestados por la entidad financiera en la cual se tiene la cuenta.
2. Cierre de la sucursal bancaria donde se tiene la cuenta.
3. Apertura de sucursal bancaria en el municipio donde no existía ninguna entidad financiera.
4. Apertura de sucursal bancaria de la misma entidad financiera más cercana a la entidad territorial.
5. Destrucción de la sede de la entidad financiera por desastre natural o atentado terrorista.
6. Cuando la entidad financiera no cumpla con el reporte de información previsto en el inciso 6o del artículo 16 de la presente resolución o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
7. No reconocer rendimientos por parte de las entidades financieras.
PARÁGRAFO 1. Para la aplicación de la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF, revista en el numeral 9 del artículo 879 del Estatuto Tributario, corresponde a los tesoreros departamentales, municipales o distritales la identificación, ante las entidades financieras, de las cuentas corrientes o de ahorro donde se manejen de manera exclusiva recursos públicos de los Fondos de Salud.
PARÁGRAFO 2. En ningún caso se podrá sustituir y terminar cuentas registradas sin la autorización por parte de la Secretaría General del Ministerio de la Protección Social
[…].”
(El aparte subrayado corresponde al demandado)
1.2. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La demandante considera que con el artículo acusado se vulneraron los artículos 1 y 287 de la Constitución Política y 13 de la Ley 1122 del 9 de enero de 2007.
Como razones de violación expuso las siguientes:
1.2.1. Infracción a la Carta Política:
Sostuvo que con la expedición de la norma enjuiciada el Ministerio desbordó la facultad que se le confirió para regular la materia, al señalar que es el único que puede autorizar a las entidades territoriales que cambien de entidad financiera, con el agravante que incluyó condiciones para ello, desconociendo la autonomía de que gozan constitucionalmente, para lo cual indicó que no era procedente que el Ministro en ejercicio de la facultad reglamentaria haya incluido limitaciones a dicha autonomía territorial.
1.2.2. Infracción de normas legales:
Manifestó que la Ley 1122 de 2007 determinó que el manejo de los recursos que correspondan al recaudo y gasto en salud pública colectiva del Régimen Subsidiado de Salud y la prestación de los servicios de salud en lo no cubierto por servicios a la demanda, con las excepciones de algunos rubros que en salud pública colectiva o en prestación de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, debían ser manejados por las entidades territoriales en “tres cuentas maestras” con unidad de caja al interior a cada una de ellas.
Agregó que la misma ley estableció que las cuentas maestras se abrirían con entidades financieras que garantizaran el pago de intereses a tasas comerciales aceptables y que su inobservancia acarrearía las sanciones previstas por el artículo 2 de la norma ejusdem; además encargó al Ministerio de la Protección Social para reglamentar la materia durante los tres meses siguientes a su expedición, por lo que resaltó que la disposición no facultó al Ministerio de la Protección Social para autorizar a las entidades territoriales realizar la apertura de las cuentas maestras en una determinada entidad financiera ni para autorizar su cambio.
1.3. Solicitud de suspensión provisional
Con la demanda solicitó la suspensión provisional de los efectos de la norma acusada, para lo cual expuso básicamente los mismos argumentos que esgrimió para sustentar la nulidad, la cual fue negada por auto del 13 de octubre de 2011, en el que también se dispuso sobre su admisión.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de la Protección Social contestó de manera extemporánea la demanda, según se dejó constancia mediante auto del 27 de julio del 2012 y en la expedida por la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación del 26 de marzo de 2012.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3.1. Por auto del 21 de octubre de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y rindiera el concepto respectivamente.
3.1.1. La actora, luego de reiterar los argumentos de la demanda, adujo que la norma acusada puso a las entidades territoriales en una condición de subordinación en sus decisiones, al señalar que deben solicitarle permiso al Ministerio demandado cuando deseen cambiar de entidad financiera, imponiendo condiciones que no están previstas en la ley, desconociendo el artículo 1 del Texto Superior que señala que Colombia está organizado en forma de República Unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, así como el artículo 287 ibídem que prevé que la autonomía territorial de que gozan solo puede ser limitada por la Constitución y la ley.
3.1.2. El Ministerio de la Protección Social guardó silencio.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El agente del Ministerio Público quien actúa como Delegado ante esta Corporación rindió concepto en tiempo, solicitando se denieguen las pretensiones de la demanda.
Indicó que la limitación que expresamente se impone a la facultad de reglamentación del Ministerio de la Protección Social prevista en el literal b) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, consistente en que las cuentas maestras deberán abrirse con entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas comerciales aceptables, fue incorporada en el artículo 16 de la Resolución 3042 de 2007 acusada, por lo que no fue transgredida la norma de orden legal.
Afirmó que la disposición demandada limita la posibilidad de sustitución de las cuentas maestras a las entidades territoriales, así “[…] 1.- La sustitución de dichas cuentas debe ser solicitada y justificada de manera amplia y suficiente por el ordenador del gasto de la entidad territorial; 2.- La sustitución requiere de la autorización escrita del Secretario General del Ministerio de la Protección Social; 3.- Sólo es procedente en los eventos previstos en el numeral c del citado artículo; y 4.- La sustitución no es procedente cuando sobre la cuenta maestra se haya efectuado un embargo, pues dicha acción puede entenderse como fraude a resolución judicial […]”
Consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la norma acusada no desconoce la autonomía de las entidades territoriales por cuanto: (i) son éstas las que eligen a las entidades financieras depositarias de los recursos de los Fondos de Salud en donde abrirán las cuentas maestras, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución 3042 de 2007, por lo que las limitaciones se presentan cuando deciden cambiarlas, (ii) que en todo caso se justifican tales limitaciones teniendo en cuenta la naturaleza de los recursos que serán depositados en ellas, los cuales son destinados a la salud de la población.
Adujo que el artículo 15 de la resolución acusada dispuso que tales recursos corresponden al Sistema General de Participaciones en Salud (SGP) y a las subcuentas del régimen subsidiado, de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con los subsidios a la demanda y de salud pública colectiva de los Fondos de Salud de las entidades territoriales. Agregó que a estos últimos deben girarse todas las rentas nacionales cedidas o transferidas con destinación específica a salud, los ingresos corrientes de libre destinación asignados por la entidad territorial para ese Sector así como la totalidad de los recursos que haya recaudado, y en general, los dirigidos a la salud que deban ejecutar dichos entes.
Señaló que de los artículos 4 a 14 de la norma ejusdem se colige que los recursos que se depositan en las mencionadas cuentas maestras, están destinados a garantizarle a la población pobre la posibilidad de acceder a los servicios de salud y a beneficiarse de las acciones de salud pública que con esos recursos realiza la entidad territorial, lo que hace imperativo la existencia de ciertos límites a la sustitución de dichas cuentas maestras y aparta la generación de incentivos perversos para el cambio de entidad financiera.
Sostuvo que las cuentas maestras al recibir recursos del SGP justifica la injerencia del nivel central, toda vez que, conforme con lo dispuesto por los artículos 356 y 357 de la Carta Política, así como por el artículo 1 de la Ley 715 de 2001, tales recursos son transferidos por la Nación a las entidades territoriales para la financiación para la prestación del servicio de salud, entre otros; sin perjuicio de que éstas sean las responsables del manejo de tales recursos como lo prevé el artículo 31 de la Resolución nro. 3042 de 2007.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Cuestión previa
Mediante providencia del 25 de febrero de 2016 el Despacho sustanciador aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, dado que rindió concepto en este asunto en calidad de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. En consecuencia, fue separado del conocimiento y decisión de este proceso y, para efectos de la conformación del quorum decisorio, se sorteó conjuez, recayendo la designación en el doctor Alfredo Beltrán Sierra.
5.2. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 84 del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 del 2 de enero de 1984 y 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, expedido por la Sala Plena de la Corporación, esta Sección es competente para conocer de la presente demanda.
5.3. Análisis del caso:
El acto demandado corresponde al artículo 25 de la Resolución 3042 del 31 de agosto de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social, que establece que, para la sustitución de cuentas maestras receptoras de los recursos del Sistema General de Participaciones y demás recursos del Sector Salud, se requerirá de la autorización escrita del Secretario General del mismo, para lo cual el ordenador del gasto de la entidad territorial le remitirá un oficio en el que justifique, de manera amplia y suficiente, su intención de sustituir la cuenta registrada atendiendo las causales previstas en dicha disposición.
Al efecto, como en la demanda se afirma que el artículo 25 de la resolución acusada vulnera los artículos 1 y 287 de la Constitución Política, así como el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007; se observa que estos disponen:
Constitución Política:
“[…] ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. […]”
“[…] ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
Gobernarse por autoridades propias.
Ejercer las competencias que les correspondan.
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales. […]” (se destaca)
Ley 1122 de 2007:
“[…] ARTÍCULO 13. FLUJO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS. Los actores responsables de la administración, flujo y protección de los recursos deberán acogerse a las siguientes normas:
(…)
b) Todos los recursos de salud, se manejarán en las entidades territoriales mediante los fondos locales, distritales y departamentales de salud en un capítulo especial, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. El manejo de los recursos se hará en tres cuentas maestras, con unidad de caja al interior de cada una de ellas. Estas cuentas corresponderán al recaudo y al gasto en salud pública colectiva, régimen subsidiado de salud y prestación de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, con las excepciones de algunos rubros que en salud pública colectiva o en prestación de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, señale el Ministerio de la Protección Social.
Las cuentas maestras deberán abrirse con entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas comerciales aceptables, el incumplimiento de lo anterior acarreará las sanciones previstas en el artículo 2o de la presente ley. El Ministerio de la Protección Social reglamentará la materia, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente ley […]” (se destaca)
Como quiera que el cargo único invocado es la violación de norma superior, frente al mismo ha dicho esta Corporación que se configura cuando ocurre una de las siguientes situaciones: (i) falta de aplicación, (ii) aplicación indebida o, (iii) interpretación errónea:
“[…] La falta de aplicación de una norma ocurre ya porque el funcionario (o la autoridad) ignora su existencia o porque, aunque conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, no la aplica para proferir el acto administrativo. También sucede esa forma de violación cuando la administración acepta la existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no acepta su validez en el tiempo o en el espacio.
La aplicación indebida, por su parte, se presenta cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o aplican, a pesar de no ser los pertinentes para proferir el acto administrativo. Y, finalmente, la interpretación errónea se configura cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero la administración los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica y expide el acto administrativo. Es decir, ocurre cuando el funcionario (o la autoridad) le asigna a la norma o normas un sentido o alcance que no le corresponde.
[…]” Se resalta)
Ahora bien, pese a que la actora no precisó la modalidad en la que a su juicio se presenta la infracción de la norma superior, de sus argumentos se colige que la pretendida nulidad se sustenta en una interpretación errónea del inciso segundo del literal b) de la Ley 1122 de 2007, por parte del Ministerio de la Protección Social al regular el aparte normativo demandado.
En consecuencia, la Sala analizará el contexto normativo que constituye la norma objeto de censura para determinar su alcance, el ejercicio de la función reglamentaria del Ministerio demandado y si constituye una limitación del ejercicio de la autonomía territorial.
5.3.3. Los recursos del Sistema General de Participaciones en salud
La Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, “[p]or la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […], dispuso en su artículo 1 que el Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 356 y 357 de la Carta Política, para la financiación de los servicios, entre otros, del servicio público de salud. Por su parte, los artículos 47 a 53 se ocuparon de regular lo relacionado con la distribución de los recursos para la salud.
Al respecto se destaca lo dispuesto en el referido artículo 47 que señala:
“[…] ARTÍCULO 47. DESTINO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD. Los recursos del Sistema General en Participaciones en salud se destinarán a financiar los gastos de salud, en los siguientes componentes:
47.1. Financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr y sostener la cobertura total.
47.2. Prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
47.3. Acciones de salud pública, definidos como prioritarios para el país por el Ministerio de Salud. […]”
Para el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y los demás destinados para la atención de la salud, el artículo 57 ibídem prevé que las entidades territoriales deberán conformar un fondo que se manejará como una cuenta especial de su presupuesto e independiente de las demás rentas, a la cual también se le girarán todas las rentas nacionales cedidas o transferidas con destinación específica a la salud, así:
“[…] ARTÍCULO 57. FONDOS DE SALUD. Las entidades territoriales, para la administración y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y de todos los demás recursos destinados al sector salud, deberán organizar un fondo departamental, distrital o municipal de salud, según el caso, que se manejará como una cuenta especial de su presupuesto, separada de las demás rentas de la entidad territorial y con unidad de caja al interior del mismo, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. En ningún caso, los recursos destinados a la salud podrán hacer unidad de caja con las demás rentas de la entidad territorial. El manejo contable de los fondos de salud debe regirse por las disposiciones que en tal sentido expida la Contaduría General de la Nación.
Los recursos del régimen subsidiado no podrán hacer unidad de caja con ningún otro recurso.
A los fondos departamentales, distritales o municipales de salud deberán girarse todas las rentas nacionales cedidas o transferidas con destinación específica para salud, los recursos libremente asignados para la salud por el ente territorial, la totalidad de los recursos recaudados en el ente territorial respectivo que tengan esta destinación, los recursos provenientes de cofinanciación destinados a salud, y en general los destinados a salud, que deban ser ejecutados por la entidad territorial.
PARÁGRAFO 1o. Para vigilar y controlar el recaudo y adecuada destinación de los ingresos del Fondo de Salud, la Contraloría General de la República deberá exigir la información necesaria a las entidades territoriales y demás entes, organismos y dependencias que generen, recauden o capten recursos destinados a la salud.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> El control y vigilancia de la generación, flujo y aplicación de los recursos destinados a la salud está a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y se tendrá como control ciudadano en la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con voz pero sin voto. El Gobierno reglamentará la materia.
PARÁGRAFO 2o. Sólo se podrán realizar giros del Sistema General de Participaciones a los fondos de salud. […]”
La norma también estableció que el Gobierno debía adoptar, en los seis meses siguientes a su vigencia, los mecanismos jurídicos y técnicos necesarios para la optimización del flujo financiero de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de manera que “[s]e prevengan o impidan su desviación, indebida apropiación o retención por parte de cualquiera de los actores partícipes o intermediarios del sistema […]”.
En reglamentación de estas disposiciones, fue expedido el Decreto 4693 del 22 de diciembre de 2005, que dispuso que los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y los demás recursos que se destinen a financiar el Régimen Subsidiado de Salud deberán manejarse por las entidades territoriales en los respectivos fondos de Salud, mediante cuentas maestras en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual será acreditada ante los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.
Dentro de las modificaciones introducidas efectuadas por la Ley 1122 de 2007 al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se destaca en cuanto: (i) a los recursos dirigidos al financiamiento del Régimen Subsidiado de Salud; y (ii) el flujo y protección de los recursos, entre otros aspectos:
Los recursos dirigidos al financiamiento del Régimen Subsidiado.
El artículo 11 de la norma ejusdem modificó de manera expresa el artículo 214 de la Ley 100 de 1993, clasificando las fuentes de financiación así:
De las entidades territoriales:
Los recursos del SGP; los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar y los recursos transferidos por ETESA a las entidades territoriales, que no estén asignados por ley a pensiones, funcionamiento e investigación; las rentas cedidas destinadas a la salud de los departamentos y del Distrito Capital; otros recursos propios de las entidades territoriales.
Del Fondo de Solidaridad Social, Fosyga (hoy ADRES):
Que a su vez lo constituyen los siguientes recursos: Uno punto cinco de la cotización del régimen contributivo y de los regímenes especiales y de excepción Aporte del régimen contributivo; los aportes del Gobierno Nacional y de las cajas de compensación familiar.
Otros recursos:
Provenientes de los gremios, asociaciones u organizaciones; rendimientos financieros de las diferentes fuentes que financian el Régimen Subsidiado; de impuestos de rentas sobre producción petrolera causada en la zona de Cupiagua y Cusiana y aportes de los afiliados que tienen derecho a subsidio parcial y que quieran optar al subsidio pleno o al POS del régimen contributivo.
El flujo y protección de los recursos:
El literal b) del artículo 13 de la norma ibídem, sobre la cual se sustenta la norma acusada, siguiendo lo previsto por el artículo 57 de la Ley 715 de 2001 y al que se hizo alusión en líneas atrás, determinó que las entidades territoriales manejarían todos los recursos de salud a través de los precitados fondos locales, distritales y departamentales y en las cuentas maestras que corresponderán: (i) al recaudo y al gasto en salud pública colectiva, (ii) régimen subsidiado de salud, y (iii) prestación de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda; esto con el fin de establecer el origen y destinación de los recursos de cada fuente.
También señaló que dichas cuentas debían abrirse en entidades financieras que garantizaran el pago de intereses a tasas comerciales aceptables, castigando su inobservancia con las sanciones señaladas en el artículo 2 de la misma ley; así mismo dispuso que dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la ley el Ministerio de la Protección Social debía reglamentar sobre la materia, sin que haya limitado dicha facultad.
Finalmente se destacan los parágrafos 3 y 4 de la misma disposición que previeron, por una parte, que antes de seis meses de la entrada en vigencia de la ley, el Gobierno Nacional definiría los mecanismos que busquen eliminar la evasión y la elusión en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y por otra, al Ministerio de la Protección Social ejercer las funciones propias del Consejo de Administración del Fosyga.
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala pasará a estudiar si el Ministerio de la Protección Social, a través del artículo 25 de la Resolución 3042 de 2007, (i) desbordó el ámbito de sus competencias, y (ii) si desconoció la autonomía de que gozan las entidades territoriales.
5.3.4. En cuanto a la infracción del inciso segundo del literal b) de la Ley 1122 de 2007:
Para resolver este planteamiento la Sala analizará de manera armónica la resolución que contiene el aparte normativo acusado y las competencias del Ministerio demandado que ejerció para su expedición.
Al respecto, se observa que el artículo 1 de la Resolución 3042 de 2007 dispuso:
“[…] ARTÍCULO 1o. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución tiene por objeto determinar la organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo de los fondos de salud de los departamentos, distritos y municipios, y fijar las condiciones de la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los fondos de salud, de conformidad con el literal b) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, la cual será de obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades territoriales. […]”
El Capítulo II determinó el origen y destinación de los fondos de salud y para ello precisó sobre su estructura en cuanto a los ingresos y los gastos que componen cada una de las subcuentas; mientras que el Capítulo III dispuso sobre la operación de las cuentas maestras del Sector Salud, definiéndola como:
“[l]as cuentas registradas para la recepción de los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y a las cuales ingresarán la totalidad de los recursos de las subcuentas de régimen subsidiado, de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y de salud pública colectiva de los Fondos de Salud de las entidades territoriales, y solo aceptan como operaciones débito aquellas que se destinan a otra cuenta bancaria que pertenece a una persona jurídica o natural beneficiaria de los pagos y que se encuentre registrada en cada cuenta maestra (…) Por lo tanto, existirá una cuenta maestra por cada subcuenta y toda transacción que se efectúe con cargo a las cuentas maestras, deberá hacerse por transferencia electrónica […]”
A su turno el Capítulo IV de la misma norma, dentro del se encuentra la disposición cuestionada, se ocupó de regular lo concerniente con la obligatoriedad para las entidades territoriales de registrar ante el Ministerio de la Protección Social las cuentas maestras de que trata el literal b) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y sobre la cual se erige la norma enjuiciada. Sobre la materia, dijo en el artículo 22 que: “[T]oda solicitud de registro de una cuenta maestra ante el Ministerio de la Protección Social solo procede en aquellos casos que se autorice la sustitución de las cuentas que se encuentran registradas ante esta entidad, o como consecuencia de la creación de una nueva entidad territorial […]”.
Por su parte los artículos 23 y 24 se encargaron de regular lo referente a la verificación de la solicitud de registro que debe hacer el Grupo de Presupuesto de esa cartera así como el procedimiento para su registro, el cual incluye la inclusión de la cuenta en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
Para la Sala, el Ministerio de la Protección Social, a través de la norma enjuiciada en consonancia con las demás disposiciones contenidas en la Resolución 3042 de 2007, desarrolló la materia encomendada en el inciso segundo del literal b) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, como fue la organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo de los fondos de salud de las entidades territoriales, así como la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos allí depositados, como lo reza el artículo 1 de la norma ejusdem.
Ahora bien, la Sala observa que la resolución de la cual hace parte la disposición cuestionada fue expedida en ejercicio de las competencias del Ministerio de la Protección Social otorgadas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 15 del artículo 2 del Decreto Ley 205 del 3 de febrero de 2003; sin embargo, la misma se enmarca en las asignadas por el literal g) del artículo 154 de la Ley 100 y en el numeral 7 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001. Dichas normas en su tenor literal rezan:
Artículos 154 y 173 de la Ley 100 de 1993.
“[…] ARTÍCULO 154. INTERVENCIÓN DEL ESTADO. El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines:
(…)
g) Evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes; […]”
“[…] ARTÍCULO 173. DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. Son funciones del Ministerio de Salud además de las consagradas en las disposiciones legales vigentes, especialmente en la Ley 10 de 1990, el Decreto ley 2164 de 1992 y la Ley 60 de 1993, las siguientes:
(…)
3. Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las Entidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. […]”
Artículo 42 de la Ley 715 de 2001.
“[…] ARTÍCULO 42. COMPETENCIAS EN SALUD POR PARTE DE LA NACIÓN. Corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y el ejercicio de las siguientes competencias, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:
(…)
42.7. Reglamentar, distribuir, vigilar y controlar el manejo y la destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las competencias de las entidades territoriales en la materia. […]”
Artículo 2 del Decreto Ley 205 de 2003.
“[…] ARTÍCULO 2º. FUNCIONES. El Ministerio de la Protección Social tendrá, además de las funciones que las disposiciones legales vigentes hayan asignado a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, las siguientes:
(…)
15. Reglamentar, en el marco de sus competencias, las normas que regulan el empleo, el trabajo, la protección y desarrollo de la familia y la sociedad, la previsión y la Seguridad Social Integral en el Sector Público y Privado y, velar por su cumplimiento. […]”
Teniendo en cuenta que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado que administran las entidades territoriales está compuesto, entre otros, por recursos del Sistema General de Participaciones como lo establecen los artículos 356 y 357 Constitucionales y 11 de la Ley 1122 de 2011, resulta ajustado al ordenamiento jurídico que el Ministerio de la Protección Social, como órgano rector del Sistema y como administrador del Fosyga, establezca normas que prevengan que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes, como en este caso lo hizo a través de la disposición acusada, en donde exige la autorización escrita del Secretario General de esa cartera para autorizar la sustitución de cuentas maestras que manejan todos los recursos de la salud (incluido los del SGP), previa solicitud de la entidad territorial debidamente justificada, de manera amplia y suficiente.
Vale la pena destacar lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en lo referente a la naturaleza de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la destinación específica de los mismos:
“[…] El manejo de los recursos que integran los dos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, está en gran medida a cargo del Fosyga, el cual se creó como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y opera por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia. De este hacen parte cinco subcuentas independientes, a saber: a) de compensación interna del régimen contributivo; b) de solidaridad del régimen de subsidios en salud; c) de promoción de la salud, d) del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, y e) de garantías para la Salud. En consonancia con el artículo 48 de la Constitución Política, se previó que los recursos del Fosyga se manejen de manera independiente dentro de cada subcuenta y se destinen exclusivamente a las finalidades que se consagran para estas en la ley.
(…)
Como se observa, es de la esencia del sistema de seguridad social en salud procurar que los recursos del sistema se asignen de forma exclusiva a los fines para los cuales se reservaron, máxime cuando conforme a la jurisprudencia y la doctrina, se reconoce de manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la denominación que de estos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.) tienen naturaleza parafiscal .
De igual forma, el Legislador quiso enfatizar la destinación exclusiva de esta clase de recursos cuando expresamente previó que los mismos no pertenecen a la Nación, ni a los aportantes (empleadores y trabajadores) ni a las entidades administradoras de los diferentes sistemas. La Ley 100 de 1993 señaló que le pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud (artículo 182).
Asimismo, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se reguló el derecho fundamental a la salud y se dictaron otras disposiciones, robusteció este principio y prescribió que “los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente”.
Así las cosas, los dineros de la salud no son utilizables para fines distintos a los señalados en la ley, pues constituyen recursos públicos que integran el sistema de seguridad social en salud y se hallan sujetos a una normatividad precisa, que establece funciones y responsabilidades entre los diferentes órganos y entidades, para que la administración y ejecución de los recursos se haga adecuadamente, en la cantidad, calidad y oportunidad debidas.
Por tal razón, cualquier erogación que se efectúe, debe tener una justificación legal, clara y suficiente y si eventualmente, ante la cantidad de actores intervinientes y la complejidad que caracteriza el flujo de recursos financieros en dicho sistema, se llegaran a efectuar pagos o reconocimientos indebidos y sin justa causa, deberán utilizarse los mecanismos y procedimientos que han sido creados para corregir esta situación. […]” (se destaca)
5.3.5. Sobre la infracción de los artículos 1 y 287 de la Constitución Política:
En este punto la Sala recuerda lo afirmado por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del 6 de junio de 2018, en donde fue estudiado con suficiencia el núcleo esencial del principio de la autonomía territorial:
“[…] V.5.2.1. Principio de autonomía de las entidades territoriales
(…)
Por su parte, el artículo 287 prevé:
“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.”
Del artículo transcrito se infiere que, en virtud de la autonomía de que gozan las entidades territoriales para la gestión de sus propios intereses, son titulares de determinados derechos; pero, al mismo tiempo, dicha autonomía es limitada, por cuanto el artículo establece que ésta deberá ser ejercida dentro de los límites de la Constitución y la Ley.
Un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional permite advertir que dicha Corporación otorgó a los derechos contenidos en el artículo 287 de la Constitución Política el calificativo de núcleo esencial o reducto mínimo indisponible de la autonomía territorial en Colombia.
En efecto, dicha Corporación en la sentencia C-517 de 1992 consideró: “En principio y hasta tanto no se expida la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de la que habla el art. 288 de la Constitución, el núcleo o reducto mínimo de la autonomía está constituido por los derechos y competencias que la propia Carta atribuye de manera general a las distintas entidades territoriales y de manera especial a cada una de ellas a través de todo el texto normativo.”
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), en punto de la autonomía de las entidades territoriales, no establece algo distinto a lo ya dispuesto en el artículo 287 de la Carta Política y a las competencias que constitucional y legalmente le han sido reconocidas a cada una de las entidades territoriales.
(…)
En la sentencia C-010 de 2013, la Corte Constitucional reiteró que el núcleo esencial de la autonomía territorial lo constituye las potestades reconocidas en el artículo 287 constitucional y para ese fin, explicó en detalle cada uno de los elementos que componen ese núcleo esencial así:
Elementos que componen el núcleo esencial de la autonomía territorial
-Potestad para gobernarse por autoridades propias
En cuanto a la potestad para gobernarse por autoridades propias expresó que “con el reconocimiento de esta facultad de las entidades territoriales, el constituyente de 1991 buscó la ruptura de las tutelas jerárquicas, y permitir a los territorios gobernarse por funcionarios elegidos por sus propios habitantes. Las autoridades propias previstas por la Constitución para los departamentos son las asambleas (artículo 299 C.P.) y el gobernador (artículo 303 C.P.), mientras en el municipio son el concejo (artículo 312 C.P.) y el alcalde (314 C.P.), entre otras.” (Se destaca)
Es decir, esta facultad se trata del derecho que tienen los ciudadanos que habitan la respectiva entidad territorial a elegir a sus propias autoridades, a sus propios gobernantes. La Carta Política de 1991 incorporó la elección popular de gobernadores y ratificó el mismo sistema para los alcaldes, el cual había sido introducido en la reforma constitucional de 1986.
-Potestad para ejercer las competencias que les corresponden
En relación con la facultad para ejercer las competencias que les corresponden, en la sentencia en cita, la Corte Constitucional manifestó:
“El artículo 298 C.P. reconoce la autonomía de los departamentos “para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución”. A su turno, el artículo 311 C.P. dispone que el municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, “(…) le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”, es decir, es encargado de las responsabilidades más importantes en material de servicios y promoción del desarrollo. Además, es importante mencionar que fue un propósito deliberado de los constituyentes descentralizar la prestación de los servicios de salud y educación, fundamentales para la construcción de capital humano y para la erradicación de la pobreza.
A su vez, la Corte Constitucional ha entendido que en virtud del derecho de las entidades territoriales a gestionar sus intereses, éstas tienen por ejemplo la potestad de expedir regulaciones sobre los asuntos particulares de su competencia, dentro de los parámetros que señale la ley. En este orden de ideas, la intervención del poder central en los asuntos locales debe ser excepcional y debe estar plenamente justificada.” (Se subraya y se resalta)
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial define en su artículo 26 las competencias como: “Para los efectos de la presente ley, se entiende por competencia la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales.”
Respecto de las entidades territoriales, la Constitución hizo un reparto exhaustivo de competencias, en especial, para los departamentos y los municipios; no sucedió lo mismo con los Distritos, las provincias y las regiones.
En cuanto a los municipios, la Constitución Política les atribuye competencias en diversos artículos. El 287 establece una serie de funciones para las entidades territoriales en general, y los artículos 311, 313 y 315 hacen una enumeración taxativa de sus funciones. Por su parte, para el caso de los Departamentos, estas competencias están previstas en los artículos 298, 300, 301, 302 y 305 de la Constitución Política.
En relación con los Departamentos, el artículo 298 constitucional establece que éstos tienen autonomía para la administración de sus asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio. Estos entes territoriales ejercen funciones administrativas, de coordinación y de complementariedad de la administración municipal, actúan como intermediarios entre el orden nacional y el municipal, y prestan los servicios que determinen la Constitución y la ley.
Los Municipios, de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 1333 de 1986, tienen por finalidad prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socio-cultural de sus habitantes, asegurar la participación afectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional.
(…)
-Potestad para establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar de las rentas nacionales
En relación con la posibilidad para establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y para participar en las rentas nacionales, la Corte Constitucional en la citada sentencia C-010 de 2013, indicó:
“Para hacer efectiva la descentralización y la autonomía, la Constitución previó una amplia gama de recursos dirigidos a fortalecer los fiscos de las entidades territoriales, pues sólo de esta forma podrían cumplir los amplios cometidos que les encargó el constituyente. En otras palabras, para los constituyentes de 1991 era claro que la autonomía y la descentralización no pueden lograrse si las entidades territoriales no cuentan con suficientes recursos para cumplir las funciones –mayores- que les fueron atribuidas y que impactan directamente en la distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza. Esta preocupación quedó expresamente plasmada en el artículo 356 C.P., según el cual “no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”.
-Potestad para administrar sus recursos
Por último, en torno a la potestad para administrar sus propios recursos la sentencia en cita indicó:
Esta prerrogativa de las entidades territoriales tiene al menos tres objetivos fundamentales: (i) permitirles cumplir sus funciones de acuerdo con la Constitución y la ley, (ii) planear y promover el desarrollo local, y (iii) contribuir a la democratización de las decisiones económicas. Sobre este último punto se manifestó durante los debates de la Asamblea Nacional Constituyente: “[l]as gentes quieren ser protagonistas mayores en las decisiones relativas al uso de los dineros públicos. Perciben, claramente, que la democratización política tiene que ir acompañada de una democratización de las decisiones económicas. Consideran, dentro de una nueva concepción, que sus municipios y departamentos son socios en la gran tarea de desarrollo del país” (Se destaca)
De conformidad con lo anterior, es dable concluir que el núcleo esencial de la autonomía territorial está conformado por aquel reducto mínimo, indisponible por parte del legislador, que consiste en la facultad de las entidades territoriales de gestionar sus propios intereses, el cual se delimita mediante las potestades previstas en el artículo 287 de la Constitución Política; esto es: (i) gobernarse por sus propias autoridades; (ii) ejercer las competencias que les corresponden; (iii) establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y (iv) administrar sus recursos y participar de las rentas nacionales. […]”
(Subrayado de la providencia)
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala no advierte que el aparte normativo demandado constituya una limitación a ninguno de los elementos de la autonomía territorial o que de alguna manera restringa las potestades con las que cuentan para (i) gobernarse por autoridades propias, (ii) ejercer las competencias que les corresponden, (iii) establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar de las rentas nacionales, y (iv) administrar sus recursos.
Por último, no sobra resaltar que la Sección se ha pronunciado sobre la importancia del manejo y control de los recursos públicos, en el siguiente sentido:
“[…] La Sala destaca que, acorde con el artículo 335 de la Constitución Política, la actividad financiera es de interés público y que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el artículo 98, numeral 4, fijó como regla general la debida prestación del servicio, modificado por el artículo 24 de la Ley 795 de 2003, que estableció como deber general la debida diligencia en los siguientes términos: “Las instituciones sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, en cuanto desarrollan actividades de interés público, deberán emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes a fin de que estos reciban la atención debida en el desarrollo de las relaciones contractuales que se establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones.”
Acerca de la importancia de la actividad bancaria y la relación con el deber de diligencia, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado: “[…] La importancia de tal actividad en el orden social y económico, justifica el establecimiento de controles y políticas restrictivas en su desarrollo, amén de llevar ínsita la exigencia para las instituciones financieras de un mayor grado de diligencia y profesionalismo, porque la actividad que desarrollan además de profesional, tiene los rasgos de ser habitual, masiva y lucrativa, requiere de una organización para ejecutarla y del conocimiento experto y singular sobre las operaciones que comprende, así como de los productos y servicios que ofrece al público, razón por la cual los estándares de calidad, seguridad y eficiencia que se le reclaman, son más altos que los exigidos a un comerciante cualquiera.[…]”
Igualmente ha destacado, desde tiempo atrás, que los mecanismos de seguridad en las operaciones de pago en el marco de las operaciones derivadas del contrato de cuenta corriente cuyos titulares son entidades públicas, exigen un mayor cuidado dada la naturaleza de los recursos, así:
“[…] cuando se trata de títulos valores atribuidos a entidades públicas, ya que comprometen recursos respecto de los cuales se impone un cuidado mayor o más riguroso que el que el ordenamiento jurídico exige de los bienes de terceros a cargo de la entidades bancarias, ya de por sí exigente justamente por ser los depositarios del ahorro público y de la confianza igualmente pública, inherente a la actividad crediticia y bancaria, razón por la cual se ha definido constitucionalmente como una actividad de interés público, tal como aparece establecido en el artículo 335 de la actual Constitución Política. […]”
Por las razones señaladas, las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y serán denegadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A LL A
DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones analizadas en la parte motiva.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente Consejero de Estado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez
Folios 2 al 9 cuaderno principal.
El literal c) de la disposición demandada fue modificada por el artículo 4 de la Resolución 991 de 2009, “Por la cual se modifica la Resolución 3042 de 2007 modificada por la Resolución 4204 de 2008 y se dictan otras disposiciones”
Norma vigente al momento de la presentación de la demanda.
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
Folios 5 a 7 del cuaderno.
Folios 7 y 8 del cuaderno.
Folios 33 a 39 del cuaderno.
Folio 70 del cuaderno.
Folio 49 del cuaderno.
Folio 78 del cuaderno.
Folios 79 y 80 del cuaderno.
Folios 83 a 89 cuaderno.
Aunque no citó la providencia, el señor Agente del Ministerio Público hizo referencia a la sentencia de la Corte Constitucional C-889 del 30 de octubre de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
“[…] ARTÍCULO 1o. NATURALEZA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley. […]”
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
Folios 93 a 95 del cuaderno.
Se resaltan los apartes indicados por la demandante como infringidos.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 31 de mayo 2012, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, radicación nro. 11001032700020080003800. Ver también del mismo ponente la sentencia del 28 de noviembre de 2013, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente con radicación nro. 11001-03-27-000-2010-00004-00(18071).
Artículo 47. Destino de los recursos del sistema general de participaciones para salud; Artículo 48. Financiación a la población pobre mediante subsidios a la demanda; Artículo 49. Distribución de los recursos de la participación para la prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda; Artículo 50. Recursos complementarios para el financiamiento de los subsidios a la demanda; Artículo 51. Contratación de la prestación de servicios en el régimen subsidiado; Artículo 52. Distribución de los recursos para financiar las acciones de salud pública definidas como prioritarios para el país por el ministerio de salud; Artículo 53. Transferencias de los recursos.
Corte Constitucional, sentencia C-617 del 8 de agosto de 2002, M.P Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño.
Artículo 107, Ley 715 de 2001.
Por el cual se reglamenta parcialmente el funcionamiento de los Fondos de Salud para los recursos del régimen subsidiado.
El artículo 2 del Decreto 4693 de 2005 definió cuenta maestra, en los siguientes términos: “[…] Artículo 2°. Cuenta Maestra. Para los efectos de este decreto se entiende por cuenta maestra, la cuenta que por manejar exclusivamente los recursos del Régimen Subsidiado solo acepta como operaciones débitos aquellas que se destinen a otra cuenta bancaria que pertenece a una Administradora de Régimen Subsidiado. Toda transacción que se efectúe con cargo a los recursos que financian el régimen subsidiado, proveniente de la cuenta maestra, deberá hacerse por transferencia electrónica […]”
Artículo 1, Decreto 4693 de 2005.
ADRES en virtud de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Así como el Decreto 1429 de 2016, “Por el cual se modifica la estructura de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES – y se dictan otras disposiciones.”
Artículos 4 a 14, Resolución 3042 de 2007.
Artículos 15 a 20, ídem.
Artículo 21, ibídem.
“[…] Artículo 23. VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. El Ministerio de la Protección Social a través del Grupo de Presupuesto verificará la información contenida en la solicitud de registro, debiendo para ello solicitar al Gerente de la correspondiente entidad financiera, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la solicitud, certificación o ratificación escrita del número de la cuenta enviada por la respectiva entidad territorial como cuenta maestra. […]”
“[…] Artículo 24. REGISTRO DE CUENTAS. Para el registro de las cuentas maestras, una vez verificada o autorizada la solicitud, el Ministerio de la Protección Social a través del Grupo de Presupuesto realizará las siguientes actividades: // a) Registrará la cuenta en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF;// b) Emitirá oficio de confirmación del registro de la cuenta en original y dos copias distribuidas así: original a la entidad territorial solicitante, copia 1 a la entidad financiera y la copia 2 al Archivo del Grupo de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social. Una vez emitido el oficio mencionado, la cuenta maestra quedará activa en la base de datos del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF. // PARÁGRAFO. En ningún caso la entidad territorial podrá tener más de una cuenta maestra registrada para cada una de las subcuentas de régimen subsidiado de salud, de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y de salud pública colectiva, por lo tanto, en forma previa al registro de una nueva cuenta maestra en el SIIF, la entidad territorial deberá enviar certificación bancaria de cancelación de la cuenta ya registrada. […]”
“[…] El Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación es una herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de sus entidades descentralizadas, y de brindar información oportuna y confiable […]”. Consultado en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Sistema_Integrado_de_Informacion_financiera_SIIF.pdf
Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones. Derogado en lo pertinente por el Artículo 54 del Decreto 4108 de 2011 - Derogado (excepto los artículos 20, 21, 22 y 23) por el Artículo 66 del Decreto 4107 de 2011. Parágrafo 4 del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007. Literal g) del artículo 154 de la Ley 100 de 1993. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 7 de diciembre de 2015, C.P. Álvaro Namén Vargas, expediente con radicación nro. 11001-03-06-000-2014-00258-00(2235 y 2235 AD)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de junio de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2008-01255-00. M.P. Ciro Angarita Barón
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 15 de marzo de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 27001 23 31 000 201200030-01. El artículo 335 de la Constitución Política reza: “ARTICULO 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de diciembre de 2016. Expediente Radicación n° 05001-31-03-001-2008-00312-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez. En los estándares internacionales de la banca, existen unos parámetros que obligan a las entidades financieras a tener un deber mínimo de diligencia y contar con normas rigurosas de debida diligencia con los clientes. Verbigracia consultar el documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. “Debida diligencia con la clientela de los bancos.” Documento traducido por ASBA y editado por el BPI Octubre de 2001. Consulta realizada el 2 de marzo de 2018 en la página
https://www.bis.org/publ/bcbs85s.pdf.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de abril de 2005, expediente 250002324000200000755- 01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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