Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00333-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00333-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00333-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: Acción de nulidad
Radicación: No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Demandante: Gloria Elena Cifuentes Álvarez
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de
Planeación – DNP.
Tema: La intervención del Estado en la economía a través de la vigilancia y control
del Departamento Nacional de Planeación - DNP sobre los recursos de
regalías ejecutados por las entidades territoriales.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por señora
Gloria Elena Cifuentes Álvarez, quien solicita la nulidad del artículo 2° del Decreto
2810 de 4 de agosto de 20101, expedido por el Presidente de la República, el
Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Nacional de
Planeación -en adelante DNP-.
ANTECEDENTES
La demanda2
1. En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo, la señora Gloria Elena Cifuentes Álvarez presentó
demanda en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del
Departamento Nacional de Planeación, con el fin de obtener la declaratoria de
nulidad del artículo 2º del Decreto 2810 del 4 de agosto de 2010, por el cual se
reglamentan parcialmente los artículos 10 de la Ley 1421 de 1994 y 121 de la Ley
1151 de 2007, y se modifica el Decreto 416 de 2007, toda vez que considera que
existe una extralimitación de la potestad reglamentaria. Por lo anterior, solicita se
hagan las siguientes declaraciones:
(…) PRIMERA: Declarar la nulidad del artículo 2 del Decreto 2810 de
agosto 4 de 2010, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos
1 “Por el cual se reglamenta los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y se modifica el
Decreto 416 de 2007”. Folios 2 a 7 c.p.
2 Folios 8 a 20 c.p.
2
Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
10 de la ley 1421 de 1994, 121 de la ley 1151 de 2007 y se modifica el
decreto 16 de 20073 (…).
Los hechos relevantes de la demanda
2. La parte demandante no señaló la base fáctica sobre la que sustentaba la
pretensión de la demanda, pues se limitó a transcribir el artículo 2° del Decreto 2810
de 4 del agosto de 2010.
Fundamentos de derecho y concepto de la violación
Normas violadas
3. La demandante formuló como único cargo de violación, el relacionado con la falta
de competencia del Presidente de la República para expedir el artículo 2° del
Decreto 2810 de 4 de agosto de 20104.
De la falta de competencia
4. La demandante consideró que: i) el Gobierno nacional extralimitó la potestad
reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política
cuando profirió los numerales 2 al 5 del artículo 2° del Decreto 2810 de 4 de
agosto de 2010, pues estableció: a) nuevos criterios para identificar las situaciones
que se consideran como una inadecuada administración de las regalías, y b)
condiciones para que se levante la suspensión de desembolso de esos recursos, a
pesar de que los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 19945 (modificado por las Leyes
756 de 20026 y 1283 de 20097) refirieron con claridad sobre la destinación y el
porcentaje de los recursos de las regalías y que constituye el uso adecuado y
eficiente de los recursos de regalías para municipios y departamentos, lo que a su
vez conllevó a dar un alcance diferente a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo
10° de la misma ley, es decir, a la suspensión correctiva de desembolso; ii) el inciso
primero y el numeral 1° del artículo demandado no son nulos porque se limitaron a
transcribir el artículo 5° de la Ley 756 de 2002, el cual modificó a su vez el artículo
10° de la Ley 141 de 1994.
3 Folios 8 cuaderno principal.
4 “Por el cual se reglamenta los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y se modifica el
Decreto 416 de 2007” Folios 2 a 7 cuaderno principal.
5 “Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho
del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas
para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.”
6 “Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras
disposiciones”.
7 “Por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez modifica el literal a)
del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994”.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
5.El Departamento Nacional de Planeación8, a través de apoderado judicial, se
opuso a la pretensión de la demanda y propuso como única excepción la “inepta
demanda”, con fundamento en los siguientes argumentos:
i) La norma impugnada no contraría ni la Constitución ni la ley, por el contrario,
constituye el desarrollo de la facultad reglamentaria del señor Presidente de la
República y garantiza la ejecución y cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente
atinente a la correcta ejecución de los recursos de regalías;
ii) La actora no realizó un adecuado cotejo de la norma demandada frente a lo
regulado en la Constitución y la ley.
iii) Las pretensiones deben cumplir con las características de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia.
iv) El DNP tiene funciones de control y vigilancia de las regalías a través de un
procedimiento administrativo correctivo y dependiendo de cada caso, se imponen
las medidas previstas en los artículos 26 a 31 del Decreto 416 de 2007 y en el
artículo 10° de la Ley 141 de 1994.
v) El artículo 2º del Decreto 2810 de 2010 no incluyó nuevas condiciones o
conductas entendidas como una situación de ineficiente o inadecuado uso de las
regalías, ni las instituyó como una obligación para que las entidades obtuvieran el
levantamiento de la medida de suspensión de giros; todo lo contrario, su propósito
fue el de establecer parámetros uniformes, claros, inequívocos y comprobables para
que se pudiera acreditar que una entidad territorial había subsanado las causales
que justificaron la imposición de una medida de suspensión correctiva a la luz del
artículo 10 de la Ley 141 de 1994, precisamente el uso eficiente y eficaz de los
recursos.
vi) El procedimiento de levantamiento de la medida de suspensión correctiva del
desembolso de los recursos de regalías y compensaciones constituye un
mecanismo idóneo para garantizar la cumplida ejecución del artículo 5º de la Ley
756 de 2002, según el cual el DNP, en desarrollo de las facultades de control y
vigilancia, levantará la medida cautelar cuando objetivamente se superen las
razones que originaron su imposición. Esta es la forma como una entidad territorial
demuestra que corrigió la indebida utilización de los recursos de regalías, ajustó la
8 Folios 70 a 77, c.1.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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administración y ejecución de sus recursos a los requisitos previstos en la ley y
adoptó las medidas necesarias para evitar incurrir en nuevas o futuras
irregularidades, pues de no existir esto, las entidades territoriales se mantendrían
en una situación de permanente suspensión de giros y se impediría superar la
indebida destinación de los recursos de regalías.
vii) La facultad que tiene el DNP de suspender el giro de los recursos de regalías
cuando se comprueba la incorrecta utilización de los mismos constituye un
mecanismo idóneo y eficaz que tiene el Estado para intervenir en la economía, con
el fin de racionalizar la utilización de los recursos públicos a que tienen derecho las
entidades territoriales y evitar que estos sean ejecutados contrariando los fines
constitucionales, legales y el interés general.
viii) El Consejo de Estado, en sentencia del 17 de marzo de 20109, previó que la
medida correctiva impuesta a los municipios beneficiarios de las regalías, solo
puede ser levantada cuando se superan los supuestos de hecho que la justificaron
o cuando se verifica que dichas entidades practican un uso adecuado y eficiente de
estos recursos, según las pautas determinadas por la ley. Esta decisión judicial
señaló que el Presidente de la República expidió el Decreto 2810 de 201010 a través
del cual reglamentó el numeral 1° del artículo 10° de la Ley 141 de 1994 con el
objeto de: a) racionalizar la periodicidad del envío de información a la Dirección de
Regalías, y b) precisar los hechos que debe acreditar la entidad beneficiaria para
que pueda entenderse que la situación de ineficiencia o inadecuada administración
y ejecución de los recursos de regalías ha sido superada.
6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado judicial,
contestó la demanda; no obstante, según auto del 6 de noviembre de 201511, se
constató que el memorial contentivo de la misma fue presentado
extemporáneamente.
TRÁMITE DEL PROCESO
7. Mediante auto del 15 de enero de 2013: i) se admitió la demanda y ordenó
notificar personalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Departamento Nacional de Planeación, y ii) se denegó la suspensión provisional de
9 Consejo de Estado, Seccion Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, rad. 11001-03-26-000-2008-00074-
00(35726), M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esta decisión se analizó la legalidad del numeral 20 del artículo
8° del decreto 4355 de 2005, el artículo 29 y el último inciso del numeral 1° del artículo 32 del decreto 416 de
2007.
10 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y
se modifica el Decreto 416 de 2007.”
11 Folios 85 a 90 del c.p.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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los efectos del acto acusado12. El proceso se fijó en lista por el término de 10 días,
y dentro de dicho término las partes se pronunciaron así:
7.1. El DNP contestó la demanda y solicitó que el despacho se inhibiera para
pronunciarse sobre el caso sub iudice o en su defecto se negaran las pretensiones
de la demanda13.
7.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda; sin embargo,
a través de auto del 6 de noviembre de 2015, se constató su presentación
extemporánea14.
7.3. Mediante auto del 31 de marzo de 201615 se abrió la etapa probatoria, luego de
lo cual se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
7.4. El DNP16 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
7.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público17 indicó que: i) el artículo 2º del
Decreto 2810 de 2010 supedita el levantamiento de la suspensión de la medida
correctiva a que la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación
“verifique” que la entidad territorial beneficiaria superó la situación de ineficiente o
inadecuada administración y ejecución de los recursos de regalías y
compensaciones; al igual que ii) el inciso segundo del mismo artículo 2º fija los
requisitos de superación de las condiciones fácticas que justificaron la imposición
de la medida cautelar, por lo que mal podría endilgarse a la norma reglamentaria
acusada algún vicio cuando lo que hizo fue señalar los parámetros para el
cumplimiento efectivo de la ley.
7.6. El 5 de mayo de 201618, el Ministerio Público conceptuó que se debía acceder
a las pretensiones de la demanda, toda vez que el artículo 2º del Decreto 2810 del
4 de agosto de 2010 está viciado de nulidad, con fundamento en los siguientes
argumentos: i) en tanto fue expedido con ausencia de competencia y extralimitación
de funciones del Presidente de la República, toda vez que, apartándose de las
Leyes 1283 de 2009 y 756 de 2002, creó un procedimiento administrativo paralelo
y unas condiciones diferentes para levantar una medida de suspensión correctiva
de desembolso de los recursos de regalías y compensaciones, y ii) dado que la Ley
12 Folios 26 a 30 c.p.
13 Folios. 70 a 77 c.p.
14 Folios 85 a 90 del c.p.
15 Folio 94, c.p.
16 Folios 97 a 103 c.p.
17 Folios 104 a 106, c.p.
18 Folios 112 a 125 c.p.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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141 de 1994, modificada por las Leyes 1283 de 2009 y 756 de 2002, tampoco
confirió facultades al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para regular un
procedimiento administrativo en cabeza del DNP en el que se fijara el levantamiento
de la medida de suspensión correctiva del desembolso de los recursos de regalías.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
8.El artículo 12819 del Código Contencioso Administrativo – CCA atribuye a la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la competencia para
conocer en única instancia de los procesos de nulidad contra los actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, norma que resulta
consonante con el Acuerdo No. 55 de 5 del agosto de 200320 que regula las reglas
de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.
Presentación del problema jurídico y metodología de la decisión
9. El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si los
criterios y el procedimiento para el levantamiento de la medida de suspensión
correctiva de desembolso de los recursos de regalías y compensaciones de las
entidades territoriales que se encuentra establecido en el artículo 2° del Decreto
2810 de 201021, excedió los límites de la potestad reglamentaria conferida al
Presidente de la República en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política
y, en consecuencia, si desconoció lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 756 de
2002 (modificatorio del artículo 10 de la Ley 141 de 1994) y en los artículos 1º y 2º
de la Ley 1283 de 2009 (modificatorio de los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de
1994).
10. La Sala debe advertir que la demanda si bien en su encabezado anunció de
manera general que solicitaba la nulidad del artículo 2º del Decreto 2810 del 4 de
agosto de 2010, precisó en su desarrollo detalladamente que fueron los numeral 2
a 5 del mencionado artículo los que desbordaron los límites de la potestad
reglamentaria reconocida al Presidente de la República y los incisos así como el
19 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en de los siguientes procesos
privativamente y en única instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades por las autoridades del orden nacional (…) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que
carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden
nacional, con excepciones de los de carácter laboral”.
20 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad
de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
21 “Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 10 de la Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007
y se modifica el Decreto 416 de 2007”. Folios 2 a 7 c.p.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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numeral 1º transcribieron o replicaron otras disposiciones legales22. Estas razones
conducen a la Sala a concentrar el análisis de legalidad en los numerales 2 a 5 del
artículo 2º del Decreto 2810 de 2010 con el objeto de determinar si aquellos son la
fuente de la vulneración al principio de legalidad.
11. La Sala, previamente a emitir pronunciamiento en relación con el problema
jurídico antes referido, debe analizar: si el cargo formulado en la demanda es idóneo
para que se efectúe un pronunciamiento de fondo, en atención principalmente a las
razones que en tal sentido formularon como excepción las demandadas en este
trámite de legalidad.
12. Posteriormente, y solo en el caso de concluir que existe mérito para un
pronunciamiento de fondo, el Consejo de Estado deberá determinar si, al amparo
del cargo formulado por el actor, el artículo 2º del Decreto 2810 (numerales 2 a 5),
que fijó el levantamiento de la medida de suspensión correctiva del desembolso de
los recursos de regalías y compensaciones para las entidades territoriales, es
armónico o no con el ordenamiento jurídico superior.
De la ineptitud de la demanda
13. La demandante pretende la declaración de ilegalidad del artículo 2° del Decreto
2810 de 2010 al considerar que el Presidente de la República excedió la potestad
reglamentaria, toda vez que la citada norma está en contravía de las disposiciones
de la Ley 141 de 1994, modificada por las leyes 756 de 2002 y 1283 de 2009.
14. El Departamento Nacional de Planeación -DNP- manifestó que la actora no hizo
el contraste de los cargos formulados con la Constitución ni la ley, pues se limitó a
efectuar consideraciones subjetivas y no logró sustentar de manera concreta y
adecuada el concepto de violación.
22 “Si bien el artículo demandado (…) transcribe la norma legal e indica en su inciso primero que el uso adecuado
es el prescrito en las Leyes 141 de 1994, modificada por las leyes 756 de 2002 y 1283 de 2009 a renglón
seguido define que criterios considera como una ineficiente o inadecuada administración de recursos, con lo
que evidentemente adiciona condiciones de usos adecuado e incluye las siguientes: 2. Que la relación de
inversiones a financiar en la vigencia en curso, con recursos de regalías y compensaciones, contiene los
elementos señalados en el literal c) del artículo 1° del presente decreto, y que los respectivos proyectos de
inversión, se encuentran evaluados y viabilizados por la autoridad competente y registrados en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión. 3. Que el plan de compras e interventoría técnica y supervisión adoptado
por la entidad beneficiaria se encuentra articulado y es coherente con el presupuesto de rentas y gastos y con
la relación de inversiones a financiar en la vigencia en curso. 4. Que se ha restablecido la solidez administrativa,
financiera y la capacidad institucional de la entidad para ejecutar correctamente los recursos de regalías y
compensaciones. Para verificar lo anterior, la Dirección de Regalías podrá consultar a las entidades
competentes sobre la culminación satisfactoria de los acuerdos de reestructuración de pasivos y de los
programas de saneamiento fiscal y financiero, así como los resultados de las evaluaciones a la gestión de las
entidades territoriales que realicen autoridades del orden nacional. 5. Que las inversiones de los excedentes
de liquidez de recursos de regalías y compensaciones sin sujeción a la ley, hayan sido redimidas y que los
recursos provenientes de las mismas se hubiesen reintegrado a la entidad y se hayan ajustado a la normativa
vigente (…) Es evidente que no se incluyeron en la ley las conductas descritas en los numerales 2 a 5 del
artículo demandado. Abrogare el Gobierno Nacional la facultad de agregar condiciones que él considera como
uso inadecuado o ineficiente excede las facultades reglamentarias prescritas en la Constitución (…)”. (fl. 14 y
19, c.p).
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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15. La Sala declarará no probada la excepción de ineptitud de la demanda, toda vez
que luego de analizar la demanda se constató que el actor, además de citar y
transcribir las normas jurídicas que consideró transgredidas, explicó el alcance de
su vulneración en los acápites “normas violadas”, “concepto de violación” y
“fundamento jurisprudencial”. Lo anterior significa que existen cargos específicos
que apuntan a controvertir la legalidad de los numerales 2 al 5 del artículo 2° del
Decreto 2810 de 2010, lo que amerita, por supuesto, un pronunciamiento de fondo
por parte de la Corporación.
16. Además, la Corte Constitucional ha manifestado que, en virtud del principio de la
prevalencia del derecho sustancial, “no se debe extremar la aplicación esta norma,
al punto tal que se aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho principio”.
Por tanto, en tal virtud, defectos tales como “la cita errónea de una disposición legal
que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la
violación insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a inhibirse frente a un
cargo de nulidad”23.
17. Por los anteriores argumentos y siguiendo los criterios fijados en el artículo 13724
del C.C.A, la Sala estima que el cargo por presunto desbordamiento de la potestad
reglamentaria respecto de los numerales 2 al 5 del artículo 2º del Decreto 2810 de
2010 es apto para obtener una decisión de mérito.
Análisis del caso concreto
18. La actora considera que los numerales 2 al 5 del artículo 2° del Decreto 2810
de 2010 establecen nuevos criterios de uso adecuado y eficiente de las regalías,
adicionales a los previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994, por lo que
se establece un alcance diferente al numeral 1° del artículo 10° de la misma ley, que
trata sobre la suspensión del desembolso de los mencionados recursos.
19.Respecto de los numerales acusados por la parte actora -los cuales se citan en
negrillas-, se observa que estos establecen lo siguiente:
(…) Artículo 2º. Levantamiento de la medida de suspensión correctiva del
desembolso de los recursos de regalías y compensaciones.
La suspensión correctiva del desembolso se levantará cuando la entidad
beneficiaria haya superado la situación de ineficiente o inadecuada
administración y ejecución de los recursos de regalías y compensaciones y la
23 Corte Constitucional, sentencia C- 197 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
24 Artículo 137. “Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y
contendrá: La designación de las partes de sus representantes; 2. Lo que se demanda; 3. Los hechos u
omisiones que sirvan de fundamente de la acción; 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando
se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación”.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación lo haya
verificado.
Se entiende que la situación de ineficiente o inadecuada administración y
ejecución de los recursos de regalías y compensaciones se ha superado cuando
la entidad beneficiaria acredite de manera soportada ante la Dirección de
Regalías, lo siguiente:
1. Que la distribución y destinación de los recursos de regalías y compensaciones
contenida en el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso, así como
la ejecución presupuestal, se encuentran ajustadas a las disposiciones de la Ley
141 de 1994, modificada por las Leyes 756 de 2002 y 1283 de 2009 y demás
normatividad aplicable.
2. Que la relación de inversiones a financiar en la vigencia en curso, con
recursos de regalías y compensaciones, contiene los elementos señalados
en el literal c) del artículo 1° del presente decreto, y que los respectivos
proyectos de inversión, se encuentran evaluados y viabilizados por la
autoridad competente y registrados en el Banco de Programas y Proyectos
de Inversión.
3. Que el plan de compras e interventoría técnica y supervisión adoptado
por la entidad beneficiaria se encuentra articulado y es coherente con el
presupuesto de rentas y gastos y con la relación de inversiones a financiar
en la vigencia en curso.
4. Que se ha restablecido la solidez administrativa, financiera y la capacidad
institucional de la entidad para ejecutar correctamente los recursos de
regalías y compensaciones. Para verificar lo anterior, la Dirección de
Regalías podrá consultar a las entidades competentes sobre la culminación
satisfactoria de los acuerdos de reestructuración de pasivos y de los
programas de saneamiento fiscal y financiero, así como los resultados de
las evaluaciones a la gestión de las entidades territoriales que realicen
autoridades del orden nacional.
5. Que las inversiones de los excedentes de liquidez de recursos de regalías
y compensaciones sin sujeción a la ley, hayan sido redimidas y que los
recursos provenientes de las mismas se hubiesen reintegrado a la entidad
y se hayan ajustado a la normativa vigente (…).
20. La Sala, por razones metodológicas y para de resolver el problema jurídico
planteado anteriormente, de manera preliminar abordará los siguientes aspectos: (i)
los cambios en los contenidos normativos a raíz de la supresión y liquidación de la
Comisión Nacional de Regalías y la transferencia de competencias al Departamento
Nacional de Planeación como órgano rector del Sistema Nacional de Regalías; (ii)
el régimen de administración y distribución de las regalías; (iii) las funciones de
inspección, vigilancia y control: la intervención del Estado en la economía como
deber del Departamento Nacional de Planeación sobre los recursos de regalías; (iv)
el ejercicio de la potestad reglamentaria por el Presidente de la República: la
identificación de los límites y condiciones materiales de ejercicio y (v) las normas
acusadas frente al cargo que se imputa en la demanda.
Los cambios en los contenidos normativos a raíz de la supresión y liquidación
de la Comisión Nacional de Regalías y la transferencia de competencias al
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Departamento Nacional de Planeación como órgano rector del Sistema
Nacional de Regalías25
21. El contenido normativo de los artículos 3º, 4º y 8º del artículo 10 de la Ley 141
de 1994 y el artículo 5º de la Ley 756 de 2002 fue objeto de una transformación a
raíz de la liquidación de la Comisión Nacional de Regalías. Esta modificación se
produjo con ocasión de la expedición de diversos decretos que suprimieron y
ordenaron la liquidación de la Comisión Nacional de Regalías -Decreto 149 de 2004
“por el cual se suprime la Comisión Nacional de Regalías y se ordena su
liquidación”.
22. El artículo 20 del Decreto 149 prescribió que “todas las referencias que hagan
las disposiciones legales vigentes a la Comisión Nacional de Regalías se
entenderán referidas a la entidad que el Gobierno Nacional determine que asuma
las funciones de la Comisión Nacional de Regalías”. Para más claridad, en la parte
considerativa del citado decreto, se consignó que las competencias de la Comisión
Nacional de Regalías se trasladarían al Departamento Nacional de Planeación -
DNP-, entidad que: “propenderá por fortalecer las funciones de control y vigilancia”.
Este traslado de competencia se materializó a través de tres decretos posteriores,
saber:
23. El primero, el Decreto 195 de 2004 “por medio del cual se modifica la estructura
del Departamento Nacional de Planeación”, cuyo artículo 52 señaló que a partir de
su entrada en vigor “todas las referencias que hagan las disposiciones legales
vigentes a la Comisión Nacional de Regalías, se entenderán referidas, en lo
pertinente, al Departamento Nacional de Planeación”. Adicionalmente los
25 Antes de la Ley 489 de 1998, la administración pública no estaba conformada sectorialmente y fue solo hasta
1991, cuando el artículo 20 transitorio de la Constitución Política le confirió facultades al Presidente de la
República para organizar la administración por sectores: Justicia (Decreto 2157 de 1992), Salud (Decreto 2164
de 1992), Comercio (Decreto 2350 de 1992), Minas (Decreto 2119 de 1992), Educación (Decreto 2127 de 1992),
Comunicaciones (Decreto 1901 de 1990), Transporte (Decreto 2171 de 1992). Ley 489 de 1998. Art. 43.
Sistemas administrativos. “El Gobierno Nacional podrá organizar sistemas administrativos nacionales con el fin
de coordinar las actividades estatales y de los particulares. Para tal efecto preverá los órganos o entidades a
los cuales corresponde desarrollar las actividades de dirección, programación, ejecución y evaluación". Entre
los sistemas administrativas, podemos mencionar: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
Sistema Nacional Ambiental, Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones, Sistema de
Parques Nacionales Naturales, Sistema Nacional de Información Catastral, Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Sistema Nacional de Competitividad,
Sistema Nacional de Educación, Sistema de Información Minero-Energético de Colombia -Sistema de
Información Minero Colombiano, Sistema de Información Eléctrico y el Sistema de Información de Gas y
Petróleo-, Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Sistema Nacional de Patrimonio, Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, etc.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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numerales 34 del artículo 426 y 15 del artículo 727 del citado decreto reconocieron
de manera expresa atribuciones al Departamento Nacional de Planeación -DNP- en
cuanto al control y vigilancia de los recursos de las regalías de las entidades
territoriales.
24. El segundo, el Decreto 4355 de 2005 “por el cual se modifica la estructura del
Departamento Nacional de Planeación” creó la Dirección de Regalías y en el interior
de esta última dependencia i) la Subdirección de Proyectos de Regalías; ii) la
Subdirección de Control y Vigilancia, y iii) la Subdirección de Procedimientos
Correctivos que se encarga del control y vigilancia de la utilización de los recursos
provenientes de regalías y compensaciones causadas por la explotación de los
recursos naturales no renovables y de las asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías.
25. Por último, el Decreto 416 de 200728, mediante el cual se establecen las
competencias de control y vigilancia por parte del Departamento Nacional de
Planeación -DNP- respecto de la utilización de los recursos provenientes de regalías
y compensaciones causadas por la explotación de los recursos naturales no
renovables y de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías.
26. Del anterior conjunto de actos administrativos expedidos por el Presidente de la
República, en virtud de las funciones señaladas en el artículo 189 de la Constitución
Política -numerales 11, 15 y 16- y de conformidad con lo establecido por los artículos
52 y 54 de la Ley 489 de 1998 y por el Decreto Ley 254 de 2000, se concluye que:
i) se suprimió y liquidó la Comisión Nacional de Regalías (Decreto 149 de 2004) 29;
ii) las competencias depositadas por las Leyes 141 de 1994 y 756 de 2002 en la
Comisión Nacional de Regalías fueron transferidas al Departamento Nacional de
Planeación -DNP; en especial, iii) las atribuciones de control y vigilancia enfocadas
a la correcta ejecución de los recursos de regalías por las entidades territoriales.
El régimen de administración y distribución de las regalías
26 Artículo 4°. “Funciones del Departamento Nacional de Planeación. Son funciones del Departamento Nacional
de Planeación, además de las que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: (…) 34.
Controlar y vigilar directamente o mediante la contratación de interventores, la correcta utilización de los
recursos provenientes de regalías y compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad del Estado y tomar los correctivos necesarios en los casos que se determine una mala
utilización de dichos recursos” (se subraya).
27 Artículo 7°. “Funciones del Despacho del Director General. Son funciones del Director General del
Departamento Nacional de Planeación, además de las señaladas en la Ley 489 de 1998, las siguientes: (…)
15. Dirigir y coordinar las políticas de inversión referentes al Fondo Nacional de Regalías y al control y vigilancia
de la correcta utilización de los recursos provenientes de regalías y compensaciones causadas por la
explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado y tomar los correctivos necesarios en
los casos que se determine una mala utilización de dichos recursos” (se subraya).
28 El Título III del decreto en cuestión se denomina “De los mecanismos de control y vigilancia” y detalla los
instrumentos y atribuciones del Departamento Nacional de Planeación -DNP para el control y vigilancia de los
recursos de regalías.
29 “Por el cual se suprime la Comisión Nacional de Regalías y se ordena su liquidación.”
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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27. El artículo 1º del Acto Legislativo No. 05 de 201130, que modificó el artículo 360
de la Constitución Política, prevé que: “la explotación de un recurso natural no
renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte”. Este
artículo distingue las competencias en materia de explotación de recursos
renovables en función de las diferentes tipologías de leyes.
28. En efecto, el inciso primero del mencionado artículo hace referencia a la “ley [que]
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no
renovables”; mientras que el inciso segundo señala que: “[m]ediante otra ley, a
iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables”.
29. En la Constitución Política hay dos tipos de leyes relacionadas con los recursos
no renovables: una, que establece las condiciones generales para su explotación31
y, otra, que regula el Sistema General de Regalías. Esta última es la Ley 1530 de
201232, derogada parcialmente por la Ley 2056 de 2020, que “regul[ó] la
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, es decir, es la
ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo 360 superior.
30. De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Acto Legislativo 05 de
2011, modificatorio de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, los
ingresos del Sistema General de Regalías se destinan para: (i) el financiamiento de
proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades
territoriales; (ii) el ahorro para el pasivo pensional de los mismos entes; (iii) las
inversiones físicas en educación, así como para ciencia, tecnología e innovación;
(iv) la generación de ahorro público; (v) la fiscalización de la exploración de los
yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, y (vi) el aumento
de la competitividad general de la economía que busca mejorar las condiciones
sociales de la población.
31. En cuanto a los criterios de distribución de los ingresos de regalías, se identifican
dos modelos; el primero, antes de la aparición del Acto Legislativo 5 de 2011; el
segundo, con ocasión y con posterioridad a la citada reforma constitucional.
30 “Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones.”
31 El Código de Minas o en el Código de Petróleos
32 Esta es la Ley 1530 de 2012, la cual fue derogada parcialmente por la Ley 2056 de 2020 y algunas de sus
normas entraron en vigencia a partir de su publicación el 30 de septiembre de 2020 y las demás a partir del 1º
de enero de 2021.
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32. En cuanto al primer modelo, es preciso resaltar que el mismo respondía a un
esquema de regalías directas e indirectas33. En las regalías directas, las entidades
territoriales, en cuyo territorio se iniciaban actividades de explotación de recursos
naturales no renovables, así como en puertos marítimos y fluviales por donde se
transportaban dichos recursos o productos derivados de los mismos, tenían derecho
a participar en las regalías y compensaciones; mientras que en las regalías
indirectas, los recursos que no se distribuían entre las diferentes entidades
territoriales iban al Fondo Nacional de Regalías, cuyos ingresos eran repartidos
entre aquellas.
33. En cuanto al segundo modelo, vigente por el Acto Legislativo 05 de 2011, si bien
se preservó el criterio de distribución de regalías directas, se eliminó el Fondo
Nacional de Regalías y, en su lugar, se fijaron una serie de criterios y procedimientos
para el reparto de las regalías entre las entidades territoriales. De esta manera, los
recursos fueron distribuidos entre los fondos creados por la enmienda
constitucional: Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; Fondo de Ahorro y
Estabilización; Fondo de Desarrollo Regional, y Fondo de Compensación Regional
y pensiones territoriales.
34. Como lo ha manifestado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado34, y tal como se desprende de la Ley 1283 de 2009, las regalías directas y
compensaciones deben incluirse en los respectivos presupuestos de las entidades
territoriales como un ingreso propio con destinación específica.
35. En efecto, la citada ley “por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la
ley 756 de 2002, que a su vez modifica el literal a) del artículo 15 y los artículos 30
y 45 de la ley 141 de 1994”, al referirse a las regalías directas no sólo estableció la
destinación que las entidades territoriales deben dar a este tipo de recursos, sino
que los vinculó al sistema de planeación de dichas entidades y les ordenó incorporar
los recursos en el presupuesto anual en cuentas separadas de los demás ingresos,
con el fin de preservar la destinación ordenada en la ley35.
33 Esta distinción conceptual fue puesta de presente por la jurisprudencia constitucional, al señalar que “[l]as
regalías directas son aquellas que provienen de una participación directa de aquellos entes territoriales en cuyo
territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables y puertos marítimos y fluviales por
donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos. Las regalías indirectas, a través
del Fondo Nacional de Regalías, para los departamentos o municipios que, careciendo de explotaciones de
recursos naturales no renovables y puertos marítimos y fluviales, acceden a los recursos que ofrece el fondo
nacional de regalías, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”. Corte Constitucional,
sentencia C-240 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34 Ver conceptos 1656 de 2005 y 1823 de 2007.
35 Ley 1283 de 2009. “Artículo 1. El artículo 15 de la Ley 141 de 1994, quedará así: “Artículo 15. Utilización por
los municipios de las participaciones establecidas en esta ley. Los recursos de regalías y compensaciones
monetarias distribuidos a los municipios productores y a los municipios portuarios, tendrán la siguiente
destinación: a) El noventa por ciento (90%) a inversión en proyectos de desarrollo Municipal y Distrital,
contenidos en el Plan de desarrollo, con prioridad para aquellos dirigidos a la construcción, mantenimiento y
mejoramiento de la red terciaria a cargo de las entidades territoriales , proyectos productivos, saneamiento
ambiental y para los destinados en inversiones en los servicios de salud, educación básica, media y superior
pública, electricidad, agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos básicos esenciales, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 129 del Código de Minas (…)// b) Hasta el 10% para la interventoría técnica de
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36. Los recursos provenientes de las regalías que no deban asignarse a los
departamentos, municipios o puertos en los que se producen o se transportan, se
denominan regalías indirectas. Con dichos recursos la Constitución Política ordenó
crear el Fondo Nacional de Regalías36; a su vez la Ley 756 de 2002, por la cual se
modificó la Ley 141 de 1994 o ley de regalías, en su artículo 1º, establece que este
fondo tiene personería jurídica propia, se encuentra adscrito al Departamento
Nacional de Planeación -DNP y sus recursos serán destinados, en los términos del
artículo 361 de la Constitución, a promover el sector minero, ambiental y a financiar
proyectos regionales de inversión37.
37. En esta medida, las entidades territoriales interesadas en los ingresos de las
regalías indirectas deben cumplir con procesos de planificación38, de tal manera que
“con ello, el país estará seguro que los recursos provenientes de regalías se
asignarán con base en proyectos debidamente diseñados, dentro del marco de
verdaderos planes de desarrollo, con total viabilidad y claridad en cuanto a sus
aspectos técnicos y financieros”39. Significa lo anterior que las asignaciones a que
tienen derecho las entidades territoriales deberán registrarse en el correspondiente
presupuesto a efectos de posibilitar su ejecución. Lo anterior es plenamente
concordante con el principio presupuestal de planeación, según el cual debe existir
armonía entre el plan de desarrollo y el presupuesto anual40.
38. Pasando a la finalidad de los ingresos, el artículo 361 de la Constitución Política
señala que cada fondo persigue una finalidad distinta: i) el Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, así como el Fondo de Desarrollo Regional tienen como
finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades
territoriales y el Gobierno nacional; ii) el Fondo de Compensación Regional se
concentra en la financiación de proyectos de impacto regional o local de desarrollo
los proyectos que se ejecuten con estos recursos (…) Mientras las entidades municipales no alcancen
coberturas mínimas en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil,
asignarán por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos.
En el presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen
para los anteriores fines.”
36 Artículo 361. “Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y
municipios, se creará un fondo nacional de regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales
en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del
ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo
de las respectivas entidades territoriales” (se subraya).
37 Ver el decreto 195 de 2004, modificado parcialmente por el decreto 4355 de 2005.
38 En este sentido es pertinente recordar el mandato constitucional que impone a las entidades territoriales la
obligación de concertar, entre ellas y con el gobierno nacional, su plan de desarrollo, a fin de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el cumplimiento adecuado de sus funciones (C.P. art. 339).
39 Exposición de motivos de la Ley 141 de 1994, en “Memorias al Congreso Nacional 1991-1992”. Ministerio
de Minas y Energía”.
40 Decreto 111 de 1996, artículo 13. Planificación. “El presupuesto general de la Nación deberá guardar
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de inversiones, del plan
financiero y del plan operativo anual de inversiones”.
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en las entidades territoriales más pobres, de acuerdo con criterios de necesidades
básicas insatisfechas, población y desempleo, y con prioridad en las zonas costeras,
fronterizas y de periferia; iii) el Fondo de Ahorro y Estabilización cuyos (a)
rendimientos son administrados por el Banco de la República; (b) en los periodos
de desahorro, la distribución se concentra en los componentes del Sistema General
de Regalías, y (c) en caso de que los recursos de dicho Fondo excedan el 30% de
los ingresos anuales del Sistema General de Regalías, tal excedente se distribuye
conforme a los términos y condiciones que defina la ley de regalías.
39. Si bien la Constitución Política no confirió a las entidades territoriales la titularidad
de los recursos de regalías y compensaciones y, por ende, no es aplicable el
mandato previsto en el artículo 287, numeral 3º, superior, sí reconoció en favor de
estas personas jurídicas de derecho público territorial el derecho a participar en
dichos recursos a través de los sistemas de distribución indicados en el Acto
Legislativo 05 de 2011, por lo que: i) los mismos no pueden ser destinados a
enfoques distintos a los previstos en la Constitución Política para financiar proyectos
en los territorios, y ii) no es posible centralizar por completo los recursos de regalías
y compensaciones, pues ello haría ineficaz el mandato de participación de las
entidades territoriales en las rentas nacionales.
Las funciones de inspección, vigilancia y control: la intervención del Estado
en la economía como deber del Departamento Nacional de Planeación sobre
los recursos de regalías
40. Con el objeto de prevenir el riesgo que puede implicar el uso inapropiado de los
ingresos fiscales provenientes de la explotación de los recursos naturales no
renovables, se expidió la Ley 141 de 1994 (art. 8) mediante la cual se creó la
Comisión Nacional de Regalías, cuyas competencias fueron trasladadas al
Departamento Nacional de Planeación -DNP, en virtud del Decreto 195 de 2004, tal
como se mencionó anteriormente, con el objetivo de: i) administrar el Fondo
Nacional de Regalías, y ii) vigilar y controlar la administración y utilización de los
recursos provenientes de la explotación de recursos no renovables a cargo de las
entidades territoriales.
41. Por estas razones, la Ley 141 de 1994, en sus artículos 8° -Funciones de la
Comisión Nacional de Regalías- y 10° -Mecanismos para asegurar la correcta
utilización de las participaciones en las regalías y compensaciones- estableció los
mecanismos de vigilancia y control cuando las entidades territoriales hicieran un uso
inadecuado de los recursos, a saber: (i) solicitud a la entidad recaudadora (regiones
administrativas y de planificación -o regiones como entidad territorial-
departamentos y municipios productores y municipios portuarios) de la retención del
giro de los recursos requeridos para la ejecución de tales proyectos, cuando la
entidad territorial beneficiaria de dichas asignaciones, directa o por intermedio de
contratos con terceros, ejecute los proyectos sin cumplir los términos y condiciones
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establecidos en el acto de aprobación de las asignaciones; (ii) ordenar al Fondo
Nacional de Regalías la retención total o parcial del giro de los recursos requeridos
para la ejecución de tales proyectos, cuando se configure por parte de las entidades
territoriales la situación fáctica anterior; (iii) disponer que la ejecución de los
proyectos financiados con asignaciones del Fondo se adelante por otras entidades
públicas, cuando la entidad territorial beneficiaria de dichas asignaciones incurra en
estas conductas reprochables; (iv) solicitar que la ejecución de los proyectos
financiados con participación de regalías y compensaciones se adelante por otras
entidades públicas, regiones administrativas y de planificación, de las regiones
como entidad territorial, de los departamentos y municipios, según sea el caso,
cuando la entidad territorial beneficiaria de dichas participaciones o
compensaciones, directamente o por intermedio de contratos con terceros,
administre o ejecute proyectos sin cumplir los términos y condiciones establecidos
en los contratos respectivos. Además, en los mencionados artículos se precisa que
el Departamento Nacional de Planeación- DNP, en dichos casos, puede abstenerse
de aprobar nuevos proyectos de inversión en favor de las entidades territoriales
responsables, hasta tanto no se tomen los correctivos del caso y también puede
solicitar que la entidad a quien se le encargue la ejecución del proyecto se le
entreguen los recursos financieros previstos para tal efecto.
42. La Sala destaca que los artículos 8º y 10 de la Ley 141 de 1994 señalaron que,
si las entidades territoriales no cumplen con las condiciones establecidas en la
Constitución o la ley, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- puede solicitar
a la entidad recaudadora que se retenga el giro de los recursos requeridos u ordenar
al Fondo, la retención total o parcial.
43. La Corte Constitucional, en sentencia C-567 de 1995, al momento de estudiar la
constitucionalidad parcial de los artículos 8° y 10° de la Ley 141 de 1994, precisó
que las competencias que actualmente están a cargo del Departamento Nacional
de Planeación -DNP- (antes de la Comisión) constituyen mecanismos idóneos para
hacer garantizar la correcta utilización de las participaciones en las regalías y
compensaciones a que tienen derecho las entidades territoriales como beneficiarias
de la distribución que debe hacer el Fondo Nacional de Regalías, asegurando, en
todo caso, herramientas que permitan que los recursos a redistribuir sean utilizados
de manera adecuada y que en los eventos en que la entidad territorial beneficiaria
no ejecute los proyectos llamados a financiarse con dichas asignaciones, se
adopten las medidas correctivas necesarias41.
44. La Corte Constitucional precisó ibidem que el DNP ejerce sus competencias en
“un espacio administrativo de inspección e intervención del Estado en la Economía
con fines de regulación de un sector de la misma para racionalizar la utilización de
unos bienes de carácter nacional a cuyo goce tienen derecho los departamentos y
41 Corte Constitucional, sentencia C-567 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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municipios, pero dentro de las condiciones establecidas por la ley; no se trata de
una entidad de ejecución sino de inspección, control y vigilancia de la correcta
utilización de los recursos provenientes de regalías y compensaciones, en el que
deberá respetarse la especialidad que involucra [al DNP] y el sector al cual va
dirigida”.
45. En esa misma línea, la Corte Constitucional, en sentencias C-938 de 2003 y C-
781 de 200742, cuando estudió la constitucionalidad de los numerales 2 y 3 del
artículo 8 y los numerales 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 141 de 1994, precisó que
las competencias del Departamento Nacional de Planeación (antes Comisión
Nacional de Regalías) corresponden al ejercicio de poderes de intervención estatal
en la economía, cuyo fundamento constitucional radica en los artículos 33243 y
33444 de la Constitución Política, esto es, en la propiedad estatal sobre los recursos
naturales renovables y que, además, persigue un fin constitucionalmente legítimo
como lo es el de asegurar la correcta utilización de los dineros provenientes del
Fondo Nacional de Regalías por parte de las entidades territoriales beneficiarias de
dichos recursos.
46. La Corte Constitucional, en sentencia C-938 de 200345, consideró que el ejercicio
del control para la correcta utilización de las regalías y compensaciones por parte
del Departamento Nacional de Planeación -DNP debía determinarse con un criterio
objetivo con el fin de determinar si existía una ineficiencia o inadecuado uso de estos
recursos, de lo contrario, las entidades territoriales serían privadas de dichos
recursos sin un fundamento real o cierto, así sea temporalmente, en desmedro de
la garantía constitucional de autonomía que les reconoce la Constitución Política.
47. Bajo el mismo horizonte, la Corte Constitucional en sentencia C-781 de 200746
indicó que el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, en ejercicio de las
atribuciones de los numerales 2° y 3° del artículo 8° y 1°, 3° y 4° del artículo 10 de
42 Corte Constitucional, sentencia C-781 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto. Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 8 y 10 (parciales) de la Ley 141 de 1994 “por la cual se crea el Fondo nacional de Regalías,
la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de
recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras
disposiciones” y los artículos 1 y 5 (parciales) de la Ley 756 de 2002 “por la cual se modifica la Ley 141 de 1994,
se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones”.
43 Artículo 332. “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio
de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
44 Artículo 334. “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el
fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo
y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento
para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto
público social será prioritario (…)”.
45 Corte Constitucional, sentencia C-938 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería.
46 Corte Constitucional, sentencia C-781 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.
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la Ley 141 de 1994, debía garantizar el debido proceso de las entidades territoriales,
el cual debe aplicarse en todas las actuaciones administrativas, dado que por
tratarse de un control ejercido por un organismo administrativo sobre recursos
estatales se tenía que preservar incólumes los derechos de contradicción y defensa
en beneficio de las entidades territoriales. Al hilo de esta advertencia, la Corte
Constitucional condicionó la exequibilidad de las anteriores disposiciones a que se
garantice el debido proceso de las entidades territoriales en los procedimientos
administrativos sancionatorios:
Está garantía a un debido proceso supone que el Departamento Nacional
de Planeación debe implementar un procedimiento para la aplicación de
las medidas contenidas en los enunciados normativos examinados,
diseñado de manera tal que éstas sólo puedan ser adoptadas luego de un
trámite durante el cual se garantice el derecho de audiencia, el derecho
de contradicción y defensa de las entidades territoriales. La decisión final
sobre la aplicación de las medidas en estudio deberá ser proferida
mediante un acto motivado y congruente; susceptible de ser sometido al
control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Cabe aclarar que la previsión del numeral 4 del artículo 10 de la Ley 141
de 1994, en el sentido que el Departamento Nacional de Planeación
puede abstenerse de aprobar nuevos proyectos de inversión a las
entidades territoriales responsables hasta tanto no se tomen los
correctivos del caso, no puede ser entendida como la autorización a la
entidad administrativa para que sancione de manera indefinida y por
tiempo indeterminado a una entidad territorial, por el contrario, esta
atribución debe ser ejercida de manera tal que sea acorde con los
objetivos del artículo 10 y en todo caso los correctivos sugeridos deben
ser de posible cumplimiento por la entidad territorial.
(…) Por lo tanto se condicionará la exequibilidad del artículo 8 numerales
2 y 3; y del artículo 10 numerales 3 y 4 de la Ley 141 de 1994 a que se
garantice el debido proceso de las entidades territoriales. Está garantía a
un debido proceso supone que el Departamento Nacional de Planeación
debe implementar un procedimiento para la aplicación de las medidas
contenidas en los enunciados normativos examinados, diseñado de
manera tal que éstas sólo puedan ser adoptadas luego de un trámite
durante el cual se garantice el derecho de audiencia, el derecho de
contradicción y defensa de las entidades territoriales. La decisión final
sobre la aplicación de las medidas en estudio deberá ser proferida
mediante un acto motivado y congruente; susceptible de ser sometido al
control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
48.En vista de lo previsto, las facultades de intervención de la administración en la
economía dispuestas en la Ley 141 de 1994 y lo precisado por la Corte
Constitucional en sus diferentes decisiones; según el Decreto 416 de 2007 (art. 22)
mediante el cual se estableció que el órgano que ejercía la vigilancia y el control
podía:
a) Practicar, por sí mismo o a través de personas naturales o jurídicas,
visitas de inspección con el fin de verificar, dentro del ámbito de su
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competencia, la ejecución de los recursos de regalías. Dichas visitas se
llevarán a cabo en los sitios donde se realicen las inversiones, así como
en las sedes, oficinas o lugares donde funcionan las entidades
beneficiarias o ejecutoras o donde operan los terceros contratados por
estas para ejecutar los recursos. En desarrollo de las visitas se podrá
solicitar información de carácter técnico, administrativo, legal y financiero
y en general, la necesaria para la verificación de la correcta utilización de
las regalías, compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías.
Las visitas pueden tener por objeto la revisión integral de la forma en que
se están manejando y ejecutando las regalías y compensaciones por
parte de las entidades beneficiarias o ejecutoras o de los terceros
contratados por estas para tal efecto, o el control y vigilancia de un
proyecto específico. Estas visitas serán anunciadas por el Director de
Regalías mediante comunicación escrita dirigida a la entidad visitada,
indicando los integrantes de la comisión de visita, el objeto de la visita y
su duración.
La comisión de visita podrá solicitar la información que requiera para el
cumplimiento de su cometido. La comisión de visita rendirá un informe al
Director de Regalías, quien evaluará la procedencia de adoptar medidas
preventivas o de iniciar un procedimiento administrativo correctivo en los
términos previstos en el presente decreto;
b) Disponer la contratación, con personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, la realización de las interventorías administrativas y
financieras que considere necesarias, supervisar la labor de esas
interventorías, evaluar la información suministrada por las mismas y
adoptar las medidas preventivas o correctivas pertinentes;
c) Solicitar a las entidades beneficiarias o ejecutoras de los recursos de
regalías y compensaciones, de las asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías, de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera,
FAEP, de que trata el numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de 2002 y de
los recursos de reasignación de regalías y compensaciones –
Escalonamiento, la remisión oportuna de la información prevista en el
presente decreto;
d) Realizar audiencias públicas de auditores visibles, en las cuales las
interventorías administrativas y financieras, los interventores técnicos y
las entidades beneficiarias de regalías, compensaciones y asignaciones
del Fondo Nacional de Regalías, rindan cuentas públicamente a la
comunidad sobre la administración y destino de los recursos (se subraya).
49. Ahora, sobre el suministro de información de los recursos de regalías, el Decreto
416 de 2007 (art. 24), modificado por el Decreto 2810 de 2010, señaló que las
entidades territoriales deben presentar a la Dirección de Regalías del Departamento
Nacional de Planeación -DNP: i) copia del Plan de Desarrollo Territorial, incluyendo
el Plan Plurianual de Inversiones; ii) el acto administrativo de aprobación y
liquidación del presupuesto de rentas y gastos de la entidad beneficiaria y del Plan
Operativo Anual de Inversiones, así como de sus modificaciones; iii) las metas de
resultado en cada sector de inversión, con sus respectivos indicadores y línea base,
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y iv) la relación de los proyectos a ser financiados o cofinanciados con recursos de
regalías y compensaciones.
50. Así mismo, los literales d y g del artículo 24 del Decreto 416 de 2007, modificado
por el Decreto 2810 de 2010, establecieron que dentro del Formulario Único
Territorial (FUT), previsto por la Ley 962 de 200547 y reglamentado por el Decreto
3402 de 200748, se debía informar al Departamento Nacional de Planeación -DNP-
sobre: i) la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos; ii) la relación de
inversiones financiadas o cofinanciadas con recursos de regalías y
compensaciones, la cual debe ser consistente con los compromisos registrados en
la ejecución presupuestal de gastos; iii) el reporte por parte de los Departamentos
de la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones en los municipios de
su jurisdicción; y iv) las inversiones de los excedentes de liquidez realizadas y/o
aquellas que se encuentren vigentes con recursos de regalías y compensaciones.
51. El literal h previó que las entidades beneficiarias que tienen recursos de regalías
y compensaciones orientados a acuerdos de reestructuración de pasivos o
programas de saneamiento fiscal y financiero, debían reportar los actos
administrativos de autorización y reorientación de los recursos, así como copia del
mencionado acuerdo o programa y del escenario financiero.
52. Adicionalmente, el Decreto 416 de 2007 (art. 30) estableció como conductas
irregulares en la administración y ejecución de los recursos de regalías por las
entidades territoriales las siguientes:
a) Abstenerse sin justa causa de iniciar la fase de ejecución de los
proyectos financiados.
b) Retener saldos y rendimientos financieros de los proyectos financiados.
c) Ejecutar recursos de regalías y compensaciones o asignaciones de
recursos con destinación diferente a la permitida por la ley y autorizada
por el Consejo Asesor de Regalías en el acto de aprobación de los
recursos.
d) Invertir los excedentes de liquidez de las regalías y compensaciones
en condiciones diferentes a las previstas en el artículo 17 de la Ley 819
de 200349.
47 Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas
o prestan servicios públicos”. Artículo 31. “Formulario único para entidades territoriales. Con el objeto de
minimizar la cantidad de formularios que las entidades territoriales deben diligenciar a pedido de las entidades
del orden nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia coordinará en el término de noventa (90) días contados
a partir de la promulgación de la presente ley, el diseño y la aplicación de un formato común, cuando varias de
ellas soliciten información de la misma naturaleza.Las entidades solicitantes estarán en la obligación de aplicar
el formato que acuerden con el Ministerio del Interior y de Justicia”.
48 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones.”
49 Artículo 17. “Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales deberán invertir sus excedentes
transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta
calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo
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e) Ejecutar el presupuesto sin sujeción a los porcentajes de que tratan los
artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994.
f) Este literal fue considerado nulo50.
g) Cuando se verifique ausencia de procedimientos de selección en la
contratación, incumplimiento de procedimientos presupuestales o de
contabilidad pública en la utilización de los recursos de regalías y
compensaciones o de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, sin
perjuicio de que los incumplimientos a las mencionadas normatividades
sean reportados o informados a los órganos de control y a la Fiscalía
General de la Nación.
h) Omitir el aplazamiento de las apropiaciones financiadas con regalías y
compensaciones, cuando se encuentren suspendidos preventivamente
los giros.
i) Ejecutar las partidas del presupuesto financiadas con regalías y
compensaciones, cuando se encuentren suspendidos preventivamente
los giros.
53. Una vez la información sea recaudada de oficio, por una petición o queja y en
ella se advierta indicios del inadecuado uso de los recursos de regalías, se inicia el
procedimiento administrativo correctivo a la luz de lo dispuesto en el Decreto 416
de 2007, modificado por el artículo 3 del Decreto 4192 de 2007, caracterizado por
las etapas que se siguen (art. 31):
Del procedimiento correctivo. Se deberá dar inicio al procedimiento
correctivo cuando de la información recaudada, de oficio o a través de
petición o queja, se advierta la existencia de indicios respecto de la
comisión de una o varias irregularidades a que se refiere el artículo
precedente, excepto el literal g) del artículo 30 caso en el cual se deberá
remitir únicamente a los entes de control.
Los procedimientos administrativos correctivos tendrán por finalidad la
adopción de medidas correctivas por el incumplimiento de las normas
sobre la utilización y la ejecución de los recursos de regalías y
compensaciones, así como de las asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías, y se adelantarán respetando el debido proceso con arreglo a
los siguientes requisitos:
1. Acto administrativo de iniciación del procedimiento. El
Departamento Nacional de Planeación a través de la Subdirección de
Procedimientos Correctivos conformará el expediente con los soportes
respectivos y la orden de pruebas en caso de requerirse.
crediticio. // Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus excedentes de liquidez en
Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos últimos obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para
lo cual tendrán un plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.”
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, rad. 110010326000200800074 00,
M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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En cualquier estado de la actuación, cuando del análisis de la información
recaudada se determine que no existe mérito suficiente para iniciar o
proseguir procedimiento administrativo correctivo, ya sea porque los
hechos objeto de la investigación no constituyen irregularidad; porque no
existen indicios sobre la comisión de la irregularidad; porque la entidad se
ha ajustado a los criterios de ley; o porque los hechos investigados ya han
sido objeto de actuación, se archivarán mediante auto las diligencias
adelantadas hasta el momento y no se continuará con el impulso de la
actuación.
2. Acto administrativo de formulación de cargos. Mediante el acto de
formulación de cargos se señalarán de manera clara: la fecha de
ocurrencia de los hechos, la actuación presuntamente irregular, los
fundamentos de hecho y de derecho y los cargos que aparecen en contra
de la entidad sujeto de la actuación.
3. Descargos. Para presentar descargos la entidad territorial dispondrá
de un plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente a
la comunicación del auto de formulación de cargos.
Los descargos se deberán presentar mediante escrito en el cual la entidad
beneficiaria de regalías y compensaciones o asignaciones del Fondo
Nacional de Regalías, podrá solicitar la práctica de las pruebas que estime
conducentes, pertinentes y útiles, así como allegar aquellas que pretenda
hacer valer en el procedimiento.
4. Decreto y práctica de pruebas. En un término de treinta (30) días
hábiles, prorrogable hasta por quince (15) días hábiles más, el
Departamento Nacional de Planeación decretará y practicará las pruebas
solicitadas y las que considere necesarias, siempre que sean
conducentes, pertinentes y útiles para el procedimiento.
5. Decisión. Terminado el período de práctica de pruebas, previo el
informe final de la actuación correctiva conforme al cual existe mérito para
adoptar una medida correctiva, el Director General del Departamento
Nacional de Planeación o el Consejo Asesor de Regalías, según sea el
caso, procederán a adoptar, mediante acto administrativo motivado, la
respectiva decisión, imponiendo la medida correctiva, contra la cual
únicamente procede el recurso de reposición.
De la decisión de fondo debidamente ejecutoriada mediante la cual se
imponga una medida correctiva, se compulsarán copias a los órganos de
control y a la Fiscalía General de la Nación, cuando lo amerite.
En los aspectos del procedimiento administrativo correctivo no
contemplados en este Decreto, se seguirá el Código Contencioso
Administrativo y en su defecto el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones aquí
señaladas (…) (se subraya).
54. Ahora, el artículo 8° y 10° de la Ley 141 de 1994 y el artículo 32 del Decreto 416
de 2007 precisan que, si se comprueba una irregularidad derivada del inadecuado
uso de los recursos de las regalías, la administración puede imponer como medidas
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correctivas: (i) la suspensión de giros o (ii) el cambio de ejecutor de los recursos de
regalías y compensaciones por un término no inferior a seis (6) meses ni superior a
dos (2) años. También, el parágrafo 2° del artículo 32 del decreto ibídem prevé que
el Consejo Asesor de Regalías puede abstenerse de aprobar futuros proyectos
presentados por las entidades territoriales a los que se les haya suspendido los giros
o desembolsos o se les haya aplicado la medida correctiva de cambio de ejecutor.
El ejercicio de la potestad reglamentaria por el Presidente de la República: la
identificación de los límites y condiciones materiales de ejercicio
55. El Presidente de la República51 ejerce la potestad reglamentaria general o de
primer grado a través de la expedición de actos de carácter general, impersonal y
abstracto; no obstante, el mismo ejercicio no es absoluto, pues hay límites y
condiciones para su ejercicio, como pasa a explicarse: i) la potestad reglamentaria
no puede interpretar la Constitución o la ley con autoridad52; ii) la citada potestad no
puede adicionar53, reducir54, modificar o contrariar55 la norma de reenvío -
Constitución o ley-56 que se reglamenta, o impedir la realización de los fines que
esta persigue57, pues afecta su validez58; iii) el ejercicio de la potestad reglamentaria
exige que el legislador previamente disponga una regulación básica a partir de la
cual el Presidente expide la reglamentación correspondiente59; iv) el ejercicio de tal
51
En el ordenamiento jurídico se identifican varios decretos: i) Decretos leyes y decretos legislativos:
expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias ─art. 150-10 C.P─, estados de excepción
─artículos 212, 213 y 215 C.P─ y el decreto con fuerza de ley del Plan Nacional de Desarrollo ─art.
341 C.P–. ii) Decretos de desarrollo de leyes marco ─arts. 189-25 y 150-19 C.P─. iii) Reglamentos
constitucionales. iv) Decretos reglamentarios ─art. 189-11 CP─.
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 1999, rad. 0133 (1714), M.P.
Carlo Orjuela Góngora.
53
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, rad. 11001-
03-26-000-2009-00009-00(36312), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
54
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de febrero de 2016, rad. 11001-03-24-000-
2013-00018-00. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 2 de febrero de 2005, rad. 28615,
M.P. Alier Eduardo Hernández.
55
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1º de agosto de 2013, rad. 11001-03-25-000-
2006-00102-00(1700-06), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
56
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de julio de 1996, rad. 854,
M.P. Roberto Suárez Franco. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de febrero de 2018,
rad. 43.479, M.P. Adriana María Marín.
57
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de abril de 2015, rad. 11001-
03-06-000- 2014-00174-00 (2223), M.P. William Zambrano Cetina.
58
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de junio de 2014, rad. -03-
06-000-2013-000193-00(2143), M.P. Germán Bula Escobar
59
Corte Constitucional, sentencia C-290 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
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atribución debe ejercerse con atención al criterio de competencia60 y necesidad61,
de modo que no es procedente hacer uso del poder reglamentario cuando la Ley
contiene elementos precisos, claros, incondicionados y detallados62 que no
requieren una regulación adicional para su ejecución; v) no es posible reglamentar
asuntos que tengan rango de reserva de ley como lo es el procedimiento
administrativo63, y vi) no es posible por vía reglamentaria restringir o limitar derechos
fundamentales64.
La norma objeto de análisis de legalidad
56. El actor señaló que los numerales 2 al 5 del artículo 2° del Decreto 2810 de
2010 desbordan el numeral 1° del artículo 10° y los artículos 14 y 15 de la Ley 141
de 1994, al considerar que adicionan criterios para identificar cuando una entidad
territorial utiliza de manera ineficiente o inadecuada los recursos de regalías y
estableció un procedimiento para el levantamiento de la medida correctiva de
suspensión de giros de regalías. Para efectos metodológicos, en el siguiente cuadro
comparativo se hace un contraste entre los artículos que están contenidos en las
leyes objeto de reglamentación y las disposiciones demandadas:
Ley 141 de 1994. Mecanismos para Decreto 2810 de 2010 “por el cual se
asegurar la correcta utilización de las reglamentan parcialmente los artículos 10 de
participaciones en las regalías y Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y
compensaciones (art. 10) y Régimen de se modifica el Decreto 416 de 2007”
regalías y compensaciones generadas
por la explotación de recursos naturales
no renovables (art. 14 y 15)
Artículo 8°. Funciones de la Comisión Artículo 2° (…)
Nacional de Regalías. Serán funciones de la
Comisión las siguientes:
1. Vigilar, por sí misma o comisionar a otras 2. Que la relación de inversiones a financiar en la
entidades públicas o privadas, que la vigencia en curso, con recursos de regalías y
utilización de las participaciones y las compensaciones, contiene los elementos
asignaciones de recursos, provenientes del señalados en el literal c) del artículo 1° del presente
Fondo Nacional de Regalías, a que tienen decreto, y que los respectivos proyectos de
derecho las entidades territoriales, se ajuste inversión, se encuentran evaluados y viabilizados
60
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, rad. 36054, M.P. Enrique
Gil Botero.
61
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, rad.
39.043, M.P. Danilo Rojas Betancourt.
62
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, rad. 2009-
00009-00(36312), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
63
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de marzo de 2015, rad. 2008-00060-
00(2174-12), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
64
La jurisprudencia constitucional ha señalado “(...) en materia de derechos fundamentales el único
órgano competente para establecer limitaciones es el Congreso de la República”. Corte
Constitucional, sentencia C-606 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
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a lo prescrito en la Constitución Nacional y por la autoridad competente y registrados en el
en la presente Ley. Banco de Programas y Proyectos de Inversión.
2. En los casos previstos en el numeral 4° 3. Que el plan de compras e interventoría técnica y
del artículo 10 de la presente Ley, solicitar a supervisión adoptado por la entidad beneficiaria se
la entidad recaudadora respectiva (regiones encuentra articulado y es coherente con el
administrativas y de planificación regiones presupuesto de rentas y gastos y con la relación de
como entidad territorial- departamentos y inversiones a financiar en la vigencia en curso.
municipios productores y municipios
portuarios) la retención del giro de los 4. Que se ha restablecido la solidez administrativa,
recursos requeridos para la ejecución de financiera y la capacidad institucional de la entidad
tales proyectos65. para ejecutar correctamente los recursos de
regalías y compensaciones. Para verificar lo
anterior, la Dirección de Regalías podrá consultar
3. En los casos previstos en el numeral 3°
a las entidades competentes sobre la culminación
del artículo 10 de la presente Ley, ordenar al
satisfactoria de los acuerdos de reestructuración
Fondo Nacional de Regalías la retención
de pasivos y de los programas de saneamiento
total o parcial del giro de los recursos
requeridos para la ejecución de tales fiscal y financiero, así como los resultados de las
evaluaciones a la gestión de las entidades
proyectos.
territoriales que realicen autoridades del orden
nacional.
5. Establecer sistemas de control de
ejecución de los proyectos. 5. Que las inversiones de los excedentes de
liquidez de recursos de regalías y compensaciones
(…) Artículo 10. Mecanismos para asegurar sin sujeción a la ley, hayan sido redimidas y que los
la correcta utilización de las participaciones recursos provenientes de las mismas se hubiesen
en las regalías y compensaciones. En reintegrado a la entidad y se hayan ajustado a la
desarrollo de las facultades de inspección y normativa vigente.
control sobre la correcta utilización de las
regalías y compensaciones la Comisión
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Modificado por el art. 5, Ley 756 de 2002.
Practicar, directamente o a través de
delegados, visitas de inspección a las
entidades territoriales beneficiarias de las
participaciones y las asignaciones de
recursos del Fondo Nacional de Regalías.
2. Disponer la contratación de interventorías
financieras y administrativas para vigilar la
utilización de las participaciones y las
asignaciones provenientes del Fondo
Nacional de Regalías.
3. Ordenar que la ejecución de los proyectos
financiados con asignaciones del Fondo se
adelante por otras entidades públicas,
cuando la entidad territorial beneficiaria de
dichas asignaciones, directa o por
intermedio de contratos con terceros, esté
ejecutando los proyectos en forma
irresponsable o negligente sin darle
cumplimiento a los términos y condiciones
establecidos en el acto de aprobación de las
asignaciones. La Comisión ordenará que a
65 Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-781 de 2007, en el entendido
que el Departamento Nacional de Planeación -DNP, en el ejercicio de las funciones consignadas en los citados
numerales, debe respetar el debido proceso de las entidades territoriales.
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la entidad pública a quien se le encargue la
ejecución del proyecto le entreguen los
recursos financieros previstos para tal
efecto.
4. Solicitar que la ejecución de los proyectos
financiados con participación de regalías y
compensaciones se adelante por otras
entidades públicas, regiones administrativas
y de planificación, de las regiones como
entidad territorial, de los departamentos y
municipios, según sea el caso, cuando la
entidad territorial beneficiaria de dichas
participaciones o compensaciones,
directamente o por intermedio de contratos
con terceros, esté administrando o
ejecutando proyectos en forma
irresponsable o negligente o sin darle
cumplimiento a los términos y condiciones
establecidos en los contratos respectivos. La
Comisión, en dichos casos, podrá
abstenerse de aprobar nuevos proyectos de
inversión a las entidades territoriales
responsables, hasta tanto no se tomen los
correctivos del caso y solicitar que a la
entidad a quien se le encargue la ejecución
del proyecto se le entreguen los recursos
financieros previstos para tal efecto66.
Artículo 14. Modificado por el art. 13, Ley
756 de 2002, Modificado por el art. 2, Ley
1283 de 2009, Reglamentado parcialmente
por el Decreto Nacional 3510 de 2009,
Reglamentado por el Decreto Nacional 1447
de 2010. Utilización por los departamentos
de las participaciones establecidas en esta
Ley. Los recursos de regalías y
compensaciones monetarias distribuidos a
los departamentos productores serán
destinados en el cien por ciento (100%) a
inversión en proyectos prioritarios
contemplados en el plan general de
desarrollo del departamento o en los planes
de desarrollo de sus municipios.
Mientras las entidades departamentales
alcanzan coberturas mínimas en indicadores
de mortalidad infantil, cobertura básica de
salud y educación, agua potable y
alcantarillado, la entidad departamental
correspondiente deberá asignar por lo
menos el cincuenta por ciento (50%) del total
de sus regalías para esos propósitos. En el
presupuesto anual se separará claramente
66 Texto declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-427 de 2002, excepto el texto
en “negrita” que se declaró inexequible.
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los recursos provenientes de las regalías
que se destinen a los sectores aquí
señalados (…).
Artículo 15. Modificado por el art. 14, Ley
756 de 2002, Modificado por el art. 1, Ley
1283 de 2009, Reglamentado por el Decreto
Nacional 1447 de 2010. Utilización por los
municipios de las participaciones
establecidas en esta Ley. Los recursos de
regalías y compensaciones monetarias
distribuidos a los municipios productores y a
los municipios portuarios serán destinados
en el cien por ciento (100%) a inversión en
proyectos de desarrollo municipal
contenidas en el plan de desarrollo con
prioridad para aquellas dirigidas al
saneamiento ambiental y para las
destinadas a la construcción y ampliación de
la estructura de los servicios de salud,
educación, electricidad, agua potable,
alcantarillado y demás servicios públicos
básicos esenciales, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 132 del Código de
Minas (Decreto-ley número 2655 de 1988) .
Para tal efecto y mientras las entidades
municipales no alcancen coberturas
mínimas en los sectores señalados
asignarán por lo menos el ochenta por ciento
(80%) del total de sus participaciones para
estos propósitos. En el presupuesto anual se
separará claramente los recursos
provenientes de las regalías que se destinen
para los fines anteriores (…).
57. La Sala desestimará el cargo propuesto por la demandante, toda vez que, de
acuerdo con las normas y jurisprudencia antes citadas, se puede constatar que el
Presidente de la República cuando expidió los numerales 2 al 5 del artículo 2° del
Decreto 2810 de 2010 no creó requisitos adicionales ni un procedimiento ad-hoc
para el levantamiento de la medida de suspensión correctiva del desembolso de los
recursos de regalías y compensaciones, pues la definición de las condiciones para
el levantamiento de la medida fue fijada previamente por la ley.
58. Tampoco determinó en las normas demandadas que esta Sala conoce las
etapas de un procedimiento ni sus términos, ni definió lo relativo a las pruebas o
estableció las formas de acreditar situaciones fácticas o condiciones, pues las
pautas procesales del procedimiento administrativo de imposición y levantamiento
de medida correctiva fue formalizado por la ley.
59. Por lo tanto, no hubo violación de los límites de la potestad reglamentaria en el
caso concreto, pues la administración no diseñó condiciones para decidir sobre la
solicitud de levantamiento de una medida correctiva sobre recursos de regalías.
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60. Las normas acusadas reflejan que la autoridad administrativa ejerció un
mandato constitucional y legal de intervención en la economía dentro de los
parámetros definidos por los artículos 8 y 10 de la Ley 141 de 1994 cuya finalidad
no solo fue preservar las condiciones adecuadas de eficiencia y transparencia en la
utilización de las regalías sino corregir oportunamente las fallas dentro de dicho
sistema administrativo y promover un desarrollo económico armónico con los
propósitos constitucionales y alcanzar los fines del Estado en los distintos territorios
que lo integran.
61. Las actuaciones administrativas del Departamento Nacional de Planeación -
DNP que se enfocan a las entidades territoriales comprenden la investigación,
control y vigilancia en materia de correcta utilización de los recursos de regalías.
Estas actuaciones vienen acompañadas de un compendio de facultades de
naturaleza administrativa orientadas a que se cumplan las normas que regulan la
ejecución de las regalías, dentro de cuyo compendio, el órgano rector del Sistema
Administrativo de Regalías puede imponer sanciones. Lo anterior, visto como una
manifestación típica de la función de policía administrativa, la objeción y la sanción
a comportamientos contrarios a la finalidad constitucional del régimen de regalías;
por tanto, es una potestad administrativa del Departamento Nacional de Planeación
-DNP que, contrario a ser discrecional, preserva la garantía del derecho
fundamental al debido proceso de las entidades territoriales, tal como lo advirtió la
Corte Constitucional en la sentencia C-781 de 2007.
62. Frente a las conductas de las entidades territoriales que resultan contrarias a
las normas sobre regalías, la Ley 141 de 1994 prevé que el Departamento Nacional
de Planeación DNP ejerce varias competencias de policía administrativa, entre las
que se destacan las siguientes: i) vigilar la utilización de las regalías; ii) solicitar
retención de las mismas; iii) aprobar proyectos y controlar la ejecución de estos; iv)
autorizar la inversión de excedentes de liquidez; v) revisar las liquidaciones de las
entidades de recaudar, y vi) distribuir y transferir los mencionados recursos.
63. Por su parte, los artículos 4º y 7 del Decreto 195 de 2004 autorizan al
Departamento Nacional de Planeación para: i) controlar y vigilar directamente la
correcta utilización de los recursos provenientes de regalías y compensaciones
causadas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del
Estado, y ii) tomar los correctivos necesarios en los casos que se determine una
mala utilización de dichos recursos.
64. Ahora, es necesario establecer el alcance de cada numeral demandado por el
actor frente a los límites que impone la Ley 141 de 1994, teniendo en cuenta que
dicha ley previó que el Departamento Nacional de Planeación -DNP tuviera como
misión vigilar el uso adecuado de las asignaciones de recursos de regalías, su
consonancia con lo prescrito en la Constitución y la ley, así como también la
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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competencia para retener giros y ordenar a otras entidades la ejecución de los
proyectos, sin desconocer que podía tomar otras medidas necesarias pertinentes.
65. El numeral 2° demandado establece que las inversiones a financiar deben estar
evaluadas y viabilizadas por la autoridad competente y registrada en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión. Esta disposición es consonante con lo previsto
en el artículo 3° de la Ley 141 de 1994, los proyectos son elegibles cuando se
presentan ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP por las entidades
territoriales, bien sea de manera individual, conjunta o asociada y deben contar con
el previo concepto del Consejo Regional de Planificación Económica y Social,
Corpes o de la región administrativa y de planificación o de la región como entidad
territorial, o de la Corporación Autónoma Regional que tenga jurisdicción en el
territorio de la entidad solicitante. Es más, señala lo anterior, como uno de los
requisitos, que deben estar definidos en los proyectos como prioritarios en el Plan
de Desarrollo Territorial, tal como lo señala el artículo 361 constitucional. Una vez
se encuentre aprobada la asignación para los proyectos sometidos a consideración
de la Comisión, estos se inscriben en el Banco de Proyectos de Invención.
66. El numeral 3° acusado estima que el plan de compras e interventoría técnica y
supervisión adoptado por la entidad territorial beneficiaria debe estar articulado y
ser coherente con el presupuesto de rentas y gastos. Esta disposición replica la
exigencia de cumplir con el principio de programación integral establecido en el
artículo 17 de Estatuto Orgánico de Presupuesto, preservar la relación causal entre
inversión y funcionamiento con lo que se pretende evitar que los programas de
inversión omitan sobre las partidas de funcionamiento, lo cual puede convertirse en
un factor de desestabilización de las finanzas públicas. Las entidades territoriales
beneficiarias de los recursos de regalías deben garantizar la contratación y
financiación de la interventoría y del proyecto incluida su operación de acuerdo al
artículo 17 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, con el objeto de que se defina la
sostenibilidad en el tiempo del proyecto financiado. Además, esta información debe
ser registrada en el Formulario Único territorial (FUT) de acuerdo con el Decreto
3402 de 200767, para minimizar procedimientos administrativos de las entidades
nacionales, de manera que no es posible considerar que sea un requerimiento
nuevo que incluyó el decreto acusado.
67. Ahora, el numeral 4° del artículo 2° del Decreto 2810 de 2010 indicó que se
debía demostrar que se había restablecido la solidez administrativa, financiera y la
capacidad de ejecutar correctamente los recursos, frente a lo cual, podía verificar la
culminación de acuerdos de reestructuración de pasivos y de los programas de
saneamiento fiscal y financiero. Recuérdese que el artículo 3° de la Ley 141 de 1994
establece que para que un proyecto sea elegible debe cumplir con el reglamento
establecido por el Gobierno Nacional, de ahí que el Decreto 416 de 2007 prevé que
67 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones.”
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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el ministerio correspondiente debe evaluar situaciones técnicas, económicas,
financieras, institucionales y legales para la viabilidad de los proyectos presentados
por las entidades territoriales, de donde resulta relevante verificar el estado de los
acuerdos de reestructuración de pasivos y los programas de saneamiento fiscal y
financiero.
68. Finalmente, el numeral 5° de la norma demandada establece que las
inversiones de los excedentes de liquidez de recursos de regalías y
compensaciones deben ser redimidos y que los recursos provenientes de estos se
deben reintegrar a la entidad. Al respecto, se entiende por excedentes de liquidez
todos aquellos recursos que de manera inmediata no se destinen al desarrollo de
las actividades que constituyen el objeto de las entidades territoriales. Según el
parágrafo 5° del artículo 3° de la Ley 141 de 1994, los excedentes anuales que
resulten por recursos del Fondo Nacional de Regalías, no comprometidos, deben
ser utilizados por el Departamento Nacional de Planeación -DNP para financiar los
proyectos regionales una vez esta los autorice68.
69. De ahí que el literal d del artículo 30 del Decreto 416 de 200769 señala como
una irregularidad administrativa, invertir los excedentes de liquidez de las regalías y
compensaciones en condiciones diferentes a las previstas en el artículo 17 de la
Ley 819 de 200370, pues solo se pueden invertir en títulos de deuda pública, en
títulos con una calificación de riesgo crediticio o depositados en entidades
financieras de bajo riesgo crediticio.
70. En este orden, la Sala considera que los numerales 2 al 5 del artículo 2° del
Decreto 2810 de 2010 llenaron de contenido material la Ley 141 de 1994, teniendo
en cuenta que el numeral 15 del artículo 8° de esta ley establece como
competencias, entre otras, todas aquellas que permitan cumplir con el objeto del
Departamento Nacional de Planeación -DNP, la cual es vigilar y controlar la correcta
utilización de los recursos provenientes de regalías.
71. Por lo anterior, no es de recibo lo señalado en la demanda en cuanto a que las
normas demandadas crean nuevos criterios de verificación del uso inadecuado o
ineficiente de los recursos, teniendo en cuenta que la Ley 141 de 1994 y el Decreto
68 Artículo 8° de la Ley 141 de 1994.
69 Artículo 30. “Irregularidades en la administración y ejecución de las regalías y compensaciones, de las
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera,
Faep, de que trata el numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de 2002, de los recursos de reasignación de regalías
y compensaciones -Escalonamiento y de los Fondos de Córdoba y Sucre. Sin perjuicio de lo previsto en los
artículos precedentes, se considerarán irregularidades en la administración y ejecución de los recursos de que
trata el presente artículo, las siguientes conductas: (…) d) Invertir los excedentes de liquidez de las regalías y
compensaciones en condiciones diferentes a las previstas en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 (…)”.
70 Artículo 17. “Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales deberán invertir sus excedentes
transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta
calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo
crediticio”.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
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416 de 2007 señalaron, por un lado, las circunstancias que revelan un inadecuado
uso de los recursos y, por otro, el procedimiento administrativo de imposición de la
medida de corrección, la cual podía levantarse cuando las circunstancias fueran
superadas.
72. De manera que el Decreto 2810 de 2010 se limitó a reproducir los prescrito en
otras normas, cuando enumeró las circunstancias por las cuales se entendía
superada una conducta de inadecuado uso de recursos de regalías. Lo anterior
significa que la Ley 141 de 1994 no fue alterada o cambiada, por el contrario,
promovió la organización y funcionamiento del objeto del Departamento Nacional
de Planeación, controlar y vigilar la correcta utilización de los recursos provenientes
de regalías y compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales
no renovables con lo que se permite que estos recursos cumplan con los objetivos
que les ha trazado la Constitución y la ley.
73. Así las cosas, el Presidente de la República no extralimitó la potestad
reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 superior, en la medida que
con la expedición de los numerales 2 al 5 del artículo 2° del Decreto 2810 de 2010
lo que hizo fue hacer posible que la Ley 141 de 1994 cumpla el propósito de
asegurar la correcta utilización de los dineros provenientes de las regalías y se
alcance los fines constitucionales de racionalización de la economía en los términos
del artículo 334 de la Constitución Política.
Conclusión del fallo
74. La Sala adoptará la tesis consistente en que la norma demandada no está viciada
de legalidad pues la autoridad administrativa, al momento de ejercer la potestad
reglamentaria, no se extralimitó en sus atribuciones, sino que, dentro del ámbito de
la reserva administrativa, hizo uso de una herramienta de intervención estatal en la
economía con la finalidad de regular un asunto específico en el sistema
administrativo de regalías, al establecer, a través de las facultades de vigilancia,
inspección y control reconocidas al Departamento Nacional de Planeación -DNP- el
momento en que se entiende superada la situación que originó la imposición de la
medida correctiva de suspensión de desembolso de los recursos de regalías y
compensaciones de las entidades territoriales.
75. En consecuencia, con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala
negará el cargo de incompetencia del Presidente de la República para expedir el
artículo 2° del Decreto 2810 de 4 de agosto de 2010, que reglamentó parcialmente
los artículos 10 de la Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y modificó el
Decreto 416 de 2007.
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Expediente No. 11-001-03-24-000-2011-00333-00
Actor: GLORIA ELENA CIFUENTES ÁLVAREZ
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del artículo 2° del Decreto 2810 del 4 de agosto de
2010, que reglamentó parcialmente los artículos 10 de la Ley 141 de 1994, 121 de
la Ley 1151 de 2007 y modificó el Decreto 416 de 2007 expedido por el Presidente
de la República y suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director
del Departamento Nacional de Planeación.
SEGUNDO: RECONOCER personería a la doctora Sandra Milena Muñoz
Morales, como apoderada del Departamento Nacional de Planeación DNP, de
acuerdo con el poder allegado y sus anexos.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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