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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00405-00

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00405-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00405-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Núm. único de radicación: 11001032400020110040500
Demandante: Apoyos Financieros Especializados S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Grupo Apoyo S.A.

Tema: Distintividad intrínseca.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Apoyos
Financieros Especializados S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio
para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15105 de 25 de marzo de 2011,
30987 de 31 de mayo de 2011 y 41625 de 5 de agosto de 2011, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones
de la Sala; y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Apoyos Financieros Especializados S.A.1, en adelante la parte
demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio,
en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

1 Actuando por intermedio de apoderado.

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del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15105 de 25
de marzo de 2011, 30987 de 31 de mayo de 2011 y 41625 de 5 de agosto de 2011,
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada conceder el registro como marca del signo nominativo “APOYOS
FINANCIEROS ESPECIALIZADOS”, solicitado por la parte demandante para
identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de
Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 15105 de 25 de marzo de
2011, proferida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-101467, por
medio de la cual se negó el registro de la marca APOYOS FINANCIEROS
ESPECIALIZADOS en clase 36 internacional solicitada por la accionante.

3.2. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 30987 de 31 de mayo de 2011,
proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-101467, por medio de la
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 15105 de
25 de marzo de 2011, confirmando la decisión de negar el registro solicitado.

3.3. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 41625 de 05 de agosto de 2011,
proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial dentro del expediente
administrative No. 10-101467, por medio de la cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución 15105 de 25 de marzo de 2011,
confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca nominativa
APOYOS ESPECIALIZADOS en clase 36 internacional solicitada por la
accionante.

3.4. Como consecuencia de Io anterior, para resarcir el daño causado y como
restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de
Industrie y Comercio conceder el registro de la marca nominativa POYOS (sic)
FINANCIEROS ESPECIALIZADOS para identificar servicios incluidos en la clase
36 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad APOYOS
FINANCIEROS ESPECIALIZADOS S.A.

2 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso

Administrativo […]”.

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3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar
la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la
misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

3.6. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industrie y
Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de
este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su
cumplimiento, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 176 del Código
Contencioso Administrativa. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4.1 Que solicitó el 18 de agosto de 2010 ante la parte demandada el registro como
marca del signo nominativo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS”, para
identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2 Que la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 602, la
cual fue objeto de oposición por parte de la sociedad Grupo Apoyo S.A., en adelante
el tercero con interés directo en las resultas del proceso, bajo el argumento de que el
signo se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales b) y e)
del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

4.3 Que la directora de signos distintivos, mediante la Resolución núm. 15105 de
25 de marzo de 2011: i) declaró fundada la oposición presentada por el tercero con
interés directo en las resultas del proceso; y ii) denegó el registro del signo “APOYOS
FINANCIEROS ESPECIALIZADOS”, solicitado para distinguir servicios de la Clase 36
de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

4.4 Que presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la
Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011.

4.5 Que la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio mediante la Resolución núm. 30987 de 31 de mayo de 2011, resolvió el

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recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15105 de 25 de
marzo de 2011 y concedió el recurso de apelación.

4.6 Que el superintendente delegado para la propiedad industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 41625 de
5 de agosto de 2011, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la
Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1 Los literales a) y g) del artículo 134 y el literal e) del artículo 135 de la Decisión
486 de 2000, por indebida aplicación.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

6.1 Manifestó que la parte demandada negó indebidamente el registro del signo
“APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS”, transgrediendo los presupuestos
legales y jurisprudenciales.

6.2 Advirtió que la expresión APOYOS no resulta ser descriptiva de la Clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza, pues los servicios financieros están lejos de ser
considerados como un favor o un auxilio, de manera que el signo solicitado reúne los
requisitos de capacidad distintiva y de capacidad diferenciadora necesarios para la
concesión de su registro.

6.3 Mencionó que, respecto a la capacidad distintiva del signo, lejos de generar riesgo
de confusión en el público consumidor, los términos que conforman el signo solicitado
refuerzan la certeza de su origen empresarial al reproducir en su totalidad el nombre
comercial del solicitante.

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6.4 Señaló, que no es admisible el argumento de la parte demandada, al
determinar que el sustento para negar el registro de la marca solicitada es la palabra
APOYOS, equiparándola a una expresión descriptiva de los servicios de la Clase 36
de la Clasificación Internacional de Niza, cuando dicha expresión ya le ha sido
concedida.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta
oportunidad procesal3.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de mayo de 2025, determinó:
(i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado; ii) adoptar los criterios jurídicos
de las interpretaciones prejudiciales núm. 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 220-
IP-2020 de 22 de abril de 2021 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; iii) corrió traslado para alegar; y iv) informó al Ministerio Público para presentar
concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

11. La parte demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando lo siguiente:

3 Cfr. Folio 164

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11.1 Indicó que no es posible registrar signos genéricos, descriptivos o de uso
común, que no cuenten con otros elementos o combinaciones.

11.2 Mencionó que el signo solicitado evoca un concepto claro, relacionado con
prestar ayuda en temas financieros, por parte de personas expertas en el tema.

11.3 Expresó que los servicios que el signo pretende identificar recaen sobre
actividades de seguros, operaciones financieras y operaciones monetarias, de lo que
se evidencia que este evoca directamente los servicios prestados, que corresponden
a servicios de asesoría financiera.

11.4 Adujo que la expresión FINANCIEROS es de uso común en la Clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza, por ello, solamente se podría analizar si los
vocablos “apoyos” y “especializados” dotan de distintividad intrínseca al signo, de tal
manera que permita a la marca cumplir su función.

11.5 Argumentó que “Al estudiar en conjunto “apoyos” y “especializados”, se
encuentra que dichos vocablos no permiten al signo, cumplir ningún tipo de función
diferenciadora. Al respecto, las palabras apoyos especializados no permiten identificar
ningún tipo de producto, y resultan descriptivos de los servicios prestados, que
corresponde a asesorías en temas específicos, siendo el caso de servicios financieros
en el tema que nos ocupa”.

12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta
etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa

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comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la
interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las
Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal
Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo
sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas; viii) el marco jurídico
relativo a las marcas derivadas y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De conformidad con el artículo 128 numeral 7º4 del Código Contencioso
Administrativo5, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia,
aplicable en los términos del artículo 3086 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20117, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 138 del Acuerdo núm. 80
de 12 de marzo de 20199, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre
distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer
del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir
el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

4 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo

Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los
relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
5 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
6 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
8 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones, como corresponde al presente caso.
9 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

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17.1 La Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011, mediante la cual la
directora de signos distintivos declaró fundada la oposición presentada por el tercero
con interés directo en las resultas del proceso y denegó el registro de la marca
“APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS” para distinguir servicios de la Clase 36
de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la parte demandante.

17.2 La Resolución núm. 30987 de 31 de mayo de 2011, a través de la cual la jefe
de la división de signos distintivos resolvió el recurso de reposición presentado por la
parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15105 de 25 de
marzo de 2011.

17.3 La Resolución núm. 41625 de 5 de agosto de 2011, por medio de la cual el
superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación
en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011.

El problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, determinar:

18.1 Si las resoluciones núms. 15105 de 25 de marzo de 2011, 30987 de 31 de mayo
de 2011 y 41625 de 5 de agosto de 2011, expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo
nominativo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS” para identificar "[...]
seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias. [...]”, servicios de la Clase
36 de la Clasificación Internacional de Niza vulneran el literal e) del artículo 135 de la
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay
lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al
restablecimiento del derecho solicitado.

18.2 En este sentido, se analizará, si el signo nominativo “APOYOS FINANCIEROS
ESPECIALIZADOS” para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, consiste
exclusivamente en una indicación sobre la calidad, cantidad, destino, valor,

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procedencia o cualquier otra característica de los servicios que se pretendían amparar
con la solicitud de registro del signo en cuestión.

19. Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el
artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo
solicitado no resulta descriptivo ni carente de distintividad intrínseca, es decir, alegó
el cumplimiento del requisito de distintividad intrínseca, el cual está prevista en el
artículo 135, ibidem10.

20. En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine el término
“APOYOS”, que conforma el signo solicitado, no resulta descriptivo respecto de los
servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene en
registrable como marca.

21. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem, se
excluye del problema jurídico a resolver11, comoquiera que en el presente asunto no
se está debatiendo el concepto de marca ni sus requisitos.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad
de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha
producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional
de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 12, la
cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de
2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de
2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.
12 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

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resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de
14 de septiembre de 200013 de la Comisión de la Comunidad Andina14.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina15

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina16.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

13 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo
27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre
otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena
expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era
necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de
lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene
el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo
119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994,
en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el
campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba
y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus
Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento
para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de
las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
14 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su

voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico
comunitario andino.
15 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el

Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de
13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que
creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor
para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
16 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.

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de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los
Estados Miembros.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección
III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…]
corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre
que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la
oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal,
el juez deberá decidir el proceso […]”.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia
no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el
procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación
del Tribunal […]”.

29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos
de la interpretación solicitada […]”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”

Interpretaciones núms. 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 220-IP-2020 de 22 de
abril de 2021.

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31. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la
interpretación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200017, norma
invocada como violada por la parte demandante:

“[…] 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas

[…]

2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las
características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva
responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o
servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la
expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se
trate.

[…]

2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin
embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede
impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería
considerada débil.

2.5 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir
el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede
hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la
premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en
cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del
público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de
distintividad de los signos en conflicto.

2.6 En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por
elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación
Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos
descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación
en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten
de distintividad suficiente. […]”.

Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones
descriptivas

17 Interpretación Prejudicial 220-IP-2020

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32. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro
como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones descriptivas;
es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y
propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad,
cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc.
Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o
servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable.

Análisis del caso concreto

33. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a
los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver
los problemas jurídicos planteados supra.

34. En este sentido, el signo solicitado objeto de estudio es como se muestra a
continuación:

SIGNO MOMINATIVO
APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS
Titular: Apoyos Financieros Especializados S.A.
Clase 36: “seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias.”

35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de
irregistrabilidad.

Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

36. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el
artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad
absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a
que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden

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público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia
transparente en el mercado18.

37. Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo, se
encuentra la prevista en el literal e) ibidem, la cual se configura cuando el signo
consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva
sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden
distinguir. Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los
productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será
registrable.

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la
irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos y ha considerado que los
signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos,
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. Así lo consideró el Tribunal en la Interpretación Prejudicial
proferida para este caso:

“[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos
descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un
conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas
características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y,
por tanto, su marca sería considerada débil […].19” (Destacado fuera del texto).

39. En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala sobre la aplicación y el alcance de
esta causal de irregistrabilidad, explicando que la descriptividad de un signo se predica
de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar.
Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, partiendo de la interpretación prejudicial
proferida para ese caso, indicó:

“[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son
aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las
características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al
respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener

18 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800
19 Cfr. Folio 218. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de

26 de febrero de 2019

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la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a
una persona que no conoce el producto o servicio.

2.3. De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo
o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda
vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o
cualquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende porque el
literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos
descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que
designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los
productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los
productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser
registrado.

2.4. Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge
principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para
los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa
con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

54. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los
métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo
es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta
espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la
designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la
denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos
o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio,
de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir
determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la
expresión que se utiliza […].20” (Destacado fuera del texto).

40. En este orden de ideas, la Sala considera que la descriptividad de un signo se
predica en relación directa con los productos o servicios que este pretende identificar
en el mercado. En este sentido, resulta necesario analizar el signo solicitado para
identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza para así
proceder a definir si resulta descriptiva en ella y, por lo tanto, incursa en la causal de
irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

41. En el caso concreto, según su nota explicativa, la Clase 36 de la Clasificación
Internacional de Niza incluye de manera general “[…] La clase 36 comprende
principalmente los servicios prestados en el marco de operaciones financieras y
monetarias, así como los servicios en relación con contratos de seguros de todo tipo
[…]”.

20Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00422-00

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42. La Sala advierte que las palabras APOYO (S), FINANCIERO (S) y
ESPECIALIZADO (S), según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, significan lo siguiente:

“[...] Apoyo: “[…]2. m. Protección, auxilio o favor. […]”.

Financiero(s): “[…] 1. Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las
cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. […]”.

Especializado (s): “[…] 1 Limitar algo a uso o fin determinado […]”.

43. Respecto de la expresión FINANCIEROS, frente a la cual la parte demandada
mencionó que era de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional
de Niza, es preciso señalar que al revisar el Sistema de Información para la
Propiedad Industrial de la parte demandada 21, se encuentra que esta no era de uso
común en la citada clase, al momento de la solicitud del signo negado.

44. De otro lado, respecto de la expresión APOYO (S), se encontró que era de uso
común al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de
servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace
evidente consultada la página web de la entidad demandada22:
MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE
BANCO BANCO GRANAHORRAR 303667 36
GRANAHORRAR EL
APOYO QUE USTED
MERECE
BONO SOLIDARIO DE COOPERATIVA UNIVERSAL 336746 36
AYUDA MUTUA PLAN DE PROFESIONALES
DE APOYO LIMITADA (COUPRONAL
LTDA)
SEGURO DE VIDA FUNDACIÓN DELAMUJER 345894 36
APOYO FUTURO COLOMBIA SAS
FASE FUNDACIÓN FUNDACION PARA EL 330443 36
PARA EL APOYO APOYO SOCIAL
SOCIAL Y EMPRESARIAL-FASE
EMPRESARIAL

21 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas

referidas, el 29 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando
de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto
de 2022).
22 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas

referidas, el 29 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando
de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto
de 2022).

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45. Lo anterior, permite determinar que la palabra APOYO (S) es una expresión de
uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se
puede impedir su empleo por otras personas.

46. Ahora bien, teniendo en cuenta lo determinado en los actos acusados, resulta
necesario analizar si el signo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS” es
descriptivo respecto de los servicios que identifica.

47. En la Interpretación Prejudicial 220-IP-2020, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina al referirse a los signos compuestos por uno o más vocablos
descriptivos, consideró:

“[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo
conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin
embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede
impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería
considerada débil. […]”.

48. La Sala advierte que el signo nominativo solicitado se encuentra constituido por la
palabra APOYOS, la cual es una expresión de uso común en la Clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza como se indicó supra y, por lo tanto, débil.
Asimismo, esta palabra podría sugerir una función de asistencia a los consumidores
en temas financieros e inmobiliarios, lo que determina que cualquier titular de una
marca en la mencionada clase, puede utilizar dicha expresión.

49. Asimismo, la Sala considera que la expresión FINANCIEROS es descriptiva de
los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, esto, comoquiera
que informa, de manera directa, al usuario la característica esencial del servicio, que
se pretende identificar en dicha Clase.

50. De otro lado, la expresión ESPECIALIZADOS si bien por sí sola no podría ser
considerada como descriptiva de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación
Internacional de Niza, al estar acompañada de otras expresiones como APOYOS y
FINANCIEROS, ese conjunto puede ser considerado como descriptivo, pues alude a
una cualidad del servicio financiero que se pretende prestar.

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51. En este sentido, la Sala encuentra que al realizar una visión en conjunto del signo
solicitado “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS”, este evoca un concepto
claro, relacionado con brindar ayuda o apoyo en temas relacionados con operaciones
financieras y/o monetarias.

52. Bajo el anterior contexto, visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de
2000, esta Sección considera que el signo solicitado a registro no cumple con los
presupuestos básicos de distintividad que debe caracterizar la marca, en atención a
que, se insiste, el signo contiene, en su conjunto, partículas descriptivas y de uso
común que no pueden ser apropiados por ningún empresario y no está compuesto por
elementos adicionales que otorguen la suficiente distintividad.

53. En suma, la Sala considera que el signo nominativo, “APOYOS FINANCIEROS
ESPECIALIZADOS”, en su conjunto, es descriptivo en relación con los servicios de la
Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, comoquiera que es una
expresión que sirve para identificar dichos servicios, denota una característica
esencial de los mismos y tiene la capacidad de comunicar directa e inequívocamente
al usuario a qué servicios se está haciendo referencia, particularmente, a brindar un
apoyo especializado en el área financiera y, en ese sentido, no cumple con el requisito
de ser distintivo para identificar los respectivos servicios.

54. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo solicitado en su conjunto
es de aquellos denominados descriptivos que no cumplen con el requisito de
distintividad y, en ese sentido, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal e) del artículo 135 la Decisión 486 de 2000, en lo que respecta a
los servicios que pretende identificar en la Clase 36 de la Clasificación Internacional
de Niza.

Conclusiones de la Sala

55. La Sala concluye que, en el caso sub examine, el signo nominativo “APOYOS
FINANCIEROS ESPECIALIZADOS” se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000,
comoquiera es descriptivo respecto de los servicios que pretende amparar.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las
correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2) Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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