Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00461-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00461-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00461-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
9 de mayo de 2024
Radicación: 11001 0324 000 2011 00461 00
Actor: José de la Cruz Peñaloza Hurtado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001 0324 000 2011 00461 00
Demandante: JOSÉ DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO
Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –
ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE CALARCÁ
Tesis: No caduca la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho que se radica dentro de los cuatro meses
siguientes a la notificación del acto administrativo
demandado.
No debe agotarse el requisito de conciliación extrajudicial
para interponer una acción de nulidad y restablecimiento
del derecho cuyas pretensiones carecen de contenido
económico.
No se configura la excepción de inepta demanda cuando
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
identifican los actos demandados y el concepto de
violación.
No es nulo por violación al debido proceso el acto
administrativo que sancionó a un interno con la pérdida
del derecho de redención de la pena por el término de
50 días.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
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Radicación: 11001 0324 000 2011 00461 00
Actor: José de la Cruz Peñaloza Hurtado
La Sala decide la demanda presentada por el señor José de la Cruz
Peñaloza Hurtado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista por el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las pretensiones
El señor José de la Cruz Peñaloza Hurtado radicó demanda en la que
formuló la siguiente pretensión1:
“[…] Solicito a su honorable tribunal dar aplicación a la acción de
nulidad en contra de las Resoluciones nro. 1273 del 15 de
septiembre de 2011 y la 1323 del 28 de septiembre de 2011 en las
cuales se me sanciona con la pérdida del derecho de redención de la
pena por el término de cincuenta (50) días, revocándolas o
suspendiendo condicionalmente la misma, aunque por las
violaciones presentadas en el debido proceso debe predicarse la
nulidad de todo lo actuado y el restablecimiento del derecho […]”.
1.2. Fundamentos de hecho y de derecho
Aseguró que mediante la Resolución nro. 1273 del 15 de septiembre de
2011 expedida por el Consejo de Disciplina del Establecimiento
Penitenciario de Calarcá – Quindío se le impuso la sanción de pérdida de
del derecho de redención de la pena por el término de cincuenta (50) días
1 Vistoen el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
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por presuntamente incurrir en la falta disciplinaria señalada por el artículo
121, inciso 2, numerales 15 y 29 de la Ley 65 de 1993.
Expuso que “mediante informe con oficio número 3123 fechado el 23 de
julio de 2011 presentado por el auxiliar bachiller Pedraza González da
cuenta del hallazgo de un teléfono celular en procedimiento de requisa
llevado a cabo en el sector del rancho. En dicho informe, aduce el auxiliar
Pedraza que al momento de ingresar al procedimiento yo me encontraba
cerca del escritorio de funcionario que presta sus servicios en ese sector.
Que de ahí me devolví metiéndome al baño y que vio cuando me
descargué supuestamente de un paquete plástico y al verificarlo y darse
cuenta de su contenido era un celular. Procedió a requerirme, pero yo ya
me encontraba en el sector donde le estaban practicando la requisa a los
otros internos”2.
Sostuvo que “el auxiliar bachiller Helman A. Serrano Castro en su versión
manifiesta que el informe de su compañero Pedraza González es verídico.
En su declaración anota que quien recogió el paquete que estaba envuelto
en un plástico transparente fue el auxiliar Pedraza y observó que el
interno Peñaloza había arrojado un paquete a la caneca y que al ser
requerido por el auxiliar Pedraza yo me encontraba más o menos por
donde se encuentra el escritorio del dragoneante”3.
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Alegó que “de los testimonios de los auxiliares Pedraza González y
Serrano Castro puede deducirse que entran en clara contradicción en
cuanto a mi ubicación después de salir del baño. Uno se refiere a que me
encontraba cerca del escritorio del guardia – Serrano Castro- mientras
que Pedraza me ubica ya en la requisa de los demás internos”4.
Acotó que “el celular fue encontrado (…) en bolsas plásticas como lo indicó
el auxiliar que lo halló, lo que nos lleva a concluir que sí pudo haber estado
guardado en dicha caneca y por ello se encontraba con la protección
necesaria para evitar que se mojara”5.
Adujo que en el proceso disciplinario se transgredió el debido proceso
puesto que “se violó la aplicación del artículo 254 de la Ley 906 de 2004
– Código de Procedimiento Penal pues con el procedimiento del auxiliar
Pedraza González no se guardó la cadena de custodia (…) en el presente
evento, el auxiliar (…) al encontrar el paquete de plástico no debió dañar
su estado original rompiendo la bolsa, violando las condiciones de
recolección, preservación, embalse y envío”6.
Indicó que también se vulneró el debido proceso porque el auxiliar “debió
poner en conocimiento la evidencia física ante el funcionario de policía
judicial siendo este la autoridad competente para tomar los registros
fotográficos del lugar del hallazgo, las condiciones de protección en se
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encontraba guardado el teléfono celular y demás elementos de prueba
que pudiere obtener para determina la responsabilidad de mi parte en
esos hechos”7.
Agregó que “se desconoció el artículo 7 de la ley en cuanto a la presunción
de inocencia e in dubio pro-reo, puesto que, para imponer una sanción
disciplinaria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del
acusado, más allá de toda duda. // En el caso que nos ocupa, el testimonio
de los auxiliares Pedraza González, Serrano Castro y del dragoneante
dejan muchas dudas en cuanto a mi responsabilidad en la tenencia del
celular incautado”8.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Las actuaciones surtidas fueron las siguientes:
2.1. La demanda fue radicada el 18 de octubre de 2011 en el Tribunal
Administrativo del Quindío y el despacho de conocimiento por auto del 25
de octubre de 2011 la remitió por competencia al Consejo de Estado 9.
Lo anterior, aduciendo que el acto demandado fue proferido por el
Consejo de Disciplina del Establecimiento Penitenciario de Mediana
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Seguridad y Carcelario de Calarcá, Quindío y conforme con el artículo 16
de la Ley 65 de 1993 los establecimientos de reclusión del orden nacional
son administrados por el INPEC, el cual es un establecimiento público de
orden nacional, con personería jurídica, descentralización administrativa
y desconcentración de funciones y que la demanda carecía de cuantía.
2.2. Recibido el expediente en el Consejo de Estado correspondió a la
Sección Primera por acta de reparto del 5 de diciembre de 201110.
2.3. Por escrito radicado el 16 de marzo de 2012, el actor solicitó amparo
de pobreza. Indicó que estaba privado de la libertad y no tenía recursos
para designar un abogado que lo representara en este caso11.
2.4. Por auto del 26 de marzo de 2012, el despacho de conocimiento de
la Sección Primera de la Corporación negó la solicitud de amparo de
pobreza porque consideró que debía presentarse al momento de radicar
la demanda y no de manera posterior12.
2.5. Por escrito radicado el 8 de agosto de 2012, el actor allegó el poder
que confirió al señor Lennart Mauricio Castro López, “abogado contratado
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por la Dirección Nacional de Defensoría Pública” para que asumiera la
defensa técnica y representara al actor en este proceso13.
2.6. Por auto del 5 de octubre de 2012, el despacho de conocimiento de
la Sección Primera de la Corporación (i) admitió la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho; (ii) reconoció personería al profesional del
derecho designado; (iii) dejó sin efectos el auto proferido el 26 de marzo
de 2012 y (iv) concedió el amparo de pobreza al actor14.
2.7. El apoderado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
contestó la demanda y solicitó negar las pretensiones15.
Para ello, explicó que la decisión atacada se profirió con ocasión del
hallazgo y decomiso de un “teléfono celular con sim card, al momento de
realizarse un registro y control en el sector del Rancho del Establecimiento
Carcelario de Calarcá, Quindío”.
Agregó que la tenencia de objeto prohibidos, como elementos de
comunicación, constituye una de las faltas graves tipificadas por el
artículo 121, inciso 2, numerales 15 y 29 del Código Penitenciario y
Carcelario por lo que se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria
en contra del actor.
13 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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14 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Indicó que, una vez finalizada la etapa probatoria, el investigador
comisionado emitió concepto y por memorando nro. 4475 del 6 de
septiembre de 2011 manifestó que “el interno Peñaloza Hurtado era
responsable de la conducta por la cual se le investiga”.
Señaló que como la falta cometida tenía el carácter de grave, fue remitido
por competencia al Consejo de Disciplina del Establecimiento, quien
“acogió el concepto del investigador y en consecuencia emitió la
Resolución nro. 1273 del 15 de septiembre de 2011, por medio de la cual
se resuelve sancionar al interno José de la Cruz Peñaloza Hurtado con la
pérdida del derecho a redimir pena por el término de cincuenta (50) días”.
Argumentó que el actor durante el trámite disciplinario participó de todas
las etapas de la actuación, tuvo la oportunidad de defenderse, fue
debidamente notificado, interpuso los recursos procedentes, los cuales
fueron resueltos en término, de donde se desprendía que se garantizó el
debido proceso.
En cuanto al análisis probatorio, sostuvo que “[las pruebas] se valoraron
de manera conjunta pues las declaraciones de los funcionarios, los
elementos prohibidos hallados y las circunstancias de modo, tiempo y
lugar permiten al investigador y al cuerpo colegiado advertir de la
comisión de un evento en contra de las normas del centro carcelario; la
declaración de los uniformados es contundente frente a la percepción que
tuvieron en el ejercicio de control y vigilancia al momento del
procedimiento de requisa”.
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Como excepciones propuso la “ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones”, toda vez
que el escrito de demanda es “extenso y confuso, situación que hace muy
dispendioso el hacer una manifestación expresa y clara con relación a los
hechos, circunstancia que deja en una posición de debilidad a la entidad
demandada”.
Acotó que el numeral 2 del artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo establece que la demanda debía contener de manera
expresa lo que se demanda, requisito que en este caso no se cumplió.
Arguyó que igualmente el actor desatendió el numeral 4 del artículo 137
del Código Contencioso Administrativo porque debía enunciar las normas
infringidas y explicar de manera clara el concepto de violación.
Afirmó que “la demanda impetrada adolece de la causal mediante la cual
se pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
acusados. Pretende en su escrito el actor llevar su proceso administrativo
a una tercera instancia como si esto fuera posible”.
Adicionó que la demanda no cumple con lo dispuesto en el artículo 157
de la Ley 1437 de 2011 porque en las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación
razonada de la cuantía.
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También propuso como excepción la “falta de requisito de procedibilidad”
porque con la demanda no se anexó la solicitud de conciliación prejudicial
conforme el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.
Invocó como excepción la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho para lo cual explicó que “se puede decir
acertadamente que el presente caso opera la caducidad de la acción”.
2.8. Por auto del 29 de junio de 2016, el despacho de conocimiento tuvo
como pruebas las documentales aportadas por la parte actora, así como
las allegadas en la contestación. Además, negó la solicitud probatoria del
actor relacionada con el decreto de unos testimonios, interrogatorios de
parte y la “prueba dactiloscópica al celular objeto de la investigación” 16.
2.9. Por auto del 11 de noviembre de 2016 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, así como al Ministerio Público para rendir
concepto17.
2.9.1. El apoderado del actor descorrió traslado en oportunidad y alegó
que “con los actos administrativos Resolución 1273 del 15 de septiembre
de 2011 y la Resolución 1323 del 28 de septiembre de 2011 de este medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no fueron tenidos en
cuenta los hechos y material probatorio y contradictorio presentado por
16 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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el interno Peñaloza Hurtado, lo que culminó causándole un agravio con la
pérdida de 50 días de permiso con sanción disciplinaria”18.
2.9.2. El apoderado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC descorrió el traslado en término y reiteró lo dicho en la contestación
de la demanda19.
2.9.3. El agente del Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sección Primera es competente para decidir el asunto acorde con lo
dispuesto por el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo,
aplicable según lo establecido por el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019.
3.2. Los actos administrativos demandados
La parte actora pretende que se declare la nulidad de la Resolución nro.
1273 del 15 de septiembre de 2011, “por medio de la cual se resuelve un
proceso disciplinario”, expedida por el Consejo de Disciplina del
18 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Calarcá, Quindío que dispuso20:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 1273 DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2011
“Por medio de la cual se “RESUELVE” un proceso disciplinario”
EL CONSEJO DE DISCIPLINA DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
CALARCA QUINDIO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ART.133 DE LA LEY 65/93 Y,
CONSIDERANDO
Que el Código Penitenciario y Carcelario en su título XI artículo 116
y Ss. prevé el Reglamento Disciplinario para el personal de internos,
de igual manera la Resolución 5817 de 1994 reglamenta el régimen
disciplinario aplicable al personal de internos en los centros de
reclusión.
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el concepto del investigador y
SANCIONAR al interno JOSÉ DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO
con la pérdida del derecho de redención de la pena por el término
de cincuenta (50) días según lo contemplado en el artículo 123,
inciso 2, numeral 1 del Código Penitenciario y Carcelario, por infringir
el artículo 121, inciso 1, numerales 15 y 29 (faltas graves) de la
precitada norma, en concordancia con lo consagrado en el artículo
25 “comunicaciones por vía telefónica” numeral 4 parágrafo ultimo
inciso del Acuerdo 0011 de 1995 teniendo en cuenta que el material
probatorio es claro y nos demuestra su responsabilidad en la
conducta investigada (…)”.
(…)
20 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el
recurso de reposición el cual deberá presentar por escrito,
debidamente sustentado y dirigido al Honorable Consejo de
Disciplina del Establecimiento dentro de los tres (03) días hábiles
siguientes a la notificación […]”.
Igualmente, el actor pretende que se declare la nulidad de la Resolución
nro. 1323 del 28 de septiembre de 2011, “por medio de la cual se resuelve
un recurso de reposición”, expedida por el Consejo de Disciplina del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Calarcá, Quindío que estableció21:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 1323 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE
2011
“Por medio de la cual se “RESUELVE” un recurso de reposición”
EL CONSEJO DE DISCIPLINA DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGUIRDAD Y CARCELARIO DE
CALARCA QUINDIO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ART.136 Y 137 DE LA LEY 65/93
Y,
CONSIDERANDO
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER a la revocatoria de la sanción
disciplinaria solicitada en su recurso por el interno JOSE DE LA CRUZ
PEÑALOZA HURTADO teniendo en cuenta que la investigación
disciplinaria se adelantó por parte del funcionario investigador
dentro de los términos leales establecidos en la norma para hacerlo,
garantizando en todo momento el debido proceso, derecho de
defensa y de contradicción el mismo que está utilizando en este
recurso.
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ARTÍCULO SEGUNDO: NO CONCEDER la suspensión condicional
de la sanción disciplinaria por el interno JOSE DE LA CRUZ
PEÑALOZA HURTADO en su recurso teniendo en cuenta que, aunque
cumple con los requisitos exigidos en la norma para acceder a este
beneficio, la falta disciplinaria cometida al interior del
establecimiento no lo hace merecedor al mismo.
ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR lo expuesto en la Resolución
radicada bajo el número 1273 de fecha quince (15) de septiembre
de 2011, en contra del interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA
HURTADO consistente en la pérdida del derecho de redención de la
pena por el término de CINCUENTA (50) DÍAS, según lo contemplado
en el artículo 123 del inciso 2 numeral 1 del Código Penitenciario y
Carcelario, por infringir lo consagrado en el artículo 121 inciso 2
numerales 15 y 29 (faltas graves) de la precitada norma, en
concordancia con lo consagrado en el artículo 25 “comunicaciones
por vía telefónica” numeral 4, parágrafo último inciso del Acuerdo
0011 de 1995, ya que se cuenta con el suficiente material probatorio
que demuestra su responsabilidad en la conducta investigada […]”.
3.3. Planteamiento de la controversia
El actor pretende que se declare la nulidad de la Resolución nro. 1273 del
15 de septiembre de 2011, “por medio de la cual se resuelve un proceso
disciplinario” y la Resolución nro. 1323 del 28 de septiembre de 2011,
“por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas
por el Consejo de Disciplina del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Calarcá, Quindío.
Lo anterior, lo fundamentó en que los actos administrativos acusados
vulneran el debido proceso por infracción del artículo 254 del Código de
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Procedimiento Penal dado que “no se guardó la cadena de custodia”22 en
la medida que el auxiliar bachiller “rompió” la bolsa plástica en la que
estaba guardado el celular; añadió que también se vulnera el debido
proceso por cuanto el auxiliar bachiller “debió poner en conocimiento la
evidencia física ante el funcionario de policía judicial siendo este la
autoridad competente para tomar los registros fotográficos del lugar del
hallazgo, las condiciones de protección en se encontraba guardado el
teléfono”23; y, por último, arguyó que se desconoció el artículo 7 ibidem
“puesto que, para imponer una sanción disciplinaria deberá existir
convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda
duda”24.
A su turno, el apoderado del INPEC alegó que en el trámite disciplinario
se garantizó el derecho de defensa del actor y formuló como excepciones
la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la
falta del requisito de conciliación extrajudicial y la inepta demanda.
Para resolver la controversia, la Sala examinará en primer lugar (i) las
excepciones propuestas por el INPEC, y de no estar configuradas, se
pronunciará sobre (ii) la pretensión de nulidad de los actos demandados.
22 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
23 Ibidem.
24 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
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3.4. Las excepciones propuestas por el INPEC
El inciso 2 del artículo 164 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso
Administrativo establece que “en la sentencia definitiva se decidirá sobre
las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada”.
Al respecto, en la contestación de la demanda, el apoderado del INPEC
formuló como excepciones la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho; la falta de agotamiento del requisito de
conciliación extrajudicial y la inepta demanda.
3.4.1. Sobre la excepción de caducidad
El apoderado del INPEC sustentó la excepción en que “el presente caso
opera la caducidad de la acción”25; sin embargo, el medio exceptivo no
tiene vocación de prosperidad, dado que, la Resolución nro. 1323 del 28
de septiembre de 2011, que resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución nro. 1273 del 15 de septiembre de 2011, fue
notificada personalmente al actor el 30 de septiembre de 2011 y la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada el 18 de
octubre de 201126. Por lo tanto, se presentó dentro de los cuatro meses
contados a partir del día siguiente de la notificación del acto
25 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
26 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
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administrativo acorde con el numeral 2 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo27.
3.4.2. En cuanto a la falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial
El apoderado del INPEC alegó la configuración de dicha excepción porque
con la demanda no se anexó la solicitud de conciliación extrajudicial
conforme lo establecía el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.
Para resolver, la Sala advierte que el actor radicó la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho el 18 de octubre de 2011, es decir, en
vigencia de la Ley 1285 de 200928 y la Ley 1395 de 201029.
Al respecto, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 establecía que la
conciliación extrajudicial en materia contencioso- administrativa, “cuando
los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del
Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan”.
27 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…) 2. La de restablecimiento del derecho
caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo,
los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
28 “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración
de Justicia”.
29 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
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A su turno, el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010 disponía que “en los
asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en
derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones
civil, de familia y contencioso administrativa”.
Por último, el artículo 2 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 200930
señalaba cuándo los asuntos eran susceptibles de conciliación, así:
“[…] Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial
en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o
parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que
desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado,
por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter
particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las
acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.
Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en
asuntos de lo contencioso administrativo:
– Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
– Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo
de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
– Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado
[…]”. (Se destaca)
Por consiguiente, la Sala considera que en este caso no era necesario
agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado que el
30 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la
Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”.
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conflicto planteado no es de contenido económico. Por lo tanto, será
negada la prosperidad de dicha excepción.
Vale la pena señalar, que un asunto similar al aquí debatido, la Sección
Primera indicó31:
“[…] 30.En el presente caso, se advierte que el señor Javier Ernesto
Escandón Farfán instauró demanda con el propósito de cuestionar la
legalidad de las Resoluciones 476 de 23 de septiembre de 2011 y
538 de 31 de octubre de 2011, actos administrativos expedidos por
el Consejo de Disciplina del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Armenia, Quindío, mediante las
cuales se impuso la sanción consistente en la pérdida del derecho de
redención de pena por el término de veinte (20) días por haber
incurrido en la comisión de la falta prevista en el artículo 121,
parágrafo 2°, numeral 16, de la Ley 65 de 1993.
31. Para la Sala, en el presente caso no era necesario el agotamiento
de la conciliación extrajudicial como requisito de procebilidad para
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues no
se evidencia que las pretensiones formuladas por el actor tengan un
contenido económico ni que este se derive de la eventual
declaratoria de nulidad de los actos censurados.
32. En consecuencia, la Sala denegará la excepción de falta de
agotamiento de la conciliación extrajudicial por tratarse de un asunto
que, por su naturaleza, no era conciliable […]”.
3.4.3. La excepción de “inepta demanda”
El INPEC para fundamentar la excepción de “inepta demanda” arguyó
que: (i) el actor no cumplió con lo previsto por el numeral 2 del artículo
137 del Código Contencioso Administrativo porque no identificó de
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de octubre de 2023. Expediente con radicado nro. 11001 0324 000 2012 00212
00. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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manera expresa lo que se demanda; (ii) tampoco atendió el numeral 4
ibidem dado que debía enunciar las normas infringidas y explicar de
manera clara el concepto de violación, por último, (iii) adujo que la
demanda no cumplía con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 1437
de 2011 ya que en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho
no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía.
Al efecto, se tiene que el artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo, norma aplicable a este asunto, establecía que toda
demanda deberá contener: i) la designación de las partes y de sus
representantes, ii) lo que se demanda, iii) los hechos u omisiones que
sirven de fundamento de la acción, iv) los fundamentos de derecho de las
pretensiones, v) las pruebas y la petición de aquellas que pretenda
hacerse valer, y vi) la estimación razonada de la cuantía cuando sea
necesaria para determinar la competencia.
En el caso concreto, la Sala observa que de la demanda se desprende que
el actor pretende controvertir la Resolución nro. 1273 del 15 de
septiembre de 2011, “por medio de la cual se resuelve un proceso
disciplinario” y la Resolución nro. 1323 del 28 de septiembre de 2011,
“por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas
por el Consejo de Disciplina del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Calarcá, Quindío.
A su turno, si bien el actor no incluyó expresamente un acápite de las
normas infringidas y el correspondiente concepto de violación, ello no
implica que se haya incumplido el requisito previsto en el numeral 4 del
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artículo 137 del Código Contencioso Administrativo. Sobre este punto, la
Sección Primera ha considerado que “una interpretación contraria
supondría un exceso ritual manifiesto en detrimento de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva”32.
Por el contrario, de una lectura integral de la demanda, la Sala advierte
que el actor alegó que los actos administrativos demandados vulneraron
el debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), así como los
artículos 254 y 7 de la Ley 906 de 2004.
Por consiguiente, el actor sí cumplió con las exigencias formales previstas
por los numerales 2 y 4 del artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo.
De otro lado, el INPEC alegó que la demanda no cumplía con lo dispuesto
por el “artículo 157 de la Ley 1437 de 2011” que aseguró establece que
en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá
prescindirse de la estimación razonada de la cuantía.
Al respecto, lo primero que se advierte es que la Ley 1437 de 2011 no es
aplicable a este asunto porque la demanda se radicó el 18 de octubre de
2011 y dicha ley entró en vigor el 2 de julio de 2012, según lo señalado
por el artículo 308 ibidem. Además, el citado artículo dispuso que “los
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de octubre de 2023. Expediente con radicado nro. 11001 0324 000 2012 00212
00. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
Sin perjuicio de ello, vale la pena aclarar que el numeral 6 del artículo 137
del Código Contencioso Administrativo establecía que en la demanda se
debía hacer la estimación razonada de la cuantía, “cuando sea necesaria
para determinar la competencia”.
En ese sentido, la estimación razonada de la cuantía era un requisito
exigible para determinar la competencia; sin embargo, en este caso, no
era procedente que el actor estimara la cuantía dado que las pretensiones
formuladas por el actor no son susceptibles de cuantificarse.
Por lo explicado, la Sala declarará no probadas las excepciones de
caducidad, falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial e inepta demandas propuestas por el INPEC.
3.5. En cuanto a la pretensión de nulidad de los actos demandados
La parte actora pretende que se declare la nulidad de los actos
administrativos que lo sancionaron con la pérdida del derecho de
redención de la pena por el término de 50 días. Lo anterior, lo fundamentó
en que los actos demandados vulneraron el debido proceso por los
siguientes motivos:
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-) “[S]e violó la aplicación del artículo 254 de la Ley 906 de 2004 – Código
de Procedimiento Penal pues con el procedimiento del auxiliar Pedraza
González no se guardó la cadena de custodia (…) en el presente evento,
el auxiliar (…) al encontrar el paquete de plástico no debió dañar su estado
original rompiendo la bolsa, violando las condiciones de recolección,
preservación, embalse y envío”33.
-) Igualmente, alegó que se vulneró el debido proceso porque el auxiliar
bachiller del cuerpo de custodia “debió poner en conocimiento la evidencia
física ante el funcionario de policía judicial siendo este la autoridad
competente para tomar los registros fotográficos del lugar del hallazgo,
las condiciones de protección en se encontraba guardado el teléfono
celular y demás elementos de prueba que pudiere obtener para determina
la responsabilidad de mi parte en esos hechos”34.
-) También señaló que “se desconoció el artículo 7 de la ley en cuanto a
la presunción de inocencia e indubio pro-reo, puesto que, para imponer
una sanción disciplinaria deberá existir convencimiento de la
responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. // En el caso
que nos ocupa, el testimonio de los auxiliares (…) y del dragoneante dejan
muchas dudas en cuanto a mi responsabilidad en la tenencia del celular
incautado”35.
33 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
34 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
35 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
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Para resolver los reproches expuestos por la parte actora, la Sala estima
pertinente traer a colación las consideraciones expuestas en los actos
administrativos que fundamentaron la decisión de sancionar al actor. Al
respecto, en la Resolución nro. 1273 del 15 de septiembre de 2011 se
explicó lo siguiente36:
“[…] Que el Código Penitenciario y Carcelario en su título XI Artículo
116 y ss. prevé el Reglamento Disciplinario para el personal de
internos, de igual manera la Resolución 5817 de 1994 reglamenta el
régimen disciplinario aplicable al personal de internos en los centros
de reclusión.
Que mediante oficio número 3123 de fecha 23 de julio de 2011, el
auxiliar bachiller OSCAR PEDRAZA GONZALEZ pone en conocimiento
del señor Director del Establecimiento que para ese día a las 16:00
horas obedeciendo órdenes del inspector ARANGO VARON CARLOS
se realiza una inspección con los Dragoneantes RAMIREZ SUAREZ
GABRIEL, PINEDA GONZALEZ DIEGO, BETANCOURTH VELASCO
ALFONSO al sector del rancho junto con los internos que allí laboran,
al observar el operativo el interno PEÑALOZA HURTADO JOSE DE LA
CRUZ TD 13925 se devolvió hacia los baños del rancho por lo que lo
seguí rápidamente con el auxiliar SERRANO CASTRO ALEJANDRO
observando que tiró dentro de una caneca en la que habían dos
traperos un celular 1208 con su respectiva simcard de la empresa
Comcel.
Que la Dirección del Establecimiento comisionó al señor subdirector
para que adelante la investigación disciplinaria correspondiente.
Teniendo en cuenta lo ordenado por el señor Director del
Establecimiento y lo informado por el auxiliar Bachiller PEDRAZA
GONZALEZ OSCAR, el funcionario comisionado para adelantar la
investigación Disciplinaria correspondiente para la fecha cuatro (04)
de Agosto de 2011 escucha en diligencia de versión libre y
espontánea de los hechos que se investigan al interno JOSE DE LA
CRUZ PEÑALOZA HURTADO quien de manera voluntaria y sin
presiones de ninguna clase manifiesta que para fecha 23 de Julio de
2011 se encontraba recluido en el patio número cinco, y para fecha
36 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
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Actor: José de la Cruz Peñaloza Hurtado
23 de julio de 2011 entre las 12:00 y 5:00 de la tarde se encontraba
laborando en el sector del rancho, es claro al indicar que para esa
fecha se llevó a cabo por parte de personal de guardia un
procedimiento de requisa indicando que se disponían a salir para la
celda a descansar ya que habíamos terminado labores cuando
ingresó el comandante BETANCOURTH comandante del rancho para
esa fecha con otro guardianes y él dijo fuimonos (sic) nos dispusimos
a coger nuestros elementos personales yo estaba en la parte de
atrás de los congeladores guardando una mazamorra en el
congelador para el otro día a la venida de allá para acá arrime al
muro del baño cogí una bolsa con mis útiles de aseo y elementos
personales y venía hacia acá cuando un Auxiliar me dijo hágale para
la requisa ya que no me había dado cuenta que se estaba llevando
a cabo una requisa y salí para el salón de afuera donde se
encontraba el personal de guardia formado y donde se estaba
llevando a cabo la diligencia de la requisa en ese momento el
comandante GIRALDO que le dicen el loco de la compañía me dijo
que me dispusiera a pasarle la ropa para la respectiva requisa esto
fue lo que yo hice le pasé el buzo, la gorra me estaba quitando las
botas cuando escuché adentro del rancho al señor guardián
RAMIREZ GABRIEL que pego un grito y mencionó mi nombre dijo
PEÑALOZA y le respondí qué pasó y me dijo encontramos un celular
dentro del baño y es suyo entonces yo le dije cómo que es mío si
usted a mí en ningún momento me ha visto descargándome o me
ha cogido un celular en mis pertenencias o me ha cogido un teléfono
celular encima de mi cuerpo (…).
Para la fecha Once (11) de Agosto de 2011 es escuchado en
diligencia de Ampliación y Ratificación de los hechos que mediante
informe de fecha 23 de julio de 2011 puso en conocimiento de la
Dirección del Establecimiento el Auxiliar Bachiller OSCAR FABIAN
PEDRAZA GONZALEZ, el funcionario bajo la gravedad de juramento
manifiesta que se ratifica en todos y cada uno de los hechos narrados
en su informe inicial indica que para la fecha de los hechos entre las
16:00 y 17:00 horas se encontraba prestando la disponibilidad en la
parte interna, manifiesta que por sugerencia del Inspector ARANGO
fuimos a realizar un operativo al rancho después de la encerrada del
patio sexto entonces nosotros al ingresar al rancho observé la
actitud sospechosa del interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA
HURTADO que se dirigió hacia la parte interna del rancho ingresando
a los baños inmediatamente yo lo seguí me fui detrás de él y en el
baño había una caneca con dos traperos sucios y observé de que al
momento de que el interno entró al baño se descargó dentro de la
caneca en ese momento fui y observé la caneca encontrando el
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teléfono celular envuelto en un plástico transparente y enseguida fui
y busqué al interno PEÑALOZA y procedí a realizar el informe este
interno se negó a firmar la boleta de comiso de elementos prohibidos
quien manifestó que no era de él, al indagarle acerca de la ubicación
del interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO al interior del
rancho al momento de ingresar a realizar el procedimiento de
requisa relacionado en el informe manifiesta que se encontraba
ubicado cerca al sector donde se encuentra el escritorio del
funcionario que presta sus servicios en el sector del rancho y al
momento de ingresar al operativo se fue desde el lugar en el que se
encontraba para el fondo del rancho más exactamente en el sector
de los baños de dicho lugar, es claro al manifestar que para esa
fecha al ver que este interno se devolvió para el sector de los baños
inmediatamente me fui detrás de él y sin perderlo de vista lo observé
cuando arrojo en la caneca un paquete envuelto en plástico
transparente el mismo que saqué de inmediato y al revisarlo logré
determinar que se trataba del teléfono celular relacionado en el
informe, al indagarle acerca de cuánto tiempo transcurrió desde el
momento en que observó al interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA
HURTADO arrojar el teléfono celular relacionado en el informe a la
caneca hasta el momento en que fue recogido manifiesta que eso
fue en cuestión de segundos ya que como lo dije anteriormente este
interno no fue perdido de vista, es claro al indicar que al momento
de recoger el teléfono celular relacionado en el informe el interno
JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO iba saliendo del baño y
mientras lo destapé y lo verifiqué el interno ya había salido para el
sector donde le estaban practicando la requisa a los demás internos
que allí laboran, es claro al indicar que para esa fecha y hora durante
el procedimiento de requisa lo acompañaban el auxiliar SERRANO
CASTRO ALEJANDRO y el dragoneante RAMIREZ SUAREZ GABRIEL,
al indagarle acerca de las afirmaciones realizadas por el interno JOSE
DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO quien en su diligencia de versión
libre y espontánea manifiesta que para la fecha 23 de julio de 2011
en el procedimiento de requisa se encontraba por el sector de los
congeladores guardando una mazamorra para el otro día y a la
venida de allá para acá arrimo al muro del baño cogió una bolsa con
sus útiles de aseo y elementos personales y venía hacia acá y ahí
fue cuando un auxiliar le dijo hágale para la requisa manifiesta que
esto es totalmente falso como lo dije anteriormente el interno
PEÑALOZA al momento de ingresar yo al procedimiento de requisa
se encontraba cerca del sector de donde se encuentra ubicado el
escritorio del funcionario que presta sus servicios en el sector del
rancho de ahí fue que se devolvió y se metió al baño, es claro al
indicar que el mismo fue hasta el lugar donde se encontraba este
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interno o sea donde le estaban practicando la requisa y le dijo que
el teléfono celular era de él inmediatamente procedí a llevarlo donde
el cabo ARANGO quien se encontraba en frente del expendio del
pasillo central de ahí traje al interno hasta el puesto número tres
para hacer el informe y ponerle la huella en la boleta decomiso de
elementos prohibidos en compañía del auxiliar SERRANO, es claro al
manifestar que para la fecha 23 de julio de 2011 al momento de
ingresar al rancho al procedimiento de requisa en el sector del baño
de dicho lugar no habían internos estaba vacío solamente ingresó y
salió del mismo el interno PEÑALOZA.
Para la fecha diecinueve (19) de agosto de 2011 es escuchado en
diligencia de declaración juramentada el auxiliar bachiller HELMAN
ALEJANDRO SERRANO CASTRO quien fuera relacionado por el
auxiliar bachiller OSCAR FABIAN PEDRAZA GONZALEZ como testigo
presencial de los hechos que se investigan, el funcionario bajo la
gravedad de juramento manifiesta que (…) ingresamos al sector del
rancho entonces el interno PEÑALOZA se encontraba cerca del
escritorio donde se hace el dragoneante que presta su servicio en
dicho lugar y en este momento este interno se devuelve y entra al
baño y entonces iba el auxiliar PEDRAZA de primero, luego iba yo y
después el dragoneante RAMIREZ SUAREZ detrás del interno
PEÑALOZA y en este momento este interno salió del baño y ya había
ingresado el auxiliar PEDRAZA quien lo observó que había arrojado
un elemento en una caneca que se encontraba al interior del baño
de inmediato el auxiliar PEDRAZA recogió este paquete que estaba
envuelto en un plástico trasparente pero se veía que era un teléfono
celular y el auxiliar PEDRAZA de inmediato llamó al interno
PEÑALOZA que se encontraba más o menos por donde se encuentra
el escritorio del dragoneante y le dijo que se devolviera ya que él lo
había visto cuando había arrojado el teléfono celular a esta caneca
(…), es claro al manifestar que para la fecha 23 de julio de 2011 al
momento de ingresar al rancho al procedimiento de requisa no se
encontraba ningún interno por el sector del baño solamente el
interno PEÑALOZA (…).
Para la fecha veinticuatro (24) de agosto de 2011 es escuchado en
diligencia de declaración juramentada el dragoneante GABRIEL
ANTONIO RAMIREZ SUAREZ quien fuera relacionado por el auxiliar
bachiller OSCAR FABIAN PEDRAZA GONZALEZ como testigo de los
hechos que se investigan (…) yo ingresé al lugar donde elaboran los
alimentos y conmigo iba el auxiliar PEDRAZA y el auxiliar SERRANO
en ese momento el interno PEÑALOZA se encontraba cerca al
escritorio utilizado por el dragoneante que se encuentra allí de
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servicio y al observamos (sic) se dirigió al baño que tienen ellos al
interior del rancho, los dos auxiliares mencionados se fueron
inmediatamente detrás de este interno, el interno PEÑALOZA
ingresó rápidamente al baño y salió de forma rápida pasando por un
lado de los auxiliares cuando ellos ingresan al baño alcanzan a ver
el momento en que este interno arroja algo a una caneca que tenía
la mitad de agua donde se encontraban unos traperos encontrando
un celular envuelto en plástico transparente del mismo material que
utilizan en el rancho para envolver las comidas (…) al indagarle
acerca del tiempo transcurrido desde el momento en que observó al
interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO devolverse desde el
lugar en el cual se encontraba al momento de ingresar al
procedimiento de requisa hasta el momento del hallazgo del teléfono
celular por parte del auxiliar PEDRAZA en el sector del baño de dicho
lugar manifiesta que esto fue cuestión de segundos ya que este
interno no fue perdido de vista en ningún momento por parte de los
auxiliares bachilleres que lo siguieron al observar su actitud,
manifiesta que este interno al momento del hallazgo y verificación
del elemento comisado ya estaba en la parte de afuera ubicándose
en la fila para ser requisado por el personal de guardia que había
sido asignado para esa actividad (…).
(…)
Analizando de manera detallada las diferentes diligencias
practicadas en el proceso disciplinario (…) // Esta totalmente claro
en la investigación disciplinaria que nos ocupa que para la fecha 23
de julio de 2011 al momento de ingresar al sector del rancho los
auxiliares bachilleres OSCAR FABIAN PEDRAZA GONZALEZ, HELMAN
ALEJANDRO SERRANO CASTRO y el dragoneante RAMIREZ SUAREZ
GABRIEL el interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO era el
único interno que se encontraba en este sector más exactamente
parado cerca del escritorio donde se hace el funcionario que presta
sus servicios en ese lugar, que fue al percatarse de la presencia de
las unidades de guardia que se devolvió de manera rápida del lugar
en el cual se encontraba parado e ingresó al baño del rancho de
donde no se demoró siendo seguido de manera inmediata por el
auxiliar bachiller OSCAR FABIAN PEDRAZA GONZALEZ quien sin
perderlo de vista observó de manera clara el momento en el cual
arrojó un paquete a una caneca que se encontraba allí y que
contenía dos traperos, que este elemento fue recogido de manera
inmediata por el auxiliar bachiller relacionado y al momento de
verificarlo logró establecer que se trataba de un teléfono celular con
batería y tarjeta simcard el mismo que dio origen a la presente
investigación disciplinaria.
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Actor: José de la Cruz Peñaloza Hurtado
(…)
Si bien es cierto el interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO
no fue sorprendido por el personal de guardia con el teléfono celular
con batería y tarjeta simcard en su poder fue gracias a la astucia y
rapidez con la cual actuó para esa fecha ya que se desplazó de
manera rápida desde el lugar en el cual se encontraba parado más
exactamente donde se encuentra ubicado el escritorio donde se hace
el funcionario que presta sus servicios en dicho sector hasta el baño
ubicado en el sector del rancho y alcanzó a arrojar este elemento a
una caneca que contenía dos traperos, contando con la mala suerte
que fue seguido de manera rápida por el auxiliar bachiller OSCAR
FABIAN PEDRAZA GONZALEZ quien sin perderlo de vista observó el
momento en el cual arrojó este elemento a la citada caneca, que el
interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO con rapidez alcanzó
a salir del baño evadiéndose de este lugar y mientras se verificaba
el elemento comisado por parte del auxiliar bachiller llegó hasta el
lugar donde se practicaba la requisa a los demás internos siendo
evidente que este interno era el único que para esa fecha y hora se
encontraba al interior del rancho al momento de ingresar el personal
de guardia, así como también que fue la única persona que ingresó
y salió del sector del baño durante el procedimiento de requisa
situación que como se dijo anteriormente fue confirmada por el
auxiliar bachiller HELMAN ALEJANDRO SERRANO CASTRO y el señor
dragoneante RAMIREZ SUAREZ GABRIEL quienes participaron del
procedimiento de requisa y fueron testigos de los hechos que se
investigan.
(…)
[Q]ue el interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO infringió
con su conducta lo consagrado en el artículo 121 inciso 2 numerales
15 y 29 (faltas graves) del Código Penitenciario y Carcelario en
concordancia con lo consagrado en el artículo 25 “comunicaciones
por vía telefónica” del Acuerdo 0011 de 1995 […]”.
Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de reposición y
mediante la Resolución nro. 1323 del 28 de septiembre de 2011 se
confirmó con fundamento en que37:
37 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2011 00461 00.
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“[…] El material probatorio es claro y nos demuestra que para la
fecha 23 de julio de 2011 al momento de ingresar el personal de
guardia al procedimiento de requisa a efectuarse en el sector del
rancho el interno JOSE DE LA CRUZ PEÑALOZA HURTADO se
encontraba parado cerca del escritorio donde se hace el funcionario
que presta sus servicios en dicho lugar, que fue al percatarse de la
presencia del personal uniformado que se devolvió de este lugar
para el sector del baño del rancho donde ingresó y salió de manera
rápida siendo seguido por el auxiliar PEDRAZA GONZALEZ OSCAR
FABIAN quien sin perderlo de vista observó de manera clara el
momento en que arrojó un paquete envuelto en plástico
transparente el mismo que recogió de manera inmediata y al ser
verificado logró establecer que se trataba del teléfono celular con
batería y tarjeta simcard relacionado en el informe […]”.
Ahora bien, en cuanto a los reproches en los que se sustenta la demanda,
se tiene que, la parte actora alegó que se vulneró el debido proceso
porque se transgredió el artículo 25438 de la Ley 906 de 2004 – Código
de Procedimiento Penal, porque el auxiliar bachiller no guardó la cadena
de custodia del teléfono celular que encontró en la medida que “no debió
dañar su estado original rompiendo la bolsa, violando las condiciones de
recolección, preservación, embalse y envío”.
Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón a la parte actora,
dado que, la norma que se aduce infringida es propia del procedimiento
penal y, en este caso, el trámite adelantado es de tipo disciplinario. A lo
38
“ARTÍCULO 254. APLICACIÓN. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos
materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en
cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección,
preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que
cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de
todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. //La cadena de
custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los
elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad
competente (…)”.
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que se agrega que, de las consideraciones expuestas en los actos
administrativos cuestionados se desprende que el procedimiento
administrativo sancionatorio adelantado en contra del interno tuvo en
cuenta los medios probatorios recaudados y, específicamente el
testimonio rendido por el auxiliar bachiller, quien relató que una vez
observó al demandante arrojar un paquete a la caneca lo que hizo fue
verificar lo que estaba guardado en la bolsa de plástico, para así constatar
que se trataba de un teléfono celular con tarjeta sim y, por consiguiente,
proceder al decomiso de un objeto prohibido en el establecimiento
penitenciario.
En efecto, el auxiliar bachiller Oscar Fabián Pedraza González en la
declaración rendida afirmó que “al ver que este interno se devolvió para
el sector de los baños inmediatamente me fui detrás de él y sin perderlo
de vista lo observé cuando arrojó en la caneca un paquete envuelto en
plástico transparente el mismo que saqué de inmediato y al revisarlo logré
determinar que se trataba del teléfono celular relacionado en el
informe”39.
De otro lado, el actor también cuestionó que se vulneró el debido proceso
porque el auxiliar bachiller “debió poner en conocimiento la evidencia
física ante el funcionario de policía judicial siendo este la autoridad
competente para tomar los registros fotográficos del lugar del hallazgo,
las condiciones de protección en se encontraba guardado el teléfono
39 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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celular y demás elementos de prueba que pudiere obtener para determina
la responsabilidad de mi parte en esos hechos”40.
En este aspecto tampoco le asiste razón a la parte actora por cuanto, tal
y como lo señalan los actos demandados, la sanción impuesta es de
naturaleza disciplinaria, cuyo procedimiento está regulado por el Código
Penitenciario y Carcelario – Ley 65 de 1993. En efecto, el artículo 134
ibídem establece:
“[…] ARTÍCULO 134. DEBIDO PROCESO. Corresponde al director del
establecimiento recibir el informe de la presunta falta cometida por
el interno. El director lo pasará al subdirector si lo hubiere o caso
contrario, lo asumirá directamente para la verificación de la falta
denunciada, debiéndose oír en declaración de descargos al interno
acusado. Por decisión del instructor o a solicitud del presunto
infractor se practicarán las pruebas pertinentes.
El instructor devolverá en el término de dos días el instructivo al
director si se trata de falta leve de cuatro si es falta grave, con el
concepto de la calificación de la falta cometida. Si hubiere pruebas
que practicar estos términos se ampliarán en tres días. Una vez
recibido por el director, éste decidirá en el mismo día si es de su
competencia aplicar la sanción por tratarse de falta leve o si debe
convocar al Consejo de Disciplina para el efecto, cuando la falta
revista el carácter de grave.
En caso que sea el director quien debe asumir directamente la
investigación dispondrá del mismo tiempo consagrado en el inciso
anterior para tomar la decisión […]”. (Se destaca)
En este punto, se destaca que en la Resolución nro. 1273 del 15 de
septiembre de 2011 consta que “mediante oficio número 3123 de fecha
23 de julio de 2011, el auxiliar bachiller OSCAR PEDRAZA GONZALEZ pone
40 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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en conocimiento del señor director del Establecimiento que para ese día
a las 16:00 horas obedeciendo órdenes del Inspector ARANGO VARON
CARLOS se realiza una inspección con los dragoneantes RAMIREZ SUAREZ
GABRIEL, PINEDA GONZALEZ DIEGO, BETANCOURTH VELASCO ALFONSO
al sector del rancho junto con los internos que allí laboran, al observar el
operativo el interno PEÑALOZA HURTADO JOSE DE LA CRUZ TD 13925,
se devolvió hacia los baños del rancho por lo que lo seguí rápidamente
con el auxiliar SERRANO CASTRO ALEJANDRO observando que tiró dentro
de una caneca en la que habían dos traperos un celular 1208 con su
respectiva simcard de la empresa comcel”41.
De esta manera, está acreditado que el auxiliar bachiller actuó de
conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 134 del
Código Penitenciario y Carcelario al remitir el informe de la presunta falta
cometida por el interno al director del establecimiento.
Adicionalmente, lo alegado por la parte actora consistente en que el
auxiliar bachiller “debió poner en conocimiento la evidencia física ante el
funcionario de policía judicial siendo este la autoridad competente para
tomar los registros fotográficos del lugar del hallazgo, las condiciones de
protección en se encontraba guardado el teléfono celular”42 no hace parte
del procedimiento que debía seguirse para la imposición de las sanciones
disciplinarias a los internos recluidos en los establecimientos
41 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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42 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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penitenciarios, acorde con lo señalado por el precitado artículo 134 del
Código Penitenciario y Carcelario.
Valga indicar que, el artículo 41 del Código Penitenciario y Carcelario
establece que “los Directores General, Regional y de establecimientos de
reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tendrán
funciones de Policía Judicial para la investigación de delitos que se
cometan al interior de los establecimientos de reclusión, en los términos
del Código de Procedimiento Penal hasta que la Fiscalía General de la
Nación asuma el conocimiento”. De contera, las funciones de policía
judicial a las que alude el actor son para la investigación de delitos y no
para las faltas disciplinarias a las que hace referencia dicha codificación
en el título XI sobre “el reglamento disciplinario para internos”.
Por último, la parte actora alegó que “se desconoció el artículo 7 de la ley
en cuanto a la presunción de inocencia e in dubio pro-reo, puesto que,
para imponer una sanción disciplinaria deberá existir convencimiento de
la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. // En el caso
que nos ocupa, el testimonio de los auxiliares (…) y del dragoneante dejan
muchas dudas en cuanto a mi responsabilidad en la tenencia del celular
incautado”43.
Al respecto, se pone de presente que el principio in dubio pro reo (in dubio
pro administrado, in dubio pro disciplinado) implica resolver las dudas
razonables en favor del investigado. Dicha regla se desprende de la
43 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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presunción de inocencia “y constituye la contracara misma de la carga de
la prueba que pesa sobre el Estado, a través de las entidades que ejercen
el poder público. Así, no obstante que la norma constitucional no exija
expresamente que las dudas razonables sean resueltas en beneficio de la
persona investigada, se trata de una conclusión forzosa que resulta de
constatar que, a pesar de los esfuerzos demostrados durante el desarrollo
del procedimiento y en desarrollo del deber de instrucción integral, el
Estado no cumplió la carga probatoria que le incumbía y, por lo tanto, no
logró recaudar o aportar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción
de inocencia”44.
En el caso concreto para imponer la sanción al interno, se recibieron las
declaraciones del aquí demandante, del auxiliar bachiller Oscar Fabian
Pedraza González, del auxiliar bachiller Helman Alejandro Serrano Castro
y del dragoneante Gabriel Antonio Ramírez Suárez.
A partir de lo allí expuesto, el Consejo de Disciplina, en la Resolución nro.
1323 del 25 de septiembre de 2011, llegó a la conclusión que “se observa
de manera clara que los funcionarios coinciden al manifestar que para esa
fecha al momento de ingresar al sector del rancho el interno JOSE DE LA
CRUZ PEÑALOZA HURTADO se encontraba parado cerca del escritorio
donde se encuentra ubicado el escritorio donde se hace el funcionario que
presta sus servicios en dicho lugar y se fue para el baño donde ingresó y
salió de manera rápida siendo seguido por el auxiliar PEDRAZA quien sin
perderlo de vista observó el momento en el cual arrojó a una caneca que
contenía dos traperos un elemento envuelto en plástico transparente
44 Corte Constitucional. Sentencia C – 495 de 2019. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
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desvirtuándose de esta manera lo relatado por el interno en su diligencia
de versión libre y espontánea al manifestar que al momento de ingresar
el personal de guardia se encontraba por el sector de los congeladores
guardando una mazamorra para el otro día que fue al momento de
regresar de ese lugar que se acercó al muro del baño cogió una bolsa que
contenía sus útiles de aseo y ahí fue un auxiliar le dijo que le hiciera para
la requisa ya que no se había percatado que se estaba llevando a cabo la
misma, razón más que suficiente para demostrar que en el presente
proceso disciplinario no existe duda y por tal motivo no se puede dar
aplicación a lo consagrado en el artículo 6 “in dubio pro reo” de la
Resolución 5817 de 1994”45, por lo tanto, la sanción impuesta al interno
estuvo precedida no solo de la garantía del debido proceso administrativo
sino de los elementos de juicio que permitieron llegar a la convicción con
base en el recaudo probatorio sobre la comisión de la falta.
En ese escenario, los argumentos de la parte actora no logran desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos acusados, puesto que, el Consejo
de Disciplina le impuso la sanción teniendo en cuenta las declaraciones
rendidas por tres funcionarios del cuerpo de seguridad del
establecimiento, quienes manifestaron de manera consistente que uno de
los auxiliares bachilleres observó al actor arrojar un paquete de plástico
a una caneca, que de inmediato se revisó y se encontró un teléfono
celular.
45 Visto en el índice 79 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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En consecuencia, serán negadas las pretensiones de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida por el señor José de la Cruz
Peñaloza Hurtado, por cuanto se reitera, no se desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos administrativos cuestionados.
Por último, no se condenará en costas porque no concurren los supuestos
del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de caducidad, falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial e
inepta demanda propuestas por el INPEC.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el señor José de la Cruz
Peñaloza Hurtado.
TERCERO: Sin condena en costas
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente,
previas anotaciones de rigor.
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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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