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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2012-00067-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00067-00

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00067-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la nulidad del aparte “[…] Sin embargo, si ha representado al otro país en algún evento deportivo oficial tipo juegos, campeonatos mundiales o regionales, reconocidos por un organismo deportivo competente durante los últimos tres (3) años, 19 Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: “[…] ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES PÚBLICAS, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil. […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067-00 Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN no podrá representar a su departamento, a menos que este hecho tenga más de tres (3) años de antigüedad […]”, del artículo 38 del Acuerdo núm. 000011 de 21 de octubre de 2009, expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES, “Por medio del cual se establece la Carta Deportiva Fundamental de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo -2012”. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta sentencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2012-00067-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067 00
Referencia: Medio de control de nulidad
Actor: Mario Valencia Tristán

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA
POR DESCONOCER EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA. LA MEDIDA CUESTIONADA NO ES IDÓNEA NI ADECUADA
PARA GARANTIZAR LA COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES QUE
TIENE COMO FINALIDAD. APLICACIÓN DEL JUICIO INTEGRADO DE
IGUALDAD.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda de nulidad presentada por el señor

MARIO VALENCIA TRISTAN contra el artículo 38 del Acuerdo núm.

000011 de 21 de octubre de 2009, expedido por el INSTITUTO

COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES, “Por medio del

cual se establece la Carta Deportiva Fundamental de los XIX Juegos

Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo -2012”.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067-00
Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

I.- ANTECEDENTES

I.1-. El señor MARIO VALENCIA TRISTAN, mediante apoderado,

en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del

Código de lo Contencioso Administrativo -CCA, presentó demanda

ante esta Corporación, con la finalidad de desvirtuar la legalidad del

artículo 38 del Acuerdo núm. 000011 de 21 de octubre de 2009,

expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE –

COLDEPORTES, “Por medio del cual se establece la Carta Deportiva

Fundamental de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras

Restrepo -2012”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los

siguientes:

Expuso que es un patinador de alto rendimiento, afiliado al Club

Deportivo LMT del Valle del Cauca y registrado ante la Federación

Colombiana de Patinaje para representar a su departamento y al

país, en los diferentes eventos nacionales e internacionales.

Adujo que tiene doble nacionalidad, colombiana y estadounidense,

por lo que también está afiliado al Club Deportivo TEAM FLORIDA y

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

ha participado en diferentes competiciones avaladas por la

Federación Internacional de Patinaje de Carreras, tanto en

representación de Colombia como de Estados Unidos de

Norteamérica.

Aseveró que desde 1940, cada 4 años son celebrados los Juegos

Deportivos Nacionales, con la finalidad de iniciar el ciclo selectivo y

de preparación de los deportistas que representarán al país en las

competiciones o eventos deportivos internacionales.

Mencionó que COLDEPORTES es la entidad encargada de

reglamentar los requisitos y condiciones para la participación en los

Juegos Deportivos Nacionales, así como los procedimientos de

inscripción, clasificación, pruebas, entre otros.

Explicó que, históricamente, la única referencia que la entidad

mencionada hacía respecto de la nacionalidad de los deportistas, era

que estos debían tener la calidad de nacionales en los términos del

artículo 96 de la Constitución Política.

Indicó que, con ocasión de los Juegos Nacionales a celebrar en el año

2012, COLDEPORTES expidió el Acuerdo núm. 000011 de 21 de

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

octubre de 2009, en cuyo artículo 38 estableció una limitación para

los deportistas con doble nacionalidad, en los siguientes términos:

“Artículo 38. Todo competidor que posea simultáneamente la
nacionalidad de dos o más países, siendo uno de ellos Colombia,
podrá representar a un departamento. Sin embargo, si ha
representado al otro país en algún evento deportivo
oficial tipo juegos, campeonatos mundiales o regionales,
reconocidos por un organismo deportivo competente
durante los últimos tres (3) años, no podrá representar a
su departamento, a menos que este hecho tenga más de
tres (3) años de antigüedad”. (Destacado fuera de texto)

Agregó que el 27 de mayo de 2011, solicitó a COLDEPORTES la

revocatoria o la modificación de la referida disposición, petición que

le fue denegada a través de respuesta emitida el 17 de junio de la

misma anualidad.

Añadió que presentó una acción de tutela con la finalidad de obtener

la protección de sus derechos fundamentales; no obstante, esta fue

declarada improcedente ante la existencia de la acción de nulidad

como mecanismo para discutir la legalidad de la disposición ahora

cuestionada.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

Como disposiciones transgredidas el actor invocó los artículos 13 y

16 de la Constitución Política y 4° de la Ley 181 de 18 de enero de

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

19951.

Argumentó que la disposición acusada transgrede el derecho a la

igualdad, en la medida en que establece un trato diferencial entre los

deportistas con doble nacionalidad, al excluir de la posibilidad de

participar en los Juegos Deportivos Nacionales a aquellos que hayan

representado al otro país, distinto a Colombia, dentro de los tres años

anteriores, sin que tal medida tenga justificación alguna.

Arguyó que la medida acusada, vulnera su derecho al libre desarrollo

de la personalidad, porque impide superar sus metas deportivas,

además, porque el hecho de que pueda representar a dos países,

dadas sus capacidades, no solo es motivo de orgullo personal sino

también de su familia, compañeros y dirigentes de la disciplina.

Agregó que el deporte es uno de los principales generadores de

conciencia, en la medida en que contribuye a la formación y

desarrollo de la personalidad.

Sostuvo que conforme con el artículo 69 del CCA la revocatoria de

los actos administrativos procede, por violación a la Constitución

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“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

Política, así como por causar un agravio injustificado a una persona,

esto último, que acaece al impedirle su participación en los Juegos

Deportivos Nacionales.

Aseguró que la restricción cuestionada es contraria a los principios

de universalidad, participación y democratización del deporte

establecidos en el artículo 4° de la Ley 181 de 1995.

I.4.- Como pretensiones de la demanda, el actor elevó las

siguientes:

“[…] DECLARACIONES

1o. Que es nulo el artículo 38 del Acuerdo No.0000011 de
octubre de 21 de 2009, expedido por el Consejo Directivo del
Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES), el cual
prohíbe la participación del deportista Mario Valencia Tristan en
los XVII Juegos Deportivos Nacionales a realizarse en este año
2012.

Cuyo segundo párrafo de este artículo 38, dice “sin embargo, si
ha representado al otro país en algún evento deportivo oficial
tipo juegos, campeonatos mundiales o regionales, reconocidos
por un organismo deportivo competente durante los últimos tres
años, no podrá representar a su Departamento, a menos que
este tenga más de tres años de antigüedad”.

2o. Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la
presente acción se comunique a la autoridad administrativa que
profirió el acto, para los efectos legales correspondientes […]”.

I.5.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

COLDEPORTES contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad

de las pretensiones, para lo cual propuso las siguientes excepciones:

I.5.1.- “Inexistencia del acto acusado”

Señaló que la acción de la referencia es inane, debido a que, con

anterioridad a la admisión de la demanda y al decreto de la

suspensión provisional de la disposición acusada2, el acto

administrativo que la contiene fue derogado por el artículo 106 de la

Resolución núm. 00309 de 3 de abril de 20123.

I.5.2.- “Improcedencia de la acción de nulidad”

Anotó que los hechos de la demanda permiten establecer que el

interés del demandante es particular y no la salvaguarda de la

legalidad, por lo que, a su juicio, el asunto debía ser tramitado bajo

la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme con la

teoría de los móviles y las finalidades.

Sostuvo que, en ese orden de ideas, el término para instaurar la

2
Mediante auto de 28 de mayo de 2012, proferido por el Consejero Marco Antonio Velilla Moreno, el
segundo aparte de la disposición cuestionada fue suspendido de forma provisional, como será precisado
más adelante.

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“Por medio de la cual se modifica la Carta Deportiva Fundamental de los XIX Juegos Deportivos
Nacionales Carlos Lleras Restrepo 2012”

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demanda era de 4 meses contados a partir del momento en que entró

en vigencia el acto administrativo cuestionado, razón por la cual la

acción fue ejercida cuando ya estaba caducada.

I.5.3.- “El artículo 38 del Acuerdo 000011 de 21 de octubre de

2009, no viola los artículos 13 y 16 de la Constitución Política

y cumple con los principios de universalidad, participación y

democratización”.

Explicó que la medida contenida en la disposición cuestionada

buscaba dar un tratamiento jurídico diferente más favorable a

quienes ostentan menos recursos y, por ende, están en situación de

mayor exclusión y marginalidad, respecto de quienes pueden estar

en otros países en preparación física para las competencias.

Agregó que la medida pretendía la distribución de los recursos

públicos, basada en la aplicación concurrente y ponderada del

principio de la universalidad de los derechos sociales y el mandato

de promoción de la igualdad de oportunidades.

Afirmó que la disposición cuestionada pretende la consecución del

equilibrio técnico deportivo, la protección del gasto público social, la

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protección de sectores marginados, así como la protección del gasto

e intereses privados en la preparación de los deportistas.

Adujo que el actor no tiene la misma preparación deportiva y de

entrenamiento de otros nacionales que no han podido representar al

otro país o no cuentan con los mismos recursos económicos, por lo

que, a su juicio, las pretensiones de la demanda no tienen vocación

de prosperar.

I.5.4.- “Genérica”

Solicitó decretar de oficio cualquier otra excepción de fondo que se

encuentre probada.

II.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• La entidad demandada reiteró los argumentos de defensa

planteados en la demanda.

• Por su parte, el agente del MINISTERIO PÚBLICO presentó

concepto en el que concluyó que la disposición acusada debe ser

anulada, por violación al artículo 13 de la Constitución Política.

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

Adujo que pese a que de algunos hechos de la demanda se advierten

situaciones particulares del actor, del contenido de la misma es

posible estructurar un cargo general en lo relativo al derecho a la

igualdad que no tiene un interés subjetivo, el cual amerita ser

estudiado de fondo a través de la acción de la referencia.

Comentó que el hecho de que la disposición cuestionada haya sido

derogada no tiene ninguna relevancia, por cuanto es procedente el

estudio de legalidad respecto de los efectos que pudo haber

producido mientras estuvo vigente.

Mencionó que las razones que llevaron a la entidad demandada a

expedir la disposición cuestionada, además de ser precarias, carecen

de pruebas que permitan acreditarlas, para lo cual destacó:

“[…] No es posible acreditar que efectivamente las personas que
representaron a esos otros países diferentes de Colombia,
tengan una capacidad económica superior, a aquellos
deportistas, con doble nacionalidad que no lo hicieron. No se
acredita que las personas con doble nacionalidad (o múltiples
nacionalidades) sean un grupo que se encuentra en situación de
marginalidad y amerita una medida discriminatoria de tal
entidad que no permita participar en la competición deportiva
[...]”.

Añadió que la disposición resulta discriminatoria y atenta contra el

libre desarrollo de la personalidad de los deportistas, en la medida

que, conforme con el artículo 52 de la Constitución Política, el

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ejercicio del deporte tiene como función la formación integral de las

personas.

• La parte actora, en esta etapa procesal, guardó silencio.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1.- Acto demandado

En el presente asunto es acusado el artículo 38 del Acuerdo núm.

000011 de 21 de octubre de 2009, expedido por el INSTITUTO

COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES, “Por medio del

cual se establece la Carta Deportiva Fundamental de los XIX Juegos

Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo -2012”.

La disposición cuestionada prevé:

“[…] MINISTERIO DE CULTURA
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
ACUERDO NÚMERO 000011 de 21 de octubre de 2009

Por medio del cual se establece la Carta Deportiva
Fundamental de los XIX Juegos Deportivos Nacionales
"Carlos Lleras Restrepo" - 2012

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE COLDEPORTES

En ejercicio de las funciones delegadas por el Presidente de
la República en el Decreto 215 de 2000, y las consignadas
en la Ley 181 de 1995 y

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CONSIDERANDO:

Que corresponde al instituto Colombiano del Deporte,
como máximo organismo planificador, rector, director y
coordinador del Sistema Nacional del Deporte, establecer
normas que orienten la organización y desarrollo de los
Juegos Deportivos Nacionales, como las máximas justas
deportivas del país.

Que dicha atribución es ejercida por el Consejo Directivo
de COLDEPORTES, al ser éste, el órgano de superior
jerarquía al interior de la estructura del Instituto
Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, de conformidad
con el Artículo 1º. del Decreto 215 de 2000,

ACUERDA:

[…]

Artículo 38. Todo competidor que posea simultáneamente
la nacionalidad de dos o más países, siendo uno de ellos
Colombia, podrá representar a un departamento. Sin
embargo, si ha representado al otro país en algún
evento deportivo oficial tipo juegos, campeonatos
mundiales o regionales, reconocidos por un
organismo deportivo competente durante los últimos
tres (3) años, no podrá representar a su
departamento, a menos que este hecho tenga más de
tres (3) años de antigüedad […]”. Destacado fuera de
texto)

Al respecto, cabe precisar que, mediante auto de 28 de mayo de

2012, el aparte destacado de la disposición cuestionada fue

suspendido de forma provisional.

III.2.- Cuestión previa, procedencia del control de legalidad

Como parte de los argumentos de defensa, la entidad demandada

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propuso dos excepciones mediante las cuales cuestiona la

procedibilidad de la acción de la referencia; por una parte, en razón

a que la disposición cuestionada fue derogada antes de la admisión

de la demanda; y, por otra, debido a que, a su juicio, la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho era el medio procesal

adecuado para ventilar los reproches del actor.

En ese orden de ideas, pasa la Sala a resolver los puntos planteados

así:

II.2.1.- Del control de legalidad sobre actos administrativos

derogados

La Sala advierte que el Acuerdo núm. 000011 de 21 de octubre de

2009, fue derogado de forma tácita por el artículo 106 de la

Resolución núm. 00309 de 3 de abril de 20124, expedida por el

entonces Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la

Actividad Física y el aprovechamiento del Tiempo Libre -

COLDEPORTES.

4
“Por medio de la cual se modifica la Carta Deportiva Fundamental de los XIX Juegos Deportivos
Nacionales Carlos Lleras Restrepo 2012”. Al respecto la Sala destaca que, pese a que este acto
administrativo indica que hace modificaciones a la regulación respectiva, en realidad se trata de un
cuerpo normativo que contiene todas las disposiciones sobre el tema, por lo cual se entiende que en
efecto todas las disposiciones anteriores sobre el particular están derogadas conforme con el artículo
106 de la misma.

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

En efecto, antes de que hubiese sido admitida la demanda 5 dentro

del proceso de la referencia, la disposición acusada fue derogada; no

obstante, para la Sala, esta circunstancia no la releva de emitir un

pronunciamiento de fondo, pues este evento no impide proferir una

decisión que cobije los efectos jurídicos producidos por dicho acto

administrativo mientras tuvo vigencia.

Sobre este aspecto, esta Sección ha señalado6:

“[…] Al respecto, la Sala recuerda que es reiterada la
jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sostenido que la
figura de la derogatoria del acto administrativo no impide el
juicio de legalidad del mismo, en tanto éste debe realizarse
según las circunstancias vigentes al momento de su expedición
y, además, por cuanto tal circunstancia sólo opera hacia el
futuro, toda vez que la desaparición del acto no afecta su validez.

Sobre el particular, la Sala recuerda lo que en su momento
consideró la Sala Plena de la Corporación en sentencia de 14 de
enero de 1991:

“…aún a pesar de haber sido ellos derogados, es necesario
que esta Corporación se pronuncie sobre la legalidad o
ilegalidad de los actos administrativos de contenido general
que se impugnen en ejercicio de la acción de nulidad, pues
solamente así se logra el propósito último del otrora
llamado contencioso popular de anulación, cual es el
imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la
legalidad que no se recobran por la derogatoria de la
norma violadora, sino por el pronunciamiento definitivo del
juez administrativo. Y mientras el pronunciamiento no se
produzca, tal norma, aún si derogada, conserva y
proyecta la presunción de legalidad que la ampara,
alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido
particular que hubieren sido expedidos durante su

5
Fecha de radicación de la demanda 13 de febrero de 2012. Fecha de admisión 28 de mayo de la
misma anualidad.
6
Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de
diciembre de 2016, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001-23-31-000-
2012-00192-02.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067-00
Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

vigencia” (Negrillas fuera de texto).

En igual sentido, esta Sala de Decisión en reciente
jurisprudencia, sostuvo que “en consideración a los efectos
que produjo el acto acusado durante su vigencia y al
compromiso que la Constitución y la ley asignan al contencioso
administrativo con la guarda de la integridad del orden jurídico,
se impone efectuar el control de legalidad de las
disposiciones demandadas” (Negrillas fuera de texto).
Igualmente, se ha precisado que “que basta con la vigencia
pasada (incluso por un breve lapso) del acto para
pronunciarse sobre su validez, ya que durante el tiempo
que rigió éste pudo haber producido efectos que se
seguirán presumiendo legítimos hasta el momento en que
se produzca la invalidación de su fuente por el juez natural
del acto” (Negrillas fuera de texto).

Por lo anterior y contrario a lo señalado por los recurrentes, la
derogatoria de un acto administrativo no trae aparejado el juicio
de validez del mismo, además que “no son los actos revocatorios
de la Administración ni los derogatorios del Gobierno Nacional,
sino las sentencias dictadas por los Jueces competentes de esta
Jurisdicción, las decisiones con capacidad para restablecer el
imperio de la legalidad” […]”.

Visto lo anterior, la Sala se ocupará del segundo aspecto:

II.2.2.- De las acciones de nulidad y nulidad y

restablecimiento frente a actos de contenido general

Como está visto, la demanda que aquí se estudia se promovió en

vigencia del CCA, codificación que prevé en sus artículos 84 y 85 la

procedencia de las acciones de nulidad y de nulidad y

restablecimiento del derecho, medios de defensa judicial dispuestos

para cuestionar la legalidad de los actos administrativos en los

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

siguientes términos:

“[…] ARTICULO 84. ACCIÓN DE NULIDAD. Toda persona
podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las
normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan
sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o
en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las
circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y
se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución
de lo que pago indebidamente […]”.

Dichas acciones se diferencian para su presentación en varios

aspectos, los cuales se identifican, así: i) en la titularidad, ii) derecho

de postulación, iii) oportunidad para la presentación y iv) existencia

de un interés, en cuanto se predica para su ejercicio la legitimación

de quien se considere lesionado en el derecho que reclama7.

7
Sobre el particular la Jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado: “[…] Dichas acciones se
diferencian, entre otros, en los siguientes aspectos: En cuanto a la titularidad de la acción, se observa
que la de nulidad es una acción popular, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita del
ministerio de un abogado; en tanto que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento está
condicionado a la existencia de un interés, de manera que podrá ejercerla quien considere que su
derecho ha sido lesionado y es necesario para tal efecto el apoderamiento de un profesional del derecho;
En cuanto a la oportunidad para ejercer la respectiva acción, la de nulidad no tiene por lo general
término de caducidad, de manera que puede utilizarse en cualquier tiempo, mientras que la de
restablecimiento del derecho debe ser presentada ante el juez en un término que, en la mayor parte
de los casos, es de cuatro (4) meses, o de dos (2) años cuando se trata de acción indemnizatoria. En
relación con los efectos de la sentencia, la que se produce en proceso de nulidad los tiene "erga omnes",

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

En este punto debe aclararse, en cuanto a sus semejanzas, que estas

acciones comparten, en esencia, el control de legalidad de los actos

administrativos.

Ahora bien, ha de precisarse que en desarrollo y aplicación de la

teoría de los móviles y finalidades al juez contencioso le corresponde

examinar las demandas que en ejercicio de la acción de nulidad se

promuevan para efectuar el control de los actos de contenido

particular, siempre y cuando no se pretenda un restablecimiento y,

además, este no se derive de manera automática para el interesado.

Tales determinaciones quedaron previstas en la reforma del CCA y

así se aprecia en la redacción del artículo 1378 de la Ley 1437 de

2011.

En el presente caso, no hay controversia sobre el carácter general

si la decisión es anulatoria, en caso contrario, cuando no se accede a las pretensiones de la demanda,
esos efectos se limitarán a los motivos de nulidad invocados por la actora; mientras que en las acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia tiene efectos inter partes y respecto de terceros
interesados. Otros rasgos de estas dos acciones tienen que ver con el hecho de que la de nulidad no es
desistible, cualquier persona puede coadyuvar o impugnar la demanda, lo que no sucede con la de
nulidad y restablecimiento del derecho, que sí es desistible, con el cumplimiento de los requisitos de
ley, y solamente a los terceros interesados les es permitido participar en un proceso de esa naturaleza.
En el mismo orden de ideas, el fenómeno de la perención no opera, cuando se trata de acción de
nulidad, lo que sí sucede en el caso de la otra acción. Otro aspecto que distingue a las dos acciones
tiene que ver con su procedibilidad, el cual se vincula directamente con la teoría de los motivos y
finalidades […]”. Sentencia de 4 de marzo de 2003, expediente número 11001-03-24-000-1999-05683-
02(IJ-030) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente, doctor Manuel Santiago
Urueta Ayola.
8
Sobre el particular ha de precisarse que esta norma de manera parcial fue objeto de demanda de
Constitucionalidad y los apartes examinados sobre la procedencia excepcional del medio de control de
nulidad contra actos de contenido general fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

del Acuerdo núm. 000011 de 21 de octubre de 2009, dentro del cual

se encuentra la disposición cuestionada.

En efecto, a través del acto administrativo referido fue establecido el

reglamento de los Juegos Deportivos Nacionales a celebrar en el año

2012, sin que se advierta, en particular, que la disposición

cuestionada esté dirigida contra una persona determinada.

Ahora bien, en la medida en que el acto cuestionado es de carácter

general, impersonal y abstracto y que en la demanda no se elevan

pretensiones de restablecimiento del derecho, ni este se produciría

automáticamente como consecuencia de una eventual declaratoria

de nulidad, es claro que es procedente la acción de nulidad impetrada

por el actor, sin que haya lugar a estudiar lo relativo a la caducidad,

pues este medio de control puede ser ejercido en cualquier término.

Por lo demás, como ya se dijo, la nulidad de la disposición acusada

no generaría, ni hubiese generado, ningún restablecimiento

automático del derecho al actor, porque su participación en los

Juegos Deportivos Nacionales del año 2012, no solo estaba

supeditada al cumplimiento del requisito establecido en la disposición

cuestionada, sino también a otras condiciones, tales como la

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

participación en los procesos de clasificación realizados por la liga del

departamento a representar9.

Respecto de la procedencia para demandar actos de contenido

general a través de la acción de nulidad, establecida en el artículo 84

del CCA y su relación con la teoría de los móviles y las finalidades,

en sentencia de 25 de enero de 201810, esta Sala señaló:

“[…] Pues bien, la teoría de los móviles y finalidades se refiere a la
posibilidad de demandar mediante la acción de simple nulidad los
actos particulares cuando se cumplan unas condiciones especiales,
sin embargo, en el presente caso debe observarse que en efecto
el acto demandado, como ya se analizó, se trata de un acto
administrativo de carácter general; además, es claro que la
sociedad demandante señaló en el escrito contentivo de la
demanda11 que su pretensión era: “[…] PRIMERO Que se declare
la nulidad del decreto 397 del 15 de diciembre de 2004 proferido
por el Alcalde Mayor de Bogotá, el cual es del siguiente tenor:[…]”,
pretensión que a pesar de estar numerada, es su única pretensión,
luego el actor no persigue un restablecimiento de derecho y
tampoco existe restablecimiento automático de derecho alguno,
ya que, se repite, no se trata de un acto administrativo particular
cuya anulación implicaría tal restablecimiento a persona o
personas determinadas, al dejar sin efecto la política general de
urbanística para la zona de La Alhambra en la localidad de Suba.

9
“Artículo 39. Para poder representar a un Departamento, al Distrito Capital o a la federación Deportiva
Militar, los deportistas deberán

a) Estar registrado como deportista, en la Liga del departamento a representar, a la fecha de
promulgación de la presente Carta Deportiva Fundamental
b) Participar en las competencias clasificatorias y procesos de selección por el mismo organismo
deportivo.
c) El deportista que a partir de la fecha de promulgación de la presente Carta Deportiva
fundamental cambie de registro deportivo y además de sección político administrativa, se inhabilitará
para participar en los XIX Juegos Deportivos Nacionales "Carlos Lleras Restrepo".
d) No estar incurso en sanciones por infracciones a las normas antidopaje a la fecha de la
Inscripción definitiva”.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero
de 2018, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-23-24-000-2006-01027-
01.

11
Folio 2 del Cuaderno Principal

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Erradamente el Tribunal en descongestión aplica la teoría
de los fines y motivos señalando que un acto administrativo
de carácter general no puede ser demandado en la acción
de nulidad contenida en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo, si el demandante pretende un
restablecimiento indirecto del derecho; consideración que
no es de recibo, ya que no puede aplicarse en esa vía la
teoría de los fines y motivos.

En efecto, sin ser necesario, para el presente caso, adentrarse en
el análisis de la evolución de la teoría de los móviles y finalidades,
es importante indicar la conclusión a la que llega esta teoría, en el
sentido de que tanto acción de nulidad como la de nulidad y
restablecimiento del derecho, defienden la legalidad y la tutela del
orden jurídico en abstracto.

Para el caso concreto, al no ser el acto acusado, el Decreto 379 de
15 de diciembre de 2004, expedido por el Alcalde Mayor de
Bogotá, un acto de contenido particular donde, con su nulidad,
automáticamente se restablecería un derecho subjetivo, sino que
se trata de un acto administrativo impersonal, lo cual es un factor
determinante de su carácter general, al Tribunal no le era dado
inferir que por un supuesto restablecimiento automático del
derecho para una específica comunidad de comerciantes, no le
era permitido a la demandante, por representar a tal comunidad,
interponer una acción de nulidad, en pos de defender legalidad y
la tutela del orden jurídico en abstracto.

Contrario a lo anterior, si se hubiera tratado de un acto de
contenido particular y la declaratoria de nulidad
hubiera involucrado el restablecimiento automático de un derecho
subjetivo, procedía entonces necesariamente la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo que no es el caso […]”.

Ahora, la Sala advierte que del estudio de legalidad respectivo

excluirá lo relativo a la presunta vulneración al derecho al libre

desarrollo de la personalidad del actor, en razón a que los

argumentos que sustentan este aspecto en la demanda devienen de

una situación exclusiva de su órbita personal y familiar, situación que

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desborda el control abstracto de la acción de nulidad impetrada.

III.3.- Problema jurídico

Es del caso precisar, que además de formular cargos por violación al

artículo 13 de la Constitución Política, en los fundamentos de la

demanda, el actor mencionó el artículo 4° de la Ley 181 de 1995,

relativo a los principios del derecho al deporte.

No obstante, el accionante no argumentó la presunta vulneración

frente al artículo 4° de la Ley 181, por lo cual no hay lugar a estudio

alguno de legalidad del aparte cuestionado frente a esta norma.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

disposición cuestionada transgrede el artículo 13 de la Constitución

Política, en la medida en que prevé que los deportistas que posean

doble nacionalidad, o más, no podrán representar a su departamento

en los Juegos Deportivos Nacionales, si han representado al otro país

en eventos deportivos oficiales durante los últimos tres años.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia

al marco de legalidad del derecho a la igualdad y a la metodología

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para determinar su trasgresión, para enseguida abordar el caso

concreto.

Del derecho a la igualdad

La igualdad como noción jurídica tiene origen en las teorías del

derecho natural y en la actualidad está proclamada como derecho

universal, en los artículos 1° y 2° de la Declaración Universal de

Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.

En el sistema constitucional colombiano, el derecho a la igualdad fue

instituido bajo la concepción liberal clásica, según la cual todas las

personas son iguales ante la ley.

No obstante, el constituyente integró a esta noción jurídica cláusulas

que permiten prever regímenes que permitan el goce efectivo de

todas las garantías constitucionales, atendiendo a las diferencias que

puede haber entre los distintos sujetos de derecho.

Esto en teoría constitucional, se traduce en la creación de regímenes

de discriminación positiva12, instituidos sobre el reconocimiento de

12
Levade, A. (2004). Discrimination positive et principe d'égalité en droit français. Pouvoirs, 111(4),
55-71. doi:10.3917/pouv.111.0055. Disponible en línea: https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2004-
4-page-55.htm?contenu=article (Consultado en la fecha)

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las desigualdades, acordando a ciertos sujetos, tratamientos

preferenciales, con la finalidad de garantizar la igualdad de

oportunidades en el goce de las garantías constitucionales.

Así, el artículo 13 de la Constitución Política prevé este derecho en

los siguientes términos:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan […]”

En relación con este derecho, en sentencia de 12 de marzo de 202013,

esta Sala señaló:

“[…] El principio de igualdad se materializa en una garantía para
los ciudadanos, en virtud de la cual, en primer lugar, una
autoridad administrativa debe aplicar de manera uniforme los
supuestos y consecuencias de una norma jurídica a situaciones
de hecho idénticas, y en segundo lugar, la autoridad
administrativa debe justificar de forma clara y suficiente

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 12 de marzo de 2020, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de
radicación 25000-23-24-000-2003-00326-01.

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

cualquier interpretación o aplicación diferencial de una norma
jurídica, para permitir a los ciudadanos conocer la razón o causa
de dicha interpretación o aplicación, así como controvertirla ante
las autoridades judiciales.

La Corte Constitucional ha considerado que la igualdad es un
concepto multidimensional en la medida que es reconocido como
un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta
manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres
dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser
aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra
quienes se dirige; ii) material, en el sentido garantizar la paridad
de oportunidades entre los individuos y, iii) la prohibición de
discriminación que implica que el Estado y los particulares no
puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios
sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo,
raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión
política, entre otras. Textualmente, señaló:

“[…] En materia administrativa, la igualdad forma parte del
derecho fundamental a una buena administración, pues las
personas tienen el derecho a que sus asuntos sean tratados de
modo equitativo, imparcial y proporcional a las finalidades que
justifican la intervención de la administración. Este trato
equitativo no solo exige un trato igualitario durante los
procedimientos administrativos, sino que prohíbe todo tipo de
discriminación injustificada entre los administrados. De manera
que la igualdad, como principio esencial de la actuación
administrativa, garantiza, por un lado, que “las personas que se
encuentren en la misma situación sean tratados de manera
igual”, y, por otro lado, que la Administración no discrimine por
alguna de las razones consagradas en el artículo 13 de la
Constitución Política. Esto, nos permite afirmar que la
Administración se encuentra vinculada al principio de igualdad
desde una concepción positiva y negativa.

Esta doble concepción de la igualdad en las actuaciones
administrativas trae consigo enormes problemas en otros dos
supuestos: la igualdad en la ilegalidad y la desigualdad en las
actividades discrecionales. Y es que, durante muchos años se ha
discutido si las personas pueden alegar una vulneración al
principio de igualdad por no recibir un trato igualitario con
respecto a casos similares que reciben una respuesta distinta
por privilegios o excepciones discrecionales de la Administración.
En principio, la jurisprudencia se ha inclinado en afirmar que “no
cabe pedir igualación en la ilegalidad”. Por tanto, “en ningún
caso aquel a quien se aplica la ley puede considerar violado el
citado principio constitucional por el hecho de que la ley no se

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25

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aplique a otros que asimismo la han incumplido”. Esto, sin duda
alguna, ha instaurado un principio general según el cual no
existe igualdad en la ilegalidad, por lo que los tribunales no
pueden amparar una situación contraria al ordenamiento
jurídico. Sin embargo, en muchos casos, esto equivale a
legitimar las actuaciones arbitrarias de la Administración,
permitiendo que ésta otorgue discrecionalmente soluciones
distintas a circunstancias semejantes […]”.

Con el objetivo de determinar cuándo existe una vulneración del
derecho a la igualdad, bien sea en su modalidad formal o
material, es necesario precisar si ante situaciones iguales se está
otorgando un trato diferente, sin justificación alguna, o por el
contrario, si a personas o circunstancias distintas se les brinda
un trato igual, la jurisprudencia constitucional ha diseñado el
test integrado de igualdad, compuesto por tres etapas de
análisis a saber: i) criterios de comparación, esto es, determinar
si se trata de sujetos de la misma naturaleza; ii) definir si existe
un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales y iii)
concluir si la diferencia de trato está justificada
constitucionalmente.

Con el objetivo de determinar cuándo existe una
vulneración del derecho a la igualdad, bien sea en su
modalidad formal o material, es necesario precisar si ante
situaciones iguales se está otorgando un trato diferente,
sin justificación alguna, o por el contrario, si a personas o
circunstancias distintas se les brinda un trato igual, la
jurisprudencia constitucional ha diseñado el test
integrado de igualdad, compuesto por tres etapas de
análisis a saber: i) criterios de comparación, esto es,
determinar si se trata de sujetos de la misma naturaleza;
ii) definir si existe un trato desigual entre iguales o igual
entre desiguales y iii) concluir si la diferencia de trato
está justificada constitucionalmente […]” ( Destacado fuera
de texto)

Como lo indica la jurisprudencia en cita, la Corte Constitucional ha

diseñado un método que denominó “juicio integrado de igualdad” para

determinar si existe o no vulneración por parte de un precepto

normativo al artículo 13 Superior.

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Dicho método fue concebido a partir de la integración de las virtudes

de dos técnicas; por una parte, del test de proporcionalidad utilizado

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y, por otra, del test

de igualdad aplicado en el sistema anglosajón14.

El juicio integrado de igualdad parte de establecer si los supuestos

de hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan sujetos

o situaciones de la misma naturaleza, para enseguida definir si en el

plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre

iguales o igual entre desiguales.

Una vez determinado que, en efecto, hay una diferencia de trato

entre situaciones comparables, el juicio debe concluir con establecer

si el contraste resulta justificado a la luz del derecho constitucional o

no.

Ahora bien, para valorar las razones del trato desigual debe

analizarse el fin buscado por la medida, el medio empleado y la

relación entre estos dos, lo cual puede ser determinado en tres

grados de intensidad que la Corte denominó estricto, intermedio y

leve.

14
Al respecto ver. Corte Constitucional, sentencia C-601 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

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Por regla general, el control jurisdiccional de una disposición debe

hacerse a través de un juicio de intensidad leve, limitado a verificar

si la finalidad de la desigualdad no está constitucionalmente

prohibida y si es idónea para conseguir el fin que la sustenta, con lo

que se busca entonces evitar decisiones arbitrarias y caprichosas de

la autoridad que produjo la norma.

Esta metodología ha sido utilizada por la Corte para estudiar la

constitucionalidad de leyes que versan sobre materias económicas,

tributarias o de política internacional, en razón a que sobre estas

cuestiones el legislador tiene un amplio margen de configuración

legislativa.

Por su parte, el test estricto se aplica de forma excepcional cuando

el juicio recae sobre normas que contienen criterios sospechosos,

como los descritos en el mismo artículo 13 de la Constitución

(relativos al género, la raza, el origen nacional, la lengua, etc),

cuando están inmersas personas en condiciones de debilidad

manifiesta o que pertenecen a un grupo de especial protección, o se

afecta un derecho fundamental de forma directa.

A través de este test, debe establecerse si el fin perseguido es

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legítimo, importante, imperioso y si no puede ser remplazado por

uno menos lesivo, pero además si los beneficios de la medida

exceden o no las restricciones impuestas sobre otros principios y

valores constitucionales.

Ahora, el test intermedio ha sido aplicado cuando se ha advertido la

afectación de un derecho constitucional de carácter no fundamental

o en aquellos casos en que la medida podría resultar potencialmente

discriminatoria en relación con alguno de los sujetos comparados, lo

que incluye el uso de las acciones afirmativas.

Sobre este tema, en sentencia C 104 de 2016, con ponencia del

magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, la Corte Constitucional

señaló:

“[…] El juicio integrado de igualdad se compone entonces de dos
etapas de análisis. En la primera, (i) se establece el criterio de
comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, es
decir, se precisa si los supuestos de hecho son susceptibles de
compararse y si se confrontan sujetos o situaciones de la misma
naturaleza. En esta parte, asimismo, (ii) se define si en el plano
fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre
iguales o igual entre desiguales.

Una vez establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones
o personas que resulten comparables, se procede, como
segunda parte de este juicio, a determinar si dicha diferencia
está constitucionalmente justificada, esto es, si los supuestos
objeto de análisis ameritan un trato diferente a partir de los
mandatos consagrados en la Constitución Política. Este examen
consiste en valorar los motivos y razones que fueron expresados
para sustentar la medida estudiada y para obtener la finalidad

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pretendida. Para tal efecto y como metodología se analizan tres
aspectos: (a) el fin buscado por la medida, (b) el medio
empleado y (c) la relación entre el medio y el fin. Según su nivel
de intensidad, este juicio puede tener tres grados: estricto,
intermedio y leve. Para determinar cuál es el grado de intensidad
adecuado en el examen de un asunto sometido a revisión, este
Tribunal ha fijado una regla y varios criterios, los cuales se
explicarán a continuación.

La regla consiste en reconocer que al momento de ejercer el
control de constitucionalidad se debe aplicar un test leve, que es
el ordinario. Este se limita a establecer la legitimidad del fin y
del medio, debiendo ser este último “adecuado para lograr el
primero, valga decir, verificar si dichos fin y medio no están
constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o
adecuado para conseguir el primero”.

Esta regla se formula a partir de dos importantes
consideraciones, por una parte, se encuentra el principio
democrático, que obliga a darle un peso importante a la labor de
creación del legislador, pues debe permitirse un margen
considerable de valoración sobre los asuntos objeto de
regulación, a partir de la búsqueda de propósitos que se ajusten
a los mandatos de la Carta; y por la otra, la presunción de
constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas, lo
que se traduce en que no toda distinción de trato involucra la
existencia de un componente discriminatorio. Por ello, la Corte
ha reiterado que “la Constitución no prohíbe el trato desigual
sino el trato discriminatorio”, al entender que el primero puede
ser obligatorio en ciertos supuestos, mientras el segundo
establece diferencias sin justificación valida. El test leve busca
entonces evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del
legislador, es decir, medidas que no tengan un mínimo de
racionalidad.

Este test ha sido aplicado en casos en que se estudian materias
económicas, tributarias o de política internacional, o en aquellos
en que está de por medio una competencia específica definida
en cabeza de un órgano constitucional, o cuando, a partir del
contexto normativo del precepto demandado, no se aprecia
prima facie una amenaza frente al derecho sometido a
controversia.

La aplicación de un test estricto, como la más significativa
excepción a la regla, tiene aplicación cuando está de por
medio el uso de un criterio sospechoso, a los cuales alude
el artículo 13 de la Constitución, o cuando la medida recae
en personas que están en condiciones de debilidad

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manifiesta, o que pertenecen a grupos marginados o
discriminados. También se ha utilizado cuando la
diferenciación afecta de manera grave, prima facie, el
goce de un derecho fundamental.

Este test ha sido categorizado como el más exigente, ya
que busca establecer “si el fin es legítimo, importante e
imperioso y si el medio es legítimo, adecuado y necesario,
es decir, si no puede ser remplazado por otro menos
lesivo”. Este test incluye un cuarto aspecto de análisis,
referente a “si los beneficios de adoptar la medida
exceden claramente las restricciones impuestas sobre
otros principios y valores constitucionales”.

Entre los extremos del test leve y del test estricto, se ha
identificado el test intermedio, que se aplica por este Tribunal
cuando se puede afectar el goce de un derecho no fundamental,
cuando existe un indicio de arbitrariedad que puede afectar la
libre competencia económica o en aquellos casos en que la
medida podría resultar “potencialmente discriminatoria” en
relación con alguno de los sujetos comparados, lo que incluye el
uso de las acciones afirmativas. Este test examina que el fin sea
legítimo e importante, “porque promueve intereses públicos
valorados por la Constitución o por la magnitud del problema
que el legislador busca resolver”, y que el medio sea adecuado
y efectivamente conducente para alcanzar dicho fin […]”
(Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, pasa la Sala a resolver los cargos de la

demanda, conforme con el problema jurídico planteado de forma

previa.

Caso concreto

De acuerdo con el artículo 27 del Decreto Ley 1228 de 18 de julio de

199515, los Juegos Deportivos Nacionales son el máximo evento

15
“Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector
asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”.

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deportivo del país y se realizan cada 4 años, “[…] como iniciación del

ciclo selectivo y de preparación de los deportistas que representarán

al país en competiciones o eventos deportivos internacionales […]”.

A la fecha de expedición de la disposición acusada, conforme con el

artículo 6116 de la Ley 181 de 1995, COLDEPORTES era el máximo

organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema

Nacional del Deporte y director del Deporte Formativo y Comunitario,

por lo que le correspondía establecer el reglamento de los Juegos

Deportivos Nacionales.

Ahora bien, a través del artículo 38 del Acuerdo núm. 000011 de 21

de octubre de 2009, disposición cuestionada, COLDEPORTES, por

una parte, estableció que los colombianos que posean de forma

simultánea otra o más nacionalidades podrían participar en los

Juegos Deportivos Nacionales en representación de un

Departamento.

No obstante, por otra parte, la misma norma hace una diferenciación

entre los colombianos con doble o más nacionalidades, para prever

que si el deportista “[…] ha representado al otro país en algún evento

16
Artículo subrogado por los artículos 1 y 4 del Decreto Ley 4183 de 2011, a través del cual dicha
entidad fue transformada en un departamento administrativo.

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deportivo oficial tipo juegos, campeonatos, mundiales o regionales,

reconocidos por un organismo deportivo competente durante los

últimos 3 años, no podrá representar a su departamento […]” en los

Juegos Deportivos Nacionales.

A partir de lo anterior, la Sala reitera que el test integrado de igualdad

permite evaluar las medidas que son acusadas de contrariar el

principio de igualdad, a partir de la “[…] (i) la identificación de los

sujetos o situaciones reguladas por la medida y el parámetro de

comparación predicable de los mismos; (ii) la escogencia del nivel de

intensidad del juicio de igualdad, de acuerdo con la naturaleza de la

medida analizada; y (iii) el escrutinio sobre la medida, conforme con

los grados de exigencia que prevea el grado de intensidad

escogido[…]”17.

En relación con la identificación de los sujetos respecto de los cuales

recae la diferenciación, la Sala advierte que, en efecto, hay un

parámetro que los hace comparables, pues están los colombianos con

doble o más nacionalidades frente a los colombianos con doble o más

nacionalidades, pero que han representado al otro país en

competencias deportivas oficiales dentro de los 3 años anteriores.

17
Corte Constitucional, sentencia C 220 de 2017, MP José Antonio Cepeda Amarís.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067-00
Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

Respecto de la intensidad del juicio de igualdad, la Sala encuentra que

el análisis debe ser estricto, en razón a que la diferenciación recae

directamente sobre uno de los aspectos descritos en el mismo artículo

13 de la Constitución, esto es, en relación con una distinción en razón

al origen nacional de las personas implicadas en la disposición, así

como frente a sus condiciones económicas como será destacado más

adelante, conforme con las razones que adujo COLDEPORTES como

justificación de la medida.

En ese orden de ideas, corresponde determinar si el objeto de la

medida tiene una finalidad legítima, adecuada, necesaria y

proporcional, esto último, en cuanto no pueda ser remplazada por

otra menos lesiva.

En lo que concierne a la finalidad de la medida, en la contestación de

la demanda COLDEPORTES indicó que esta buscaba dar un trato

diferenciado en favor de quienes ostentan menos recursos, por lo que

no cuentan con capacidad económica para prepararse

deportivamente, trasladarse a otros países para tal efecto y, por ende,

obtener mayor nivel técnico.

Lo anterior, en los siguientes términos:

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

“[…] En este caso, la medida, busca dar un tratamiento jurídico
diferenciado más favorable, a quienes ostentan menos recursos
y, por ende, están en situación de mayor exclusión y
marginalidad respecto de quienes sí los tienen y pueden estar
en otro país realizando su preparación física para las
competencias así mismo, también busca la distribución de los
recursos públicos, basada en la aplicación concurrente y
ponderada del principio de universalidad de los derechos sociales
y el mandato de promoción de la igualdad de oportunidades.

[…]

La norma acusada busca proteger a aquellas personas que no
tienen capacidad económica para prepararse deportivamente,
para comprar sus implementos deportivos, trasladarse a otros
países para realizar competencias y medir sus habilidades
deportivas o entrenar en otras condiciones técnicas que incluso
pueden ser de mayor nivel técnico que en nuestro país, dado
que el criterio de la integración funcional, la norma busca
proteger los recursos y esfuerzos tanto de las entidades públicas
y privadas en la preparación de los deportistas […]”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la finalidad que aduce

la entidad respecto de la medida cuestionada es legítima, porque, en

efecto, el mismo artículo 13 de la Constitución Política prevé la

posibilidad de crear regímenes especiales para la protección de las

personas por sus condiciones económicas.

Ahora bien, la Sala destaca que pese a que la medida tiene un fin

legítimo, lo cierto es que de ninguna manera es idónea18 o adecuada

para la realización de la finalidad propuesta.

18
Al respecto en sentencia c 139 de 2018, con ponencia del magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO, la Corte Constitucional señaló:
“[…] De acuerdo con la idoneidad, las intervenciones del legislador sobre los derechos deben ser
adecuados para contribuir a la obtención de uno o más fines constitucionales, los que como se anotó
deben ser legítimos, importantes e imperiosos.
A este respecto, la Corte Constitucional ha considerado que una medida es adecuada, “si su
implementación presta una contribución positiva en orden a alcanzar el fin propuesto, es decir, la
protección de los derechos fundamentales” […]”.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067-00
Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

En primer lugar, la justificación de COLDEPORTES es incongruente

con el contenido de la disposición, dado que si la finalidad de esta era

evitar la participación de las personas que cuentan con recursos

económicos para obtener un entrenamiento en el exterior, debió ser

redactada en tal sentido, pues el hecho de que un colombiano con

doble o más nacionalidades no haya participado en una competición

en representación del otro país, no implica que no haya efectuado

entrenamientos en otro país de “mayor nivel técnico que” en

Colombia.

En segundo lugar, tampoco se encuentra evidencia de que, en efecto,

los colombianos con doble o más nacionalidades que han

representado al otro país en competiciones deportivas oficiales tengan

una mayor capacidad económica, de aquellos que no lo han hecho.

Ahora, en particular la medida acusada no es idónea para el fin que

persigue, porque si lo pretendido es proteger a un grupo de personas

en razón a sus condiciones económicas, teniendo en cuenta el ámbito

de la protección, no es a través de disposiciones negativas en contra

del grupo presuntamente más favorecido que serán compensadas las

desigualdades del grupo vulnerable.

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Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

En efecto, si COLDEPORTES tenía como finalidad proteger a los

deportistas que carecen de recursos económicos para su mejor

preparación física, es a través de acciones afirmativas en favor de

estos que debía compensar dichas desigualdades, esto es, mediante

medidas que llevaran a procurar a dicho grupo condiciones para

mejorar sus entrenamientos.

Lo anterior, porque los Juegos Nacionales Deportivos no están

destinados para la participación de deportistas sobre la base de sus

condiciones socioeconómicas, sino sobre sus habilidades atléticas,

máxime si se tiene en cuenta que dichas justas constituyen la “[…]

iniciación del ciclo selectivo y de preparación de los deportistas que

representarán al país en competiciones o eventos deportivos

internacionales […]”.

En consecuencia, el aparte “[…] Sin embargo, si ha representado al

otro país en algún evento deportivo oficial tipo juegos, campeonatos

mundiales o regionales, reconocidos por un organismo deportivo

competente durante los últimos tres (3) años, no podrá representar

a su departamento, a menos que este hecho tenga más de tres (3)

años de antigüedad […]”, del artículo 38 del Acuerdo núm. 000011

de 21 de octubre de 2009, expedido por COLDEPORTES, trasgrede

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067-00
Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

el artículo 13 de la Constitución Política, situación que impone a la

Sala declarar su nulidad, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Ahora, según lo dispuesto en el artículo 171 del CCA19, no hay lugar

a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción que se

estudió -pública- exime de su fijación. En este orden, no resulta

apropiado analizar la conducta de la parte vencida para determinar

su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del aparte “[…] Sin embargo, si

ha representado al otro país en algún evento deportivo oficial tipo

juegos, campeonatos mundiales o regionales, reconocidos por un

organismo deportivo competente durante los últimos tres (3) años,

19
Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: “[…] ARTICULO
171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES
PÚBLICAS, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil. […]”

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00067-00
Actor: MARIO VALENCIA TRISTAN

no podrá representar a su departamento, a menos que este hecho

tenga más de tres (3) años de antigüedad […]”, del artículo 38 del

Acuerdo núm. 000011 de 21 de octubre de 2009, expedido por el

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES, “Por

medio del cual se establece la Carta Deportiva Fundamental de los

XIX Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo -2012”.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta sentencia, archívese el expediente dejando

las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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