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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00105-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00105-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2012-00105-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 11001-0324-000-2012-00105-00
Demandantes: Gabriel Jaime Arango Restrepo y otros
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia
Tema: Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011. Definición de unidad mínima
de subdivisión predial en el Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala resuelve, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta por la parte demandante en contra de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. Los señores Gabriel Jaime Arango Restrepo, María Gloria Arango Viana, Pedro
Augusto Escobar Trujillo, Luz Stella Correa de Escobar, Sergio Rodríguez Restrepo,
Jaime Hoyos Montoya, Marta Cecilia Botero de Leiva, Santiago Leiva Botero, José
Ricardo Leiva Mejía, la sociedad Euserismo S.A.S., Sergio Escobar Isaza, Celina
Escobar de Mazuera, María Luz Escobar de Restrepo, Martha Inés Escobar de
Londoño y Ana Patricia Arango Vélez y las sociedades Inversiones Surrambay
Limitada, San Gervasio López y Cía. S.C.A., C.B.C. S.A., y Vera / A. y Cía. S.C.A.,
-en adelante parte demandante-, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, por conducto de apoderado judicial, instauraron demanda en contra
de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia -en
adelante parte demandada- para elevar las siguientes pretensiones:

“[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 15866 de 4
de agosto de 2011 proferida por la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia.

Segunda: Que como consecuencia de la anterior pretensión, se
restablezca el reglamento de uso y funcionamiento y la zonificación
efectuada por el Ministerio de Ambiente y, en consecuencia, se expida el

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Demandantes: Gabriel Jaime Arango Restrepo y otros
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

correspondiente acto administrativo de acuerdo a los lineamientos fijados
por la Resolución No. 1510 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Tercero: En caso de oposición, se condene a mi contraparte al pago de
las correspondientes costas y agencias en derecho”. (Negrilla y
subrayado del texto)

I.1.2. Normas violadas y el concepto de violación

I.1.2.1. Normas violadas

2. Las normas invocadas como transgredidas son: los artículos 6, 13 y 121 de la
Constitución Política; los artículos 5°, 30 y 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de
19931; el artículo 12 del Decreto 2372 de 1° de julio de 20102 y la Resolución 1510
de 5 de agosto de 20103 del Ministerio de Ambiente.

(i) La falta de competencia de Corantioquia para expedir “[…] en forma
individual e independiente la Resolución No. 15866”

3. La parte demandante señaló que la Ley 99 de 1993, le confió al Ministerio de
Ambiente las siguientes funciones: (i) coordinar a las entidades integrantes del
Sistema Nacional Ambiental, SINA, (artículo 5°, numeral 4°) y (ii) ser la máxima
autoridad administrativa en relación con las reservas forestales de escala nacional
(artículo 5°, numeral 18).

4. Indicó que según el artículo 31 de la misma ley, las Corporaciones Autónomas
Regionales tienen a su cargo las siguientes atribuciones: (i) ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas
de carácter superior conforme a los criterios y directrices del Ministerio de Ambiente
(numeral 2°) y, (ii) administrar las reservas forestales nacionales en el área de su
jurisdicción (numeral 16).

5. Hizo referencia al artículo 12 del Decreto 2372 de 2010 que define las reservas
forestales protectoras y distribuyó las respectivas competencias entre el Ministerio
de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Describió que en caso de que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales
compartan jurisdicción sobre una cuenca hidrográfica, el artículo 33 de la Ley 99 de
1993 establece que deben conformar una comisión conjunta para coordinar,

1
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.”
2
“Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003,
en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras
disposiciones”.
3
“Por la cual se redelimita la Zona Forestal Protectora declarada y reservada a través del Acuerdo 31 de 1970 de la Junta
Directiva del INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva 24 de 1971 del Ministerio de Agricultura y se adoptan
otras determinaciones”.

3

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armonizar y definir políticas de manejo ambiental. Además, el Gobierno Nacional
debe regular los procedimientos para asegurar una gestión adecuada y coherente
en áreas de confluencia entre estas corporaciones y el Sistema de Parques
Nacionales o Reservas. Por último, si tienen a su cargo ecosistemas comunes,
deben administrarlos mediante convenios, siguiendo las directrices del Ministerio
del Medio Ambiente.

7. Precisó que, en cumplimiento de las facultades previstas en la Ley 99 de 1993,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución
1510 de 5 de agosto de 2010 “Por la cual se redelimita la Zona Forestal Protectora
declarada y reservada a través del Acuerdo 31 de 1970 de la Junta Directiva del
INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva 24 de 1971 del Ministerio
de Agricultura y se adoptan otras determinaciones”.

8. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la resolución citada
ut supra, dispuso que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare, en adelante Cornare y la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia, Corantioquia, de manera conjunta debían: (i) determinar las
actividades industriales y comerciales de bajo impacto que podrían permanecer en
la zona de uso sostenible; (ii) establecer e identificar las áreas y condiciones en las
que procede el reconocimiento de edificaciones institucionales y de servicios
públicos y, (iii) definir la unidad mínima de subdivisión en un término no mayor a un
año.

9. Aseveró que las corporaciones autónomas regionales son las entidades
competentes para administrar las reservas forestales nacionales, según el numeral
16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, como ocurre con la Reserva Forestal
Protectora del Río Nare.

10. Informó que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia, “[…] desatendiendo la Resolución del Ministerio y la competencia
conjunta asignada por la Ley 99 […]”, expidió la resolución enjuiciada “[…] sin el
acompañamiento de Cornare”. (Subrayado del texto)

(ii) Violación al principio de igualdad

11. Sostuvo que según el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas
nacen iguales ante la ley y deben recibir la misma protección y trato ante las
autoridades. Además, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para
acreditar la existencia de una conducta discriminatoria es necesario verificar, entre
otras cosas, que la persona o grupo de personas que se traten como referente se
encuentren en la misma situación fáctica.

12. Señaló que a los predios ubicados dentro de la Reserva Forestal del Río Nare
se les asignó un área mínima de subdivisión diferente, en el siguiente sentido:

4

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13. Corantioquia, mediante la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011 estableció,
como unidad mínima de subdivisión predial: (i) en la zona de preservación y
restauración, un tamaño mínimo de 38 hectáreas, y (ii) en la zona de uso sostenible,
un tamaño mínimo de 16 hectáreas. Por su parte Cornare, mediante el Acuerdo 243
de 1 de diciembre de 2010 determinó, como unidad mínima de subdivisión predial,
el área de 1 hectárea.

14. Anotó que, a pesar de que los propietarios de los predios de la reserva estaban
en la misma situación, recibieron un tratamiento diferente y discriminatorio sin
justificación alguna.

(iii) Corantioquia desconoció “[…] los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Ambiente”

15. Expuso que, según el Plan de Manejo Ambiental elaborado por Cornare y
Corantioquia adoptado por el Ministerio de Ambiente a través de la Resolución 1510
de 2010, todo predio comprendido en la zona de uso sostenible puede construir su
vivienda siempre y cuando: (i) garantice una cobertura boscosa del mínimo 25% de
la extensión del predio y (ii) la construcción de la vivienda no ocupe más de un 20%
del predio.

16. Estimó que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia, mediante la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011, desconoció
abiertamente el reglamento de uso y funcionamiento, así como la zonificación
efectuada por el Ministerio de Ambiente, por las siguientes razones:

(i) En el informe técnico que sirvió de sustento para expedir la resolución
demandada identificado con número de radicado 9084 de 2 de agosto de 2011, se
estableció que el 91,8% de los predios comprendidos en la zona de uso sostenible
presentan áreas menores de 16 hectáreas.

(ii) Corantioquia, en respuesta de 27 de septiembre de 2011 sostuvo, de manera
errónea, que: “[…] para el uso de vivienda en la zona de uso sostenible, es
indispensable considerar la unidad mínima de subdivisión predial establecida en la
Resolución Corporativa No. 15866 de 2011”. Más adelante, en la misma respuesta
señala que: “[…] [d]e acuerdo con la Resolución Corporativa No. 15866 de 2011
artículo primero, el área mínima de subdivisión predial aplica para el desarrollo de
cualquiera de los usos de la zona de uso sostenible, entre ellos la construcción de
vivienda de habitación del propietario del predio, es decir, se requieren 16 ha para
desarrollar cualquiera de los usos definidos en la zona referida” (Negrilla y
subrayado del texto) y;

(iii) El 91,8% de los predios ubicados en la zona de uso sostenible no puede ejercer
ningún tipo de uso pues “[…] se requieren 16 ha para desarrollar cualquiera de los
usos definidos”.

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(iv) Corantioquia “[…] no permitió a la comunidad participar en la
reglamentación de la Resolución del Ministerio de Ambiente […]”

17. Expuso que Corantioquia no garantizó a la comunidad ni a los directamente
afectados el derecho a participar en la formación de la Resolución 15866 de 4 de
agosto de 2011 y “[…] ni siquiera socializó las determinaciones del Informe Técnico”.

18. Precisó que la comunidad no tuvo la posibilidad de participar en la adopción de
ninguna de las siguientes decisiones: (i) la determinación de actividades industriales
y comerciales de bajo impacto que podrían permanecer en la zona de uso
sostenible; (ii) el establecimiento de la unidad mínima de subdivisión y (iii) el impacto
en la densidad máxima de ocupación por viviendas.

19. Por lo expuesto, estimó que se desconoció el principio de contradicción y el
derecho de audiencia y de defensa previstos en los artículos 1 y 87 (sic) del CCA,
en armonía con el artículo 79 de la Constitución Política.

(v) Errónea motivación de la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011

20. Adujo que la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011, fijó como unidad mínima
de subdivisión predial para la zona de uso sostenible el área de 16 hectáreas, con
fundamento en el informe técnico expedido por Corantioquia (radicado 9084).

21. A su juicio, dicho documento no explicó la razón por la cual dicha área era
idónea para la subdivisión pues se limitó a señalar que “[…] [d]adas las condiciones
fisiobóticas ya analizadas, un área mínima de subdivisión de 16 ha garantizaría la
ejecución de las actividades productivas permitidas para esta zona, sin generar
núcleos de población, contribuyendo a los objetivos de la Reserva […]”.

I.2. La contestación de la demanda

22. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia
contestó la demanda para lo cual formuló los siguientes argumentos de defensa:

(i) De la falta de competencia de Corantioquia para expedir “[…] en forma
individual e independiente la Resolución No. 15866”

23. Precisó que según el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, cuando
varias corporaciones autónomas regionales tienen jurisdicción sobre un mismo
ecosistema o cuenca hidrográfica, de conformidad con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional deben formar una comisión conjunta encargada de
concertar, armonizar y definir las políticas para el manejo ambiental de esas áreas
compartidas.

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24. Mencionó que, en cumplimiento de lo anterior, se realizaron varias reuniones
entre Cornare y Corantioquia con el objetivo de propiciar una reglamentación
armonizada, articulada y conjunta para establecer la unidad mínima de subdivisión
predial. Sin embargo, esto no fue posible porque Cornare expidió el Acuerdo
Corporativo 243 del 1° de diciembre de 2010.

25. Agregó que, cumpliendo con los compromisos y objetivos de la resolución 1510
de 2010, Corantioquia conformó un equipo interdisciplinario para analizar los
diferentes estudios relacionados con la situación ambiental en el Área de Reserva
Forestal Protectora del Río Nare, incluidos los de otras entidades en dicha área.
Además de ello, atendió a usuarios de la zona y requirió información a los municipios
afectados.

26. Explicó que Corantioquia emitió el concepto técnico 9084 del 2 de agosto de
2011, en el que recomienda la unidad mínima de subdivisión predial en las zonas
que hacen parte del Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare,
diferenciando el tamaño mínimo en la zona de uso sostenible por permitir un mayor
aprovechamiento en los usos principales y condicionados de esta. También, se
estableció la función amortiguadora de las áreas circunvecinas y colindantes a la
reserva, según el Decreto 2372 de 2010, para cumplir con los objetivos de
conservación.

27. Agregó que para cumplir con los objetivos previstos en la Resolución 1510 de
2010, Corantioquia expidió la Resolución 15866 del 4 de agosto de 2011, que
estableció la unidad mínima de subdivisión predial, entre otros aspectos.

28. Explicó que cada corporación autónoma regional tiene la competencia para
regular aspectos específicos dentro de su jurisdicción.

(ii) De la violación al principio de igualdad

29. Resaltó que los argumentos planteados por la parte demandante
corresponden a conjeturas y apreciaciones subjetivas.

30. Agregó que Corantioquia se basó en circunstancias objetivas y razonables
para establecer la unidad mínima de subdivisión predial. Por ende, el acto
administrativo censurado se encuentra ajustado a la Constitución Política.

(iii) Sobre el desconocimiento de “[…] los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Ambiente”

31. Aseguró que Corantioquia tuvo en cuenta los lineamientos y los objetivos
previstos en la Resolución 1510 de 2010.

32. Indicó que de no haberse establecido la unidad mínima de subdivisión predial
en 16 hectáreas “[…] se hubiera roto la conectividad de los parches de Bosques, lo

7

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que hubiera afectado cada uno de los territorios con su fragmentación en el Área de
Reserva Forestal Protectora del Río Nare”.

33. Precisó que, según el mapa predial de la zona, el 91,8% de los predios
presentan áreas menores a 16 hectáreas. Dicha apreciación se fundamenta en los
estudios técnicos de la caracterización de la zona.

34. Aclaró que no es correcto afirmar que no se permite ningún uso en la zona, ya
que se autorizan actividades productivas compatibles, siempre que no provoquen la
formación de núcleos de población. A su juicio, esto contribuye a cumplir con los
objetivos de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare.

(iv) Corantioquia “[…] no permitió a la comunidad participar en la
reglamentación de la Resolución del Ministerio de Ambiente”.

35. Explicó que el informe técnico fue elaborado por un equipo interdisciplinario.
Reiteró que en dicho documento se analizaron diferentes estudios de diversas
dependencias y entidades sobre la situación ambiental en el Área de Reserva
Forestal Protectora del Río Nare. Adicionalmente, realizó sobrevuelos en la zona,
atendió a los usuarios y solicitó información a los municipios con incidencia.

(v) De la errónea motivación de la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011

36. Adujo que el informe técnico sí explicó las razones de por qué el área de
subdivisión en 16 hectáreas era adecuada ya que garantizaría la ejecución de las
actividades productivas permitidas, sin generar núcleos de población, contribuyendo
así a la consecución de los objetivos de la reserva.

37. Estimó que la parte demandante no cumplió con la carga de demostrar que las
motivaciones contenidas en la resolución enjuiciada eran inexactas o contrarias a la
realidad.

38. Finalmente, planteó las siguientes excepciones: (i) “[…] legalidad de la
resolución atacada […]” y (ii) “[…] competencia constitucional y legal de
Corantioquia para preservar los recursos naturales […]”.

I.3. Trámite del proceso

39. Mediante auto de 1° de marzo de 20134 se admitió la demanda.

40. A través de auto de 6 de noviembre de 20155 se dio apertura al período
probatorio y mediante proveído de 15 de mayo de 20166 se corrió traslado a las

4
Folios 130 a 132 del Cuaderno 1.
5
Folio 259 del Cuaderno 1.
6
Folio 281 del Cuaderno 1.

8

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Demandantes: Gabriel Jaime Arango Restrepo y otros
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

partes a fin de que presenten sus alegatos de conclusión y al señor agente del
Ministerio Público para que rinda concepto.

I.4. Los alegatos de conclusión

41. La parte demandante, en síntesis, en su escrito de intervención7 reiteró los
argumentos planteados en el escrito introductorio, a saber: (i) la falta de
competencia de Corantioquia para proferir de forma individual e independiente la
Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011; (ii) la violación al derecho a la igualdad;
(iii) el desconocimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Ambiente; (iv) omisión del deber de contar con la participación de la comunidad; (v)
la errónea motivación para la determinación de la unidad mínima de subdivisión
predial.

42. Agregó que Cornare y Corantioquia no efectuaron un estudio, acuerdo,
convenio o comité conjunto para establecer la unidad mínima de subdivisión predial.

43. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia,
reiteró8, en esencia, los mismos argumentos de la contestación.

44. El señor agente del Ministerio Público, en esta oportunidad procesal, guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

45. Para abordar la presente controversia, se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: (i) la competencia; (ii) cuestión previa; (iii) el problema jurídico; (iv) el acto
administrativo demandado; (v) marco normativo y el contexto en que se produjo la
decisión demandada; (vi) lo probado en el proceso y, (vii) el análisis del caso
concreto.

II.1. Competencia

46. Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
el numeral 2º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo 9 y el artículo
13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201910, que contiene las reglas de
reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

7
Folios 299 a 324 del Cuaderno 1.
8
Folios 325 a 341 del Cuaderno 1.
9
“[…] ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 2. De los
de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos
expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las controversias sobre
los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única
instancia. […]”.
10
Por medio del cual se expide el Reglamento del Consejo de Estado.

9

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II.2. Cuestión previa

47. La parte demandante, en la etapa de alegaciones, señaló como argumento
nuevo el consistente en que “[…] Corantioquia y Cornare en ningún momento
efectuaron un estudio, acuerdo, convenio o comité conjunto para establecer la
unidad mínima de subdivisión predial11”.

48. De conformidad con el artículo 137 del CCA, la demanda constituye el
instrumento previsto por el legislador, en la cual se deben exponer las razones de
hecho o de derecho para cuestionar la validez de los actos administrativos. Además
de ello, el principio de congruencia exige que toda sentencia debe ser coherente
con los hechos y las pretensiones invocados por el actor (artículo 281 del Código
General del Proceso).

49. La jurisprudencia de esta Corporación Judicial12 ha señalado que la etapa de
alegaciones no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos
nuevos que no fueron planteados en la demanda, so pena de afectar garantías
constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de la parte
demandada.

50. Por ello, la Sala no analizará el argumento que introdujo la parte demandante
en la etapa de alegaciones, dado que este no se planteó oportunamente desde el
libelo introductorio, para así preservar las garantías del debido proceso.

51. En el siguiente cuadro, se evidencia los cargos de nulidad que presentó la parte
demandante durante el trámite del proceso:

Demanda Alegatos de conclusión
-Falta de competencia de Corantioquia - Falta de competencia de Corantioquia
para expedir en forma individual e para expedir en forma individual e
independiente la Resolución 15866 de 4 independiente la Resolución 15866 de 4
de agosto de 2011. de agosto de 2011.

• Violación al derecho a la igualdad. - Violación al derecho a la igualdad.

• Desconocimiento a los lineamientos - Desconocimiento a los lineamientos
establecidos por el Ministerio de establecidos por el Ministerio de
Ambiente. Ambiente.

11
(Cita original): En este punto llamó la atención que en los antecedentes administrativos remitidos por Corantioquia de la
Resolución se aportó el Acuerdo de la Comisión Conjunta del Río Aburra, que nada tiene que ver con la Reserva Forestal
Protectora del Río Nare como los propios funcionarios de Corantioquia señalaron en su testimonio. Por el contrario, dicho
documento demuestra el deber que tenían las Corporaciones para conformar la comisión conjunta. Así mismo, en los
testimonios recaudados dentro del proceso se confirmó que Corantioquia y Cornare en ningún momento conformaron o
coordinaronmediante convenios la administración y fijación de políticas dentro de la Reserva.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.

10

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Demandantes: Gabriel Jaime Arango Restrepo y otros
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

• Corantioquia no permitió a la - Corantioquia no permitió a la
comunidad participar en la expedición de comunidad participar en la expedición de
la resolución demandada. la resolución demandada.

• Errónea motivación de la Resolución de - Errónea motivación de la Resolución de
Corantioquia. Corantioquia.

• Cornare y Corantioquia no efectuaron
un estudio, acuerdo, convenio o comité
conjunto para establecer la unidad
mínima de subdivisión predial.

II.3. El problema jurídico

52. Con fundamento en la demanda y la contestación, el problema jurídico se
circunscribe a analizar si es nula la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011 “Por
la cual se toma una determinación”, expedida por la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia.

53. Los motivos que justifican la solicitud de nulidad son:

(i) Corantioquia debió expedir la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011 de
manera conjunta con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de
los Ríos Negro y Nare, Cornare;

(ii) La entidad demandada desconoció los lineamientos de la Resolución 1510
de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;

(iii) La parte demandada transgredió el derecho a la igualdad y el principio de
participación ciudadana y;

(iv) Se incurrió en falsa motivación.

II.4. El acto administrativo demandado

54. La demanda se dirige a cuestionar la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011
“[…] Por la cual se toma una determinación […]”, expedida por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia que es del siguiente
tenor:

“[…] CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA
RESOLUCIÓN NÚMERO
15866
"POR LA CUAL SE TOMA UNA DETERMINACIÓN"

11

Radicación núm.: 11001-0324-000-2012-00105-00
Demandantes: Gabriel Jaime Arango Restrepo y otros
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia CORANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las otorgadas por la ley 99 de 1993 y.
CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Ambiente (sic) Vivienda y Desarrollo Territorial
expidió la Resolución 1510 de agosto 5 de 2010, publicada en el Diario
Oficial No. 47800 del 13 de agosto de 2010, por la cual se redelimita la
Zona Forestal Protectora declarada y reservada a través del acuerdo 31
de 1970 de la Junta Directiva del INDERENA, aprobado mediante la
Resolución Ejecutiva 24 de 1971 del Ministerio de Agricultura y se toman
otras determinaciones.
Que en el artículo segundo de la Resolución 1510 de 2010, se establecen
los siguientes objetivos para el Área de Reserva Forestal Protectora del
Río Nare:
1. "Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas andinos y
subandinos que aun existen en la zona.
2. Proteger las subcuencas hidrográficas que conforman la cuenca del
Río Nare, dentro del Área de Reserva Forestal Protectora a fin de
garantizar la calidad y cantidad de los flujos hídricos hacia los embalses
de Piedras Blancas y La Fe.
3. Proteger las áreas de recarga de acuíferos, a fin de asegurar el
suministro de agua de las poblaciones que se abastecen de ellas.
4. Proteger el hábitat de especies de flora y fauna existentes en el área
que se encuentran en algún grado de amenaza, se encuentran vedadas
o que son endémicas de la región, tales como el Quercus humboldtii,
Couepia platycaly Licania cabrerae, Licania salicifolia, Dicksonia
sellowiana, Talauma espinalii, Cedrela montana, Meliosma antioquensis,
entre otras.
5. Constituirse en escenarios propicios para el desarrollo de
actividades de educación ambiental, recreación pasiva, ecoturismo y el
esparcimiento, especialmente enfocada a resaltar la importancia de los
ecosistemas existentes en la región y los bienes y servicios ambientales
que de ellos se derivan.
6. Contribuir a la conservación de la zona de patrimonio arqueológico
de la nación, históricamente establecida en este territorio entorno a los
pobladores antiguos y sus costumbres.
7. Contribuir a la conectividad e integración de ecosistemas propios de
la región, en el marco de la estrategia de gestión SIRAP Parque Central
de Antioquia”.
Que según el artículo cuarto de la citada providencia, parágrafos 2, 3 y 4,
CORNARE y CORANTIOQUIA, deberán:
1. Determinar, en relación con las actividades industriales y
comerciales, aquellas de bajo impacto, que podran (sic) permanecer en el
Área.
2. Establecer e identificar las áreas y condiciones en las que procede
el reconocimiento de edificaciones institucionales y de servicios públicos,
para aquellas que se encuentran incursas en la situación prevista en el

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numeral primero del artículo 65 del decreto 1469 de 2010 que trata sobre
los eventos en que no procede el reconocimiento de edificaciones.
3. Establecer la unidad mininima (sic) de subdivisión, en un término no
mayor a un año, contado a partir de la publicación de la Resolución.
Que igualmente y para el cumplimiento de la función amortiguadora, en el
Ordenamiento Territorial de las áreas circunvecinas y colindantes al Área
de Reserva Forestal Protectora del Río Nare, a que se refiere el artículo 8
de la Resolución 1510 de 2010, en concordancia con el artículo 31 del
Decreto 2372 de 2010, las Corporaciones en mención, deberán
considerar los criterios para su definición en los determinantes
ambientales, objeto de concertación en los Planes de Ordenamiento
Territorial.
Que los objetivos establecidos para el Área de Reserva Forestal
Protectora del Río Nare, responden en su integralidad a los propósitos
trazados en los objetivos de conservación de las áreas protegidas,
contemplados en el artículo 6 del Decreto 2372 de 2010, que en su
conjunto permiten la realización de los fines generales de conservación
en el País.
Que de acuerdo con el artículo 19 del Decreto citado en el párrafo anterior,
las áreas protegidas son determinantes ambientales y por lo tanto normas
de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o
modificadas en la elaboración, revisión, ajuste y/o modificación de los
Planes de Ordenamiento Territorial y conforme con ello, las entidades
territoriales no pueden regular el uso del suelo en ellas, quedando sujetas
a respetar las declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento
territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas
con la protección de éstas.
Que de conformidad con el artículo 31 del Decreto referido, en el
ordenamiento territorial de la superficie de territorio circunvecina y
colindante de las áreas protegidas, la función amortiguadora deberá
mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan causar
en las áreas protegidas y orientarse a atenuar y a prevenir las
perturbaciones sobre éstas, contribuir a subsanar alteraciones que se
presenten por efecto de las presiones en dichas áreas, armonizar la
ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación
de las áreas protegidas y aportar a la conservación de los elementos
biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y
los procesos ecológicos relacionados con las mismas.
Que de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 3600 de 2007, las áreas de
conservación y protección ambiental, que deben ser objeto de especial
protección ambiental, de las cuales hacen parte las Áreas de Reserva
Forestal, constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35
de la Ley 388 de 1997.
Que para la determinación de la unidad mininima (sic) de subdivisión
predial, es necesario tener en cuenta, la siguiente definición, contenida en
el artículo 4 del decreto 1469 de 2010:
"Subdivisión rural. Es la autorización previa para dividir materialmente uno
o varios predios ubicados en suelo rural o de expansión urbana de
conformidad con el plan de ordenamiento territorial y la normatividad
agraria y ambiental aplicables a estas clases de suelo, garantizando la
accesibilidad a cada uno de los predios resultantes".

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Que CORANTIOQUIA, en atención a lo dispuesto en el artículo 31
numeral 31 de la ley 99 de 1993, profirió la Resolución 9328 del 20 de
marzo de 2007, publicada en el periódico El Mundo del 29 de abril de
2007, que adoptó las densidades máximas de vivienda para el suelo rural,
suburbano, de protección y el uso de parcelaciones para vivienda
campestre, estableciendo para los suelos de protección una densidad de
una vivienda por cada 38 ha.
Que de acuerdo con los estudios realizados por CORANTIOQUIA, el Área
de Reserva Forestal Protectora del Río Nare, presenta atributos de
singular importancia en los aspectos bióticos, abióticos y culturales, tales
como: los ecosistemas boscosos, la red hidrológica con sus zonas de
recarga y nacimiento de acuíferos, la presencia de especies de fauna y
flora en vía de extinción y de especies endémicas y el patrimonio
arqueológico presente en el territorio, que en concordancia con los
objetivos del área, hacen necesaria su preservación.

Que habiéndose efectuado varias reuniones de discusión y análisis entre
CORNARE Y CORANTIOQUIA, para propiciar una reglamentación
armonizada, articulada y conjunta, con el fin de establecer la unidad
mínima de subdivisión predial, no fue posible su consecución, puesto que
CORNARE expidió su reglamento por Acuerdo Corporativo N°243 del 1
de diciembre de 2010, antes que CORANTIOQUIA culminara el análisis
técnico tendiente a sustentar su decisión.
Que para el cumplimiento de los compromisos asignados por la
Resolución Ministerial 1510 de 2010, CORANTIOQUIA conformó un
equipo interdisciplinario con el fin de analizar los diferentes estudios
elaborados por las dependencias, relacionados con la situación ambiental
en el Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare, como estudios
realizados por otras entidades en dicha área; realizó sobrevuelos en esta
jurisdicción; atendió a usuarios de la zona y requirió información a los
municipios de incidencia en la misma, actividades que conllevaron a
utilizar el término máximo otorgado por la Resolución aludida, para efectos
de emitir el concepto respectivo.
Que resultado del proceso anteriormente descrito, CORANTIOQUIA
emitió el informe técnico con radicado N° 9084 de agosto 2 de 2011, en el
que se recomienda la unidad mínima de subdivisión predial en las
zonas que hacen parte del Área de Reserva Forestal Protectora del Río
Nare, diferenciando el tamaño mínimo de subdivisión predial en la zona
de uso sostenible por permitir un mayor aprovechamiento en los usos
principales y condicionados de ésta. Así mismo se establece la función
amortiguadora de las áreas circunvecinas y colindantes a la Reserva,
conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2372 de 2010,
para lograr a futuro cumplir con los objetivos de conservación del Área de
Reserva Forestal Protectora del Rio Nare.
En relación con la unidad mínima de subdivisión predial de acuerdo al
Informe Técnico citado, se proponen los siguientes tamaños mínimos de
predio:
o En las zonas de preservación y restauración, donde no se permite
la construcción de vivienda nueva, el tamaño mínimo de subdivisión del
predio será de 38 ha.
o En la zona de uso sostenible, donde se restringe la construcción de
vivienda y se permiten actividades productivas y extractivas, con
esquemas de reconversión y producción más limpia, el tamaño mínimo de

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subdivisión será de 16 ha, coherentes con las finalidades de desarrollar
actividades de manera sustentable, para preservar el patrimonio natural
existente.
Respecto a la definición de criterios para la función amortiguadora, se
realizó el análisis de los Determinantes Ambientales que tiene la
Corporación en el territorio circunvecino y colindante al Área de Reserva
Forestal Protectora del Río Nare: Acuerdo Metropolitano 15 de 2006, del
cual hace parte integrante el documento técnico de soporte sobre
directrices metropolitanas y los planos que se protocolizan, entre ellos
plano 2 -Línea base del Parque Central de Antioquia-, que constituye una
de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial; la
Resolución interna 9328 de 2007 que establece "las normas ambientales
generales y las densidades máximas en suelo suburbano, rural, de
protección y de parcelaciones para vivienda campestre"; y el Acuerdo 02
de 2007 que aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Aburrá -POMCH-, concluyéndose de lo esbozado en
el documento técnico, que los lineamientos y criterios para la
determinación de cada una de las áreas propuestas en la zonificación
ambiental del POMCH del Río Aburrá (Zona de Conservación Ambiental,
Zona de Protección Ambiental, Zona de Recuperación Ambiental, Zona
de Producción y Zona de Consolidación de Usos Urbanos), contribuyen a
atenuar, prevenir y subsanar las posibles alteraciones o perturbaciones al
Área de Reserva, dado que apuntan a identificar y proteger los elementos
que harían sostenible el desarrollo del territorio y a su vez incorporan las
orientaciones del Parque Central de Antioquia.

Que en mérito de lo expuesto, procede la Corporación a expedir la
reglamentación coherente con los objetivos de preservación del Área
Forestal Protectora del Río Nare.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. UNIDAD MINIMA DE SUBDIVISIÓN PREDIAL.
Establecer como unidad mínima de subdivisión predial en el Área de
Reserva Forestal Protectora del Río Nare, en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA, la cual comprende parte de la zona rural de los
Municipios de Medellín y Envigado, la siguiente:
 En las zonas de preservación y restauración, donde los usos
permitidos están orientados a la protección y restablecimiento de los
ecosistemas y no es posible la construcción de vivienda nueva, el tamaño
mínimo de subdivisión del predio será de 38 ha.

 En la zona de uso sostenible, donde se restringe la construcción de
vivienda y se permiten actividades productivas y extractivas13, con
esquemas de reconversión y producción más limpia14, el tamaño mínimo
de subdivisión será de 16 ha.
ARTÍCULO SEGUNDO. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA
FUNCIÓN AMORTIGUADORA. Establecer como lineamientos y criterios
para la definición de la función amortiguadora en las áreas circunvecinas
y colindantes al Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare, en
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de

13
Artículo 34 “Zonificación”. Decreto 2372 de 2010.
14
Artículo 4 “Régimen de uso del área de Reserva Forestal Protectora Río Nare”. Resolución 1510 de 2010.

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Antioquia, CORANTIOQUIA, los definidos para la determinación de cada
una de las siguientes áreas propuestas en la zonificación ambiental del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá,
que deberán insertarse como determinantes ambientales en los Planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios con jurisdicción en el Valle
de Aburrá, por contribuir a atenuar, prevenir y subsanar las posibles
alteraciones o perturbaciones al Área Protegida:
En la Zona de Conservación Ambiental:
o Las áreas identificadas con vegetación boscosa nativa que
corresponden a cobertura vegetal de bosque natural intervenido y de
rastrojos altos.
o Las áreas consideradas como núcleos en el proyecto del Parque
Central de Antioquia, a excepción de la zona del Parque Arvi.
o Las áreas delimitadas como ecosistemas estratégicos o como áreas
protegidas
o Los retiros a humedales (cuerpos de aguas lénticos de origen
natural)
o Los corredores ribereños.
Las acciones de manejo en la Zona de Conservación Ambiental, deberán
estar dirigidas a conservar las coberturas naturales existentes, propender
por la recuperación de las mismas, dado que la intención es recuperar la
conectividad de los ecosistemas naturales y posibilitar el tránsito de
especies de fauna nativa; igualmente determina una ocupación de suelo
de baja densidad y restringe los loteos y las parcelaciones de los predios
al interior de la misma.

En la Zona de Protección Ambiental:
 Las áreas conectoras del Parque Central de Antioquia y el Parque
Arvi.
 Las áreas con pendientes superiores al 100% o 45°
 Las áreas con restricción por amenaza Alta y Muy Alta a
movimientos en masa, con base en el estudio de "Microzonificación
Sísmica de los Municipios del Valle de Aburrá y Definición de Zonas de
Riesgo por movimientos en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá"
Área Metropolitana GSM 2002.
 Las áreas de recarga de aguas subterráneas.
 Las áreas de retiro a corrientes y nacimientos y corredores ribereños
de protección ambiental.
 Las áreas de patrimonio cultural y arqueológico.
 Las áreas clasificadas como espacios públicos verdes y cerros
tutelares.
Las acciones de manejo en la Zona de Protección Ambiental, deberán
estar dirigidas a proteger las áreas identificadas con coberturas vegetales
arbóreas, como rastrojos y plantaciones, buscando evitar y controlar la
erosión, disminuir la probabilidad de ocurrencia de movimiento en masa y
ayudar en la regulación del recurso hídrico. Así mismo se debe evitar la

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ocupación por parcelaciones y mantener bajas densidades de
construcción y vivienda.
En la Zona de Recuperación Ambiental:
 Las áreas erosionadas
 Las áreas críticas por la calidad de aire
En la Zona de Producción:
 Las áreas destinadas al desarrollo de producción industrial, minera,
agropecuaria y forestal, definidas con base en los usos del suelo actual
de cada municipio.
En estas zonas se debe propender por mantener la densidad de
ocupación actual y no permitir la subdivisión de predios e incentivar la
producción más limpia.
En la Zona de consolidación de usos urbanos:
o Las áreas que hacen parte del suelo urbano en la actualidad
o Las áreas de expansión urbana
o Las áreas clasificadas como suelo suburbano
Estas zonas se deben desarrollar en armonía con el medio ambiente.
PARÁGRAFO: Las áreas identificadas en las zonas de Conservación y
Protección Ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del
Río Aburrá, quedan incorporadas en los Planes de Ordenamiento
Territorial - POT- de los municipios que conforman el Valle de Aburrá, en
la categoría de suelo de Protección.
ARTÍCULO TERCERO. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DE BAJO IMPACTO. Las actividades industriales y
comerciales de bajo impacto que podrán permanecer en el Área de
Reserva Forestal Protectora del Río Nare en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
CORANTIOQUIA, serán las que ésta determine, previa información
aportada por los municipios de Envigado y Medellín de las actividades
industriales y comerciales preexistentes al 13 de agosto de 2010, fecha
de entrada en vigencia de la Resolución 1510 de agosto 5 de 2010.
PARAGRAFO 1. Para la entrega de dicha información, la cual deberá
contener la georeferenciación de los inmuebles, los municipios tendrán un
término de dos (2) meses contados a partir de de (sic) la vigencia de la
presente Resolución.
PARAGRAFO 2. Recibida la información por parte de los municipios
dentro del término dispuesto en el parágrafo 1, la Corporación a través de
la Subdirección de Ecosistemas, procederá dentro de los dos (2) meses
siguientes, a determinar las actividades industriales y comerciales de bajo
impacto que podrán permanecer en el Área de Reserva Forestal
Protectora del Río Nare, con fundamento en los objetivos definidos para
la misma.
ARTICULO CUARTO. RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES
INSITUCIONALES Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. Con el fin de
establecer o identificar las áreas y condiciones en las que procede el
reconocimiento de Edificaciones Institucionales y de Servicios Públicos
incursas en la situación prevista en el numeral primero del artículo 65 del

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decreto 1469 de 2010, los municipios de Medellín y Envigado deberán
remitir a CORANTIOQUIA la información de las edificaciones
institucionales y de servicios públicos existentes antes del 13 de agosto
de 2010, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 1510 de 2010.
PARAGRAFO 1. Para la entrega de dicha información, que deberá
contener la georeferenciación de los inmuebles, los municipios tendrán un
término de dos (2) meses contados a partir de de (sic) la vigencia de la
presente Resolución.
PARAGRAFO 2. Recibida la información por parte de los municipios
dentro del término dispuesto en el parágrafo 1, la Corporación a través de
la Subdirección de Ecosistemas, emitirá dentro de los dos (2) meses
siguientes, el concepto respecto al establecimiento o identificación de las
áreas y condiciones en que procederá el reconocimiento.
ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de su expedición
y tendrá efectos frente a terceros a partir de su publicación en el boletín
oficial de la Corporación”. (Negrilla del texto)

II.5. Marco normativo y contexto en que se produjo la decisión demandada

55. El artículo 12 del Decreto 2372 de 2010 define las reservas forestales
protectoras como el espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque
mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y
los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute.
Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al
establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás
coberturas vegetales naturales.

56. Según la referida norma, “[…] la reserva, delimitación, alinderación, declaración
y sustracción de las Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos
en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en cuyo caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras
Nacionales. La administración corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio”.

57. Coherente con lo anterior, el numeral 18 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente la de reservar,
alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales
Naturales y las reservas forestales nacionales y reglamentar su uso y
funcionamiento. Por su parte, el artículo 31 de la ley ibidem enuncia dentro de las
funciones de las corporaciones autónomas regionales la de “[…] 16. Reservar,
alinderar, administrar en los términos y condiciones que fijen la ley y los
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de
suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y
reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales
Nacionales en el área de su jurisdicción […]”.

18

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58. Ahora bien, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables, Inderena, mediante el Acuerdo 24 de 1971 a su vez
aprobado mediante Resolución 24 de 26 de febrero de 1971, declaró y reservó con
el carácter de “[…] Zona Forestal Protectora […]” un área de terreno de 118,25
kilómetros ubicada en jurisdicción de los municipios de Medellín y Guarne,
departamento de Antioquia15.

59. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
expidió la Resolución 1859 de 28 de septiembre de 2009 “Por la cual se sustrae un
área de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y se toman otras
determinaciones”.

60. El artículo 6° de la referida resolución ordenó a la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare y a la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia- formular el Plan de
Manejo de la Reserva Forestal Protectora de Río Nare, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO SEXTO.- La Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE y la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-, deberán
formular el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora de Río Nare,
siguiendo los lineamientos que para tal fin se anexan al presente acto
administrativo y hacen parte integral del mismo, con fundamento en lo cual
este Ministerio procederá a su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 5 numeral 18 de la Ley 99 de 1993”. (Negrilla del texto)

15
Los límites fueron los siguientes: “Artículo 1: Declárase y resérvese, con el carácter de "Zona Forestal Protectora" un área
de terreno de 118,25 kilómetros cuadrados ubicada en jurisdicción de los Municipios de Medellín y Guarne, Departamento de
Antioquia, comprendidos por los siguientes linderos:

"Partiendo del Alto de la Sierra (1) sobre la carretera Medellín - Guarne, sitio más nórtico de la zona, siguiendo la divisoria de
aguas de las vertientes del Río Medellín y la Quebrada La Mosca, rumbo Sur, pasando por el Alto Medina hasta llegar al sitio
de cruce de esta divisoria con la línea de bombeo de la Quebrada La Honda a la Quebrada Piedras Blancas.(2) Siguiendo la
línea de bombeo con rumbo S. E., hasta llegar a la Estación de Bombeo sobre la Quebrada La Honda. (3) A partir de este
punto siguiendo rumbo Sur por la divisoria de aguas de las vertientes de la Quebrada La Honda y la Quebrada La Mosca,
hasta llegar al cruce con la carretera Medellín - Rionegro (Vía Santa Elena).(4) Siguiendo esta vía hacia Medellín rumbo N.
E., hasta llegar al Alto de Las Brisas.(5) A partir de este punto rumbo Sur, siguiendo la divisoria de aguas que separa las
vertientes de la Quebrada Espíritu Santo (afluente de la Quebrada Las Palmas), y el Río Negro, pasando por Cerro Verde,
Alto Espíritu Santo, Alto El Presidio, Alto El Tablazo, Alto de La Marta, Alto Los Claveles, Alto La Florida, Alto Providente,
Cerro de La Hacienda, Cerro Providente, hasta caer al sitio denominado La Fe, punto de confluencia de la Quebrada Pantanillo
(que viene del Sur), la Quebrada Las Palmas (que viene del Norte) y la carretera Medellín - La Ceja.(6) Partiendo de La Fe
con rumbo Oeste se sigue la divisoria de aguas que separa la Quebrada El Retiro (afluente de la Quebrada Pantanillo) y la
Quebrada El Retiro (afluente de la Quebrada Pantanillo) y la Quebrada Potreros (afluente de la Quebrada Las Palmas), hasta
llegar al Alto del Peladero.(7) A partir de este punto con rumbo N. O. se sigue la divisoria de aguas que separa las vertientes
del Río Medellín y la Quebrada Las Palmas, pasando por Alto Caobo y Alto Las Peñas.(8) De este punto se desvía rumbo N.
E. por la Cuchilla de La Sierra pasando por Alto de San Luis , Alto del Hoyo, Alto de La Palma, cruce con la carretera Medellín
• La Ceja.(9) Se sigue esta divisoria pasando por el Alto El Chuscal, Alto La Mona, Alto Patio Bonito, Alto de La Pelada hasta
el Alto de La Polaca.(10) A partir de este punto se sigue en línea recta con rumbo N. E. hasta el sitio de cruce del viejo camino
de herradura Medellín - Rionegro, con la Quebrada Espadera, afluente de la Quebrada Santa Elena.(11) Siguiendo el camino
rumbo E. hasta llegar al cruce con la carretera Medellín - Rionegro.(12) Se sigue esta vía hacia Medellín hasta el cruce con
la Quebrada El Chiquero, afluente de la Quebrada Santa Elena.(13) Siguiendo esta quebrada aguas arriba hasta llegar al
límite de propiedad de EE. PP. MM., denominado El Chiquero.(14) De este punto con rumbo N. O. hasta llegar a la cima de
la Cordillera que separa las vertientes de la Quebrada Santa Elena y la Quebrada El Salado (nacimiento de la Quebrada
Guruperita); afluente de la Quebrada El Salado y la Quebrada de La Castro, afluente de la Quebrada Santa Elena. (15) Desde
los nacimientos de la Quebrada La Castro, se desciende por ella hasta la cota 2.000.(16) Siguiendo esta cota bordeando el
Cerro Pan de Azúcar, hasta el cruce de ella con el antiguo camino de herradura Guarne.(17) Con rumbo N. se sigue este
camino pasando por el Alto de la Virgen hasta llegar a la divisoria de aguas que separa las vertientes del Río Medellín y la
represa de Piedras Blancas.(18) Continúa por la línea divisoria de estas vertientes hasta el Cerro Las Lajas o Morrón.(19) De
este punto con rumbo E., hasta el sitio de cruce de la Quebrada Piedras Blancas con la carretera Medellín - Guarne
(20) Siguiendo esta vía hasta la población de Guarne hasta llegar al Alto La Sierra, sitio de partida".

19

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61. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la
Resolución 1510 de 2010 “Por la cual se redelimita la Zona Forestal Protectora
declarada y reservada a través del Acuerdo 31 de 1970 de la Junta Directiva del
INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva 24 de 1971 del Ministerio
de Agricultura y se adoptan otras determinaciones”, en el siguiente sentido:

“RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. REDELIMITACIÓN. Redelimitar el Área de Reserva
Forestal Protectora del Río Nare declarada a través del Acuerdo 31 de
1970 de la Junta Directiva del Inderena, aprobado mediante la Resolución
Ejecutiva 24 de 1971 del Ministerio de Agricultura, con el fin de armonizar
los elementos de orden ambiental y territorial para su adecuado manejo y
administración, la cual quedará comprendida dentro de los límites que se
señalan a continuación, referenciados en Sistema MAGNA SIRGAS
origen Bogotá.

[…]

El Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare redelimitada en el
presente acto administrativo cuenta con una superficie de 8.829
hectáreas, tal como se espacializa en las figuras anexas al mismo.

[…]”. (Negrilla del texto)

62. Además de ello, se adoptó el Plan de Manejo Ambiental, en los siguientes
términos:

“[…] ARTÍCULO 3o. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Adoptar el
documento elaborado por Cornare y Corantioquia en julio de 2010
“Caracterización y propuesta para la zonificación de la zona forestal
protectora declarada y reservada mediante Acuerdo 031 de noviembre de
1970 por el Inderena y aprobado por el Gobierno Nacional a través de la
Resolución número 0024 del 26 de febrero de 1971”, el cual hace parte
integral de la presente resolución, como Plan de Manejo del Área de
Reserva Forestal del Río Nare, siendo este el instrumento a través del
cual se efectúa la planificación, la zonificación y se establece el régimen
de usos de la misma, a fin de garantizar su conservación y
mantenimiento”. (Negrilla del texto)

63. Los usos principales y condicionados para cada una de las zonas de la Reserva
Forestal Protectora del Río Nare fueron los siguientes:

“[…] ARTÍCULO 4o. RÉGIMEN DE USO DEL ÁREA DE RESERVA
FORESTAL PROTECTORA RÍO NARE. De conformidad con el Plan de
Manejo que se adopta en el Artículo 3 de la presente resolución, los usos
principales y condicionados para cada una de las zonas del Área de
Reserva Forestal Protectora Río Nare, son los siguientes:

4.1. Zona de Preservación

Uso principal: Comprende todas aquellas actividades de protección,
regulación, ordenamiento, control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento

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de los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad,
evitando la intervención humana y sus efectos.

Usos condicionados: Corresponde a actividades orientadas al
reconocimiento de los valores naturales del área. Entre ellas se
encuentran las actividades de recreación pasiva, actividades
ecoturísticas, educación e interpretación que sean compatibles con el
objetivo de preservación de los recursos naturales existentes en el área.

4.2. Zona de Restauración

Uso principal: Actividades de restablecimiento y rehabilitación de
ecosistemas, manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de
especies silvestres nativas y enriquecimiento y manejo de hábitats,
dirigidas a recuperar la composición de estructura y función. Además,
contempla las actividades de investigación y monitoreo ambiental que
aumenten la información, el conocimiento, el intercambio de saberes
frente a temas ambientales. De igual manera, incluye la educación e
interpretación ambiental orientadas a la generación de sensibilidad,
conciencia y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales
y culturales del área, así como las actividades de manejo silvicultural
orientadas a la conservación del área.

Usos condicionados

a) La obtención de productos forestales no maderables y el uso de flora y
fauna silvestres con fines de investigación, las actividades de recreación
y ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de
la infraestructura necesaria para su desarrollo.

b) El aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales
comerciales registradas.

4.3. Zona de uso sostenible

Uso principal: Actividades que incluyen esquemas de reconversión y
producción más limpia que contribuyan a la conectividad e integración de
ecosistemas propios de la región, tales como: implementación de
herramientas de manejo del paisaje, mecanismos de desarrollo limpio,
actividades silviculturales, silvopastoriles y agroforestales, actividades
ecoturísticas y de servicios e institucional o recreacional.

Usos condicionados

1. Actividades existentes que dentro de su desarrollo implementen
esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales:

a) Actividades agropecuarias siempre y cuando se garantice una
cobertura boscosa de mínimo 25% de la extensión del predio.

b) Actividades piscícolas y acuícolas siempre y cuando se garantice una
cobertura boscosa de mínimo 25% de la extensión del predio.

c) Actividades comerciales y de servicios públicos, garantizando una
cobertura boscosa de mínimo 25% de la extensión del predio cuando haya
lugar.

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d) El aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales
comerciales registradas.

e) Actividades industriales y artesanales de micro y pequeñas empresas
siempre y cuando se garantice una cobertura boscosa de mínimo 25% de
la extensión del predio.

f) Actividades de transporte y almacenamiento.

g) La vivienda de habitación del propietario del predio siempre y cuando
se garantice una cobertura boscosa de mínimo 25% de la extensión del
predio.

h) Publicidad exterior visual.

2. Vivienda: La construcción de la vivienda de habitación del propietario
del predio se permitirá solamente en la zona de uso sostenible, siguiendo
los lineamientos del plan de manejo y en ningún caso podrá ocupar más
de un 20% del predio, garantizando una cobertura boscosa en el resto del
predio.

3. El desarrollo de actividades públicas y privadas en la zona de uso
sostenible se efectuará conforme a las regulaciones que el Ministerio
establezca en la reglamentación que prevé el parágrafo 1o del artículo 12
del Decreto 2372 de 2010.

PARÁGRAFO 1o. Los usos que no se encuentren especificados en el
presente artículo como principales o condicionados, están prohibidos.

PARÁGRAFO 2o. En relación con las actividades industriales y
comerciales, solo podrán permanecer aquellas de bajo impacto ambiental,
determinado por Cornare y Corantioquia.

PARÁGRAFO 3o. Las actividades y construcciones que existan en el
Área de Reserva Forestal Protectora, que cuenten con permisos, licencias
o autorizaciones legalmente expedidas previamente a la publicación del
presente acto administrativo, podrán mantenerse, así como, las que para
la época de su construcción no requerían de la obtención de ningún tipo
de permisos, licencias o autorizaciones.

Las edificaciones o parte de ellas, existentes en el Área de Reserva
Forestal Protectora, que se ejecutaron sin obtener previamente licencia
urbanística, se encuentran incursas en la situación prevista por el numeral
1 del artículo 65 del Decreto 1469 de 2010, que trata sobre los eventos en
que no procede el reconocimiento de edificaciones. En todo caso, Cornare
y Corantioquia para la implementación del plan de manejo deberán
establecer o identificar las áreas y las condiciones en las que procede el
reconocimiento de edificaciones institucionales y de servicios públicos.

PARÁGRAFO 4o. La unidad mínima de subdivisión predial, deberá ser
establecida por Cornare y Corantioquia en un término no mayor a un (1)
año contado a partir de la publicación de la presente resolución”. (Negrilla
del texto y subrayado fuera del texto)

64. Posteriormente, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia expidió la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011, mediante la cual

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determinó la unidad mínima de subdivisión predial y fijó los lineamientos y criterios
para definir la función amortiguadora de las áreas circunvecinas y colindantes.

II.6. Lo probado en el proceso

65. En el proceso constan los siguientes elementos de prueba16:

66. Copia de la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011 “Por la cual se toma una
determinación”, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, Corantioquia.

67. Copia de la Resolución 1510 de 5 de agosto de 2010 “Por la cual se redelimita
la Zona Forestal Protectora declarada y reservada a través del Acuerdo 31 de 1970
de la Junta Directiva del INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva 24
de 1971 del Ministerio de Agricultura y se adoptan otras determinaciones”, expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

68. Documento sobre: “CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTA PARA LA
ZONIFICACIÓN DE LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DECLARADA.
RESERVADA MEDIANTE ACUERDO 0031 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1970
POR EL INDERENA Y APROBADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA A
TRAVÉS DE LA RESOLUCION NO 024 DEL 26 DE FEBRERO DE 1971”
presentado por Corantioquia y Cornare.

69. El informe técnico 9084 de 2 de agosto de 2011 que tiene como asunto:
“DEFINICIÓN TAMAÑO MÍNIMO DE PREDIO Y CRITERIOS PARA LA FUNCIÓN
AMORTIGUADORA, RESOLUCIÓN 1510 DE 2010”.

70. Declaraciones rendidas por los señores Norma Nazareth Grajales López y
Juan Camilo Restrepo Llano17.

II.7. Análisis de los problemas jurídicos

II.7.1. Si Corantioquia debió expedir la Resolución 15866 de 4 de agosto de
2011 de manera conjunta con la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare

71. La parte demandante es de la tesis que Corantioquia expidió la resolución
enjuiciada transgrediendo el artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y la Resolución 1510
de 2010.

72. Particularmente, sostuvo que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en la resolución citada ut supra, dispuso que en forma conjunta la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare
16
CD Folio 88 del Cuaderno 1.
17
Folios 268 a 277 y CD del Cuaderno 1.

23

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y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia debían:
(i) determinar las actividades industriales y comerciales de bajo impacto que podrían
permanecer en la zona de uso sostenible; (ii) establecer e identificar las áreas y
condiciones en las que procede el reconocimiento de edificaciones institucionales y
de servicios públicos y, (iii) definir la unidad mínima de subdivisión predial en un
término no mayor a un año.

73. Por su parte, la entidad demandada señala que la interpretación de la parte
demandante es equivocada pues no era cierto que la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare y la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia- debían expedir la
regulación sobre la unidad mínima de subdivisión predial de manera conjunta,
puesto que cada corporación tiene autonomía para regular esta materia dentro del
ámbito de su jurisdicción.

74. Para resolver el referido cuestionamiento, se debe señalar que las
corporaciones autónomas regionales son definidas en el artículo 23 de la Ley 99 de
1993 como entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados
por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

75. El artículo 30 de la misma ley señala que todas las corporaciones autónomas
regionales tendrán por objeto “[…] la ejecución de las políticas, planes, programas
y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente
[…]”.

76. Para la Sala, la Resolución 1510 de 2010 no instó a la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare y a la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia a definir, de manera
conjunta, la unidad mínima de subdivisión predial, sino que, a juicio de la Sala, cada
una de estas autoridades debía establecer dicha unidad dentro de su respectiva
jurisdicción. Esta interpretación es la que más se ajusta al principio de autonomía
de las corporaciones autónomas regionales que se concreta en la potestad de
expedir regulaciones y fijar políticas ambientales en su jurisdicción18.

18
Corte Constitucional, sentencia C- 145 de 2021, MP: Paola Andrea Meneses Mosquera.

.

24

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77. Ahora bien, puede suceder que dos o más corporaciones tengan jurisdicción
sobre un mismo ecosistema o una cuenca hidrográfica común. Al efecto, el
legislador con el fin de poder superar los conflictos que se puedan dar en la toma
de decisiones previó la creación de una comisión conjunta para coordinar, armonizar
y definir políticas comunes para la gestión ambiental de esos territorios. Dicha
comisión se debe constituir de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional. Sobre el particular, el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99
de 1993, es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 33. Creación y Transformación de las Corporaciones
Autónomas Regionales. La administración del medio ambiente y los
recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo
de Corporaciones Autónomas Regionales.

[…]

“Parágrafo 3º.-. Del Manejo de Ecosistemas Comunes por varias
Corporaciones Autónomas Regionales. En los casos en que dos o más
Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un
ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán
de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar
y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente.

El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación
para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de
jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el
Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
Cuando dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan a su
cargo la gestión de ecosistemas comunes, su administración deberá
efectuarse mediante convenios, conforme a los lineamientos trazados por
el Ministerio del Medio Ambiente […]” (Negrilla fuera del texto)
78. Ahora, dicha norma invocada como infringida no se desprende el deber de
expedir la unidad de subdivisión mínima de manera conjunta, pues el supuesto que
consagra esa norma hace referencia al deber de constituir una comisión conjunta
para coordinar, armonizar y definir políticas comunes para la gestión ambiental de
esos territorios, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional.

79. En todo caso, se debe señalar que para la fecha en que se expidió la resolución
demandada, se encontraba vigente el Decreto 1604 de 200219, el cual reglamentó

19
"Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993". Entre sus funciones se encuentra: 1.
Coordinar la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica común, POMC. 2. Aprobar el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, así como sus ajustes cuando a ello hubiere lugar; 3. Coordinar los
mecanismos para la implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Común; 4. Coordinar el
programa de implementación de los instrumentos económicos; 5. Adoptar las demás medidas que sean necesarias para
cumplir sus objetivos y funciones y, 6. Elaborar su propio reglamento”. Recientemente, se expidió el Decreto 1604de 2012
que derogó la anterior norma con el propósito de reglamentar: “[…] 2. El parágrafo 3° de la Ley 99 de 1993 y artículo 212 de
la Ley 1450 de 2011 sobre comisiones conjuntas de cuencas hidrográficas comunes y procedimientos de concertación para
el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y
el Sistema de Parques Nacionales o Reservas. sobre comisiones conjuntas de cuencas hidrográficas comunes y
procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas”..

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las comisiones conjuntas para el ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas comunes20 y no para las reservas forestales.

80. Si bien en el año 2012 se expidió el Decreto 164021, con el propósito de
reglamentar, entre otras materias “[…] [e]l parágrafo 3° de la Ley 99 de 1993 y
artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 sobre comisiones conjuntas de cuencas
hidrográficas comunes y procedimientos de concertación para el adecuado y
armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones
Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas. sobre
comisiones conjuntas de cuencas hidrográficas comunes y procedimientos de
concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de
jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de
Parques Nacionales o Reservas22”, no es menos cierto que dicha norma no se
encontraba vigente para la fecha en que se expidió la resolución demandada23.

81. Por las razones precitadas, el motivo de reproche de nulidad analizado no está
llamado a prosperar.

II.7.2. Si Corantioquia, al haber definido la unidad mínima de subdivisión
predial en el Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare desconoció los
lineamientos de la Resolución 1510 de 2010 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

82. La parte demandante estima que la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, Corantioquia desconoció abiertamente el reglamento de uso y
funcionamiento y la zonificación efectuada por el Ministerio de Ambiente. Ello se
debe a que el área mínima de subdivisión predial aplica para el desarrollo de
cualquiera de los usos de la zona de uso sostenible, entre ellos, la construcción de
vivienda de habitación del propietario del predio, es decir, se requieren 16 hectáreas
para desarrollar cualquiera de los usos definidos en la zona referida.

83. La entidad demandada, por su parte, argumenta que sí tuvo en cuenta los
lineamientos y los objetivos previstos en la Resolución 1510 de 2010 y, agregó que,
de no haberse establecido la unidad mínima de subdivisión en 16 hectáreas “[…] se
hubiera roto la conectividad de los parches de Bosques, lo que hubiera afectado
cada uno de los territorios con su fragmentación en el Área de Reserva Forestal
Protectora del Río Nare”.

20
A dicha comisión, se le encomendaron las siguientes funciones, a saber: (i) coordinar la formulación del Plan de Ordenación
y Manejo de la cuenca hidrográfica común, POMC; (ii) aprobar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica,
así como sus ajustes cuando a ello hubiere lugar; (iii) coordinar los mecanismos para la implementación del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Común; (iv) coordinar el programa de implementación de los instrumentos
económicos; (v) adoptar las demás medidas que sean necesarias para cumplir sus objetivos y funciones y, (vi) elaborar su
propio reglamento.
21
“Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas
y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”.
22
Artículo 1°.
23
La Resolución 15866 fue expedida el día 4 de agosto de 2011.

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84. Para resolver lo anterior, resulta pertinente efectuar el cotejo entre la
Resolución 1510 de 2010 y el acto demandado a fin de determinar si es cierto que
se desconocieron los lineamientos expedidos por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial:

RESOLUCIÓN 1510 DE 2010 “POR LA CUAL RESOLUCIÓN 15866 DE 4 DE AGOSTO
SE REDELIMITA LA ZONA FORESTAL DE 2011 "POR LA CUAL SE TOMA UNA
PROTECTORA DECLARADA Y DETERMINACIÓN"
RESERVADA A TRAVÉS DEL ACUERDO 31
DE 1970 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INDERENA, APROBADO MEDIANTE LA
RESOLUCIÓN EJECUTIVA 24 DE 1971 DEL (ACTO DEMANDADO)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”.
“ARTÍCULO 4o. RÉGIMEN DE USO DEL
ÁREA DE RESERVA FORESTAL “ARTÍCULO PRIMERO. UNIDAD MINIMA DE
PROTECTORA RÍO NARE. De conformidad SUBDIVISIÓN PREDIAL. Establecer como
con el Plan de Manejo que se adopta en el unidad mínima de subdivisión predial en el Área
Artículo 3 de la presente resolución, los usos de Reserva Forestal Protectora del Río Nare, en
principales y condicionados para cada una de jurisdicción de la Corporación Autónoma
las zonas del Área de Reserva Forestal Regional del Centro de Antioquia,
Protectora Río Nare, son los siguientes: CORANTIOQUIA, la cual comprende parte de la
zona rural de los Municipios de Medellín y
4.1. Zona de Preservación Envigado, la siguiente:

Uso principal: Comprende todas aquellas  En las zonas de preservación y
actividades de protección, regulación, restauración, donde los usos permitidos están
ordenamiento, control y vigilancia, dirigidas al orientados a la protección y restablecimiento de
mantenimiento de los atributos, composición, los ecosistemas y no es posible la construcción
estructura y función de la biodiversidad, de vivienda nueva, el tamaño mínimo de
evitando la intervención humana y sus efectos. subdivisión del predio será de 38 ha.

Usos condicionados: Corresponde a  En la zona de uso sostenible, donde
actividades orientadas al reconocimiento de los se restringe la construcción de vivienda y se
valores naturales del área. Entre ellas se permiten actividades productivas y extractivas,
encuentran las actividades de recreación con esquemas de reconversión y producción
pasiva, actividades ecoturísticas, educación e más limpia, el tamaño mínimo de subdivisión
interpretación que sean compatibles con el será de 16 ha”. (Negrilla fuera del texto)
objetivo de preservación de los recursos
naturales existentes en el área.

4.2. Zona de Restauración

Uso principal: Actividades de restablecimiento
y rehabilitación de ecosistemas, manejo,
repoblación, reintroducción o trasplante de
especies silvestres nativas y enriquecimiento y
manejo de hábitats, dirigidas a recuperar la
composición de estructura y función. Además,
contempla las actividades de investigación y
monitoreo ambiental que aumenten la
información, el conocimiento, el intercambio de
saberes frente a temas ambientales. De igual
manera, incluye la educación e interpretación
ambiental orientadas a la generación de
sensibilidad, conciencia y la comprensión de los
valores y funciones naturales, sociales y
culturales del área, así como las actividades de
manejo silvicultural orientadas a la
conservación del área.

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Usos condicionados

a) La obtención de productos forestales no
maderables y el uso de flora y fauna silvestres
con fines de investigación, las actividades de
recreación y ecoturismo, incluyendo la
construcción, adecuación o mantenimiento de
la infraestructura necesaria para su desarrollo.

b) El aprovechamiento forestal persistente de
plantaciones forestales comerciales
registradas.

4.3. Zona de uso sostenible

Uso principal: Actividades que incluyen
esquemas de reconversión y producción más
limpia que contribuyan a la conectividad e
integración de ecosistemas propios de la
región, tales como: implementación de
herramientas de manejo del paisaje,
mecanismos de desarrollo limpio, actividades
silviculturales, silvopastoriles y agroforestales,
actividades ecoturísticas y de servicios e
institucional o recreacional.

Usos condicionados

1. Actividades existentes que dentro de su
desarrollo implementen esquemas de
producción más limpia y buenas prácticas
ambientales:

a) Actividades agropecuarias siempre y cuando
se garantice una cobertura boscosa de mínimo
25% de la extensión del predio.

b) Actividades piscícolas y acuícolas siempre y
cuando se garantice una cobertura boscosa de
mínimo 25% de la extensión del predio.

c) Actividades comerciales y de servicios
públicos, garantizando una cobertura boscosa
de mínimo 25% de la extensión del predio
cuando haya lugar.

d) El aprovechamiento forestal persistente de
plantaciones forestales comerciales
registradas.

e) Actividades industriales y artesanales de
micro y pequeñas empresas siempre y cuando
se garantice una cobertura boscosa de mínimo
25% de la extensión del predio.

f) Actividades de transporte y almacenamiento.

g) La vivienda de habitación del propietario
del predio siempre y cuando se garantice
una cobertura boscosa de mínimo 25% de la
extensión del predio.

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h) Publicidad exterior visual.

2. Vivienda: La construcción de la vivienda de
habitación del propietario del predio se permitirá
solamente en la zona de uso sostenible,
siguiendo los lineamientos del plan de manejo y
en ningún caso podrá ocupar más de un 20%
del predio, garantizando una cobertura boscosa
en el resto del predio.

3. El desarrollo de actividades públicas y
privadas en la zona de uso sostenible se
efectuará conforme a las regulaciones que el
Ministerio establezca en la reglamentación que
prevé el parágrafo 1o del artículo 12 del Decreto
2372 de 2010.

PARÁGRAFO 1o. Los usos que no se
encuentren especificados en el presente
artículo como principales o condicionados,
están prohibidos.

PARÁGRAFO 2o. En relación con las
actividades industriales y comerciales, solo
podrán permanecer aquellas de bajo impacto
ambiental, determinado por Cornare y
Corantioquia.

PARÁGRAFO 3o. Las actividades y
construcciones que existan en el Área de
Reserva Forestal Protectora, que cuenten con
permisos, licencias o autorizaciones legalmente
expedidas previamente a la publicación del
presente acto administrativo, podrán
mantenerse, así como, las que para la época de
su construcción no requerían de la obtención de
ningún tipo de permisos, licencias o
autorizaciones.

Las edificaciones o parte de ellas, existentes en
el Área de Reserva Forestal Protectora, que se
ejecutaron sin obtener previamente licencia
urbanística, se encuentran incursas en la
situación prevista por el numeral 1 del artículo
65 del Decreto 1469 de 2010, que trata sobre
los eventos en que no procede el
reconocimiento de edificaciones. En todo caso,
Cornare y Corantioquia para la implementación
del plan de manejo deberán establecer o
identificar las áreas y las condiciones en las que
procede el reconocimiento de edificaciones
institucionales y de servicios públicos.

PARÁGRAFO 4o. La unidad mínima de
subdivisión predial, deberá ser establecida por
Cornare y Corantioquia en un término no mayor
a un (1) año contado a partir de la publicación
de la presente resolución”. (Negrilla del texto y
subrayado fuera del texto)

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85. Para la Sala, no es cierto que la Resolución 15866 de 4 de agosto de 2011 haya
desconocido los usos definidos para cada una de las áreas del área de la Reserva
Forestal Protectora del Río Nare previstos en la Resolución 1510 de 2010. Esto
obedece a que el acto demandado fue expedido con el objeto de definir la unidad
mínima de subdivisión dentro del Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare
que comprende parte de la zona rural de los Municipios de Medellín y Envigado, la
cual fue definida en el siguiente sentido:

a) En las zonas de preservación y restauración: el tamaño mínimo de
subdivisión del predio será de 38 hectáreas.

b) En la zona de uso sostenible: el tamaño mínimo de subdivisión será de 16
hectáreas.

86. Además de lo anterior, debe señalarse que el Decreto 2372 de 2010, se encarga
de definir la zonificación y los usos permitidos en las áreas protegidas del SINAP,
los cuales resultan coherentes con la reglamentación adoptada en la resolución
demandada. En efecto, el Decreto 2372 de 2010 señala lo siguiente:

“Artículo 34. Zonificación.
Las áreas protegidas del Sinap deberán zonificarse con fines de manejo,
a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Las
zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la destinación que
se prevea para el área según la categoría de manejo definida, conforme
a lo dispuesto en el presente decreto y podrán ser las siguientes:
Zona de preservación.
Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su
alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un
área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las
cuales se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de
conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea
condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta
zona debe catalogarse como de restauración.
Zona de restauración.
Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado
anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica.
En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos
por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de
conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o
más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se
alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de
conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área
protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para
el mantenimiento de la zona restaurada.
Zona de uso sostenible:
Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y
extractivas compatibles con el objetivo de conservación del área
protegida. Contiene las siguientes subzonas:
a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos
con el fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad
contribuyendo a su preservación o restauración.

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b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten
actividades controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la
densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos
de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de
conservación del área protegida.
Zona general de uso público.
Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de
alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la
investigación. Contiene las siguientes subzonas:
a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite
el acceso a los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura
mínima tal como senderos o miradores.
b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se
permite el desarrollo controlado de infraestructura mínima para el acojo
de los visitantes y el desarrollo de facilidades de interpretación.

Artículo 35. Definición de los usos y actividades permitidas
De acuerdo a la destinación prevista para cada categoría de manejo, los
usos y las consecuentes actividades permitidas, deben regularse para
cada área protegida en el Plan de Manejo y ceñirse a las siguientes
definiciones:

a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de
protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al
mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la
biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.
b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de
recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación,
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de
hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad.
c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación ambiental que aumentan la
información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y
conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y
funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad.

d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción,
extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura,
relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así
como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas
con restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y
cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos para cada
categoría.

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y
ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de
la infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos
de la biodiversidad previstos para cada categoría.

Parágrafo 1°.

Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que
integran el SINAP se podrán realizar siempre y cuando no alteren la

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estructura, composición y función de la biodiversidad característicos de
cada categoría y no contradigan sus objetivos de conservación.
Parágrafo 2°.

En las distintas áreas protegidas que integran el Sinap se prohíben todos
los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos para
la respectiva categoría”. (Negrilla fuera del texto)

87. En consecuencia, el reproche de nulidad analizado no está llamado a prosperar.

II.7.3. De la violación al principio de igualdad y el principio de participación
ciudadana

88. La parte demandante sostiene que según el artículo 13 de la Constitución
Política, todas las personas nacen iguales ante la ley y deben recibir la misma
protección y trato ante las autoridades.

89. Señala que los propietarios de los predios ubicados dentro de la Reserva
Forestal del Río Nare recibieron un tratamiento discriminatorio contrario al principio
de igualdad, toda vez que las unidades de subdivisión predial determinadas por
Corantioquia, de un lado, y Cornare son diferentes.

90. El artículo 13 de la Constitución Política consagra el mandato según el cual “[…]
[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor
de grupos discriminados o marginados”.

91. Dicho mandato implica que las autoridades administrativas no pueden incurrir
en tratos o distinciones injustificadas entre los destinatarios. Además, se traduce en
el deber de adoptar acciones para asegurar la igualdad material24.

92. En el caso objeto de estudio, no se evidencia que la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia haya incorporado un tratamiento
injustificado en sus destinatarios basados en razones caprichosas o arbitrarias y,
por el contrario, se evidencia que la entidad demandada, al expedir la resolución
enjuiciada pretendió dar cumplimiento a los objetivos trazados en la Resolución
1510 de 2010 y el artículo 6 del Decreto 2372 de 2010.

24
La Corte Constitucional, en sentencia T- 470 de 2022 indicó: “Esta corporación también tiene precisado que las dos facetas
de la igualdad -formal y material- no son excluyentes sino complementarias. La Carta reconoce que no todas las personas se
encuentran en las mismas condiciones, lo que implica que el Estado tiene el deber de adoptar medidas para que la igualdad
sea real y efectiva. Esto se logra mediante la aplicación de alguno de los siguientes mandatos: “(a) trato igual a personas en
circunstancias idénticas; (b) trato paritario a personas que no están en circunstancias idénticas, pero cuyas similitudes son
más relevantes que sus diferencias; (c) trato diferenciado a personas que no están en circunstancias idénticas, pero cuyas
diferencias son más relevantes; y (d) trato desigual a personas en circunstancias desiguales y disímiles.”

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93. Además de lo anterior, no se allegaron los documentos que justificaron la
expedición del Acuerdo 243 de 1° de diciembre de 2010, para analizar las razones
de Cornare para definir la unidad mínima de subdivisión predial en 10.000 ms25.

94. En tal virtud, como lo indicó esta Sección en sentencia de 1° de noviembre de
201226 “[…] la garantía del derecho a la igualdad no consiste en la aplicación de las
mismas medidas y consecuencias para todas las personas por igual, es decir, sin
consideración a sus circunstancias específicas, sino en observarlas a fin de
determinar si es razonable y justo un trato diferente […]”.

95. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el hecho de que no se permitió a la
comunidad participar en la formación del acto demandado, se debe resaltar que el
artículo 42 del Decreto 2372 de 2010 dispone que la declaratoria, ampliación o
sustracción de áreas protegidas, así como la adopción del plan de manejo
respectivo, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente a los
grupos étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las
instancias de participación de las comunidades. Adicionalmente, según la referida
norma debe adelantarse, bajo la coordinación del Ministerio del Interior y de Justicia
y con la participación del Ministerio Público, el proceso de consulta previa con las
comunidades que habitan o utilizan regular o permanentemente el área que se
pretende declarar como área protegida.

96. Esto quiere decir que dicha norma dispone la obligación de agotar la
participación ciudadana en el trámite de adopción del plan de manejo, sin que se
exija agotar dicho requisito para la expedición de actos administrativos encaminados
a determinar la unidad mínima de división predial.

II.7.4. De la falsa motivación

97. La parte demandante aduce que el informe técnico expedido por Corantioquia
(radicado 9084) no explicó la razón por la cual dicha área era idónea para la
subdivisión pues se limitó a señalar que “[…] [d]adas las condiciones fisiobóticas ya
analizadas, un área mínima de subdivisión de 16 ha garantizaría la ejecución de las
actividades productivas permitidas para esta zona, sin generar núcleos de
población, contribuyendo a los objetivos de la Reserva […]”.

98. Por su parte, la entidad demandada señala que el acto demandado se
fundamentó en el análisis detallado realizado por un equipo interdisciplinario de la
entidad. Este análisis incluyó estudios ambientales de la Área de Reserva Forestal

25
“ARTÍCULO TERCERO: Unidad Mínima de Subdivisión Predial. La unidad mínima de subdivisión predial al interior de la
Reserva Forestal del Nare para la jurisdicción de CORNARE corresponderá a 10.000 m2 (una hectárea). […]”. Lugar de
consulta: https://www.cornare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo_243_de_2010_cornare.pdf.
Directivo en un plazo de seis (6) meses, un ajuste al Acuerdo 016 de 1998 en los aspectos que generen coherencia y equilibrio
en las normas ambientales al interior de la reserva forestal del Nare con las normas ambientales en las áreas colindantes y
circunvecinas a la misma”.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: María Elizabeth García González,
sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicado: 11001-03-24-000-2005-00246-01, actor: Ulpiano Lloreda Zamorano y otros.

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Protectora del Río Nare. Además, resalta que se realizaron sobrevuelos, consultas
a usuarios y se efectuaron solicitudes de información a los municipios involucrados
con el objetivo de garantizar la conservación futura de la reserva.

99. En efecto, tal y como lo sostiene la entidad demandada, para la elaboración
de la resolución demandada, Corantioquia conformó un equipo interdisciplinario
integrado por profesionales de diferentes áreas que elaboró el estudio técnico 9084
de 2 de agosto de 2011, el cual describió los elementos que tuvo en cuenta para la
definición de la unidad mínima de subdivisión predial, circunstancia que fue
confirmada por los testigos Norma Nazareth Grajales López y Juan Camilo Restrepo
Llano.

100. En el referido documento, se señaló lo siguiente27:

27
CD obrante en el expediente -folio 88 del Cuaderno 1-. Las imágenes aparecen visibles en las páginas 41 a 44 del Informe
Técnico 9084 de 2 de agosto de 2011.

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101. Además de ello, las conclusiones del referido estudio se soportaron en el
mapa predial de la zona, para sustentar la conclusión de que el 91,8% de los predios
presentan áreas menores a 16 hectáreas:

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102. En el sub examine, se considera que la parte demandante no aportó
elementos de prueba idóneos para desvirtuar las conclusiones reflejadas en el
informe técnico referido ut supra, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 167 del
Código General del Proceso que señala que “[…] incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”.

103. La simple afirmación de la parte demandante no resulta suficiente para
demostrar la falsedad de los motivos que dieron sustento a la decisión adoptada por
la entidad demandada. Por tal razón, este cargo de nulidad tampoco prospera.

104. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 9 de julio de 199828, se abstendrá de condenar en costas a la parte
vencida pues su conducta no estuvo precedida de mala fe ni de la intención de
entorpecer el proceso y, además, esta se enmarcó en los principios y obligaciones
que gobiernan la actividad judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

28
“ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de
las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida
en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

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F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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