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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00170-00

Fecha
31 de julio de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00170-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la legalidad de los artículos 40 y 46 del Decreto 3380 del 30 de noviembre de 1981 «Por la cual se reglamenta la Ley 23 de 1981», bajo el entendido de que en virtud de la remisión a las normas del Código de Procedimiento Penal, hoy CPACA, el denunciante o quejoso y la víctima del proceso ético-médico disciplinario, como terceros interesados, deben tener reconocida la facultad de (i) solicitar pruebas en la etapa de instrucción y, además (ii) ser notificados del pronunciamiento de fondo que se adopte en el proceso ético-médico disciplinario. SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente sentencia, por Secretaría archivar el expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar. 65 Corte Constitucional, sentencia C- 334 de 2010, Juan Carlos Henao Pérez. 35 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00170-00 Demandante: Manuel José Medina Mendoza Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2012-00170-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

31 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-24-000-2012-00170-00
Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Tema: El control de legalidad sobre los artículos 40 y 46 del Decreto
3380 de 1981- normas en materia de ética médica

Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad parcial promovida por el
ciudadano Manuel José Medina Mendoza en contra de los artículos 40 y 46 del
Decreto 3380 del 30 de noviembre de 1981, «Por el cual se reglamenta la Ley 23
de 1981», acto administrativo expedido por el Gobierno nacional1.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Manuel José Medina Mendoza, actuando en nombre propio y en
ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo -en adelante CCA-, instauró demanda ante esta jurisdicción en contra
de los artículos 40 y 46 del Decreto 3380 de 1981 (parcial), en la cual elevó las
siguientes pretensiones2:

«[…] Se decrete la nulidad condicionada de los artículos 40 y 46 del Decreto
3380 de 1981 en el entendido que el quejoso no víctima de la infracción
disciplinaria ético médico, tiene derecho a ser notificado de las providencias de
fondo que dicte el Tribunal de Ética Médica y con derecho a recurrir la decisión
del mismo de no formular cargos contra el médico investigado como también la
absolución al médico que fue inicialmente acusado tanto en primera como en
segunda instancia.

Se decrete la nulidad condicionada de las normas demandadas con relación al
quejoso víctima o perjudicado de la infracción disciplinaria ético médica, en el
entendido que este debe ser considerado sujeto procesal en calidad de víctima
o perjudicado, con las mismas facultades del médico investigado o acusado o
en su defecto con las facultades de ser notificado de las decisiones de fondo
que profiera el Tribunal de ética Médica como también de recurrir la decisión del
Tribunal de Ética Médica de no formular cargos contra el médico investigado

1
Firmado por el entonces Presidente de la República y por el Ministerio de Salud y Protección Social.
2
Folios 1 al 13 cuaderno principal 1.

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00170-00
Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

como la absolución al médico que fue inicialmente acusado tanto en primera
como en segunda instancia […]».

I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda

2. Los hechos relevantes esgrimidos en la demanda son los siguientes:

3. La Ley 23 de 1981 «Por la cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica»
estableció que la acción ético-disciplinaria iniciada por los Tribunales de Ética
Médica es pública y, por ende, cualquier persona o entidad pública-privada puede
presentar queja en contra de las actuaciones de los profesionales de la salud. La
anterior ley fue reglamentada por el Decreto 3380 de 30 de noviembre de 1981 «Por
el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981».

4. La infracción a los deberes funcionales contenidos en la Ley 23 de 1981 da lugar
al inicio de una investigación disciplinaria a cargo de los tribunales de ética médica,
los que tienen el deber de verificar si existe o no mérito para formular pliego de
cargos en contra del profesional de la salud vinculado a la investigación.

5. En el curso de este proceso disciplinario, la víctima o el perjudicado por una
conducta violatoria de la Ley 23 de 1981 no es considerado sujeto procesal, por lo
que, en consecuencia, no puede participar en el debate probatorio y procesal y
tampoco recurrir las providencias mediante las cuales se decide que no existe mérito
para formular cargos ni aquella decisión que absuelve al médico investigado.

6. El ámbito de acción de la víctima de la infracción se circunscribe, entonces, a la
presentación de la queja y al aporte de las pruebas sumarias que considera que
atentan contra los deberes de la ética médica.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

I.1.2.1. Las normas violadas

7. Las normas citadas como trasgredidas por el actor son los artículos 13, 29, 209
y 229 de la Constitución Política, y el artículo 90 de la Ley 734 de 2002.

I.1.2.2. El concepto de la violación

8. El actor organiza en dos grupos los cargos que sirven de sustento a la demanda,
en primer lugar: (i) en violación del derecho a la igualdad, y (ii) en la violación del
debido proceso previsto en los artículos 29, 209 y 229 de la Constitución Política,
conforme pasa a explicarse a continuación:

2

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00170-00
Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

Primer cargo de nulidad: violación del derecho a la igualdad

9. El actor planteó que los preceptos demandados transgreden el derecho a la
igualdad por las siguientes tres razones:

9.1. Primer supuesto de violación a la igualdad: se presenta entre el quejoso que
es víctima directa del proceso ético-medico disciplinario y el médico acusado del
proceso ético-medico disciplinario

9.1.1. A juicio del demandante, el quejoso que es víctima directa en el proceso ético-
médico disciplinario no es considerado sujeto procesal y, por lo tanto, no tiene
reconocida la posibilidad de recurrir la providencia mediante la cual se decide que no
existe mérito para formular cargos ni aquella que absuelve al médico investigado;
mientras que el médico acusado o sancionado si tiene reconocida la facultad para
impugnar tales decisiones.

9.1.2. Esta desventaja procesal, a juicio del accionante, desconoce el derecho a la
igualdad, pues el médico acusado y sancionado, así como el quejoso que es víctima
directa del proceso ético-médico disciplinario, deben tener los mismos derechos
procesales en lo concerniente a la posibilidad de controvertir las decisiones que
afecten sus derechos a la verdad y a la justicia.

10. Segundo supuesto de la violación al derecho a la igualdad: se presenta
entre el quejoso no víctima del proceso ético-medico disciplinario y el quejoso del
proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002

10.1. A juicio del demandante, un segundo supuesto de violación al principio de
igualdad opera entre el quejoso no víctima del proceso ético-médico disciplinario, de
un lado, y el quejoso del proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002, por otro
lado.

10.2. Para el actor, el quejoso no víctima del proceso ético-médico disciplinario -a
quien le asiste un interés legítimo en la defensa del ordenamiento jurídico-, tiene el
deber de aportar la prueba sumaria «del acto que se considere reñido con la Ética
Médica» (artículo 74 de la Ley 23 de 1981), pero no tiene reconocida la facultad de
recurrir la providencia mediante la cual se decide que no existe mérito para formular
cargos y tampoco aquella que absuelve al médico, como sí lo puede hacer el quejoso
del proceso disciplinario de que trata la Ley 734 de 2002, quien sin ser sujeto
procesal sí puede impugnar la decisión de archivo y el fallo absolutorio del
funcionario público o acusado. (artículo 90 de la Ley 734 de 2002, parágrafo).

10.3. En apoyo de lo anterior, puso de relieve las similitudes existentes entre el proceso
ético-médico disciplinario de la Ley 23 de 1981 y el proceso disciplinario de que trata
la Ley 734 de 2002. En tal sentido, señala que, en ambos procesos: a) el quejoso no
víctima de la infracción disciplinaria, es la persona que pone en movimiento el

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Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

aparato administrativo o judicial del Estado con miras a que se adelante la
investigación de una falta disciplinaria y se sancione a los responsables; b) la
imputación disciplinaria tiene como fundamento la inobservancia de los deberes
funcionales a cargo del servidor público o el médico, según sea el caso; c) al
perjudicado le asiste un interés en que se investigue y sancione la infracción
disciplinaria en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico; d) la imputación se
basa en la infracción de deberes funcionales y no en la vulneración de derechos de
terceros; e) las decisiones que ponen fin al proceso disciplinario se consideran actos
administrativos y no actos judiciales, y f) el quejoso actúa como tercero interesado
en la defensa del ordenamiento jurídico.

11. Tercer supuesto de la violación al derecho a la igualdad: se presenta entre
la víctima del proceso ético-médico disciplinario con las personas que se consideran
víctimas o perjudicadas con la infracción de las normas disciplinarias de la Ley 734
de 2002 que, a su vez, configuren violación del derecho internacional de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, las cuales sí son
consideradas sujetos procesales

11.1. Finalmente, el libelista añade que el tercer supuesto de violación a la igualdad se
da entre la víctima del proceso ético-médico disciplinario y las víctimas de las
infracciones de los deberes funcionales de los servidores públicos del Código
Disciplinario Único constitutivas de infracciones al derecho internacional de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

11.2. Precisa que la víctima del proceso ético-médico disciplinario no tiene reconocida
la calidad de sujeto procesal, a pesar de que las infracciones de los deberes
funcionales a cargo del médico resultan constitutivas de violaciones a los derechos a
la vida, a la salud, a la integridad y a la autodeterminación; mientras que las víctimas
de las transgresiones de los deberes funcionales de los servidores públicos en el
derecho disciplinario que configuren infracciones al derecho internacional de los
derechos humanos o al derecho internacional humanitario, sí son consideradas
sujetos procesales en el derecho disciplinario.

11.3. Afirma que aunque inicialmente se consideró que en el derecho disciplinario no
existía el concepto de víctima -por ser una condición reservada al derecho penal- lo
cierto es que la Corte Constitucional, al estudiar una demanda de inexequibilidad
formulada en contra de algunos artículos contenidos en la Ley 734 de 2002, en
Sentencia C-014 de 20043, señaló que en el proceso disciplinario hay víctimas de
una falta disciplinaria cuando la transgresión del deber proviene de infracciones al
derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario.

11.4. Por este motivo, considera que la víctima o los perjudicados de una infracción
a las normas de la ética médica deben ser considerados como sujetos procesales,

3
Corte Constitucional, C- 014 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño.

4

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Demandante: Manuel José Medina Mendoza
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con la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas y de recurrir la providencia
mediante la cual se decide que no existe mérito para formular cargos y aquella que
absuelve al médico.

(II) Segundo cargo de nulidad. Violación del derecho al debido proceso

12. El actor plantea un segundo cargo de nulidad por violación al debido proceso,
asociado a que la víctima, por no ser sujeto procesal, carece de la atribución para
solicitar el decreto y práctica de pruebas; no se le notifican las providencias
adoptadas, ni puede recurrir las decisiones del Tribunal de Ética Médica, lo cual
tampoco se le permite al quejoso no víctima.

13. En armonía con lo anterior, enfatiza que el acceso a la justicia, en su dimensión
amplia, no se agota con la simple presentación de la queja. El derecho de las
víctimas comprende la verdad y la justicia. El derecho a la verdad alude a la
posibilidad de exigir que se conozca lo sucedido y que se promueva la coincidencia
entre la verdad procesal y la verdad material; a su vez, la justicia reconoce el
derecho a que no exista impunidad. Todo ello para señalar que la víctima o
perjudicado por la violación de normas ético-médicas no tiene reconocido el derecho
a la verdad ni el derecho a la justicia, porque según lo dispuesto en la Ley 23 de
1981 y en su Decreto Reglamentario 3380 de 1981, no tiene la condición de sujeto
procesal.

14. De conformidad con lo expuesto, solicita que se profiera un fallo condicionado,
con el fin de que se entienda que la víctima es sujeto procesal y el quejoso, víctima
o no, tenga derecho a ser notificado, a solicitar pruebas o a interponer recursos.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

15. El Ministerio de la Salud y Protección Social contestó la demanda de manera
extemporánea4.

III. TRÁMITE DEL PROCESO Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

16. La Sala resalta que el actor invocó el artículo 237.2 de la Constitución Política
como fundamento normativo para presentar la demanda de nulidad por
inconstitucionalidad en contra de los artículos 40 y 46 del Decreto 3380 de 30 de
noviembre de 1981 «Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981».

17. Sin embargo, luego de revisar los cargos y el concepto de violación formulados
por el actor se tiene que, además de las referencias a diferentes artículos de la
Constitución Política, el demandante hizo énfasis en que se vulneró el artículo 90
de la Ley 734 de 2002 con el fin de respaldar la violación al principio de igualdad,

4
Folio 129, c.1. Mediante auto del 29 de septiembre de 2014 se constató que la contestación de la demanda fue presentada
de manera extemporánea por el apoderado del Ministerio de la Salud y Protección Social.

5

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Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

por lo que la vía adecuada para examinar las pretensiones de esta demanda no es
el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad sino el de nulidad, previsto
en el artículo 84 del CCA, tal y como se precisó en el auto admisorio de la demanda
del 4 de junio de 20125.

18. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante providencia de
31 de marzo de 2016, prescindió de la etapa probatoria y ordenó correr traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto.

19. La parte actora guardó silencio.

20. La entidad demandada, a través de apoderado judicial, solicitó desestimar las
pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

21. Señaló que el quejoso o víctima de la infracción disciplinaria de la Ley 23 de
1981 «por la cual se dictan normas en materia Ético Médica» y el Decreto 3380 de
1981 «Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981» no cuenta con las mismas
facultades previstas en el procedimiento disciplinario - Ley 734 de 2002 «Por la cual
se expide el Código Disciplinario Único»-. A juicio del citado apoderado judicial, ello
obedece a que el legislador se encuentra en la libertad de configurar el sistema de
recursos y medios probatorios contra los actos que profieren las autoridades
encargadas de juzgar disciplinariamente a los profesionales de la salud.

22. Indicó que, aunque las infracciones a la ética médica resultan reprochables, las
mismas no necesariamente afectan la dignidad humana, «ni cuestionan la valía y
vigencia de los derechos humanos, con la misma magnitud de las infracciones que
constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario», y resaltó que las conductas constitutivas de
infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario aparecen explícitamente contempladas en los numerales
5 a 11 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

23. Aseveró que ninguna de las infracciones que resultan disciplinables por los
Tribunales de Ética Médica contempladas en los artículos 3 a 26 de la Ley 23 de
1981, son constitutivas de infracciones al derecho internacional de los derechos
humanos o al derecho internacional humanitario.

24. Finalmente, manifestó que, en el evento en que las conductas descritas en la
Ley 23 de 1981 eventualmente llegaran a ser constitutivas de infracciones al
derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional de los
derechos humanos, dicha competencia estaría reservada a la Corte Constitucional.

5
Folios 81-82 Cuaderno 1.

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25. El agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia intervino en
defensa de la legalidad de las normas acusadas e hizo énfasis en que, si bien la
Corte Constitucional ha admitido excepcionalmente a las víctimas de infracciones al
derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario en el proceso disciplinario, lo cierto es que la regulación de los sujetos
procesales, recursos, pruebas y traslados es un ámbito del resorte exclusivo del
legislador a través del uso de la respectiva reserva legal6.

26. El agente del Ministerio Público, además, consideró acertados los argumentos
planteados por la entidad demandada en el escrito de alegaciones finales, para
luego indicar que: (i) las conductas disciplinarias constitutivas de infracciones al
derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario aparecen contempladas en los numerales 5 a 11 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002; (ii) las infracciones contempladas en los artículos 3 a 26 de la Ley
23 de 1981, en modo alguno, son constitutivas de infracción al derecho internacional
de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y (iii) corresponde
a la Corte Constitucional determinar cuáles faltas disciplinarias previstas en la Ley
23 de 1981 son constitutivas de infracción al derecho internacional de los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

27. Esta Sala de Decisión, para desatar la presente controversia y por razones
metodológicas, abordará los siguientes ejes temáticos: (i) la competencia; (ii) la
identificación de los preceptos demandados; (iii) la formulación del problema
jurídico; (iv) la ética médica y el proceso disciplinario ético-profesional; (v)
especificidades del procedimiento administrativo ético y la norma de remisión al
Código de Procedimiento Penal en aquellos aspectos no contemplados; (vi) análisis
del caso concreto y de los cargos formulados; y, finalmente (vii) señalará las
conclusiones del análisis efectuado.

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la Constitución Política, así
como los artículos 84 del Código Contencioso Administrativo y 13 del Acuerdo 80
de 20197, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del asunto de la referencia.

IV.2. Identificación de los preceptos demandados

29. El actor cuestiona apartes de los artículos 40 y 46 del Decreto 3380 del 30 de
noviembre de 1981 «Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981», suscrito

6
Folios 153-166, c.1.
7
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

conjuntamente por el Presidente de la República y por el Ministro de Salud, cuyo
tenor literal es el siguiente: (se destaca lo acusado)

«[E]l Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
constitucionales conferidas por el Artículo 120, numeral 3 de la Constitución
Política,

DECRETA:

[…] Artículo 40. El inculpado podrá solicitar al instructor las pruebas que
considere convenientes, las que se practicarán siempre y cuando sean
conducentes dentro de la investigación.

[…] Artículo 46. La notificación del pronunciamiento de fondo se hará
personalmente al profesional acusado dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de cada una de estas decisiones, pasado este término se
notificará por medio de edicto […]».

30. El ciudadano accionante, según se reseñó en el acápite de antecedentes de la
presente sentencia, considera que los artículos 40 y 46 del Decreto 3380 de 1981,
mediante el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981 (apartes subrayados), al excluir
a la víctima, perjudicado y quejoso como sujetos procesales del proceso ético-
médico disciplinario seguido contra el médico infractor, infringen tanto disposiciones
normativas de la Constitución Política (artículos 13 y 29, 209 y 229)8, como el artículo
90 de la Ley 734 de 2002.

IV.3. El planteamiento del problema jurídico

31. A juicio del actor, los apartes contenidos en los artículos 40 y 46 del Decreto
3380 de 1981 (apartes subrayados) fueron expedidos por el Gobierno nacional
contraviniendo los artículos 13, 29, 209 y 229 de la Constitución Política de 1991,
teniendo en cuenta que vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso.

8
i) Violación del derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política.
El actor considera que no se adoptan medidas idóneas y equitativas en el Decreto 3380 de 1981 semejantes a las que se le
otorgan al médico infractor, orientadas a la protección de la víctima, perjudicado y quejoso de la violación de los derechos
fundamentales.
Entiende que el proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002 «Por la cual se expide el Código Disciplinario Único» permite
la intervención del quejoso y le autoriza recurrir la decisión en caso de archivo o el fallo absolutorio, mientras que en el proceso
ético disciplinario no es posible que el quejoso recurra la providencia mediante la cual se decide que no existe mérito para formular
cargos y tampoco aquella decisión que absuelve al médico.
Finalmente, considera que en el proceso disciplinario previsto en la Ley 734, se admite la presencia de las víctimas de faltas
disciplinarias cuando la infracción surge como consecuencia de una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos
o al Derecho Internacional Humanitario; sin embargo, no sucede lo mismo con el proceso médico disciplinario, pese a que también
se vislumbra que con una actuación médica se pueden afectar derechos como la vida, la salud y la integridad física de una persona.
ii) Violación al debido proceso previsto en los arts. 29, 209 y 229 de la Constitución Política.
El actor considera que se infringe el artículo 229 Superior, concerniente al derecho de acceso a la administración de justicia,
porque en el proceso ético disciplinario a pesar de que existen afectaciones a derechos como la vida y la salud no se reconoce
al quejoso, víctima o perjudicado como sujeto procesal; y como consecuencia de la vulneración del artículo 229 constitucional,
resultan también desconocidas otras garantías superiores relacionadas con dicho derecho de acceso a la administración de
justicia, como lo es el derecho a la verdad que tienen las personas portadoras de un interés legítimo y directo en las resultas
de un proceso disciplinario (C.P. art. 29) y, por estas razones, la realización efectiva de los fines del Estado (C.P. art. 209).

8

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00170-00
Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

IV.4. La ética médica y el proceso disciplinario ético-profesional

32. El artículo 26 de la Constitución Política (anterior artículo 44 de la Constitución
Política de 18869) prevé que el derecho a la libre escogencia de profesión u oficio10
es una garantía que, en primer lugar, opera hacia el individuo, y se dirige a
salvaguardar el núcleo esencial o contenido básico del derecho fundamental11, esto
es, a escoger libremente profesión u oficio12. En segundo lugar, la garantía opera
hacia la colectividad, pues el legislador tiene la competencia: (i) para regular los
requisitos que deben cumplir los profesionales para ejercer su actividad de la cual,
en principio, derivan el sustento de sus necesidades y el empleo de su tiempo, y (ii)
para imponer las condiciones en que la actividad es sometida a inspección,
vigilancia y control estatal13.

33. Acorde con esta doble connotación, tanto la anterior como la nueva Constitución
Política garantizaron el derecho a escoger profesión u oficio, como una prerrogativa
que no es absoluta e ilimitada14 y, por ende, el legislador está habilitado para su
regulación en aras de proteger a la colectividad y contribuir en la realización de los
fines del interés general.

9
Artículo 44.- Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de
maestros o doctores.

Las autoridades inspeccionarán las industrias y procesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.

La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares. 10
«Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica,
son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social». 11
En igual sentido, en la sentencia C-606 de 1992 esta Corporación señaló que «las limitaciones establecidas por el legislador
deben estar enmarcadas en parámetros concretos, so pena de vulnerar el llamado ‘límite de los límites’, vale decir, el
contenido esencial del derecho que se estudia». Reiterada en la sentencia C-286 de 2016. En Colombia, a pesar de no estar
expresamente consagrado en el orden constitucional el principio de contenido esencial, ello no ha sido óbice para que por vía
de interpretación y, más específicamente, a través de la jurisprudencia constitucional se defina un contenido esencial de los
derechos fundamentales. En efecto, la Corte Constitucional ha adscrito interpretativamente esta teoría a través de lo que ha
denominado «teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales». Sentencias T-028 de 1996, C-620 de 2001, C-142
de 2001 C-489 de 2002, C-994 de 2004 y T-360 de 2005, según la cual existe «una garantía reforzada de eficacia normativa
de los derechos fundamentales, en tanto que es exigible un mínimo de contenido que vincula y se impone principalmente
frente al legislador» (sentencia C-756 de 2008). En otras palabras, es el «el mínimo de contenido que el legislador debe
respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de
inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas» (ibidem). De esa manera, en sentido negativo, el núcleo
esencial es «aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o
tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental». (Sentencia C-994 de 2004); es decir, se trata
del contenido del derecho que no permite restricción alguna, so pena de desnaturalizarlo. 12
Corte Constitucional, sentencias C-606 de 1992, C-964 de 1999, C-038 de 2003, C-193 de 2006, C-619 de 1996, C-505 de
2001, C-212 de 2007, C-756 de 2008, C-296 de 2012, c-054 de 2014, C-504 de 2014, T-038 de 205, C-385 de 2015 y T-282
de 2018. 13
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que «[l]a libertad de escoger profesión u oficio (CP art. 26) es un derecho
fundamental reconocido a toda persona [que] involucra tanto la capacidad de optar por una ocupación como de practicarla
sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley». Sentencia T-498 de 1994. 14
La libertad de escoger profesión u oficio no es absoluta y en la medida en que el ejercicio de una profesión pueda afectar
el interés social es objeto de regulación por la ley. En la jurisprudencia constitucional, puede leerse al respecto: «Ni el derecho
al trabajo, ni la libertad de escoger profesión u oficio tienen carácter absoluto, porque ‘en su ejercicio concurren distintas
variables de naturaleza política y social’ y ‘porque la Constitución no patrocina ni incentiva un desempeño de las profesiones
u oficios despojados de toda vinculación o nexo con los deberes y obligaciones que su ejercicio comporta` lo que se traduce
en la existencia de límites. // De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, esos límites son intrínsecos cuando
‘emanan de la esencia finita del objeto jurídico protegido y de la misma condición del sujeto que no es absoluto’ y son
extrínsecos cuando ‘son impuestos por la ley como regulante de los derechos’.

El propio artículo 26 de la Carta señala, entre
otros aspectos, que ‘las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas
que impliquen un riesgo social’ y adicionalmente prevé que ‘la ley podrá exigir títulos de idoneidad’ y que ‘las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones’. Puesto que la ‘delimitación de cada uno de estos
componentes no se agota en la norma constitucional’, la Carta le reconoce al legislador un margen de configuración para
regular cada actividad». Corte Constitucional, sentencia c-398 de 2011.

9

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34. En el caso concreto de la medicina, se imponía la necesidad de que el legislador
regulara su ejercicio, con el fin de establecer el catálogo de derechos, deberes,
obligaciones y principios, para así garantizar que la conducta de los médicos se
ajuste a los estándares de la ética y al conjunto de principios, valores y derechos
que integran la parte axiológica de la Constitución Política15, y, en efecto, ello se
logró con la expedición de la Ley 23 de 1981 «Por la cual se dictan normas en
materia de ética Médica».

35. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia C-259 de 199516, al
hacer alusión a la exposición de motivos que dio origen a la citada ley, así como a
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se analizó la
constitucionalidad de algunas normas de la Ley 23 de 1981 (Corte Suprema de
Justicia, sentencia del 31 de marzo de 1982, Magistrado Ponente: Doctor Luis
Carlos Sáchica) destacó lo siguiente:

«La adopción de normas en materia de ética médica como mecanismo de
protección de la dignidad humana y de la sociedad, tuvo como fundamento
las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la Ley 23 de
1981, en uno de cuyos apartes se expresó:

"actualizar las normas que rigen en materia de Etica Médica, dado el avance de
los conocimientos que en el campo de la ciencia médica se ha presentado en
las últimas décadas con tan considerable rapidez y las necesidades de
salvaguardar en toda sociedad la dignidad y los fueros de la persona humana,
manteniendo las más sobresalientes virtudes que en su evolución milenaria ha
ostentado el ejercicio médico, adoptándolas (sic) a las cambiantes realidades
científicas y sociales."

[…]

La Corte Suprema de Justicia al adelantar el examen de constitucionalidad de
los artículos 74 a 82 materia de estudio, expresó lo siguiente en torno al mismo
tema, al declarar la exequibilidad de dichas disposiciones:

"Un régimen disciplinario, en estricto sentido, está integrado por los correctivos
jurídicos necesarios para obtener la continuidad y eficacia de un servicio y la
debida protección de los intereses de sus usuarios. Siendo obligación del
Estado salvaguardar la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas y
teniendo la consecuente autorización constitucional para inspeccionar y vigilar
las profesiones en orden a defender aquellos valores, no cabe plantear la duda
para establecer un régimen de control y disciplina como el de la Ley 23.
Debe afirmarse, así mismo, que un régimen disciplinario, por razón de su
finalidad, es una técnica de control administrativo distinta al ejercicio de
la función judicial y, por lo mismo, susceptible de ser atribuida a
funcionarios no judiciales y aun a particulares (...)

La enunciación de los principios éticos y las conductas censurables, el
establecimiento general de las sanciones y las reglas procedimentales para su
imposición, responden bien a las exigencias de un régimen disciplinario,
especialmente si se advierte que lo prescrito en el artículo 82 de la Ley 23, en
15
Corte Constitucional, Sentencia C- 762 de 2009, Juan Carlos Henao Pérez.
16
Corte Constitucional, Sentencia C- 259 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara.

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cuanto en lo no previsto en ella "se aplicarán las normas del Código de
Procedimiento Penal", deja a salvo las garantías contenidas en el artículo 26 de
la Constitución."»

36. Debe resaltarse, igualmente, que la referida Ley 23 de 1981 -en cuanto a su
estructura- está integrada por una parte dinámica y una parte estructural.

37. La parte dinámica introduce una «declaración de principios» definida como «el
fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre Ética Médica» y en ella
aparece relacionado un catálogo de postulados, deberes y obligaciones que operan
en las relaciones bilaterales del médico con los pacientes, los colegas, la sociedad
y el Estado.

38. El comportamiento ético en el ejercicio de la medicina exige directrices de
autorregulación destinadas a presidir la práctica médica, con el fin de que los
profesionales de la salud pongan al servicio de las personas sus conocimientos y
se prevengan acciones ajenas al bienestar de la comunidad y de sus pacientes, de
modo que el ejercicio de la profesión se ajuste a parámetros de rectitud, honestidad
e idoneidad.

39. Por lo anterior, resultaba indispensable la creación de un proceso ético
profesional y la conformación de un Tribunal de Ética Médica, con competencias
para sancionar las conductas de los profesionales de la medicina que atenten contra
la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas.

40. En cuanto a la parte estructural, la Ley 23 de 1981 reguló el ejercicio ético de
la medicina en Colombia, y estableció en el Título III los «órganos de control y
régimen disciplinario». Particularmente, en el Capítulo II, al desarrollar lo
concerniente al «proceso disciplinario ético-médico», precisó que dicha actuación
es de naturaleza pública y resulta autónoma respecto de otros procesos (artículo 73
ibidem17).

41. Frente a la naturaleza de la actividad que desarrollan los Tribunales de Ética
Médica, debe anotarse que esta se caracteriza porque los miembros pertenecientes
a dicho cuerpo colegiado ejercen una actividad administrativa de carácter
disciplinario y no judicial, en virtud de la habilitación legislativa. Además, sus
miembros no tienen la condición de servidores judiciales, sino la de particulares
investidos de una función administrativa de carácter disciplinario. En este orden de
ideas, los Tribunales no forman parte de la estructura de la Rama Judicial18. En

17
El artículo 63 de la Ley 23 de 1981 creó el Tribunal de Ética Médica, como cuerpo colegiado encargado de conocer los
procesos disciplinarios ético-profesionales contra los médicos en razón del ejercicio de la medicina en Colombia.
A su turno, el artículo 67 de la misma ley ordenó que en cada departamento se creara un Tribunal Seccional Ético –
Profesional17, cuyos miembros no son funcionarios públicos, sino particulares encargados de la función de adelantar los
procesos administrativos de carácter sancionatorio originados en el ejercicio de la medicina.
18
V. Corte Constitucional, sentencia C-620-08 y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil se ha referido en varias
oportunidades, concepto 201500036 del 5 de mayo de 2015 y 11001-03-06-000-2015-00176-00(C) del 4 de febrero de 2016.

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relación con este aspecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C- 620 de
200819 señaló lo siguiente:

«4.8. Las normas que se examinan no asignan funciones de carácter
jurisdiccional a los tribunales de ética médica, sino que les otorgan una función
de carácter administrativo-disciplinario, relacionada con la potestad de velar por
el ejercicio adecuado de la actividad médica, teniendo en cuenta la
responsabilidad y los riesgos que acarrea el ejercicio de la medicina para el
paciente y para la sociedad; por esta razón, el legislador ha establecido que
estos tribunales deberán estar integrados por profesionales con destacado
conocimiento y experiencia en la práctica médica.[6]

La atribución de control disciplinario asignada mediante las normas que
se examinan está orientada a garantizar que la actividad médica sea
ejercida atendiendo a criterios éticos útiles para censurar
comportamientos indeseables o reprochables descritos en la ley, en
beneficio de los pacientes, del personal subalterno y paramédico, de los
colegas médicos, de las entidades e instituciones vinculadas a la
prestación de los servicios médicos y, por ende, en favor del interés
general representado por la sociedad, en cuanto cada uno de sus
miembros está potencialmente expuesto a las contingencias propias de la
actividad regulada mediante la ley 23 de 1981.

Además, la potestad disciplinaria asignada mediante la citada Ley, contribuye a
la salvaguarda del buen nombre, del prestigio profesional y de la
responsabilidad de quienes ejercen la medicina, profesionales que, con
fundamento en las normas previstas en la Ley, conocen de antemano los
parámetros a partir de los cuales pueden ser pasibles de las acciones allí
establecidas». (se destaca).

42. Por último, cabe destacar que la Ley 23 de 1981 fue reglamentada por el
Decreto 3380 de 1981, normatividad que, a su vez, fue compilada en el Decreto 780
de 2016, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social», y, concretamente, en el capítulo 2, titulado «Ética en las
profesiones de salud».

IV.5. El procedimiento administrativo ético y la norma de remisión al Código
de Procedimiento Penal, hoy CPACA, en aquellos aspectos no contemplados
en la Ley 23 de 1981

IV.5.1. El procedimiento especial previsto en la Ley 23 de 1981

43. El procedimiento ético disciplinario se encuentra regulado en los Capítulos II y
III. El Capítulo II lleva por nombre «Del Proceso Disciplinario Ético Profesional»
(artículos 74 a 82) y el Capítulo III, se titula «De las Sanciones», particularmente,
los artículos 83 a 90. De la lectura detallada de las citadas disposiciones es posible
deducir que el procedimiento sancionatorio ético-médico está integrado por las
siguientes etapas:

19
Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2008, MP: Clara Inés Vargas Hernández.

12

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ETAPAS DEL DESCRIPCIÓN
PROCESO
El proceso ético-médico disciplinario adelantado por los
Etapa de iniciación Tribunales de Ética Médica puede iniciarse de oficio, o a solicitud
del proceso ético de una entidad pública o privada o de cualquier persona cuando
disciplinario exista, al menos, prueba sumaria del acto que se considere
contrario a la ética médica (artículo 74 de la Ley 23 de 1981).

Aceptada la denuncia, el Presidente del Tribunal debe designar
a uno de sus miembros pertenecientes a dicho cuerpo con el fin
de que adelante la etapa de instrucción del proceso disciplinario
el cual termina con el informe de conclusiones que deberá ser
presentado dentro de un término no superior a quince (15) días
Etapa de instrucción hábiles (artículo 75 de la Ley 23 de 1981); plazo que puede ser
prorrogado por un término que en ningún caso puede ser
superior a quince (15) días, por solicitud presentada del
instructor y dirigida al Tribunal «cuando la naturaleza del asunto
así lo exija». (artículo 78 ibidem).

Si en concepto del Presidente del Tribunal o del profesional
instructor, el contenido de la denuncia permite establecer la
presunción de violación de normas de carácter penal, civil o
administrativo, simultáneamente con la instrucción del proceso
disciplinario, los hechos se pondrán en conocimiento de la
autoridad competente (artículo 76 ibidem).

El informe de conclusiones elaborado por el instructor deberá
ser presentado al Tribunal en pleno, quien se ocupará de su
conocimiento dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la fecha de su presentación, pudiendo solicitar la ampliación del
informativo (artículo 79 ejusdem).

Estudiado y evaluado el informe de conclusiones, pueden surgir
dos decisiones: (i) archivo: si se llega a la conclusión de que no
existe mérito suficiente para formular cargos por violación de la
ética médica y, (ii) declarar que existe mérito para formular
cargos por violación de la ética médica, caso en el cual, por
escrito, se le hará saber así al profesional inculpado, señalando
claramente los actos que se le imputan y fijando fecha y hora
para que el Tribunal en pleno lo escuche en diligencia de
descargos (artículo 80 ibidem).

En el desarrollo de la actuación sancionatoria propiamente dicha
aparecen las siguientes decisiones: a) la formulación de cargos;
b) la presentación de descargos; c) decisión y, d) etapa de
recursos.

a) Formulación de cargos. El auto de formulación de cargos
Etapa de decisión deberá indicar los actos que se imputan y fijar fecha para la
celebración de la diligencia de descargos, el cual deberá ser
comunicado al médico inculpado (artículo 80 ibidem).

b) Etapa de diligencia de descargos. El médico podrá
presentar los descargos, diligencia que debe adelantarse, no
antes de los diez (10) días hábiles, ni después de veinte (20),
contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación en la

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cual se señalan los cargos, salvo en los casos de fuerza mayor,
(parágrafo del artículo 80 ibidem), pudiendo el tribunal solicitar
la ampliación del informativo, fijando para ello un término no
superior a quince días hábiles, o pronunciarse de fondo dentro
del mismo término, en sesión distinta a la realizada para
escuchar los descargos (artículo 81).

Practicada la diligencia de descargos, el Tribunal puede solicitar
la ampliación del informativo, fijando para ella un término no
superior a quince (15) días hábiles, o pronunciarse de fondo
dentro del mismo término, en sesión distinta a la realizada para
escuchar los descargos (parágrafo del artículo 81 ejusdem).

c) Decisión sancionatoria. El Tribunal puede imponer las
siguientes sanciones, entre las que figuran las siguientes: (i)
amonestación privada20; (ii) suspensión en el ejercicio de la
medicina hasta por seis meses y; (iii) suspensión en el ejercicio
de la medicina, hasta por cinco años (art. 83 ejusdem)21.

d) Recursos. La Ley 23 de 1981 precisó que en contra de las
sanciones consistentes en (i) amonestación privada procede
únicamente el recurso de reposición; (ii) la suspensión en el
ejercicio de la medicina es susceptible de los recursos de
reposición el cual deberá interponerse ante el Tribunal que la
impuso, o el de apelación, ante el Tribunal Nacional de Ética
Médica; (iii) en contra de la sanción consistente en suspensión
en el ejercicio de la medicina, hasta por cinco años, impuesta
por el Tribunal Nacional Ético Profesional, procede el recurso de
reposición el cual debe interponerse ante el mismo Tribunal, o
el subsidiario de apelación ante el Ministerio de Salud (arts. 87,
88 y 89).

Además, el artículo 90 de la Ley 23 de 1981 prescribe que: «Los
recursos de reposición y apelación que se interpongan en contra
de cualquiera de las providencias a que se refiere la presente
Ley estarán destinados a que aquellas se aclaren, modifiquen o
revoquen».

Norma de remisión La Ley 23 de 1981, incorporó una norma de remisión al Código
al Código Penal de Procedimiento Penal para regular «aquellos aspectos no
contemplados en la presente Ley» (artículo 82), en
concordancia con el artículo 47 del Decreto 3380 de 1981 al
señalar: «[e]n lo no previsto en la Ley 23 de 1981 y su
reglamento se aplicará las normas pertinentes del Código de
Procedimiento Penal».

20
La Corte Constitucional, mediante sentencia C- 620 de 2008, declaró exequible el artículo 87 de la Ley Ley 23 de 1981,
salvo la expresión «o censura», la cual es inexequible, al considerar que « la sanción de censura prevista en el estatuto ético
de los profesionales de la medicina también puede significar grave riesgo para el derecho al buen nombre y al honor de las
personas disciplinadas, las cuales, como ocurre con el estatuto ético de los odontólogos, cuentan con recursos judiciales que
permiten ejercer el control de legalidad sobre los actos de los Tribunales Seccionales, pero a través de procedimientos que
suelen dilatar el asunto en el tiempo, sin que éstos constituyan mecanismos eficaces e idóneos para la protección de los
derechos fundamentales del profesional sancionado disciplinariamente».
21
El Decreto 131 de 2010 adicionó el artículo 83 de la Ley 23 de 1981 y el artículo 79 de la Ley 35 de 1989. Este decreto fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-289 de 21 de abril de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

14

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IV.5.2. La norma de remisión al Código de Procedimiento Penal, hoy CPACA

44. Para llenar los vacíos en materia de procedimiento administrativo sancionador,
el artículo 82 de la citada Ley 23 de 1981, incluyó una disposición de reenvío legal
en virtud de la cual, «en lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las normas
pertinentes del Código de Procedimiento Penal»22. Igualmente, el Decreto 3380 de
1981 precisó que: i) «en lo no previsto en la Ley 23 de 1981 y su reglamento se
aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal» (art. 47); y ii)
son «aplicables al proceso disciplinario Ético-Profesional las normas del Código de
Procedimiento Penal sobre términos para interponer impedimentos y recusaciones»
(art. 57).

45. La Corte Constitucional, al estudiar la referida remisión a las normas del Código
de Procedimiento Penal introducidas en la Ley 23 de 1981, mediante Sentencia C-
259 de 199523, resolvió declarar la constitucionalidad del artículo 82 de la Ley 23 de
198124. Cabe destacar que el planteamiento formulado por el demandante en
aquella oportunidad se fincó en señalar que la integración de las normas de la Ley
23 de 1981, en lo no contemplado por la Ley 23 de 1981, contradecía el artículo 29
de la Constitución Política, toda vez que, a juicio del censor, se trataba de procesos
con claras diferencias a su vez fundados en principios de naturaleza disímil.

46. La Corte Constitucional reconoció que, si bien el proceso penal y proceso ético-
médico disciplinario tienen claras diferencias, lo cierto es que: «[…] la remisión que
hace el artículo 82 de la Ley 23 de 1981 a las normas del Código de Procedimiento
Penal, en nada quebranta el artículo 29 de la Constitución Política. Al contrario, este
precepto, así como los demandados, tienen desarrollo en debida forma, ya que
conducen a que toda actuación del Tribunal de Etica Médica esté sometida a la
observancia del debido proceso». En tal sentido, expresó lo siguiente:

«El análisis anteriormente efectuado, permite concluir que existen claras
diferencias entre el derecho penal y el disciplinario, cuya naturaleza y
competencia de carácter jurisdiccional es diferente, razón por la cual, como se
ha expresado, ellos no son incompatibles, según lo señaló esta Corporación, ya
que el juicio realizado en dos jurisdicciones distintas, implica una confrontación
con normas de categoría, contenido y alcance diferentes, y en tal sentido el juez
disciplinario debe examinar la conducta del inculpado con relación a las normas
de carácter ético médico como las consagradas en la Ley 23 de 1981, que
tienden a adoptar correctivos jurídicos para la mayor eficiencia de los servicios
médicos y la protección de los intereses de los usuarios, y para la salvaguardia
de la salubridad pública, mientras que el juez penal tutela el interés social, y el
civil y el administrativo, los derechos fundamentales de las personas para el
resarcimiento de los perjuicios que se puedan dar por la acción u omisión del
profesional médico».

22
La remisión al Código de Procedimiento Penal también se encuentra en las Leyes 35 de 1989 y 226 de 1996 modificada
por la Ley 911 de 2004, relativas al ejercicio de la odontología y de la enfermería, respectivamente.
23
Corte Constitucional, Sentencia C- 259 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara.
24
Además de demandó la constitucionalidad de los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley 23 de 1981 «Por la
cual se dictan normas en materia de ética médica».

15

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47. Así mismo, la Corte Constitucional estimó que la remisión que hace el artículo
82 de la Ley 23 de 1981 a las normas del Código de Procedimiento Penal, en nada
quebranta el artículo 29 de la Constitución Política. Al contrario, este precepto, tiene
desarrollo en debida forma, ya que toda actuación del Tribunal de Ética Médica está
sometida a la observancia del debido proceso, garantizando de esa manera los
derechos del profesional acusado dentro del proceso disciplinario allí consagrado,
con sujeción a las normas constitucionales.

48. A esta postura, se sumó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, emitido en el año 201625, en el que se agregó que no era posible
aplicar por remisión el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, pues este
estatuto general no derogó el artículo 82 de la ley 23 de 1981 ni el Código
Contencioso Administrativo -Decreto Ley 01 de 1984-, tal y como se desprende de
los siguientes apartes del referido concepto:

«La naturaleza administrativa del procedimiento ético médico, de una parte, y
la materia disciplinaria del mismo, de la otra, plantearían la posibilidad de
aplicación subsidiaria ya el Código Contencioso Administrativo ora de la ley 734
de 2002, en cuanto dicho proceso ético médico es una modalidad del derecho
administrativo disciplinario, que constituye una rama del derecho administrativo
26
. Sin embargo, tal apreciación no resulta correcta en atención a lo dispuesto
en el artículo 82 de la ley 21 de 1983 que dispone:

“Artículo 82. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las normas
pertinentes del Código de Procedimiento Penal.” 27 (Negrillas fuera de texto.)

En efecto, según los términos del artículo 1° del Código Contencioso
Administrativo, expedido con posterioridad al estatuto de ética médica, los
procedimientos administrativos especiales se rigen por la leyes especiales que
los contengan y, en lo no previsto en ellas, por las normas de la parte primera
del Código en mención que resulten compatibles, disposición que no tiene
aplicación al caso consultado, en tanto al proveer de forma expresa ley 21 de
1983 cuál es el estatuto aplicable en caso de vacíos de procedimiento, la
remisión expresa de su artículo 82 al código de procedimiento penal constituye
norma especial que no puede entenderse derogada por la norma general del
artículo 1° del C. C. A».

25
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de noviembre de 2016, rad. 2272-2309. M.P. Germán
Alberto Bula Escobar.
26
El art. 23 del C. D. U. establece que en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos
en él y en la Constitución Política, y que en lo no previsto de manera residual se acude, entre otros estatutos, a los Códigos
Penal y de Procedimiento Penal, siempre que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario. Este Código remite
a las normas del C. de P. Penal: art. 96, regula los requisitos formales de la actuación disciplinaria y prevé que cuando la
Procuraduría General de la Nación ejerza funciones de policía judicial se aplicará en cuanto no se oponga a las previsiones
de la ley; art. 130 dispone que determinados medios de prueba se practiquen conforme a las normas de dicho Código, en
cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario; art. 143, parág, «Los principios que orientan la
declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este
procedimiento.»; art. 195, «Integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios judiciales
prevalecerán los principios rectores de la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia, la ley estatutaria de la administración de justicia, las normas aquí contenidas y las consagradas
en el código penal y de procedimiento penal».
27
El decreto reglamentario 3380 de 1981, reglamentario de la ley 21, en el artículo 47 dispone: «En lo no previsto en la ley
23 de 1981 y su reglamento se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal». Este estatuto remite
al código en cita además para efectos de la recepción de testimonios por el profesional instructor y para aplicar los «términos
para interponer impedimentos y recusaciones» (arts. 38 y 57).

16

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49. La Sala debe poner en contexto las condiciones de modo en las que se surtió
el reenvió a la legislación penal. En efecto, el anterior Código Contencioso
Administrativo (D. 01/1984) -CCA- no previó un procedimiento administrativo
sancionatorio general, por lo que era frecuente la remisión a las normas previstas
en el Código de Procedimiento Penal ante la ausencia de vacíos en esta materia.

50. Ahora bien, con ocasión de la expedición del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 -CPACA- se
puso en consonancia la acción de las autoridades en ejercicio de la función
administrativa con los principios, valores y reglas de la Constitución de 1991. En
efecto, el artículo 1º precisó:

«Las normas de esta Parte Primera tienen como finalidad proteger y garantizar
los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses
generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos
del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el
funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia
de los deberes del Estado y de los particulares».

51. Por su parte, el artículo 2º28 definió el ámbito de aplicación del procedimiento
administrativo, y en tal sentido, dispuso: (i) la obligatoriedad de su observancia por
todas las autoridades estatales y por los particulares, siempre que actúen en
ejercicio de la función administrativa; (ii) las excepciones, a saber: (a) los
procedimientos militares y de policía que por referirse a situaciones de orden público
requieren decisiones de aplicación inmediata; y (b) el ejercicio de la facultad de libre
nombramiento y remoción, y (iii) la aplicación de las disposiciones del Código «en
lo no previsto» por los procedimientos regulados en leyes especiales.

52. El artículo 3º agregó que las autoridades destinatarias del CPACA, tienen el
deber de interpretar y aplicar, en sus actuaciones y procedimientos, «… los
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales». En efecto, este artículo enlistó los principios que
deben aplicarse en las actuaciones administrativas como son: el debido proceso, la
igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la
responsabilidad, la transparencia, la publicidad, la coordinación, la eficacia, la
economía y la celeridad.

53. Acto seguido, de manera expresa se dispuso lo siguiente:

28
Artículo 2°. «Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y
entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos
e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el
nombre de autoridades. / Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía
que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público
en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se
aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción. / Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los
procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo
no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código».

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«1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas
se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción. En materia administrativa
sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus
y non bis in ídem».

54. Estas primeras disposiciones del CPACA pusieron en evidencia el propósito del
legislador de regular un procedimiento administrativo general, el cual debían atender
todas las autoridades en ejercicio de función administrativa, salvo que se trate de
asuntos regulados por leyes especiales. Frente a ello, el legislador fue claro en
establecer que las lagunas, silencios o vacíos normativos de esas leyes especiales
debían ser llenados por el procedimiento general, en el entendido que se trate de
actuaciones propias de la función administrativa que se regulan por la primera parte
del CPACA.

55. Se encuentra, entonces, dentro de la Parte Primera, que lleva por título
«Procedimiento Administrativo», incorporado el Título III relacionado con el
«Procedimiento Administrativo General», que en sus Capítulos I y II contiene las
«Reglas Generales» y los «Mecanismos de Consulta Previa», respectivamente, y
en el Capítulo III se desarrolla el «Procedimiento Administrativo Sancionatorio».

56. De esta manera, es dable afirmar que con la nueva legislación procesal
administrativa, aquellos asuntos con déficit de programática normativa, tal y como
fue el objetivo de la Comisión Redactora del proyecto de reforma al Decreto 01 de
198429, se dispuso de manera clara que los procesos administrativos no regulados
por las leyes especiales o por el Código Disciplinario Único debían sujetarse a las
disposiciones incorporadas en la Primera Parte del Código, especialmente, a los
principios de la función administrativa y a las disposiciones del procedimiento
sancionatorio incorporadas en los artículos 47 a 52 del CPACA.

57. Igualmente, la nueva normatividad le dio un carácter supletorio a este
procedimiento frente a los vacíos que presentaran las leyes especiales con el fin de
garantizar el debido proceso y el principio de contradicción30. De modo que, a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la potestad sancionatoria en
ejercicio de la función administrativa adquirió autonomía respecto de la potestad
sancionatoria penal.

58. Desde esta lógica, puede afirmarse con claridad que, a partir de la entrada en
vigencia del CPACA, se produjo una tensión entre el artículo 82 de la Ley 23 de
1981, norma que incorporó una norma de reemisión o reenvío a las normas del
Código de Procedimiento Penal para llenar los vacíos previstos en esa ley, con el
CPACA, concretamente, el Capítulo III del CPACA, artículos 47 y siguientes de la

29
Cfr. Memorias de la Ley 1437 de 2011, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 2014, Volumen III, págs. 217-
218.
30
Jaime Orlando Santofimio, Compendio de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, 2017, páginas 468
y siguientes.

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Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

citada codificación encargados de regular un procedimiento administrativo
sancionatorio especial el cual debía ser aplicado «salvo lo dispuesto en las leyes
especiales», y estaría llamado a integrar las leyes especiales en los aspectos no
regulados por ellas

59. De la comparación entre las normas surgen dos posibilidades hermenéuticas.
La primera de ellas asociada a entender que con ocasión de la entrada en vigencia
del CPACA, operó la derogatoria tácita del artículo 82 de la Ley 23 de 1981.

60. En materia de derogatorias, la Corte Constitucional ha entendido que la
derogatoria puede ser «expresa», «tácita» u «orgánica». La primera, se presenta
cuando el legislador de manera manifiesta dispone las disposiciones que serán
retiradas del ordenamiento jurídico. La tácita se configura cuando dos normas
resultan incompatibles entre sí, sin que el legislador al expedir la nueva ley haya
dispuesto que deroga la ley anterior. Finalmente, la orgánica surge cuando la nueva
ley realiza una mejora considerable de la anterior, en la medida que responde mejor
a los ideales que de ella espera la sociedad. Al respecto, la Corte Constitucional en
sentencia C- 901 de 201131 en materia de derogatoria de las normas, plasmó las
siguientes consideraciones:

«[…]2.2.2. En la sentencia C-159 de 2004 examinó la constitucionalidad de los
artículos 7132 y 7233 del Código Civil, que contemplan la figura de la derogación
clasificándola en expresa y tácita34, como también se refirió al artículo 3º35 de la
Ley 153 de 1887 que establece la derogación orgánica.

Señaló que en la derogación expresa el legislador determina de manera precisa
el o los artículos que retira del ordenamiento, por lo que no se hace necesaria
ninguna interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión
desde el momento que así se establezca. La derogación orgánica refiere a
cuando la nueva ley regula integralmente la materia, que en términos de la Corte
Suprema de Justicia supone “que la nueva ley realiza una mejora en relación con
la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que,
por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicación de
la nueva ley; […] que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que
desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y
evidentemente arrasó con la ley nueva”36.
Por su parte, la derogación tácita obedece a un cambio de legislación, a la
existencia de una incompatibilidad entre la ley anterior y la nueva ley, lo
cual hace indispensable la interpretación de ambas leyes para establecer
la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total. Tiene como

31
Corte Constitucional, sentencia C-901 de 2011, MP: Jorge Iván Palacio Palacio.
32
(Cita es original): «La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice
expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con
las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial».
33
(Cita es original): «La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores aunque versen sobre la misma materia, todo
aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley».
34
(Cita es original): Disposiciones que fueron declaradas exequibles.
35
(Cita es original): «Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por
incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a
que la anterior disposición se refería».
36
(Cita es original): Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de marzo de 1984. Citada igualmente en la sentencia C-829 de
2001. La Corte Constitucional ha destacado que la derogación orgánica puede tener características de expresa y tácita,
atendiendo que el legislador puede explícitamente indicar que una regulación queda sin efectos o que corresponde al intérprete
deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva preceptiva (sentencia C-775 de 2010).

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efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender
su aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto
sigue amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones
ocurridas durante su vigencia […]37». (negrillas fuera del texto)

61. Una segunda posibilidad hermenéutica sugiere que el CPACA no derogó el
artículo 82 de la Ley 23 de 1981, norma que, conforme se ha señalado, incorpora
una norma de remisión al Código de Procedimiento Penal. Partiendo de esta
premisa, ambos contenidos normativos estarían vigentes dentro del ordenamiento
jurídico, por no resultar excluyentes entre sí, siendo aplicable así la remisión a las
normas del Código de Procedimiento Penal.

62. Ante la existencia de estas dos posibles interpretaciones admisibles, esta
Sección considera que la técnica de hermenéutica que resulta válida consiste en
entender que, a partir de la entrada en vigencia del CPACA – 2 de julio de 2012-,
operó la derogatoria tácita del artículo 82 de la Ley 23 de 1981. Con sustento en
tal premisa, el procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el CPACA es
el ordenamiento jurídico que resulta aplicable a las actuaciones de naturaleza
administrativa adelantado por las autoridades públicas como por los particulares
investidos de naturaleza administrativa.

63. Ratifica lo anterior el hecho consistente en que existe consenso jurisprudencial
en aceptar que, tanto el derecho penal como el derecho disciplinario, constituyen
una manifestación del poder punitivo del Estado, pero que existen marcadas
diferencias entre ambos ordenamientos «[…] en lo tocante a intereses que se busca
cumplir, así como en relación con los sujetos involucrados y los efectos jurídicos
que se producen38».

64. De esta manera se ha señalado que, mientras que «[…] con la potestad punitiva
penal además de cumplirse una función preventiva se protege “el orden social y
colectivo y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de
otros fines difusos) un retributivo abstracto expiatorio, eventualmente correctivo o
resocializador en la persona del delincuente”39, mientras que el derecho
administrativo sancionador persigue la defensa de los principios que irradian el
ejercicio de la función administrativa desarrollados en el artículo 209 de la
Constitución Política». Lo anterior justifica la gravedad en las sanciones, pues
mientras que en el derecho penal la privación de la libertad es la sanción por
excelencia, ciertamente en el derecho sancionador la sanción tipo es la multa40.

65. La Corte Constitucional, en sentencia C- 064 de 2021 así lo reconoció en los
siguientes términos:

38
Corte Constitucional, C- 064 de 2021, Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. En la citada sentencia se analizó la
constitucionalidad de la expresión «podrán» contenida en el artículo 77 de la Ley 23 de 1981 «Por la cual se dictan normas en
materia de ética médica».
39
Corte Constitucional, sentencia C-616 de 2002 M.P. José Manuel Cepeda Espinosa.
40
Corte Constitucional, sentencia C- 064 de 2021, MP: Cristina Pardo Schlesinger.

20

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«En efecto, la Corte en sus primeros pronunciamientos favoreció la tesis de
hacer extensibles las garantías del derecho penal al derecho disciplinario. No
obstante, con posterioridad, en las sentencias C-818 de 2005 y C-762 de 2009,
la Corporación precisó que el debido proceso se hace efectivo de manera
diferente en el derecho penal y en el disciplinario. Es más, indicó que puede no
existir coincidencia e, incluso, presentarse divergencias entre “etapas, términos,
exigencias funcionales y competenciales de ambos procesos”. Lo cierto es que
para la Corte cada uno de esos procedimientos exhibe sus propias
singularidades en lo tocante a intereses que se busca cumplir, así como en
relación con los sujetos involucrados y los efectos jurídicos que se producen.

En otras palabras, aun cuando la Corte ha advertido que el derecho penal y el
derecho disciplinario administrativo son expresiones del ius puniendi del Estado,
ha reconocido diferencias claras entre estos dos regímenes. Así, mientras el
primero tiene un carácter esencialmente retributivo –eventualmente correctivo
o resocializador– y recae sobre conductas de las que se desprende un alto
grado de afectación a bienes e intereses jurídicamente protegidos, por lo que
implica sanciones tan severas como la privación de la libertad, el segundo
busca, entretanto, garantizar primordialmente los principios constitucionales
que gobiernan la función pública y cumplir los cometidos estatales cuyo
desconocimiento da lugar a sanciones no tan severas, siendo la multa la
sanción prototípica del derecho disciplinario sancionatorio .

Pese al reconocimiento de estas diferencias, la Corte ha sido insistente en
precisar que existen unas exigencias de orden sustancial que deben ser
respetadas en el derecho disciplinario, estas son los principios de legalidad,
reserva de ley y tipicidad. […]»

66. La derogatoria tácita con ocasión de la entrada en vigencia del CPACA ha sido
evidenciada por esta Corporación, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
en concepto de 5 de noviembre de 201641, cuyas reflexiones más importantes se
comparten y se transcriben por ser de relevancia:

«En ese sentido, el procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el
CPACA se constituye en el ordenamiento jurídico aplicable a las actuaciones de
naturaleza administrativa adelantadas tanto por las autoridades públicas como
por los particulares investidos de funciones de esta naturaleza, porque, como
se dejó explicado, la parte primera del código en cita que incluye el
procedimiento en cuestión es la norma aplicable en ausencia de norma
especial.

En el punto estudiado, indudablemente los mandatos del CPACA tienen como
consecuencia jurídica la derogatoria tácita de las disposiciones que en las
distintas leyes sobre ejercicio de las profesiones, y por supuesto en la Ley 23
de 1981 - objeto concreto de la consulta-, remiten a las normas procesales
penales para llenar sus vacíos.

Recuérdese que, de acuerdo con el artículo 71 del Código Civil, la ley nueva
puede expresar que deroga la ley antigua – derogatoria expresa -, o puede
contener “disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior” –
derogatoria tácita.

Y que, en los términos del artículo 72 del mismo Código Civil:

41
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicaciones internas: 2272 – 2309 (Adición) Números Únicos:
11001-03-06-000-2015-00169-00 11001-03-06-000-2016-00136-00, MP: Germán Bula Escobar.

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“La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre
la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva
ley.”

Aplicados los conceptos al caso consultado, se configura la derogatoria tácita
de las remisiones al procedimiento penal para resolver carencias de los
procedimientos de naturaleza administrativa y sancionatoria administrativa,
dadas las diferencias en la naturaleza y fines que terminaron configurando la
autonomía de la potestad sancionatoria de las autoridades públicas en ejercicio
de la función administrativa.

Es preciso hacer una mención del concepto emitido por esta Sala, de fecha 5
de diciembre de 2006 -radicación 1756-, que analiza la consulta, porque en él
se afirmó la vigencia de la remisión al Código de Procedimiento Penal ordenada
en el artículo 82 de la Ley 23 de 1981.

Para la época aún regía el Código Contencioso Administrativo41 que, como se
explicó en el citado concepto, regulaba un procedimiento general para las
actuaciones de las autoridades administrativas, respecto del cual la Ley 734 de
2002 -Código Disciplinario Único-, por la cual se consultaba, era una norma
especial no aplicable en razón de sus propias especificidades.

El CPACA configura un contexto normativo esencialmente diferente que, si bien
también excluye la aplicación de la Ley 734 para resolver los vacíos de leyes
como la Ley 23 de 1981, no admite la continuidad de la remisión a las normas
de procedimiento penal, porque dicho Código contiene las normas de
naturaleza administrativa sancionatoria que han de aplicarse para tal efecto
según se explicó.

Finalmente debe señalarse que el CPACA dispuso las reglas para su entrada
en vigencia, en los siguientes términos:

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará
a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en
vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

En consecuencia, tratándose de la derogatoria tácita del artículo 82 de la
Ley 23 de 1981, por la entrada en vigencia del CPACA, es preciso dar
aplicación al régimen de transición y vigencia dispuesto en este código
respecto de los procesos de competencia de los tribunales de ética
médica nacional y seccionales, es decir que serán aplicables las
disposiciones del Código de Procedimiento Penal respecto de las
actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012. Para las iniciadas
después, la aplicación de la Ley 23 de 1981 se completará con el
procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el CPACA»42.
(negrillas y subrayado fuera del texto)

42
Ibid.

22

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IV.6. Análisis del caso concreto y de los cargos de nulidad

IV.6.1 Análisis del primer cargo de nulidad. La violación al principio de
igualdad

67. La Sala pasará a pronunciarse sobre el reproche de nulidad por violación del
principio a la igualdad- primer supuesto-.

68. A juicio del demandante, existe un tratamiento desigual e injustificado entre el
quejoso que es víctima directa del proceso ético disciplinario, de un lado, y el médico
acusado del proceso ético-médico disciplinario, de otro, pues el primero- el quejoso
que es víctima directa del proceso ético-médico disciplinario- no es considerado
sujeto procesal y, por lo tanto, no tiene reconocida la posibilidad de recurrir la
providencia mediante la cual se decide que no existe mérito para formular cargos ni
aquella que absuelve al médico, mientras que el médico acusado o sancionado sí
tiene reconocida la facultad para impugnar tales decisiones.

69. Para resolver el referido cuestionamiento se debe señalar que, conforme se lee
de la demanda, el libelista dirige su acusación en contra de la siguiente expresión
contenida en el artículo 40 del Decreto Reglamentario 3330 de 1981, en la parte
pertinente que señala:

«[e]l inculpado podrá solicitar al instructor las pruebas que considere
convenientes, las que se practicarán siempre y cuando sean conducentes
dentro de la investigación». (se destaca).

70. En igual sentido, el actor dirige su demanda en contra de la siguiente expresión
destacada contenida en el artículo 46 del Decreto Reglamentario 3380 de 1981, en
el aparte destacado:

«[l]a notificación del pronunciamiento de fondo se hará personalmente al
profesional acusado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de cada una de estas decisiones, pasado este término se notificará por medio
de edicto». (se destaca).

71.Además, el actor solicita a esta jurisdicción que emita una sentencia
condicionada de las citadas disposiciones normativas:

«[…] en el entendido que el quejoso no víctima de la infracción disciplinaria ético
médico, tiene derecho a ser notificado de las providencias de fondo que dicte el
Tribunal de Ética Médica y con derecho a recurrir la decisión del mismo de
no formular cargos contra el médico investigado como también la
absolución al médico que fue inicialmente acusado tanto en primera como
en segunda instancia.

Se decrete la nulidad condicionada de las normas demandadas con relación al
quejoso víctima o perjudicado de la infracción disciplinaria ético médica,
en el entendido que este debe ser considerado sujeto procesal en calidad
de víctima o perjudicado, con las mismas facultades del médico

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investigado o acusado o en su defecto con las facultades de ser notificado de
las decisiones de fondo que profiera el Tribunal de ética Médica como también
de recurrir la decisión del Tribunal de Ética Médica de no formular cargos
contra el médico investigado como la absolución al médico que fue
inicialmente acusado tanto en primera como en segunda instancia […]».

72.Para ello, esta Sala, como punto de partida, procederá a identificar el contexto
normativo en el que se ubican las disposiciones acusadas.

73. En este sentido, el artículo 40 del Decreto Reglamentario 3380 de 1981 se sitúa
dentro de la etapa de investigación del procedimiento ético-profesional, y dentro de
dicha fase se reconoce la facultad del inculpado a poder solicitar al instructor las
pruebas que considere convenientes, con el fin de hacer valer sus derechos.

74. Por su parte, el artículo 46 del Decreto 3380 de 1981 se ubica en la etapa del
juzgamiento propiamente dicha, y en tal precepto se señala que «La notificación del
pronunciamiento de fondo se hará personalmente al profesional acusado dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cada una de estas decisiones,
pasado este término se notificará por medio de edicto».

75. Del análisis de los preceptos demandados no se desprende el alcance del
contenido normativo que pretende derivar el accionante en el libelo introductorio, en
tanto que los apartes acusados, en realidad, no se refieren a que el quejoso o
víctima o perjudicado pueda o no recurrir la decisión de declarar que no existe mérito
para formular cargos y tampoco aquella providencia que absuelve al médico.43

76. En este sentido, el actor tenía el deber de examinar el contenido de las normas
acusadas con el fin de poder identificar, si, en efecto, su contenido guardaba
relación directa con los reparos de inconformidad en que fundó sus pretensiones
motivo por el cual, a juicio de la Sala, la demanda no desarrolla en debida forma el
cargo de violación al principio de igualdad, en el primer supuesto, puesto que la
pretendida diferencia de trato de los preceptos acusados no guarda ninguna relación
con el contenido normativo que echa de menos el actor.

43
Corte Constitucional, C-319 de 2013. «[…] La potestad de configuración normativa del legislador en materia de
procedimientos en el régimen disciplinario y los límites constitucionales para su ejercicio
6. La jurisprudencia constitucional ha sido constante en afirmar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 150,
numerales 1º y 2º, que consagra la llamada cláusula general de competencia, que el Congreso tiene un amplio margen de
configuración normativa para la determinación de los procesos judiciales y los procedimientos administrativos, pues en el
diseño propio de los estados democráticos al legislador no solo le corresponde hacer la ley, expresión de la voluntad popular
dirigida a regular las conductas humanas como instrumento de convivencia civilizada y pacífica, sino también el diseño de
reglas procedimentales que deben cumplirse ante los jueces y los demás funcionarios competentes para la defensa de las
libertades y los derechos ciudadanos o para la mediación estatal en situaciones de conflicto . […] En desarrollo de esa
potestad, el legislador puede fijar nuevos procesos y procedimientos, determinar la naturaleza de las actuaciones judiciales,
eliminar etapas procesales, requerir la intervención estatal o particular en el curso de las actuaciones judiciales, imponer
cargas procesales o establecer plazos para el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia. De tal manera
que, por regla general, la determinación de los sujetos procesales y de los momentos en que estos pueden intervenir
en los procesos judiciales y los procedimientos administrativos hace parte de la libertad de configuración normativa
del legislador que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual evalúa la conveniencia y
oportunidad de los mecanismos o instrumentos procesales para hacer efectivos los derechos, las libertades
ciudadanas y las garantías públicas respecto de ellos ».

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77. Asimismo, el demandante pretende establecer comparaciones con otros
ordenamientos jurídicos como ocurre con la Ley 734 de 2002 (ver segundo y tercer
supuesto de violación al principio de igualdad de los antecedentes de la demanda)
para lo cual resulta pertinente recordar que el análisis del control de legalidad de las
disposiciones demandadas no puede hacerse extensivo ni confrontarse con la Ley
734 de 2002, por cuanto dicha norma no se encontraba vigente al momento en que
se expidió el acto acusado parcialmente.

78. En gracia de discusión, debe reconocerse que, tal y como lo afirmó el
demandante, es cierto que, mediante la sentencia C-014 de 200444, la Corte
Constitucional concluyó que, si bien la regla general indicaba que en el derecho
disciplinario no existían víctimas por cuanto las faltas remitían a infracciones de
deberes funcionales y no a lesiones de derechos, excepcionalmente hay víctimas
de una falta disciplinaria «cuando de la infracción del deber que la constituye surge,
de manera inescindible y directa, la violación del derecho internacional de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario».

79. De esta manera infirió que era claro que la calidad de víctimas de tales faltas
las habilitaba «para intervenir no sólo como interesados en la defensa del
ordenamiento jurídico, sino como personas portadoras de un interés legítimo y
directo en las resultas del proceso disciplinario», esto es, no como simples
terceros, sino como sujetos procesales con todas las facultades reconocidas a
éstos, pues su intervención se orientaba al reconocimiento de los derechos que
como víctimas tenían frente al esclarecimiento y conocimiento de la verdad 45.

80. Al respecto, se considera oportuno recordar que el Código Disciplinario Único
se ocupa de la acción disciplinaria de los servidores públicos y de los particulares
en el ejercicio de las funciones públicas, lo que se traduce en que no es posible
establecer punto de comparación entre dichos ordenamientos jurídicos pues «[…]
el derecho disciplinario de los médicos refleja el poder sancionador de una actividad
indudablemente privada que, a la luz de lo dispuesto por la Ley 23 de 1981, tiene
también una finalidad pública, lo que, en todo caso, no convierte a los médicos en
funcionarios públicos, acorde con lo dispuesto en el artículo 73 del mencionado
estatuto46».

IV.6.2. Segundo cargo de nulidad. Violación del debido proceso -artículos 29,
209 y 229 de la Constitución Política-.

81. De otro lado, el actor entiende que el Gobierno nacional, titular de la potestad
reglamentaria, incurrió en una omisión de tipo reglamentario, pues, a su juicio, tanto
el quejoso, como la víctima de la infracción de las normas de ética médica deberían
44
Corte Constitucional, sentencia C- 014 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño.
45
La Corte Constitucional aclaró que las víctimas no podían pretender “el reconocimiento del derecho a la reparación pues
esta pretensión no está ligada directamente a la infracción del deber funcional que vincula al sujeto disciplinable con el Estado,
sino que está vinculada con el daño causado al bien jurídico de que aquellas son titulares. Y bien se sabe que la protección
de tales bienes jurídicos y la reparación del daño a ellos causado es inherente a la jurisdicción y escapa a la órbita del derecho
disciplinario”.
46
Corte Constitucional, sentencia C- 064 de 2021, MP: Cristina Pardo Schlesinger.

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tener reconocida la facultad para solicitar las pruebas ante el instructor, e
igualmente, deben ser notificados de la decisión sancionatoria.

82. En esta medida, a juicio del libelista y conforme se desprende de la lectura de
la demanda, el actor alega que los preceptos demandados no incorporan los
siguientes contenidos normativos: (i) reconocer al quejoso, sea víctima o no, así
como a la víctima la facultad de solicitar pruebas en la etapa de instrucción, y (ii)
reconocer al quejoso, y a la víctima, el derecho a ser notificados del
pronunciamiento de fondo que se adopte en el procedimiento ético- médico
adelantado por los tribunales de ética.

83. Para resolver el referido cuestionamiento, cabe señalar que, en sentencia C-
029 de 2021, la Corte Constitucional señaló que el debido proceso comprende las
siguientes garantías:«[…] el derecho a ser oído durante toda la actuación; (ii) la
notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que el procedimiento se surta
sin dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación
desde su inicio hasta su culminación; (v) que el procedimiento se adelante por
autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico; (vi) la presunción de inocencia, (vii) el ejercicio del derecho
de defensa y contradicción, (viii) la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir
pruebas, y (ix) el derecho a impugnar las decisiones y promover la nulidad de
aquellas obtenidas con violación del debido proceso47».

84. Por su parte, y ahondando en un mayor análisis de la citada sentencia, el alto
tribunal constitucional precisó que el principio de publicidad se traduce en:

«[…] el deber de dar a conocer sus actuaciones (i) a las partes y a los terceros
interesados, con el fin de garantizar los derechos de contradicción y
defensa; y (ii) a la comunidad en general, como garantía de transparencia,
participación ciudadana48 e imparcialidad del fallador49. El alcance de este
mandato varía según el tipo de actuación administrativa de la que se trate50.
Esta Corporación ha sostenido que este principio forma parte del núcleo
esencial del derecho al debido proceso y ha destacado su relevancia en el
proceso disciplinario51. Bajo ese entendido, su importancia radica en que “(…)
sólo de esta manera el acusado puede conocer oportunamente los cargos que
se le imputan y los hechos en que éstos se basan”52. Además, se ha señalado
que «las notificaciones constituyen un mecanismo procesal que habilita el
ejercicio del derecho de defensa, entendidas como el acto material de
comunicación, que permite poner en conocimiento de las partes o de terceros
interesados las decisiones proferidas dentro del trámite administrativo. Estas
herramientas aseguran el “(…) derecho a ser informado de las actuaciones (…)
administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una

47
(Cita es original): Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
48
(Cita es original): Sentencias C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo; y C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
49
(Cita es original): Sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
50
(Cita es original): Sentencia C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
51
(Cita es original): Sentencia C-102 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
52
(Cita es original): Sentencias T-391 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-301 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.

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situación jurídica o a la imposición de una sanción”53. De igual manera,
garantizan el principio de publicidad y previenen la posibilidad de afectar a
alguna persona con una decisión sin que haya sido oída o sin que haya tenido
la oportunidad de intervenir en el procedimiento para su adopción54. Con todo,
en el marco de los procesos disciplinarios, la Corte ha afirmado que la
notificación no puede entenderse como “(…) un acto de contenido meramente
formal, sino que se surte con independencia de las decisiones que se adopten
al interior del asunto”»[98].

85. Precisado lo anterior, esta Sala considera pertinente efectuar un cotejo entre el
Decreto 3380 de 1981 y la Ley 23 de 1981, norma que sirvió de fundamento para
su expedición, en el siguiente sentido:

Ley 23 de 1981. Del proceso disciplinario ético- Decreto 3380 de 1981 (artículos 40
profesional (artículos 74-90) y 46)
«ARTÍCULO 74. El proceso disciplinario ético-profesional «ARTÍCULO 40. El inculpado podrá
será instaurado. a) De oficio, cuando por conocimiento solicitar al instructor las pruebas
cualesquiera de los miembros del Tribunal se consideren que considere convenientes, las
violadas las normas de la presente ley. b) Por solicitud de que se practicarán siempre y cuando
una entidad pública o privada o de cualquier persona. sean conducentes dentro de la
En todo caso deberá presentarse por lo menos, una investigación.
prueba sumaria del acto que se considere reñido con la
Ética Médica. ARTÍCULO 46. La notificación del
ARTÍCULO 75. Una vez aceptada la denuncia, el pronunciamiento de fondo se hará
Presidente del Tribunal designará a uno de sus miembros personalmente al profesional
para que se instruya el proceso disciplinario y presente sus acusado dentro de los cinco (5) días
conclusiones dentro de un término no superior a quince hábiles siguientes a la fecha de cada
días hábiles. una de estas decisiones, pasado este
ARTÍCULO 76. Si en concepto del Presidente del Tribunal término se notificará por medio de
o del profesional instructor, el contenido de la denuncia edicto».
permite establecer la presunción de violación de normas
de carácter penal, civil o administrativo, simultáneamente
con la instrucción del proceso disciplinario, los hechos se
pondrán en conocimiento de la autoridad competente.

ARTÍCULO 77. En todos los casos en que el profesional
instructor o el profesional acusado lo consideren
indispensable o conveniente, podrán asesorarse de
abogados titulados55.

ARTÍCULO 78. Cuando la naturaleza del asunto así lo
exija, el instructor podrá solicitar al Tribunal la ampliación
del término señalado para presentar el informe de
conclusiones. En tales casos la prórroga que se conceda
no podrá exceder de quince días hábiles.

ARTÍCULO 79. Presentado el informe de conclusiones, el
Tribunal en pleno se ocupará de su conocimiento dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
presentación, y podrá, si lo considera conveniente, solicitar
la ampliación del informativo señalando término para los
efectos, el cual en ningún caso podrá ser superior a quince
días.

53
Corte Constitucional, Sentencias C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo; y C-1114 de 2003, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
54
Corte Constitucional, sentencia C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
55
Norma declarada constitucional por la Corte Constitucional, mediante sentencia C- 064 de 2021, MP: Cristina Pardo
Schlesinger.
.

27

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ARTÍCULO 80. Estudiado y evaluado por el Tribunal el
informe de conclusiones se tomará cualquiera de las
siguientes decisiones. a) Declarar que no existe mérito
para formular cargos por violación de la ética médica
en contra del profesional acusado; b) Declarar que
existe mérito para formular cargos por violación de la
ética médica, caso en el cual, por escrito, se le hará
saber así al profesional inculpado, señalando
claramente los actos que se le imputan y fijando fecha
y hora para que el Tribunal en pleno lo escuche en
diligencia de descargos.

PARÁGRAFO. La diligencia de descargos no podrá
adelantarse, antes de los diez días hábiles, ni después de
los veinte, contados a partir de la fecha de recibo de la
comunicación en la cual se señalan los cargos, salvo en
los casos de fuerza mayor.

ARTÍCULO 81. Practicada la diligencia de descargos, el
Tribunal podrá solicitar la ampliación del informativo,
fijando para ella un término no superior a quince días
hábiles, o pronunciarse de fondo dentro del mismo término,
en sesión distinta a la realizada para escuchar los
descargos.

PARÁGRAFO. En los casos de ampliación del informativo
como consecuencia de la diligencia de descargos, la
decisión de fondo podrá tomarse dentro de los quince días
hábiles siguientes al plazo concedido para la práctica de
dicha diligencia.

ARTÍCULO 82. En lo no previsto en la presente Ley, se
aplicarán las normas pertinentes del Código de
Procedimiento Penal.

Artículo 83. A juicio del Tribunal Ético Profesional, contra
las faltas a la ética médica, de acuerdo con su gravedad o
con la reincidencia en ellas, proceden las siguientes
sanciones: a) Amonestación privada; b) Censura 56, que
podrá ser: 1. Escrita pero privada. 2. Escrita y pública. 3.
Verbal y pública. c) Suspensión en el ejercicio de la
medicina, hasta por seis meses; d) Suspensión en el
ejercicio de la medicina, hasta por cinco años. e)
Sanciones pecuniarias. Cuando el profesional se aparte
sin justificación aceptable de una recomendación incluida
en un estándar adoptado por su respectiva profesión y con
ello ocasione un daño económico al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, incurrirá en una falta que será
sancionada con una multa entre 10 y 50 SMMLV (…).

ARTÍCULO 84. El Tribunal Seccional Ético Profesional es
competente para aplicar las sanciones a que se refieren
los literales a), b) y c) del artículo 84 de la presente Ley.
Cuando a su juicio, haya mérito para aplicar la suspensión
de que trata el literal d) del artículo 83. Dará traslado,

56
La Corte Constitucional, en sentencia C-620 de 2008, precisó: «5.7. Por lo expuesto, la Sala declarará exequible el aparte
demandado del artículo 87 de la Ley 23 de 1981, salvo la expresión o censura”, la cual es inexequible, y dispondrá que el
trámite de apelación pueda surtirse ante el Tribunal Nacional de Ética Médica, en los términos previstos en el artículo 88 de
la misma Ley, cuando se impone la sanción de suspensión. El texto de esta norma es el siguiente: Artículo 88. La sanción
consistente en la suspensión en el ejercicio de la medicina es susceptible del recurso de reposición para ante el Tribunal que
la impuso, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o del de apelación para ante el Tribunal
Nacional de Ética Médica dentro del mismo término».

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dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del
pronunciamiento de fondo al Tribunal Nacional para que se
decida.

ARTÍCULO 85. Cuando la sanción consistente en la
suspensión de que trata el literal d) del artículo 83 sea
enviada por el Tribunal Seccional al Nacional para que
decida, y este último considere que no hay lugar a su
aplicación, devolverá al primero el informativo con el
pronunciamiento en que fundamentó su decisión a fin de
que éste proceda a tomar la determinación de su
competencia.

ARTÍCULO 86. De cada una de las sesiones del Tribunal
se dejará por parte de la Secretaría, constancia en actas
que se incorporarán al informativo y que serán suscritas
por el Presidente del Tribunal, el Secretario y el declarante,
si fuere el caso.

ARTÍCULO 87. En contra de las sanciones consistentes en
amonestación privada o censura, únicamente es
procedente el recurso de reposición ante el respectivo
Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha de su notificación. Aparte tachado declarado
INEXEQUIBLE, subrayado EXEQUIBLE, por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-620-08 de 25 de junio
de 2008.

ARTÍCULO 88. La sanción consistente en la suspensión
en el ejercicio de la medicina es susceptible del recurso
de reposición para ante el Tribunal que la impuso, dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
notificación, o del de apelación para ante el Tribunal
Nacional de Ética Médica dentro del mismo término.

ARTÍCULO 89. La sanción consistente en la suspensión
de que trata el literal d) del artículo 83, sólo podrá ser
impuesta por el Tribunal Nacional Ético Profesional y en su
contra son procedentes los recursos de reposición
para ante el mismo Tribunal, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la fecha de modificación de la sanción,
o el subsidiario de apelación para ante el Ministerio de
Salud, dentro del mismo término.

ARTÍCULO 90. Los recursos de reposición y apelación que
se interpongan en contra de cualquiera de las providencias
a que se refiere la presente Ley estarán destinados a que
aquellas se aclaren, modifiquen o revoquen».

86. Del cotejo comparativo anterior se desprende que el legislador del año 1981 no
identificó -en la Ley 23- de manera clara los sujetos procesales dentro del proceso
ético-médico disciplinario y tampoco las eventuales facultades del quejoso y de la
víctima o perjudicado, a diferencia de lo que ocurre con otras disciplinas.

87. Sobre el particular, se debe señalar que, en nuestro ordenamiento jurídico y en
vigencia de la Constitución Política de 1991, el legislador, haciendo uso de la
facultad de configuración normativa se ha ocupado de identificar los sujetos
procesales y las facultades reconocidas a cada uno de los mismos.

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88. A modo de ejemplo, se encuentran que los artículos 89 y 90 del Código
Disciplinario Único57 señalan que: «Podrán intervenir en la actuación disciplinaria,
cómo sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando
la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en
el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174
de la Constitución Política». Por su parte, el Código de Procedimiento Penal define
como sujetos procesales a: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público,
el sindicado, el defensor, la parte civil, el tercero incidental, y el tercero civilmente
responsable58.

89. Ahora bien, no es menos cierto que, el mismo legislador del año 1981 incorporó
una norma de reenvío a las normas del Código de Procedimiento Penal, con el fin
de llenar los vacíos de regulación en procura de lograr su cabal aplicación y, en esa
medida, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional «[…] las eventuales
omisiones en que hubiera podido incurrir el legislador no pueden examinarse con
exclusiva referencia a la Ley 23 de 198159».

90. En este orden de ideas, debe señalarse que, a la fecha, y con ocasión de la
expedición de la Ley 1437 de 2011, CPACA- cuya entrada en vigencia se produjo
el día 2 de julio de 2012- resulta aplicable el procedimiento administrativo
sancionador regulado en esta nueva codificación, tal y como quedó analizado con
anterioridad, criterio a su vez avalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.

91. En efecto, el procedimiento administrativo sancionador aparece regulado en los
artículos 47 y siguientes del CPACA60, y de su análisis, es posible colegir que este
se caracteriza por lo siguiente:

57
«ARTÍCULO 89. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, cómo
sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior
o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la
Constitución Política. En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la
Procuraduría General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal».
«ARTÍCULO 90. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podrán: 1. Solicitar, aportar y controvertir
pruebas e intervenir en la practica de las mismas. 2. Interponer los recursos de ley. 3. Presentar las solicitudes que consideren
necesarias para garantizar la legalidad de la actuacion disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y 4. Obtener
copias de la actuacion, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado. Nota: (Texto subrayado
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158 de 2003, en el entendido que las víctimas o
perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos por la ley.)
58
Corte Constitucional, sentencia C- 1291 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
59
Corte Constitucional, sentencia C- 1020 de 2012, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
60
«ARTÍCULO 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter
sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta
Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona.
Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un
procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso,
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o
medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta
decisión no procede recurso. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas
de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.
[…]» «ARTÍCULO 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta
(30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta
de sesenta (60) días. Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los

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(i) Tiene un carácter subsidiario ante la ausencia de una ley especial que
regule la materia.

(ii) Tiene un carácter supletorio ante la ausencia de los vacíos de los
procedimientos especiales.

(iii) Las actuaciones sancionatorias pueden iniciarse de oficio o por solicitud
de cualquier persona.

(iv) El desarrollo de la actuación sancionatoria comprende la etapa de
instrucción y de juzgamiento.

(v) El pliego de cargos debe señalar, con precisión y claridad, los hechos que
lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación,
las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas
que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado
personalmente

(vi) Contra el pliego de cargos no procede recurso alguno.

(vii) Notificado el pliego de cargos, el investigado puede hacer uso del derecho
de contradicción, para lo cual puede presentar los descargos y solicitar o
aportar las pruebas que pretenda hacer valer.

(viii) Los artículos 48 y 49 del CPACA regulan el período probatorio, el traslado
al investigado y el contenido de la decisión.

(ix) El acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo de
carácter sancionatorio debe contener: a) la individualización de la persona
natural o jurídica a sancionar; b) el análisis de hechos y pruebas con base
en los cuales se impone la sanción; c) las normas infringidas con los
hechos probados y, d) la decisión final de archivo o sanción y la
correspondiente fundamentación.

(x) Para la imposición de la sanción, la administración deberá tener en cuenta
una serie de criterios para determinar la gravedad de las faltas y el rigor
de las sanciones administrativas (artículo 50 ibidem).

alegatos respectivos. […]» «ARTÍCULO 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto
administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos. El acto administrativo que
ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener: 1. La individualización de la persona
natural ó jurídica a sancionar. 2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. 3. Las normas
infringidas con los hechos probados. 4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. […]»
«ARTÍCULO 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor
de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren
aplicables: 1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 2. Beneficio económico obtenido por el infractor
para sí o a favor de un tercero. 3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 4. Resistencia, negativa u obstrucción a la
acción investigadora o de supervisión. 5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar
la infracción u ocultar sus efectos. 6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas legales pertinentes. 7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la
autoridad competente 8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas».

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(xi) Finalmente, el artículo 52 del CPACA consagra una regulación especial
en materia de caducidad de la facultad sancionatoria61.

92. Retomando lo expuesto con anterioridad, el artículo 47 del CPACA fue claro en
señalar que el procedimiento administrativo sancionatorio debía sujetarse a las
disposiciones de la parte primera de la citada codificación.
93. Especialmente, cobra relevancia especial la sujeción a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad, incorporados en la parte primera de la citada codificación.

94. Lo anterior significa que, en aquellos eventos en los cuales las normas
especiales que consagran el procedimiento administrativo sancionador resulten
insuficientes, es posible acudir al procedimiento administrativo general consagrado
en el mismo cuerpo normativo. Al efecto, el artículo 38 del CPACA, en materia de
intervención de terceros señala:

«ARTÍCULO 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en
las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y
responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en
calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se
adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que
contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma.

2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados
con la actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando
la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios.

3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.

PARÁGRAFO. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo
16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar en la actuación y se
allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La
autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra esta decisión no
procederá recurso alguno».

95. De la lectura de la citada disposición normativa, se encuentra que el legislador
previó que los terceros interesados pueden intervenir en las actuaciones
administrativas «con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes
son parte interesada» y, como terceros figuran aquellos que (i) «hayan promovido
la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten
afectados con la conducta por la cual se adelanta la investigación, o estén en
capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la
misma»; (ii) «Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados

61
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00392-00, número interno: 2159, MP:
Álvaro Namén Vargas.

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con la actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando la
decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios» y, (iii) «cuando la
actuación haya sido iniciada en interés general».

96. Así las cosas, en desarrollo de los principios de participación, publicidad y el
debido proceso desarrollados íntegramente en el artículo 3° del CPACA es dable
concluir que los terceros interesados pueden intervenir en el desarrollo de la
actuación administrativa, con iguales derechos, deberes y responsabilidades de
quienes son parte interesada y, en esta medida, gozan de las prerrogativas de
solicitar pruebas y controvertir las allegadas. También se les debe notificar la
decisión sancionatoria e incluso, tienen el derecho a recurrir.

97. De acuerdo con lo anterior, esta Sala considera que, si bien el legislador del año
1981 no determinó de manera clara y explícita los sujetos procesales y las
facultades reconocidas a ellos, lo cierto es que las omisiones que acusa el
demandante deben analizarse a partir de la remisión normativa que hace la misma
Ley 23 de 1981 al Código de Procedimiento Penal, y hoy al CPACA, norma vigente
que permite que toda la actuación adelantada por los tribunales de ética médica
esté sometida a la observancia del debido proceso.

98. Así lo reconoció la Corte Constitucional, en sentencia C- 1020 de 201262 y con
ocasión de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de los artículos
80 (parcial) y 90 de la Ley 23 de 1981, oportunidad en la cual el Alto Tribunal de
amparo si bien se declaró inhibido para entrar a analizar la constitucionalidad de las
citadas normas por ineptitud sustantiva de la demanda, indicó lo que a continuación
se cita in extenso por su importancia para la resolución de la controversia que nos
ocupa:

«En este sentido cabe destacar que ya la Corte ha señalado que con la remisión
a la cual se acaba de hacer referencia “queda plenamente asegurada la
observancia ‘de la plenitud de las formas propias’ del respectivo proceso
disciplinario” y que, aun cuando hay claras diferencias entre el proceso penal y
el disciplinario, el juez de este último proceso “debe examinar la conducta del
inculpado con relación a las normas de carácter ético médico como las
consagradas en la Ley 23 de 1981”, por lo que los artículos de la citada ley
“tienen desarrollo en debida forma”, ya que la remisión permite que “toda
actuación del Tribunal de Etica Médica esté sometida a la observancia del
debido proceso”63.

Así las cosas, las eventuales omisiones en que hubiera podido incurrir el
legislador no pueden examinarse con exclusiva referencia a la Ley 23 de 1981
y al margen de la comentada remisión, siendo de anotar que, de conformidad
con la sentencia citada, ni siquiera el médico acusado encuentra establecidas
la plenitud de garantías procesales en la citada ley, razón por la cual la Corte
indicó que la aplicación del Código de Procedimiento Penal, en lo pertinente,
contribuye a garantizar “los derechos del profesional acusado dentro del

62
Corte Constitucional, sentencia C- 1020 de 2012, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
63
Corte Constitucional, sentencia C-259 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara.

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proceso disciplinario allí consagrado, con sujeción a las normas
constitucionales”64.

Lo anterior cuestiona el presupuesto del que parte el demandante para
sustentar sus acusaciones, presupuesto que consiste en que la Ley 23 de 1981
le habría otorgado al médico derechos o facultades que definitivamente no le
habrían sido reconocidos al quejoso no víctima, ni al perjudicado con la
actuación del profesional de la medicina.

Con base en jurisprudencia constitucional que ha sido traída a colación, ya se
ha precisado que, a diferencia de lo argumentado por el demandante, no todas
las garantías procesales que podrían corresponderle al médico están
contempladas en la Ley 23 de 1981 y que los alegatos acerca de la eventual
configuración de omisiones legislativas no pueden plantearse al margen
del procedimiento penal al cual remite la mencionada ley. No es cierto,
entonces, que con la sola consideración de la Ley 23 de 1981 quepa
afirmar que únicamente el médico tiene calidades y facultades y que el
quejoso, víctima o no, carece definitivamente de ellas, con lo cual resulta
afectado el término de comparación ofrecido por el libelista.

Fuera de lo precedente, en lugar de derivar la pretendida diferencia de trato de
lo que vendría exigido constitucionalmente, el demandante suele establecer
comparaciones entre la Ley 23 de 1981 y otras regulaciones de carácter legal
para sostener, por ejemplo, que así como la Ley 734 de 2002 considera sujetos
procesales a las víctimas de las faltas disciplinarias, del mismo modo tendrían
que ser consideradas las víctimas en el proceso disciplinario ético médico, con
lo cual la pauta de comparación deja de ser el médico que, supuestamente,
sería el único en tener esa calidad y el cotejo pasa a establecerse entre la
víctima en el proceso disciplinario común y la víctima en el proceso disciplinario
ético médico, lo que implica una comparación de diferentes textos legales.

Una comparación de esa índole también la establece el actor al tomar como
punto de referencia el tratamiento de sujeto procesal que en el procedimiento
penal se le confiere a la parte civil y al puntualizar que de la misma manera
como las víctimas son tenidas en cuenta en el proceso penal deberían ser
consideradas en el proceso disciplinario ético médico, con lo que se propone un
cotejo entre ordenamientos legales y entre las víctimas en uno y otro proceso,
descartándose, una vez más, al médico como referente de la comparación e
ignorándose el alcance que las disposiciones del procedimiento penal
podrían tener en el proceso disciplinario ético médico, repercusiones
susceptibles incluso de satisfacer los aspectos que, según el actor, faltan
en la Ley 23 de 1981.[…]».

En el presente caso resulta necesario emitir una sentencia condicionada
99. En nuestro ordenamiento jurídico, valga resaltarlo, se encuentra reconocida la
posibilidad de emitir sentencias de carácter interpretativo o condicionadas, en
aquellos eventos en los cuales «[…] si la disposición legal admite varias
interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella,
entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o
sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada
se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos
constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como

64
Ibídem.

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una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones
normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por
lo cual ellas son retiradas del ordenamiento65».

100. Las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional, en sede de control
abstracto de constitucionalidad resultan extensibles cuando la jurisdicción de lo
contencioso ejerce el control de legalidad en sede de nulidad como, en efecto,
ocurre en el presente caso, motivo por el cual la Sala considera que en el presente
caso resulta pertinente emitir una sentencia interpretativa.

101. De acuerdo con lo anterior, esta Sala considera que el correcto entendimiento
que debe dársele a las normas acusadas debe partir de considerar que, a partir de
la remisión que trae la Ley 23 de 1981 y el Decreto 3380 de 1981 a las normas del
Código de Procedimiento Penal, hoy CPACA, el procedimiento ético-médico debe
sujetarse a las reglas previstas en la citada codificación. Dichas normas, según se
analizó con anterioridad, habilitan la intervención de terceros en el procedimiento
administrativo sancionador, siempre que se reúnan las condiciones previstas en el
artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.

102. En consecuencia, esta Sección considera que los apartes demandados
contenidos en los artículos 40 y 46 del Decreto 3380 del 30 de noviembre de 1981,
deben ser interpretados bajo el entendido de que el denunciante o quejoso y la
víctima del proceso ético-médico disciplinario: (i) deben tener reconocida la facultad
de solicitar pruebas en la etapa de instrucción, y (ii) deben ser notificados del
pronunciamiento de fondo que se adopte en el proceso ético-médico disciplinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la legalidad de los artículos 40 y 46 del Decreto 3380 del
30 de noviembre de 1981 «Por la cual se reglamenta la Ley 23 de 1981», bajo el
entendido de que en virtud de la remisión a las normas del Código de Procedimiento
Penal, hoy CPACA, el denunciante o quejoso y la víctima del proceso ético-médico
disciplinario, como terceros interesados, deben tener reconocida la facultad de (i)
solicitar pruebas en la etapa de instrucción y, además (ii) ser notificados del
pronunciamiento de fondo que se adopte en el proceso ético-médico disciplinario.

SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente sentencia, por Secretaría archivar
el expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

65
Corte Constitucional, sentencia C- 334 de 2010, Juan Carlos Henao Pérez.

35

Radicación: 11001-03-24-000-2012-00170-00
Demandante: Manuel José Medina Mendoza
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sección Primera del Consejo
de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI, En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPCA. P(5)

36

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