Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00213-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00213-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2012-00213-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tercero: PM GROUP S.P.A.
Tesis: Es nulo el acto administrativo que deniega el registro de
un signo, si se basó en una prueba en idioma distinto al
castellano que fue aportada sin traducción simple con la
cual se pretendía acreditar la existencia de una marca
protegida en el extranjero.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad
Transnevada Limitada en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (CCA), en contra de la Resolución 1621 del 25
de enero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a
través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó
el registro del signo «PM GROUP S.P.A.» (mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad Transnevada Limitada a través de apoderado, presentó
demanda en la que formuló las siguientes:
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
1.1. Pretensiones
“PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en
la resolución No. 1621 del 25 de enero de 2012, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente
administrativo No. 10-74582, mediante la cual se revoca la decisión
contenida en la resolución No. 24804 de mayo 10 de 2011 proferida por la
Dirección de signos Distintivos, que concedió el registro de la marca PM
GROUP S.P.A (MIXTA) para distinguir “servicios de reparación, instalación y
mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o
brazos hidráulicos”, servicios comprendidos en la clase 37 a favor de la
sociedad TRANSNEVADA LIMITADA; se declara fundada la oposición
presentada por la compañía PM GROUP S.P.A. y se niega el registro de la
marca mixta PM GROUP S.P.A. solicitada por la sociedad TRANSNEVADA
LIMITADA y por la cual actuó, para distinguir “servicios reparación,
instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de
elevación o brazos hidráulicos”, servicios comprendidos en la clase 37 de la
clasificación internacional de Niza que se aplica a las marcas de productos y
servicios (novena edición).
SEGUNDO: Que se confirme la decisión contenida en la Resolución No.
24804 de mayo 10 de 2011 mediante la cual la Dirección de Signos
distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada
la oposición presentada por la sociedad PM GROUP S.PA. y concedió el
registro de la marca PM GROUP S.P.A. (MIXTA) para distinguir “servicios de
reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con
sistemas de elevación o brazos hidráulicos”», servicios comprendidos en la
clase 37 de la clasificación internacional de Niza que se aplica a las marcas
de productos y servicios (novena edición) a favor de la sociedad
TRANSNEVADA LIMITADA.
TERCERO: Que con fundamento en dichas declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, solicito al Honorable Consejo de Estado que
en sentencia se ordene a la Superintendencia de Industria y comercio –
Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca PM GROUP
S.P.A. (MIXTA) para distinguir “servicios de reparación, instalación y
mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o
brazos hidráulicos”», servicios comprendidos en la clase 37 de la
clasificación internacional de Niza que se aplica a las marcas de productos y
servicios (novena edición) a favor de la sociedad TRANSNEVADA LIMITADA.
CUARTO: Comunicar la sentencia a la Dirección de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su cargo conforme al
artículo 176 de C.C.A.
QUINTO: Expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de
la Propiedad Industrial”.
1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
1.2.1. La sociedad Transnevada Limitada solicitó el registro del signo «PM
GROUP S.P.A» (mixta), para distinguir “servicios de reparación, instalación
y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o
brazos hidráulicos” comprendidos en la clase 37 de la Clasificación
Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente núm. 10-
74582 y fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 619 del 19
de agosto de 2010.
1.2.2. La sociedad PM GROUP S.P.A, por intermedio del abogado Mauricio
Jaramillo C., formuló oposición al registro del signo «PM GROUP S.P.A» con
fundamento en el artículo 135, literal i) y 136 literal d) de la Decisión 486
de 2000. Argumentó ser la propietaria y usuaria a nivel mundial de dicho
signo distintivo y que la demandante ha sido distribuidora de sus productos
en Colombia, por lo que afirmó que esta pretendía aprovecharse
indebidamente del signo y que su registro podría confundir al consumidor
sobre la procedencia geográfica de los servicios a distinguir, ya que la sigla
‘S.P.A’ alude a que se trata de una sociedad italiana.
1.2.3. Mediante Resolución 24804 del 10 de mayo de 2011, la Directora de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró
infundada la oposición y concedió el registro como marca mixta de «PM
GROUP S.P.A» a favor de la sociedad Transnevada Limitada, para distinguir
los servicios solicitados pertenecientes a la clase 37 internacional.
1.2.4. El abogado de la sociedad opositora interpuso los recursos de
reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
Con los recursos, PM GROUP S.P.A. anexó 44 facturas con la finalidad de
demostrar la relación comercial que sostuvo con Transnevada Limitada. El
primero fue resuelto a través de la Resolución 40232 del 28 de julio de 2011,
por la cual la Dirección de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión
contenida en la Resolución 24804 del 10 de mayo de 2011.
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
1.2.5. Finalmente, mediante Resolución 1621 de 25 de enero de 2012, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso
de apelación, revocó la Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011 y, en su
lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP
S.P.A. y negó el registro como marca mixta del signo «PM GROUP S.P.A»,
acto con el cual quedó agotada la vía gubernativa.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad
demandada vulneró las siguientes normas: los artículos 65 inciso primero y
260 del Código de Procedimiento Civil (CPC); los artículos 8 y 9 de la
Resolución 2001 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores; y los
artículos 136 literal d) y 146, en sus incisos 1 y 2 de la Decisión 486 del
2000.
Como razones de la alegada vulneración señaló:
1.3.1. Violación del artículo 65, inciso primero, del Código de
Procedimiento Civil
Destacó que la citada norma señala que los poderes especiales para varios
procesos solo podrán conferirse por escritura pública. En ese orden, reprochó
que el poder que aportó el abogado Mauricio Jaramillo C. para actuar en
nombre de la sociedad PM GROUP S.P.A. no cumplía con la solemnidad de
escritura pública, de manera que dicho documento no podía considerarse
válido para demostrar su legitimidad como representante del opositor en la
actuación administrativa. Al respecto, explicó que el poder allegado a la
actuación señala literalmente que los apoderados designados están
“facultados para actuar o intervenir en toda clase de procesos, es decir, de
manera plural, por tanto debió conferirse por escritura pública”1.
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Folio 39 del expediente.
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
Así, afirmó que los actos acusados violaron la disposición señalada por falta
de aplicación, toda vez que en realidad el opositor carecía de legitimación en
la causa por activa ya que el documento que aportó como poder no fue
debidamente otorgado, al corresponder a un documento privado.
1.3.2. Violación del artículo 260 del Código de Procedimiento civil,
así como de los artículos 8 y 9 de la Resolución 2201 de 1997,
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
Explicó que, según dichas normas, los documentos extendidos en idioma
distinto al castellano deben ser aportados con traducción oficial e íntegra
para que puedan apreciarse como pruebas.
Dijo que, sin embargo, en el proceso administrativo que dio lugar a los actos
acusados, con la finalidad de demostrar la configuración de la causal de
irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 136 de la Decisión
486 de 2000, la sociedad PM GROUP S.P.A., opositora, aportó tanto el poder
conferido al abogado que la representaría, como las copias de las facturas y
del registro de la marca comunitaria “PM” a su nombre, en inglés e italiano,
sin la referida traducción. Y, pese a lo anterior, la SIC les reconoció plena
validez a tales documentos y adoptó la decisión administrativa con
fundamento en ellos.
1.3.3. Violación del artículo 136, literal d), de la Decisión 486 de
2000
Adujo que, para que opere la causal de irregistrabilidad señalada en esa
norma, es necesario que quien la alegue demuestre conjuntamente (i) la
titularidad de la marca en un país miembro o en el extranjero, (ii) la
identidad o semejanza entre los signos, y (iii) que el solicitante sea o haya
sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por
el titular de dicho signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
Alegó que, en este caso, el opositor no demostró la titularidad de la marca
controvertida, ya que el único documento aportado como prueba de ello,
valga recordar, el registro de la marca comunitaria “PM” a su nombre, no
puede ser tenido en cuenta por ser “improcedente, impertinente e
inconducente”, por no contar con la traducción al castellano y por tratarse
de la simple impresión de una página de internet, que de ninguna manera
cumple con las formalidades previstas en el artículo 259 del C.P.C., pues
carece de autenticación del cónsul o agente diplomático competente.
Así mismo, destacó que el tercer requisito establecido en el artículo 136,
literal d), de la Decisión 486 de 2000 consiste en la autorización expresa del
titular del signo protegido al representante o distribuidor para adquirir dicha
calidad. Empero, en este caso la sociedad PM GROUP S.P.A., como opositora,
tampoco aportó contrato ni documento alguno que demostrara el vínculo o
la relación comercial que existió con Transnevada Limitada
Al respecto, puso de presente que, aunque se aportaron 10 impresiones de
correos electrónicos, estas tampoco podían ser tenidas en cuenta por la
Superintendencia, comoquiera que no es posible corroborar que hubieran
sido conservadas en el formato en el que fueron generados, como lo exige
el artículo 12 de la Ley 527 de 1999.
1.3.4. Violación del artículo 146, incisos 1 y 2, de la Decisión 486 de
2000
Señaló que estas disposiciones determinan que la única oportunidad
procesal que tiene el opositor para presentar pruebas es en el momento en
el que radica la oposición, o dentro del plazo adicional de 30 días que le
conceda la oficina nacional competente.
En este caso, sin embargo, PM GROUP S.P.A., al interponer el recurso de
apelación contra de la primera decisión, allegó varias pruebas,
particularmente las facturas con las que buscó acreditar la existencia de la
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
relación comercial con Transnevada Limitada. Tales documentos eran
desconocidos en el proceso administrativo y, al tenerlos en cuenta, la SIC
aplicó indebidamente el artículo 56 del CCA, que autoriza que se aporten
pruebas al interponer los recursos, desconociendo la disposición
comunitaria, que es de aplicación prevalente. Además, al fundamentar en
estos el acto definitivo, le vulneró a la demandante los derechos de defensa
y contradicción.
II. TRÁMITE DEL PROCESO
2.1. Mediante auto de 30 de noviembre de 2012, corregido a través de
providencia de 24 de abril de 2013, el entonces magistrado sustanciador
admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a
la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara
y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a
la sociedad PM GROUP S.P.A. y al Ministerio Público.
2.2. Pese haber sido debidamente notificados, ninguno de los sujetos antes
mencionados presentó contestación de la demanda2.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3.1. Mediante auto de 24 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para que, en el término de diez días, presentaran sus
alegatos de conclusión.
3.2. Conforme consta en el oficio secretarial que obra a folio 180 del
expediente, ninguna de las partes se pronunció en esta etapa procesal.
IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
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A folio 52 obra la notificación personal surtida al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
ante esta Sección. Del mismo modo, a folios 68 y 69 obra la noticiación personal de la sociedad PM GROUP
S.P.A. realizada por el Vicecónsul de Colombia en Milán en cumplimiento del exhorto librado. Finalmente, a
folio 151 del expediente obra la notificación por aviso surtida a la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación
prejudicial núm. 373-IP-20153, en la que se expusieron los antecedentes del
proceso, incluyendo los hechos y argumentos de la demanda.
A juicio de dicha Corporación, para el asunto resulta pertinente la
interpretación de los artículos 136 literal d) y 146 párrafos 1 y 2 de la
Decisión 486 de 2000, conforme fue solicitada. Tras realizar una
interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló
las siguientes conclusiones:
“PRIMERO: Por el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, el
mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los
Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este
marco, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario
andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al
igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las
normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario
Andino.
En el presente caso, corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios
que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en
consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las
demás normas nacionales.
SEGUNDO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del
artículo 136 de la Decisión 486 establece que denegará el registro de un
signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o
una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en
el País Miembro o en el extranjero.
La Sala Consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si
la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el
literal d) del artículo 136.
TERCERO: De conformidad con los artículos 146 de la Decisión 486, quien
se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a
dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los (30) días siguientes a su
publicación, la norma comunitaria al usar el término “oposición
fundamentada” se está refiriendo una oposición que contenga todas las
pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la
presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el
artículo 146 en su segundo parágrafo concede a la parte interesada la
posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar
las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su
oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional
Competente.”
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Folios 172 a 177 del expediente.
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del CCA y en el artículo
13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
5.2. Los actos acusados y su fundamento
Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución 1621 de 25 de
enero de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial revocó la Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011,
declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP S.P.A.
y negó el registro como marca mixta de «PM GROUP S.P.A.» solicitada
por la sociedad Transnevada Limitada para identificar servicios
comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
Revisado el acto administrativo acusado, se advierte que los fundamentos
de la decisión adoptada corresponden a los siguientes:
“1.2. Concepto
La función principal de los signos distintivos, es identificar los productos
o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de
igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Es
por ello, que los signos deben ser lo suficientemente distintivos y no
deben ser engañosos, confundiendo de ese modo al consumidor acerca
de aspectos que sugieran la calidad, composición, procedencia o aptitud
para el empleo de los productos o servicios que se pretendan amparar.
Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente
del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las
características del producto o servicio distinguido, siendo entonces
necesario proceder a la protección del interés general del público
consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos
marcarios.
Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso
relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir,
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Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o
servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera
algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor.
Es decir, se pretende que el consumidor confié (sic) en que la
información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a
error o engaño sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para
el empleo de los productos o servicios que va a consumir.
2. Examen de registrabilidad
El signo solicitado en registro como marca es el siguiente:
PM GROUP S.P.A.
La marca pretende identificar en el mercado "servicios de reparación,
instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de
elevación o brazos hidráulicos", productos comprendidos en la clase 37
Internacional.
Aduce el apoderado de la sociedad opositora que el signo solicitado en
registro es engañoso en cuanto a la procedencia de los servicios a
identificar, como quiera que las siglas S.P.A. se refieren a un tipo
societario en Europa y el cual, no se emplea en Colombia.
Al respecto es pertinente indicar, que el signo solicitado PM GROUP
S.P.A. es asumido por el consumidor como un signo complejo,
conformado por las iniciales PM, por la palabra evocativa de grupo
"GROUP" y por la sigla S.P.A., la cual en momento alguno es asumido
por el consumidor medio colombiano como un tipo societario de un país
en particular, sino simplemente como una sigla o una combinación
caprichosa y particular de letras.
Por lo anterior, resulta evidente que el signo solicitado en registro no
induce al consumidor a error respecto de la procedencia de los servicios
a distinguir, por lo cual, el signo solicitado en registro no está
comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo
135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3. Irregistrabilidad por vínculo anterior
3.1. Norma
El artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
establece que no pueden ser registrados signos como marca, cuyo uso
en el comercio afectara de manera indebida un derecho de un tercero
cuando "Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un
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representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.”
3.2. Concepto
Para la aplicación de la causal transcrita es requisito sine qua non que
se presenten los siguientes supuestos:
a) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo protegido en
el país Miembro o en el extranjero.
b) Que de permitir el registro solicitado se genere riesgo de confusión y,
El articulo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
establece que no pueden ser registrados signos como marca, cuyo uso
en el comercio afectara de manera indebida un derecho de un tercero
cuando "Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el país Miembro o en el extranjero."
a) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo protegido en
el país Miembro o en el extranjero.
c) Que el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o
una persona expresamente autorizada por el titular de dicho signo
protegido en el país Miembro o en el extranjero.
La causal de irregistrabilidad en estudio nace principalmente para evitar
el aprovechamiento, a título personal, que intentan obtener
indebidamente los representantes o distribuidores en razón a los
contratos que suscriben con sociedades extranjeras, materializándose,
en muchos casos, en la obtención de una marca a escondidas del titular
de la misma en otro país con el cual se mantiene o se mantenía una
relación comercial
(…)
3.5. Caso concreto
A efectos de dar aplicación a la causal alegada por la sociedad opositora
y aquí recurrente, este Despacho debe verificar que se configuren los
siguientes supuestos: i) Vínculo previo entre el solicitante y el opositor
Demostrar ii) la titularidad de la marca en un país miembro o en el
extranjero, iii) Identidad o semejanza entre los signos.
A efecto de probar los supuestos anteriormente señalados la sociedad
opositora PM Group S.P.A aportó los siguientes documentos:
• Cadena de correos electrónicos que dan cuenta de comunicaciones
entre las sociedades Transnevada Ltda. y PM Group S.P.A, en uno de
los cuales la (sic) productos fabricados por PM Group S.P.A y dan
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cuenta de las relaciones comerciales sostenidas entre el año 2006 y
el 2009.
• Copia de cuarenta y cuatro (44) facturas expedidas por la sociedad
PM Group S.P.A, a la sociedad Transnevada Ltda., durante el periodo
comprendido entre el 08 de mayo de 2003 y el 09 de diciembre de
2008.
• Copia de reporte de la Oficina de Marcas y Diseños de la Unión
Europea en la que consta el registro de la marca comunitaria PM a
nombre de la sociedad PM Group S.P.A.
i) Vinculación anterior
Encuentra esta Delegatura que los correos electrónicos allegados al
expediente aunados a las facturas aportadas con el recurso de
reposición, dan cuenta de que en efecto la sociedad solicitante
Transnevada Ltda., sostuvo relaciones comerciales con la sociedad PM
Group S.P.A, al haber comprado, distribuido y vendido grúas y sus repuestos
a la sociedad opositora, desde al menos el año 2003 hasta el año 2009.
En efecto, el material probatorio existente permite constatar la existencia
de una sociedad de origen extranjero, cuyas actividades se desarrollan en
Italia, actuando como exportadora de grúas y sus repuestos, como dan
cuenta los correos electrónicos, el certificado de existencia y representación
de la sociedad opositora y las facturas expedidas a la sociedad por la
opositora a la sociedad Transnevada Ltda.
Por lo tanto, se encuentra probado el primer de los supuestos exigidos por
la norma andina.
ii) Titularidad de la marca en el país miembro o en el extranjero
De otro lado, la sociedad opositora logró probar que cuenta con el registro
de la marca comunitaria PM (mixta), con certificado de registro No. 271283,
emitido por la OAMI, para identificar productos comprendidos en las clases
7 y 12, vigente hasta el 22 de septiembre de 2016, tratándose de una marca
que goza de protección en el extranjero.
iii) Identidad o semejanza entre los signos
Observa este Despacho que el signo solicitado en registro reproduce a la
marca PM, constituyendo precisamente, la combinación caprichosa de las
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letras PM y su prepresentación (sic) gráfica los elementos predominantes en
el signo solicitado en registro.
Ahora bien, en lo que corresponde a los productos que la marca registrada
PM ampara, frente a los servicios solicitados por el signo objeto de estudio
PM GROUP S.P.A, la Delegatura debe hacer claridad de que, pese a que los
signos no están ubicados dentro de la misma clase del nomenclador
internacional, el artículo 136 literal d) indica que "dadas las circunstancias
su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación", permitiendo
establecer si entre los mismos existe relación competitiva, lo cual ocurre en
el presente caso, como quiera que los servicios que pretende identificar el
signo solicitado en registro, esto es: "servicios de reparación, instalación y
mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o
brazos hidráulicos, comprendidos en la clase 37 internacional, tienen por
objeto la reparación, instalación y mantenimiento de los productos
identificados por la marca comunitaria, como son las "Grúas (aparatos de
elevación); cabrias; polipastos; montacargas; aparatos de elevación",
productos incluidos en la clase 7ª Internacional, compartiendo por lo tanto
los mismos canales de comercialización y publicitad (sic).
Por lo anterior, la Delegatura considera que la marca objeto de la solicitud
resulta irregistrable puesto que con ella se puede causar un perjuicio al
titular del signo distintivo en la Comunidad Europea y en últimas, afectar al
consumidor, motivos por los cuales la solicitud objeto de estudio está
comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136
literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina, siendo
necesario entrar a revocar el acto recurrido”. (Resaltados de la Sala).
5.3. Objeto de la controversia
Corresponde a la Sala examinar si es nulo el acto que deniega el registro
de un signo tras concluir, de acuerdo con las pruebas aportadas por el
opositor, que el signo solicitado se encontraba incurso en causal de
irregistrabilidad, si dicho opositor en el trámite administrativo: (i) actuó
por intermedio de un apoderado que no contaba con poder especial sino
con uno general que no fue otorgado mediante escritura pública; (ii) no
aportó algunas de las pruebas con la oposición ni dentro del plazo de 30
días adicional que puede otorgar la Administración, sino con los recursos
que interpuso contra la decisión inicial; (iii) presentó el referido poder y
las pruebas que sustentaban sus argumentos en idioma extranjero, sin
traducción oficial; (iv) como prueba de la titularidad de la marca aportó
la impresión mecánica de una página de internet sin autenticación del
cónsul o agente diplomático competente y (v) aportó reproducciones
mecánicas de correos electrónicos, que no permiten corroborar que
hubieran sido conservadas en el formato en el que fueron generadas.
13
Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
5.4. El análisis de fondo del asunto
5.4.1. De la legitimación del apoderado de la sociedad opositora
para intervenir en el procedimiento administrativo
En el asunto bajo examen, la sociedad PM GROUP S.P.A. presentó
oposición en la actuación administrativa adelantada bajo el expediente
número 10-074582, actuando por intermedio del abogado Mauricio
Jaramillo C. Para el efecto, el referido profesional invocó el poder obrante
en el expediente administrativo núm. 10-109800. Por su parte, la SIC
señaló, desde la Resolución 24804 de 28 de julio de 2011, que tales
actuaciones habían sido presentadas con el lleno de los requisitos
legalmente establecidos y por tal razón se pronunció sobre los
fundamentos jurídicos de la oposición.
En criterio de la demandante, con dicha actuación la SIC desconoció las
reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil (artículo 65 y 260)
y la Resolución 2201 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores
(artículos 8 y 9) sobre la validez de los poderes y los documentos
extendidos en idioma distinto al castellano por dos razones: la primera,
porque el poder invocado por el abogado Mauricio Jaramillo C. era un
poder general que no fue otorgado mediante escritura pública como
correspondía; y la segunda, porque el documento no contaba con
traducción oficial.
Ahora bien, obra en el expediente copia del documento mediante el cual
Luici Fucili, director general de PM GROUP S.P.A., confiere poder al
abogado Mauricio Jaramillo Campuzano y otros dos profesionales, en los
siguientes términos:
“[…] para que en obedecimiento a lo dispuesto por el parágrafo 1º del
artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás
como suplentes, actúen en su orden, como mis (nuestros) representantes
en todos los asuntos de propiedad industrial con la facultad para recibir
14
Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
notificaciones y nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales. […]
Además, confiero (conferimos) poder a los abogados para obtener la
protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia
desleal, a cuyo efecto autorizo(amos) a los dichos apoderados para que me
(os) representen ante cualquiera entidades o personas que ejerzan o no
jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso-
administrativo y judicial […]”5. (Subrayas de la Sala).
El citado documento fue aportado en idioma italiano, junto con su
traducción simple al idioma español, y en él consta la certificación de la
cual se entiende haber sido autenticado ante notario inscrito en el colegio
notarial de Módena, Italia, quien manifestó dar fe de la existencia de la
compañía, su domicilio y de que quien otorgó el poder contaba con las
facultades para ello.
Conforme lo anterior, la Sala destaca, en primer lugar, que el poder
analizado fue conferido en los términos del parágrafo 1º del artículo 543
del Código de Comercio, que señala:
“ARTÍCULO 543. <CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE>. La
solicitud de patente deberá presentarse a la Oficina de Propiedad Industrial
y contendrá:
[…]
PARÁGRAFO 1o. En caso de que el solicitante resida fuera del país
designará un representante en Bogotá con facultades de recibir
notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. Asimismo
indicará la dirección de dicho representante.
[…]”.
En ese orden, es claro que la atribución conferida por el director general
de PM GROUP S.P.A. al abogado Jaramillo Campuzano en realidad
consistió en la designación del profesional como el representante en
Colombia de dicha sociedad para los asuntos relativos a la propiedad
industrial. Así las cosas, el documento analizado tiene un alcance superior
al que tendría un acto de apoderamiento para el ejercicio de la
representación de la sociedad al interior de un proceso judicial.
5
Página 10 del anexo núm. 3.
15
Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
De igual manera, la Sala considera que el poder aportado por el tercero
con interés al momento de presentar la oposición al registro marcario se
encontraba acorde con lo establecido en el literal c) del artículo 167 del
Decreto 19 de 20126, el cual establece que los poderes aportados en los
trámites administrativos relacionados con propiedad industrial podrán
otorgarse mediante documento privado y referirse a todas las solicitudes
y/o registros existentes o futuros que involucren al poderdante.
Por ende, las reglas señaladas en el artículo 65 del CPC, conforme las
cuales “los poderes generales para toda clase de procesos […] sólo podrán
conferirse por escritura pública”, no resultan pertinentes en el análisis
sobre la validez del documento que respaldó la intervención de la sociedad
PM GROUP S.P.A. en el trámite administrativo que concluyó con la
resolución demandada, toda vez que aquellas regulan lo relativo a actos
de apoderamiento en el escenario de procesos judiciales.
Aunado a lo anterior, debe destacarse que, contrario a lo afirmado por la
demandante, la designación efectuada por el director general de PM
GROUP S.P.A. corresponde a un mandato especial en los términos del
artículo 2156 del Código Civil7, en tanto las facultades atribuidas se
circunscriben a las actuaciones relativas a “los asuntos de propiedad
industrial”.
Ahora, en segundo lugar, la Sala advierte que le asiste razón a la parte
demandante en tanto en el expediente no consta la traducción elaborada
por traductor o intérprete oficial reconocido por el Ministerio de Relaciones
6
““Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública. (…) ARTÍCULO 167. Trámites administrativos relacionados con
propiedad industrial. En los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial, se tendrán en
cuenta las siguientes disposiciones: (…) c. Los poderes no requerirán presentación personal, podrán otorgarse
mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes identificadas en el poder, o a todas las
solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular que otorgue el poder. En todo caso, la facultad de
desistir de la solicitud en trámite o de renunciar al derecho otorgado debe estar expresamente consagrada en
el poder.”
7
“Artículo 2156. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial;
si se da para todos los negocios del mandante, es general; y lo será igualmente si se da para todos, con una
o más excepciones determinadas. […]”.
16
Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
Exteriores del acto de designación del abogado Jaramillo Campuzano
como representante en Colombia de la sociedad PM GROUP S.P.A. Sin
embargo, esa circunstancia no deviene en la invalidez de dicho
documento respecto del trámite administrativo, comoquiera que las
exigencias que al respecto impone el artículo 260 del CPC, en
concordancia con los artículos 8 y 9 de la Resolución 2201 de 1997, se
exigen para efectos de que “los documentos extendidos en idioma distinto
del castellano puedan apreciarse como prueba”.
En tal sentido, se advierte que el artículo 8 de la Decisión 486 de 2000
prescribe que “los documentos que se tramiten ante las oficinas
nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano” o
“deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma”, requisito
que, como se dijo, cumplió el poder aportado por PM GROUP S.P.A.
durante el trámite administrativo.
Con todo, el documento que se analiza no constituye prueba de las
pretensiones perseguidas por la sociedad PM GROUP S.P.A. en la
actuación administrativa, las cuales se encontraban encaminadas a que
se negara el registro del signo solicitado por la demandante. Por el
contrario, el acto de designación del representante de la sociedad para
asuntos de propiedad industrial constituye un documento demostrativo
de las condiciones de representación de la sociedad en un trámite
administrativo, por lo que no había lugar a exigir, respecto de este, los
requerimientos necesarios para que pudiera apreciarse como una prueba
de las pretensiones que aquella perseguía.
5.4.2. De los documentos aportados en idioma extranjero como
prueba de los fundamentos de la oposición
Con la oposición presentada en la actuación administrativa y con el fin de
acreditar la existencia de una marca idéntica o similar protegida en el
exterior y dar cumplimiento al primer presupuesto del literal d) del
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Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, PM GROUP S.P.A. allegó la
reproducción mecánica de la página
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg, en la que
constan las condiciones de registro de la marca mixta PM en la oficina de
registros de la Unión Europea (The Trade Marks and Designs Registration
Office of the European Union). Este documento se encuentra en idioma
inglés8.
En criterio de la demandante, los documentos aportados en la actuación
administrativa no podían ser valorados por la SIC, comoquiera que fueron
extendidos en idioma distinto al castellano y no se aportó su traducción
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un
intérprete o traductor oficial inscrito, como lo ordena el artículo 260 del
CPC9.
De acuerdo con lo anterior, para poder analizar el cargo planteado por el
demandante, la Sala debe acudir en primer lugar al artículo 8 de la
Decisión 486 de 2000, en el cual se establece las condiciones para que
sean aceptados los documentos allegados a las actuaciones
administrativas en idioma diferente al castellano, así:
“Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales
competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario,
deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo,
la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de
traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente”.
(Subrayás de la Sala).
Ahora bien, es importante traer a colación lo manifestado por el Tribunal
Andino en la IP 229-IP-2020, que al interpretar la anterior disposición
explicó lo siguiente:
8
Folios 35-36 del anexo núm. 2.
9
ARTÍCULO 260. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. <Artículo modificado por el artículo 1,
numeral 119 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para que los documentos extendidos
en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por
traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados
directamente.
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
“4.3. Los documentos que se presenten ante las oficinas nacionales competentes
deben estar en idioma castellano; o de estar en otro idioma, el interesado deberá
acompañar una traducción simple en castellano. Sin embargo, la última parte del
Articulo 8 de la Decisión 486 faculta (potestad) a la oficina nacional competente
a recibir documentos en un idioma diferente al castellano si ella lo considera
conveniente o pertinente
4.4. La conveniencia o pertinencia responde a criterios de razonabilidad
y economía procesal y siempre en el marco del respeto del derecho al
debido proceso, por lo que de ninguna manera la aceptación de
documentos en un idioma distinto al castellano puede generar una
limitación del derecho de defensa de la otra parte procesal.
4.5. Si la autoridad advierte que todas las partes procesales en conflicto, por el
tipo de relaciones comerciales en las que están involucradas, conocen
perfectamente, por ejemplo, el idioma inglés, puede aceptar que presenten
documentos en dicho idioma, pero tiene la carga de efectuar la
correspondiente traducción si es que va a citar tales documentos de
manera total o parcial en el acto administrativo que expida. Así,
tratándose de la probanza del uso de una marca, puede aceptar facturas o
contratos redactados en inglés, pero al mencionar estos documentos en su
resolución, la oficina nacional competente debe citarlos en castellano (español),
pues el acto administrativo que se expida debe estar redactado en castellano. En
consecuencia, si, por ejemplo, para acreditar el uso de la marca va a resumir el
contenido de un contrato redactado en inglés o citar la parte pertinente de una
factura emitida en inglés, dicha oficina consignará en su resolución el resumen o
la cita pertinente en castellano.
4.6. La última parte del Articulo 8 de la Decisión 486 busca evitar que
las partes incurran en costos innecesarios en la tramitación de los
procedimientos Así, por ejemplo, asumamos que el titular de la marca tiene en
su poder 1000 facturas emitidas en inglés que demostrarían, en su opinión, el
uso de la marca, y el solicitante de la cancelación del registro marcario por la
presunta falta de uso del signo distintivo es una empresa multinacional con
operaciones en diversos países del mundo que utiliza con frecuencia el idioma
inglés en sus transacciones. En este ejemplo, sería oneroso exigirle al titular del
registro marcario que traduzca las 1000 facturas, pues la otra parte procesal, la
empresa multinacional, tiene la capacidad de entender el contenido de tales
comprobantes de pago. En cualquier caso, la oficina nacional competente, al
mencionar las facturas en su resolución, debe hacerlo en castellano.”
Así mismo, el Tribunal Andino en la IP - 552-IP-2015 al interpretar la
citada disposición señaló lo siguiente:
3.1. Como el SENAPI sostuvo que se presentaron copias simples y en idioma
extranjero sin cumplir con las previsiones del artículo 8 de la Decisión 486, se
abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre
la materia.
3.2. De conformidad con el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales
competentes deberán presentarse en idioma castellano. Si dichos
documentos estuviesen en idioma extranjero, el solicitante deberá
acompañar una traducción simple al idioma castellano para que la oficina
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Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
los pueda evaluar, es decir, una traducción sin legalizaciones o
aprobaciones especiales. Es muy importante tener en cuenta que tanto
el documento original como la traducción deben ser legibles, ya que de
lo contrario la oficina competente no los podría examinar correctamente.
3.3. No obstante lo anterior, si la oficina lo considera pertinente, podrá exonerar
al solicitante de la presentación de las mencionadas traducciones.
3.4. En consecuencia, todos los documentos que se presenten sobre la base de
los artículos 138 y 139 de la Decisión 486, deben constar en castellano o con su
respective traducción de conformidad con lo previamente anotado. Sin embargo,
como los requisitos formales para presentación y legalización de los documentos
no están regulados por la normativa comunitaria andina, en virtud del principio
de complemento indispensable se deberá atender a las normas previstas por el
país miembro respectivo para estos eventos. (…)
De lo desarrollado por el Tribunal Andino se advierte que por regla general
los documentos que se presenten en idioma diferente al castellano deben
venir con una traducción simple a esté idioma y, excepcionalmente las
oficinas nacionales, en este caso la SIC, podrá estudiar el documento en
idioma extranjero diferente al castellano aportado como prueba siempre
y cuando en el acto administrativo se pueda advertir que: i) todos los
intervinientes en el proceso administrativo manejan el idioma extranjero
en el cual está escrito el documento a la perfección, ii) se analice la
conveniencia o pertinencia del estudio del documento en idioma
extranjero con base en la razonabilidad y economía procesal y siempre en
el marco del respeto del derecho al debido proceso y el derecho a la
defensa, iii) efectué la correspondiente traducción si es que va a citar
tales documentos de manera total o parcial para sustentar su decisión.
De conformidad con lo anterior, se advierte que dentro del proceso
administrativo la sociedad PM GROUP S.P.A. (como opositor) allegó la
reproducción mecánica de la página
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg, en la que
constan las condiciones de registro de la marca mixta PM en la oficina de
registros de la Unión Europea (The Trade Marks and Designs Registration
Office of the European Union), en idioma inglés y no aportó la
traducción simple que establece la norma comunitaria citada
supra y, a pesar de ello, la SIC tuvo dicho documento como prueba
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
fundamental para tener por acreditado la existencia de un registro
protegido en el extranjero.
Ahora bien, es importante en este punto revisar el acto administrativo
acusado con el fin de poder determinar cuál fue el fundamento utilizado
por la SIC para relevar al opositor marcario de la obligación de allegar la
traducción simple del documento aportado y proceder a darle valor
probatorio, así:
“ii) Titularidad de la marca en el país miembro o en el extranjero
De otro lado, la sociedad opositora logró probar que cuenta con el registro
de la marca comunitaria PM (mixta), con certificado de registro No.
271283, emitido por la OAMI, para identificar productos comprendidos
en las clases 7 y 12, vigente hasta el 22 de septiembre de 2016,
tratándose de una marca que goza de protección en el extranjero.
(…)
Observa este Despacho que el signo solicitado en registro reproduce a la
marca PM, constituyendo precisamente, la combinación caprichosa de las letras
PM y su representación gráfica los elementos predominantes en el signo solicitado
en registro.
Ahora bien, en lo que corresponde a los productos que la marca registrada PM
ampara, frente a los servicios solicitados por el signo objeto de estudio PM GROUP
S.P.A., la Delegatura debe hacer claridad de que pese a que los signos no están
ubicados dentro de la misma clase del nomenclador internacional, el artículo 136
literal d) indica que "dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusión o de asociación", permitiendo establecer si entre los mismos existe
relación competitiva, lo cual ocurre en el presente caso, como quiera que los
servicios que pretende identificar el signo solicitado en registro. esto es: -
servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos
con sistemas de elevación o brazos hidráulicos", comprendidos en la clase 37
internacional, tienen por objeto la reparación, instalación y mantenimiento de los
productos identificados por la marca comunitaria, como son las "Grúas (aparatos
de elevación); cabrias; polipastos; montacargas; aparatos de elevación",
productos incluidos en la clase 7' Internacional, compartiendo por lo tanto los
mismos canales de comercialización y publicitad.
Por lo anterior, la Delegatura considera que la marca objeto de la solicitud resulta
irregistrable puesto que con ella se puede causar un perjuicio al titular del signo
distintivo en la Comunidad Europea y en últimas, afectar al consumidor, motivos
por los cuales la solicitud objeto de estudio está comprendida en la
causal de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal d) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo necesario
entrar a revocar el acto recurrido.”10
10
Páginas 12 y 13 de la demanda que se encuentra en el índice 47 del Sistema de Gestión Documental -
SAMAI
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
Como se puede observar de la anterior trascripción es claro que la SIC al
momento de proferir el acto acusado no hizo un análisis del documento
que fue aportado en idioma diferente al castellano para que fuera tenido
como válido dentro de la actuación administrativa, así como tampoco
argumentó los motivos por los cuales relevaba al opositor de la
presentación de la traducción simple del mismo, lo cual resultaba
indispensable en atención a que fue con dicho documento que la SIC
encontró acreditado que la marca del opositor gozaba de protección en el
extranjero y fundamentó la negación del signo solicitado.
A este respecto, la norma andina es clara en señalar que por regla general
los documentos en idioma extranjero deben estar acompañados de una
traducción simple para que sean tenidos en cuenta como pruebas dentro
de la actuación administrativa y que excepcionalmente se podría relevar
del cumplimiento de la traducción simple, siempre y cuando se cumplan
las condiciones establecidas por el Tribunal Andino.
Ahora bien, la Sala considera necesario precisar que el requisito de
aportar una traducción simple cuando se alleguen documentos de prueba
en idioma diferente al castellano en los trámites de propiedad industrial
que establece la norma andina11 es un requisito mínimo y, por lo tanto,
es deber de la SIC como entidad competente de realizar el estudio de
registrabilidad o patentabilidad y de la procedencia de sus oposiciones de
velar por su estricto cumplimiento y más aún cuando con base en dichos
documentos se fundamenta primordialmente las decisiones que se vayan
a adoptar.
Acorde con lo anterior la SIC al momento de realizar el estudio de
registrabilidad o patentabilidad podría solicitar que los documentos que
se alleguen en idioma diferente al castellano cuenten con una traducción
11
Artículo 8 de la Decisión 486 de 2000
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
oficial para que puedan ser tenidos en cuenta en el trámite administrativo,
lo cual no sería una solicitud desproporcionada, en atención a que, en los
temas de propiedad industrial no solamente están en conflicto intereses
particulares, sino que está envuelto el interés público.
Al respecto esta Sala12 ha manifestado que:
“Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos
en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al
idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad
de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la
traducción al idioma castellano.
Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la
respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal,
conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de
202013, al sostener:
“[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante,
toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no
valoración de los documentos allegados en idioma distinto al
castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo
sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código
de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser
calificada dicha decisión como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un
mandato legal […]” (Negrillas agregadas por la Sala en esa
oportunidad)
En ese orden, el documento aportado como prueba correspondiente al
registro de la marca mixta PM en la oficina de registros de la Unión
Europea a favor del opositor debió ser aportado junto con la copia simple
de la traducción al castellano de conformidad con lo establecido por el
citado artículo 8.
Entonces, si bien al demandante no le asistió la razón al señalar que las
pruebas debían contar con traducción oficial del Ministerio de Relaciones
Exteriores, sí es cierto que, conforme con la norma comunitaria, estos por
12
Sentencia del 23 de septiembre de 2021, consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, radicación:
11001-03-24-000-2012-00029-00.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800.
23
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
lo menos debían contar con una traducción simple, presupuesto que no
cumplió PM GROUP S.P.A. al momento de radicar la oposición al registro
marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ahora bien, es importante señalar que la SIC, independientemente de que
se presenten oposiciones o no, debe realizar el examen de registrabilidad
de forma oficiosa, integral, motivada y de manera autónoma de las
decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, en atención
a que el resultado del examen de registrabilidad, debe obedecer a los
supuestos de hecho específicos de cada caso, a las pruebas
debidamente aportadas que obran en cada trámite y atendiendo el
marco normativo de la comunidad andina, tal y como lo señaló el Tribunal
Andino en la IP 289-IP-2022:
“5.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y
motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas
por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con
anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe
realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto,
independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo
señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no
pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina
de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un
análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas
que obran en cada trámite.” (subrayás y resaltado de la Sala)
De acuerdo con lo expuesto, la Sala evidencia que la resolución 1621 de
25 de enero de 2012, a través de la cual la Superintendencia de Industria
y Comercio denegó el registro del signo «PM GROUP S.P.A.» (mixta) para
distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación
Internacional de Niza a la sociedad Transnevada Limitada se encuentra
viciada de nulidad porque se fundamentó14 para acreditar el primer
presupuesto del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000,
esto es, que sea idéntica o se asemeje a un signo distintivo de un
14
El vicio de falsa motivación se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad o de
coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho; es decir, o no es cierto lo que se afirma en las razones
de hecho, o no hay correspondencia entre tales razones y los supuestos de derecho que se aducen para proferir
el acto. La falsa motivación plantea para el juzgador un problema probatorio, de confrontación de dos
extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad fáctica atinente al mismo, con miras a comprobar la
veracidad.
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
tercero protegido en el extranjero, en una prueba que no podía ser
tenida en cuenta en la actuación administrativa puesto que se encontraba
en idioma extranjero y de esta no se aportó la traducción simple, situación
que hacía improcedente la negativa de concesión del registro marcario
objeto del presente litigio.
A este respecto, debe recordarse que la validez del acto administrativo
también depende de que los motivos por los cuales se expide sean ciertos,
pertinentes y tengan el mérito suficiente para justificar la decisión que
mediante el mismo se haya tomado. Es decir, que correspondan a los
supuestos de hecho y de derecho jurídicamente necesarios para su
expedición, y que se den en condiciones tales que hagan que deba
preferirse la decisión tomada y no otra.
Se trata de un requisito material, en cuanto depende de la
correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo como su
motivo o causa, con la realidad jurídica y/o fáctica del caso.
Por las razones anteriores, la Sala considera que al no encontrarse
acreditado con prueba idónea la propiedad de una marca protegida en el
extranjero previamente registrada de un tercero que se pudiera ver
afectado por el signo solicitado, no hay lugar a analizar los demás
supuestos que exige la configuración de la causal prevista en el literal d)
del artículo 136, esto es, la identidad o semejanza entre los signos y que
quien solicitó el registro sea o haya sido un representante, distribuidor o
persona expresamente autorizada por el titular. Ello, por cuanto no se
probó de manera idónea la existencia de un signo protegido en el
extranjero, de manera que no se encuentra acreditado el primer
supuesto de irregistrabilidad del literal d) del artículo 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante
en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 1621 de 25 de enero
25
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Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
de 2012, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la
Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011, proferida por la SIC, y se
declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP S.P.A.
Por consiguiente, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a
la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la
marca «PM GROUP S.P.A.» (Mixta), para distinguir “servicios de
reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con
sistemas de elevación o brazos hidráulicos”, comprendidos en la clase 37
de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad
Transnevada Limitada y expedir el certificado correspondiente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1621 de 25 de enero
de 2012, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio
revocó la decisión contenida en la Resolución 24804 de 10 de mayo de
2011, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la
Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la
marca «PM GROUP S.P.A» (mixta) a favor de la sociedad Transnevada
Limitada, para distinguir “servicios de reparación, instalación y
mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación o
brazos hidráulicos”, comprendidos en la clase 37 de la Clasificación
Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta
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Radicado: 11001-03-24-000-2012-00213-00
Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA
providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128
de la Decisión 500 de la CAN.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo
de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente,
previas las anotaciones a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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