Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00267-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00267-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2012-00267-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de abril de 2022
1
Radicado: 11001 03 24 000 2012 00267 00
Demandante: CEETTV S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00267 00
Actor: CEETTV S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión (hoy Autoridad Nacional de
Televisión).
Tesis: Operó la cosa juzgada si en el proceso respecto del cual se decreta tal
fenómeno se declararon nulas las definiciones de las expresiones
“Encadenamientos” y “Desencadenamientos”, y en el asunto bajo examen se ataca
su validez.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el medio de control de nulidad de la referencia promovido
por la sociedad CEETTV S.A. contra los artículos 4 y 23 del Acuerdo 02 de 2012,
“Por medio del cual se establece y reglamenta el servicio público de televisión
abierta radiodifundida digital terrestre - TDT”, expedida por la entonces Comisión
Nacional de Televisión (en adelante CNTV), hoy Autoridad Nacional de Televisión
(en adelante ANTV).
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
La citada sociedad presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en la cual solicitó lo siguiente1:
“DECLARACIONES:
1 Visible a folios 26 del Cuaderno No. 1.
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Radicado: 11001 03 24 000 2012 00267 00
Demandante: CEETTV S.A.
1. Que es nulo el artículo VIGÉSIMO TERCERO del Acuerdo 02 de 2012, por
medio del cual se establece y reglamenta el servicio público de televisión
abierta radiodifundida digital terrestre – TDT, expedido por la Comisión
Nacional de Televisión, hoy en liquidación, actualmente representada
legalmente por el Liquidador Doctor Reynel Fernando Bedoya Rodríguez por
virtud del Decreto 0774 del 19 de abril de 2012.
2. Que es nulo el artículo CUARTO del mismo Acuerdo, en lo que se refiere a
la definición de ENCADENAMIENTO.
3. Que una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente acción,
se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos
legales consiguientes”
1.2. El acto cuestionado
A continuación se transcribirán los artículos 4 y 23 del Acuerdo 02 de 2012 “Por
medio del cual se establece y reglamenta el servicio público de televisión abierta
radiodifundida digital terrestre”, proferido por la entonces CNTV hoy ANTV.
“ACUERDO NÚMERO 002 DE 2012
(abril 4)
“Por medio del cual se establece y reglamenta la prestación del servicio
público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre-TDT”.
La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión,
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las consagradas en el
artículo 4º, literal c) del artículo 5º, literal a) del artículo 12, parágrafo del
artículo 18 y literal a) del artículo 20 de la Ley 182 de 1995, y
CONSIDERANDO:
(…)
ACUERDA:
(…)
Artículo. 4º—Definiciones. Para los efectos de este acuerdo, los términos
contemplados en el presente artículo tendrán el significado que aquí se les
asigna. En caso de presentarse alguna diferencia en el alcance, significado o
interpretación de los términos definidos en el presente acuerdo, se acudirá a lo
definido o establecido por la UIT y en su defecto, por la ETSI.
(…)
Encadenamiento: Vinculación entre diferentes estaciones de televisión abierta
radiodifundida con el fin de emitir el mismo contenido, según las condiciones
de tiempo, modo y lugar establecidas por la CNTV, de conformidad con lo
previsto en el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995.
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Demandante: CEETTV S.A.
(…)
Artículo 23. —Desencadenamientos. En desarrollo de lo previsto en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 182 de 1995, los canales podrán emitir programación
destinada únicamente a determinados usuarios, hasta por el equivalente al
cinco por ciento (5%) de la oferta televisiva mensual del canal analógico y su
equivalente en el canal principal digital.
Tales emisiones podrán alcanzar como máximo un total del veinte (20%) de la
oferta televisiva mensual, previa solicitud del operador interesado a la Comisión
Nacional de Televisión o la entidad que haga sus veces. Para efectos de otorgar
o no la autorización correspondiente, la CNTV o la entidad que haga sus veces,
realizará un estudio de las condiciones de competencia en la oferta televisiva y
las implicaciones que sobre la pauta televisiva pueda generar el
desencadenamiento, con base en el cual adoptará la decisión más favorable al
mercado analizado.
Los espacios informativos noticieros, entendidos estos espacios como aquellos
programas televisivos que se encargan de transmitir a los televidentes las
noticias actualizadas del día y de las últimas horas, se emitirán en horarios que
no coincidan con los horarios de los informativos y espacios noticiosos de los
operadores públicos regionales.
Se permitirá, igualmente, el desencadenamiento sin restricciones temporales o
porcentuales en los subcanales digitales.
Parágrafo: La CNTV o la entidad que haga sus veces, podrá modificar de oficio
las autorizaciones concedidas en aplicación del presente artículo, siempre que
como resultado del estudio de competencia que de manera posterior se realice,
resulte necesario para evitar posibles fallas o distorsiones en el mercado”.2
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que las disposiciones demandadas desconocen los
artículos 77 de la Constitución Política, así como el artículo 13, el literal b del artículo
223, los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 182 de 1995. Sobre el artículo 4º demandado,
específicamente se refirió al parágrafo segundo del artículo 22 y a los incisos
séptimo y final del numeral tercero del artículo 37.
A continuación se realiza una síntesis del concepto de violación esgrimido:
1.3.1. El demandante hizo mención a que el artículo 77 constitucional establecía
que la dirección de la política sobre el servicio público de televisión debía ser
determinada por la Ley. En ese sentido, señaló que la citada disposición normativa
2 Visto a folios 18 a 20 del Cuaderno Principal.
3 Modificado por el artículo 24 de la Ley 335 de 1996.
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fue modificada por el Acto Legislativo No. 2 de 2011, en el que se consagró que el
Congreso de la República debía fijar la política en materia de televisión.
En ese orden, dijo que ambas disposiciones constitucionales coincidían en disponer
que el Legislador era la autoridad a la que le correspondía establecer la política del
servicio público de televisión, a la cual debía subordinarse la autoridad regulatoria
competente en esa materia. Por lo anterior, afirmó que la reglamentación expedida
por la entonces CNTV tenía que adecuarse a lo dispuesto por las Leyes 182 de
1995, 335 de 1996, 506 de 1999 y 680 de 2001.
Hechas tales precisiones, pasó a hacer referencia a la ilegalidad del artículo 23 del
Acuerdo 02 de 2012, advirtiendo que el mismo no observaba la política definida por
la Ley en materia de clasificación del servicio de televisión, en función del nivel de
cubrimiento, por las razones que pasan a explicarse:
Sostuvo que, de la lectura de las normas invocadas como vulneradas, era posible
colegir que el país fue dividido en niveles territoriales de prestación del servicio,
esto con el fin de promover ofertas televisivas en cada ámbito regional a través de:
(i) concesiones derivadas del mandato de la Ley o contrato, o (ii) licencias otorgadas
por la autoridad habilitante mediante acto administrativo.
Alegó que, en relación con el nivel de cubrimiento nacional, la Ley clasifica el
servicio en Televisión Nacional de Operación Pública y Privada, siendo esta última
una alternativa de propiedad privada cuya transmisión es abierta al público a
efectos de cubrir de manera permanente las necesidades del servicio y la
prestación eficiente y competitiva en todo el territorio nacional. Destacó que los
operadores de televisión RCN y Caracol son canales de Televisión Nacional de
Operación Privada en virtud de la Licitación 003 de 1997, y los contratos 136 y 140
de 1998, respectivamente.
En lo referente al nivel regional, sostuvo que el servicio es prestado por los canales
regionales por mandato legal dentro del ámbito espacial que le es autorizado; y que
el nivel local es proporcionado por entidades con ánimo de lucro; particularmente,
refirió que esa empresa era la encargada de suministrarlo en la ciudad de Bogotá,
como consecuencia de que, mediante la Licitación 002 de 1998, le fue adjudicada
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una estación local, respecto de la cual suscribió el contrato 167 de 1998 por diez
(10) años, negocio jurídico que en el año 2009 fue prorrogado por el mismo lapso.
Aseguró que la operación y explotación de las concesiones se deriva de un
contrato; por ende, las actividades allí contempladas sólo pueden ser desarrolladas
en la frecuencia radioeléctrica asignada y en el área autorizada. Para sustentar tal
afirmación citó un concepto con número de radicado 5939 de 2003, expedido por
la CNTV.
Igualmente, trajo a colación dos (2) sentencias proferidas por la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 5 de febrero y 21 de mayo de 2009,
para indicar que la obligación de los prestadores del servicio de televisión de
respetar el ámbito de las concesiones, deviene de la Ley y los contratos; por ende,
mientras uno y otros estén vigentes, lo estarán también las obligaciones que
comportan, sin que sea necesario una norma que prohíba la emisión de programas
en niveles de cubrimiento territorial diferentes a los autorizados, por lo que los
concesionarios deberán prestar el servicio de manera permanente, completa y
uniforme en la zona correspondiente.
Luego, sostuvo que, si bien los anteriores argumentos dejaban en evidencia la
nulidad del artículo 23 del Acuerdo censurado, procedería a referirse a lo que
denominó las “particularidades de su contenido”4, las cuales pasarán a sintetizarse
a continuación:
1.3.2. Indicó que el artículo 4 del Acuerdo 02 de 2012, demandado, define
desencadenamiento como “la vinculación entre diferentes estaciones de televisión
previamente encadenadas, con el fin de emitir diferente programación según las
condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas por la CNTV, de conformidad con
lo previsto en el literal c) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995”5.
Resaltó que no obstante dicha definición, el artículo 23 del acto enjuiciado
denomina desencadenamiento a una figura que no concuerda con lo allí indicado,
dado que autoriza a que la señal que emite un canal de manera completa y
4 Visto a folio 40 del cuaderno principal.
5 Visible a folio 40 del Cuaderno No. 1
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permanente en el ámbito de cubrimiento de su concesión sea segmentada y que
pueda generarse otra programación exclusiva para un ámbito de cubrimiento
diferente. Advirtió que tal situación dista del concepto de desencadenamiento, toda
vez que el mismo presupone el encadenamiento de diferentes estaciones de
televisión. Por lo anterior, señaló que la norma demandada, pese a denominarla
desencadenamiento, en realidad se refiere a la figura de la segmentación.
Sostuvo que, en todo caso, si se concluyera que la norma referida en el párrafo
anterior en efecto define la figura de desencadenamiento, lo cierto es que el literal
c) del artículo 5 de la Ley 182 de 1996, el cual es citado en la definición del artículo
4 del Acuerdo enjuiciado, autoriza a la CNTV para reglamentar la figura del
encadenamiento como una situación especial y excepcional frente a lo ordinario
que es la emisión independiente de la programación por parte de cada operador
del servidor.
Agregó que la Ley 182 de 1995 regula el encadenamiento en dos (2) eventos
puntuales, estos son: (i) en el parágrafo 2º del artículo 22 de la Ley 182 de 1995,
que trata de la televisión local, como una de las clasificaciones del servicio en
función del nivel de cubrimiento, indicando que las estaciones locales podrán
encadenarse, y (ii) en el séptimo inciso y en el último del numeral 3 del artículo 37
ejusdem al tratar el nivel de servicio regional, autorizando el encadenamiento en
canales regionales; en ambos eventos se determinó que la CNTV debía
reglamentar la materia.
De lo anterior concluyó que la Ley sólo autoriza el encadenamiento de canales
locales entre sí y entre canales regionales, por lo que sólo en esos casos la CNTV
puede reglamentar dicha figura.
Aseguró que la entidad demandada desbordó sus potestades reglamentarias al
definir el encadenamiento en el artículo 4 del acto censurado, pues no sólo previó
la posibilidad de aplicar tal figura en el caso de los canales regionales y locales,
sino que la permitió a todas las estaciones de televisión abierta radiodifundida,
como sería el caso de canales de cubrimiento nacional, razón por la cual, a su juicio,
la mencionada disposición normativa adolece de nulidad.
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Aludió a que, en caso de insistirse en que la segmentación de la señal prevista en
el artículo 23 demandado es un desencadenamiento, tampoco podría predicarse su
funcionamiento respecto de los canales nacionales de operación pública y privada,
dado que tal figura presupone un encadenamiento, que como se vio no es permitido
para ese tipo de canales al no encontrarse dentro de las previsiones contenidas en
el parágrafo del literal d) del numeral 2 del artículo 22, ni en el séptimo inciso del
numeral 3 del artículo 37 de la Ley 182 de 1995.
Anotó que lo expuesto anteriormente coadyuva los argumentos de nulidad del
artículo vigésimo tercero, además de demostrar las razones por las que debe
declararse nulo el artículo cuarto en lo que respecta a la definición de
encadenamiento.
1.3.3. Manifestó que entre los artículos demandados existe una contradicción en el
fundamento jurídico de la figura del desencadenamiento. En efecto, señaló que el
artículo 4º del Acuerdo 002 de 2012 cita el literal c) del artículo 5 de la Ley 182 de
1995 (como sustento de la figura Desencadenamiento), mientras que el 23 del acto
acusado remite al literal a) del artículo 20 ibídem.
En esa línea, adujo que la referencia a éste último reconduce necesariamente al
artículo 4º también atacado, que al definir los subcanales digitales, determinó que
son porciones de multiplex digital que se radiodifunden por los concesionarios del
servicio y que la recepción de los contenidos podría ser libre o bajo la modalidad
de pago. Es decir, “las porciones del multiplex digital pueden ser radiodifundidas
por el concesionario o licenciatario de manera libre, lo cual implica gratuidad, o bajo
la modalidad de pago, último caso para el que aplica lo previsto en el literal a) del
artículo 20 mencionado, por las siguientes razones”6: (a) el hecho de que la TDT
posibilite ofrecer subcanales no significa que se desdibuje el ámbito de cubrimiento
nacional, regional o local previsto en la licencia; (b) la condición de libre y gratuita
impone el deber de los licenciatarios de observar el derecho a la igualdad de los
habitantes del territorio; por ende, los prestadores del servicio de televisión abierta
radiodifundida tienen el deber de no discriminar en contenidos, razón por la cual,
los mismos deben cumplir las condiciones de la concesión en los términos de
cubrimiento; (c) la citada norma utiliza la expresión “usuarios”, término que, según
6 Folio 42 del Cuaderno número 1.
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el artículo 3 del Acuerdo 11 de 2006, se predica de “la persona natural que en razón
de su domicilio y/o habitación se beneficia con la señal de televisión por suscripción
suministrada por el operador”7
En ese orden, apuntó que sólo por la modalidad de pago y de forma excepcional,
podría prestarse el servicio en un ámbito de cubrimiento distinto al de la concesión,
en tanto dicha opción requiere la manifestación de la voluntad del usuario, en el
sentido de recibir una determinada programación y su anuencia en pagar por la
misma. Así, resaltó que en ese sentido, la posibilidad prevista en el artículo 23 del
acto censurado no puede tener como sustento el literal a) del artículo 20 de la Ley
182 de 1995, dado que esa disposición no tiene el alcance que le dio el ente
regulador.
Sostuvo que ese “aspecto fue ampliamente discutido y analizado en las mesas de
trabajo realizadas por la CNTV con distintos operadores y concesionarios para
debatir los temas objeto de reglamentación, toda vez que la solicitud de incluir una
disposición como la prevista en el artículo VIGESIMO TERCERO provino de los
Canales Nacionales de Operación Privada, a lo cual claramente hubo oposición de
otros operadores de televisión, compartida en ese momento por el equipo de la
CNTV que no dudó en recordar la existencia de los antecedentes y conceptos que
se han citado en este escrito como razón para no poder acceder a la petición de los
canales nacionales, siendo por demás para todos claro que no podía mediante
Acuerdo modificarse la Ley 182 de 1995”8.
Resaltó que las citadas reuniones fueron lideradas por la Oficina de Contenido de
la CNTV, en donde se concluyó que el literal a) del artículo 20 de la Ley 182 de
1995 sólo aplicaba para la modalidad de pago, de ahí que la figura de
desencadenamiento no proceda para la televisión radiodifundida abierta gratuita, lo
que derivó en que la disposición cuestionada no fuera incluida en el texto del
borrador del acuerdo para observaciones. No obstante, aseguró que, de forma
sorpresiva, en el acto definitivo sí fue incorporada, en abierto desconocimiento de
los derechos de los operadores de televisión abierta radiodifundida en los niveles
regional y local.
7 Visible a folio 43 del Cuaderno No. 1
8 Ibídem.
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1.3.4. Relató que el 5% a que hace referencia el artículo 23 del acto censurado
como autorización de desencadenamiento, “pareciera ser considerado por la CNTV
como una nimiedad que no afecta a las condiciones de competencia en la oferta
televisiva ni en el mercado de la pauta publicitaria, pues sólo se ocupa de estos
efectos cuando quiera que se solicite por parte del interesado un porcentaje
superior al 5 % y hasta un 20 %, máximo establecido por el regulador”9.
En ese orden, advirtió que el mencionado porcentaje del 5% lograría el rompimiento
del equilibrio económico de los contratos suscritos por los canales de televisión
abierta radiodifundida que participen del mercado de la pauta publicitaria; lo que
conllevaría a reclamaciones y demandas, en tanto el valor de las prórrogas
otorgadas a RCN y Caracol, en su condición de canales privados de nivel nacional,
y a la empresa demandante, en su calidad de canal local con ánimo de lucro, tuvo
como supuesto la participación del citado mercado.
Señaló que cualquier alteración del mercado como producto de la aplicación del
acto enjuiciado, se enmarcaría en el concepto de “hecho del príncipe” para los
concesionarios, puesto que no sólo desconocería el contexto del mercado en el que
se otorgaron las concesiones, sino que también lo haría en abierta violación de las
disposiciones legales especiales aplicables al servicio público de televisión. Resaltó
que también se violarían las cláusulas contenidas en los contratos 136 y 140 de
1998, y lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación 0037 de 1997,
las cuales, a su juicio, indican todo lo contrario de lo que posibilita el artículo 23 del
acto enjuiciado.
Tras citar dos providencias acerca de la teoría del hecho del príncipe, un fallo con
número de radicado 12311 de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y una sentencia con número de radicación 14577 de 2003 expedida
por el Consejo de Estado, agregó que no conocen los estudios que sirvieron de
fundamento a la CNTV para determinar el citado porcentaje del 5%, que mencionan
que la autorización dada a los canales de televisión para segmentar la señal y emitir
programación destinada únicamente a determinados usuarios en el aludido
9 Visible a folio 44 del Cuaderno No. 1.
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porcentaje, no afectaba las condiciones de competencia en la oferta televisiva ni en
el mercado de la pauta publicitaria.
1.3.5. Afirmó que el artículo 23 enjuiciado vulnera el principio de igualdad al
contener una protección respecto de los canales regionales, los cuales, si bien son
operadores públicos, no son acreedores de un tratamiento especial en detrimento
de los derechos de los demás concesionarios y licenciatarios.
Adujo que la CNTV era consciente de los efectos nocivos que podía producir el
artículo 23 del acto censurado, al punto que determinó una protección especial para
los canales regionales, “como si las demás concesiones y licencias no resultaran
afectadas, máxime tratándose de los canales locales, entre ellos el Canal Local con
Ánimo de Lucro Citytv, en cuyos cálculos fundados en la Ley y en el contrato, no
estaba que pudieran existir tantas concesiones locales con ánimo de lucro como
decisiones en ese sentido tomaran los Canales Nacionales de Operación
Privada10”11
1.3.6. Afirmó que el Acuerdo censurado carece de unidad de materia, por cuanto,
si bien su epígrafe y objeto hacen referencia a que éste reglamenta la prestación
del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre - TDT, lo cierto es
que, con la creación de la figura del desencadenamiento, la CNTV determinó que
esta última aplicaba también para la televisión analógica.
Sin embargo, aclaró que lo señalado con anterioridad no implicaba que el artículo
23 demandado resultara aplicable a la TDT, pues lo allí dispuesto “tampoco puede
predicarse legítimamente del canal principal digital y de los subcanales digitales,
puesto que, como ya se dijo, se desnaturalizarían las concesiones desde el punto
de vista del ámbito del cubrimiento”12.
10 “Sentencia de fecha 5 de febrero de 2009, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada: "(...) de esta manera se comparte lo
expresado por la Comisión Nacional de Televisión en la Resolución 638 del 8 de Octubre de 2004,
cuando sostuvo que permitir la emisión del servicio de televisión de manera segmentada (vg. el
nacional al regional o el regional al local) conlleva a que el concesionario del servicio de televisión
nacional sea concesionario de cuantas Concesiones regionales o locales sea posible, en su ámbito
de cubrimiento, vulnerándose así los derechos de los demás concesionarios de otros niveles."
(negrilla fuera de texto”)
11 Visible a folio 46 del Cuaderno No.1.
12 Folio 47 ibídem.
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1.3.7. Reiteró que la disposición contemplada en el artículo 23 del Acuerdo
enjuiciado fue solamente incluida en el texto del Acuerdo definitivo, por lo que los
afectados con dicha disposición, esto son, los canales regionales y locales, no
tuvieron el derecho de hacer observaciones en relación con su contenido.
Iteró que, por iniciativa de los canales nacionales de operación privada, el tema de
desencadenamiento fue objeto de debate en las mesas de trabajo realizadas en la
CNTV que se hicieron de forma previa a la publicación del proyecto de acuerdo, en
las que se llegó a la conclusión de que resultaba improcedente.
Finalmente, manifestó su sorpresa ante el hecho de que la CNTV hubiese expedido
el Acuerdo 002 de 2012 a seis (6) días de perder competencia para ello e
incluyendo una disposición que desconoce el artículo 13 de la Ley 182 de 1995 y
que claramente favorece a los canales nacionales de operación privada, en
detrimento de los demás operadores de televisión abierta radiodifundida en los
niveles locales y regionales.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La ANTV a través de memorial calendado el 17 de mayo de 2013, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones de la demanda bajo los argumentos que pasan
a sintetizarse:
2.1.1. Como cuestión previa, anunció un recuento de las normas que regulan el
servicio de televisión por suscripción y la reglamentación que para el efecto expidió
la CNTV; en este orden de ideas, adujo que la Carta Política, en sus artículos 76 y
77, señaló que la intervención del espectro electromagnético que es utilizado para
el servicio de televisión estaría a cargo de una entidad de derecho público, con
personería jurídica y autonomía administrativa, sujeta a un régimen legal propio.
Dijo que en desarrollo de tal mandato fue expedida la Ley 182 de 1995, que creó la
entonces CNTV, que sería la titular y encargada de la reserva del servicio público
de televisión; además se le atribuyeron potestades para dirigir, regular, desarrollar
y ejecutar planes y programas de ese servicio.
Aseguró que fue el Legislador quien concedió expresas facultades a la CNTV para
que clasificara discrecionalmente los distintos géneros o modalidades del servicio
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de televisión y reglamentara su funcionamiento. Indicó que el artículo 5 ibídem
dispuso que era función de esa entidad clasificar las distintas modalidades del
servicio público de televisión y regular las condiciones de operación y explotación
de éste y que, a su turno, el artículo 12 radicó en cabeza de la Junta Directiva de
esa entidad la función de adoptar las medidas necesarias para obtener el desarrollo
de su objeto y funciones.
Manifestó que el artículo 19 clasificó el servicio público de televisión en función de
la tecnología de transmisión y definió la televisión radiodifundida como “aquella en
la que la señal de televisión llega al usuario desde la estación transmisora por medio
del espectro electromagnético, propagándose sin guía artificial” 13, mientras que el
literal a) del artículo 20 definió la televisión abierta como “aquella en la que la señal
puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio
de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que la
respecto expida la Comisión Nacional de Televisión, determinados programas se
destinen únicamente a determinados usuarios”14.
Afirmó que, a partir de la vigencia de las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, la CNTV
expidió los actos administrativos que regulan el servicio público de televisión, línea
en la cual se profirió el Acuerdo número 02 de 2012, “con el objeto de establecer
las condiciones básicas para la prestación del servicio de televisión abierta
radiodifundida digital terrestre (TDT) y para adelantar la transición de la televisión
analógica a la televisión digital terrestre, así como el cese de la televisión abierta
radiodifundida analógica”15
2.1.2. Luego, en el acápite de razones de la defensa, sostuvo que esta
Corporación, al resolver la solicitud de suspensión provisional del acto censurado
en providencia del 29 de abril de 2013, destacó que la Ley 182 de 1995 contempla
la posibilidad de que los operadores de diferentes categorías de cubrimiento
acudan a la figura del encadenamiento con el fin de transmitir en un área distinta a
la de su concesión.
13 Folio 83 ibídem.
14 Ibíd.
15 Folio 84 ibídem.
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Expresó que el asunto de la referencia se centra en definir si el artículo 23 del
Acuerdo 02 de 2012 desconoció los niveles de cubrimiento en la prestación del
servicio determinados en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996; y si el artículo 4
ibídem, al definir la figura de encadenamiento vulneró las disposiciones legales que
regulan esa materia.
En ese orden, tras hacer mención a la parte considerativa del Acuerdo 02 de 2012,
señaló que el mismo fue expedido luego de cumplir con todas y cada una de las
etapas de procedimiento establecido para el proyecto de Acuerdo, dentro de las
cuales esa entidad recibió un total de treinta y ocho (38) observaciones, incluidas
las expuestas en la jornada de socialización que se llevó a cabo el 31 de agosto de
2011, esta última según consta en las Actas Directivas números 1750, 1754, 1765
y 1775 de 2011.
Aludió a las conclusiones contenidas en el documento denominado
“RECOMENDACIÓN UIT – R SM. 1603 – Reorganización del espectro como
método de gestión del espectro”16, en el que se habla de satisfacer las nuevas
demandas del mercado de forma planificada. Asimismo, resaltó las observaciones
llevadas a cabo por la Asociación Colombiana de Ingenieros – ACIEM al proyecto
de Acuerdo censurado, quien consideró que el mismo generaría nuevas
condiciones de competencia en el mercado de la oferta televisiva, y por ende,
expresó su respaldo al mismo.
2.1.3. Expresó que el literal c) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 contempló que
la CNTV era la competente para clasificar las distintas modalidades del servicio
público de televisión, así como para regular las condiciones de operación y
explotación de este. Agregó que la CNTV era un organismo autónomo, al cual le
compete la ejecución y desarrollo de la política del servicio de televisión trazada por
la Ley. Además, sostuvo que es la encargada de reglamentar dicho servicio,
conforme lo expuesto por la citada norma y la Corte Constitucional en sentencia C-
310 de 1996.
2.1.4. Señaló que las afirmaciones del demandante carecían de fundamento, como
quiera que el acto censurado fue expedido teniendo en cuenta las facultades
16 Visto a folio 90 del cuaderno principal
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reglamentarias en cabeza de la Junta Directiva de la CNTV. Asimismo, refirió que
no existió extralimitación de las funciones atribuidas a esa entidad, toda vez que las
mismas fueron ejercidas con apego al procedimiento especial fijado en el artículo
13 de la Ley 182 de 1995, esto es, dando oportunidad a los interesados de dar sus
opiniones.
Argumentó que las competencias investidas a la CNTV para expedir la
reglamentación de cualquiera de las diferentes modalidades de operación y
explotación del servicio de televisión, atienden, entre otros, a: (i) que dicho servicio
público es inherente a la finalidad social del Estado; (ii) que el mismo está vinculado
intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país; (iii) que según los
estudios e investigaciones científicas en la materia, la televisión es el medio de
mayor penetración social, y es decisiva para la formación de opiniones, valores,
pautas de conducta individual y colectiva, hábitos y gusto de la ciudadanía; (iv) que
el artículo 333 superior determina que la actividad económica y la iniciativa privada
son libres dentro de los límites del bien común y que la empresa tiene una función
social que implica obligaciones; (v) que el artículo 29 de la Ley 182 de 1995 estipuló
que el servicio de televisión estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia y
control de la CNTV, la cual podrá clasificar y regular los contenidos de publicidad
para promover su calidad y garantizar el cumplimiento de los fines y principios
generales.
Expresó que, para una mejor explicación de las razones que llevaron a la CNTV a
la expedición del Acuerdo 002 de 2012, era necesario mencionar que en el Artículo
4 demandado se precisó que en caso de presentarse alguna diferencia en el
alcance, significado o interpretación de los términos allí indicados, se acudiría a la
definición brindada por la UIT y en su defecto, por la ETSI. En ese orden, citó un
artículo de Wikipedia en el que se expone que la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (en adelante UIT) es el organismo especializado de
Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas encargado de
regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas
administraciones y empresas operadoras; por ende, arguyó que, al ser tal
organismo pionero sobre la regulación en telecomunicaciones a nivel internacional,
no existe razón para considerar que el artículo enjuiciado adolezca de nulidad al
definir la figura del encadenamiento.
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En cuanto al artículo 23 censurado, relacionado con la figura del
desencadenamiento, aseveró que no era cierto que dicha reglamentación, al
permitir un porcentaje del cinco por ciento (5%) de la programación mensual a
determinados usuarios, persiga efectos diferentes a los allí expuestos.
Sostuvo que el conjunto de actos que conforman los antecedentes administrativos
del acto demandado, permite colegir que se cumplen con los requisitos de legalidad
para su conformación, y que “los reparos formulados por la parte actora no están
fincados en argumentos de hecho y de derecho que permitan infirmar el acto
demandado, menos aún obtener la suspensión provisional del mismo”17.
Dijo que la actuación censurada guarda proporción con los cambios que deben
producirse en desarrollo de la implementación de los modelos y tecnologías en el
sector de la televisión. En ese sentido, expresó que, conforme con las
recomendaciones de la UIT, la reorganización del espectro es una evolución natural
puesto que los usuarios cambian el modo de realizar las telecomunicaciones
utilizando nuevas tecnologías y generando modificaciones en los requisitos de
funcionamiento, por lo que no es dable afirmar que la nueva reglamentación
quebrante el orden jurídico.
Reiteró que el literal c) del artículo 50 de la Ley 182 de 1995 facultó a la CNTV para
regular las condiciones de operación y explotación del servicio público de televisión,
entre otras, en lo relacionado con las áreas de cubrimiento y el encadenamiento de
los canales para la transmisión de la operación. Refirió que el numeral 3 del artículo
37 ibídem, al tratar lo relacionado con el régimen de la prestación del citado servicio,
señaló que los canales regionales de televisión podrían encadenarse para la
transmisión de eventos de interés regional de acuerdo con la reglamentación que
para el efecto expida la CNTV; añadió que el artículo 22 ejusdem dispuso que esa
entidad tiene potestades para regular el encadenamiento de estaciones de
televisión local sin ánimo de lucro.
Concluyó que la Junta Directiva de la CNTV tenía competencias para expedir, en
el acto censurado, una reglamentación dirigida a establecer los lineamientos y
17 Visible a folio 95 del Cuaderno No. 1
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procedimientos para que los operadores y concesionarios del servicio de televisión
abierta en sus distintos ambientes de cubrimiento pudieran encadenarse.
III. AUDIENCIA INICIAL
El día veinte (20) de septiembre de 2013, se llevó a cabo audiencia inicial, en la
que se fijó el litigio de la siguiente manera:
“el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en
determinar si los artículos 4 y 23 del Acuerdo 02 de 4 de abril de 2012 expedido
por la Comisión Nacional de Televisión vulneran las siguientes normas
superiores: Los artículos 77 de la Constitución Política y 13, 22, 35, 36 y 37 de
la Ley 182 de 1995”18
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. Mediante escrito calendado el 2 de junio de 2016, la ANTV descorrió el
mencionado traslado en los siguientes términos:
4.1.1. Como consideraciones previas a las alegaciones, manifestó que en el
proceso con radicado No. 2012-00278, promovido por el ciudadano Isaac Alfonso
Devis Granados, fueron demandados los artículos 4, 8, 9 parágrafo 2º, 13 parágrafo
3º, 22, 23 y 29 del Acuerdo No. 02 de 2012.
Resaltó que mediante providencia del 17 de febrero de 2014, esta Corporación
resolvió suspender los artículos 4, 22 y 23 ibídem en lo relacionado con las
definiciones de desencadenamientos y encadenamientos.
4.1.2. Precisado lo anterior, consideró que, aun cuando no se discute la facultad
reguladora de la entonces CNTV, era necesario aclarar que aquella estaba
habilitada para expedir la reglamentación de la prestación de servicio público de
televisión abierta radiodifundida digital terrestre – TDT, como lo hizo en las
disposiciones enjuiciadas. En ese orden, explicó que el servicio público de
televisión requiere para su funcionamiento hacer uso de un bien público
técnicamente restringido como lo es el espectro electromagnético, razón por la cual,
18 Visible a folio 116 del Cuaderno No. 1.
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el Legislador estaba en la obligación de regular el mismo, de manera que se
garantice la igualdad en oportunidades para acceder a su uso.
Reiteró lo señalado en la contestación de la demanda acerca de los artículos 76 y
77 de la Constitución Política, así como que en desarrollo de dichas normas fue
expedida la Ley 182 de 1995, que creó la entonces CNTV. Expuso que el artículo
1 de esta última definió la televisión como un servicio público sujeto a la titularidad
y reserva por parte del Estado, cuya prestación se realizará mediante una
concesión a entidades públicas, particulares y comunidades organizadas; recordó
que el artículo 5 ibídem le impuso como función clasificar las distintas modalidades
del servicio público de televisión, así como de regular las condiciones de operación
y explotación de éste, así como que fue a partir de la vigencia de las Leyes 182 de
1995 y 335 de 1996, que la CNTV profirió el Acuerdo cuyos artículos 4 y 23 se
demandan.
Tras citar las sentencias C – 289 de 1999 y C – 310 de 1996, manifestó que la
CNTV tenía funciones de ejecución y regulación del servicio de televisión, e
intervención del espectro utilizado por ese servicio; además, de las funciones de
inspección, vigilancia y control de la correcta utilización y prestación del mismo.
Por último, manifestó que esa entidad estaba investida de competencias para
regular la operación y explotación del servicio público de televisión en sus diferentes
modalidades, resaltando que “la Comisión Nacional de Televisión fue un organismo
de ejecución y desarrollo de la política trazada por la ley y sobre la base de la
misma, dirigió y reguló la televisión en su condición de ente autónomo, teniendo
competencia para desarrollar la política en materia de televisión para ejecutar los
planes y programas del Estado en ese servicio, conforme a lo trazado por el
legislador”19.
4.2. La parte demandante, a través de memorial calendado el 2 de junio de
2016, presentó en tiempo sus respectivos alegatos de conclusión, en los que reiteró
su solicitud de declaratoria de nulidad de los artículos 4 y 23 del Acuerdo 02 de
2012, acudiendo a las razones esgrimidas en el libelo introductorio y agregando lo
que a continuación se enuncia20:
19 Visible a folio 216 del Cuaderno No. 2.
20 Visible a folios 217 a 254 del Cuaderno No. 2
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4.2.1. Señaló que las disposiciones demandadas desconocieron el artículo 13 de
la Ley 182 de 1995, circunstancia que se acredita con la suspensión de los artículos
que definieron las figuras de encadenamiento y desencadenamiento por parte de
la Sección Primera de esta Corporación en el proceso de nulidad simple identificado
con número de radicado 2012 -00272, en el cual, esta Corporación concluyó que
la CNTV incluyó las mencionadas figuras en los artículos 23 y 24 del Acuerdo 02
de 2012, sin que se hubieren incluido en el texto del proyecto del Acuerdo.
Bajo tal perspectiva, sostuvo que se había desconocido el artículo 13 de la Ley 182
de 1995, al incluirse dichas disposiciones en el texto final del Acto censurado sin
que previamente se hubieren difundido y, luego, debatido por parte de los
interesados.
Aseguró que el artículo 23 demandado fue agregado en el texto del Acuerdo 02 de
2012 al finalizar la etapa de socialización, y que si bien en dicha fase se puso a
consideración de manera informal en discusiones de mesas de trabajo un texto
denominado desencadenamiento, lo cierto es que en el momento en que se
introdujo tal disposición en el borrador del Acuerdo a solicitud de los canales
nacionales, los demás operadores se opusieron a esa inclusión al considerarla
ilegal, en tanto se soportaba en una errada interpretación del literal a) del artículo
20 de la Ley 182 de 1995.
Advirtió que en ningún caso la inclusión del aludido texto parcial e informal satisface
el deber de socialización y en especial el de sustentación de la medida regulatoria,
en tanto el introducido en la versión final del acto enjuiciado es diametralmente
distinto al que fue expuesto de manera informal en las mesas de trabajo.
Aseveró que las disposiciones censuradas están dirigidas a favorecer a los canales
nacionales de operación privada, en detrimento de los canales de televisión abierta
radiodifundida en los niveles locales y regionales, sin que estos últimos tuvieran la
posibilidad de conocer el texto final de la figura de desencadenamiento a efectos
de hacer observaciones respecto a su contenido. Recalcó que la CNTV tampoco
contaba con ningún estudio técnico que soportara tal concesión en favor de los
solicitantes.
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4.2.2. Expuso que el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 182 de 1995 dispone
que ningún concesionario del servicio local podrá ser titular de más de una
concesión en dicho nivel; además, resaltó que el artículo 24 de la Ley 336 de 1996
realizó una clasificación del servicio de televisión en función a su nivel de
cubrimiento, a saber: (i) según la clasificación de origen y destino de la señal, ya
sea televisión internacional y colombiana; o (ii) de acuerdo con el nivel cubrimiento
territorial, el cual se divide en televisión nacional de operación pública, televisión
nacional de operación privada, televisión regional, televisión local y televisión
comunitaria sin ánimo de lucro.
Sostuvo que el artículo 4º del Acuerdo enjuiciado, al definir la figura del
encadenamiento, vulneró las disposiciones legales que la regulan, lo que implicó
que la CNTV desbordara sus capacidades al permitir la misma como una posibilidad
de todos los operadores de televisión abierta radiodifundida. Particularmente,
arguyó que fueron desconocidos los incisos 7º y final del artículo 37 de la Ley 182
de 1995, que determinaron que el encadenamiento sólo procede para estaciones
locales y canales regionales, y sólo en los eventos que son permitidos por la Ley.
Resaltó que las concesiones de canales de televisión se otorgan a través de un
contrato estatal, cuyos términos pueden verse afectados por decisiones de la
administración pública dirigidas a la mejora del servicio, o por disposiciones
reglamentarias adoptadas por motivos de utilidad pública o interés general. Dijo que
los contratos de concesión son un acuerdo de voluntades que solo pueden ser
modificados por un otrosí entre las partes o por virtud de la ley o por motivos de
interés público; para sustentar tal afirmación citó una sentencia proferida por ésta
Corporación el 14 de abril de 2010, con ponencia de la entonces Consejera de
Estado Ruth Stella Correa Palacio, dentro del expediente identificado con número
de radicado 11001 03 26 000 2005 00044 00.
Indicó que la CNTV desbordó ampliamente su facultad para regular la ley, dado que
en las disposiciones censuradas modificó la Ley 182 de 1995, y vulneró además el
parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 182 de 1995.
4.2.3. En relación con la improcedencia de los argumentos de la contestación de la
demanda, en su gran mayoría reiteró los argumentos desarrollados tanto en el libelo
introductorio como los ya descritos en el traslado para alegar de conclusión. No
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obstante, en lo tocante a la defensa de la legalidad del demandado artículo 4º del
acto acusado, según la cual dicha norma debe interpretarse a la luz de lo dispuesto
por la UIT, puso de presente la carencia de sustento legal de dicha afirmación
objetando que la indicación que allí se hace no implica que la definición enjuiciada,
per se, se ajuste a la ley.
Adujo que la materialización de las normas cuestionadas genera una efectiva y
notable distorsión en el mercado de la pauta publicitaria y una alteración de las
condiciones contractuales pactadas, toda vez que, como se expresó en la
demanda, el valor de la concesión y de las prórrogas tanto de los canales de
operación privada como de las locales con ánimo de lucro se basaron en estudios
de mercado referidos a los niveles territoriales materia de concesión.
Ilustró la manera en como entendía la disposición impugnada afirmando que
significaba que los canales nacionales de operación privada pueden emitir: (i)
noticieros regionales en horarios diferentes a los noticieros de los canales
regionales, (ii) noticieros locales, en cualquier horario, y (iii) todo tipo de
programación (diferente a la noticiosa) dirigida a satisfacer audiencias regionales o
locales sin limitación de horario. Señaló lo siguiente con el propósito de ejemplificar
el caso:
“Así por ejemplo la señal de los canales privados nacionales RCN y CARACOL,
que hasta el omento, por mandato legal, ha sido la misma – sin segmentación-
, emitida de manera completa y permanente en todo el territorio nacional, ahora
podrá ser diferente, y así, los televidentes de la costa atlántica que sintonicen
por ejemplo, en canal RCN, verán un contenido diferente al que, sintonizando
el mismo canal verán, a la misma hora, los televidentes en Medellín o Cali, por
cuenta de que RCN habrá segmentado su señal -que se insiste debería ser
única, completa y permanente a nivel nacional- para que en cada región se
pueda ver contenidos especialmente dirigidos a cada región, invadiendo con
ello la esfera propia, naturaleza y objetivo de los canales regionales o locales
que justamente es a lo que se dedican y vulnerando la naturaleza y alcance de
sus títulos habilitantes (Contratos de Concesión). Y así mismo, podrá un canal
regional replicar el modelo de un canal local -como es el caso del canal de
Bogotá-, generando contenidos especialmente dirigidos a dicha audiencia. Y
por supuesto, todo ese ejercicio de programación especializada y segmentada,
tiene como propósito y efecto, atraer y concentrar la pauta publicitaria que de
otra manera sería -y ha sido por virtud de la Ley 182 de 1995- la base y fuente
de ingresos de los operadores de cubrimiento regional y local, en cada caso, y
que fueron objeto de las valoraciones respectivas en el caso del canal local con
ánimo de lucro. Con ello los dos canales nacionales, hoy en día un duopolio y
ampliamente mayoritarios en su participación en la torta publicitaria, terminarán
por acaparar la ya de por sí reducida porción de pauta que ha venido
sosteniendo la operación de los canales regionales y locales.
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Surge con esto una competencia -imprevista e imprevisible por los actuales
operadores regionales y locales-, por los recursos de la televisión regional o
local, en la medida que los canales nacionales que aprovechando la norma
incluida por la CNTV para su complacencia, pueden vender pauta segmentada
generándose una amenaza a la supervivencia de la televisión pública regional
y local, lo cual, claramente no fue el espíritu de la Ley 182 de 1995, inspirada
en el derecho constitucional de la libre y leal competencia, tal como lo dispone
principalmente el artículo 75 de la C.P y el artículo 333 de la misma normativa
y el artículo 4º de la citada Ley, todo lo cual incluso es reconocido por la máxima
autoridad de las telecomunicaciones, según se expondrá al final del escrito.”21
4.2.4. Agregó que el impacto negativo de las normas acusadas no fue debidamente
calculado y previsto por la CNTV, pues el Acuerdo que se censura no estuvo
precedido, en particular en la regulación del desencadenamiento, de un estudio de
conveniencia, legalidad y de impacto que dicha medida tendría para los prestadores
del servicio público de televisión, sin que se haya aportado prueba para acreditar lo
contrario por la parte accionada.
Indicó que:
“Debió la CNTV haber considerado cuál era el impacto que tendría permitirle a
los canales privados de cubrimiento nacional, que desencadenen (léase
segmenten) la señal que según la ley debe ser única y uniforme para todo el
territorio nacional, y generen contenidos segmentados por regiones, esto es,
comportándose en cada región, como un operador de cubrimiento regional que
provee contenidos especialmente dirigidos a la comunidad respectiva.
No existe -y al respecto nada aporta la ANTV- un estudio que cuantifique el
impacto económico que una medida como. Esta tiene en el mercado, y la grave
afectación que representa para los canales regionales y locales, que por virtud
de esta medida deberán afrontar una competencia que no estaba prevista -por
cuanto precisamente por no ser viable bajo la Ley 182 de 1995 vigente al
momento de suscribir los contratos de concesión- ni valorada al momento de
iniciar su operación o de firmar los contratos respectivos ni aún las prórrogas
de los mismos.
Tampoco aparece prueba alguna de cuál es el sustento técnico económico para
haber determinado el porcentaje mínimo y máximo de programación que podría
ser objeto de desencadenamiento, como si tal regulación y determinación
pudiera salir del mero arbitrio y apreciaciones de la CNTV. Nótese que al
respecto el apoderado de la ANTV apenas apunta a expresar su opinión de ser
“mínima”, lo que no pasa de ser una consideración subjetiva, sin fundamento
técnico, jurídico ni económico.”22
4.2.5. Manifestó que esa empresa no ha sido la única que ha considerado las
normas acusadas como contrarias a la realidad jurídica y económica del mercado,
21 Folios 243 y 244 del Cuaderno número 2.
22 Folios 247 y 248 ibídem.
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así como altamente inconvenientes y perjudiciales; sino que varios entes coinciden
en que las mismas traerían graves implicaciones. Así, trajo a colación las
declaraciones que el Exministro de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones Diego Molano dio en entrevista realizada el 16 de septiembre
de 2013, a la emisora W radio, en la que sostuvo que dicha normatividad pone en
riesgo el futuro de los canales regionales de televisión.
Asimismo, citó la entrevista que la aludida emisora realizó el 12 de septiembre de
2013 al Gerente del canal Telecaribe, en la que aquel expone sus motivos de
inconformidad con el artículo 23 del Acto demandado. Finalmente, el accionante
trajo a colación la columna de opinión del señor Heriberto Fiorillo, publicada en el
periódico El Tiempo el día 8 de septiembre de 2013, titulada “De un “mico” y una
isla”.
4.3. A través de memorial del 25 de noviembre de 201623, la parte actora, dando
alcance a algunas de las manifestaciones realizadas en los alegatos de conclusión,
informó que en el proceso con número de radicado 2012-00278, esta Sección
declaró la nulidad de las expresiones desencadenamiento y encadenamiento
contenidas en los artículos 4º, 22 y 23 del Acuerdo No 002 de 4 de abril 2012. En
consecuencia, aportó copia informal de la referida providencia24
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto
mediante memorial25 radicado en la Secretaría de esta Sección el día 21 de febrero
de 2020. Con el fin de abordar la controversia bajo estudio, planteó el siguiente
problema jurídico “¿se encuentran afectados de nulidad los artículos 4 y 23 del
Acuerdo 002 de 2012, expedido por la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVESIÓN
“por medio del cual se establece y reglamenta la prestación del servicio público de
televisión abierta radiodifundida digital terrestre -TDT”?”26; el cual resolvió conforme a los
argumentos que se sintetizan a continuación:
23 Visto a folios 260 y 261 del cuaderno principal.
24 Visto a folios 262 a 323 ibídem.
25 Visto a folios 354 a 362 ibídem.
26 Visto a folio 355 ibídem.
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Manifestó que la entonces CNTV era la encargada de la intervención del espacio
electromagnético utilizado para los servicios de televisión y la política que en esa
materia determinara la ley. Adujo que esa entidad fue suprimida por la Ley 1507 de
2012, que a su vez creó la ANTV, a quien le correspondió asumir las funciones de
la primera entidad en cita. Posteriormente, advirtió que la Ley 1978 de 2019 derogó
a la referida norma del 2012 y ordenó la entrada en liquidación de la ANTV.
Expuso que la CNTV contaba con potestad regulatoria sobre la televisión nacional,
aspecto éste que no fue discutido en la demanda, y que fue abordado por la Corte
Constitucional en sentencia C-570 de 2010. Así, indicó que, con la expedición del
Acuerdo 02 de 2012, la citada Comisión ejerció su función de regulación en los
temas propios de su competencia.
Arguyó respecto del asunto de la referencia, que la Sección Primera del Consejo
de Estado profirió sentencia el día 22 de septiembre de 2016, dentro del expediente
con número de radicado 11001 23 24 000 2012 00278 00, promovido por el señor
Isaac Alfonso Devís Granados, en la que se declaró la nulidad de las expresiones
encadenamiento y desencadenamiento contenidas en los artículos 4, 22 y 23 del
Acuerdo número 002 de abril de 2012.
Resaltó que, en dicha oportunidad, esta Sección estudió la presunta vulneración
del artículo 13 de la Ley 182 de 1995, al no haberse cumplido con el procedimiento
para la expedición del acto acusado, previsto en “el artículo 37, parágrafo 4º, 5º,
literal c); 18 parágrafo y del Artículo 20, literal a) de la Ley 182 de 1995”27
Sostuvo que, si bien en ese momento no se analizaron los cargos relativos a la
posible vulneración de los artículos 22, 35, 36 y 37 de la Ley 182 de 1995, lo cierto
es que esta Corporación confrontó el texto de los artículos 4 y 23 del Acuerdo No.
002 del 4 de abril de 2012 con el contenido de la Ley 182 de 1995, particularmente
estudió los reproches que fueron elevados en el asunto de la referencia, dado que
coincidentemente la demanda allí analizada planteó argumentos, entre otros,
relacionados con la afectación del equilibrio económico derivado de la pauta
27 Visible a folio 361 del Cuaderno No. 2
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publicitaria, la unidad de materia y el no sometimiento del acuerdo a consulta
pública.
En ese sentido, dijo que la sentencia en cuestión no sólo declaró la nulidad de la
definición encadenamiento y desencadenamiento contenida en los artículos 4 y 23
del Acuerdo 02 de 2012, sino que además estudió que el literal a) del artículo 20 de
la Ley 182 de 1995, que permite que algunos programas exclusivos se destinen
únicamente a determinados usuarios, y de ahí estimó que el artículo 23 del Acuerdo
acusado se ajustaba a derecho al reglamentar las condiciones en las cuales eran
posibles que ciertos programas del servicio de televisión abierta se destinaran
únicamente a usuarios específicos, sin diferenciar si debía ser gratuito o pago.
Expresó que en la aludida providencia se indicó que no fue desvirtuada la
presunción de legalidad del artículo 4º del acto enjuiciado en cuanto definió los
subcanales digitales, ni del artículo 23 ibídem, el cual, en desarrollo del literal a) del
artículo 20 de la Ley 182 de 1995, permitió que los operadores de televisión abierta
realizaran programación destinada únicamente a determinados usuarios hasta el
equivalente al 5% de la oferta televisiva mensual, dado que dicha modalidad de
televisión abierta se ajustaba dentro de los parámetros definidos por el literal a) del
artículo 20 de la Ley 182 de 1995.
En ese sentido, aseveró que, frente a la pretensión de declarar la nulidad del
artículo 4 del Acuerdo 002 de 2012, en lo que se refiere a la definición de
encadenamiento, existe cosa juzgada; de otro lado, respecto a la pretensión de
declarar nulo el artículo 23 ibídem, afirmó que el demandante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de éste, por lo que no cuenta con vocación de prosperidad.
Para sustentar lo anterior, sostuvo que el citado Acuerdo tuvo como objeto
establecer las condiciones básicas para la prestación del servicio de televisión
abierta radiodifundida digital terrestre -TDT, y para adelantar la transición de la
televisión analógica; así como el cese de las emisiones de dicha forma de producir
televisión.
Expresó que por ello la reglamentación adoptada por la CNTV se refiere a los
usuarios a quienes está destinada la señal de televisión analógica. Agregó que la
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ley dispuso que, conforme a la reglamentación que adoptara la mencionada
Comisión, determinados programas podrían emitirse únicamente a ciertos usuarios,
razón por la cual el artículo 23 acusado se encargó de regular las condiciones en
las que era posible llevar a cabo tal actividad.
Alegó que, contrario a lo sostenido por el demandante, quien aseguró que el artículo
23 demandado desconoce la clasificación del servicio en función del nivel de
cubrimiento, lo cierto es que dicha disposición normativa se fundamenta en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 182 de 1995, que dispone que la televisión abierta es
aquella cuya señal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en
el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que la autoridad competente
determine que ciertos programas se destinen únicamente a determinados usuarios.
Para finalizar su intervención, el Agente del Ministerio Público concluyó que no hay
lugar a estimar las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
“i) Las definiciones de las expresiones “Encadenamiento” y
“Desencadenamiento”, contenidas en los artículos 4º y 23 del Acuerdo 002 de
4 de abril de 2012, fueron declaradas nulas en la sentencia del 22 de
septiembre de 2016, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
dentro del expediente radicado con el No. 11001-03-24-000-2012-00278,
demandante ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS, por lo que existe cosa
juzgada.
ii) Tal como lo concluyó el Consejo de Estado en la sentencia del 22 de
septiembre de 2016, radicado No. 11001-03-24-000-2012-002748-00, la Ley
182 de 1995 autoriza que determinados programas se destinen únicamente a
determinados usuarios. De ahí que los operadores de televisión abierta,
incluida la local, no requieren de otro título habilitante para emitir programación
a determinados usuarios, bien sea de manera gratuita o paga. La CNTV podía
regular las condiciones en las que resultaba posible que ciertos programas de
servicios de televisión abierta se destinaran únicamente a usuarios específicos,
lo que hizo al expedir el artículo 23 del Acuerdo 002 de 2012. En esa
oportunidad, el actor no desvirtuó la presunción de legalidad de que goza el
artículo 23 de la Ley 182 de 1995, al confrontarlo con las normas consideradas
violadas y enunciadas previamente”28.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
28 Visible a folio 362 V y 363 del Cuaderno Principal.
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VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Planteamiento
De acuerdo con el contenido y alcance de la demanda y su respectiva contestación,
se observa que las partes coinciden en que la CNTV expidió el Acuerdo 002 de
2012, en el que establecieron las condiciones básicas para la prestación del servicio
de televisión abierta radiodifundida digital terrestre (TDT) y para adelantar la
transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, así como el cese
de las emisiones de televisión abierta radiodifundida analógica. También coinciden
en que el citado acuerdo es aplicable a los operadores, licenciatarios y
concesionarios de espacios de televisión.
Ahora, discrepan sobre si las disposiciones censuradas incurrieron o no en
violación de normas superiores, pues para la parte demandante las contenidas en
los artículos 4 (en lo que hace a la definición de encadenamiento) y 23, desconocen
los niveles de cubrimiento en la prestación del servicio de televisión previstos en el
parágrafo 2º del artículo 22 de la Ley 182 de 1995, en tanto que habilita la prestación
del servicio de televisión en un ámbito territorial distinto al que se autorizó en los
contratos de concesión y según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la misma Ley.
Tampoco presentan acuerdo en lo referente al concepto de encadenamiento
previsto en el artículo 4 del acto censurado, como quiera que para la actora se
desconoce lo dispuesto en el parágrafo 2 artículo 22 y numeral 3 del artículo 37
ibídem, al permitir que dicha figura opere respecto de canales nacionales de
televisión abierta, cuando el Congreso de la República sólo la habilitó para los
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zonales y regionales; mientras que la ANTV es del concepto que la Ley 182 de 1995
permite el encadenamiento sin importar el área de cobertura y que, en todo caso,
una eventual diferencia en la interpretación de la disposición enjuiciada debe ser
definida de acuerdo con lo que para ese caso hubiere brindado la UIT.
Difieren también en cuanto al alcance del desencadenamiento definido en el
artículo 23 de la decisión censurada, pues para la CEETTV al no existir la
posibilidad de que un canal nacional se encadene es inviable que se desencadene,
y en todo caso, de admitir que un canal nacional pueda emitir programación
especial de acuerdo a la región en que trasmita lo que se presenta es una
segmentación que no encuentra sustento en ninguna disposición legal.
La divergencia además se presenta en el alcance de la reglamentación del literal a)
del artículo 20 de la Ley 182 de 1995, pues para la accionante tal precepto
determina que la televisión abierta debe ser gratuita, mientras que el
desencadenamiento, según su lectura, solamente puede ser concebido en la
modalidad de pago, luego habría una evidente contradicción.
De igual forma, existe confrontación en lo atinente a los porcentajes contenidos en
el artículo 23 del Acuerdo 02 de 2012, pues para la demandante generan un
rompimiento del equilibrio económico de los contratos suscritos por los canales de
televisión abierta radiodifundida que participan en el mercado de la pauta
publicitaria, todo lo cual se enmarcaría en un título de responsabilidad por el “hecho
del príncipe”.
Discute la actora que no existen estudios que definan que los porcentajes a que se
ha hecho mención no afectaban las condiciones de competencia en oferta televisiva
ni en el mercado de la pauta publicitaria.
Adicionalmente, se reprocha la legalidad del artículo 23 del acto acusado por
vulneración del artículo 23 Superior, pues a juicio de la accionante la norma
reglamentaria brinda una especial protección a los canales regionales sobre los
locales sin ningún fundamento.
Cuestiona la actora que la creación de la figura del desencadenamiento fue
aplicada a la televisión analógica y que por ende, desconoció la unidad de materia
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en la reglamentación, pues el objeto del Acuerdo 02 de 2012 era la regulación de
la televisión abierta radiodifundida digital terrestre (en adelante TDT).
Por último, controvierte que el artículo 23 de la decisión enjuiciada no fue sometido
a los procesos de consulta pública a efectos de que se surtieran las observaciones
de rigor; mientras que la ANTV recalcó que las normas censuradas fueron
sometidas a consulta por parte de los interesados, por lo que, a su juicio, fueron
proferidas siguiendo el trámite establecido para esos efectos previsto en el artículo
13 de la Ley 182 de 1995.
Ahora, es pertinente señalar que tanto la CEETTV como el Ministerio Público dieron
cuenta de que en sentencia emitida el 22 de septiembre de 2016, la Sala de la
Sección Primera de esta Corporación declaró la nulidad de dichas acepciones
encadenamiento y desencadenamiento, por lo que debe analizarse el asunto a la
luz de la existencia de cosa juzgada.
Vistas así las cosas, es preciso adelantar el análisis de los puntos ya discernidos
en el orden planteado, no sin antes abordar el estudio del anotado fenómeno de
cosa juzgada, como se efectuará a continuación.
7.3. Cosa juzgada
7.3.1. La citada figura se encuentra referida a los atributos de imperatividad,
coercibilidad e inmutabilidad de que están revestidas las sentencias ejecutoriadas.
En esa lógica, el artículo 189 del CPACA establece los efectos de dichas
providencias, indicando lo siguiente:
“Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en
lo pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
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juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a
su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la
formalidad del registro de acuerdo con la ley.
En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación
de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte
imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue
desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y
no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que
desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de
primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.
De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10)
días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma
estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la
suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para
el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de
reposición”. (Subrayas de la Sala).
Por lo que se refiere a este punto y en específico, en lo tocante con los procesos
de nulidad, esta Sección, en sentencia del 11 de junio de 2020, precisó lo que sigue:
“26. Esta Corporación29 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada
en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:
“(…) El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los
artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del
Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad
de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que
respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que
se solicite su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las
que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen
sobre la causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los
actos que son objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos,
los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en
la sentencia que negó la pretensión nugatoria (…)”(Destacado fuera de
texto).
29[17]Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado Nro. 05001-23-33-000-2015-
02253-01, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
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27. La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada
supra, que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones
de la demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “(…) lo cual
significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un
acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto
demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la
causa invocada para sustentar la nulidad deprecada (…)”30; es decir, que la
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa
juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los
argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo
pronunciamiento en relación con el acto acusado.
28. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las
pretensiones, esta producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi que, entendida como la razón o los motivos por
los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el
concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad;
de ello se infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una
acción de nulidad hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, solo respecto de
los cargos que dan lugar a su interposición”31. (Paréntesis y negrillas dentro del
texto, subrayas de la Sala).
Así las cosas, en tratándose de procesos de nulidad los efectos de una decisión
previa que haya controlado las disposiciones que se ventilan en un juicio actual
tienen efectos erga omnes, es decir, afectan incluso a sujetos que no hayan
intervenido en el proceso inicial. No obstante, dependiendo del sentido de la
decisión adoptada en la sentencia se definirá si existe o no cosa juzgada absoluta
o relativa.
En ese orden, si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la
excepción fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de
las disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que
resultaría improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas
normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a éste.
Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de
los cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativo, lo
que significa que se predicará únicamente de los cargos en ella analizados y
respecto de las disposiciones acusadas, por lo que la delimitación del objeto y la
30[18]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
octubre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 11001 03 25
000 2006 00388 00.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente:
Hernándo Sánchez Sánchez, sentencia de 11 de junio de 2020, radicación número 11001-03-24-
000-2009-00357-00.
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causa petendi en esa hipótesis resulta necesaria y por ello el estudio de la figura
deberá circunscribirse a los elementos previstos en el artículo 303 del Código
General del Proceso, aplicable en virtud de la remisión normativa del artículo 306
del CPACA, es decir: 1. que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; 2. que
se funde en la misma causa anterior, y 3. que en los procesos haya identidad
jurídica de parte. Requisito, este último, del que debe aclararse que no es aplicable
en procesos de nulidad, ya que en éstos la parte actora no promueve la acción en
interés particular, sino todo lo contrario, en interés del orden jurídico32.
7.3.2. Así pues, en lo que hace a la sentencia del 22 de septiembre de 2016
proferida dentro del proceso número 11001 03 24 000 2012 00278 00 (en adelante
2012 00278), respecto de la cual, como se anunció, es pertinente acometer el
estudio de cosa juzgada, debe señalarse que esta Sección estimó parcialmente las
pretensiones de nulidad en contra del Acuerdo 02 de 2012 emitido por la CNTV,
circunstancia que nos ubica en la segunda de las hipótesis anteriormente explicada.
En efecto, la parte resolutiva de la anotada providencia dispuso lo que se lee a
continuación:
“F A L L A:
DECLÁRASE la nulidad de la definición de las expresiones
“Desencadenamiento” y “Encadenamiento”, contenida en los artículos 4º, 22 y
23 del Acuerdo núm. 002 de 4 de abril de 2012.
DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.”
7.3.3. Siendo ello así, en aras de determinar si en el caso sub examine se configura
o no el fenómeno de la cosa juzgada, resulta indispensable examinar si el objeto y
la causa de la demanda incoada coinciden total o parcialmente con las que
ocuparon la atención de la Sala en el proceso que culminó con la mencionada
sentencia.
7.3.3.1. Similitud de objeto.
a. Sobre el particular, se observa que en el proceso identificado con número de
radicación 2012 00278, en el que fungía como demandante el señor Isaac Alfonso
32 En ese mismo sentido se pronunció esta Sección en audiencia inicial celebrada el 25 de enero de
2021, dentro del proceso identificado con número de radicación 11001 03 25 000 2015 00190 00.
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Devis Granados, se pretendió la declaratoria de nulidad del Acuerdo 002 de 2012,
“Por medio del cual se establece y reglamenta la prestación del servicio público de
televisión abierta radiodifundida digital terrestre – TDT”.
b. Entre tanto, en el presente asunto se solicitó que se declare la ilegalidad de los
artículos 4 en cuanto a la definición de “encadenamiento” y el artículo 23 del
Acuerdo 002 de 2012, “Por medio del cual se establece y reglamenta la prestación
del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre – TDT”.
c. En ese orden, se observa que existe una similitud parcial de objeto entre el
proceso 2012 00278 y el presente asunto, en la medida que ambos se busca la
declaratoria de nulidad del artículo 23 y de la noción de “encadenamiento” dispuesta
en el artículo 4º del citado acto administrativo.
7.3.3.2. Identidad de causa.
a. En el proceso con radicado 2012 00278 la causa petendi consistió en la
violación de los artículos los artículos 13, 75, 77, 83, 209, 333 y 365 de la
Constitución Política y 13, 18 a 22 y 37 modificado por el 24 de la Ley 335 de 1996,
de la Ley 182 de 1995; en tanto allí se consideró que la decisión impugnada “fue
expedida irregularmente, porque se expidió en contravención notoria de las Ley
(Sic) en que debió fundarse”.
b. En lo que hace al proceso de la referencia el móvil para controvertir la validez
de las disposiciones censuradas fue la violación de los artículos 13 y 77 de la
Constitución Política y los artículos 22, 35, 36 y 37 de la Ley 182 de 1995 con las
modificaciones introducidas por las Leyes 335 de 1996, 506 de 1999 y 680 de 2001.
Los cargos que se expusieron fueron los de infracción de normas en que debe
fundarse y falsa motivación.
c. En ese orden, se observa que tanto el proceso 2012 00278 como el asunto
de la referencia, coinciden en reprochar que la ANTV vulneró las normas en que
debió fundarse. Siendo ello así, lo que se impone es definir lo que se expuso en la
sentencia previa sobre las disposiciones que aquí se cuestionan; veamos:
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“Cargo 1: Violación del artículo 13 de la Ley 182 de 1995, porque no se cumplió
con el procedimiento señalado para expedir el acto acusado.
Los artículos 4°, 22 y 23 del Acuerdo Acusado, prevén:
“Artículo 4°. Definiciones. Para los efectos de este acuerdo, los términos
contemplados en el presente artículo tendrán el significado que aquí se
les asigna. En caso de presentarse alguna diferencia en el alcance,
significado o interpretación de los términos definidos en el presente
acuerdo, se acudirá a lo definido o establecido por la UIT y en su defecto,
por la ETSI.
Canal digital de televisión: Secuencia de programas bajo el control de
un operador que utiliza para su emisión parte de la capacidad de un
múltiplex digital.
Canal principal digital: Porción del múltiplex digital que se radiodifunde
y que debe cumplir todas las obligaciones consagradas en la regulación
vigente para la televisión abierta radiodifundida analógica y que durante
el período de transición, deberá transmitir la misma programación abierta
radiodifundida en la televisión analógica. La recepción del canal principal
digital siempre será libre y gratuita para el televidente.
Canal radioeléctrico: Parte del espectro de frecuencias atribuido para la
transmisión de señales de televisión desde una estación radioeléctrica y
que queda definido por la frecuencia central y el ancho de banda, de
acuerdo con la reglamentación de la UIT. Se puede llamar también
frecuencia radioeléctrica.
Desencadenamiento: Desvinculación entre diferentes estaciones de
televisión previamente encadenadas, con el fin de emitir diferente
programación según las condiciones de tiempo, modo y lugar
establecidas por la CNTV, de conformidad con lo previsto en el literal c)
del artículo 5° de la Ley 182 de 1995.
Encadenamiento: Vinculación entre diferentes estaciones de televisión
abierta radiodifundida con el fin de emitir el mismo contenido, según las
condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas por la CNTV, de
conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de
1995.
Espacio de televisión: Unidad de tiempo determinada que se utiliza
para radiodifundir material audiovisual a través de los canales de
televisión.
Múltiplex digital: Conjunto de canales de televisión digital, canales de
audio y/o datos que ocupa un canal radioeléctrico.
Oferta televisiva digital: Es aquella conformada por la totalidad del
múltiplex digital, es decir, por la radiodifusión del Canal Principal Digital y
los Subcanales Digitales.
Período de transición: Es el período de tiempo durante el cual cada
operador de televisión abierta radiodifundirá su programación en la
tecnología analógica y digital, de manera simultánea.
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Radicado: 11001 03 24 000 2012 00267 00
Demandante: CEETTV S.A.
Programa de televisión: Conjunto de contenidos audiovisuales dotado
de identidad propia, que constituye un elemento unitario dentro del
esquema de programación de un canal de televisión digital.
Programación de audio: Secuencia de contenidos sonoros para la cual,
el concesionario determina su horario, ubicación y movimientos en el
tiempo.
Programación de televisión: Es la secuencia de contenidos o material
audiovisual que se programa y emite en un canal de televisión, para lo
cual el concesionario determina su horario, ubicación y movimientos de
la parrilla. La programación incluye la radiodifusión de contenidos,
incluida la publicidad.
Red de frecuencia única: Conjunto de estaciones radioeléctricas
sincronizadas que permite cubrir ciertas zonas o todo el territorio, llamada
zona de servicio, utilizando la misma frecuencia o canal radioeléctrico en
todas las estaciones.
Red multifrecuencia: Conjunto de estaciones radioeléctricas que
permite cubrir ciertas zonas o todo el territorio, llamada zona de servicio,
utilizando más de una frecuencia o canal radioeléctrico en las estaciones
que conforman la red.
Servicio de Datos: Secuencia de datos para la cual, el concesionario
determina su horario, ubicación y movimientos en el tiempo.
Subcanales digitales: Porciones del múltiplex digital que se
radiodifunden y cuyos contenidos serán determinados libremente por los
concesionarios y licenciatarios del servicio con sujeción a las
obligaciones consagradas en el presente acuerdo. La recepción de los
contenidos de estos subcanales podrá ser libre y gratuita o bajo
modalidad de pago, en aplicación de lo establecido en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 182 de 1995.”
“Artículo 22. Encadenamientos. El encadenamiento procederá de
conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 22 de la Ley
182 de 1995.”
“Artículo 23. Desencadenamientos. En desarrollo de lo previsto en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 182 de 1995, los canales podrán emitir
programación destinada únicamente a determinados usuarios, hasta por
el equivalente al cinco por ciento (5%) de la oferta televisiva mensual del
canal analógico y su equivalente en el canal principal digital.
Tales emisiones podrán alcanzar como máximo un total del veinte (20%)
de la oferta televisiva mensual, previa solicitud del operador interesado a
la Comisión Nacional de Televisión o la entidad que haga sus veces. Para
efectos de otorgar o no la autorización correspondiente, la CNTV o la
entidad que haga sus veces, realizará un estudio de las condiciones de
competencia en la oferta televisiva y las implicaciones que sobre la pauta
televisiva pueda generar el desencadenamiento, con base en el cual
adoptará la decisión más favorable al mercado analizado.
Los espacios informativos noticieros, entendidos estos espacios como
aquellos programas televisivos que se encargan de transmitir a los
televidentes las noticias actualizadas del día y de las últimas horas, se
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emitirán en horarios que no coincidan con los horarios de los informativos
y espacios noticiosos de los operadores públicos regionales.
Se permitirá, igualmente, el desencadenamiento sin restricciones
temporales o porcentuales en los subcanales digitales.
Parágrafo. La CNTV o la entidad que haga sus veces, podrá modificar
de oficio las autorizaciones concedidas en aplicación del presente
artículo, siempre que como resultado del estudio de competencia que de
manera posterior se realice, resulte necesario para evitar posibles fallas
o distorsiones en el mercado.” (Subrayas de la Sala).
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, dispone:
“ARTICULO 13. Procedimiento especial para la adopción de
acuerdos. Para la adopción de los actos de carácter general que sean
de competencia de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Televisión, deberá seguirse siempre el siguiente procedimiento:
a) La Junta Directiva deberá comunicar a través de medios de
comunicación de amplia difusión la materia que se propone reglamentar;
b) Se concederá un término no mayor de dos (2) meses a los interesados,
para que presenten las observaciones que consideren pertinentes sobre
el tema materia de regulación;
c) Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones y con base en la información disponible, se adoptará la
reglamentación que se estime más conveniente;
d) Dicha reglamentación será comunicada de la manera prevista por la
Ley 58 de 1985 o en las normas que la modifiquen o sustituyan”.
Cabe resaltar que la Sala Unitaria, mediante auto de 17 de febrero de 2014,
decretó la medida cautelar de suspensión provisional que solicitó el actor frente
a las definiciones de “encadenamiento” y “desencadenamiento” contenidas en
el artículo 4º del acto acusado - Acuerdo núm. 002 de 2012-, porque no fueron
incluidas en el texto del proyecto sometido a divulgación, conocimiento y
discusión del público, como lo dispone el artículo 13 de la Ley 182 de
1995.
Al efecto, resulta útil traer a colación todas las precisiones hechas en el
mencionado auto, frente al deber legal consagrado en la Ley, esto es, la
obligación de publicidad durante la etapa de formación de los actos generales
emanados de la Comisión Nacional de Televisión. Expresó la Sala Unitaria33:
“De todo lo anterior se desprende que en el proceso de expedición del
acto acusado, la demandada no dio cumplimiento cabal al requisito de
publicidad que exige el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, pues si bien es
cierto que, como lo advirtió el Despacho en el auto recurrido, la CNTV
adelantó las etapas de publicación y discusión de la materia a
reglamentar, no lo es menos que era indispensable que en dichas etapas
se dieran a conocer a los interesados los estudios que sirvieron de base
al proyecto de Acuerdo que se sometió a discusión, a fin de que pudiera
desarrollarse el respectivo debate que el Legislador previó para la
expedición de los actos generales de dicha entidad.
33Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 26 de
septiembre de 2013, proferido en el expediente núm. 2012-00064-00. Magistrada Ponente doctora
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
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En este orden de ideas, de la comparación del contenido del acto
demandado y del artículo 13 de la Ley 182 de 1995 examinado, advierte
la Sala Unitaria que efectivamente no se cumplió totalmente con el
requisito de publicidad en la formación de los actos generales de la
CNTV, porque no se dio a conocer la materia que se iba a
reglamentar, pues, se repite, el Acuerdo 002 de 2012 se expidió sin
someter a discusión los estudios exigidos para tal efecto, que, según
su parte motiva, sirvieron de fundamento para que esa entidad adoptara
el reglamento de los sistemas que garantizan el acceso de las personas
sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión.
Frente a este asunto en particular, la Sección Primera ha sostenido que:
“Se observa que según ese texto [artículo 13, Ley 182 de 1995], la
Comisión Nacional de Televisión puede proferir Acuerdos, y que éstos
constituyen actos administrativos de carácter reglamentario en el ejercicio
de sus funciones y sobre los asuntos a su cargo o de su competencia,
esto es, los relativos al servicio público de televisión, en los términos
señalados en los artículos 76 y 77 de la Constitución Política y de la Ley
182 de 1995, artículos 6º y ss.
Que para la adopción de los referidos reglamentos o ‘acuerdos’, el
procedimiento se debe iniciar con una amplia divulgación de ‘la
materia que se propone reglamentar’, mediante publicación en medios
masivos de comunicación.
(...).
Así las cosas, en relación con tales reglamentaciones, esa disposición
es inequívoca en cuanto a lo imperativo o ineludible del trámite en ella
señalado para su adopción, de suerte que este aspecto procedimental
o formal de los acuerdos de la CNTV, es reglado, y por lo tanto se
trata de una formalidad sustancial, según calificación de la doctrina y
la jurisprudencia, que por lo demás es un claro desarrollo del carácter
participativo de la democracia Colombiana, consagrada en el artículo 1º
de la Constitución Política., y del artículo 40 de la Constitución Política en
cuanto al derecho de los Colombianos a tener iniciativa en corporaciones
públicas en relación con asuntos de especial interés general y social,
como justamente son los relativos a la regulación de la televisión.”34
(Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que:
“Lo anterior demuestra que en esta materia, ha sido intención del
legislador brindarles la oportunidad de participación a los destinatarios de
las normas reglamentarias del servicio de la televisión en la elaboración
de las mismas, dándoles oportunidad de opinar, antes de que sean
tomadas las decisiones definitivas por la entidad competente, es decir,
por la Comisión Nacional de Televisión.
Observa la Sala que el Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre
la exigencia de este requisito legal de formación de actos
administrativos de carácter general como el demandado –Acuerdos
de la Junta Directiva de la CNTV-, considerando que su omisión vicia
34 Providencia de 13 de mayo de 2010. Expediente núm. 2004-00375. Consejero ponente: doctor
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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estas decisiones y declarando nulo el acto que ha incurrido en dicha
irregularidad.”35 (Resaltado fuera del texto).
En el auto de 17 de febrero de 2014, la Sala Unitaria hizo hincapié en el hecho
de que la Jurisprudencia de esta Corporación, como quedó visto, ha sostenido
que la finalidad del artículo 13 de la Ley 182 de 1995, al ordenar a la CNTV que
se dé a conocer a los interesados la materia que se pretende reglamentar, es
la de permitir el desarrollo del “respectivo debate que el Legislador previó para
la expedición de los actos generales de dicha entidad”.
Por lo tanto, no existe duda alguna de que para la adopción de actos de carácter
general por parte de la CNTV, previamente, debe dar a conocer al público, a
través de medios de comunicación de amplia difusión, la materia que se
propone reglamentar, so pena de transgredir el procedimiento establecido en
el artículo 13 de la Ley 182 de 20 de enero de 1995, previsto para tal efecto.
Por lo anterior, en el presente caso, la Sala reitera lo expresado por la Sala
Unitaria mediante el auto de 17 de febrero de 2014, en el sentido de que las
definiciones de “encadenamiento” y “desencadenamiento” contenidas en
los artículos 4°, 22 y 23 del acto administrativo acusado, Acuerdo 002 de 2012,
no fueron incluidas en el texto del proyecto sometido a divulgación,
conocimiento y discusión del público, y por ello decretó la medida cautelar de
suspensión provisional. Argumentó la Sala Unitaria lo siguiente:
“En efecto, a folios 17 a 30 del cuaderno principal, obra el Proyecto de
Acuerdo, “Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio
público de televisión radiodifundida en tecnología digital terrestre -
TDT-”, en cuyo artículo contentivo de “DEFINICIONES”, visible a folio 21,
no se alude a los temas de “encadenamiento” y
“desencadenamiento”, y tampoco se desarrollan en parte alguna de
dicho proyecto, pero sí fueron incluidos en los artículos 4°, 22 y 23 del
acto acusado, que obra a folios 54 a 68.
El acto administrativo acusado expuso en su parte considerativa, entre
otros, los siguientes argumentos:
“Que la CNTV en curso del estudio del proyecto regulatorio, procedió
a publicarlo en el Diario Oficial No. 48169 del 22 de agosto de 2011, y
en cumplimiento de las determinaciones de Junta Directiva números 1750
y 1754 de 2011, recibió 38 observaciones, incluidas en las expuestas
en la jornada de socialización llevada a cabo en ACIEM el 31 de agosto
de 2011, escenario abierto por la CNTV en aras de la construcción
conjunta de la regulación.
Que todas las observaciones fueron objeto de estudio y respuesta
según documento publicado en la página web de la entidad, bajo un
análisis que contó con el acompañamiento y asesoría de un experto
externo, de acuerdo con las determinaciones de Junta Directiva números
1765 y 1775.
Que así, observando el trámite establecido en el parágrafo del artículo 12
y en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, y de acuerdo con las
competencias antes descritas, la Junta Directiva de la Comisión Nacional
de televisión en sesión del 4 de abril de 2012, según consta en el Acta
No. 1805, aprobó la expedición del Acuerdo por medio del cual se
35 Providencia de 13 de mayo de 2009. Expediente núm. 2004-00020. Consejero ponente: doctor
Ramiro Saavedra Becerra.
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reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta
radiodifundida en tecnología digital terrestre –TDT-” (Las negrillas y
subrayas no son del texto original).
Ahora bien, con la demanda, el actor aportó copia del documento
denominado “Respuesta a observaciones sobre el proyecto de
Acuerdo “por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio
público de televisión abierta radiodifundida en tecnología digital
terrestre -TDT-” Diciembre de 2011”, que en su página 3ª, mencionó lo
siguiente:
“En este documento se agrupan las observaciones de los distintos
remitentes, según los títulos dispuestos en el proyecto de acuerdo y se
presenta una respuesta consolidada respecto del tema materia de
análisis. Los textos completos de las observaciones recibidas
oportunamente están disponibles en la página web de la CNTV
www.cntv.org.co.
Es importante advertir que el presente documento solamente hará
referencia a las observaciones formuladas en relación con los
asuntos de que trata el proyecto de Acuerdo sometido a discusión,
de manera que aquellos que no guardan relación directa con su
contenido, no serán objeto de respuesta.” (Las negrillas y subrayas no
son del texto original).
En el punto 2.2 de dicho documento, se trató el tema correspondiente a
“Definiciones”, frente a una observación presentada por TVPC, en
cuanto al concepto de “programación de televisión”, que fue resuelta por
la CNTV en el sentido de que “El proyecto no está llamado a regular a los
operadores de TV por Suscripción”.
Con dicha respuesta se agotó la discusión sobre el tema de
“DEFINICIONES”, de manera que no se hizo alusión ni se discutió la
materia de “encadenamiento” y “desencadenamiento”, que resultó
incluida en el acto administrativo acusado, esto es, en el artículo 4º del
Acuerdo 002 de 2012.
Similar situación se presenta frente a los artículos 22 y 23 del citado
Acuerdo, que consagraron la regulación de la materia mencionada, pues
no se advierte que ésta haya sido objeto de discusión por parte del
público interesado, si se tiene en cuenta que en el documento
denominado “Respuesta a observaciones sobre el proyecto de Acuerdo”,
no se hace referencia alguna a la misma, es decir, que no se formularon
acotaciones en tal sentido, que dieran lugar a incluir la regulación de
“encadenamiento” y “desencadenamiento” en el Acuerdo definitivo, lo
cual, bien puede hallar explicación en el hecho de que el tema no formaba
parte del proyecto previamente difundido.
Adicionalmente, a folios 83 a 92 del cuaderno que contiene la solicitud de
la medida cautelar de suspensión provisional, obra copia del proyecto de
Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES
TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN
RADIODIFUNDIDA EN TECNOLOGÍA DIGITAL EN COLOMBIA”,
dentro del cual tampoco se mencionan los conceptos de
“encadenamiento” y “desencadenamiento”.
En tales circunstancias, para la Sala Unitaria, del análisis del acto
administrativo acusado y su confrontación con la norma superior
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invocada como violada (artículo 13 de la Ley 182 de 20 de enero de
1995), y del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud36, es
evidente que la regulación del tema de “encadenamiento” y
“desencadenamiento”, incluida en el Acuerdo 002 de 4 de abril de
2012, no formó parte del proyecto sometido al conocimiento y
discusión del público interesado; tampoco fue incluido en el
Proyecto de Acuerdo que establecía las condiciones técnicas para
la prestación del servicio de televisión radiodifundida en TDT, ni
existe evidencia de que tal inclusión en el Acuerdo definitivo haya
ocurrido con ocasión de las observaciones presentadas por la
comunidad durante el proceso de socialización del citado Proyecto.
(Resalta y subraya la sala)
Ello deja claro que la materia que pretendía regular la CNTV, en cuanto
a encadenamientos y desencadenamientos, no cumple, en principio, con
el requisito previsto en el artículo 13 de la Ley 182 de 1995, para la
adopción de actos generales, a saber, el de “comunicar a través de
medios de comunicación de amplia difusión la materia que se
propone reglamentar”, lo cual impone decretar medida cautelar de
suspensión provisional de los artículos 4º, únicamente en cuanto a las
definiciones de “encadenamientos” y “desencadenamientos”; 22 y 23 del
Acuerdo 002 de 4 de abril de 2012, emanado de la entidad demandada.
Coherente con lo expresado, se declarará la nulidad de las expresiones
“encadenamientos” y “desencadenamientos” contenidas en los artículos 4°, 22
y 23 del Acuerdo acusado”.
(…)
FALLA
“DECLÁRASE la nulidad de la definición de las expresiones
“Desencadenamiento” y “Encadenamiento”, contenida en los artículos 4º, 22 y
23 del Acuerdo núm. 002 de 4 de abril de 2012”.(Subrayas de la Sala).
7.3.4. Vistas así las cosas, coincide la Sala con la apreciación de la demandante y
del Ministerio Público en cuanto que no se evidencia duda alguna acerca de la
existencia del fenómeno de cosa juzgada en relación con los artículos 4 y 23 del
Acuerdo 002 del 4 de abril de 2012 proferido por la CNTV, pues tales disposiciones
regularon lo concerniente a los conceptos de “encadenamiento” y
“desencadenamiento”, respectivamente, y el fallo proferido el 22 de septiembre de
2016 por esta Sección declaró la nulidad de esas expresiones en tanto
trasgredieron el mandato que para ese efecto estaba contenido en el artículo 13 de
la Ley 182 de 1995, como quiera que no fue objeto de conocimiento y discusión del
36 Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de
televisión radiodifundida en tecnología digital terrestre –TDT-”; Proyecto de Acuerdo “Por medio del
cual se establecen condiciones técnicas para la prestación del servicio de televisión radiodifundida
en tecnología digital en Colombia” y documento denominado “Respuesta a observaciones sobre el
proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio público de
televisión radiodifundida en tecnología digital terrestre –TDT-”.
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público interesado, ni incluido en el proyecto de Acuerdo que establecía las
condiciones técnicas para la prestación del servicio de televisión radiodifundida en
TDT, ni en el Acuerdo definitivo con ocasión de las observaciones presentadas por
la comunidad durante el proceso de socialización del proyecto37.
Las normas respecto de las cuales recayó la declaración de invalidez son las
siguientes:
“Artículo. 4º—Definiciones. Para los efectos de este acuerdo, los términos
contemplados en el presente artículo tendrán el significado que aquí se les
asigna. En caso de presentarse alguna diferencia en el alcance, significado o
interpretación de los términos definidos en el presente acuerdo, se acudirá a lo
definido o establecido por la UIT y en su defecto, por la ETSI.
(…)
Encadenamiento: Vinculación entre diferentes estaciones de televisión abierta
radiodifundida con el fin de emitir el mismo contenido, según las condiciones
de tiempo, modo y lugar establecidas por la CNTV, de conformidad con lo
previsto en el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995.
(…)
Artículo 23. —Desencadenamientos. En desarrollo de lo previsto en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 182 de 1995, los canales podrán emitir programación
destinada únicamente a determinados usuarios, hasta por el equivalente al
cinco por ciento (5%) de la oferta televisiva mensual del canal analógico y su
equivalente en el canal principal digital.
Tales emisiones podrán alcanzar como máximo un total del veinte (20%) de la
oferta televisiva mensual, previa solicitud del operador interesado a la Comisión
Nacional de Televisión o la entidad que haga sus veces. Para efectos de otorgar
o no la autorización correspondiente, la CNTV o la entidad que haga sus veces,
realizará un estudio de las condiciones de competencia en la oferta televisiva y
las implicaciones que sobre la pauta televisiva pueda generar el
desencadenamiento, con base en el cual adoptará la decisión más favorable al
mercado analizado.
Los espacios informativos noticieros, entendidos estos espacios como aquellos
programas televisivos que se encargan de transmitir a los televidentes las
noticias actualizadas del día y de las últimas horas, se emitirán en horarios que
no coincidan con los horarios de los informativos y espacios noticiosos de los
operadores públicos regionales.
Se permitirá, igualmente, el desencadenamiento sin restricciones temporales o
porcentuales en los subcanales digitales.
37
Lo dicho, fue concebido a partir del análisis que efectuó el Despacho Sustanciador del proceso en
la adopción de la medida cautelar de suspensión provisional, discernimiento que fue acogido en su
integridad en el fallo y que, como se vio, dio lugar a la declaración de ilegalidad en la forma indicada
anteriormente.
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Demandante: CEETTV S.A.
Parágrafo: La CNTV o la entidad que haga sus veces, podrá modificar de oficio
las autorizaciones concedidas en aplicación del presente artículo, siempre que
como resultado del estudio de competencia que de manera posterior se realice,
resulte necesario para evitar posibles fallas o distorsiones en el mercado”.38
En consecuencia, como las disposiciones cuya legalidad se discute en el proceso
de la referencia fueron expulsadas del orden jurídico por haberse desvirtuado el
atributo de legalidad en la sentencia del 22 de septiembre de 2016 proferida en el
proceso identificado con el número 11001 03 24 000 2012 00278 00, se reafirma la
conclusión ya anunciada respecto del acaecimiento del fenómeno de cosa juzgada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR PROBADO EL ACAECIMIENTO DEL FENÓMENO DE
COSA JUZGADA, respecto de los artículos 4 y 23 del Acuerdo 002 de 2012
proferido por la Comisión Nacional de Televisión, y en relación con la sentencia
emitida el 22 de septiembre de 2016, en el proceso identificado con el número 11001
03 24 000 2012 00278 00, expedida por la Sección Primera de esta Corporación,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 7 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
38 Visto a folios 18 a 20 del Cuaderno Principal.
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Demandante: CEETTV S.A.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaro voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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