Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00030-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00030-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00030-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 110010324000-2013-00030-00
Actor: CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ
TESIS: EFECTOS DE LA SENTENCIA T-576 DE 4 DE AGOSTO DE
2014 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA CUAL SE DEJÓ SIN
EFECTOS LA RESOLUCIÓN 212 DE 2012 Y EL DECRETO 2163 DE
2012 COMO ORDEN AL AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, EN ESPECIAL LOS
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PREVIA. CARÁCTER
DEFINITIVO DEL FALLO DE TUTELA FRENTE AL AMPARO QUE
INVOLUCRÓ COMO ACTO VULNERADOR UN ACTO ADMINISTRATIVO
DE CONTENIDO GENERAL. DECLARATORIA DE NULIDAD POR
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPACION.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida, a través
de apoderado, por el señor CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ, que
solicitó se declare la nulidad de i) la Resolución núm. 121 de 30 de
enero de 2012, “por la cual se convoca a los representantes de
los Consejos Comunitario de Comunidades Negras y los
representantes de los raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, a Asambleas Departamentales y se dictan
otras disposiciones”, expedida por el Ministerio del Interior y, ii)
del Decreto núm. 2163 de 19 de octubre de 2012, “Por el cual se
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Número único de radicación: 110010324000-2013-00030-00
Actor: CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ
Nulidad
conforma y reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel
de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras y se dictan
otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- LA DEMANDA
El ciudadano CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ, actuando a través
de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - CPACA 1 , promovió demanda
tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
“[…] 1. Que se declare que es Absolutamente Nula la
Resolución N° 121 de Enero 30 de 2012, “Por la cual se
convoca a los representantes legales de los Consejos
Comunitarios de Comunidades Negras y los representantes de
los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a
Asambleas Departamentales y se dictan otras disposiciones”, en
virtud de las ilegalidades en consignadas en dicha resolución,
consistentes en la violación de normas superiores en las que
debió fundarse, las cuales regulan la participación de las
organizaciones de base en la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
2. Que se declare que es Absolutamente Nulo el Decreto 2163
de 2012, " Por el cual se conforma y reglamenta la Comisión
Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales y
Palenqueras y se dictan otras disposiciones.", por tener como
fundamento la Resolución 121de 2012, la cual desconoció las
normas en las que debió fundarse.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
declare así mismo que queda sin sustento jurídico la
consulta realizada con el espacio nacional creado por la
Resolución No. 0121 del 30 de enero de 2012,
1
En adelante el CPACA.
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Actor: CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ
Nulidad
adicionada por la Resolución 0254 del 16 de febrero del
mismo año, y aprobado por los delegados de los Consejos
Comunitarios de comunidades negras y los representantes de
los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según
consta en el acta de protocolización del proceso de Consulta
Previa del 25 y 26 de Julio del 2012
[…]”.
1.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos de la demanda, el actor adujo, en síntesis, los
siguientes:
Indicó que mediante la Ley 21 de 4 de marzo de 19912, el Estado
colombiano aprobó el Convenio núm. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, que estableció el deber de consultar a los
pueblos interesados, por medio de procedimientos apropiados y a
través de sus instituciones representativas, cuando se proyectaran
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos
directamente.
Señaló que el artículo transitorio 55 de la Constitución Política
dispuso la expedición de una ley destinada a reconocer la propiedad
colectiva de las comunidades negras que ocupaban tierras baldías
en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico,
2
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra
1989”.
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así como a establecer mecanismos para proteger su identidad
cultural, sus derechos y su desarrollo económico y social.
Explicó que, en desarrollo de ese mandato, el Congreso de la
República expidió la Ley 70 de 27 de agosto de 19933, cuyo artículo
45 ordenó al Gobierno Nacional conformar una Comisión Consultiva
de Alto Nivel, con participación de representantes de las
comunidades negras y de los raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, para efectuar el seguimiento de las disposiciones
contenidas en dicha normativa.
Manifestó que el Gobierno Nacional reglamentó la integración y el
funcionamiento de esa instancia mediante los Decretos 1371 de
1994, 2248 de 1995 y 3770 de 2008 y que este último incluyó en la
Comisión Consultiva de Alto Nivel a representantes de los consejos
comunitarios y de las organizaciones de base de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo que, a su juicio,
permitía la participación de colectividades asentadas en territorios
con título colectivo y de aquellas que aún no contaban con dicho
reconocimiento.
Afirmó que, debido a la inexistencia de una reglamentación integral
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"Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.
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Actor: CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ
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sobre el procedimiento y las autoridades encargadas de realizar la
consulta previa, la Comisión Consultiva de Alto Nivel fue utilizada
como instancia de interlocución entre el Gobierno Nacional y las
comunidades afrodescendientes.
Relató que, mediante sentencia de 5 de agosto de 2010, proferida
dentro del expediente 2007-0039, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la nulidad de algunas disposiciones del Decreto
2248 de 1995 relacionadas con la participación de las organizaciones
de base como órganos de representación de las comunidades
negras.
Precisó que el Consejo de Estado consideró que la titularidad de la
representación correspondía a las propias comunidades
involucradas, además que, con posterioridad a esa decisión, el
Ministerio del Interior expidió la Resolución núm. 121 de 30 de
enero de 2012, mediante la cual convocó a los representantes
legales de los consejos comunitarios que contaran con título
colectivo adjudicado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
• INCODER y a los representantes de los raizales de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para que eligieran, en asambleas
departamentales, a los delegados que integrarían un espacio
nacional de representación.
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Nulidad
Sostuvo que dicha resolución fue expedida sin adelantar
previamente un procedimiento de consulta, concertación o
información con las comunidades afrodescendientes y añadió que la
convocatoria restringió la participación a los consejos comunitarios
que contaban con título colectivo, por lo que excluyó a las
organizaciones de base y a las comunidades negras asentadas en
territorios cuya titulación aún no había sido reconocida.
Expuso que la Resolución núm. 121 de 2012 fue adicionada por la
Resolución 0254 de 16 de febrero de la misma anualidad y que, con
fundamento en tales disposiciones, se conformó el denominado
Espacio Nacional de Delegados de los Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras y de los representantes de los raizales de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Indicó que los integrantes de ese espacio participaron en el proceso
de consulta previa adelantado para reglamentar la Comisión
Consultiva de Alto Nivel, actuación que culminó con el acta de
protocolización suscrita los días 25 y 26 de julio de 2012.
Señaló que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2163 de 19 de
octubre de 2012, por medio del cual conformó y reglamentó la
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Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales
y Palenqueras, acto que se sustentó en la consulta efectuada con el
espacio nacional creado mediante la Resolución núm. 121 de 2012 y
mantuvo la participación de los consejos comunitarios que contaban
con título colectivo, con exclusión de las organizaciones de base y de
las comunidades ubicadas en territorios colectivos carentes de
titulación.
1.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como disposiciones vulneradas, el actor invocó los artículos 29 y 55
transitorio de la Constitución Política; 6 y 7 del Convenio núm. 169
de la Organización Internacional del Trabajo; 1, 2, 4, 5, 8, 10, 17,
18, 21, 22 y 23 del Decreto 3770 de 2008; 149 numeral 1 del CPACA.
Para tal efecto, indicó que los actos acusados están viciados de
nulidad con fundamento en los siguientes cargos:
1.3.1.- DESCONOCIERON A LOS TITULARES DEL DERECHO A
LA CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES
Sostuvo que el derecho a la consulta previa pertenece a todas las
comunidades afrodescendientes que conservan los elementos
objetivos y subjetivos que las identifican como grupo étnico, con
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independencia de que cuenten o no con título colectivo sobre sus
territorios, por lo que en su sentir, la Resolución núm. 121 de 2012
restringió injustificadamente la participación únicamente a los
consejos comunitarios con título colectivo adjudicado por el
INCODER, excluyendo a las organizaciones de base y a las
comunidades asentadas en territorios aún no titulados.
1.3.2.- LAS NORMAS ACUSADAS NO FUERON OBJETO DE
CONSULTA
Argumentó que la Resolución núm. 121 de 30 de enero de 2012 fue
expedida sin haber sido sometida previamente a un proceso de
consulta, concertación o información con las comunidades
afrodescendientes, pese a que modificaba aspectos esenciales
relacionados con los mecanismos de representación y participación
de dichas comunidades.
Agregó que el Decreto núm. 2163 de 2012 fue consultado con
fundamento en la Resolución núm. 121 de 2012, la cual consideró
ilegal precisamente por no haber sido objeto de consulta previa,
razón por la cual estimó que ambas disposiciones vulneraban el
derecho fundamental a la consulta previa y el debido proceso.
1.3.3.- DEROGAR UN DECRETO POR MEDIO DE UNA
RESOLUCIÓN
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Argumentó que la Resolución núm. 121 de 2012 desconoció el
régimen previsto en el Decreto 3770 de 2008, el cual continuaba
vigente al momento de su expedición.
Explicó que la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 5 de
agosto de 2010 declaró la nulidad de las disposiciones del Decreto
2248 de 1995 relacionadas con las organizaciones de base; sin
embargo, sostuvo que esa decisión no afectó el Decreto 3770 de
2008.
Señaló que, en virtud del carácter rogado de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, la declaratoria de nulidad únicamente
produjo efectos respecto de las disposiciones demandadas, de
manera que no podía entenderse extendida al Decreto 3770 de
2008, el cual conservó plenamente su vigencia al no haber sido
confrontado ni enjuiciado dentro de ese proceso.
Afirmó que el Ministerio del Interior, al expedir la Resolución núm.
121 de 2012 y excluir de la convocatoria a las organizaciones de
base que el Decreto 3770 de 2008 reconocía como integrantes de la
Comisión Consultiva de Alto Nivel, modificó materialmente el
contenido de una norma reglamentaria de superior jerarquía,
dejándola sin aplicación por medio de un acto administrativo de
inferior rango.
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1.3.4.- REGLAMENTÓ EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN, LIMITANDO
ARBITRARIAMENTE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES
Sostuvo que el Ministerio del Interior, con fundamento en la
sentencia proferida por el Consejo de Estado el 5 de agosto de 2010,
expidió la Resolución núm. 121 de 2012 y creó un espacio nacional
de representación para adelantar procesos de consulta previa, del
cual excluyó a las organizaciones de base de las comunidades
afrodescendientes.
Afirmó que esa exclusión se produjo como consecuencia de la
inaplicación del Decreto 3770 de 2008, pese a que dicha disposición
continuaba vigente, circunstancia que, en su criterio, restringió
injustificadamente la participación de las organizaciones de base en
los espacios de concertación y vulneró los derechos fundamentales
a la consulta previa y al debido proceso.
Explicó que la sentencia del Consejo de Estado únicamente se
pronunció sobre la conformación de la Comisión Consultiva de Alto
Nivel prevista en el artículo 45 de la Ley 70 de 1993, órgano creado
para efectuar el seguimiento de las políticas relacionadas con esa
ley, particularmente en materia de territorios colectivos, mas no
sobre el mecanismo de consulta previa regulado en el Convenio núm.
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169 de la OIT.
1.3.5.- SE REGLAMENTÓ EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
SIN HABER CONSULTADO PREVIAMENTE LAS MEDIDAS
Manifestó que el Decreto núm. 2163 de 2012 fue expedido con
fundamento en un procedimiento consultivo realizado a través del
espacio de representación creado por la Resolución núm. 121 de
2012, el cual, en su criterio, carecía de legitimidad al haberse
conformado con exclusión de las organizaciones de base y de otras
comunidades afrodescendientes.
1.3.6.- LA REGLAMENTACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA NO
OBEDECIÓ A LOS PRINCIPIOS QUE LA RIGEN Y RESTRINGIÓ
ARBITRARIAMENTE A LOS TITULARES DEL DERECHO
Indicó que el Decreto núm. 2163 de 2012 desconoció los principios
previstos en el Convenio 169 de la OIT, según los cuales la consulta
previa debe adelantarse mediante procedimientos apropiados, de
buena fe y a través de las instituciones representativas de los
pueblos interesados y que la reglamentación demandada limitó
injustificadamente la participación de las organizaciones de base y
de un amplio número de comunidades afrodescendientes.
II.- TRÁMITE PROCESAL
Radicada la demanda, la Magistrada conductora del proceso dispuso
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lo pertinente para su adelantamiento, así:
2.1. ADMISIÓN Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
Mediante proveído de 9 de diciembre de 2013 4 se admitió la
demanda de lay se ordenó notificar al MINISTRO DEL INTERIOR.
El actor solicitó la suspensión provisional de los efectos de las
normas acusadas, medida cautelar que fue denegada mediante auto
de 8 de noviembre de 20195, por cuanto los actos demandados no
se encontraban vigentes, conforme con lo considerado por la Corte
Constitucional en sentencia T-576 de 20146.
2.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio del Interior se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, para lo cual sostuvo que los actos demandados hacían
parte de un conjunto normativo orientado a desarrollar la política
pública dirigida a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras, en armonía con los principios constitucionales de
4
SAMAI índice 10.
5
SAMAI índice 21.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. Sentencia de 4 de agosto de 2014. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, expediente número T–3482903. Fallo proferido dentro del proceso de revisión de los
fallos de 2 de marzo de 2012 y 12 de abril de la misma anualidad, proferidos, respectivamente, por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la acción de tutela promovida por el señor
Moisés Pérez Casseres, quien acudió al mecanismo constitucional con la finalidad de que se le
protegieran sus derechos fundamentales a la consulta previa; al consentimiento previo, libre e
informado; a la participación; a la igualdad y al debido proceso de las comunidades negras del país,
que consideró vulnerados con ocasión de la expedición de la Resolución 121 de 2012, expedida por el
Ministerio del Interior.
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participación y con las competencias atribuidas al Gobierno Nacional
para reglamentar la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Añadió que tales medidas procuraban fortalecer los escenarios de
interlocución entre el Estado y dichas comunidades para la
formulación de políticas públicas; además, que los cargos
formulados por el demandante carecían de la precisión y suficiencia
argumentativa necesarias para desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos acusados, pues se sustentaban en apreciaciones
subjetivas y en una interpretación equivocada del marco
constitucional, legal y jurisprudencial aplicable.
Señaló que la exclusión de las organizaciones de base de la
Resolución núm. 121 de 2012 obedeció al cumplimiento de la
sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el
5 de agosto de 2010, mediante la cual se declaró la nulidad de las
disposiciones del Decreto 2248 de 1995 que les atribuían funciones
de representación de las comunidades negras.
Expuso que la Resolución núm. 121 de 2012 constituyó una medida
transitoria encaminada a garantizar la continuidad de los procesos
de interlocución con las comunidades negras, mientras se expedía la
reglamentación definitiva de la Comisión Consultiva de Alto Nivel,
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además que el posterior Decreto núm. 2163 de 2012 derogó
expresamente el Decreto 3770 de 2008 y reglamentó de manera
integral la materia.
Manifestó que la Resolución núm. 121 de 2012 fue examinada por la
Corte Constitucional dentro de la sentencia T-823 de 2012, en la cual
se ordenó su inaplicación para el caso concreto y la expedición de
nuevas directrices para la elección de los representantes de las
comunidades negras, no obstante, dicha decisión tuvo efectos
exclusivamente Inter partes.
Sostuvo que el proceso de consulta que antecedió a la expedición
del Decreto núm. 2163 de 2012 fue adelantado con representantes
legítimos de los consejos comunitarios y de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, elegidos conforme a los
procedimientos previstos para ese efecto, por lo que la actuación
administrativa respetó los principios de participación y buena fe.
Argumentó que la interpretación propuesta por el actor desconocía
el alcance del artículo transitorio 55 de la Constitución, de la Ley 70
de 1993 y del Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
representación de las comunidades negras y el diseño de la política
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pública en la materia, razón por la cual solicitó negar las
pretensiones de la demanda.
2.3.- AUDIENCIA INICIAL
El Despacho sustanciador, mediante proveído de 22 de abril de
2021 7 , dio aplicación a lo previsto en el artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021,
por lo que prescindió de realizar la audiencia inicial, fijó el litigio8 y
resolvió sobre las pruebas aportadas por las partes.
Posteriormente, en auto de 27 de mayo de 20229 corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
2.4.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
2.4.1.- PARTE DEMANDANTE
7
SAMAI índice 65.
8
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] determinar si la Resolución núm. 121 de 30 de enero de 2012 y el Decreto 2163 de 19 de octubre de
2012 desconocieron los artículos 6º y 7º del Convenio núm. 169 de la OIT, denominado “Convenio sobre
pueblos Indígenas y tribales en países independientes”, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 4
de marzo de 1991; 25 y 55 transitorio de la Constitución Política; 45 de la Ley 70 de 27 de agosto de
1993; 1º, 2º, 4º, 5º, 8º, 10º, 17, 18, 21, 22 y 23 del Decreto 3770 de 25 de septiembre de 2008, conforme
a lo expuesto por el actor a folios 157 a 115 del cuaderno físico principal y a lo respondido por la parte
demandada a folios 135 a 147 del cuaderno físico principal […]”.
9
SAMAI índice 72.
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Nulidad
Por escrito radicado en el expediente digital10 reiteró la solicitud de
acceder a las pretensiones de la demanda y puso de presente que,
con posterioridad a la presentación del medio de control, la Corte
Constitucional profirió las sentencias T-823 de 2012 y T-576 de
2014, cuyos fundamentos, en su criterio, resultaban determinantes
para resolver la controversia.
Expuso que la Sentencia T-823 de 2012 amparó los derechos
fundamentales del Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga e
inaplicó, para ese caso concreto, la Resolución núm. 121 de 30 de
enero de 2012; no obstante, resaltó que la propia Corte
Constitucional, en la Sentencia T-576 de 2014, precisó que aquel
pronunciamiento se circunscribió al caso particular y no constituyó
un precedente vinculante sobre el alcance del derecho a la consulta
previa de las comunidades negras.
Señaló que, mediante la Sentencia T-576 de 2014, la Corte
Constitucional amparó, con efectos inter communis, los derechos
fundamentales a la participación, la igualdad y la consulta previa de
diversas comunidades afrodescendientes excluidas del proceso de
elección del Espacio Nacional de Delegados creado por la Resolución
10
SAMAI índice 78.
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Nulidad
núm. 0121 de 2012 y dejó sin efectos dicha resolución, así como el
Decreto núm. 2163 de 2012.
Afirmó que la Corte Constitucional estableció que las comunidades
negras son titulares del derecho a la consulta previa aun cuando no
cuenten con título colectivo sobre sus territorios y que la Resolución
núm. 121 de 2012 generaba una afectación directa de ese derecho,
al definir la conformación del órgano encargado de participar en la
consulta de medidas legislativas y administrativas susceptibles de
afectar a dichas comunidades.
2.4.2.- MINISTERIO DEL INTERIOR
La entidad accionada insistió en los argumentos de defensa
planteados en la contestación a la demanda11.
2.4.3.- El Ministerio Público no rindió concepto.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 numeral
11
Índice 79.
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Número único de radicación: 110010324000-2013-00030-00
Actor: CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ
Nulidad
1o. del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado
por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
3.2.- LOS ACTOS ACUSADOS
Corresponden a los siguientes que para mejor comprensión se
transcriben, así:
3.2.1.- RESOLUCIÓN NÚM. 121 DE 30 DE ENERO DE 2012
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR
“Por la cual se convoca a los representantes de los
Consejos Comunitario de Comunidades Negras y los
representantes de los raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, a Asambleas Departamentales y se dictan otras
disposiciones”,
[…] Considerando:
Que el artículo 7 de la Constitución Política establece; "El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana”.
Que el artículo 55 transitorio de la Constitución Política
autorizó al Congreso de la República a expedir una ley
que les reconozca a las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas
de los ríos de la Cuenca del Pacifico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley,
la cual a su vez debía establecer mecanismos para la protección
de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades.
y para el fomento de su desarrollo económico y social;
previendo que lo dispuesto en el artículo en mención podrá
aplicarse a otras zonas del país que preserven similares
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condiciones.
[…] Que con el fin de garantizar el ejercicio del derecho
fundamental a la Consulta Previa, se hace necesario hacer
una convocatoria directa a los representantes legales de
los 171 Consejos Comunitarios que cuenten con título
colectivo adjudicado por Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, y de los representantes de tos
raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con
el propósito de elegir a los delegados para que actúen
transitoriamente como cuerpo de representación en la
definición del nuevo mecanismo de participación de estas
comunidades, para que en este espacio se adelanten los
procesos de Consulta Previa de la reglamentación de la
Comisión Consultiva de Alto Nivel, del establecimiento de
los requisitos para el registro de los consejos comunitarios y de
las organizaciones de los raizales, y para consultar, de manera
transitoria, los proyectos de ley, medidas administrativas y
demás actos que así lo requieran.
[…]
RESUELVE:
Artículo 1. Convocatoria - Convóquese a los representantes
legales de los Consejos Comunitarios que cuenten con título
colectivo adjudicado por el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, y a los representantes de los
raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
para que Asambleas Departamentales elijan los
delegados que los representarán en un espacio nacional
de estas comunidades, conforme al siguiente listado:
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
1 Consejo Comunitario de Chicao
2 Consejo Comunitario de la Madre
3 Consejo Comunitario de Clavellino
[…]”.
3.2.2.- DECRETO 2163 DE 19 DE OCTUBRE DE 2012,
EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL
"Por el cual se conforma y reglamenta la Comisión Consultiva
de Alto Nivel de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras
y se dictan otras disposiciones”
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“[…] CONSIDERANDO:
Que en el artículo 7° de la Constitución Política de Colombia el
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana.
Que el artículo transitorio 55 de la Constitución Política autorizó
al Congreso de la República a expedir una ley que le reconozca
a las comunidades negras que han venido ocupando tierras
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca
del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas
que habrá de demarcar la misma ley, la cual a su vez debía
establecer mecanismos para la protección de la identidad
cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento
de su desarrollo económico y social; previendo que lo dispuesto
en el artículo en mención podrá aplicarse a otras zonas del país
que presenten similares condiciones.
Que en virtud de lo anterior, el Congreso de la República expidió
la Ley 70 de 1993, en cuyo artículo 45 se establece que "El
Gobierno Nacional conformará una Comisión Consultiva de alto
nivel, con la participación de representantes de las
Comunidades Negras de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó,
Nariño, Costa Atlántica y demás regiones del país a que se
refiere esta ley y de Raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, para el seguimiento de lo dispuesto en la
presente ley".
Que el Convenio 169 de la OIT de 1989, sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, aprobado por la
Ley 21 de 1991, dispone que deben consultarse a los pueblos
interesados mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente.
Que el Ministerio del Interior mediante Resolución 0121 del 30
de enero de 2012, adicionada por la Resolución 0254 del 16 de
febrero de 2012, creó el espacio nacional de Delegados de
Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, y los
representantes de los raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, que servirá de instancia para la consulta previa,
la reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, así
como el establecimiento de los requisitos para el registro de los
consejos comunitarios y de las formas organizativas de los
raizales y para la consulta, de manera transitoria, de proyectos
de ley, medidas administrativas y demás actos que así lo
requieran.
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Que se estima necesario, para no generar sucesivos procesos
eleccionarios y otros traumatismos institucionales, ampliar el
período de los actuales delegados a que hace referencia el
considerando anterior, hasta el 31 de diciembre de 2013.
Que en la medida en que el Consejo de Estado a través de la
sentencia del 5 de agosto de 2010, al resolver una demanda de
nulidad contra el Decreto 2248 de 1995, señaló que las
organizaciones de base no pueden obrar como órgano de
representación de las comunidades negras, para la integración
de las comisiones especiales, nacional o de alto nivel y
territoriales, ordenada en el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política, se hace necesario reglamentar el
mecanismo de participación de las comunidades destinatarias
de las normas constitucionales y legales sobre la materia,
conformado por los consejos comunitarios que cuentan con
título colectivo adjudicado por el Incoder, y por los
representantes de los raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Que con el fin de evitar que se presente un vacío legal sobre la
reglamentación y representatividad de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, se requiere garantizar
la seguridad jurídica de las actuaciones de sus representantes
en las diferentes instancias.
Que el presente decreto fue consultado con el espacio nacional
creado por la Resolución número 0121 del 30 de enero de 2012,
adicionada por la Resolución 0254 del 16 de febrero del mismo
año, y aprobado por los delegados de los Consejos
Comunitarios de comunidades negras y los representantes de
los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según
consta en el acta de protocolización del proceso de Consulta
Previa del 25 y 26 de julio del 2012.
DECRETA:
CAPÍTULO I
De la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las
Comisiones consultivas departamentales
Artículo 1°.Conformación Comisión Consultiva de Alto
Nivel. La Comisión Consultiva de Alto Nivel de que trata el
artículo 45 de la Ley 70 de 1993, estará conformada por los
delegados de los Consejos Comunitarios de comunidades
negras y palenqueras que cuenten con título colectivo
adjudicado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, y de los representantes de las organizaciones de
raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Los delegados se elegirán proporcionalmente al número de
consejos comunitarios existentes en cada departamento que
cuenten con título colectivo adjudicado por Incoder, de la
siguiente manera:
Del rango de 1 - 10 Consejos Comunitarios por departamento,
un (1) delegado.
Del rango de 11 - 20 Consejos Comunitarios por departamento,
dos (2) delegados.
Del rango de 21- 30 Consejos Comunitarios por departamento,
tres (3) delegados.
Del rango de 31 en adelante, Consejos Comunitarios por
departamento, cuatro (4) delegados.
En representación de las organizaciones de Raizales de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, asistirán dos (2)
miembros elegidos en el seno de su forma organizativa.
Adicionalmente, se elegirá un (1) delegado de las comunidades
palenqueras en el seno de su forma organizativa.
Parágrafo 1°. Los delegados ante la Comisión Consultiva de
Alto Nivel deberán tener, para el momento de la designación,
la condición de representante legal o miembro de la junta de
los Consejos Comunitarios que cuenten con título colectivo
adjudicado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
Incoder.
Parágrafo 2°. Las delegaciones a las que se refiere el presente
artículo deben atender lo estipulado en el artículo 22 de la Ley
731 de 2002.
Artículo 2°.Periodo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. La
Comisión Consultiva de Alto Nivel tendrá un periodo
institucional de tres (3) años, contados a partir del 1° de enero
de 2014.
Parágrafo transitorio. Los actuales delegados de los
Consejos Comunitarios y de los raizales de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina elegidos conforme a lo establecido
en la Resolución 0121 de 2012, adicionada con la Resolución
0254 del mismo año, harán las veces de la Comisión Consultiva
de Alto Nivel conformada por este decreto, hasta el 31 de
diciembre de 2013.
Artículo 3°.Funciones de la Comisión Consultiva de Alto
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Nivel. La Comisión Consultiva de Alto Nivel tendrá las siguientes
funciones:
1. Servir de espacio de diálogo, concertación e interlocución
entre las comunidades que representan y el Gobierno Nacional.
2. Constituirse en mecanismo de difusión de la información
oficial hacia las comunidades que representan y de
interlocución con niveles directivos del orden nacional.
3. Promover, impulsar, hacer seguimiento y evaluación a las
normas que desarrollan los derechos de las comunidades que
representan.
4. Contribuir a la solución de los problemas de tierras que
afectan a las comunidades que representan e impulsar los
programas de titulación colectiva que se adelanten en favor de
estas comunidades.
5. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades
y entidades nacionales y territoriales para hacer efectivo el
cumplimiento de los derechos sociales, económicos, políticos,
culturales y territoriales de las comunidades que representan.
6. Buscar consensos y acuerdos entre las comunidades que
representan y el Estado, dentro del marco de la democracia
participativa y de la utilización de los mecanismos de
participación ciudadana y comunitaria, sin detrimento de la
autonomía de la administración pública.
7. Servir de instancia de consulta previa de medidas legislativas
o administrativas, del ámbito nacional susceptibles de afectar
directamente a las comunidades negras, raizales y
palenqueras, de conformidad con la Ley 21 de
1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes.
8. Designar los representantes de las subcomisiones, mesas y
delegados que le corresponda.
9. Hacerle seguimiento a las leyes del Plan Nacional de
Desarrollo que se expidan, en lo atinente a comunidades
negras, raizales y palenqueras que representan, sin detrimento
de la participación en este mismo seguimiento de otras formas
organizativas afrocolombianas.
10. Darse su propio reglamento, en el cual regulará su
funcionamiento, sesiones ordinarias y extraordinarias y la
integración de las subcomisiones.
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[…]
CAPÍTULO II
Registro Único y requisitos para inscripción de Consejos
Comunitarios y de organizaciones de raizales de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina
Artículo 12.Registro único de Consejos Comunitarios y de
organizaciones de raizales de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o la dependencia que
haga sus veces del Ministerio del Interior, llevará un Registro
Único de los consejos comunitarios de Comunidades Negras y
Palenqueras con título colectivo adjudicado por el Incoder y de
las organizaciones de raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Artículo 13.Requisitos para el registro de organizaciones de
raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Solo
podrán inscribirse en tal registro, aquellas organizaciones que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los
derechos humanos, territoriales, sociales, económicos,
culturales, ambientales y/o políticos de la Comunidad Raizal,
desde la perspectiva étnica;
b) Tener más de un año de haberse conformado como tales;
c) Allegar el formulario único de registro, debidamente
diligenciado, el cual será suministrado por la Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras del Ministerio del Interior, o la dependencia que
haga sus veces;
d) Acta de constitución de la organización, con la relación de
sus integrantes, con sus respectivas firmas, número de
documento de identidad, domicilio, en número no inferior a
quince (15) miembros;
e) Los estatutos de la organización, los cuales no podrán omitir
los siguientes aspectos:
I. Estructura interna de la organización.
II. Procedimiento para la elección de sus representantes y
dignatarios.
III. Procedimiento para la toma de decisiones;
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f) Nombres de sus voceros o representantes elegidos
democráticamente;
g) Plan de actividades anual;
h) Dirección para correspondencia.
Parágrafo. En los estatutos de las organizaciones a que alude
el presente artículo, se deberá establecer expresamente que las
personas que integran la organización deben ser miembros de
la comunidad raizal.
Artículo 14.Requisitos para el Registro de Consejos
Comunitarios. Solo podrán inscribirse en el Registro Único,
aquellos consejos comunitarios de comunidades negras y
palenqueras con título colectivo adjudicado por el Incoder, que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los
derechos humanos, territoriales, sociales, económicos,
culturales, ambientales y/o políticos de las comunidades negras
y palenqueras desde la perspectiva étnica, dentro del marco de
la diversidad etnocultural que caracteriza al país;
b) Diligenciar el Formulario Único de Registro, el cual será
suministrado por la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio
del Interior;
[…]”
3.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS
Corresponde a esta Sala con ocasión de la pretensión planteada
determinar de manera previa: i) qué alcance y/o efectos tiene el fallo
de tutela T-576 de 4 de agosto de 2014, proferido por la Corte
Constitucional que ordenó dejar sin efectos jurídicos el el Decreto
núm. 2163 de 19 de octubre de 2012 y; ii) de identificarse la
necesidad de resolver en este proceso la pretensión de nulidad,
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determinar si se acredita o no la vulneración de las normas
superiores y los derechos fundamentales invocados por el actor
respecto de los actos acusados.
3.4.- CUESTIÓN PREVIA. EFECTOS Y ALCANCE DE LA
SENTENCIA T-576 DE 2014
Conforme se anunció, la Corte Constitucional a través de la sentencia
T-576 de 201412, proferida dentro del expediente identificado con
el núm. T-3482903, examinó en sede de revisión de tutela las
providencias de 2 de marzo de 2012 y 12 de abril de 2012 proferidas
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.
En dichos fallos de tutela se resolvió la solicitud de amparo
presentada por el señor Moisés Pérez Casseres13 con la finalidad de
12
Sentencia T-576 de 4 de agosto de 2014. Expediente: T–3482903; M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
Según el fallo, el señor Moisés Pérez Casseres informó que para la fecha del trámite hacia parte de
la Corporación para el Desarrollo de las Comunidades Afrocaribeñas Jorge Artel, la que trabaja por la
reivindicación de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de Cartagena y
de la costa en general, y que está integrada por miembros de las comunidades negras del Atlántico
colombiano. También indicó que conocía grupos y organizaciones de comunidades negras
afrodescendientes, raizales y palenqueras que estiman vulnerados sus derechos fundamentales a la
participación y a la consulta previa como consecuencia la expedición de la Resolución 121. Luego
allegó escrito de 26 de octubre de 2012, en el que dio cuenta de la expedición del Decreto
2163 del 19 de octubre de 2012, “por el cual se conforma y reglamenta la Comisión Consultiva de
Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras y se dictan otras disposiciones” y aportó
memorial suscrito por Wistong Salas Ortiz, Coordinador General del Palenque Afrourbano de Tumaco;
Rutsely Simarra Obesso, Representante Legal de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes y del
Caribe Graciela Cha-Inés; Wilson Zapata, Representante Legal de la Asociación de Consejos
Comunitarios de Negritudes del Norte del Cauca; Milena Quiroz Jiménez, Representante Legal del
Consejo Comunitario de Comunidades Negras Juan Oval Arrincon Amela; Elvis Pardo Piñeres,
Representante Legal de la Asociación de Organizaciones de Comunidades Negras del Cesar “Ku-Suto”
y por Erley Ibarra Rodallega, representante de la Asociación Municipal de Consejos Comunitarios
Afrodescendientes del Municipio de Suárez, Cauca, en los que dichas organizaciones respaldaron lo
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amparar los derechos fundamentales a la consulta previa, al
consentimiento previo, libre e informado, a la participación, a la
igualdad y al debido proceso de las comunidades negras del país,
que dijo, fueron vulnerados presuntamente por el Ministerio del
Interior, al condicionar el derecho de participación en la Comisión
Consultiva de Alto Nivel prevista en la Ley 70 de 1993, con el
requisito consistente en la acreditación de un título de dominio
expedido por el INCODER.
También por haber expedido la Resolución núm. 121 de 2012, sin
que se hubiera adelantado el procedimiento de la consulta previa.
La Corte Constitucional con el propósito de resolver el problema
jurídico consistente en la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el tutelante debido al supuesto
condicionamiento del derecho de participación en la Comisión
Consultiva de Alto Nivel prevista en la Ley 70 de 1993 y el requisito
consistente en la acreditación de un título de dominio expedido por
el INCODER, puntualizó como: i) problema jurídico, ii) propósito de
la tutela y iii) procedencia del examen de un acto administrativo vía
acción de tutela, lo siguiente:
solicitado en la acción de tutela, y se identificaron como afectadas por lo decidido en la
Resolución 121 de 2012.
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“[…] 2. Presentación del caso, formulación de los
problemas jurídicos y metodología de la decisión que
adoptará la sala de revisión:
2.1. El debate constitucional que propone el accionante
tiene que ver con LA POSIBLE INFRACCIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA CONSULTA PREVIA; al
consentimiento previo, libre e informado; A LA
PARTICIPACIÓN; a la igualdad y al debido proceso de
aquellas comunidades negras[25] que no fueron convocadas
a participar en el proceso de elección contemplado en la
Resolución 121 de 2012 por no estar organizadas bajo la figura
de un consejo comunitario, o porque, estándolo, no contaban
con un título colectivo adjudicado por el Incoder para la fecha
en que la resolución fue expedida.
[…]
La tutela discute dos aspectos concretos. Primero, que EL
DERECHO A PARTICIPAR en la elección de los delegados se
haya supeditado a la acreditación de un título de dominio, pues
tal decisión habría desconocido la realidad demográfica y
generacional de los afrocolombianos y discriminado a las
organizaciones que no tienen un territorio colectivo titulado por
cuestiones administrativas, porque viven en zonas urbanas o
porque se encuentran en situación de desplazamiento. En
segundo lugar, que el Ministerio del Interior no haya
consultado la resolución con las comunidades ni
obtenido su consentimiento previo, libre e informado,
pese a la relevancia de los asuntos que pretendía definir
a través del espacio nacional de delegados.
[…]
2.2. Así planteado, el caso que se somete a consideración de la
Sala exige determinar si el derecho de las comunidades
afrocolombianas a participar en la elección de los integrantes
del Espacio Nacional de Delegados que creó la Resolución 121
de 2012 podía condicionarse a que contaran con un título
colectivo de dominio […]
No obstante, para la Sala es claro que el caso plantea otros
dilemas constitucionales, relacionados con la
problemática estructural que se deriva del hecho de que
los afrocolombianos no cuenten con una instancia de
participación a través de la cual puedan ser consultados
sobre la adopción de las medidas legislativas y
administrativas de carácter general que puedan
afectarlos. Desde esa perspectiva, la formulación del
problema jurídico exige valorar otros aspectos.
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Nulidad
[…]
Fue sobre esos supuestos, y en consideración a que la Sala
Séptima de Revisión de la Corte INAPLICÓ 14 por
inconstitucional la Resolución 121 de 2012 frente al caso
concreto del Consejo Comunitario de Comunidades
Negras de la Plata Bahía Málaga, que esta Sala le ordenó al
Ministerio del Interior suspender provisionalmente la
aplicación de la Resolución 121, “de todos los procesos
consultivos, medidas y diligencias que está adelantando a su
amparo y de los actos administrativos que se hayan proferido
en desarrollo de la misma – concretamente, el Decreto 2163
de 2012”- hasta que se notificara esta sentencia[27].
[…]
Así las cosas, y considerando que la tarea de la Corte en sede
de revisión no se reduce a la solución de un caso concreto
sino a la UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
RELATIVA AL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES, la Sala delimitará su competencia
material frente al presente asunto de la manera que pasa
explicarse.
2.5. En primer lugar, habrá que verificar si la acción de tutela
que formuló el señor Pérez Casseres ES FORMALMENTE
PROCEDENTE, pues, como se advirtió antes, los jueces
de instancia consideraron que NO ERA ESTE EL
MECANISMO JUDICIAL IDÓNEO para controvertir la
Resolución 121 de 2012.
Precisamente, la Corte Constitucional estimó que el objeto del
examen a su cargo superaba el requisito de subsidiariedad para
hacer procedente la solicitud de tutela, en razón a que refirió que:
14
Tal decisión corresponde a la Sentencia T-823 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt). El fallo
ordenó “INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL, en el presente caso, la Resolución No. 0121 del 30
de enero de 2012 “Por la cual se convoca a los representantes legales de los Consejos Comunitarios
de Comunidades Negras y los representantes de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, a Asambleas Departamentales y se dictan otras disposiciones”. En consecuencia,
se ORDENARÁ al Ministerio del Interior que expida nuevas directrices para llevar a cabo las
elecciones de los representantes de las comunidades negras ante las comisiones consultivas
de Alto Nivel y departamentales, en un término no superior a seis (6) meses, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia, en particular, teniendo en cuenta un enfoque
diferencial de esta población. Al cabo de dicho término, deberá enviar un informe al juez de primera
instancia, de las actividades desplegadas. También deberá enviar copia del informe a la Defensoría del
Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación (...)”.
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Nulidad
“[…] - Sobre la existencia de otros mecanismos judiciales
de defensa
5.5. Por definición, la acción de tutela procede en tres
hipótesis concretas: cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa judicial para obtener el amparo de sus
derechos fundamentales, cuando los mecanismos
judiciales disponibles NO SON IDÓNEOS O RESULTAN
INEFICACES para obtener la protección que se pretende
y, finalmente, ante la inminente estructuración de un
perjuicio irremediable.
El sentido de la naturaleza subsidiaria que el artículo 86 de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991 le atribuyeron a la
acción de tutela implica, entonces, que su procedibilidad formal
esté vinculada, o bien a que el peticionario no cuente con otra
herramienta jurídica para formular sus pretensiones O A QUE,
SI ESTA EXISTE, NO SEA IDÓNEA NI EFICAZ PARA
PRODIGAR LA PROTECCIÓN QUE OBTENDRÍA EN ESTE
ESCENARIO.
En este caso, los jueces de instancia consideraron que no era
la jurisdicción constitucional, sino la contencioso
administrativa, la llamada a resolver la controversia que
planteó el señor Pérez Casseres en relación con las posibles
infracciones iusfundamentales a las que habría dado lugar la
expedición de la Resolución 121 de 2012. En su criterio, el
debate debió darse en el marco de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, por ser ese el
mecanismo judicial que el legislador diseñó para debatir
sobre la constitucionalidad, la legalidad o la validez de
los actos administrativos, como la resolución que acá se
cuestiona.
¿Era, entonces, la jurisdicción administrativa la llamada
a resolver si la convocatoria efectuada por el Ministerio
del Interior vulneró los derechos fundamentales a la
participación, a la consulta previa y el derecho a la
igualdad de las comunidades negras que, por no tener
un título colectivo de dominio, no pudieron contar con un
representante en el espacio nacional de delegados con
el que se les consultarían algunos proyectos de ley y
medidas administrativas de carácter general? La Sala
estima que NO, por las razones que pasa a explicar.
5.6. El primer aspecto que hay que considerar al estudiar las
tutelas que buscan el amparo del derecho de las minorías
étnicas a ser consultadas sobre las decisiones susceptibles de
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afectarlas es el que tiene que ver con la manera en que las
consultas contribuyen a preservar su integridad étnica,
social, económica y cultural y su subsistencia como
grupo humano.
La idea de que los procesos consultivos son un escenario
esencial para asegurar la pervivencia física y la protección de
las costumbres y tradiciones de esas colectividades explica, en
efecto, que la Corte haya respaldado, desde sus primeras
sentencias, la competencia del juez de tutela para impartir las
órdenes que aseguren que estas sean informadas
oportunamente sobre los proyectos que impacten sobre sus
territorios o sus formas de vida y para que cuenten con la
oportunidad de evaluar su impacto y de incidir en la
reformulación de la decisión de que se trate.
Así lo hizo la Sentencia SU-039 de 1997, que revisó la tutela
que el Defensor del Pueblo, actuando en representación
de varios integrantes del grupo indígena U’wa, promovió
contra un acto administrativo mediante el cual se
concedió una licencia ambiental para realizar trabajos de
exploración petrolífera en territorio de esa comunidad,
sin que, antes, se hubiera agotado el respectivo proceso de
consulta.
Dado que las accionadas se opusieron a la solicitud de amparo
con el argumento de que el escenario idóneo para cuestionar
la licencia no era la acción de tutela, sino la de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Corte precisó su
jurisprudencia sobre la compatibilidad de la acción
constitucional y las acciones contencioso
administrativas, en especial, ante la posibilidad de que a
través de estas últimas se ordene la suspensión
provisional del acto administrativo que causó la
infracción iusfundamental.
El fallo recordó que la tutela y la medida de suspensión
provisional protegen derechos de distinta
naturaleza. Así, mientras la primera persigue la
salvaguarda de derechos constitucionales
fundamentales, la segunda busca impedir la ejecución
de actos administrativos que violan el ordenamiento
jurídico y que, por ello, perjudican a alguna persona. La
medida, por lo tanto, se dirige a la protección de derechos con
rango legal, aunque, por cuenta suya, pueda lograrse también
la defensa de derechos fundamentales.
El hecho de que la perspectiva del juez contencioso
administrativo sea distinta a la del juez constitucional
explica que la acción de tutela y las acciones
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contenciosas sean compatibles, incluso, si el afectado no
solicitó la suspensión provisional del acto administrativo
que habría infringido sus derechos fundamentales, o si
lo hizo, pero el juez contencioso adoptó una decisión
adversa a sus intereses. La tutela, concluyó la Corte, es
procedente en ambos eventos porque es el juez constitucional
quien tiene la misión de lograr la efectividad de los derechos
fundamentales.
[…]
5.7. Las reglas de procedencia que formularon esas decisiones
de unificación han sido reiteradas de forma constante y pacífica
en la jurisprudencia de la Corte. De ahí que, ante
controversias relativas al amparo del derecho a la
consulta previa en las que se plantee la necesidad de que
los accionantes agoten otros mecanismos ordinarios de
defensa, el juez constitucional deba considerar i) el
carácter de derecho fundamental que se le reconoce a la
consulta previa, ii) que es él el funcionario responsable de
asegurar el ejercicio eficaz de esa categoría de derechos y que
iii) las condiciones especiales de vulnerabilidad que suelen
enfrentar las comunidades indígenas y tribales justifica que sea
esta vía excepcional el escenario idóneo para evitar la lesión de
sus derechos.
La Sala estima, en consecuencia, que la controversia que
planteó el señor Pérez Casseres acerca de la eventual infracción
del derecho de las comunidades negras a ser consultadas sobre
la integración del espacio de consulta de las medidas de amplio
alcance debía abordarse en este contexto, y no en el
marco de una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, como lo pretendieron las salas de instancia.
El hecho de que fuera este el escenario idóneo para
estudiar las pretensiones de amparo, en los términos
que acaba de explicarse, descarta, además, que el
accionante tuviera la carga de demostrar la inminente
estructuración de un perjuicio irremediable, como lo
indicaron los jueces de instancia. La Sala, por lo tanto,
continuará el examen de procedencia formal de la petición de
amparo formulada por el señor Pérez Casseres examinando
el argumento alusivo a la supuesta imposibilidad de
cuestionar actos administrativos de contenido general,
como la Resolución 121 de 2012, a través de la acción de
tutela.
-Sobre la procedibilidad de la acción de tutela frente a
actos administrativos de contenido general
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5.8. Sostuvieron las Salas de instancia que los actos
administrativos de carácter general no tienen la capacidad
de vulnerar derechos fundamentales, porque no crean,
modifican ni extinguen situaciones jurídicas
particulares. Como fundamento de esta tesis, la Sala ad
quem citó la Sentencia T-913 de 2008, que confirmó la
improcedencia de una tutela que cuestionaba un acto
administrativo de contenido general mediante el cual
se convocó a un concurso de méritos para la provisión de
cargos en la Fiscalía General de la Nación.
El fallo indica en su parte motiva que existe una regla general
de improcedencia de las tutelas que se dirigen contra actos
administrativos de carácter general y abstracto, PERO
RECONOCE, DE INMEDIATO, QUE TALES ACTUACIONES
PUEDEN CONTROVERTIRSE POR ESTA VÍA CUANDO
INVOLUCRAN EL DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS
FUNDAMENTALES. De hecho, la decisión de improcedencia
que se adoptó en esa ocasión no tuvo que ver con que la
solicitud de amparo se dirigiera contra un acto administrativo
de contenido general, sino con que no cumplía con los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez. La regla aplicada por
el tribunal de instancia parte, en esos términos, de una lectura
equivocada del citado fallo de revisión.
¿Es posible, entonces, que un acto administrativo de contenido
general, impersonal y abstracto sea cuestionado a través de
una acción de tutela? La jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en que esta NO es la vía para anular por
vicios de inconstitucionalidad o de legalidad este tipo de
actos, pues, para ello, EL LEGISLADOR PUSO A
DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES ANTE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. Es, sobre ese supuesto,
que el Decreto 2591 de 1991 califica como improcedentes las
tutelas que se dirijan contra “actos de carácter general,
impersonal y abstracto”.
La situación ES DISTINTA CUANDO LA APLICACIÓN DE UN
ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO GENERAL
LESIONA DERECHOS FUNDAMENTALES EN UN CASO
CONCRETO. EN ESOS EVENTOS, LA TUTELA SERÍA
PROCEDENTE, NO PARA ANULAR EL ACTO
ADMINISTRATIVO CUESTIONADO, SINO PARA EVITAR
QUE SIGA PERJUDICANDO A DETERMINADO
CIUDADANO.
Tal conclusión exige hacer una precisión preliminar: en
contravía de lo indicado por las autoridades judiciales de
instancia, los actos administrativos de contenido general
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SÍ pueden vulnerar derechos fundamentales. La
jurisprudencia de esta corporación lo ha constatado en
varios casos. Quizá el más icónico sea el del Acuerdo Distrital
080 de 2007, que reglamentó lo que en su momento se
denominó “muros de la infamia”, esto es, la difusión de la
información personal de las personas condenadas por
delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales,
cuyas víctimas fueran menores de edad en Bogotá.
Las sentencias T-1037 de 2007 y T-772 de 2008 examinaron
las tutelas que varios condenados por este tipo de delitos
promovieron contra el citado acuerdo, sobre el supuesto de que
vulneraba sus derechos al buen nombre y a la intimidad
personal y familiar. Pero, antes de determinar si se había
configurado tal infracción iusfundamental, debieron
establecer la procedencia formal de las tutelas,
considerando que el acuerdo acusado era un acto
administrativo de contenido general y abstracto.
Ambos fallos coincidieron en que las tutelas eran procedentes,
porque no controvertían el acuerdo distrital como tal, SINO
LOS EFECTOS QUE PRODUCÍA FRENTE A LA SITUACIÓN
PARTICULAR DE CADA PETICIONARIO. La solicitud de
amparo no buscaba, por lo tanto, un pronunciamiento
sobre la conformidad o no del acuerdo con la
Constitución, SINO IMPEDIR QUE EL MISMO FUERA
APLICADO, ANTE LA AMENAZA QUE REPRESENTABA
PARA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
En vista de esas circunstancias, la Corte resolvió que el
examen de procedencia de las tutelas promovidas contra
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL
debía supeditarse al cumplimiento de dos condiciones.
Primero, a la existencia de una amenaza cierta de que la
aplicación del acto administrativo afectaría los derechos
fundamentales del accionante y, segundo, a la satisfacción
del requisito de subsidiariedad. En consecuencia, debía
comprobarse que el ACTOR NO ACUDIÓ A LAS VÍAS
ORDINARIAS PORQUE ESTABA EXPUESTO A UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE.
Llevadas tales consideraciones al asunto objeto de examen, la
Sala encuentra descartados, de nuevo, los argumentos de las
decisiones que acá se revisan, ya que, como se ha dicho, la
tutela SÍ PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL, CUANDO
SU INTERPOSICIÓN BUSCAR EVITAR QUE SE VULNEREN
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UN SUJETO
ESPECÍFICO.
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En esas circunstancias, las autoridades judiciales tenían la
carga de verificar si la solicitud de amparo cumplía las reglas
antedichas, ESTO ES, SI COMPROMETÍAN ALGÚN
DERECHO FUNDAMENTAL DEL ACCIONANTE Y SI, EN ESE
CASO, ERA ESTE EL ÚNICO MECANISMO JUDICIAL CON
EL QUE CONTABA PARA OBTENER LA PROTECCIÓN QUE
RECLAMA. Lo que no era viable era apelar al argumento de la
improcedencia sobre la base de unos criterios que no han sido
avalados por la jurisprudencia constitucional. Corresponderá a
la Sala, entonces, establecer si el presente caso satisface tales
condiciones […]”
De lo hasta aquí expuesto se tiene que la Corte Constitucional
producto de la solicitud de amparo de tutela en contra de la
Resolución 121 de 2012, puntualizó lo siguiente:
“[…] 5.31. Lo expuesto con antelación acerca de la imposibilidad
de supeditar la titularidad de derechos étnicos a que la
comunidad que autoproclama su diversidad acredite
tener un determinado vínculo con su territorio excluye, de
plano, que el Ministerio del Interior pudiera limitar la
participación de las comunidades negras del país en la elección
de los delegados que las representarían en las consultas de las
medidas de amplio alcance a que contaran con un título colectivo
de dominio adjudicado por el Incoder en la fecha en que se
expidió la Resolución 121 de 2012.
En particular, considerando lo que se mencionó antes
acerca del contrasentido que implicaría supeditar el
ejercicio de los derechos fundamentales de las
comunidades étnicamente diversas –en este caso, sus
derechos de participación y consulta previa- a que
acrediten un requisito que no han podido satisfacer por
circunstancias atribuibles al Estado. Tal es la situación de
las comunidades que, víctimas del desplazamiento forzado, han
visto truncada su relación con sus territorios por cuenta del
conflicto armado, pero, también, la de aquellas comunidades
que llevan décadas esperando a que el Incoder, la entidad
competente en la materia, les titule sus territorios.
Del primer escenario da cuenta el ya mencionado Auto 005
de 2009, que advirtió sobre la precariedad de la
información para caracterizar a la población
afrocolombiana que ha sido víctima de desplazamiento y
de la manera en que fenómenos como los
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desplazamientos intraurbanos e intraveredales de corta
duración dejan de ser registrados en las estadísticas
oficiales. El segundo, esto es, el que tiene que ver con las
dilaciones que suelen presentarse en el proceso de adjudicación
de los territorios colectivos, se vio reflejado de
forma emblemática en la Sentencia T-680 de 2012, que
protegió los derechos de petición, debido proceso y propiedad
colectiva de la comunidad negra del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural
de Isla del Rosario – Caserío Orika, tras más de cinco años de
esperar a que el Incoder le resolviera de fondo una solicitud de
titulación colectiva.
En ese panorama, pretender que el derecho a la participación de
las comunidades negras dependa de un título formal que,
además, certifica una relación con la tierra, resulta a todas luces
irrazonable, sobre todo, si se tiene en cuenta la manera en que
las comunidades negras del país han sido despojadas de sus
territorios y lo complejo que, en sí mismo, resulta el trámite de
titulación colectiva.
Otro tema es la exclusión que comporta para las
comunidades negras que se asientan en las ciudades la
exigencia de un título colectivo. La migración de los
afrocolombianos a los centros urbanos por razones asociadas al
conflicto armado o a la búsqueda de mejores oportunidades de
educación, empleo, servicios públicos y demás recursos de los
que se ven privados en las zonas rurales ha sido lo
suficientemente documentado. 15 También lo han sido los
desafíos institucionales que ha significado para los gobiernos
locales la comprensión de los procesos de reetnización que han
experimentado las comunidades migrantes.16
Y aunque la Corte Constitucional no ha estudiado, todavía,
controversias sobre la atribución de derechos étnicos a
comunidades afro urbanas, sí ha conocido asuntos en los
que se ha cuestionado la especificidad étnica de personas
y comunidades indígenas, sobre la base de que no estaban
ocupando un territorio determinado (T-282 de 2011)17 o de que
no cumplían con criterios objetivos de reconocimiento, entre
15
Sobre el particular, narra Jaime Arocha: “El decenio de 1990 inaugura el éxodo de los
afrocolombianos desde sus regiones emblemáticas de asentamiento en la llanura y las costas del
Caribe, las franjas ribereñas y selváticas del litoral Pacífico o a la zona plana del valle del río Cauca
hacia distritos metropolitanos como Aguablanca en Cali, Nelson Mandela en Cartagena, Morabia en
Medellín o Ciudad Blanca dentro del barrio Kennedy en Bogotá. Esta tendencia ha implicado ajustar o
reinventar culturas apropiadas para áreas rurales del trópico, de modo que sus portadores puedan
responder a los retos que implican los centros urbanos. (…) el movimiento social de la gente negra ha
persistido en apuntalar su lucha y defender lo suyo mediante instrumentos legales y no violentos”. En
Observatorio Latinoamericano 5, Dossier Colombia. (Op. cit).
16
Sobre el tema puede revisarse, por ejemplo, El lugar de la alteridad y la alteridad en su lugar: las
dificultades de abordar la etnicidad en la ciudad, de Marta Zambrano, en La multiculturalidad
estatalizada: indígenas, afrodescendientes y configuraciones del Estado, citado previamente.
17
M.P. Luis Ernesto Vargas.
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ellos la conexión con un territorio ancestral o con un resguardo
en particular (T-792 de 2012)18.
Esos casos han dado cuenta de las distintas situaciones
que pueden incidir en el proceso identitario de las
comunidades cuya especificidad se desarrolla en
contextos que desafían los estereotipos de ruralidad y
periferia con los que suele identificarse a los grupos
étnicos. La Corte ha resuelto esos asuntos considerando el
dinamismo propio de esos procesos y privilegiando el derecho
de las comunidades a autodeterminarse, por encima de las ideas
que, desde la institucionalidad, han pretendido reducir el
ejercicio de los derechos étnicos a partir de enfoques
esencialistas, como el que aplicó el Ministerio del Interior al
supeditar la participación de las comunidades negras en
el Espacio Nacional de Representación que creó la
Resolución 121 de 2012 a que contaran con un título colectivo
de dominio.
5.32. La decisión de condicionar la participación de las
comunidades negras en la instancia con la que se llevarían a
cabo los procesos de consulta previa de las medidas de amplio
alcance a su condición de propietarias se opone, en efecto, al
Convenio 169 de la OIT, a los principios constitucionales de
igualdad, participación y diversidad étnica y cultural y a las
reglas jurisprudenciales que, interpretándolos, impiden
supeditar la identidad étnica y los derechos que de ella se
derivan a que las comunidades mantengan un vínculo con sus
territorios o a que hayan sido formalmente reconocidas por el
Estado.
Al imponer tal condicionamiento, el Ministerio del Interior
VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA
PARTICIPACIÓN y a la igualdad de las comunidades
negras que no cuentan con un título colectivo porque
están asentadas en predios que no tienen la naturaleza de
baldíos, porque son víctimas de desplazamiento, porque
habitan áreas urbanas o, simplemente, porque están a la espera
de la titulación, como lo advirtió, en su momento, la Sentencia
T-823 de 2012 en el escenario específico de la acción de tutela
que formuló el Consejo Comunitario de La Playa-Bahía Málaga.19
Esto, en suma, significa que no era constitucionalmente
válido supeditar la participación de las comunidades
negras en la elección de los integrantes del Espacio
18
M.P. Luis Ernesto Vargas.
19
La sentencia T-823 de 2012, se repite, resolvió inaplicar por inconstitucional la Resolución 121 de
2012 en ese caso concreto y ordenó expedir las nuevas directrices a las que se sujetaría la elección de
los representantes de las comunidades negras ante las comisiones consultivas de Alto Nivel y
departamentales, instancias que tienen una naturaleza y un propósito distintos a los del espacio de
consulta previa que aquí se valora. A ese asunto se referirá la Sala en el siguiente acápite.
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Nacional de Delegados a que contaran con un título
colectivo adjudicado por el Incoder. Por lo tanto, la Sala
amparará los derechos fundamentales a la igualdad y a la
participación de las comunidades que, organizadas en el
Palenque Afrourbano de Tumaco, la Asociación de Mujeres
Afrodescendientes y del Caribe Graciela Cha-Inés, la Asociación
de Consejos Comunitarios de Negritudes del Norte del Cauca, el
Consejo Comunitario de Comunidades Negras Juan Oval
Arrincón Amela, la Asociación de Organizaciones de
Comunidades Negras del Cesar “Ku-Suto” y la Asociación
Municipal de Consejos Comunitarios Afrodescendientes del
Municipio de Suárez, Cauca, apoyaron la solicitud de amparo
formulada por el señor Pérez Casseres, tras haber sido excluidas
del proceso de elección convocado por la RESOLUCIÓN 121 DE
2012 por no contar con un territorio colectivo adjudicado.
En consecuencia, DEJARÁ SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN Y
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EXPIDIERON A SU
AMPARO, EN PARTICULAR, EL DECRETO 2163 DE 2012,
que con la anuencia del Espacio Nacional de Delegados,
conformó la Comisión Consultiva de Alto Nivel, creó las
comisiones consultivas departamentales y fijó los
requisitos para el registro de las organizaciones raizales
y de los consejos comunitarios […]”.
Con fundamento en lo anterior, la parte resolutiva de la sentencia de
tutela dispuso:
“[…] Primero.- Levantar la suspensión de términos para fallar
el presente asunto y la medida cautelar adoptada por la Sala
Novena de Revisión, mediante providencia del cuatro de
diciembre de 2012.
Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar el dos (2) de marzo de dos mil doce (2012), en
primera instancia, y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura el doce (12) de abril de dos
mil doce (2012), en segunda instancia, que declararon
improcedente la acción de tutela formulada por el señor Moisés
Pérez Casseres. En su lugar, AMPARAR, CON EFECTOS INTER
COMUNIS, los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA
PARTICIPACIÓN, A LA IGUALDAD Y A LA CONSULTA
PREVIA de las comunidades negras que, organizadas en el
Palenque Afrourbano de Tumaco, la Asociación de Mujeres
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Afrodescendientes y del Caribe Graciela Cha-Inés, la Asociación
de Consejos Comunitarios de Negritudes del Norte del Cauca, el
Consejo Comunitario de Comunidades Negras Juan Oval
Arrincón Amela, la Asociación de Organizaciones de
Comunidades Negras del Cesar “Ku-Suto” y la Asociación
Municipal de Consejos Comunitarios Afrodescendientes del
Municipio de Suárez, Cauca, fueron excluidas del proceso de
elección de los integrantes del Espacio Nacional de
Representación de Autoridades y Consejos Comunitarios
de Comunidades Negras, Raizal de San Andrés,
Providencia y Catalina que convocó el Ministerio del Interior,
a través de la Resolución 121, por el hecho de no contar con un
título colectivo de dominio adjudicado por el Incoder.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS, por las razones señaladas en
esta providencia, LA RESOLUCIÓN 121 DE 2012, “Por la cual
se convoca a los representantes legales de los Consejos
Comunitarios de Comunidades Negras y los representantes de
los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a
Asambleas Departamentales y se dictan otras disposiciones” y
los demás actos administrativos que se profirieron a su
amparo, en especial, EL DECRETO 2163 DE 2012, por
medio del cual se conforma y se reglamenta la Comisión
Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales
y Palenqueras y se dictan otras disposiciones […]”.
(Subrayas y resaltas fuera del texto)
De todo lo expuesto, se concluye que: i) vía tutela se dejó sin efectos
la Resolución 121 de 2012, como el Decreto 2163 de 19 de octubre de
2012, ii) a la decisión que adoptó el máximo tribunal constitucional
se le asignaron efectos inter comunis, iii) se concedió como una
medida de carácter definitivo por cuanto la tutela no se ejercitó
como mecanismo transitorio, iv) su estudio se restringió al examen
acerca de la violación de derechos fundamentales.
Lo anterior, impone a esta Sala examinar los alcances y efectos de
la sentencia T-576 de 4 de agosto de 2014, frente a este proceso
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en el que se pidió el control de legalidad de uno de los actos objeto
de las órdenes de tutela.
Lo primero que debe destacarse es que la estructura jurídica del
Estado Colombiano en materia de competencias judiciales identifica
las funciones que son de competencia de la Corte Constitucional
como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional en los
términos del artículo 241 20 Superior y aquellas que le están
atribuidas a esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, según
el artículo 23721 de la C.P.
Esta precisión tiene sentido en razón a las distinciones entre el
ejercicio del medio de control de nulidad que conlleva el examen
objetivo de constitucionalidad y de legalidad de los actos
administrativos y aquella que surge de la protección de derechos de
carácter fundamental, predicables de la acción de tutela, incluso
cuando la presunta violación obedece a la ejecución de actos
administrativos y a su procedencia excepcional a través de ese
medio de amparo.
20
“ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal
fin, cumplirá las siguientes funciones:
1. […]
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la
acción de tutela de los derechos constitucionales […]”
21
ARTICULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:
1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las
reglas que señale la ley […]”.
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De ahí que la decisión judicial que adoptó el juez de tutela en la
sentencia T-576 de 2014, tiene unas especiales connotaciones por
su procedencia excepcional contra actos administrativos de
contenido general que se señalaron como transgresores de derechos
fundamentales y, por ello, al dejar sin efectos el Decreto aquí
acusado el control se supeditó a la eficacia22 de dicho acto respecto
de las personas y comunidades a las que amparó su derecho
fundamental de participación.
Lo anterior, indica que el control de legalidad que aquí se reclama
no quedó cubierto con la decisión de la Corte Constitucional, por
cuanto su examen no se extendió a los vicios de validez 23 que se
alegaron, lo que impone que esta Sala se pronuncie acerca de lo
pretendido, pues, como quedó visto, la decisión de la Corte
Constitucional eliminó sus efectos, pero no su legalidad producto
de la presunción que le ampara.
Entonces, pese a que la decisión le restó, a partir del fallo de tutela
T-576 de 2014, la producción de efectos al acto acusado es
necesario examinar su legalidad, pues el alcance intercomunis y el
carácter definitivo otorgado al fallo tuvo por propósito la protección
22
“La eficacia hace referencia a que el acto se realice, ejecute o cumpla, es decir, que produzca los
efectos jurídicos previstos por la autoridad al momento de su expedición”
23
“La validez determina si el acto que nació a la vida jurídica ha sido generado con las condiciones de fondo y
de forma que precisa la ley”
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a más personas que no accionaron bajo dicho amparo, y que por
virtud de tal decisión judicial sus efectos les fueran extensivos. Así
lo preciso esta Corporación:
“[…] La figura de modulación de efectos de los fallos se ha
venido implementando como la alternativa o facultad dada al
fallador para decidir cuál es el efecto que mejor protege los
derechos constitucionales. La Corte Constitucional ha fijado 4
efectos en la modulación de sus sentencias, a saber: Efectos erga
omnes: producto del control abstracto de normas contenidas en
actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos
legislativos, proyectos de ley o tratados que realiza la Corte
Constitucional como guardiana de la supremacía e integridad de la
Constitución. (Artículo 241, #1, 4, 5, 7, 8 y 10, CP). Efectos inter
partes: generalmente cuando se deciden acciones de tutela.
Efectos inter pares: La jurisprudencia de la Corte Constitucional
desarrolló esta modulación cuando aplica la excepción de
inconstitucionalidad y decidió que los efectos podían extenderse
respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares,
cuando se presentasen de manera concurrente una serie de
condiciones. Efectos inter comunis: En materia de tutela, la
Corte Constitucional ha proferido numerosas sentencias en
las cuales los efectos de las órdenes impartidas tienen un
alcance mayor al meramente inter-partes. Tiene como
objetivo que las decisiones puedan afectar o proteger los
derechos de las personas que no han acudido a la
jurisdicción o presentado acción de tutela, aun cuando son
parte de un proceso determinado (SU 636 de 2003,M.P:
Araujo Rentería) […]”24.
En este orden de ideas, la Sala procede a examinar los cargos
planteados en la demanda.
3.5. EXAMEN DE LOS CARGOS DE LA DEMANDA
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección “A”.
Sentencia de 23 de enero de 2008. Expediente No. AC 47001 23 31 000 2007 00437 01. C.P Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
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Nulidad
Con las precisiones anteriores, la Sala examinará los cargos de la
demanda, pero por razones metodológicas los examinará en el
siguiente orden:
3.5.1. DERECHO FUNDAMENTAL DE PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA PREVIA
Reprocha el actor que la resolución y el decreto demandado limitaron
de una parte el derecho fundamental a la participación de la
población afrodescendiente, pues dice que se condicionó a la
tenencia de un título colectivo y porque no hubo concertación
previa mediante el mecanismo de consulta previa para conformar la
comisión consultiva de alto nivel de comunidades negras.
Pues bien, para efectos de resolver lo que en derecho corresponde
es importante que la Sala se refiera al marco jurídico de este derecho
fundamental de consulta previa, así:
Esta Corporación25, respecto al derecho a la consulta previa ha
dicho con apoyo en lo precisado por la Corte IDH26 que constituye
un pilar fundamental de los derechos humanos de los pueblos
indígenas y tribales, que trasciende la mera formalidad para erigirse
25
Consulta el fallo de 11 de diciembre de 2025. Referencia: Medio de control de nulidad. Número único
de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00. Actora: Asociación de Autoridades Tradicionales y
Cabildos U´WA. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
26
Sentencia de 4 de julio de 2024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo
Indígena U’wa y sus miembros Vs. Colombia
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Actor: CARLOS ALBERTO BAENA LÓPEZ
Nulidad
como una manifestación esencial de su derecho a la
autodeterminación.
En ese orden, el Estado debe garantizar el derecho de consulta y
participación en todo proyecto o medida que pueda afectar a los
derechos territoriales de un pueblo indígena o tribal, u otros
derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de ahí que
la consulta deba realizarse desde las primeras etapas de la
elaboración o planificación del proyecto o la medida propuesta, a fin
de que los pueblos puedan verdaderamente participar e influir en el
proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los
estándares internacionales pertinentes.
Es oportuno también destacar que la obligatoriedad y el carácter
fundamental de la consulta previa radica en la estrecha
vinculación de estos pueblos con su territorio, relación que es
fundamental e inescindible para su supervivencia tanto alimentaria
como cultural; y que, en consecuencia, se trata de un derecho que
deriva directamente de la garantía de otros derechos, tales como el
de la propiedad colectiva, a la participación política y a la
identidad cultural.
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Nulidad
Bajo este entendimiento, es oportuno destacar lo que acerca del
derecho de participación ha encontrado la Corte Constitucional 27 ,
así:
“[…] Los modos de participación de los pueblos étnicos.
10. La participación, comprendida desde su sentido más amplio
y no solo concentrada en el ámbito electoral, es uno de los
pilares del Estado Constitucional. El artículo 2º C.P., al
definir los fines esenciales del Estado, incluye el de
facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida de económica, administrativa y
cultural del Nación. La participación, así entendida, es un
presupuesto necesario para el funcionamiento del modelo
democrático de ejercicio del poder político. Ninguna decisión
dentro del Estado Social de Derecho resulta legítima si no está
precedida de una un grado de deliberación suficiente, que
involucre la participación o la representación de quienes
resulten afectados por las consecuencias de dichas decisiones.
En ese orden de ideas, la garantía del derecho de
participación opera como barrera para la arbitrariedad y,
por ende, como elemento dinamizador del principio
democrático, el cual irradia los diferentes ámbitos de la vida
social, tanto pública como de las relaciones entre sujetos de
derecho privado.
A este respecto, la Corte ha establecido en su jurisprudencia
que “la distinción entre comunidad política y comunidad social
se convierte en una garantía para el ejercicio de los derechos y
en una fuente de participación para integrar las formas de
gobierno. Dos dimensiones diferentes del rol que
desempeña un individuo en una comunidad. De una parte,
como individuo se le debe el reconocimiento de su calidad de
persona la cual lo hace acreedor de un trato digno conforme a
su condición de ser humano y de otra, como miembro activo
de la comunidad política se le deben reconocer los derechos
políticos conforme a su condición de ciudadano que hace parte
de una organización política.
Articular los principios de igualdad y participación,
estrechamente vinculados a los regímenes fundados en
la soberanía popular (Preámbulo, artículos 1º y 3º de la
Constitución Política), conducen a una consecuencia básica: "...
Todos los ciudadanos son iguales y por lo tanto su
27
Sentencia T-485 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldan.
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Nulidad
participación en el debate público debe tener el mismo
valor y condición". En esta igualdad de condición que crea la
igualdad de participación tiene fundamento la regla de una
persona un voto. Así las cosas, si los votos configuran la base
de la deliberación democrática y participativa, entonces los
procedimientos democráticos no pueden crear
mecanismos de distinción o preferencias porque atentan
contra la igualdad de las personas al conferir diferente
peso a los intereses, preferencias y valores de los
individuos, lo cual impide que en el proceso democrático se
alcancen decisiones legítimas. En estas condiciones de
funcionamiento y sentido ético de la democracia, la importancia
de la regla una persona un voto no puede desconocerse ni
limitarse sin crear discriminaciones injustificadas y obstáculos
a la participación que atentan contra la construcción de un
consenso demodeliberativo.”
11. La garantía del derecho a la participación encuentra
una especial pertinencia en el caso de la protección de
los derechos de las comunidades étnicas. En efecto, como
se explicó en el apartado anterior, los pueblos indígenas,
afrodescendientes y Rom tienen un derecho
constitucional definido a mantener su diversidad étnica
y cultural, el cual se expresa en el ejercicio libre de sus
prácticas tradicionales. Por ende, en aquellos casos en que
desde el Estado o desde organizaciones privadas se adoptan
decisiones que inciden en la forma en cómo se ejercen dichas
prácticas, es imprescindible la participación de las comunidades
afectadas, con el fin de evitar que medidas jurídicas o proyectos
de explotación económica terminen por afectar dichas prácticas
o incluso poner en riesgo la identidad cultural diversa de estas
comunidades.
Existe, entonces, una relación intrínseca y necesaria entre la
eficacia del principio de protección y reconocimiento de la
diversidad étnica y cultural, y la garantía de espacios
suficientes y adecuados de participación a favor de las
comunidades étnicas. En términos de la jurisprudencia
constitucional, “el reconocimiento simultáneo de la
participación democrática como base del Estado constitucional
y la necesidad de preservación de la identidad de las
comunidades tradicionales contrae deberes concretos
para el Estado. En efecto, la concurrencia de ambas
obligaciones implica que las comunidades indígenas y
afrodescendientes deben contar con los espacios suficientes y
adecuados de participación en las decisiones que incidan en sus
intereses. Ello con el fin de evitar que, a través del
ejercicio del poder político de que son titulares los
órganos representativos, sean implementadas políticas
públicas que terminen con erosionar su identidad como
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grupo diferenciado. A partir de esta consideración, la Carta
consagra diversos instrumentos, como (i) la necesidad de que
la conformación de las entidades territoriales se lleve a cabo
con participación de los representantes de las comunidades
indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento
territorial (Art. 329 C.P.); (ii) el carácter colectivo y no
enajenable de la propiedad de los resguardos (ejusdem); y (iii)
el deber consistente en que la explotación de los recursos
naturales en los territorios indígenas se lleve a cabo sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las
comunidades. Para ello, el Gobierno deberá propiciar la
participación de los representantes de las respectivas
comunidades (Art. 330, parágrafo C.P.).”
12. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional también
ha contemplado que el derecho a la participación de las
comunidades étnicas encuentra diferentes grados de
intensidad, que dependen de qué tanto interfiera la
medida legislativa o administrativa en la supervivencia
de dichas comunidades diferenciadas y sus prácticas
tradicionales. Así, cuando se trata de medidas que tienen un
nivel de afectación uniforme para todas las personas y que, por
lo mismo, no tienen una particular incidencia en las prácticas
tradicionales, las comunidades étnicas tienen un derecho
general de participación, en las mismas condiciones que los
integrantes de la sociedad mayoritaria.
De otro lado, cuando se acredita que la medida legislativa,
administrativa o el proyecto correspondiente afecta
directamente a los pueblos étnicos, resulta exigible el derecho
fundamental a la consulta previa, cuyas características
esenciales serán explicadas en el apartado
siguiente. Finalmente, cuando la medida o proyecto no
sólo involucra una afectación directa de las comunidades
étnicas, sino que configura una LIMITACIÓN INTENSA
DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, SE REQUIERE
DE UN PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA
TENDIENTE A OBTENER EL CONSENTIMIENTO LIBRE,
PREVIO E INFORMADO DEL PUEBLO ÉTNICO
RESPECTIVO. Por ende, la diferencia entre dos últimos
niveles radica en que mientras en el primero el objetivo de la
consulta previa es lograr una concertación, hasta donde ella
sea posible y bajo un criterio de máxima protección de la
diversidad étnica y cultural, sin que se predique un derecho de
veto de las comunidades diferenciadas, en el segundo caso este
consentimiento sí debe acreditarse. Ello en virtud del grado
intenso de afectación de los derechos de los pueblos étnicos.
[…]”
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Nulidad
Según lo expuesto, se aprecia que la situación normativa que
enmarca la resolución y el decreto cuestionados parte de la
existencia de un proceso adelantado con el fin de convocar y
conformar los delegados para la Comisión Consultiva de Alto Nivel
a fin de elegir los delegados de los Consejos Comunitarios de
comunidades negras y palenqueras, procedimientos estos
restringido a que cuenten con título colectivo adjudicado por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
Insiste en que en la expedición de estas normas se desconoció el
derecho de partición y consulta previa, habida cuenta la restricción
y exclusión que el gobierno realizó frente a las comunidades que no
hubiesen sido beneficiados con el reconocimiento territorial que
realizó la Ley 70 de 1993.
En efecto, el examen de los derechos fundamentales que realizó la
Corte Constitucional se destaca que el autorreconocimiento y la
identidad étnica no dependen de la titulación territorial ni del
registro administrativo estatal, puesto que la existencia de una
comunidad étnica (Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera -
NARP) radica en la autoidentificación, la conciencia de su identidad
colectiva y sus prácticas socio culturales y no en la propiedad formal
de la tierra.
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Nulidad
De ahí que exigir el título colectivo adjudicado como requisito de
representatividad sí vulnera derechos fundamentales a la igualdad y
a la participación democrática de las comunidades NARP, al
condicionar la participación institucional para la convocatoria y
conformación de dicha Comisión Consultiva, lo cual creó además
un trato discriminatorio desproporcionado que excluyó aquellas
comunidades que no se encontraban bajo tales parámetros, tal es
el caso, por ejemplo, de: i) comunidades rurales con procesos de
titulación inconclusos, ii) Consejos comunitarios en proceso de
conformación y iii) población afrodescendiente en contextos urbanos
o en situación de desplazamiento forzado.
Por lo expuesto, se concluye con apoyo en el fallo de tutela, que se
examinó atrás, que tanto la resolución como el decreto acusados
incurrieron en un vicio de inconstitucionalidad e ilegalidad por
restringir la participación en la elección correspondiente
únicamente a los colectivos legitimados, esto es, a los Consejos
Comunitarios que para la época contaran con un título colectivo
adjudicado, lo que generó de manera correlativa la exclusión de tal
participación a la población afrocolombiana en general; y, además,
porque en el proceso de preparación de estas normas no se evidenció
un trámite que permitiera la realización del derecho de consulta
previa que permitiera la discusión de estas frente a los interesados.
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Nulidad
Por todo lo expuesto, se declara la nulidad de la resolución y el
decreto acusados sin que sea necesario entrar a evaluar los demás
argumentos y cargos formulados.
5.4.- CONDENA EN COSTAS
Finalmente, atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que
se promovió, la Sala considera de conformidad con lo previsto en el
artículo 18828 del CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por
cuanto la naturaleza de la acción exime de esta fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución
núm. 121 de 30 de enero de 201229 y el DECRETO 2163 de 19 de
octubre de 2012 30 , por lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
28
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”
29
“POR LA CUAL SE CONVOCA A LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIO
DE COMUNIDADES NEGRAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS RAIZALES DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, A ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
30
“POR EL CUAL SE CONFORMA Y REGLAMENTA LA COMISIÓN CONSULTIVA DE ALTO NIVEL
DE COMUNIDADES NEGRAS, RAIZALES Y PALENQUERAS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
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Nulidad
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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