Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00047-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00047-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00047-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de marzo de 2022
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Radicado: 11001 03 24 000 2013 00047 00
Demandante: Instituto Financiero de Boyacá
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2013 00047 00.
Actor: Instituto Financiero de Boyacá.
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tesis: Existe cosa juzgada respecto al cargo relativo a que la entidad accionada
desbordó su potestad reglamentaria con la expedición de los actos enjuiciados, bajo
el argumento según el cual modificó y dividió la calificación de bajo riesgo crediticio
que fue señalada por el Legislador en la norma reglamentada, al determinar que los
INFIS debían obtener, la segunda mejor para ese grado de inversión en el corto y
largo plazo.
Es nulo el acto administrativo expedido por la entidad administrativa demandada por
infracción a norma superior, al permitir que las entidades territoriales coloquen los
excedentes financieros en los INFIS hasta el 31 de marzo de 2013, siempre que
obtuvieran la segunda mejor calificación de bajo riesgo crediticio al corto y largo
plazo, si la ley objeto de reglamentación autorizaba que todo ello aconteciera hasta
el 8 de julio de 2004.
Debe inhibirse la Sala para estudiar de fondo el cargo relacionado con que los actos
admirativos demandados fijaron sanciones en contra de los INFIS que no cumplan
con las condiciones señaladas en los reglamentos, si en el libelo introductorio no se
indican cuáles fueron las sanciones creadas por los mismos, ni las normas que se
consideraban infringidas por tal razón, ni se explica el concepto de su violación.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en el ejercicio del medio de control
de nulidad promovida por el Instituto Financiero de Boyacá contra los parágrafos 4
parcial, 5 y 6 del artículo 49 del Decreto 1525 de 9 de mayo de 2008, “por el cual se
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dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades
estatales del orden nacional y territorial.”, adicionado por el artículo 1º del Decreto
4471 de 2008 y modificado por el artículo 1º del Decreto 2805 de 2009, luego por el
artículo 1º del Decreto 4686 de 2010, después por el artículo 1º del Decreto 4866
de 2011 y finalmente por el Decreto 1468 de 6 de julio de 2012, proferidos por el
Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
La entidad accionante formuló las siguientes pretensiones1:
“II. DEMANDA.
1.Muy comedidamente DEMANDO DE SU JUSTICIA:
A. Declaración de nulidad del Parágrafo 5°, todo, Parágrafo 6°, todo, y del
Parágrafo 4°, del Artículo 1°, del Decreto 1.468 de Julio 6 del 2012, en la
parte que dice,
“… Aquellos casos en los cuales dichas entidades no tengan las
calificaciones previstas, podrán continuar administrando los excedentes de
liquidez, no obstante deberán efectuar revisión de sus calificaciones con una
periodicidad no superior a 180 días, como resultado de la misma, deberán
mantener o mejorar la calificación vigente y en todo caso a más tardar el 31
de marzo de 2013 deberán obtener la calificación provista para el corto y
largo plazo, en los términos previstos en el presente decreto,
Parágrafo 5o. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de
la revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la
calificación vigente por debajo de las calificaciones mínimas a que se refiere
el parágrafo 4° de este artículo, pero se mantengan dentro del grado de
inversión en ambos plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las
sociedades calificadoras, deberán abstenerse de ser depositarios de
nuevos recursos de los que trata el presente decreto, hasta que se realice
la siguiente revisión de su calificación y esta sea al menos igual a la
calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución, Si en la
siguiente revisión no se alcanza al menos la calificación otorgada para
ambos plazos antes de la disminución, el representante legal del respectivo
Instituto deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
notificación de la calificación, presentar ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público un plan de desmonte de las operaciones activas y pasivas
1 Visible a folios 9 y 10 del Cuaderno Principal.
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perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no deberá superar un
(1) año,
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de
la calificación de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificación
vigente pasando a grado de especulación, de acuerdo con las escalas
usadas por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de seguir
siendo depositarios de recursos de que trata el presente decreto. En este
evento, el representante legal del respectivo Instituto deberá, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la calificación,
presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de
desmonte de las operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos
recursos, Dicho desmonte no deberá superar un (1) año.
Parágrafo 6o. Si llegado el 31 de marzo de 2013, los Institutos de Fomento
y Desarrollo no logran, al menos la segunda mejor calificación del corto o
largo plazo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° de este
artículo, no podrán seguir siendo depositarios de los recursos de que trata
el presento decreto, en este evento, el representante legal del respectivo
Instituto deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha
anteriormente señalada, presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público un plan de desmonte de las operaciones activas y pasivas
perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no deberá superar un
(1) año".
B. Producida, en caso de que prospere, la declaración de nulidad anterior, del
Decreto 1.468 de Julio 6 de 2012, toma existencia y vigencia, el Decreto
4.866 de Diciembre 22 de 2011, en lo correspondiente a lo declarado nulo.
Adquieren vigencia, entonces, los textos inmediatamente anteriores, del
Decreto 4.866 de 2011, los Parágrafos 4°, 5° y 6°; Artículo 1°, quinto y sexto
completos, todo el contenido, y del cuarto, solamente la parte que dice
“En aquellos casos en los cuales dichas entidades no tengan las
calificaciones previstas, podrán continuar administrando los
excedentes de liquidez, no obstante deberán efectuar revisión de sus
calificaciones con una periodicidad no superior a 180 días, como
resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 30 de junio de 2012 deberán
obtener la calificación prevista para el corto y largo plazo, en los
términos previstos en el presente decreto.
Parágrafo 5o. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por
efecto de la revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo,
disminuyan la calificación vigente por debajo de las calificaciones
mínimas a que se refiere el parágrafo 4o de este artículo, pero se
mantengan dentro del grado de inversión en ambos plazos, de
acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades calificadoras,
deberán abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de los
que trata el presente decreto hasta que se realice la siguiente revisión
de su calificación y esta sea al menos igual a la calificación otorgada
para ambos plazos antes de la disminución. Si en la siguiente revisión
no se alcanza al menos la calificación otorgada para ambos plazos
antes de la disminución, el representante legal del respectivo instituto
deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
notificación de la calificación, presentar ante el Ministerio de Hacienda
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y Crédito Público un plan de desmonte de las operaciones activas y
pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no
deberá superar un (1) año.
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la
revisión de la calificación de riesgo de corto o de largo plazo,
disminuyan la calificación vigente pasando a grado de especulación,
de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras,
deberán abstenerse de seguir siendo depositarios de recursos de que
trata el presente decreto. En este evento, el representante legal del
respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos.
Dicho desmonte no deberá superar un (1) año.
Parágrafo 6o. Si llegado el 30 de junio del 2012, los Institutos de
Fomento y Desarrollo no logran, al menos la segunda mejor
calificación del corto o largo plazo de conformidad con lo dispuesto
en el parágrafo 4o de este artículo, no podrán seguir siendo
depositarios de los recursos de que trata el presente decreto.
En este evento, el representante legal del respectivo instituto deberá,
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha
anteriormente señalada, presentar ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público un plan de desmonte de las operaciones activas y
pasivas perfeccionadas con dichos recursos.
Dicho desmonte no deberá superar un (1) año".
C. Entonces, si se declara por Su Justicia, la nulidad del Decreto 1.468 de 6 de
Julio de 2012, en las partes precitadas en el numeral anterior, ejecutoriada
esa decisión, toma vigencia el inmediatamente anterior, sobre la misma
materia, Parágrafo 4°, los Parágrafos 5° y 6°, Artículo 1°, del Decreto 4.866
del 22 de Diciembre de 2011. De los Parágrafos 5° y 6°, todo el contenido,
y, del Parágrafo 4°, la parte que dice:
“En aquellos casos en los cuales dichas entidades no tengan las
calificaciones previstas, podrán continuar administrando los
excedentes de liquidez, no obstante deberán efectuar revisión de sus
calificaciones con una periodicidad no superior a 180 días, como
resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 30 de junio de 2012 deberán
obtener la calificación prevista para el corto y largo plazo, en los
términos previstos en el presente decreto.
Partes, del Artículo primero del Decreto 4.866 de Diciembre 22 de 2011,
cuya nulidad demando de Su Justicia.
D. Producida, en caso de que prospere, la declaración de nulidad anterior, del
Decreto 4.866 de Diciembre 22 de 2011, toma existencia y vigencia, el
Decreto 4.686 de Diciembre 20 de 2010, en lo correspondiente a lo
declarado nulo. Adquieren vigencia, entonces, los textos inmediatamente
anteriores, los Parágrafos 4°, 5° y 6°, Artículo 1°, del Decreto 4.686 de 20
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de Diciembre de 2010, quinto y sexto completos, todo el contenido, y del
cuarto, solamente la parte que dice
“En aquellos casos en los cuales dichas entidades no tengan las
calificaciones previstas, podrán continuar administrando los
excedentes de liquidez, no obstante deberán efectuar revisión de sus
calificaciones con una periodicidad no superior a 180 días, como
resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 31 de diciembre de 2011.
deberán obtener la calificación prevista para el corto y largo plazo, en
los términos previstos en el presente decreto.”
Partes, del Artículo primero del Decreto 4.686 de Diciembre 20 de 2010,
cuya nulidad, entrados en existencia y vigencia, demandando de Su
Justicia.
E. Producida, en caso de que prospere, la declaración de nulidad anterior, del
Decreto 4.866 de Diciembre 20 de 2010, toma existencia y vigencia, el
Decreto 2.805 de Julio 28 de 2009, en lo correspondiente a lo declarado
nulo. Adquieren vigencia, entonces, los textos inmediatamente anteriores,
los Parágrafos 4°, 5° y 6°; Artículo 1°, Decreto2.805 de 2009, quinto y sexto
completos, todo el contenido, y del cuarto, solamente la parte que dice
“En aquellos casos en los cuales dichas entidades no tengan las
calificaciones previstas, podrán continuar administrando los
excedentes de liquidez, no obstante deberán efectuar revisión de sus
calificaciones con una periodicidad no superior a 180 días, como
resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 31 de diciembre de 2010
deberán obtener la calificación prevista para el corto plazo y el 31 de
diciembre de 2011 la calificación de largo plazo, en los términos
previstos en el presente decreto.
Partes, del Artículo primero del Decreto 2.805 de 2009, cuya nulidad,
entrados en existencia y vigencia, demandando de Su Justicia.
F. Entonces, si se declara por Su Justicia, la nulidad del Decreto 2.805 de Julio
28 de 2009, en las partes precitadas en el numeral anterior, ejecutoriada
esa decisión, muy comedidamente, solicito, se declare la nulidad del
Parágrafo 4°, del Artículo 49, parte precisada y transcrita, del Decreto 1.525
de 2008, y, de los Parágrafos 5° y 6°, completos, de las modificaciones
hechas por el Decreto 4.471 de 2008, y, del Parágrafo 4°del Artículo 49 del
Decreto1.525 de 2008, la parte que dice:
“ En aquellos casos en los cuales dichas entidades no tengan las
calificaciones previstas, podrán continuar administrando los
excedentes de liquidez, no obstante deberán efectuar revisión de sus
calificaciones con una periodicidad no superior a 180 días, como
resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 31 de diciembre de 2010
deberán obtener la calificación prevista para el corto plazo y el 31 de
diciembre de 2011 la calificación de largo plazo, en los términos
previstos en el presente decreto”.
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G. O, en subsidio, si se puede, de una vez por todas, la declaración de nulidad
del Parágrafo 4°, del Artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, adicionado por
el Decreto 4.471 de 2008; modificados, sucesivamente, por el Decreto 2.805
de 2009, Decreto 4.686 de 2010, Decreto 4.866 de 2011 y Decreto 1.468 de
2012, en las partes señaladas, individualizadas y precisadas antes, en el
presente escrito … Todos, por sus características, por sus contenidos, por
incurrir en las mismas causales de nulidad, frente al mismo texto legal, como
lo probaremos y lo demostraremos, a continuación.
H. Muy comedidamente, también, DEMANDO DE SU JUSTICIA:
a. Dada la flagrante vulneración de los textos legales correspondientes, la
evidente violación de los contenidos legales señalados en la presente
demanda, el quebrantamiento directo, claro, evidente, apreciable a
prima facie, con la simple lectura de los dos textos: Ley y reglamentos,
muy comedidamente demando la declaración de la suspensión
provisional de ellos. De conformidad con la sustentación misma de la
Demanda, no por separado ni en escrito especial, como el régimen
anterior. Ya no por separado, ni en escrito aparte, como en el régimen
anterior (sic).
Lo que se pretende con la DEMANDA, concretamente, y, en forma precisa y
clara, es la declaración de nulidad, por el Juez, de las partes de los Decretos
Reglamentarios del Parágrafo del Artículo 17 de la Ley 819 de 2003. Partes que
desconocen la Ley, partes en que se contraria la Ley, partes en que se
quebrante la Ley. Donde una cosa dispone la Ley, y, otra muy contraria
disponen los Decretos Reglamentarios, cuya declaración de nulidad se
demanda, con la correspondiente SUSPENSION PROVISIONAL, para acortar
lalesión (sic) que adolece el sistema jurídico.
El Decreto Reglamentario, existente, vigente, hoy en día, vigente y obligatorio,
en la fecha, valido y eficaz, del Parágrafo del Artículo 17 de la Ley 819 de 2003,
único, exclusivo, ciento por ciento, es el Decreto 1.468 de Julio 6 de 2012. Si
fuera declarada la nulidad por el Juez Contencioso Administrativo, de este
Decreto 1.468 de 2012, tomaría, de manera inmediata, existencia y vigencia, el
Decreto inmediatamente anterior existencia (sic), vigencia, validez, plena
eficacia, es decir, el Decreto 4.866 de 2011. Entonces, tendríamos que
demandar la declaración de nulidad de este Decreto y así sucesivamente hasta
el primero, es decir, hasta la nulidad del Artículo 49 del Decreto 1.525 de 2008,
original, primero en el tiempo, y su Decreto Adicional Decreto 4.471 del mismo
2.008. Razón por la cual, de una vez por todas, y, (sic) desde aquí la demanda
que se presenta es la declaración de nulidad, contencioso de nulidad, medio de
control de nulidad del Artículo 49 del Decreto 1.525 de 2008, adicionado por el
Decreto 4.471 del mismo 2.008; modificado, primero por el Decreto 2.805 de
2009; segundo, por el Decreto 4.686 de 2010; tercero, por el Decreto 4.8866
(sic) de 2011; y, cuarto, por el Decreto 1.468 de 2012. Toda la evolución en 10
años del Artículo 49 del Decreto 1.525 de 2008, adicionado, con el Decreto
4.471 del mismo 2008.”2
1.2. Los actos cuestionados
2 Visto a folios 49 a 58 del Cuaderno Principal.
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1.2.1. A continuación, se transcribirá el parágrafo 4 del artículo 49 del Decreto 1525
de 9 de mayo de 2008, “por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión
de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial.”, proferido
por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, así:
“DECRETO 1525 DE 2008
(mayo 09)
por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de
las entidades estatales del orden nacional y territorial.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el ordinal 11 del
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico de
Presupuesto y el artículo 17 de la Ley 819 de 2003,
DECRETA:
(…)
CAPITULO IV
De las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden
territorial con participación pública superior al cincuenta por ciento
Artículo 49. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 819 de
2003, las entidades a que hace referencia el presente capítulo deberán invertir
sus excedentes de liquidez, así:
(…)
Parágrafo 4º. En cuanto a la colocación de excedentes de liquidez por parte
de las entidades de que trata el presente artículo en los Institutos de Fomento
y Desarrollo, dichas entidades podrán mantener sus excedentes de liquidez en
los mencionados Institutos, siempre y cuando dichas entidades demuestren
que tienen la calificación de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el
parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual debe ser de por lo
menos la segunda mejor calificación para el largo plazo y la segunda mejor
calificación para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las
sociedades calificadoras las cuales deberán estar vigentes. En aquellos casos
en los cuales dichas entidades no tengan las calificaciones previstas, podrán
continuar administrando los excedentes de liquidez, no obstante deberán
efectuar revisión de sus calificaciones con una periodicidad no superior a 180
días, como resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 31 de diciembre de 2010 deberán
obtener la calificación prevista para el corto plazo y el 31 de diciembre de 2011
la calificación de largo plazo, en los términos previstos en el presente decreto.
(…)
Publíquese y cúmplase.
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Radicado: 11001 03 24 000 2013 00047 00
Demandante: Instituto Financiero de Boyacá
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de mayo de 2008.
Álvaro Uribe Vélez
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.”3 (Subrayas de la Sala)
1.2.2. La norma antes transcrita, fue adicionada en los parágrafos 5 y 6 por el
artículo 1 del Decreto 4471 de 2008, “por el cual se adiciona el artículo 49 del
Decreto 1525 de 2008”, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, el cual es del siguiente tenor:
“DECRETO 4471 DE 2008
(noviembre 26)
por el cual se adiciona el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el ordinal 11 del
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico de
Presupuesto y el artículo 17 la Ley 819 de 2003,
DECRETA:
Artículo 1º. Adiciónese el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 con los
siguientes parágrafos:
"Parágrafo 5º. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la
revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la
calificación vigente por debajo de las calificaciones mínimas a que se refiere el
parágrafo 4º de este artículo, pero se mantengan dentro del grado de inversión
en ambos plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades
calificadoras, deberán abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de
los que trata el presente decreto hasta que se realice la siguiente revisión de
su calificación y esta sea al menos igual a la calificación otorgada para ambos
plazos antes de la disminución. Si en la siguiente revisión no se alcanza al
menos la calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución, el
representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de la
calificación de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificación
vigente pasando a grado de especulación, de acuerdo con las escalas usadas
por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de seguir siendo
depositarios de recursos de que trata el presente decreto. En este evento, el
3 Visible a folios 42 a 47 del Cuaderno Principal.
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representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año".
Parágrafo 6º. Si llegado el 31 de diciembre de 2010 o el 31 de diciembre del
2011, los Institutos de Fomento y Desarrollo no logran, respectivamente, al
menos la segunda mejor calificación del corto o largo plazo de conformidad con
lo dispuesto en el parágrafo 4º de este artículo, no podrán seguir siendo
depositarios de los recursos de que trata el presente decreto. En este evento,
el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a las fechas anteriormente señaladas, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año".
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
adiciona el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de noviembre de 2008.
Álvaro Uribe Vélez
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.”4
1.2.3. Posteriormente, el artículo 49 del Decreto 1525 de 9 de mayo de 2008 fue
modificado en sus parágrafos 4 parcial, 5 y 6 por el artículo 1 del Decreto 2805 de
2009, “por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008.”, expedido por el Ministro del Interior y de
Justicia como delegatario de funciones presidenciales y el Ministerio de Hacienda
Crédito Público, disponiendo lo siguiente:
“DECRETO 2805 DE 2009
(julio 28)
por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008.
El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario
de funciones presidenciales, conforme al Decreto número 2732 de 23 de julio
de 2009, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de
las que le confieren el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política de
4 Visible a folios 40 y 41 del Cuaderno Principal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 24 000 2013 00047 00
Demandante: Instituto Financiero de Boyacá
Colombia, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el artículo 17 de la Ley 819
de 2003,
Artículo 1°. Modifícase el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008 el cual quedará así:
(…)
Parágrafo 4°. En cuanto a la colocación de excedentes de liquidez por parte
de las entidades de que trata el presente artículo en los Institutos de Fomento
y Desarrollo, dichas entidades podrán mantener sus excedentes de liquidez en
los mencionados Institutos, siempre y cuando dichas entidades demuestren
que tienen la calificación de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el
parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual debe ser de por lo
menos la segunda mejor calificación para el largo plazo y la segunda mejor
calificación para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las
sociedades calificadoras las cuales deberán estar vigentes. En aquellos casos
en los cuales dichas entidades no tengan las calificaciones previstas, podrán
continuar administrando los excedentes de liquidez, no obstante deberán
efectuar revisión de sus calificaciones con una periodicidad no superior a 180
días, como resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 31 de diciembre de 2010 deberán
obtener la calificación prevista para el corto plazo y el 31 de diciembre de 2011
la calificación de largo plazo, en los términos previstos en el presente decreto.
Parágrafo 5°. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la
revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la
calificación vigente por debajo de las calificaciones mínimas a que se refiere el
parágrafo 4° de este artículo, pero se mantengan dentro del grado de inversión
en ambos plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades
calificadoras, deberán abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de
los que trata el presente decreto hasta que se realice la siguiente revisión de
su calificación y esta sea al menos igual a la calificación otorgada para ambos
plazos antes de la disminución. Si en la siguiente revisión no se alcanza al
menos la calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución, el
representante legal del respectivo Instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de la
calificación de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificación
vigente pasando a grado de especulación, de acuerdo con las escalas usadas
por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de seguir siendo
depositarios de recursos de que trata el presente decreto. En este evento, el
representante legal del respectivo Instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Parágrafo 6°. Si llegado el 31 de diciembre de 2010 o el 31 de diciembre del
2011, los Institutos de Fomento y Desarrollo no logran, respectivamente, al
menos la segunda mejor calificación del corto o largo plazo de conformidad con
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Demandante: Instituto Financiero de Boyacá
lo dispuesto en el parágrafo 4° de este artículo, no podrán seguir siendo
depositarios de los recursos de que trata el presente decreto. En este evento,
el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a las fechas anteriormente señaladas, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año”.
(…)
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2009.
Fabio Valencia Cossio
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.”5 (Subrayas de la Sala)
1.2.4. Luego, el artículo 49 del Decreto 1525 de 9 de mayo de 2008 fue modificado
en sus parágrafos 4 parcial, 5 y 6 por el artículo 1 del Decreto 4686 de 2010, “Por
el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 adicionado mediante el
Decreto 4471 de 2008 modificado mediante el Decreto 2805 de 2009.”, emitido por
el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, así:
“DECRETO 4686 DE 2010
(Diciembre 20)
Por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008 modificado mediante el Decreto 2805 de
2009.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el ordinal
11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 17 de
la Ley 819 de 2003, y
(…)
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 el cual quedará
así:
(…)
5 El acto no fue allegado al plenario, sin embargo, puede ser revisado en el siguiente link:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1492144
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Parágrafo 4°. En cuanto a la colocación de excedentes de liquidez por parte
de las entidades de que trata el presente artículo en los Institutos de Fomento
y Desarrollo, dichas entidades podrán mantener sus excedentes de liquidez en
los mencionados Institutos, siempre y cuando dichas entidades demuestren
que tienen la calificación de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el
parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual debe ser de por lo
menos la segunda mejor calificación para el largo plazo y la segunda mejor
calificación para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las
sociedades calificadoras las cuales deberán estar vigentes. En aquellos casos
en los cuales dichas entidades no tengan las calificaciones previstas, podrán
continuar administrando los excedentes de liquidez, no obstante, deberán
efectuar revisión de sus calificaciones con una periodicidad no superior a 180
días, como resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 31 de diciembre de 2011. deberán
obtener la calificación prevista para el corto y largo plazo, en los términos
previstos en el presente decreto.
Parágrafo 5°. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la
revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la
calificación vigente por debajo de las calificaciones mínimas a que se refiere el
parágrafo 4° de este artículo, pero se mantengan dentro del grado de inversión
en ambos plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades
calificadoras, deberán abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de
los que trata el presente decreto hasta que se realice la siguiente revisión de
su calificación y esta sea al menos igual a la calificación otorgada para ambos
plazos antes de la disminución. Si en la siguiente revisión no se alcanza al
menos la calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución, el
representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de la
calificación de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificación
vigente pasando a grado de especulación, de acuerdo con las escalas usadas
por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de seguir siendo
depositarios de recursos de que trata el presente decreto. En este evento, el
representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Parágrafo 6°. Si llegado el 31 de diciembre del 2011, los Institutos de Fomento
y Desarrollo no logran, al menos la segunda mejor calificación del corto o largo
plazo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° de este artículo, no
podrán seguir siendo depositarios de los recursos de que trata el presente
decreto.
En este evento, el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha anteriormente señalada,
presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte
de las operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos.
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Dicho desmonte no deberá superar un (1) año".
(…)
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D. C., a los 20 días del mes de diciembre del año 2010.
Juan Manuel Santos Calderón
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.”6 (Subrayas de la Sala)
1.2.5. Después, el artículo 49 del Decreto 1525 de 9 de mayo de 2008 fue
modificado en sus parágrafos 4 parcial, 5 y 6 por el artículo 1 del Decreto 4866 de
2011, “Por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008 y modificado mediante los Decretos 2805 de
2009 y 4686 de 2010.”, proferido por el Presidente de la República y el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, indicando lo siguiente:
“DECRETO 4866 DE 2011
(Diciembre 22)
por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008 y modificado mediante los Decretos 2805
de 2009 y 4686 de 2010.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el ordinal
11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 17 de
la Ley 819 de 2003, y
(…)
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 el cual quedará
así:
(…)
Parágrafo 4°. En cuanto a la colocación de excedentes de liquidez por parte
de las entidades de que trata el presente artículo en los Institutos de Fomento
y Desarrollo, dichas entidades podrán mantener sus excedentes de liquidez en
los mencionados Institutos, siempre y cuando dichas entidades demuestren
que tienen la calificación de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el
6 Visible a folio 39 del Cuaderno Principal.
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parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual debe ser de por lo
menos la segunda mejor calificación para el largo plazo y la segunda mejor
calificación para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las
sociedades calificadoras las cuales deberán estar vigentes. En aquellos casos
en los cuales dichas entidades no tengan las calificaciones previstas, podrán
continuar administrando los excedentes de liquidez, no obstante deberán
efectuar revisión de sus calificaciones con una periodicidad no superior a 180
días, como resultado de la misma deberán mantener o mejorar la calificación
vigente y en todo caso a más tardar el 30 de junio de 2012 deberán obtener la
calificación prevista para el corto y largo plazo, en los términos previstos en el
presente decreto.
Parágrafo 5°. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la
revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la
calificación vigente por debajo de las calificaciones mínimas a que se refiere el
parágrafo 4° de este artículo, pero se mantengan dentro del grado de inversión
en ambos plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades
calificadoras, deberán abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de
los que trata el presente decreto hasta que se realice la siguiente revisión de
su calificación y esta sea al menos igual a la calificación otorgada para ambos
plazos antes de la disminución. Si en la siguiente revisión no se alcanza al
menos la calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución, el
representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de la
calificación de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificación
vigente pasando a grado de especulación, de acuerdo con las escalas usadas
por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de seguir siendo
depositarios de recursos de que trata el presente decreto. En este evento, el
representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Parágrafo 6°. Si llegado el 30 de junio del 2012, los Institutos de Fomento y
Desarrollo no logran, al menos la segunda mejor calificación del corto o largo
plazo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° de este artículo, no
podrán seguir siendo depositarios de los recursos de que trata el presente
decreto.
En este evento, el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha anteriormente señalada,
presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte
de las operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos.
Dicho desmonte no deberá superar un (1) año".
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2011.
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Juan Manuel Santos Calderón
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.” 7(Subrayas de la Sala)
1.2.6. Finalmente, el artículo 49 del Decreto 1525 de 9 de mayo de 2008 fue
modificado en sus parágrafos 4 parcial, 5 y 6 del artículo 1 por el Decreto 1468 de
6 de julio de 2012, “por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008,
adicionado mediante el Decreto 4471 de 2008 y modificado mediante los Decretos
2805 de 2009, 4686 de 2010 y 4866 de 2011”, proferidos por el Presidente de la
República y el Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de dicha cartera, cuyo contenido es:
“DECRETO 1468 DE 2012
(julio 06)
por el cual se modifica el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008 y modificado mediante los Decretos 2805
de 2009, 4686 de 2010 y 4866 de 2011
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el ordinal
11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 17 de
la Ley 819 de 2003, y
(…)
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 el cual quedará
así:
(…)
Parágrafo 4°. En cuanto a la colocación de excedentes de liquidez por parte de
las entidades de que trata el presente artículo en los Institutos de Fomento y
Desarrollo, dichas entidades podrán mantener sus excedentes de liquidez en
los mencionados Institutos, siempre y cuando dichas entidades demuestren que
tienen la calificación de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el parágrafo
del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual debe ser de por lo menos la
segunda mejor calificación para el largo plazo y la segunda mejor calificación
para el corto plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades
calificadoras las cuales deberán estar vigentes. En aquellos casos en los cuales
dichas entidades no tengan las calificaciones previstas, podrán continuar
administrando los excedentes de liquidez, no obstante deberán efectuar revisión
7 Visible a folios 37 y 38 del Cuaderno Principal.
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Radicado: 11001 03 24 000 2013 00047 00
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de sus calificaciones con una periodicidad no superior a 180 días, como
resultado de la misma, deberán mantener o mejorar la calificación vigente y en
todo caso a más tardar el 31 de marzo de 2013 deberán obtener la calificación
provista para el corto y largo plazo, en los términos previstos en el presente
decreto.
Parágrafo 5°. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la
revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la
calificación vigente por debajo de las calificaciones mínimas a que se refiere el
parágrafo 4° de este artículo, pero se mantengan dentro del grado de inversión
en ambos plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades
calificadoras, deberán abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de
los que trata el presente decreto, hasta que se realice la siguiente revisión de
su calificación y esta sea al menos igual a la calificación otorgada para ambos
plazos antes de la disminución, Si en la siguiente revisión no se alcanza al
menos la calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución, el
representante legal del respectivo Instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de la
calificación de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificación
vigente pasando a grado de especulación, de acuerdo con las escalas usadas
por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de seguir siendo
depositarios de recursos de que trata el presente decreto. En este evento, el
representante legal del respectivo Instituto deberá, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las
operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos, Dicho
desmonte no deberá superar un (1) año.
Parágrafo 6°. Si llegado el 31 de marzo de 2013, los Institutos de Fomento y
Desarrollo no logran, al menos la segunda mejor calificación del corto o largo
plazo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° de este artículo, no
podrán seguir siendo depositarios de los recursos de que trata el presento
decreto.
En este evento, el representante legal del respectivo Instituto deberá, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha anteriormente señalada,
presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte
de las operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos.
Dicho desmonte no deberá superar un (1) año".
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2012.
Juan Manuel Santos Calderón
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El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
Germán Arce Zapata.”8 (Subrayas de la Sala)
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que los actos acusados desconocen los artículos 6, 121,
parte final del inciso segundo del artículo 123 y el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 17 de la Ley 819 de 2003.
1.3.1. En el acápite denominado como “HECHOS Y OMISIONES QUE SIRVEN DE
FUNDAMENTO A LAS PRETENSIONES DETERMINADOS, CLASIFICADOS Y
NUMERADOS”9, el accionante expuso las siguientes consideraciones en relación con
la ilegalidad de los actos enjuiciados:
1.3.1.1. Mencionó que el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003
determinó que por el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de dicha
norma, a saber, desde 9 de julio de 2003 al 8 de julio de 2004, los entes territoriales
podían colocar sus excedentes transitorios de liquidez en los Institutos de Fomento
y Desarrollo Territorial (en adelante INFIS) que no tuvieran una calificación de bajo
riesgo crediticio y que a su vez, estos últimos en ese período de tiempo debían
obtener esa calificación a efectos de seguir siendo depositarios de los mencionados
recursos.
Aseguró que una interpretación de tal norma llevaría a concluir que después del 8
de julio de 2004, los entes territoriales no podrían colocar sus excedentes
financieros en los INFIS, si éstos no obtienen la calificación de bajo riesgo; y que,
en esa medida, de no obtenerla, únicamente podían colocar sus excedentes de
liquidez en una de las siguientes opciones: (i) en títulos de deuda pública interna de
la Nación, (ii) en títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio, (iii)
8 Visible a folios 24 y 25 del Cuaderno Principal.
9 Visto a folio 81 del Cuaderno Principal:
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depositarlos en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio, o
(iv) en los INFIS que hubieren logrado esta última calificación.
En ese orden, reprochó que, pese a la claridad de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 819 de 2003, la cartera ministerial demanda, a través de los actos enjuiciados,
amplió ilegalmente la vigencia del parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003,
tratando contenidos “que desbordan y desconocen, el texto de la Ley que dicen
reglamentar, para imponer cuestiones que no corresponden al texto legal”10.
Arguyó que la Ley 819 de 2003 fue reglamentada por el Ministerio de Hacienda
mediante el artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, adicionado por el Decreto 4447
de ese mismo año, esto es, cinco (5) años después a su entrada en vigor y cuatro
(4) años después de la culminación del plazo previsto en el parágrafo del artículo
17 de la anotado norma legal, bajo el argumento de que el poder reglamentario no
caduca, ni prescribe, ni desaparece.
1.3.1.2. Advirtió que el parágrafo 4 del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008
determinó que los INFIS debían obtener por lo menos la segunda mejor calificación
de bajo riesgo crediticio para el largo y corto plazo a más tardar el 31 de diciembre
de 2010 y 2011, respectivamente, de conformidad con las escalas usadas para esos
efectos por las sociedades calificadoras, por lo que, a su juicio, se había ampliado
irregularmente el plazo previsto por el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de
2003 a casi (7) años después de su finalización.
Adujo que la aludida norma reglamentaria también estableció que, mientras los
INFIS obtenían el mencionado requisito en el citado periodo, podían continuar
administrando los excedentes de liquidez de los entes territoriales, siempre y
cuando efectuaran la revisión de sus calificaciones con una periodicidad no superior
a ciento ochenta (180) días, manteniendo o mejorando la vigente.
En este punto, cuestionó que los Decretos reglamentarios de la Ley 819 de 2003
dividieran la calificación de bajo riesgo crediticio que debían obtener los INFIS en
corto y largo plazo y fijando plazos distintos para el cumplimiento de cada uno de
10 Visto a folio 83 del Cuaderno Principal
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ellos, cuando esa Ley lo que había contemplado era que esos institutos debían
lograr la calificación de bajo riesgo crediticio dentro del año siguiente a la fecha de
su entrada en vigor.
Indicó que el Decreto 2805 del 31 de julio de 2009 ratificó la ampliación del plazo
para que los INFIS obtuvieran la calificación de corto y largo plazo hasta el 31 de
diciembre de 2010 y 2011, respectivamente, y que el Decreto 4686 de 2010, unificó
ambos periodos hasta 2011.
Sostuvo que, posteriormente, el Decreto 4866 de 2011 amplió dicho período hasta
el año 2012 y que el Decreto 1468 de 2012 lo prorrogó hasta el 31 de marzo de
2013.
Mencionó que en los Decretos enjuiciados “lo único que cambia es la fecha de
cumplimiento, que se va ampliando, hasta llegar al 31 de Marzo de 2013, casi ocho
años después del límite fijado por la Ley.”11
1.3.1.3. Reprochó que en los actos censurados también se establecieron
sanciones en contra de los INFIS que no cumplieran con las condiciones
contempladas en esas normas reglamentarias, sin que para su imposición se haya
previsto algún procedimiento o faltas que previamente fueran determinadas por la
Ley, circunstancia que, a su juicio, se traduce en una vulneración al derecho al
debido proceso y al principio de legalidad.
Por otro lado, sobre la naturaleza de los INFIS expresó que éstos, entre otras,
confieren créditos de fomento a entidades públicas en los casos señalados por la
Ley a tasas inferiores de las otorgadas por el sistema bancario tradicional. Por ende,
expresó que dichos institutos otorgan ayuda fundamental a los entes territoriales
para su desarrollo y funcionamiento, de forma que puedan cumplir con los objetivos
sociales que se hubieren trazado.
11 Folio 91 del Cuaderno Principal.
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Indicó que los excedentes de liquidez transitorios que son depositados en los INFIS
son utilizados en créditos de fomento a municipios, los cuales tienen por objeto
financiar proyectos destinados al cumplimiento de las funciones constitucionales,
legales y reglamentarias del orden territorial.
1.3.2. A su vez, en el acápite del libelo introductorio denominado “V. FUNDAMENTOS
DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA
VIOLACIÓN”12, el demandante presentó los argumentos que se sintetizan a
continuación:
Consideró que los actos administrativos demandados violan el numeral 11 del
artículo 189 Constitucional, pues en éste se dispone el ejercicio de la potestad
reglamentaria mediante la expedición de decretos necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes y contrario a ello, los decretos aquí enjuiciados desconocen
la ley que desarrollan, pues ésta indica un plazo de un (1) año, precisando cuándo
empieza y cuándo termina y las cuestiones esenciales para el manejo de los
excedentes de liquidez de las entidades territoriales, mientras que las normas
censuradas han ido aplazando su vencimiento, por nueve (9) años.
Al respecto, reiteró que el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 dispuso que los entes
territoriales sólo podían colocar sus excedentes de liquidez entre el 9 de julio de
2003 y el 8 de julio de 2004, entre otros, en INFIS, plazo en el que éstos debían
obtener la calificación de bajo riesgo crediticio.
Lo anterior, a juicio del actor, se traduce en una prohibición de colocar los citados
excedentes en los INFIS que no tuvieran la aludida calificación de riesgo a partir del
8 de julio de 2004 y bajo ese entendido, manifestó que vía reglamentación se
derrumbó toda la protección del Legislador a los excedentes de liquidez recibidos
en colocación por los entes territoriales en los mencionados institutos, toda vez que
dicho plazo se ha ido ampliando por esa vía hasta el 31 de marzo de 2013, esto es,
nueve (9) años después la finalización del lapso conferido para esos efectos por el
artículo 17 de la Ley 819 de 2003, lo que se traduce en vulneración de la regulación
del manejo del presupuesto público, falseando la cumplida ejecución de la ley.
12 Visto a folio 97 del Cuaderno Principal.
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Transcribió el contenido del artículo 17 de la Ley 819 de 2003 y aseguró que es
quebrantado por cada uno de los decretos demandados. Indicó que así: “solamente
se pueden invertir excedentes de liquidez presupuestal de los entes territoriales en
títulos de deuda pública nacional, siempre; en inversiones de Títulos que cuenten
con una alta calificación de riesgo crediticio, siempre; depositados en entidades
financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio, siempre; y, solamente por un
año, contado a partir de la vigencia de la Ley 819 de 2003, julio 9, es decir, hasta el
8 de Julio de 2004, en las entidades de fomento y desarrollo, tiempo de un año en
que estas entidades de fomento y desarrollo, obtendrán por lo menos una
calificación de bajo riesgo crediticio. Teniendo en cuenta la calificación de bajo
riesgo crediticio entran en la tercera opción permanente. Lo que no contempla la ley
es que se pueda extender hasta 2010 y hasta 2011 y hasta 2013, este plazo.
Resulta, con la simple lectura, muy evidente la contradicción entre el texto legal y el
contenido de cada uno de los Decretos Reglamentarios.”13
Respecto de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional por
fuera del término de un año señalado por el artículo 17 de la Ley 819 de 2003,
consideró que vulneran los artículos 6, 121 y la parte final del inciso segundo del
artículo 123 Superiores, pues los servidores públicos sólo pueden hacer lo que les
está expresamente señalado en la Constitución y la ley.
En esta línea, se refirió nuevamente a la potestad reglamentaria otorgada por el
numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política e indicó que este mismo cuerpo
normativo en el artículo 123 precisa que las competencias deben ejercerse de
conformidad con los procedimientos dados en la Constitución, las leyes o los
reglamentos y que, así las cosas, cuando un texto legal otorga el término de un (1)
año, no se puede vía reglamento ampliarlo a nueve (9) años. Indicó que dicha
situación desborda e implica abuso del poder reglamentario y de la Constitución
Política.
13 Visto a folios 97 y 98 del Cuaderno Principal.
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Resaltó que darle vida a esa disposición legal por vía de reglamentación,
extendiendo su vigencia en el tiempo, es una clara inconstitucionalidad, dado que
se la está “sustituyendo por el capricho, más allá de lo debido, de lo permitido y esto
consideramos lesiona el texto constitucional. Se pretende por vía de reglamento
mejorar la Ley, completa la Ley, adicionar la Ley”14
Reiteró que los Decretos Reglamentarios demandados, por expreso mandato
constitucional, deben fundarse en el contenido legal, sin excederse y pretendiendo
ampliarlo, adicionarlo, completarlo o mejorarlo indebidamente una y varias veces.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito radicado en la
Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación el 20 de junio de 2014,
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de nulidad, pues aseguró que,
con base en las facultades Constitucionales y legales contempladas en el numeral
11 del artículo 189 y en el artículo 17 de la Ley 819 de 2013, respectivamente, el
Gobierno Nacional expidió los decretos enjuiciados, obedeciendo a estudios
específicos acerca del contexto jurídico que regula los INFIS y las diferencias y
particularidades de estos establecimientos. Para sustentar su dicho, propuso los
argumentos que pasan a sintetizarse15:
2.1. Contextualizó el contenido literal de cada una de las normas impugnadas a
través de un cuadro comparativo del artículo 1 de los Decretos 1468 de 2012, 4866
de 2011, 2805 de 2009 y 1525 de 2008, adicionado por el 4471 de 2008. Luego se
pronunció sobre los hechos y frente a las disposiciones vulneradas y el concepto de
violación e indicó que los argumentos presentados por el accionante obedecían a
una interpretación subjetiva, pues la potestad reglamentaria no expira en el tiempo
y por tanto el Gobierno tenía potestades para proferir los Decretos enjuiciados.
2.2. Aseguró que no le asiste razón e incurre en error el demandante al manifestar
que las disposiciones demandadas fueron expedidas con falsa motivación,
14 Visible a folio 100 del Cuaderno Principal.
15 Visto a folios 121 a 126 del Cuaderno Principal.
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desviación de atribuciones o violación de las normas en que debía fundarse. Insistió
en que dichas acusaciones parten de interpretaciones subjetivas y aseguró que los
decretos impugnados no quebrantan la Ley 819 de 2013, ni los artículos 6, 121, ni
la parte final del inciso segundo del artículo 123, todos de la Constitución Política.
2.2.1. Planteó la excepción de “INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE
REQUISITOS FORMALES / POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA ”16, conforme a la cual
aseveró que la demanda resulta inocua frente a los parágrafos 4 y 6 del Decreto
1525 de 2006, sus adiciones y modificaciones, dado que estos actos administrativos
han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano, por lo que expresó que
había acaecido el fenómeno de sustracción de materia, el cual sustentó citando un
extracto de una sentencia del 25 de marzo de 2010, proferida por la Subsección “B”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero de
Estado: Víctor Hernando Alvarado Ardila, dentro del proceso radicado número
76001 23 31 000 2004 00510 01.
2.2.2. También propuso como medio exceptivo el que tituló como “INEPTITUD
SUSTANTIVA DE LA DEMANDA FRENTE AL PARÁGRAFO 5° ARTÍCULO 49 DEL DECRETO
NÚMERO 1525 DE 2008, ADICIONADO MEDIANTE EL DECRETO 4471 DE 2008 Y
MODIFICADO MEDIANTE LOS DECRETOS NÚMERO 2805 DE 2009, 4686 DE 2010, 4866
DE 2011, 1468 DE 2012 Y 600 DE 2013”17. Afirmó que, respecto a dicha disposición, el
demandante no desarrolló concepto de violación ni presentó argumentos jurídicos,
incumpliendo los requisitos de la demanda exigidos para el medio de control de
nulidad.
Adicional a lo anterior, indicó que el demandante no estableció de manera
específica, clara, cierta, pertinente y suficiente las disposiciones constitucionales o
legales presuntamente vulneradas, ni las razones por las cuales los actos
administrativos cuestionados las transgreden y que, por tanto, al estar en un
contexto de justicia rogada, no le es dable al Juez inferir los cargos que motivan al
actor.
16 Visto a folio 123 (reverso) del Cuaderno principal.
17 Visto a folio 124 ibídem.
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2.2.3. De igual forma propuso la excepción que denominó como “POTESTAD
REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO”18, indicando que los decretos impugnados se
expidieron de acuerdo con la facultad constitucional que cobija al Presidente de la
República según lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución y
en cumplimiento de lo previsto por el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, las cuales
no tienen límite de tiempo.
2.2.4. Propuso la “EXCEPCIÓN – NO EXISTE VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA”19 bajo el argumento que el actor no efectúa ningún tipo de comentario o
interpretación constitucional al respecto, limitándose a enunciar la disposición que
considera violentada.
2.2.5. Por último, sostuvo que el Gobierno tenía competencia para expedir los actos
demandados en virtud de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta
Política y 17 de la Ley 819 de 2003, y que, además, éstos responden al estudio
detallado de las diferencias y particularidades de los INFIS, que como prueba de
ello se tiene la metodología para identificar los riesgos fiscales de las entidades
descentralizadas y el informe denominado “Reporte de Alertas Tempranas sobre
Riesgos Fiscales de los INFIS”20 del 31 de marzo de 2014.
Resaltó que, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 y el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, fue expedido el Decreto 1117 de 2013, mediante
el cual se ordenó poner en marcha un sistema especial de control y vigilancia para
los INFIS que capten excedentes de liquidez de las entidades territoriales, por parte
de la Superintendencia Financiera.
III. AUDIENCIA INICIAL
3.1. Los días 1 y 15 de febrero de 2016 se llevó a cabo audiencia inicial, en la
que se fijó el litigio de la siguiente manera:
“el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en
determinar si los parágrafo (sic) 4 del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008
18 Visto a folio 125 ibídem.
19 Ibídem.
20 Visto a folio 125 (reverso) del Cuaderno principal.
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parcial, adicionado en los parágrafos 5 y 6 del Decreto 4471 de 2008,
modificados mediante los parágrafos 4 parcial 5 y 6 del Decreto 2805 de
2009, modificado por los parágrafos 4 parcial, 5 y 6 del Decreto 4686 de
2010, y por los parágrafos 4, 5 y 6 del Decreto 4866 de 2011 y finalmente
modificado por los parágrafos 4 parcial 5 y 6 del Decreto 1468 de 2012, a
través de los cuales el Gobierno Nacional, dictó normas relacionadas con la
inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y
territorial, vulneran lo dispuesto en los artículos 6°, 121, 123 -parte final del
inciso segundo-, 189 -numeral 11- del de (sic) la Constitución Política; y, 17 de
la Ley 819 de 2003”21 (Negrillas dentro del texto).
3.2. En esa diligencia el entonces Despacho sustanciador indicó que no era
procedente realizar el estudio de acumulación del asunto de la referencia con el
proceso identificado con el número de radicación 11001 03 24 000 2009 000639 00,
en el fungía como actor la Asociación Nacional de Institutos Financieros de Fomento
y Desarrollo Territorial (en adelante ASOINFIS), dado que este último fue impetrado
en vigencia del CCA. Igualmente, refirió que no era posible analizar la ocurrencia
del fenómeno de cosa juzgada puesto que en ese trámite aún no se había proferido
sentencia; veamos:
“Como quiera que el proceso 2009-00639-00 promovido por ASOINFIS fue
interpuesto en vigencia del Código Contencioso Administrativo, el Despacho no
ve la posibilidad de estudiar la posibilidad (Sic) de acumular los procesos.
Igualmente, tampoco se analizará de oficio la ocurrencia de la excepción de
cosa juzgada como quiera que dicho proceso no ha sido fallado”.
3.3. Asimismo, fueron desestimadas las excepciones denominadas “ineptitud de
la demanda por falta de requisitos formales/sustracción de materia” e “ineptitud
sustantiva de la demanda frente al parágrafo 5º del artículo 49 del Decreto 1525 de
2008, adicionado mediante Decreto 4471 de 2008 y modificado mediante Decretos
2805 de 2009, 4686 de 2010, 4866 de 2011, 1468 de 600 de 2013”.
En efecto, respecto del primero de los mencionados medios exceptivos el entonces
Despacho sustanciador consideró lo siguiente:
Ahora bien, respecto de la excepción denominada "ineptitud de la demanda por
falta de requisitos formales/sustracción de materia", sostiene el demandado que
se configura dicha excepción puesto que se presenta sustracción de materia en
la medida que los parágrafos 4° y 6° del Decreto 1525 de 2008, fueron
derogados expresamente por el artículo 9° del Decreto 1117 de 2013 "Por el
cual se reglamentan parcialmente los artículos 17 y 18 de la Ley 819 de 2003,
21 Visto a folio 249 Ibídem.
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el numeral 2° del artículo 270 y el literal a) numeral 2° del artículo 325 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero".
En esos términos, señala que al desaparecer las normas acusadas del
ordenamiento jurídico, cualquier pronunciamiento es "inocuo".
Por su parte, la actora no descorrió el traslado de las excepciones formuladas.
Visto lo anterior, el Despacho advierte que no es de recibo el argumento
expuesto por el demandado, pues si bien es cierto, las normas acusadas fueron
derogadas con la expedición del Decreto 1117 de 2013, las normas acusadas
pudieron producir efectos jurídicos durante el tiempo de su vigencia, es decir
entre mayo de 2009 y mayo de 2013, término en el que el Gobierno Nacional
facultó a los Institutos de Fomento y Desarrollo, para ser depositarios de los
recursos de que trata la norma, esto es, excedentes de liquidez, haciéndose
necesario analizar su legalidad.
En razón de lo anterior, se tendrá por no probada la excepción denominada
"ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales/sustracción de
materia", propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.” (Subrayas
de la Sala).
Por su parte, sobre la inepta demanda indicó:
“En lo que tiene que ver con la excepción denominada "ineptitud sustantiva de
la demanda frente al parágrafo 5° del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008,
adicionado mediante Decreto 4471 de 2008 y modificado mediante Decretos
2805 de 2009, 4686 de 2010, 4866 de 2011, 1468 de 2012 y 600 de 2013", el
demandado manifiesta que se configura dicha excepción porque el accionante
no desarrolló el concepto de violación pues sustentó la demanda en una
interpretación subjetiva personal sin exponer argumentos jurídicos. En ese
sentido, dice que el actor sólo citó normas pero no explicó de forma clara las
razones por las cuales considera que las normas acusadas vulneran la
Constitución y la Ley.
La actora no descorrió el traslado de las excepciones formuladas.
Al respecto, el Despacho considera que no le asiste razón al demandado
comoquiera que la ineptitud de la demanda corresponde al incumplimiento de
los requisitos de forma previstos en los artículos 162 a 166 del C.P.A. y no a
cuestionamientos de fondo que deben ser analizados en la oportunidad
procesal pertinente.
En efecto, el demandante expresó en la demanda unos argumentos que a su
juicio son suficientes para desvirtuar la legalidad de las normas acusadas,
estudio que, se reitera, corresponde al juez, quien en sentencia determinará si
esos argumentos tienen vocación de prosperidad o no.
En razón de lo anterior, se tendrá por no probada la excepción denominada
"ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales/sustracción de
materia", propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.” (Subrayas
de la Sala)
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3.4. Finalmente, sobre los medios exceptivos llamados como “potestad
reglamentaria del Gobierno” e “inexistencia de violación de la Constitución Política”,
afirmó que éstos no tenían la connotación de excepciones previas por lo que serían
dirimidos al momento de dictar sentencia.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. Mediante escrito calendado el 26 de febrero de 201622, la parte demandante
presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en los hechos
de la demanda.
4.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en memorial del 29 de febrero
de 2016, descorrió el traslado para alegar de conclusión, reiterando los argumentos
señalados en la contestación de la demanda.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto
mediante memorial radicado en la Secretaría de esta Sección el día 29 de febrero
de 201623, en el que expuso los siguientes argumentos:
Se refirió al artículo 17 de la Ley 819 de 2003 e identificó las cuatro opciones que
contempla para que las entidades inviertan sus excedentes transitorios de liquidez;
estas son: (i) en títulos de deuda pública interna de la Nación, (ii) en títulos que
cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio, (iii) que sean depositados en
entidades financieras calificadas de bajo riesgo crediticio, y (iv) en INFIS, hasta que
obtengan una calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual tendrá un plazo de
un (1) año contado a partir de la vigencia de esa Ley.
En relación con la colocación de estos en los INFIS, indicó que, de la lectura de la
norma, su estructura semántica y la consulta de las Gacetas del Congreso que
22 Visto a folios 231 a 239 Ibídem.
23 Visto a folios 240 a 247 del Cuaderno Principal.
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contienen los debates sucesivos de la discusión y aprobación de la ley, podía
extraer las siguientes conclusiones:
“1. La norma faculta que dentro del año a partir de la vigencia de la Ley, los
entes territoriales puedan seguir colocando los excedentes de liquidez en los
Institutos de Fomento y Desarrollo Regionales – INFIS, mientras éstos últimos
obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio.
2. El precepto normativo incorpora el plazo perentorio de un año para que los
Institutos de Fomento y Desarrollo Regional – INFIS obtengan esa calificación
de bajo riesgo.
3. De lo anterior, se deduce que si los Institutos de Fomento y Desarrollo
Regional no obtienen esa calificación, las entidades territoriales no podrán
seguir colocando los excedentes de liquidez en los INFIS.”24
Sostuvo que las mismas eran acertadas, dado que la estructura semántica del
precepto normativo incorpora la “posibilidad” de que los entes territoriales puedan
seguir colocando sus excedentes de liquidez en los INFIS, siempre y cuando se
cumpla una condición necesaria para esos fines, esto es, que dichos institutos
obtengan la calificación de bajo riesgo crediticio dentro del plazo de un (1) año
contado a partir de la fecha de vigencia de Ley 819 de 2013.
Precisó que ese Ministerio Público, en el concepto rendido en el proceso 2009-
00639, cuyo demandante fue ASOINFIS, también corroboró dicho aserto del estudio
de las Gacetas del Congreso que contienen los debates sucesivos en la discusión
y aprobación de la Ley 819 del 2003, como se expondrá a continuación.
Así, señaló que en la Gaceta No. 465 de 1 de noviembre de 2002, se indicó sobre
las propuestas aprobadas para el segundo debate, que el Gobierno y los ponentes
aceptaban las elevadas por las entidades territoriales para que los INFIS puedan
ser depositarias de sus excedentes de liquidez cuando contaran con una calificación
de grado de inversión de entidades autorizadas en Colombia y se establecía un
plazo de seis (6) meses para que presentara la calificación respectiva.
Entre tanto, en la Garceta No. 56 del 13 de febrero de 2003, pese a que se cambió
la redacción de la norma, lo cierto es que se mantuvo la idea de que las entidades
24 Visto a folio 246 del Cuaderno Principal.
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que manejaran los excedentes de liquidez debían ser calificadas en el grado
inversión.
Arguyó que en la Gaceta 58 del 13 de febrero de 2003, el Ministro de Hacienda se
refirió a la citada propuesta, precisando que los INFIS debían estar calificados en
un grado de inversión que acreditara que están capacitados para manejar los
excedentes de liquidez de los entes territoriales.
De ahí que manifestara que la potestad reglamentaria constituye un mecanismo
tendiente a garantizar la cumplida ejecución de las leyes, por lo que su ejercicio
deba realizarse con el único propósito de aclarar o hacer más explícito su contenido,
en aras de facilitar su aplicación, sin que esto implique modificar o restringir su
alcance.
En este orden de ideas, indicó que el Presidente de la República, con la expedición
de los actos acusados, desbordó el ejercicio de la potestad reglamentaria, puesto
que el objetivo de la norma consistía en permitir que los INFIS pudieran ser
depositarios de los excedentes de liquidez hasta tanto obtuvieran la calificación de
bajo riesgo crediticio, condición que debían cumplir dentro del año de vigencia de la
Ley 819 de 2003; mientras que los Decretos Reglamentarios, además de restringir
el concepto de bajo riesgo crediticio, a por lo menos la segunda mejor calificación
para el largo plazo y la segunda mejor calificación para el corto plazo, permitió a los
INFIS seguir administrando los excedentes de liquidez, ampliando el plazo para
obtener dicha calificación, de manera sucesiva, hasta marzo de 2013.
Por todo lo anterior, consideró que la parte actora logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los preceptos acusados y solicitó se acceda a las pretensiones de la
demanda.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
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VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Planteamiento
De acuerdo con el contenido y alcance de la demanda y lo manifestado por el
accionado, se observa que las partes coinciden en que el artículo 17 de Ley 819 de
2003 dispuso que, dentro del año siguiente a su expedición, los entes territoriales
podían colocar sus excedentes de liquidez en los Institutos de Fomento y Desarrollo
Territorial que no tuvieran una calificación de bajo riesgo crediticio y éstos, a su vez,
debían obtener en ese mismo plazo la mencionada calificación. Asimismo,
concuerdan en que los actos enjuiciados reglamentaron la mencionada norma en el
sentido de indicar que los INFIS que sean depositarios de los excedentes de liquidez
de los entes territoriales y que no tengan una calificación de bajo riesgo crediticio,
debían lograr la segunda mejor calificación para esa clase de riesgo para el corto y
largo plazo a más tardar para el 31 de marzo de 2013.
Ahora, discrepan sobre el alcance de la mencionada potestad reglamentaria, pues
el demandante asegura que los actos enjuiciados desbordaron el contenido del
artículo 17 de Ley 819 de 2003 dado que: (i) se dividió la calificación de bajo riesgo,
en la segunda mejor para el corto y largo plazo, (ii) se extendió su vigencia hasta el
31 de marzo de 2013 cuando estaba prevista hasta para el 8 de julio de 2004, y (iii)
se incluyeron sanciones en contra de los INFIS que no cumplen con las condiciones
señaladas en los reglamentos impugnados; mientras que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público considera que la citada atribución no tiene límite en el tiempo y
por ende cuenta con las facultades previstas en el numeral 11 del artículo 189 y en
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el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 para ese efecto. Además, indicó que ha
desarrollado una metodología para identificar los riesgos fiscales de las entidades
descentralizadas que viene siendo aplicada en esa clase de institutos.
Sin embargo, como quiera que en la audiencia inicial llevada a cabo los días 1 y 15
de febrero de 2016, se postergó para esta etapa procesal el análisis correspondiente
al acaecimiento del fenómeno de cosa juzgada del asunto de la referencia con el
proceso identificado con número de radicación 11001 03 24 000 2009 00639 00, la
Sala abordará dicho punto de forma previa a estudiar el fondo del asunto.
7.3. De la cosa juzgada. Cargo relacionado con la calificación de bajo riesgo
crediticio.
Sobre el particular, debe indicarse que, en audiencia celebrada los días 1 y 15 de
febrero de 2016, el entonces Despacho sustanciador advirtió que no había lugar a
estudiar lo relacionado con el fenómeno de cosa juzgada respecto del proceso de
nulidad identificado con número de radicación 11001 03 24 000 2009 00639 00, que
fue adelantado en ejercicio de la acción de nulidad simple por ASOINFIS en contra
de los parágrafos 4, 5 y 6 del artículo 49 del Decreto 1528 de 2008, adicionado por
el Decreto 4471 de 2008 y modificado por el Decreto 2805 de 2009, en la medida
que en este último expediente aún no había sido proferida sentencia.
Sin embargo, como quiera que el 4 de abril de 2019, la Sala de Decisión de la
Sección Primera del Consejo de Estado expidió fallo en única instancia en el
mencionado proceso, se deberá acometer el respectivo estudio, como en adelante
será abordado.
Debe precisarse que la citada figura se encuentra referida a los atributos de
imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de que están revestidas las sentencias
ejecutoriadas. En esa lógica, el artículo 189 del CPACA establece los efectos de
dichas providencias, indicando lo siguiente:
“Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
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pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en
lo pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a
su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la
formalidad del registro de acuerdo con la ley.
En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación
de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte
imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue
desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y
no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que
desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de
primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.
De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10)
días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma
estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la suma
se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para el
despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de
reposición”.
Por lo que se refiere a este punto y en específico, en lo tocante con los procesos de
nulidad, esta Sección, en sentencia del 11 de junio de 2020, precisó lo que sigue:
“26. Esta Corporación25 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada
en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:
25[17]Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado Nro. 05001-23-33-000-2015-
02253-01, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
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“(…) El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los
artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad
de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que
respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que
se solicite su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las
que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen
sobre la causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los
actos que son objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos,
los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en
la sentencia que negó la pretensión nugatoria (…)”(Destacado fuera de
texto).
27. La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada
supra, que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones
de la demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “(…) lo cual
significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un
acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto
demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la
causa invocada para sustentar la nulidad deprecada (…)”26; es decir, que la
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa
juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los
argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo
pronunciamiento en relación con el acto acusado.
28. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las
pretensiones, esta producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi que, entendida como la razón o los motivos por
los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el
concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad;
de ello se infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una
acción de nulidad hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, solo respecto de
los cargos que dan lugar a su interposición”27. (Paréntesis y negrillas dentro del
texto, subrayas de la Sala).
Así las cosas, en tratándose de procesos de nulidad los efectos de una decisión
previa que haya controlado las disposiciones que se ventilan en un juicio actual
tienen efectos erga omnes, es decir, afectan incluso a sujetos que no hayan
intervenido en el proceso inicial. No obstante, dependiendo del sentido de la
decisión adoptada en la sentencia se definirá si existe o no cosa juzgada absoluta
o relativa.
26[18]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
octubre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 11001 03 25
000 2006 00388 00.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente:
Hernándo Sánchez Sánchez, sentencia de 11 de junio de 2020, radicación número 11001-03-24-
000-2009-00357-00.
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En ese orden, si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la
excepción fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de
las disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que
resultaría improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas
normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a éste.
Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de
los cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativo, lo
que significa que se predicará únicamente de los cargos en ella analizados y
respecto de las disposiciones acusadas, por lo que la delimitación del objeto y la
causa petendi en esa hipótesis resulta necesaria y por ello el estudio de la figura
deberá circunscribirse a los elementos previstos en el artículo 303 del Código
General del Proceso, aplicable en virtud de la remisión normativa del artículo 306
del CPACA, es decir: 1. que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; 2. que
se funde en la misma causa anterior y 3. que en los procesos haya identidad jurídica
de parte. Requisito, este último, del que debe aclararse que no es aplicable en
procesos de nulidad, ya que en éstos la parte actora no promueve la acción en
interés particular, sino todo lo contrario, en interés del orden jurídico28.
Así pues, en lo que hace a la sentencia del 4 de abril de 2019 proferida dentro del
proceso número 2009 00639, respecto de la cual, como se anunció, es pertinente
acometer el estudio de cosa juzgada, debe señalarse que esta Sección desestimó
las pretensiones de nulidad en contra de los parágrafos 4, 5 y 6 del artículo 49 del
Decreto 1528 de 2008, adicionado por el Decreto 4471 de 2008 y modificado por el
Decreto 2805 de 2009, circunstancia que nos ubica en la segunda de las hipótesis
anteriormente explicada. En efecto, la parte resolutiva de la anotada providencia
dispuso lo que se lee a continuación:
“F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que una vez en firme esta sentencia archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.”
28 En ese mismo sentido se pronunció esta Sección en audiencia inicial celebrada el 25 de enero de
2021, dentro del proceso identificado con número de radicación 11001 03 25 000 2015 00190 00.
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Siendo ello así, en aras de determinar si en el caso sub examine se configura o no
el fenómeno de la cosa juzgada, resulta indispensable examinar si el objeto y la
causa de la demanda incoada en el presente coinciden total o parcialmente con las
que ocuparon la atención de la Sala en el proceso que culminó con la mencionada
sentencia del 4 de abril de 2019.
7.3.1. Similitud de objeto.
a. Sobre el particular, se observa que en el proceso identificado con número de
radicación 2009 00639, en el que fungía como demandante la Asociación Nacional
de Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial – ASOINFIS, se
pretendió la declaratoria de nulidad de los parágrafos 4º, 5º y 6º del artículo 49 del
Decreto 1525 del 9 mayo de 2008, adicionado por el Decreto 4471 del 26 de
noviembre de 2008 y modificado por el Decreto 2805 de 28 de julio 2009.
b. Entre tanto, en el presente asunto se solicitó que se declare la ilegalidad del
parágrafo 4 parcial, 5 y 6 del artículo 49 del Decreto 1525 de 9 de mayo de 2008,
adicionado por el Decreto 4471 de 2008 y modificado por los Decretos 2805 de
2009, 4686, 4866 de 2011 y 1468 de 2012.
c. En ese orden, se observa que existe una similitud parcial de objeto entre el
proceso 2009 00639 y el presente asunto, en la medida que en ambos se busca la
declaratoria de nulidad del parágrafo 4º, 5º y 6º del artículo 49 del Decreto 1525 del
9 de mayo de 2008, adicionado por el Decreto 4471 de 2008 y modificado por el
Decreto 2805 de 2009.
7.3.2. Identidad de causa.
a. En el proceso con radicado 2009 00639 la causa petendi consistió en la
violación de los artículos 1,189 numeral 11,, 287 y 300 numeral 7º de la Constitución
Política; 253, 261 y 263 a 265 del Código de Régimen Departamental; 2º, 68 y 69
de la Ley 489 de 1998, 17 de la Ley 819 de 2003 y 2.3.2.1. y 2.3.2.2. de la
Resolución 400 de 1995.
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Los cargos que se expusieron fueron los de falta de competencia y de exceso en la
potestad reglamentaria. Sobre el primero de ellos, la actora refirió que la regulación
determinada en los actos censurados era del resorte de los entes territoriales, toda
vez que aquélla adoptó medidas sancionatorias relativas a la supresión y extinción
de los INFIS que incumplieran con los requisitos señalados en dichas disposiciones.
Por otro lado, sobre el segundo cargo sostuvo que el Ministerio de Hacienda había
desbordado sus potestades reglamentarias al modificar y dividir la calificación de
bajo riesgo prevista en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, en la segunda mejor
para esa clase de riesgo para el corto y largo plazo; así como al fijar medidas de
supresión para los INFIS que no cumplieran con tales requisitos.
b. En lo que hace al proceso de la referencia el móvil para controvertir la validez
de los actos enjuiciados fue la violación de los artículos 6, 121, la parte final del
inciso segundo del artículo 123 y el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y el artículo 17 de la Ley 819 de 2003.
El cargo que se puso a consideración fue el de exceso en la potestad reglamentaria.
Lo anterior, como quiera que la accionante afirma que los actos enjuiciados
extendieron indebidamente la vigencia del parágrafo 17 de la Ley 819 de 2003,
norma que, en principio, únicamente había determinado un plazo de un (1) año
contado a partir de su vigencia, para que los entes territoriales pudieran seguir
colocando sus excedentes de liquidez en INFIS que no tuvieran una calificación de
bajo riesgo crediticio y éstos, a su vez, obtener la citada calificación; por lo que, a
juicio de la actora, una vez concluido tal lapso dichos institutos no podían seguir
recibiendo esos recursos si no hubieren logrado el referido grado de riesgo.
Igualmente, controvierte que la entidad demandada hubiere desbordado su
potestad de reglamentar al modificar la calificación de bajo riesgo en la segunda
mejor para ese grado de inversión y dividirla en el corto y largo plazo.
Por último, indicó que se habían definido medidas sancionatorias sin respaldo legal.
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c. En ese orden, se observa que, tanto el proceso 2009 00639, como el asunto
de la referencia, coinciden en reprochar que el Gobierno Nacional excedió las
facultades que le fueron conferidas por el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de
2003 al exigir en las normas reglamentarias que los INFIS acreditaran la segunda
mejor calificación de bajo riesgo al corto y largo plazo para continuar siendo
depositarios de los excedentes de liquidez de los entes territoriales, pese a que la
mencionada disposición legal sólo exigía una calificación de bajo riesgo crediticio.
Para una mayor claridad, resulta pertinente traer a colación lo resuelto sobre el
particular en el aludido fallo del 4 de abril de 2019; veamos:
“Respecto al segundo cargo de violación, el demandante advirtió que el artículo
17 de la Ley 819 solo exige de las INFIS una calificación de bajo riesgo
crediticio, sin sujetarla a que sea la máxima o la segunda mejor, por lo que no
puede restringirse o limitarse por el reglamento el acceso de esos institutos al
manejo de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales. La parte
actora señala que se vulneró dicha norma de la cual se colige que es deber de
las entidades territoriales invertir sus excedentes en títulos que cuenten con una
alta calificación o en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo
crediticio.
(…)
Resulta de alta trascendencia para el análisis del caso sub examine, entonces,
discernir en torno al concepto de “bajo riesgo crediticio”, habida cuenta que la
norma obliga a que se obtenga tal calificación dentro de un plazo de un año a
partir de la vigencia de la ley para que los INFIS puedan seguir manejando los
excedentes de liquidez que ya tenía depositados y siga captándolos en lo
sucesivo.
El concepto legalmente exigido de “bajo riesgo crediticio”, en efecto, no cuenta
con una regulación específica que la defina. Revisados los antecedentes de la
Ley 819, en especial los que dan cuenta de las discusiones, exposiciones y
distintas versiones a la que fue sometido su artículo 17, la Sala evidencia lo
siguiente:
En la Gaceta del Congreso núm. 231 de 14 de junio de 2002, este artículo, que
correspondía al 18 en la versión de la ponencia para el primer debate del
Proyecto de Ley número 230 de 2002 Cámara, establecía una exigencia de
calificación del mínimo riesgo para aquellas entidades vigiladas por la extinta
Superintendencia Bancaria en las que se fuesen a colocar excedentes de
liquidez, sin que aún fuesen previstos, para dicha labor, en los INFIS:
“[…] Artículo 18. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades
territoriales deberán colocar todos sus excedentes transitorios de liquidez
en depósitos financieros de mínimo riesgo en entidades vigiladas
por la Superintendencia Bancaria […]” (Negrillas y subrayas por fuera
de texto original).
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En la Gaceta del Congreso núm. 465 de 1° de noviembre de 2002, en la que
consta la ponencia para el segundo debate, ya se dejó plasmada la posibilidad
de que los INFIS participaran en la captación de excedentes de liquidez,
sujetándolo a que solo tuvieran una calificación en el grado de inversión:
“[…] 20. Colocación de excedentes de liquidez (Artículo 19
corresponde al artículo 18 aprobado por la Comisión Cuarta)
El gobierno y los ponentes aceptamos la propuesta de las entidades
territoriales para que los INFIS puedan ser depositarios de sus
excedentes de liquidez, siempre y cuando cuenten con una
calificación en grado de inversión de entidades autorizadas en
Colombia. Así mismo se establece un plazo de seis meses para que
presenten la calificación respectiva, pues, previas las consultas
respectivas, se encontró que es un tiempo más que suficiente para ello y,
además, así lo establece el Decreto 610 de 2002 que fija criterios para la
calificación de entidades descentralizadas del orden territorial.
Se adicionará la siguiente frase al final del artículo: “(…) o en Institutos de
Fomento y Desarrollo calificados en grado de inversión por entidades
autorizadas en Colombia (…)” y el siguiente parágrafo: “(…) Las entidades
territoriales podrán seguir colocando sus excedentes de liquidez en
Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos últimos obtienen la
calificación, para lo cual tendrán un plazo de seis meses a partir de la
vigencia de la presente ley (…)”
(…)
Artículo 19. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades
territoriales deberán colocar todos sus excedentes transitorios de liquidez
en depósitos financieros de mínimo riesgo en entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, o en Institutos de Fomento y desarrollo
calificados en grado de inversión por entidades autorizadas en
Colombia.
Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus
excedentes de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo mientras
estos últimos obtienen la calificación, para lo cual tendrán un plazo de seis
meses a partir de la vigencia de la presente ley. […]” (Negrillas y subrayas
por fuera de texto).
No obstante, con posterioridad, en el Acta de las Comisiones Accidentales de
Mediación integradas por la Cámara de Representantes y el Senado de la
República para conciliar las discrepancias que surgieron respecto del articulado
del Proyecto de ley 159 de 2002 Senado, 230 de 2002 Cámara, la que reposa
en la Gaceta del Congreso núm. 394 de 11 de agosto de 2003, luego de analizar
los textos definitivos aprobados por las respectivas plenarias y cumpliendo con
la misión encomendada por las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras,
aquellas solicitaron de las plenarias de cada una de las corporaciones, impartir
su aprobación final al texto aprobado por el Senado de la República para que
repetido el segundo debate fuese finalmente adoptado. En este texto definitivo,
aparece el artículo 17 en su versión final, tal como resultó en la Ley 819:
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“[…] Artículo 17. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades
territoriales deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en
Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten
con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en
entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio.
Parágrafo. Las entidades territoriales podrán seguir colocando sus
excedentes de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo mientras
estos últimos obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual
tendrán un plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley
[…]”.
Este escrutinio de los antecedentes legislativos del artículo 17 de la Ley 819 le
permite a la Sala observar que en la concepción inicial de la norma, no estaban
habilitados los INFIS para captar recursos provenientes de los excedentes de
liquidez de las entidades territoriales, y que si bien posteriormente lo fueron,
exigiéndoseles para ello contar con una calificación solo de grado de inversión,
lo cierto es que al final y como resultado del debate en las Comisiones
Accidentales de ambas cámaras, al imponerse la visión del Senado sobre la de
la Cámara, la disposición se endureció al exigir la calificación de bajo riesgo
crediticio.
Esto permite concluir, como primera medida, que resulta desacertada la
conclusión a la que arriba el actor, luego de su análisis particular de los
antecedentes del artículo 17 de la Ley 819, al señalar que el concepto de “bajo
riesgo crediticio” corresponde al mismo de “grado de inversión”. Ello no solo es
incorrecto sino que no se compadece con la realidad a la que fue sometida la
norma y, sobre todo, al espectro más o menos amplio que representa el grado
de inversión.
Pero también demuestra que no es un concepto que hubiese cerrado el
legislador, mucho menos con una definición propia y excluyente, ni compuesta
por elementos exactos de objetiva observancia, sino que, por el contrario, ante
el grado de ambigüedad que ofrece su aplicación material, es el reglamento la
herramienta idónea que en estos casos permite aterrizar la ponderada
materialización de lo ordenado en el texto legal, respetando en cualquier caso
su espíritu, esencia y contenido neurálgico.
La facultad reglamentaria se encuentra supeditada a la intensidad y precisión
con que la ley haya tratado previamente el asunto, de tal suerte, que a mayor
regulación o claridad legal, menor intervención por parte del reglamento y
viceversa, lo que en el asunto bajo examen se observa inclinado hacia este
último de los escenarios.
Así pues, la Sala observa que el objetivo del artículo 17 de la Ley 819 es exigir
que las entidades territoriales, al realizar las inversiones de los excedentes de
liquidez en los INFIS, revisen detenidamente el riesgo de sus operaciones,
requiriéndoles calificaciones de “bajo riesgo crediticio”, sin que hubiese definido
a cuáles correspondían estas, ni su alcance y contenido, tal cual se explicó con
anterioridad.
A lo largo de todo el Decreto 1525 de 2008, tal como se plasmó al inicio de estas
consideraciones, el Ejecutivo fijó las pautas y requisitos mínimos que deben
cumplir las entidades territoriales para invertir los excedentes de liquidez,
incluidas las previstas en el artículo 17 de la Ley 819, las que ahora se
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recuerdan en aras de resaltar el contexto dentro del cual se ubican las
censuradas calificaciones previstas para los INFIS:
(…)
• Para el caso sub iudice, el Gobierno Nacional dictaminó, con relación a la
colocación de excedentes de liquidez en los INFI por parte de las entidades
territoriales y descentralizadas del orden territorial con participación pública
superior al cincuenta por ciento (50%), que estas podrán mantenerlos allí
siempre y cuando aquellos demuestren que tienen la calificación de bajo riesgo
crediticio conforme lo establece el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819. A
renglón seguido, el Gobierno Nacional determinó que ese bajo riesgo
crediticio se define en un INFI cuando, por lo menos, tiene la segunda
mejor calificación tanto para el largo como el corto plazo, de acuerdo con
las escalas vigentes usadas por las sociedades calificadoras.
(….)
En este orden, la Sala concluye que el Gobierno Nacional, a través de las
normas demandadas, llenó de contenido material lo ordenado en el artículo 17
de la Ley 819, sin alterarlo o cambiar su sentido, y sin infringir las normas
superiores en que los actos debían fundarse, a partir de las precisas facultades
constitucionales otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 Superior,
estableciendo un conjunto organizado de calificaciones y plazos que
administrativamente resultan necesarios e indispensables para la correcta
implementación de las inversiones de los excedentes de liquidez de las
entidades involucradas allí, en el marco del criterio indefinido por el legislador
de “bajo riesgo crediticio”.
Las condiciones de mercado son cambiantes y por ende también lo son los
riesgos de las inversiones que se efectúen con los recursos estatales, por lo
que tanto las normas como las decisiones del Gobierno regulador e interventor
de aquel deben ser dinámicas y oportunas, lo cual se logra con instrumentos
flexibles como el reglamento, compendio que constituye una herramienta eficaz
para aplicar esta materia de alta complejidad.
Pero además no se puede obviar que los principios de seguridad y precaución
económica, como elementos soberanos de las políticas públicas del Estado,
deben resguardarse con medidas gubernamentales eficientes y a la altura de
las circunstancias o coyunturas económicas, como quiera que, de lo contrario,
tornaría inane, inoportuna y tardía la actuación pública.
Y es que, al igual que los establecimientos bancarios, sociedades fiduciarias e
instituciones financieras internacionales, los INFIS quedaron sometidos al
cumplimiento de esas calificaciones mínimas que el Gobierno Nacional
determinó en el contexto del parámetro general de “bajo riesgo crediticio”
previsto por el legislador para captar e invertir los excedentes de liquidez de las
entidades territoriales y demás órganos estatales.
Así las cosas, la calificación mínima equivalente a la segunda mejor tanto para
el largo como para el corto plazo según las escalas vigentes usadas por cada
sociedad calificadora, so pena de tener que desmontar dichas operaciones y no
poder seguir captando excedentes de liquidez, no constituye una disposición
viciada de ilegalidad alguna, habida cuenta que en su formación ni se evidencia
la transgresión de las normas en que debían fundarse, ni se modificó o discrepó
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sustancialmente el artículo identificado como objeto de esa potestad. Todo lo
contrario, ante la innegable realidad del concepto legal de “bajo riesgo
crediticio”, según la cual, le hizo falta aquellos pormenores necesarios para su
correcta aplicación, operó inmediatamente la potestad reglamentaria con el fin
de proveer la regulación de esos detalles, sin que con ello se hubiese
desbordado la misma.
En consecuencia, este cargo formulado en contra de los parágrafos 4º, 5º y 6º
del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, adicionado mediante el Decreto 4471
de 2008 y modificado con el Decreto 2805 de 2009, también será denegado, al
igual que la violación al principio de igualdad cuyo alcance está atado al exceso
de la potestad reglamentaria.”29 (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto)
Siendo ello así, frente al mencionado reparo, es claro que operó el fenómeno de
cosa juzgada, pues como se vio, esta Sala, en sentencia del 4 de abril de 2019,
resolvió que la cartera ministerial enjuiciada no incurrió en exceso de la potestad
reglamentaria al regular el parágrafo 17 de la Ley 819 de 2003 en el sentido de que
los INFIS debían obtener la segunda mejor calificación de bajo riesgo para el corto
y largo plazo con miras a seguir siendo depositarios de los excedentes de liquidez
de los entes territoriales, pues, a su juicio, el margen de regulación legislativa le
reconocía al Ejecutivo la posibilidad de definir con más precisión un concepto amplio
como el de bajo riesgo crediticio.
Por ende, se declarará la ocurrencia del mencionado fenómeno respecto de ese
cargo en la parte resolutiva de esta providencia, por las razones antes expuestas.
Por otro lado, como quiera que no hay coincidencia entre el proceso 2009 00639 y
el asunto de la referencia, frente al cargo relativo a que la entidad accionada
desbordó su potestad reglamentaria al ampliar irregularmente el plazo previsto por
el parágrafo 17 de la Ley 819 de 2003, la Sala procederá a analizar el mismo de
fondo, así como a definir lo relacionado con el cargo de creación de medidas
sancionatorias.
7.4. De la extensión del término fijado en el parágrafo del artículo 17 de la
Ley 819 de 2003.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de
abril de 2019. Proceso radicado número: 11001 03 24 000 2009 00639 00. Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.
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En este punto, la Sala tendrá que definir si la cartera ministerial demandada
desconoció el citado artículo, al permitir que las entidades territoriales coloquen los
excedentes financieros en los INFIS hasta el 31 de marzo de 2013 siempre que
obtuvieran la segunda mejor calificación de bajo riesgo crediticio al corto y largo
plazo, si la ley objeto de reglamentación autorizaba que todo ello aconteciera hasta
el 8 de julio de 2004.
7.4.1. Con miras a dirimir lo anterior, es preciso traer a colación la norma objeto de
reglamentación por los actos enjuiciados, esto es, el parágrafo del artículo 17 de la
Ley 819 de 2003; veamos:
“Artículo 17. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades
territoriales deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en Títulos
de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta
calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras
calificadas como de bajo riesgo crediticio.
Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus excedentes
de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos últimos
obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual tendrán un plazo
de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.”
Frente a la anotada disposición, observa la Sala que el primer inciso del artículo 17
de la Ley 819 de 2003 determinó la posibilidad de que los entes territoriales inviertan
sus excedentes transitorios de liquidez en títulos de deuda interna de la Nación o
en títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean
depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio.
Ahora, el parágrafo de la norma en cuestión también previó que los entes
territoriales pudieran colocar esos excedentes pero en INFIS, mientras éstos, a su
vez, obtenían la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual tendrían un plazo
de un (1) año contado a partir de la vigencia de esa Ley, es decir, del 9 de julio de
200330 al 9 de julio de 2004; lo que equivaldría a concluir que dichos entes no
podrían colocar sus excedentes transitorios de liquidez en los INFIS que no hubieren
logrado obtener el grado de calificación de bajo riesgo crediticio antes del 9 de julio
30 Según el Diario Oficial No. 45.243.
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de 2004, ni estos, por su parte, continuar administrando esos recursos al no tener
la capacidad necesaria para ese efecto.
7.4.2. A la anterior conclusión también es posible arribar de la revisión del
procedimiento legislativo que dio lugar a la expedición del artículo 17 de la Ley 819
de 2003; veamos:
La Ley 819 de 2002, fue tramitada inicialmente en la Cámara de Representantes
bajo el proyecto de Ley No. 230 de 2002, “Por el cual se dictan normas orgánicas
en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”. Allí se
contemplaba, en primer lugar, que los excedentes transitorios de liquidez de los
entes territoriales sólo podían ser colocados en depósitos financieros de mínimo
riesgo en entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria.
De lo anterior da cuenta la Gaceta No. 86 de 2002; veamos:
“Artículo 17. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales
deberán colocar todos sus excedentes transitorios de liquidez en depósitos
financieros de mínimo riesgo en entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria”
Dicha disposición, sería reiterada en el primer informe de ponencia en Cámara de
Representantes, como consta en la Gaceta número 231 de esa esa entidad.
En segundo debate en Cámara de Representes, se estableció la posibilidad de que
los aludidos excedentes de liquidez también fueran depositados en INFIS que
contaran con un grado de inversión reconocido por las entidades autorizadas en
Colombia. Ahora, también se previó que dichos institutos obtuvieran ese grado
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la mencionada norma, al
ser este un plazo considerado por el Legislador como suficiente para esos efectos.
Sobre el particular, en la Gaceta No. 465 de 2002, se dijo:
“20. Colocación de excedentes de liquidez (Artículo 19 corresponde al
artículo 18 aprobado por la Comisión Cuarta).
El gobierno y los ponentes aceptamos la propuesta de las entidades territoriales
para que los INFIS puedan ser depositarios de sus excedentes de liquidez,
siempre y cuando cuenten con una calificación en grado de inversión de
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entidades autorizadas en Colombia. Así mismo se establece un plazo de seis
meses para que presenten la calificación respectiva, pues, previas las consultas
respectivas, se encontró que es un tiempo más que suficiente para ello y,
además, así lo establece el Decreto 610 de 2002 que fija criterios para la
calificación de entidades descentralizadas del orden territorial.
Se adicionará la siguiente frase al final del artículo: ...o en Institutos de Fomento
y desarrollo calificados en grado de inversión por entidades autorizadas en
Colombia; y el siguiente parágrafo: Las Entidades Territoriales podrán seguir
colocando sus excedentes de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo
mientras estos últimos obtienen la calificación, para lo cual tendrán un plazo de
seis meses a partir de la vigencia de la presente ley.” (Subrayas de la Sala).
Posteriormente, en el debate en Plenaria de la Cámara de Representantes llevado
a cabo el 20 de noviembre de 2002 y que se encuentra plasmado en la Gaceta 58
de 2003, el entonces Ministro de Hacienda, doctor Roberto Junguito Bonnet, dijo lo
que sigue en relación con la necesidad de exigir un cierto grado de inversión a los
INFIS a efectos de resguardar los recursos públicos de los entes territoriales:
“En cuanto a normas que limitan el endeudamiento territorial se hace una
definición más consistente del ahorro operacional para el cálculo del indicador
de solvencia y de los ingresos corrientes que apalancan el endeudamiento, se
excluyen ítems como las transferencias, los recursos y los recursos del balance
y los rendimientos financieros, dentro del acápite del gasto corriente se incluyen
las cuentas por pagar de vigencias anteriores, el crédito financiará únicamente
la inversión física, es decir, que no se contrata crédito para gasto de
funcionamiento y esto inversión física con excepción de los créditos para el
ajuste fiscal y para la actualización catastral, se incorpora la calificación del
riesgo para los créditos de las entidades territoriales de mayor categoría, se
autoriza que los institutos de fomento y desarrollo regionales continúen
captando excedentes de liquidez de las entidades territoriales, siempre y
cuando estén calificados en grado de inversión, es decir, con una calificación
que se diga que están capacitados para ello, los créditos de tesorería no podrán
superar el cinco por ciento de los ingresos corrientes de la vigencia fiscal
respectiva.” (Subrayas de la Sala).
Por su parte, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, celebrada el 26 de
noviembre de 2002 y que consta en la Gaceta 56 del 2003, se resolvió mantener el
espíritu de la mencionada norma, en el sentido de que los entes territoriales podían
seguir depositando sus excedentes de liquidez en INFIS que obtuvieran el grado de
inversión; sin embargo, se amplió el plazo que tenían los mismos para lograr ese
grado de inversión de seis (6) meses a un (1) año, así:
“Intervención del honorable Representante Oscar Darío Pérez Pineda:
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La aplicación de este artículo será de obligatorio cumplimiento a partir del
primero de enero del año 2004.
Es una transición, para que las entidades territoriales puedan contratar esas
calificadoras, y no lo hagamos en forma inmediata, y precisamente busque esa
transición que a partir del primero de enero del año 2004 tendrá vigencia lo
aprobado en ese artículo.
Intervención del honorable Representante Luis Jairo Ibarra Obando,
ponente del proyecto de ley sobre normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal:
Los ponentes habíamos considerado que seis meses de plazo eran suficientes,
pero en aras de la concertación aceptamos el año de plazo y entonces tendría
la vigencia como lo propone el doctor Pérez.
Dirección de la sesión por la Presidencia:
En consideración la aditiva, se abre la discusión con el aval de los ponentes,
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿la aprueba la Corporación?
La Secretaría informa:
Ha sido aprobada, señor Presidente.
El siguiente artículo es el 19.
Artículo 19. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales
deberán colocar todos sus excedentes transitorios de liquidez en depósitos
financieros de mínimo riesgo, en entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria o en institutos de fomento y desarrollo, calificados en grado de
inversión por entidades autorizadas en Colombia.
Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus excedentes
de liquidez en institutos de fomento y desarrollo mientras estos últimos obtienen
la calificación, para lo cual tendrán un plazo de seis meses a partir de la vigencia
de la presente Ley.
Ha sido leído el artículo, señor Presidente, y tiene dos proposiciones sustitutivas
al parágrafo, si usted lo tiene a bien puede someter el artículo sin el parágrafo.
Dirección de la sesión por la Presidencia:
En consideración el artículo sin el parágrafo, se abre la discusión, anuncio que
va a cerrarse, queda cerrada ¿lo aprueba la Corporación?
La Secretaría informa:
Ha sido aprobado, señor Presidente.
El parágrafo tiene la siguiente sustitutiva:
Las entidades territoriales podrán seguir colocando sus excedentes de liquidez
en institutos de fomento y desarrollo, mientras estos últimos obtienen la
calificación, para lo cual tendrán un plazo de un año a partir de la vigencia de la
presente Ley.
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Firman: Miguel de Jesús Arenas, Jorge García Herreros y tiene la firma del
Ministro de Hacienda, y lo avalan los ponentes.
Está leída la sustitutiva del parágrafo, señor Presidente.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, en primer debate del citado proyecto de Ley en el Senado, se dispuso que
los INFIS debían obtener la calificación de bajo riesgo crediticio dentro del año
siguiente a la expedición de la misma. Asimismo, fue propuesto que se permitiera
que los excedentes transitorios de liquidez de los entes territoriales también
pudieran ser depositados en títulos de deuda pública de la Nación. Lo anterior se
evidencia en la Gaceta No. 208 del 2003, tal y como se puede observar a
continuación:
“Artículo 19. Colocación de excedentes de liquidez (corresponde al artículo 19
del texto propuesto en la ponencia para primer debate en la Comisión Cuarta
del honorable Senado de la República).
Se propone modificarlo para permitir la inversión de los excedentes de liquidez
en títulos de deuda pública emitidos por la Nación y garantizar seguridad en las
inversiones de las entidades territoriales
(…)
Artículo 19. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales
deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en Títulos de Deuda
Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta calificación
de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas
como de bajo riesgo crediticio.
Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus excedentes
de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos últimos
obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual tendrán un plazo
de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.” (Subrayas de la Sala).
Dicha norma sería reiterada en el informe de ponencia para segundo debate, como
se acredita en la Gaceta No. 259 del Senado31.
31 “Artículo 18. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales deberán invertir sus
excedentes transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que
cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras
calificadas como de bajo riesgo crediticio.
Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus excedentes de liquidez en
Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos últimos obtienen la calificación de bajo riesgo
crediticio, para lo cual tendrán un plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.”
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Finalmente, según consta en la Gaceta No. 394 del 11 de agosto de 2003, que
contiene el Acta de las Comisiones Accidentales de Mediación integradas por la
Cámara de Representantes y el Senado de la República, se aprobó como definitivo
el texto que aparece en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 en su versión final,
siendo este el que pasa a exponerse:
“Artículo 17. Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades
territoriales deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en Títulos
de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta
calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras
calificadas como de bajo riesgo crediticio.
Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus
excedentes de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos
últimos obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual tendrán un
plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.”
De lo hasta aquí expuesto, se evidencia que, si bien en la concepción inicial del
artículo 17 de la Ley 819 de 2003, se preveía que los excedentes transitorios de
liquidez de los entes territoriales únicamente podían ser colocados en depósitos
financieros de mínimo riesgo en entidades bancarias vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, lo cierto es que dicho aspecto fue ampliado
posteriormente para que, entre otros, se permitiera a los INFIS administrar los
mismos.
Ahora, a efectos de asegurar la correcta gestión de los mencionados recursos
públicos, la Cámara de Representantes determinó que era necesario exigirle a los
INFIS que contaran con una calificación de grado de inversión para que fueran
depositarios de esas sumas, requisito que fue endurecido por el Senado,
Corporación que resolvió requerirles una calificación de bajo riesgo crediticio,
posición esta última que fue la que prevaleció en el texto final de la anotada norma.
Al mismo tiempo, se encuentra que en un principio se determinó que la calificación
de bajo riesgo crediticio debía ser lograda por los INFIS en un plazo de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de la Ley 819 de 2003; no obstante, dentro
del trámite legislativo se resolvió ampliar el mismo a un (1) año, pues se consideró
este último plazo como suficiente para que esos institutos obtuvieran ese grado de
inversión.
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De ahí que el espíritu del Legislador no fuera otro que garantizar la protección de
los recursos de los entes territoriales, pues determinó que su colocación solamente
podía efectuarse en entidades que contaran con una probada capacidad para
administrar dichos fondos públicos, circunstancia que reduciría el riesgo de su
malversación.
Ahora, de la revisión de dicha norma se observa que el aludido grado de inversión
no sólo le fue exigido a los INFIS que pretendan administrar los excedentes
transitorios de liquidez de dichos entes, sino que ese requerimiento también fue
impuesto a las entidades financieras en las que se coloquen dichos recursos, las
cuales deben ser calificadas como de bajo riesgo crediticio y a su vez, los títulos de
deuda tienen que contar con una alta calificación de riesgo.
7.4.2. Tal aspecto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que los INFIS son
organismos descentralizados adscritos a los entes territoriales y cuyo objeto es la
promoción del desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y de las
regiones, principalmente mediante la financiación de proyectos sociales a cargo de
las mencionadas entidades. Tales fines son logrados por dichos entes mediante la
administración de excedentes de liquidez de los entes territoriales y la realización
de operaciones de redescuento.
Al respecto, ha de señalarse que esta Corporación ha entendido las operaciones de
redescuento como un mecanismo usado por el Estado para orientar el crédito a
sectores de la economía clasificados como prioritarios, mediante el acceso a líneas
subsidiadas y más beneficiosas que las ofrecidas en el sector privado. Sobre el
particular, la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia del 5 de marzo de
2008, mencionó:
“Cabe señalar, que las operaciones de redescuento son mecanismos usados
por el Estado para orientar el crédito a determinados sectores de la economía
calificados como prioritarios, mediante el acceso a líneas de crédito subsidiadas
a cero riesgo, en tanto éste se traslada directamente a los intermediarios
financieros con los cuales, en últimas, traban su relación crediticia los sujetos
de crédito.
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Técnicamente las operaciones de redescuento son transacciones tendientes a
movilizar recursos entre “intermediarios de redescuento”, esto es, entre
entidades financieras y bancos de segundo piso, a cambio del endoso de los
títulos valores recibidos como garantía o de la cesión de los contratos que
respalden los créditos a descontar. El margen de redescuento, esto es, el
porcentaje de recursos a desembolsar a través de tal operación, puede llegar a
ser hasta del 100%, según la importancia estratégica que la actividad a financiar
tenga para el Estado. De otra parte, el intermediario financiero, como es propio
de cualquier actividad comercial, tiene derecho a percibir una remuneración por
el servicio financiero prestado en tal transacción, que en el presente caso
corresponde a la diferencia entre la tasa de interés que éste cobra al deudor del
crédito y la tasa de interés que debe pagar a la entidad de redescuento, lo que
se conoce como margen en la tasa de redescuento.”32 (Subrayas de la Sala).
En ese orden, debe resaltarse que el artículo 109 de la Ley 510 de 1999 autorizó a
los INFIS a realizar dicha clase de operaciones:
“Artículo 109. Las entidades públicas descentralizadas de fomento y desarrollo
regional de los entes territoriales cuyo objeto y actividades están determinados
en el acto de creación legal y sus estatutos, podrán celebrar operaciones de
redescuento con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,
Finagro, la Financiera Energética Nacional, FEN, la Financiera de Desarrollo
Territorial S. A., Findeter, el Instituto de Fomento Industrial IFI y las demás
entidades de redescuento que la ley cree en el futuro, en las condiciones que
establezca el Gobierno Nacional.
Parágrafo. Las instituciones financieras de redescuento serán responsables de
establecer en sus reglamentos de crédito las condiciones de solvencia, liquidez
y solidez adicionales que deben cumplir las entidades de fomento y desarrollo
regional para la realización de estas operaciones.” (Subrayas de la Sala).
Por su parte, el Decreto 755 de 2000 reglamentó las condiciones en las que los
INFIS podían celebrar las anotadas operaciones de redescuento, estableciendo,
entre otras, que los recursos de los créditos de redescuento serían destinados a
financiar programas de inversión de, entre otras, entidades del orden territorial al
cual pertenezca el mencionado instituto. Además, contempló que esos institutos no
estaban autorizados a captar recursos del público.
Así el artículo 1 ibídem señaló:
“Artículo 1º. Las entidades públicas descentralizadas de fomento y desarrollo
regional de los entes territoriales, en adelante entidades de desarrollo regional,
para acceder a los recursos de crédito de redescuento de que trata el artículo
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 5 de
marzo de 2008. Proceso radicado número: 25000 23 27 000 2004 01402 02. Consejera Ponente:
Myriam Guerrero de Escobar.
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109 de la Ley 510 de 1999, deberán obtener un certificado de autorización de
la entidad financiera de redescuento con quien pretendan realizar estas
operaciones, para lo cual deberán cumplir además de las condiciones de
solvencia, liquidez y solidez que dichas instituciones establezcan en sus
reglamentos de crédito, con los siguientes requisitos:
1. Capital mínimo. Acreditar un capital mínimo suscrito y pagado no inferior a
dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) moneda legal colombiana. Este
monto deberá reajustarse anualmente en forma automática, en el mismo
sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor certificado
por el Dane y cumplirse siempre que pretendan acceder a líneas de
redescuento.
2. Destinación de los recursos. El crédito de redescuento deberá destinarse
única y exclusivamente a financiar programas de inversión del ente territorial al
cual pertenezcan las entidades de desarrollo regional, sus áreas
metropolitanas, los municipios que lo integran, las entidades descentralizadas
de los respectivos entes territoriales, las organizaciones cooperativas creadas
por tales entes y sus entidades descentralizadas y las asociaciones de
municipios, siempre que al menos uno de los municipios asociados forme parte
del departamento correspondiente.
Los recursos del crédito de redescuento no podrán, en ningún caso, ser
utilizados para financiar proyectos de inversión no contemplados en los planes
de desarrollo o gasto corriente de los municipios o departamentos.
3. Infraestructura técnica. Deberá presentarse a la entidad de redescuento un
estudio que de muestre satisfactoriamente la viabilidad de las entidades
públicas descentralizadas de fomento y desarrollo regional de los entes
territoriales.
En todo caso, no podrán intermediarse recursos de las líneas de redescuento
cuando los mismos se destinen a departamentos y municipios, que de
conformidad con la Ley 358 de 1997 y las normas que la reglamenten,
modifiquen o sustituyan, no tengan capacidad de pago que les permita efectuar
cumplidamente el servicio de la deuda.
5. Naturaleza de los fondos. Las entidades de desarrollo regional podrán recibir
y mantener fondos en depósito sólo por cuenta de los entes territoriales
respectivos, sus entidades descentralizadas, las organizaciones cooperativas
creadas entre sí por los entes territoriales y sus entidades descentralizadas, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y las entidades a que se
refiere el decreto número 1333 de 1986, entre quienes quedará igualmente
circunscrito el otorgamiento de préstamos. En consecuencia no podrán captar
recursos del público (…)” (Subrayas de la Sala).
Por otro lado, debe indicarse que el numeral 2 del artículo 270 del Estatuto Orgánico
Financiero, autorizó a los INFIS, previa autorización de la Superintendencia
Financiera, a efectuar las actividades de que trata el numeral 2 del artículo 268
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ibídem33. Al respecto, las siguientes son las actividades señaladas por la última
norma en cuestión:
“Artículo 268. Organización.
(…)
2. Objeto. El objeto social de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.,
Findeter, consiste en la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la
financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración
de proyectos o programas de inversión relacionados con las siguientes
actividades:
a. Construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente al
sector de agua potable y saneamiento básico;
b. Construcción, pavimentación y remodelación de vías urbanas y rurales;
c. Construcción, pavimentación y conservación de carreteras departamentales,
veredales, caminos vecinales, puentes y puertos fluviales;
d. Construcción, dotación y mantenimiento de la planta física de los planteles
educativos oficiales de primaria y secundaria;
e. Construcción y conservación de centrales de transporte;
f. Construcción, remodelación y dotación de la planta física de puestos de salud
y ancianatos;
g. Construcción, remodelación y dotación de centros de acopio, plazas de
mercado y plazas de ferias;
h. Recolección, tratamiento y disposición final de basuras;
i. Construcción y remodelación de campos e instalaciones deportivas y parques;
j. Construcción, remodelación y dotación de mataderos;
k. Ampliación de redes de telefonía urbana y rural;
l. Otros rubros que sean calificados por la junta directiva de la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A., Findeter, como parte o complemento de las
actividades señaladas en el presente numeral;
m. Asistencia técnica a las entidades beneficiarias de financiación, requerida
para adelantar adecuadamente las actividades enumeradas;
n. Financiación de contrapartidas para programas y proyectos relativos a las
actividades de que tratan las letras numerales precedentes que hayan sido
financiados conjuntamente por otras entidades públicas o privadas, u
o. Adquisición de equipos y realización de operaciones de mantenimiento,
relacionadas con las actividades enumeradas en este numeral.” (Subrayas de
la Sala).
De lo anterior se colige que los INFIS se encargan de financiar y prestar asesoría
técnica a los proyectos de inversión que se planean llevar a cabo en los
33 “2. Condiciones de las operaciones. Todas las operaciones de crédito de la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A., Findeter, se efectuarán a través del sistema de redescuento por intermedio
de establecimientos de crédito, o de las entidades descentralizadas de los entes territoriales, cuyo
objeto sea la financiación de las actividades de que trata el numeral 2. del artículo 268 del presente
Estatuto (que para el efecto específicamente autorice la misma Financiera). En estos casos la
Superintendencia Bancaria establecerá un régimen especial de control y vigilancia que garantice un
adecuado manejo de los riesgos asumidos por tales entidades y sin costo alguno para las entidades
vigiladas.” (Subrayas de la Sala).
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departamentos, municipios y entes descentralizados que se encuentren en su
territorio. Igualmente, se advierte que los recursos que son depositados en esos
institutos son netamente públicos.
Además, debe recalcarse que también están llamados a financiar, mediante el
otorgamiento de créditos, los proyectos de inversión de los entes territoriales que
buscan satisfacer necesidades básicas de la población en aspectos sensibles como
la prestación de servicios públicos, construcción de carreteras, colegios, parques,
dotación de puestos de salud, entre otras.
Por tal razón, es claro que los INFIS cumplen una función de vital importancia en la
materialización de los fines del Estado previstos en el artículo 2º Superior, debido a
que auxilian a los entes territoriales en la consecución de los recursos necesarios
para realización de programas que, entre otras, promueven la prosperidad general
y efectividad de los principios y derechos con fundamento en los cuales se entiende
el Estado colombiano como uno social y de derecho.
Bajo la anotada perspectiva, para la Sala es apenas lógico que el Legislador haya
previsto que la actividad que es desarrollada por los INFIS deba ser controlada a
través de la imposición de distintos requisitos que permitan garantizar el correcto
manejo de los recursos y que el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003
determinara como plazo perentorio el término de un (1) año contado a partir de la
publicación de esa norma para que los INFIS obtuvieran la calificación de bajo
riesgo crediticio, pues ello garantizaría que esas instituciones pudiesen seguir
ejerciendo su objeto sin poner en peligro las sumas confiadas por municipios,
distritos o departamentos; máxime si se tiene en cuenta que de la adecuada gestión
de esos dineros públicos penden los proyectos de inversión social a que se ha hecho
referencia en líneas previas.
Tampoco debe perderse de vista que la orientación legislativa responde a la
necesidad de garantizar que los recursos se enfrenten al mínimo riesgo posible
habida cuenta de la volatilidad del mercado.
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En el contexto anotado, lo que concluye la Sala es que no mediaron razones de
orden histórico ni finalístico que permitieran al Ejecutivo extender la autorización
legal para que los INFIS acreditaran la calificación de bajo riesgo crediticio a efectos
de manejar los excedentes de liquidez de los entes territoriales.
Ahora, no se halla un concepto amplio que pudiera ser objeto de reglamentación
pues la norma legal no dejó margen de indeterminación que justificara un desarrollo
técnico, en tanto prevé con absoluta claridad una condición temporal para que se
habilite la administración de recursos públicos, estos son, los excedentes
financieros de las entidades allí descritas.
En este punto, es pertinente acotar que la regulación de una norma legal tiene como
finalidad darle un desarrollo lógico a las disposiciones del Legislador cuando no
exista claridad sobre su alcance; pero ello no obsta para que el Ejecutivo modifique
aspectos claros de la norma y se valga de su potestad reglamentaria para ampliar
los plazos perentorios que son fijados por la Ley pues en ese escenario claramente
se está en el plano de la ilegalidad.
Acerca de la potestad reglamentaria la Sala en reiteradas ocasiones ha planteado
los siguientes criterios:
"La potestad reglamentaria solo tiene por fin dar vida práctica a la ley para
ponerla en ejecución, supliendo aquellos detalles que sería exótico consignar
en la propia ley; pero el gobierno, so pretexto de su ejercicio, no puede ni
ampliar ni restringir el sentido de la ley, dictando nuevas disposiciones o
suprimiendo las contenidas en la ley, porque ello no sería reglamentar sino
legislar." (Sentencias del Consejo de Estado de agosto 22 de 1944 y 16 de junio
de 1948, Anales del Consejo, Tomos LVI y LVH, números 341-346 y 362-366,
págs. 66 y 225, respectivamente).
''La potestad reglamentaria del jefe de Estado, es limitada. El reglamento
completa la ley, fijando y desarrollando los detalles de aplicación de los
principios que la ley contiene, pero no puede dictar ninguna disposición nueva.
El reglamento tiene por objeto y por razón de ser, asegurar la aplicación de la
ley que él completa; pero no puede en manera alguna ampliar o restringir el
alcance de la ley, tanto en lo que se refiere a las personas como a las cosas"
(Sentencia del Consejo de Estado de octubre 18 de 1946. Anales del Consejo,
Tomo LVI, números 357-361, Pag. 406).
"Llenar los vacíos y detalles que no previo la ley que sea necesario dictar a fin
de que el estatuto tenga eficacia en la práctica, es la razón de ser de la potestad
reglamentaria del Presidente de la República, pues sin ella se expondrían las
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leyes a tornarse en inoperantes, o a no tener cumplida ejecución, ya que el
legislador no expide sino las normas generales, quedándole al ejecutor de
aquella, el gobierno, la tarea de poner en función de actuar los mandatos
legales, ateniéndose al espíritu de estos, pero dictando cuantas disposiciones
sean precisas para darle a la ley desarrollo cumplido" (Sentencia de la Sala
Contenciosa del Consejo de Estado de octubre 17 de 1950, Anales del Consejo,
Tomo LVIII, números 367-371, pág. 453).
"Hay extralimitación de facultades cuando el gobierno en ejercicio de la
potestad reglamentaria, que sólo tiene por fin dar vida práctica a la ley para
ponerla en ejecución, supliendo aquellos detalles que sería exótico consignar
en la propia ley, excede a la letra y al espíritu de la norma legal" (Sentencia del
Consejo de Estado de junio 3 de 1947, Anales del Consejo, Tomo LVI, números
357-361, Pág. 428).
"El decreto reglamentario no puede ser otra cosa que el desarrollo lógico de las
disposiciones de la ley que trata de reglamentar y que no puede, sin incurrir en
extralimitación, establecer nada que implícitamente no se halle contenido en
aquella. Por lo mismo, tampoco puede cercenar nada de lo expresamente
establecido en la ley. En uno y otro caso excedería la potestad reglamentaria".
(Sentencia del Consejo de Estado de noviembre 14 de 1949, Anales del
Consejo Tomo LVIII, números 367-371, Pág. 289).
"Para fijar los límites del poder reglamentario, la Constitución Nacional
establece dos criterios a seguir: el de la necesidad del reglamento y el de la
competencia. Según el primero, que emana directamente del ord. 3° del art.
120 de la Carta - hoy art. 189-11 de la C. P. de 1991, anoto -, el órgano
administrativo únicamente puede reglamentar los textos legales que exijan
desarrollo para su cabal realización como normas de derecho." (auto de febrero
17 de 1962 de la Sala Contenciosa del Consejo, Ponente Carlos Gustavo
Arríeta A., Anales del Consejo, Tomo LXIV, números 397-398, Pag. 189).
"[....] el poder reglamentario como facultad propia de la administración de los
servicios públicos está siempre subordinado a la ley y por ella limitado. En otras
palabras, el reglamento nunca puede ser sustitutivo de la ley aunque en algunos
casos puede ser supletorio. Esta clara situación se deriva de la garantía
constitucional de la separación de las ramas del poder público sin la cual el
Estado de Derecho que también se denomina como imperio de la ley sería
imposible de concebir y, sin él, naufragaría la libertad individual. El reglamento
es, como lo ha reiterado la jurisprudencia, el instrumento natural de la
administración para que los servicios públicos funcionen, para que la ley se
cumpla, pero no para que la sustituya; es su complemento indispensable pero
sólo en la medida en que actualice la ley y la acomode a las necesidades de
cada tiempo..." (Sentencia del Consejo de mayo 24 de 1973, Sección Cuarta
de la Sala Contenciosa, consejero ponente Miguel Lleras Pizarro, Anales del
Consejo, Tomo LXXXIV, números 437y 438, págs. 187yss.).
"[...] el Gobierno no puede sin caer en la tacha de ilegalidad, contrariar
preceptos constitucionales o legales, ni ampliar, restringir o modificar la ley para
cuya aplicación se dicta el reglamento [...]" (Sentencia de junio 12 de 1974 de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, consejero Gustavo Salazar T., Anales
del Consejo, Tomo LXXXVI, núms.. 439 y 440, Pag. 91).34
34 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de junio de 2009, proferida en el proceso
identificado con el número 11001-03-25-000-2005-00348-00. M.P. Rafael E Ostau De Lafont
Pianeta.
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Nótese que el análisis de la sentencia del 4 de abril de 2019 estuvo referido a la
posibilidad que ostentaba el Ejecutivo al reglamentar el concepto de bajo riesgo
crediticio, pues se trataba de una expresión que contenía un grado de indefinición
que era menester precisar vía reglamentación; mientras que lo ventilado en esta
sede no presenta discusión sobre su alcance y menos sobre su contenido, de modo
que no era factible ni válido que se postergara la vigencia de una norma legal, so
pena de sustituirla y desnaturalizar el designio legislativo.
En otras palabras, es evidente que las disposiciones censuradas incurrieron en
nulidad por violación de norma superior, esto es del artículo 17 de la Ley 819 de
2003, pues como quedó en evidencia fue desconocido el espíritu de tal precepto y
la finalidad con la que fue erigida esa normativa, lo cual redunda no sólo en un
evidente reproche jurídico sino en uno de carácter económico, y porque no, de
índole social dada la sensibilidad de los recursos que eran confiados a los INFIS y
el propósito de su administración.
En tales condiciones, es pertinente concluir en una sentencia estimatoria de las
pretensiones de nulidad respecto de los apartes del parágrafo 4, 5 y 6 del Decreto
1525 de 2008, adicionado por el Decreto 4471 de 2008 y modificado por los
Decretos 2805 de 2009, 4686 de 2010, 4866 de 2011 y 1468 de 2012, que ampliaron
la vigencia del parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, por las razones antes
expuestas.
7.5. De la presunta creación de sanciones
7.5.1. El demandante reprocha que los actos enjuiciados incurrieron en exceso de
la potestad reglamentaria al crear sanciones en contra de los INFIS que no cumplan
con esos reglamentos, sin que de forma previa se hubieren determinado por la Ley
faltas o procedimientos para su imposición.
Sin embargo, la Sala advierte que en el escrito demandatorio no se identificaron
cuáles eran las sanciones que habían sido establecidas de forma novedosa en el
ordenamiento jurídico por los actos censurados, ni tampoco fue invocada alguna
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norma que hubiere sido vulnerada por dicha razón, ni mucho menos se ahondó en
el concepto de su violación.
De lo anterior da cuenta el tenor literal de la demanda sobre ese punto; veamos:
“T. En estos Decretos Reglamentarios, lo único que cambia es la fecha de
cumplimiento, que se va ampliando, hasta llegar al 31 de Marzo de 2013, casi
ocho años después del límite fijado por la Ley. EI plazo para colocar excedentes
de liquidez, por parte de los entes territoriales, en las entidades de fomento y
desarrollo, fijado por la Ley hasta el 8 de Julio de 2004, de decreto en decreto,
ya va en Marzo 31 de 2013. Se fijan sanciones para las entidades de fomento
y desarrollo, INFIS, que escapan que escapan a la legalidad y al debido
proceso. Sanciones constituidas por Decreto Reglamentario, sin procedimiento,
sin faltas fijadas por la Ley. En todos los Decretos Reglamentarios, señalados,
transcritos y precisados en la presente demanda.” 35(Subrayas de la Sala).
En ese orden, es claro que el demandante no brindó las razones y argumentos de
su reproche, lo que imposibilita que el Juez analice tal invocación en aplicación del
principio de justicia rogada que impera en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Asimismo, debe advertirse la imposibilidad de subsanar la anotada
deficiencia, por cuanto esa carga corresponde al interesado en el control de
legalidad de las decisiones de la administración, so pena de desconocer derechos
de raigambre constitucional como el derecho de contradicción, defensa y debido
proceso del extremo pasivo de la Litis , pues suponer la existencia de la normativa
que se concibe como infringida implicaría sorprender a la parte demandada con un
análisis sobre el cual no tuvo oportunidad de oponerse.
Lo expuesto, también encuentra consonancia con el principio de congruencia de
que trata el artículo 187 del CPACA en concordancia con el artículo 281 del CGP,
cuyos tenores literales pasan a exponerse:
“Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
35 Visible a folio 91 del Cuaderno Principal.
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impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se
ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.”
(…)
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
Parágrafo 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y
extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la
pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o
de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
Parágrafo 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial
teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena
realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios
generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más
débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de
pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir
sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre
que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado
para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o
ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén
debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que
el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de
los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de
comunidades civiles indígenas.” (Subrayas de la Sala).
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7.5.2. Como correlato de lo dicho, es oportuno indicar que la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda contemplada en el numeral 5 del artículo 100 del CGP,
es del siguiente tenor:
“Artículo 100. Excepciones Previas. Salvo disposición en contrario, el
demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del
término de traslado de la demanda:
(…)
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones”.
Como se observa, dicha excepción se configura siempre que se presenten dos
inconsistencias: i) por falta de requisitos formales y ii) por indebida acumulación de
pretensiones.
Así las cosas, la primera de las manifestaciones de ineptitud sustantiva de la
demanda tiene la finalidad de advertir que el libelo introductorio no cumple con todas
las exigencias de forma, es decir, que no reúne los requisitos relacionados con el
contenido y anexos de la demanda previstos en los artículos 162, 163, 166 y 167
del CPACA.
Las normas en cuestiòn son del siguiente tenor:
“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a
quien sea competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias
pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en
este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones,
debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo
caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su
poder.
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6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar
la competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también
su dirección electrónica.” (Subrayas de la Sala).
“Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la
nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión.
Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán
demandados los actos que los resolvieron.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de
nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.
(…)”
“Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:
1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación,
comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio
administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de
repetición, la prueba del pago total de la obligación.
Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación
sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se
considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la
oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se
hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o
Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá
indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva
entidad para todos los fines legales.
2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se
encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales
necesarios para probar su derecho.
3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al
proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho
que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.
4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas
jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público
que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación,
salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás
entidades creadas por la Constitución y la ley.
5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al
Ministerio Público”.
“Artículo 167. Normas jurídicas de alcance no nacional. Si el demandante
invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá
acompañarlas en copia del texto que las contenga.
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Con todo, no será necesario acompañar su copia, en el caso de que las normas
de carácter local que se señalen infringidas se encuentren en el sitio web de la
respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda
con indicación del sitio de internet correspondiente.”
Las disposiciones antes transcritas permiten evidenciar que el mencionado cargo
carece de los requisitos formales exigidos por la Ley para su procedencia, pues
como se vio, no se identificaron las sanciones que fueron determinadas de forma
novedosa en el ordenamiento jurídico por los actos acusados, ni tampoco fue
invocada alguna norma que fuese vulnerada por dicha razón, ni mucho menos se
ahondó en el concepto de su violación, razón por la cual, se declarará probada de
oficio la excepción de inepta demanda sobre tal aspecto y por ende, la Sala se
inhibirá del estudio de fondo de dicho cargo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR PROBADO DE OFICIO EL ACAECIMIENTO PARCIAL
DEL FENÓMENO DE COSA JUZGADA, respecto del cargo de exceso de la
potestad reglamentaria de la entidad accionada, en relación con la exigencia de que
los INFIS acrediten el cumplimiento de la segunda mejor calificación de bajo riesgo
crediticio para el corto y largo plazo, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los apartes del parágrafo 4, 5 y 6 del
Decreto 1525 de 2008, adicionado por el Decreto 4471 de 2008 y modificado por
los Decretos 2805 de 2009, 4686 de 2010, 4866 de 2011 y 1468 de 2012, que
ampliaron la vigencia del parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, por las
razones antes expuestas.
TERCERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE INEPTA
DEMANDA respecto al cargo relacionado con el exceso de la potestad
reglamentaria de la entidad accionada, por la supuesta creación de sanciones en
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contra de los INFIS que no cumplan la regulación enjuiciada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia la Sala se
INHIBE de su estudio de fondo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 10 de marzo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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