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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00051-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00051-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 0044399 de 27 de julio de 2012, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00051-00 Actora: OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SEGUNDO: TENER al doctor RENÉ ALEJANDRO BUSTOS MENDOZA como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 129 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00051-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00051-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
ACUSADO. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VULNERÓ LOS ARTÍCULOS 146 DE LA DECISIÓN 486; 29 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y 48, 65 Y 259 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL, POR CUANTO EL PODER PRESENTADO EN
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR EL PRESUNTO APODERADO
DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL
PROCESO NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
LEY, POR LO QUE NO TENÍA LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN Y,
EN CONSECUENCIA, NO SE HA DEBIDO TENER EN CUENTA EL
ESCRITO DE OPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA EL REGISTRO
SOLICITADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA, mediante apoderado y en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto

en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes

declaraciones:

2

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Actora: OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

1ª. Es nula la Resolución núm. 0044399 de 27 de julio de 2012

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por

la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio1.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la

Resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho se

ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto

“OKF OTRO KIOSKO FRESCO”, para identificar productos en la

Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación

en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes:

1º: Que el 6 de julio de 2010 el señor GERMÁN ALBERTO CUESTAS

CEPEDA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto

“OKF OTRO KIOSKO FRESCO”, para distinguir productos de la Clase

1
En adelante SIC.

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Actora: OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

322 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de las Marcas3. Con posterioridad, dicha solicitud le fue

cedida a ella.

2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial,

las sociedades OKF CORPORATION y MOLINOS ROA S.A.

presentaron oposición, por cuanto la primera consideraba que el

registro solicitado resultaba confundible con su marca “OKF”,

previamente registradas en Estados Unidos de América en la misma

Clase y, la segunda, en razón a que el diseño y los colores empleados

resultaban confundibles con los utilizados en sus marcas mixtas

“ROA” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3º- Que el 5 de abril de 2010, la mencionada sociedad OKF

CORPORATION presentó un memorial complementario, en el que

anexaba el poder otorgado al doctor CAMILO GÓMEZ RIVEROS por

parte del señor EDGARDO ALBERTO JIMENEZ MOSCOSO,

apoderado de la compañía OKF CORPORATION, -que no contaba

con certificación notarial-, el cual había sido otorgado por una firma

de abogados peruanos quienes otorgaban, a su vez, poder a

2
El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Cervezas; aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para hacer bebidas[…]”.
3
En adelante Clasificación Internacional de Niza.

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“ANDINA CARGO”, sin identificarla de forma legalmente válida y

mencionando entre paréntesis a un señor M. JIMENEZ.

4º: Que mediante la Resolución núm. 46228 de 31 de agosto de 2011,

la directora de signos distintivos de la SIC declaró infundadas las

oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro

como marca del signo mixto “OKF OTRO KIOSKO FRESCO”, para

distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de

Niza.

5º: Que contra el citado acto administrativo la sociedad OKF

CORPORATION interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de

apelación. El primero de ellos fue resuelto de manera confirmatoria a

través de la Resolución núm. 014990 de 20 de marzo de 2012, por la

directora de Signos Distintivos de la SIC. Posteriormente, mediante

Resolución núm. 44399 de 27 de julio de 2012, el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la decisión inicial y, en

su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro

como marca del signo mixto “OKF OTRO KIOSKO FRESCO”, para

distinguir productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de

Niza, al estimar que de concederla se perpetrarían actos de

competencia desleal.

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I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 146 de

la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la

Comunidad Andina, en adelante Decisión 486; 29 de la Constitución

Política; y 48, 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto,

a su juicio, la sociedad OKF CORPORATION no cumplió con las

formalidades exigidas por la ley para presentar oposiciones en sede

administrativa contra el signo cuestionado.

Adujo que la mencionada compañía se encontraba indebidamente

representada para formular la oposición en contra de la solicitud de

registro del signo cuestionado “OKF OTRO KIOSKO FRESCO”, toda

vez que los poderes que se presentaron para legitimar la oposición no

cumplían con los requisitos formales exigidos por la Ley.

Explicó que tampoco se acreditó la existencia y representación legal,

habida cuenta que el poder que se allegó fue otorgado por el señor

EDGARDO ALBERTO JIMÉNEZ MOSCOSO, quien decía actuar como

apoderado comercial de la sociedad OKF CORPORATION, con

domicilio en la República de Corea del Sur, sin certificación notarial y

otorgado por una firma de abogados peruanos, quienes a su vez

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otorgaron poder a “ANDINA CARGO”, sin identificarla en alguna

forma legalmente válida y mencionando a un M. JIMENEZ.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte

actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que la

oposición presentada por el tercero con interés directo en las

resultas del proceso en sede administrativa frente al registro del

signo cuestionado se allegó el 5 de abril de 2011, el cual le fue

puesto en conocimiento de la actora a través de comunicación de 8

de junio de ese año.

Aseguró que, por lo anterior, se descarta alguna vulneración del

derecho fundamental al debido proceso de la actora, por cuanto se

le garantizó en sede administrativa ejercer su derecho a la defensa y

principio de contradicción.

Adujo que al cotejar las expresiones enfrentadas encontró

coincidencias visuales que tienen la potencialidad de generar riesgo

de confusión en el consumidor, quien equivocadamente podrá

adquirir el producto identificado con el signo cuestionado, creyendo

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que se trata de los amparados por las marcas previamente

registradas.

II.-2. Frente a la sociedad OKF CORPORATION, tercero con

interés directo en las resultas del proceso, se tuvo por no contestada

la demanda, por cuanto no se encontró acreditada la personería

para actuar dentro del proceso.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437

de 20114, el 19 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia

inicial, a la cual asistieron la sociedad OTRO KIOSKO FRESCO DE

COLOMBIA S.A.S., en su calidad de parte actora del proceso, así

como la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad

OKF CORPORATION, como tercero con interés directo en las

resultas del proceso; frente a esta última se tuvo por no contestada

la demanda presentada por el señor JUAN GUILLERMO ORTIZ

ROJAS5, como su apoderado, por cuanto no se encontraba

acreditada la personería para actuar dentro del proceso, decisión

frente a la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de

4
En adelante CPACA.
5
Se resalta que el señor Camilo Gómez Riveros le sustituyó el poder otorgado al abogado Juan
Guillermo Ortiz Rojas para actuar dentro del proceso contencioso administrativo.

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apelación, el cual fue interpretado y concedido como ordinario de

súplica y fue rechazado por improcedente por la Sala mediante

providencia de 11 de agosto de 2016.

Posteriormente, mediante providencia de 8 de abril de 2022, se

ordenó prescindir de continuar la audiencia inicial establecida en el

artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1

del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado

hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217,

habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el

que, además, no se formularon excepciones previas y no había

prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las

aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas

por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

6
“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.”
7
“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda,

los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso

para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría

de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la

demanda. Para el efecto, reiteró que la sociedad denominada OKF

CORPORATION, -que indica estar domiciliada en Corea del Sur-, no

existe constancia de su existencia ni de su domicilio.

IV.-2. La parte demandada reiteró los argumentos en la

contestación de la demanda y, además, señaló que el acto

administrativo acusado no transgredió de manera alguna las normas

contenidas en el marco legal y en la jurisprudencia marcaria

aplicable.

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IV.-3. En esta etapa procesal, la sociedad OKF CORPORATION

tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del

Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la

solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria

invocada como violadas en la demanda, concluyó8:

“[…] PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico
interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible
con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y en el artículo 123 del Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico
interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el
ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que
el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver
una controversia en la que deba aplicar o se discuta una
norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará
obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte
internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad
en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el
segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo
123 de su estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes
casos:

[…]

8
Proceso 342-IP-2022.

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CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la
posibilidad de que, tanto los Países miembros como la
Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares
[...]

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
implementará medidas con el objeto de informar a los jueces
nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos
que califican como actos aclarados.

C. NORMA OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial
del artículo 146 de la Decisión 486.

2. La mencionada norma comunitaria regula los aspectos
relacionados con la oposición que puede presentar un tercero
contra la solicitud de un registro de marca sobre la base de
solicitudes de registro o registros de marcas concedidos con
anterioridad, y la oposición andina.

El artículo 146 de la Decisión 486 se encuentra vinculado
directamente con los siguientes temas específicos:

• La oposición andina. El interés real en el mercado. La
acreditación del interés legítimo del opositor.

• El legítimo interés en la oposición a un registro de marca.

• La oposición temeraria.

• Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario
regulada en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión
486.

• La oposición en el marco de un examen de registrabilidad.
Debida motivación de los actos.

• La solicitud de transferencia de un registro marcario como
fundamento del legítimo interés para presentar oposición a
una solicitud de registro de marca.

• El derecho preferente derivado de una acción de cancelación
de marca versus la oposición andina.

[…]

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Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así
como los temas identificados anteriormente, ya han sido
objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo, a la
fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y
coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los
siguientes términos:

[…]

• Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista
en la Decisión 486.

• 212-IP-2021 de 6 de mayo de 2022.

• 129-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021.

• 199-IP-2021 de 15 de diciembre de 2022.

• 19-IP-2020 de 25 de agosto de 2021.

• 198-IP-2019 de 25 de agosto de 2021.

• 126-IP-2020 de 6 de mayo de 2022

[…]

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación
prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda
vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial
obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República
de Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020130005100 constituye un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.

SEGUNDO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación
uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario
andino.

TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretación
prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena […]”.

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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la

Resolución núm. 44399 de 27 de julio de 2012, denegó el

registro como marca del signo mixto “OKF OTRO KIOSKO

FRESCO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de

la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que de permitir su

registro se perpetraría y facilitaría actos de competencia desleal

frente a la marca “OKF”, que ampara productos en la misma Clase.

A juicio de la demandante, la sociedad OKF CORPORATION no

cumplió con las formalidades exigidas por la Ley para presentar la

oposición en sede administrativa contra el signo cuestionado.

Adujo que la mencionada compañía se encontraba indebidamente

representada para formular la oposición en contra de la solicitud de

registro del signo cuestionado “OKF OTRO KIOSKO FRESCO”, toda

vez que los poderes que se presentaron para legitimar la oposición

no cumplían con los requisitos formales exigidos por la Ley.

Explicó que tampoco se acreditó la existencia y representación legal,

habida cuenta que el poder que se allegó fue otorgado por el señor

EDGARDO ALBERTO JIMÉNEZ MOSCOSO, quien decía actuar

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como representante legal de OKF CORPORATION; sin embargo, el

mismo se encuentra otorgado por una firma de abogados peruanos,

quienes a su vez otorgaron poder a “ANDINA CARGO”, sin

identificarla en alguna forma legalmente válida y mencionando a un

MR. JIMÉNEZ.

Por su parte, la SIC señaló que la oposición presentada por el tercero

con interés directo en las resultas del proceso en sede

administrativa frente al registro del signo cuestionado se allegó el 5

de abril de 2011, el cual le fue puesto en conocimiento de la actora

a través de comunicación de 8 de junio de ese año.

Aseguró que, por lo anterior, se descarta alguna vulneración del

derecho fundamental al debido proceso de la actora, por cuanto se

le garantizó en sede administrativa ejercer su derecho a la defensa y

principio de contradicción.

El Tribunal, en atención a la solicitud deprecada por esta

Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 342-IP-2022, en la

cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios

contenidos en las interpretaciones prejudiciales, entre otras, las

núms. 212-IP-20219, 129-IP-202110, 199-IP-202111, 19-IP-202012,

9
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4481 de 27 de mayo de 2022.

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198-IP-201913, 126-IP-202014, en las que se interpretó el artículo

146 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

“[…] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes
a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés,
podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada
que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará,
por una sola vez un plazo adicional de treinta días para
presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo
disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones
contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere
el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que
hubieren coexistido con la solicitada […]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como

vulnerado el artículo 146 de la Decisión 486, el cual fue interpretado

por el Tribunal, al exponer los conceptos de violación en la

demanda, también trajo a colación la transgresión de los artículos

29 de la Constitución Política y 48, 65 y 259 del Código de

Procedimiento Civil, por cuanto, a su juicio, el tercero con interés

directo en las resultas del proceso, no contaba con la debida

10
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4389 de 14 de diciembre de 2021.
11
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5130 de 15 de febrero de 2023.
12
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4315 de 31 de agosto de 2021.
13
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4315 de 31 de agosto de 2021.
14
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4465 de 12 de mayo de 2022.

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representación para presentar la oposición contra el signo

cuestionado, por cuanto el poder que presentó no cumplía con los

requisitos formales exigidos por la Ley, así tampoco se acreditó su

existencia y representación legal, habida cuenta que el poder que se

allegó fue otorgado por el señor EDGARDO ALBERTO JIMÉNEZ

MOSCOSO, quien decía actuar como representante legal de la

sociedad OKF CORPORATION, con domicilio en la República de

Corea del Sur, sin certificación notarial y otorgado por una firma de

abogados peruanos, quienes a su vez otorgaron poder a “ANDINA

CARGO”, sin identificarla en alguna forma legalmente válida y

mencionando a un MR. JIMENEZ.

Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación

Prejudicial rendida en el proceso núm. 060-IP-2016 de 17 de febrero

de 2017, “[…] Si bien es cierto que la normativa andina tiene

preeminencia sobre cualquier norma interna de cada País miembro,

no es menos cierto que existen circunstancias, tales como los

requisitos formales para presentación y legalización de documentos

adjuntos a la oposición, que no están regulados por la normativa

comunitaria andina. En estos casos, mediante la aplicación del

principio de complemento indispensable, se debe acudir a la

normativa nacional.

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De conformidad con lo anterior, se deberá aplicar la normativa

interna para establecer si los poderes anexos a la oposición cumplen

con todos los requisitos formales para su presentación […]”.

(Resaltado fuera del texto original).

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los cargos de

la presunta transgresión de los artículos 48, 65 y 259 del Código de

Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política, norma esta

última que prevé la garantía al debido proceso administrativo que,

de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional15, se

traduce en:

“[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso
a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía
infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que
pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos
o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la
preservación de los intereses de la administración y el
cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un
mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a
este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una
ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos
fundamentales de los asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 199216,
desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al
debido proceso administrativo, al señalar que éste se mueve
dentro del contexto de garantizar la correcta producción
de los actos administrativos, y por ello extiende su
cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la
administración pública, en la realización de sus objetivos
y fines estatales.

15
Corte Constitucional, Sentencia T-119 de 2016, Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Magistrados Ponentes Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón.

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De esa manera, el debido proceso cobija todas las
manifestaciones de la administración, en cuanto a la
formación y ejecución de los actos, a las peticiones que
realicen los particulares, a los procesos que por motivo y
con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa
debe desarrollar.

Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben
adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o
reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a
quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho
partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida
forma, la administración no se lo permita injustificadamente. Por
tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de
él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir
que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo
29 de la Constitución […]”.

Asimismo, dicha Corporación en sentencia T-324 de 201517, señaló

que en el campo específico de los procedimientos administrativos las

garantías que integran el debido proceso son, entre otras, las

siguientes:

“[…] 22. En el campo específico de los procedimientos
administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que
integran el derecho son, entre otras “i) el derecho a conocer el
inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a
ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la
autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias
de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se
presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción
de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y
contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva
en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se
adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan
con vulneración del debido proceso18 […]”. (Resaltado fuera del
texto original)

17
Magistrada María Victoria Calle Correa.
18
Ver, sentencias C-248 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo), C-085 de 2014 (MP. Alberto Rojas
Ríos) y C-929 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo).

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Ahora, los artículos 63 y 65 del Código de Procedimiento Civil,

aplicables por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 01 de 2

de enero de 198419, -que prevé que aspectos no contemplados en

esta última normativa, se aplicaran las disposición del Código de

Procedimiento Civil-, establecen que las personas que hayan de

comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado

inscrito y los poderes generales para toda clase de procesos y los

especiales para procesos separados sólo podrán conferirse por

escritura pública. En efecto:

“[…] Artículo 63. Derecho de postulación. Las personas
que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por
conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que
la ley permite su intervención directa.

Artículo 65. Poderes. Los poderes generales para toda
clase de procesos y los especiales para varios procesos
separados sólo podrán conferirse por escritura pública. En
los poderes especiales, los asuntos se determinarán
claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.

El poder especial para un proceso puede conferirse por
escritura pública o por memorial dirigido al juez del
conocimiento, presentado como se dispone para la
demanda.

Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse
en el exterior, ante Cónsul colombiano o el funcionario que
la ley local autorice para ello; en este último caso su
autenticación se hará en la forma establecida en el artículo
259.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el
cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue hace
constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de
aquélla y que quien lo confiere es su representante, se

19
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

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tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma
manera se procederá cuando quien confiere el poder, sea
apoderado de otra persona. […]” (Resaltado fuera del texto
original).

Por su parte, los artículos 48 y 259 ibidem, prevén la representación

de personas jurídicas extranjeras y los documentos otorgados en el

exterior, esto es:

“[…] Artículo 48. Representación de personas jurídicas
extranjeras y organizaciones no gubernamentales sin
ánimo de lucro. Las personas jurídicas extranjeras de
derecho privado y las organizaciones no gubernamentales
extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior,
que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar
su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar
donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio
principal en el país, apoderados con capacidad para
representarlas judicialmente. Con tal fin se protocolizará en
la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la
existencia y representación de dichas personas jurídicas y
del correspondiente poder Un extracto de los documentos
protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva
cámara de comercio del lugar.

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios
permanentes en Colombia, estarán representadas en los
procesos por el apoderado que constituyan con las
formalidades prescritas en este Código.

Artículo 259. Documentos otorgados en el extranjero
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por
funcionario de éste o con su intervención, deberán
presentarse debidamente autenticados por el cónsul o
agente diplomático de la República, y en su defecto por el
de una nación amiga, lo cual hace presumir que se
otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del
cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes
consulares de un país amigo, se autenticará previamente
por el funcionario competente del mismo y los de éste por el
cónsul colombiano. […]”. (Destacado fuera de texto).

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Así las cosas, la Sala considera que para establecer si la oposición

que presentó el tercero con interés directo en las resultas del

proceso fue a través de apoderado, cuya facultad de representación

haya sido conferida mediante un poder debidamente otorgado, se

debe analizar si el poder cumple con los requisitos previstos en la

normatividad nacional que regula la materia.

Al respecto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, el

abogado CAMILO GÓMEZ RIVEROS, quien indica actuar como

apoderado de la sociedad OKF CORPORATION, presentó oposición

contra el registro como marca del signo mixto “OKF OTRO KIOSKO

FRESCO”, solicitado por la actora.

Para el efecto, se aportó en copia simple de un documento dirigido a

la SIC, de 11 de noviembre de 2010, obrante a folios 119 a 120 del

expediente físico, en el que el señor EDGARDO ALBERTO

JIMÉNEZ MOSCOSO, actuando presuntamente en calidad de

apoderado comercial de la sociedad comercial OKF

CORPORATION, con domicilio en la República de Corea del Sur,

confiere poder al abogado GÓMEZ RIVERO.

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Al respecto, la Sala advierte que el escrito de oposición fue

presentado el 5 de abril de 2011, esto es, con anterioridad a la

entrada en vigencia del Decreto 19 de 10 de enero de 2012 20, que

suprimió y/o reformó regulaciones, procedimientos y trámites en la

Administración Pública, entre ellos, el artículo 167,que estableció

que en materia de trámites administrativos relacionados con

propiedad industrial los poderes no requieren presentación personal

y podrán otorgarse por documento privado, no obstante, dicha

normativa no es aplicable en el presente caso.

Ahora bien, revisado la documentación traída a colación con

anterioridad, se observa que en el poder otorgado no se acredita la

20
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”.

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personería del principal, teniendo en cuenta que el señor EDGARDO

ALBERTO JIMENÉZ MOSCOSO, quien indica actuar como

apoderado comercial del tercero con interés directo en las resultas

del proceso, no ostenta dicha característica, pues se observa que el

poder que allega para fundar su calidad, se encuentra otorgado por

parte de una compañía denominada “ANDINA CARGO – M.

Jiménez”, lo que significa que tal potestad no recae en el referido

señor, ya que esta compañía resulta diferente a la opositora, esto

es, a OKF CORPORATION.

Así también, al revisar el expediente, la Sala considera que el poder

aportado en la actuación administrativa objeto del presente proceso, no

tiene la nota de presentación personal o la autenticación de firmas de

los otorgantes, o como es el caso de personas jurídicas en el exterior,

que el documento este debidamente autenticado por el cónsul o agente

diplomático de la República, lo cual hace presumir que se otorgaron

conforme a la Ley del respectivo País.

Por lo expuesto, la Sala advierte que para el 5 de abril de 2011, fecha

en la que se presentó la oposición por parte de la sociedad OKF

CORPORATION, frente al signo cuestionado, el abogado CAMILO

GÓMEZ RIVEROS no contaba con un poder debidamente otorgado

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por aquella, razón por la cual no tenía la facultad de representarla y

presentar el escrito de oposición.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la parte

demandada al declarar fundada la oposición presentada por el

abogado CAMILO GÓMEZ RIVEROS, manifestando actuar como

apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso,

violó los artículos 146 de la Decisión 486, el artículo 29 de la

Constitución Política y 48, 65 y 259 del Código de Procedimiento

Civil, comoquiera que el poder presentado no cumplía con los

requisitos previstos en la ley y, en consecuencia, no podía haber

tomado el escrito como una oposición de apoderado debidamente

facultado del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de

pronunciarse, esto es, en sentencia de 29 de agosto de 202421, en el

que se declaró la nulidad de los actos administrativos allí acusados, al

encontrar que el poder presentado en la actuación administrativa no

cumplía con los requisitos previstos en la Ley, por lo que el abogado

no tenía la facultad de representar al allí tercero con interés directo en

las resultas del proceso y tampoco se podía haber tenido en cuenta el

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00515-00.

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escrito de oposición presentado contra el registro solicitado. En Dicha

oportunidad se dijo:

“[…] 54. La Sala considera que, de conformidad con lo previsto en
las normas indicadas supra, el poder especial para varios procesos
separados solo puede conferirse por escritura pública y el poder
especial, que se confiere para un solo proceso, puede conferirse por
escritura pública o por memorial, con la debida presentación
personal o previa autenticación ante juez o notario.

55. En el caso sub examine, la Sala advierte que el documento
denominado “[...] poder [...]”, aportado al trámite administrativo,
fue conferido al abogado Alejandro Camargo García para la
representación del tercero con interés directo en el resultado del
proceso con el objeto de registrar la marca mixta ZIMMER, así
como también lo facultó para presentar y retirar oposiciones, por lo
que se considera que le permitía presentar oposición respecto de la
solicitud de registro del signo ZIMMERMANN.

56. Asimismo, la Sala considera que el citado documento
corresponde a un poder especial comoquiera que éste se refería al
trámite de registro de un signo como marca, a saber, ZIMMER, y
las actuaciones que se relacionan con el mismo.

57. Adicionalmente, al revisar el expediente, la Sala
considera que el poder especial aportado en la actuación
administrativa objeto del presente proceso, no tiene la nota
de presentación personal o la autenticación de firmas de los
otorgantes, como lo requiere el artículo 65 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84
ibidem.

[…]

60. Por lo expuesto anteriormente, para el 12 de agosto de
2011, fecha en que se presentó la oposición frente a la
solicitud de registro como marca del signo mixto
ZIMMERMANN dentro del expediente núm.- 11-51177, el
abogado Alejandro Camargo García no contaba con un poder
debidamente otorgado por el tercero con interés directo en
del proceso, razón por la cual, para dicho asunto específico,
no tenía la representación del tercero con interés directo en
el resultado del proceso y la facultad para presentar la
mencionada oposición.

[…]

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62. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, la
parte demandada, al declarar fundada la oposición
presentada por el abogado Alejandro Camargo García,
manifestando actuar como apoderado del tercero con
interés directo en el resultado del proceso, violó los artículos
146 de la Decisión 486 de 2000, y 65 del Código de
Procedimiento Civil, comoquiera que el poder presentado no
cumplía con los requisitos previstos en la ley y, en
consecuencia, no podía haber tomado el escrito como una
oposición de apoderado debidamente facultado del tercero
con interés directo en el resultado del proceso.

[…]

71. Al respecto, la Sala considera que, si bien los actos
acusados serán declarados nulos por violación de las normas
señaladas en los acápites supra, no accederá al
restablecimiento del derecho solicitado, toda vez que, de
conformidad con lo señalado en acápites supra, es a la
oficina nacional a la que corresponde efectuar el estudio de
registrabilidad del signo como marca, sin tener la
oposición presentada por el abogado Alejandro Camargo
García como admitida a trámite en calidad de apoderado
del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

72. Por lo expuesto anteriormente, se ordenará a la parte
demandada que proceda a llevar a cabo el estudio de
registrabilidad del signo mixto ZZIMMERMANN, solicitado
para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación
Internacional de Niza, en los términos señalados en esta
sentencia.

76. La Sala considera que la parte demandada al declarar
fundada la oposición presentada por el abogado Alejandro
Camargo García, manifestando actuar “[…]como apoderado del
opositor […]”, en los actos acusados, violó los artículos 146 de la
Decisión 486 de 2000 y 65 del Código de Procedimiento Civil,
comoquiera que el abogado Alejandro Camargo García no contaba
con un poder debidamente otorgado por el tercero con interés
directo en del proceso, para efectos de representarlo en la
oposición presentada […]” (Destacado fuera de texto).

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad del acto acusado,

sin que haya lugar al restablecimiento del derecho, comoquiera que

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con la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 0044399 de 27

de julio de 2012, las resoluciones núms. 46228 de 31 de agosto de

2011 y 014990 de 20 de marzo de 2012, mediante las cuales

inicialmente se había concedido el registro de la marca “OKF OTRO

KIOSKO FRESCO”, recobrarían su vigencia, las cuales, además,

no han sido anuladas ni impugnadas.

Finalmente, se le reconocerá personería al doctor RENÉ

ALEJANDRO BUSTOS MENDOZA como apoderado de la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de

conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el

índice 129 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado,

esto es, la Resolución núm. 0044399 de 27 de julio de 2012,

expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

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SEGUNDO: TENER al doctor RENÉ ALEJANDRO BUSTOS

MENDOZA como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los

documentos anexos obrantes en el índice 129 del expediente digital

agregado al sistema SAMAI.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido

en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 13 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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