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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00082-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00082-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones de rigor en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00082-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: Infosys Technologies Limited.
Tema: Cancelación por no uso de la marca mixta “FINAC”
para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del
nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida en contra de las Resoluciones 17461 de 26 de marzo de 20121 y
64096 de 29 de octubre de 20122, expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio – SIC, por medio de las cuales se canceló por no uso el registro de la marca
mixta “FINAC”3 que identificaba servicios comprendidos en la clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la sociedad Finanzas y Actuaria
Finac S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Finanzas y Actuaria Finac S.A.S., a través de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de
la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17461 del 26
de Marzo de 2012, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó la cancelación por no uso
del registro de la marca FINAC, registrada en la clase 36 Internacional, con
certificado No. 208412.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 64096 de octubre
29 de 2012, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirma
la decisión contenida en la Resolución No. 17461 del 26 de Marzo de 2012,

1 Folios 4 a 9 C pp. “[…] Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca […]”.
2 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
3 Certificado 208.412.
4 Folios 254 a 283 C 2.

2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

mediante la cual se ordenó la cancelación del registro de la marca FINAC,
registrada en la clase 36 Internacional, con certificado No. 208412.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho
de mandante, en cuanto a la vigencia del registro de la marca FINAC,
certificado registro No. 208412, para identificar servicios de la clase 36
Internacional.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que
se sirva dar aplicación al artículo 309 del C.C.A.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en
la Gaceta de propiedad Industrial […]”5 (mayúsculas y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que era titular de la marca mixta
“FINAC”7 para identificar servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación
Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de asesoría en las áreas financieras,
actuaria y sistema de información, mercadeo e investigación de operaciones […]”.

4. Indicó que, el 9 de noviembre de 2010, la sociedad Infosys Technologies Limited.
solicitó la cancelación de dicho registro marcario por falta de uso.

5. Anotó que, a través de la Resolución 17461 de 26 de marzo de 2012, la directora de
Signos Distintivos de la SIC resolvió la solicitud en el sentido de cancelar la marca
mixta “FINAC”. A lo cual, la parte demandante presentó recurso de apelación.

6. Aseveró que, mediante la Resolución 64096 de 29 de octubre de 2012, el
Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso
de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 17461.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo
cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículo 29 y; (ii) Decisión
486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 165, 166 y 167.

5 Folios 255 a 256 C 2.
6 Folios 256 a 257 C 2.
7 Certificado 208.412.
8 Folios 257 a 269 C 2.

3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas
se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC canceló por no uso el registro
de la marca mixta “FINAC” para identificar servicios comprendidos en la clase 36 de
la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la sociedad Finanzas y Actuaria
Finac S.A.S., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina, artículos 165, 166 y 167, así como la Constitución
Política, artículo 29.

9. Afirmó que se vulneraron sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que la
SIC no otorgó mérito probatorio a los documentos aportados al trámite administrativo,
los cuales demostraban de manera suficiente el uso real, efectivo y constante de la
marca en el mercado.

10. Explicó que, dentro del expediente administrativo de cancelación por no uso, se
acreditó la utilización de la marca “FINAC” mediante su explotación en el desarrollo y
comercialización de programas de computador y en la prestación de servicios de
asesoría en las áreas financiera, actuarial, de sistemas de información, mercadeo e
investigación de operaciones, actividades que hacían parte de su objeto social. Indicó
que dicha explotación generó ingresos por valor de $13.000.272.726 entre los años
2005 y 2010, según constaba en la certificación expedida por la revisora fiscal de la
sociedad.

11. Señaló que el uso de la marca también se encontraba demostrado con las facturas
expedidas entre los años 2007 y 2010, diversas publicaciones y documentos
comerciales, los certificados de registro de software ante la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, así como con la información contenida en el sitio web de la
sociedad.

12. Sostuvo que los soportes lógicos desarrollados por la sociedad correspondían a
programas de computador destinados a la asistencia financiera, por lo que las
actividades de desarrollo, comercialización, soporte técnico, mantenimiento,
actualización, implantación, consultoría y arrendamiento de dichos softwares se
encontraban directamente relacionadas con la prestación de servicios de asesoría
financiera y actuarial identificados con la marca “FINAC”, razón por la cual las pruebas
aportadas acreditaban el uso de la marca para los servicios amparados en la clase 36
de la Clasificación Internacional de Niza.

13. Finalmente, agregó que también se le desconoció su derecho del debido proceso,
por cuanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC estaba
impedido para expedir la Resolución 64096, toda vez que fue miembro asociado de la
firma de abogados Olarte Raisbeck que representa al tercero con interés en el
resultado del proceso.

4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda y se
opuso a sus pretensiones, para lo cual sostuvo que los actos acusados fueron
expedidos de conformidad con la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la
Comunidad Andina, por cuanto, si bien la demandante acreditó el uso de la marca
“FINAC”, las pruebas allegadas no demostraban su utilización para identificar los
servicios amparados por el registro en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación
Internacional de Niza.

15. Precisó que la certificación expedida por la revisora fiscal acreditaba ingresos por
valor de $13.000.272.726 entre los años 2005 y 2010 por concepto de productos y
servicios identificados con la marca “FINAC”; sin embargo, advirtió que dicho
documento no discriminaba qué parte de esos ingresos correspondía específicamente
a los servicios protegidos por el registro marcario en la clase 36.

16. En relación con las facturas expedidas entre los años 2007 y 2010 y los certificados
de registro de soporte lógico otorgados por la Dirección Nacional de Derechos de
Autor, señaló que tales documentos acreditaban el uso del signo para identificar
servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización, implantación, consultoría,
asesoría, comercialización y arrendamiento de software, mas no para distinguir los
servicios de asesoría en las áreas financieras, actuaria, sistemas de información,
mercadeo e investigación de operaciones amparados por el registro.

17. Respecto del material publicitario y de la información contenida en la página web
de la sociedad, indicó que dichas pruebas podían demostrar la promoción de
determinados servicios identificados con la marca “FINAC”; no obstante, consideró
que no acreditaban el uso del signo respecto de los servicios comprendidos en la clase
36 para los cuales se encontraba registrado.

18. De otra parte, respecto del impedimento del Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la SIC, señaló que, de acuerdo con el numeral 16 del artículo
11 de la Ley 1437, un servidor público se encuentra impedido siempre que se
demuestre que dentro del año anterior tuvo interés directo o actuó como
representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o
socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico
interesado en el asunto objeto de definición.

19. Conforme a lo anterior, sostuvo que José Luis Londoño Fernández, como
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, profirió la
Resolución 64096 en el año 2012, lo que permite inferir que para este tiempo no se
encontraba impedido, pues ya había transcurrido un lapso de tiempo considerable

9 Folios 355 a 369 C 2.

5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

desde que fue socio en la firma Olarte Raisbeck, esto fue para los años 2004 a 2007,
en vista de esto, no existió causal de impedimento, por lo que no tenía ningún interés
particular y directo sobre el asunto, así como ningún impedimento para proferir
conforme a las normas en materia marcaria.

20. Finalmente, advirtió que la parte demandante en ningún momento de la actuación
administrativa presentó recusación alguna frente a José Luis Londoño Fernández,
esto conforme a lo mencionado en el artículo 12 de la Ley 1437 que dispone el trámite
de los impedimentos y recusaciones.

II.2. Contestación de la sociedad Infosys Technologies Limited.10

21. La sociedad Infosys Technologies Limited., tercero interesado en el resultado del
proceso, se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la
demanda en el que sostuvo que la demandante no demostró el uso real y efectivo
durante el 9 de noviembre de 2007 al 9 de noviembre de 2010 de la marca en el
comercio para identificar los servicios de la clase 36.

22. Respecto de la certificación del revisor fiscal, aseguró que no discrimina el
porcentaje de comercialización y venta de los servicios de la marca, por lo que no
permite establecer con certeza que fuera usada para los servicios de la clase 36.

23. Sobre las facturas allegadas por la demandante de los años 2007 a 2010, afirmó
que demuestran la prestación de servicios de soporte técnico, mantenimiento,
actualización, implantación, actualización y arrendamientos de programas en general,
pero no de servicios de asesoría en áreas financieras, actuaria y sistemas de
información, mercadeo e investigación de operaciones.

24. De las órdenes de publicación de anuncios en directorios telefónicos, indicó que
demuestran la intención de comercializar servicios, no obstante, los mismos no
prueban el uso real y efectivo en el comercio de los servicios de la clase 36. Como
tampoco, los registros de derecho de autor sobre el software, ni el sitio web.

25. Advirtió que, para demostrar el uso real y efectivo de una marca, debe probarse
que los servicios utilizados correspondan a los identificados bajo el mismo registro y
no a servicios relacionados que no están identificados en este. En ese sentido, los
servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización, implantación,
actualización y arrendamientos de softwares si bien pueden relacionarse con los
servicios de la clase 36, aquellos no pueden ser parte del análisis de cancelación toda
vez que no fueron incluidos en el registro objeto de demanda.

26. De otra parte, anotó que el registro de una marca legítima a su titular para usarla
tal y como aparece en el acto administrativo de otorgamiento, sin admitir

10 Folios 330 a 347 C 2.

6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

modificaciones que alteren su distintividad, como son los elementos gráficos o
denominativos.

27. Conforme con lo anterior, aseguró que la SIC realizó una adecuada valoración de
las pruebas, toda vez que las mismas no demostraron el uso real y efectivo de la
marca mixta “FINAC” en la clase 36.

28. Finalmente, aclaró que la sociedad Infosys Technologies Limited. tercero con
interés en el resultado del proceso, otorgó poder a diferentes abogados y no a la firma
Olarte Raisbeck, así como tampoco al señor José Luis Londoño Fernández. Además,
agregó que, en todo caso, dicha firma no es el tercero con interés en el resultado del
proceso.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

29. La sociedad Finanzas y Actuaria Finac S.A.S. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho el 8 de febrero de 201311 en contra de las Resoluciones
17461 de 26 de marzo de 2012 y 64096 de 29 de octubre de 2012, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

30. Por autos de 27 de octubre de 2015 y 8 de febrero de 2016 12 se inadmitió la
demanda. Mediante auto de 18 de abril de 201613 se admitió la demanda y se dispuso
notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la
sociedad Infosys Technologies Limited. El 22 de junio de 201614 se dio traslado de la
demanda por el término de 30 días.

31. A través de autos de 19 de octubre de 2017, 31 de julio y 13 de noviembre de
201815 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180
de la Ley 1437, la cual se realizó el 25 de enero de 201916.

32. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se
fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

33. A través de auto de 15 de marzo de 201917 se solicitó ante el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del
contenido y alcance del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad
Andina, por lo que se suspendió el proceso.

11 Folio 283 C 2.
12 Folios 286 a 287 y 366 a 367 C 2.
13 Folios 318 a 320 C 2.
14 Folio 320 vto. C pp.
15 Folios 383, 393 y 401 C 2 y C 3.
16 Folios 413 a 421 C 3.
17 Folios 424 y vto. C pp.

7

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Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial
225-IP-2019 de 28 de febrero de 202018 dentro de la cual interpretó el artículo 165 de
la Decisión 486 de 2000, así como los artículos 166 y 167 ibidem, estos últimos de
oficio. De la cual se puede observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará
por ser pertinentes.

De oficio se interpretará los Artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el uso real y efectivo de
la marca y la carga de la prueba en la acción de cancelación de una marca […]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento […]

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la
existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una
traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente.
[…]

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que
proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que
darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a
la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que
el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para
que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura
de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo
siguiente a) Legitimación para iniciar el trámite […] b) Oportunidad para
iniciar el trámite […] c) Falta de uso de la marca. […]

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los servicios en
el comercio […]

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su
titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos
de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […]

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala
la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos
marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos
la pregunta a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe
que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos
marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.
[…]

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con
pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los
18 Folios 438 a 447 C 3.

8

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consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados
con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público,
que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que
hubiera realizado. […]

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del
Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la
marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera
ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que
el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho
periodo uso la marca en los términos explicados anteriormente. […]

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […]

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso
corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al
solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167
de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso
real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

El Articulo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo,
de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una
marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios
de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad
competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con
el régimen probatorio aplicable […]” (mayúscula y negrilla del original).

35. A través del auto de 13 de julio de 202019 se prescindió de la realización de las
audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181
y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

36. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Finanzas y Actuaria Finac
S.A.S.20, Infosys Technologies Limited.21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de
nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

37. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 23 de la Ley 1437,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica

19 Folio 449 C 3.
20 Folios 468 a 469 C 3.
21 Folios 457 a 466 C 3.
22 Folios 471 a 474 C 3.
23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos
previstos en la ley […]”.

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con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo
434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

38. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 17461 de 26 de
marzo de 2012 y 64096 de 29 de octubre de 2012, expedidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se canceló por no uso el
registro de la marca mixta “FINAC” para identificar servicios comprendidos en la clase
36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la sociedad Finanzas y
Actuaria Finac S.A.S.

39. En ese contexto, la Sala deberá determinar si la SIC vulneró lo dispuesto en los
artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad
Andina, interpretados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el
artículo 29 de la Constitución Política, al concluir que las pruebas aportadas por la
demandante no acreditaban el uso real y efectivo de la marca “FINAC” para distinguir
los servicios amparados por su registro en la clase 36 del nomenclátor de la
Clasificación Internacional de Niza.

40. Igualmente, la Sala deberá establecer si se vulneró el derecho al debido proceso
de la demandante por la presunta configuración de una causal de impedimento del
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al momento de
expedir la Resolución 64096 de 29 de octubre de 2012.

41. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos
demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

42. La sociedad demandante solicita se declare las Resoluciones 17461 de 26 de
marzo de 201224 y 64096 de 29 de octubre de 201225, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se canceló
por no uso el registro de la marca mixta “FINAC” 26 que identificaba servicios
comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era
la sociedad Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.

IV.4. Análisis del caso concreto

43. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, canceló por no uso el registro
de la marca mixta “FINAC” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del

24 Folios 4 a 9 C pp. “[…] Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca […]”.
25 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
26 Certificado 208.412.

10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de
asesoría en las áreas financieras, actuaria y sistema de información, mercadeo e
investigación de operaciones […]”.

44. De acuerdo con lo expuesto por la parte demandante, las resoluciones acusadas
se encuentran viciadas de nulidad toda vez que cancelaron por falta de uso del registro
de la marca mixta “FINAC” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, sin
considerar que las pruebas aportadas demostraban su uso real, efectivo y constante
para identificar los servicios amparados por dicho registro.

45. Indicó que, de acuerdo con su objeto social, la certificación expedida por la revisora
fiscal, las facturas correspondientes a los años 2007 a 2010, las publicaciones y
demás documentos aportados, los certificados de registro de software ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor y la información contenida en la página web
de la sociedad, la marca “FINAC” era utilizada en el desarrollo y comercialización de
programas de computador destinados a la asistencia financiera y en la prestación de
servicios de asesoría en las áreas financiera, actuarial, de sistemas de información,
mercadeo e investigación de operaciones, actividades que generaron ingresos por
valor de $13.000.272.726 entre los años 2005 y 2010.

46. En ese sentido, precisó que las actividades de desarrollo, comercialización, soporte
técnico, mantenimiento, actualización, implantación, consultoría y arrendamiento de
los programas identificados con la marca “FINAC” acreditaban el uso real y efectivo
del signo respecto de los servicios amparados en la clase 36 de la Clasificación
Internacional de Niza, razón por la cual no procedía la cancelación del registro
208.412.

47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de
interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 225-
IP-2019 de 28 de febrero de 2020, dentro de la cual interpretó el artículo 165 de la
Decisión 486 de 2000, así como los artículos 166 y 167 ibidem, estos últimos de oficio.

48. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una
marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca
no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular,
por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con
base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de
cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca
respectiva en la vía administrativa.

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Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará
una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos
en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca
no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de
los productos o servicios.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del
modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente
productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según
lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada
sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no
motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección
que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular
del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas
con la marca, entre otros […]”.

Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo
29 de la Constitución Política

49. La Sala advierte que, la sociedad Infosys Technologies Limited. presentó el 9 de
noviembre de 2010 solicitud de cancelación por no uso de la marca mixta “FINAC” en
la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular era
la sociedad Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.

50. En ese sentido, con el fin de determinar si procedía o no la cancelación por no uso
la marca indicada supra, es preciso verificar el cumplimiento de requisitos previstos
para dicha acción, los cuales, de acuerdo con lo considerado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el caso
sub examine, son:

“[…] a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo
165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no
puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir
que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca
respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o
semejante al no utilizado.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) Oportunidad para Iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165
establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por
no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y
debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el
trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del
plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para
interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

b) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de
marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el
licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno
de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicie la acción de cancelación […]” (negrilla del original).

Legitimación para adelantar el trámite

51. La sociedad Infosys Technologies Limited., en la solicitud de cancelación por falta
de uso presentada el 9 de noviembre de 2010 ante la SIC, manifestó: “[…] necesidad
de remover un obstáculo para el registro de una marca […]”27.

52. Para la Sala dicha manifestación es indicativa de que, en efecto, se encuentra
acreditado el primer presupuesto para que pueda operar la acción de cancelación por
no uso, en tanto que se justificó debidamente el interés legítimo en promover la
solicitud de cancelación de la marca mixta “FINAC”, fundamentándose en la intención
de registrarla.

Oportunidad para adelantar el trámite

53. De la revisión del expediente administrativo, la Sala encuentra que: i) la parte
demandada, mediante Resolución 8742 de 19 de mayo de 199828 concedió el registro
de la marca mixta “FINAC” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 en
favor de la sociedad Finanzas y Actuaria Finac Ltda.; y ii) la presente acción de
cancelación por falta de uso fue presentada el 9 de noviembre de 2010 ante la SIC,
por parte del apoderado judicial de la sociedad Infosys Technologies Limited.

54. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el requisito relativo a la oportunidad
para adelantar el trámite de la acción de cancelación de la marca por falta de uso,
pues esta se inició transcurridos más de tres (3) años desde que se expidió el acto
administrativo que concedió el registro de la marca que se pretende cancelar, de
conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 165 de la Decisión 486
de 2000.

27 Folio 25 Anexo.
28 Folio 12 Anexo.

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Falta de uso de la marca

55. Ahora, corresponde a la Sala determinar si la marca mixta “FINAC”, con certificado
208.412, fue usada de forma real, efectiva y constante por su titular, o por un tercero
autorizado por este, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad
Andina, manteniendo sus elementos esenciales, durante los tres (3) años
consecutivos anteriores a la fecha en que se promovió la acción de cancelación por
falta de uso, esto es, entre el 9 de noviembre de 2007 al 9 de noviembre de 2010,
para identificar servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la
Clasificación Internacional de Niza, con el fin de establecer si la cancelación del
registro dispuesta por la SIC se ajustó o no a lo previsto en la Decisión 486 de 2000.

56. Es así como, de conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la
Decisión 486 de 2000, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular, esto
es, la sociedad Finanzas y Actuaria Finac S.A.S., tiene la carga de demostrar que los
servicios que esta identifica fueron puestos en el comercio, o se encuentran
disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a
la comercialización de los mismos, teniendo en cuenta su naturaleza y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

57. Lasociedad demandante cuestiona que la SIC, en los actos administrativos
acusados, no realizó debidamente el estudio de las pruebas allegadas al proceso
administrativo de cancelación, las cuales demuestran el uso real, efectivo y constante
de sus servicios identificados en la clase 36.

58. Sobre este asunto, en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 225-IP-
2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

“[…] La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre
a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a
efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […]

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala
la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos
marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos
la pregunta a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe
que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos
marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con
pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los
consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados
con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público,
que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que
hubiera realizado. […]

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del
Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la
marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera
ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se

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inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que
el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho
periodo uso la marca en los términos explicados anteriormente […]”.

59. De los apartes transcritos se colige que, el titular de la marca debe aportar pruebas
directas o indirectas que acrediten que los productos o servicios identificados con la
marca fueron efectivamente ofrecidos al mercado y se encuentren disponibles en el
comercio, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la
comercialización de los mismos, esto es, que sean acordes con su naturaleza y se
identifiquen en la clase registrada en la marca, basta con que el titular pruebe que
utilizó la marca en cualquier momento dentro de ese período para impedir la
cancelación.

60. En ese contexto, la parte demandante sostuvo que, de acuerdo con las pruebas
allegadas al trámite administrativo, la marca “FINAC” había sido utilizada de manera
real, efectiva y constante para identificar los servicios amparados por su registro en la
clase 36, toda vez que los programas de computador desarrollados y comercializados
por la sociedad correspondían a softwares destinados a la asistencia financiera, por
lo que las actividades de soporte técnico, mantenimiento, actualización, implantación,
consultoría, asesoría y arrendamiento de dichos programas acreditaban el uso de la
marca respecto de los servicios registrados.

61. En ese sentido, afirmó que la SIC no podía desconocer como prueba, el objeto
social, así como las ventas por un valor de $13.000.272.726 de pesos, de acuerdo
con certificado del revisor fiscal para los años 2005 a 2010, las facturas de 2007 a
2010, así como copias auténticas de varias publicaciones, documentos, certificados
de registro de software en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la página web
de la sociedad www.finac.com.

62. Sobre el particular, conviene precisar que la marca mixta “FINAC” fue registrada
para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor
internacional: “[…] servicios de asesoría en las áreas financieras, actuaria y sistema
de información, mercadeo e investigación de operaciones […]”.

63. Cabe resaltar que la nota explicativa de la clase 36 señala que esta comprende
principalmente servicios relacionados con operaciones financieras, bancarias,
monetarias, de seguros y bienes inmuebles, como se observa a continuación:

“[…] servicios bancarios y otras transacciones financieras, los servicios de
valoración, así como las actividades de seguros y de bienes inmuebles […]”.

64. Dentro de dichos servicios se incluyen, entre otros, los servicios de pago y
transacciones financieras, las operaciones de cambio, las transferencias electrónicas
de fondos, el procesamiento de pagos mediante tarjetas de crédito o débito, la emisión
de cheques de viaje y el patrocinio financiero, como se encuentra de la siguiente
transcripción:

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“[…] servicios de pago y de transacciones financieras, […] operaciones de
cambio […] transferencia electrónica de fondos […] procesamiento de pagos
por tarjeta de crédito y de débito […] emisión de cheques de viaje […] patrocinio
financiero […]”.

65. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la controversia no radica en
determinar si la sociedad demandante desarrollaba, comercializaba o prestaba
servicios relacionados con programas de computador identificados con la marca
“FINAC”, sino en analizar si tales actividades acreditan el uso real y efectivo de la
marca respecto de los servicios para los cuales fue registrada.

66. En este contexto, la Sala examinará, en primer lugar, las pruebas allegadas al
expediente con el fin de identificar las actividades y servicios respecto de los cuales
se utilizó la marca “FINAC”. Posteriormente, determinará si tales actividades o
servicios corresponden a aquellos amparados por el registro marcario en la clase 36
del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

67. Al respecto, una vez revisado el expediente administrativo de cancelación por no
uso, la Sala encuentra los siguientes medios de prueba:

− Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, en
donde se encuentra el objeto social de la sociedad demandante29.

− Certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad demandante de 5 de
octubre de 2010, en la que declara que durante el periodo 2005 a 2010 hubo
un total de venta de $13.000.272.726 de pesos por concepto de “[…] productos
y servicios identificados con las marcas FINAC […]”30.

− Facturas de venta de la sociedad demandante correspondientes a los años
2006 a 2010, en las que se identifican, entre otros, los siguientes conceptos:

LÍNEA FINAC31.

o Servicio “soporte técnico, mantenimiento y actualización del
programa de software FINAC VAR”.
o Servicio “soporte técnico, mantenimiento y actualización del
programa de FINAC VAR”.
o Servicio “soporte técnico, mantenimiento y actualización del
software FINAC VAR”.
o Servicio “soporte y mantenimiento sobre los sistemas de
información FINAC”.
o Servicio “soporte y mantenimiento software FINAC VAR”.

29 Folio 5 Anexos.
30 Folios 16 a 17 C pp.
31 Folios 18, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 37 a 41, 46, 48, 49, 51, 52, 54 a 57, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81,

82, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111 a118, 120, 122 a 125, 127 a 131,
134, 135, 137 a 159, 161, 163 a 179, 181 a184, 186 a 188, 190 a 194, 196 a 199 C pp. y 200 a 205, 207 a 235 C
2.

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o Servicio “mantenimiento y actualización del software FINAC
VAR”.
o Servicio “mantenimiento del software FINAC VAR”.
o Servicio “mantenimiento software FINAC”.
o Servicio “mantenimiento y actualización software FINAC
PORTAFOLIO”.
o Servicio “mantenimiento programa PORTAFOLIO”.
o Servicio “soporte técnico, mantenimiento y actualización del
software FINAC PORTAFOLIOS”.
o Servicio “soporte y mantenimiento FINAC PORTAFOLIOS”.
o Servicio “soporte técnico, mantenimiento y actualización del
software FINAC PORTAFOLIOS VI, módulos básico o gerencial,
administrativo contables, seguridades y red”.
o Servicio “implantación FINAC ALM”.
o Servicio “consultoría, implantación software FINAC ALM”.
o Servicio “mantenimiento software FINAC ALM”.
o Servicios “mantenimiento FINAC FRONT y FINAC
PORTAFOLIOS”.
o Servicios “soluciones de problemas de conexión y actualización
de la base VAR, generación de reportes de transmisión”32.

LÍNEA SAAP33

o Servicio “mantenimiento programa SAAP”
o Servicio “mantenimiento SAAP”.
o Servicio “soporte y mantenimiento programa SAAP”.

LÍNEA SARC34

o Servicios “mantenimiento y soporte del modelo de desarrollo
para la estimación de pérdidas SARC”.
o Servicio “soporte, mantenimiento y actualización de la licencia
de derecho de uso del módulo de valorización proceso interfaz” .
o Servicios “asesoría de los modelos SARC Hipotecario, comercial
BAPS”.

LÍNEA ORION35

o Servicio “soporte técnico y mantenimiento del sistema de
información ORION”.

32 Folio 44 y 58 C pp.
33 Folios 19 a 21, 23, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 47, 53, 59, 60, 62, 67, 68, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 89, 92,

93, 99, 112, 119, 121, 126, 132, 133, 136, 188, 189 C pp. y 206 C 2.
34 Folios 61 y 95 C pp.
35 Folios 109, 110, 162, 180 C pp.

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APLICATIVOS36

o Entrega de “aplicativo y finiquito de la fase 3”.
o Servicio “soporte y mantenimiento de los aplicativos FINAC SKI”.

ARRENDAMIENTOS37

o Servicios “arrendamiento programa FINAC VAR”.
o Servicios “arrendamiento software FINAC VAR”.
o Servicios “arrendamiento software FINAC ALM”.
o Servicios “arrendamiento SAAP”.
o Servicios “arrendamiento software SAAP”.
o Servicios “arrendamiento programa SAAP”.
o Servicios “arriendo módulo administrativo PORTAFOLIOS”.
o Servicios “arrendamiento aplicativo FINAC PORTAFOLIO”.

OTROS38

o Servicios “mantenimiento sistema de información de
garantías”39.
o Servicios “soluciones de problemas de conexión y actualización
de la base, reparación de reporte de transición”40.
o Servicios “asesoría de los sistemas SAAC hipotecario y
comercial BAPS.”41

− Copias auténticas de la orden de publicación DOC 2393852 de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P de 18 de junio de 2004, 23 de mayo
de 2006, 26 de marzo de 2008, 17 de febrero de 2009 y 4 de octubre de 201042.

− Copia simple del documento “E-FINAC STRAIGHT THROUGH PROCESSING”
dentro del que aparecen servicios ofrecidos por la demandante43.

− Copia de soporte de “FINAC” en la Dirección Nacional de Derechos de Autor44.

− Impresión del enlace http://www.sic.gov.co/es/web/guest/delegatura-parala-
propiedad-industriall en el que aparecen publicaciones de productos y
servicios45.

36 Folio 71 C pp.
37 Folios 66, 100 y 108 C pp.
38 Folio 160 C pp.
39 Folio 160 C pp.
40 Folios 44 y 58 C pp.
41 Folio 95 C pp.
42 Folios 237 a 243 C 2.
43 Folios 246 a 252 C 2.
44 Folios 292 a 317 Anexo.
45 Folios 45 a 66 Anexo.

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68. En primer lugar, la Sala advierte que las pruebas anteriores al 9 de noviembre de
2007 carecen de relevancia para el presente análisis, toda vez que se encuentran por
fuera de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación por
falta de uso. En ese sentido, no se analizará la información relacionada con las ventas
realizadas en el año 2005 certificadas por el revisor fiscal, así como tampoco las
facturas relacionadas en el año 2006.

69. Ahora bien, en relación con la certificación expedida por el revisor fiscal de la
sociedad demandante el 5 de octubre de 2010, se observa que la misma indica que
se registraron ventas por valor de $13.000.272.726 pesos correspondientes a “[…]
productos y servicios identificados con las marcas FINAC […]”, sin diferenciar cuáles
ventas corresponde específicamente a la prestación de servicios y cuáles a la
comercialización de productos, por tanto no permite establecer con certeza que los
valores certificados provengan de la explotación de servicios analizados en el sub
examine.

70. Así lo pusieron de presente tanto la SIC como el tercero con interés en el resultado
del proceso, al estimar que el certificado expedido por el revisor fiscal de la
demandante, si bien certifica el ingreso en ventas por la parte demandante, el mismo
no identifica que sean por resultado de ventas de servicios de la clase 36, toda vez
que señala que es por venta de diferentes tipos de productos y servicios identificados
en diferentes marcas “FINAC”.

71. Aunado a lo anterior, la certificación hace referencia de manera genérica a las “[…]
marcas FINAC […]”, lo que permite observar la existencia de varios signos distintivos
identificados con dicha denominación, sin individualizar cuál de ellos generó los
ingresos reportados, razón por la cual dicha certificación no permite determinar si las
ventas corresponden precisamente a la marca cuyo uso se discute en el presente
proceso.

72. Nótese, entonces, que la certificación, por sí sola, no resulta suficiente para
acreditar el uso real y efectivo de la marca respecto de los servicios protegidos por el
registro en la clase 36, en tanto no discrimina los ingresos por actividad económica ni
permite observar su correspondencia con los servicios amparados por dicho registro.

73. De otra parte, la Sala advierte que las pruebas relacionadas con las facturas de los
años 2007 a 2010, hacen referencia de manera diferente a “[…] programa […]”, “[…]
software […]”, “[…] sistemas de información […]”, “[…] soporte lógico […]”, “[…]
aplicativos […]” y “[.:.] bases de datos […]”, los cuales, si bien para el consumidor
podrían ser tomados como equivalentes, desde una perspectiva técnica no tienen el
mismo alcance.

74. Ciertamente, la expresión programa atiende al “[…] conjunto unitario de
instrucciones que permite a una computadora realizar funciones diversas, como el
tratamiento de textos, el diseño de gráficos, la resolución de problemas matemáticos,

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el manejo de bancos de datos, etc. […]”46. El término software hace referencia al “[…]
conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas
en una computadora […]”47. Soporte lógico se define como “[…] conjunto de
programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una
computadora u otro dispositivo electrónico […]”48. Sistemas de información alude a un
instrumento integral compuesto por un conjunto de elementos que interactúan entre
sí, como son procesos, bases de datos e infraestructura tecnológica, con el fin de
reunir, procesar, almacenar y entregar información49. Y, bases de datos hace alusión
al conjunto organizado de información estructurada y digital, almacenada
sistemáticamente para permitir su compilación, procesamiento y análisis50.

75. Ahora, la expresión aplicativos se refiere a “[…] un programa o software diseñado
para realizar una función específica en un dispositivo. Puede ser un software para
computadoras, teléfonos móviles o cualquier otro sistema informático […]”51.

76. En consecuencia, si bien las expresiones anteriormente referidas se encuentran
relacionadas con el ámbito tecnológico e informático, no resultan necesariamente
equivalentes entre sí, por lo que la Sala valorará cada una de ellas atendiendo al
contexto en que fueron empleadas en las facturas y demás pruebas obrantes en el
expediente.

77. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que las facturas correspondientes
a los años 2007 a 2010 hacen referencia a servicios de soporte técnico,
mantenimiento, actualización, implantación, consultoría, asesoría y arrendamiento
relacionados con softwares, programas, sistemas de información y aplicativos
identificados con la denominación “FINAC”.

78. Asimismo, dichas facturas mencionan módulos básicos, gerenciales,
administrativos, contables, de seguridad y de red, así como actividades relacionadas
con bases de datos y la generación o reparación de reportes de transmisión. De igual
manera, dichas pruebas están asociadas a programas denominados SAAP, módulos
de valorización, modelos SARC, sistemas de información ORION, sistemas de
información de garantías y sistemas SAAC hipotecario y comercial BAPS.

79. Nótese que los conceptos que se extraen de las facturas corresponden a
actividades de soporte técnico, mantenimiento, actualización, implantación,
consultoría, asesoría y arrendamiento relacionadas con softwares, programas,
sistemas de información, aplicativos, bases de datos y módulos.

46 https://dle.rae.es/programa?m=form. Consulta realizada el 11 de junio de 2026.
47 https://dle.rae.es/software. Consulta realizada el 11 de junio de 2026.
48 https://dle.rae.es/soporte?m=form#FJzyuy1. Consulta realizada el 11 de junio de 2026.
49Gestión De Sistemas Información Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2023.
Consulta realizada el 11 de junio de 2026. chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-
237662_recurso_1.pdf
50 Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de datos. Julio 2022. Consulta realizada el 11 de junio de

2026. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-
179118_recurso_5.pdf
51 https://msmk.university/que-es-una-aplicacion/. Consulta realizada el 12 de junio de 2026.

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80. En esa medida, las pruebas acreditan comercialización de productos que recaen
directamente sobre herramientas y componentes tecnológicos o sobre su
funcionamiento, operación y mantenimiento. Por consiguiente, le asiste razón a la
autoridad administrativa y al tercero con interés en el resultado del proceso al
considerar que tales documentos no demuestran, por sí solos, el uso real, efectivo y
constante de la marca “FINAC” respecto de los servicios para los cuales fue registrada
en la clase 36, esto es, servicios de asesoría en las áreas financieras, actuaria y
sistemas de información, mercadeo e investigación de operaciones.

81. Lo anterior, por cuanto una cosa es acreditar la comercialización, mantenimiento o
explotación de herramientas tecnológicas y otra distinta demostrar la prestación de los
servicios específicos amparados por el registro marcario.

82. Ciertamente, los primeros tienen por objeto la implementación, mantenimiento,
actualización, soporte o utilización de herramientas tecnológicas y los segundos tienen
por finalidad suministrar conocimiento especializado, recomendaciones y análisis
profesionales en las materias respecto de las cuales se presta la asesoría.

83. El diccionario de la lengua española define “[…] asesoría […]” como el “[…] oficio
de asesor […]”52, esto es, “[…] que atiende consultas y asesora sobre una materia
específica, sobre todo de forma profesional […]”53.

84. Así, los servicios de asesoría en las áreas financieras, actuaria, de sistemas de
información, mercadeo e investigación de operaciones implican la prestación de
conocimientos especializados y orientación profesional en dichas materias.

85. Como se precisó líneas atrás, de acuerdo con la nota explicativa de la clase 36 esta
se encuentra asociada a actividades de carácter financiero, bancario, monetario, de
seguros y de bienes inmuebles, dentro de las cuales se incluyen, entre otras, servicios
de pago y transacciones financieras, operaciones de cambio, transferencias
electrónicas de fondos, procesamiento de pagos mediante tarjetas de crédito o débito
y patrocinio financiero.

86. La Sala destaca que la parte demandante sostuvo que los programas de
computador identificados con la marca “FINAC” constituían herramientas destinadas
a la “asistencia financiera”, razón por la cual las actividades de soporte técnico,
mantenimiento, actualización, implantación, consultoría y arrendamiento de dichos
programas acreditaban el uso de la marca respecto de los servicios registrados.

87. Sobre el particular, se considera que aun cuando tales actividades puedan
encontrarse vinculadas con el ámbito financiero, las pruebas allegadas al expediente
no permiten establecer que correspondan a la prestación de servicios de asesoría en
las áreas financieras, actuaria y sistemas de información, mercadeo e investigación
de operaciones amparados por el registro marcario.

52 https://dle.rae.es/asesor%C3%ADa. Consulta realizada el 11 de junio de 2026.
53 https://dle.rae.es/consultor. Consulta realizada el 11 de junio de 2026.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

88. El Diccionario de la lengua54 define “[…] asistencia […]” como la “[…] Acción de
estar o hallarse presente […], “[…] Sin.: presencia, concurrencia, estancia, asiduidad
[…]”, “[…] f. Conjunto de personas que están presentes en un acto […]” o “[…] f.
Acción de prestar socorro, favor o ayuda […]”.

89. La circunstancia de que un programa de computador sea utilizado como
herramienta de apoyo o asistencia en actividades financieras no permite concluir, por
sí sola, que los servicios asociados a su mantenimiento, actualización, implantación o
explotación comercial constituyan servicios de asesoría profesional en las
plurimencionadas materias.

90. La propia sociedad demandante señaló en el concepto de violación que, conforme
a su objeto social, realiza la actividad de “[…] desarrollo y la comercialización de
programas de computador (software); la realización de estudios y prestación de
servicios de asesoría en las áreas de finanzas, actuaria, sistemas de información
mercadeo e investigación de operaciones […]”.

91. Como se observa, la parte demandante diferencia entre el desarrollo y
comercialización de software y programas y la realización de estudios o la prestación
de servicios de asesoría en áreas de finanzas, actuaria, sistemas de información,
mercadeo e investigación de operaciones, lo que evidencia que se trata de actividades
conceptualmente diferenciables.

92. La diferencia fundamental radica en que los servicios de la clase 36 se dirigen a la
prestación de asesoría profesional y estratégica en el ámbito financiero, actuaria y
sistemas de información, mercadeo e investigación de operaciones, y los servicios
acreditados por la parte demandante se encuentran relacionados con la
implementación, operación, actualización, mantenimiento y explotación de
herramientas informáticas.

93. Conforme con lo anterior, si bien la parte demandante sostuvo que presta servicios
de asesoramiento a través de las herramientas tecnológicas identificadas con la marca
“FINAC”, como lo señaló en el recurso de apelación presentado en sede administrativa
en contra de la Resolución 1746155, la Sala considera que las pruebas aportadas
únicamente demuestra actividades de servicio de asistencia en soporte técnico,
mantenimiento, actualización, implantación, consultoría, asesoría, actualización y
arrendamientos de softwares, programas, sistemas de información, aplicativos,
módulos, base de datos y módulos.

94. Ciertamente, lo que demuestran las facturas es que, la parte demandante instaló,
actualizó, arrendó o dio soporte y mantenimiento a dichas herramientas y no que
emitiera recomendaciones o informes profesionales, así como tampoco análisis

54 https://dle.rae.es/asistencia. Consulta realizada el 16 de junio de 2026.
55 Señaló “[…] las pruebas aportadas demuestran claramente que la marca FINAC es utilizada precisamente para

lo que fue registrada, […] que es el del desarrollo y asesoría en temas financieros, […] precisamente, entre otras
cosas en el desarrollo de programas, soportes, etc. […]”.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

especializados al cliente en aspectos bancarios o transacciones financieras, por lo que
los medios probatorios no son pertinentes ni conducentes para demostrar el uso real,
efectivo y continuo de los servicios amparados en la clase 36 del nomenclátor
internacional.

95. Llama la atención de la Sala que la propia demandante sostuvo en sede
administrativa que su actividad comprendía servicios de consultoría actuarial y
financiera dirigidos a instituciones de crédito, compañías de seguros, entidades
gubernamentales y empresas del sector real, así como gestión de riesgos, valoración
de portafolios, cálculo de requerimientos de reserva de capital, proyección de
resultados financieros y capacitación en gestión de riesgos financieros y actuariales,
pero las facturas no muestran la prestación de esos servicios especializados.

96. Se reitera que a pesar de que las herramientas o componentes tecnológicos
puedan ser utilizados como apoyo para el desarrollo de actividades financieras o
actuariales, las pruebas allegadas no acreditan asesoramiento en servicios de
consultoría, gestión de riesgos, valoración de portafolios, proyección de resultados
financieros o capacitación que afirmó desarrollar la parte demandante.

97. La Sala pone de presente que, si bien la demandante hizo referencia a diversos
programas, sistemas y aplicativos identificados con las denominaciones Finac Back
Office, Finac Plataforma, Finac Alm, Finac Var, Finac Front, Finac Interfaces, Finac
Portafolios, Finac Ski, Saap, Orion, Sistema de Información de Garantías, SAAC
Hipotecario, SAAC Comercial BAPS, Modelos SARC y Módulo de Valorización,
también lo es que no aportó documentos o soportes que permitieran establecer su
contenido, funcionalidad, alcance o la forma en que tales herramientas se
relacionaban con los servicios de asesoría en materia objeto de análisis.

98. Cabe advertir que la copia simple del documento “E-FINAC STRAIGHT THROUGH
PROCESSING”, tan solo hace referencia a las plataformas denominadas Front,
Middle y Back Office, esto es, a las herramientas tecnológicas, lo cual no demuestra
demuestran un uso, real y constante de la marca “FINAC” con los servicios de la clase
36. Además, el signo que identifica dicho documento es diferente al analizado, toda
vez que está acompañado de la letra “E” y un guion “ – “. Finalmente, no indica la
fecha en que fue consultado, por lo que no es posible determinar si corresponde al
período relevante para acreditar el uso de la marca y los registros se refieren al año
2010.

99. Por su parte, de la revisión de la página web de la sociedad, esto es,
www.FINAC.com56, citada tanto en los actos acusados como en la contestación de la
demanda, únicamente se observa la existencia de productos identificados como e-
Finac, Finac Alm, Finac Alm+Rtilb, Finac Gerencial, Finac Fx y Finac Auditor, de la
cual se observa lo siguiente:

56 https://www.finac.com/. Consulta realizada el 16 de junio de 2026.

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] e-Finac. Adopte las mejores prácticas y los estándares más altos de
gestión y control de riesgos en el manejo de portafolios y negociación, de
activos financieros. […]”

“[…] Finac ALM. Identifique, cuantifique, monitoree e informe oportunamente la
exposición de la entidad, al riesgo de mercado y liquidez. […]”.

“[…] Finac ALM+. Tome decisiones activas que sean óptimas desde el punto
de vista de la rentabilidad, gestión de riesgos y cumplimiento normativo del
riesgo de tasa de interés del libro bancario RTILB […]”

“[…] Finac Gerencial. Controle en línea el desempeño, los riesgos y límites de
sus negocios dando cumplimiento a las políticas de la entidad […]”.

“[…] Finac FX. Obtenga los mejores resultados en sus negocios de manejo de
posición y distribución de divisas. […]”.

“[…] Finac Auditor. Tenga la seguridad de que sus resultados se presentan en
forma precisa y sin errores. […]”.

100. Nótese que las descripciones de los productos E-Finac, Finac Alm, Finac
Alm+Rtilb, Finac Gerencial, Finac Fx y Finac Auditor tienen como finalidad permitir a
sus usuarios de estas adoptar mejores prácticas de gestión, identificar, cuantificar y
monitorear riesgos, controlar el desempeño de negocios, apoyar la toma de
decisiones, generar reportes y obtener mejores resultados operativos y financieros.

101. En este sentido, tales productos constituyen herramientas o soluciones
tecnológicas destinadas a asistir a sus usuarios en el desarrollo de actividades
financieras, actuariales y de gestión, pero no permiten concluir la existencia de la
prestación directa de servicios de asesoría profesional por parte de la demandante,
sino la comercialización de productos informáticos diseñados para apoyar o asistir a
la ejecución de dichas actividades.

102. A la misma conclusión se llega de la revisión de la información contenida de la
impresión del enlace http://www.sic.gov.co/es/web/guest/delegatura-parala-
57
propiedad-industriall , en el que se publicitan productos como Finac-Portafolio, Finac-
Var, Finac-Crédito, Finac-Divisas y Finac-ALM, descritos como sistemas para la
administración de portafolios, la medición de riesgos financieros, la gestión del crédito
hipotecario, la negociación de divisas y la gestión del riesgo de liquidez, por cuanto
evidencian la comercialización de herramientas tecnológicas orientadas al sector
financiero, mas no la prestación efectiva de los servicios de asesoría amparados por
el registro marcario.

103. Lo anterior explicaría tanto la distinción que el propio demandante hizo al describir
su objeto social entre el desarrollo y comercialización de programas y software de
computador, y la realización de estudios o la prestación de servicios de asesoría en
las áreas de finanzas, actuaria, sistemas de información, mercadeo e investigación de

57 Folios 45 y 66 C anexo.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00082-00
Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

operaciones, como la falta de precisión de las facturas entre productos y servicios
advertida con antelación.

104. En lo relacionado con las órdenes de publicaciones en páginas amarillas y
blancas, se advierte que las mismas hacen referencia a la intención de prestar el
servicio de “asesorías financieras”, pero no basta con la intención dado que debe
demostrarse que los servicios se encuentran disponibles en el comercio en la cantidad
y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de estos, esto es, que
sean acordes con su naturaleza y se identifiquen en la clase registrada en la marca,
servicios financieros.

105. Sobre los soportes de la Dirección Nacional de Derechos de Autor referidos a los
registros de programas Finac – Back Office, Finac – Alm, Finac- Front, Finac –
Plataforma y Finac – Var, la Sala considera que ello demostraría la existencia y
titularidad de los derechos de autor sobre los programas de computador, mas no su
explotación comercial ni la prestación de los servicios que pretende amparar.

106. La Sala advierte que, de acuerdo con los artículos 165 y 166 de la Decisión 486,
el objeto de la solicitud de cancelación del registro de una marca se limita identificar
el uso real, efectivo y constante de los productos o servicios que identifica dicho
registro y no, como lo sostiene la demandante, si tiene conexidad con otro tipo de
productos o servicios que no fueron registrados.

107. A pesar de que la parte demandante sostuvo que las actividades de desarrollo,
comercialización, soporte, mantenimiento, actualización, implantación y
arrendamiento de programas de computador permitían acreditar el uso de la marca
para los servicios comprendidos en la clase 36. Lo cierto que la sola relación funcional
o económica que pueda existir entre dichas actividades y los servicios amparados por
el registro no lo releva de demostrar el uso efectivo de la marca respecto de estos
últimos.

108. Distinto es el anáialis de la hipótesis prevista en el inciso 3º del artículo 165 de la
Decisión 486, según el cual, cuando la falta de uso únicamente afecte a uno o algunos
de los productos o servicios comprendidos en el registro, procede la reducción o
limitación de la cobertura marcaria, para lo cual la autoridad debe tomar en
consideración la identidad o similitud de los productos o servicios involucrados. Sin
embargo, dicha circunstancia no se presenta en el sub examine.

109. Aunado a lo anterior, se observa que lo que realmente se acreditó en el expediente
corresponde principalmente a programas de computador, softwares, plataformas y
sistemas de información productos a los cuales se refiere la clase 9ª del nomenclátor
de la Clasificación Internacional de Niza o, en todo caso, podrían estar relacionados
con los servicios de la clase 42 relativos a servicios de naturaleza tecnológica
relacionados con el diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte de
programas de computador y sistemas de información.

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Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

110. De acuerdo con la nota explicativa de esta última clase estos comprende
principalmente “[…] servicios prestados por personas en relación con aspectos
teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: […]
la programación informática […]” los cuales comprende “[…] servicios de ingenieros
[…] encargados de efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes
en los ámbitos científico y tecnológico, incluidos los servicios de consultoría
tecnológica […] servicios tecnológicos e informáticos sobre la seguridad de los
datos informáticos y la información personal y financiera, así como la detección
del acceso no autorizado a datos e información, por ejemplo: los servicios de
protección antivirus (informática), los servicios de cifrado de datos, la vigilancia
electrónica de información de identificación personal para detectar la usurpación de
identidad por internet […] el software como servicio (SaaS), la plataforma como
servicio (PaaS) […] el diseño de software y de sistemas informáticos […]” (negrilla
fuera de texto).

111. En conclusión, la Sala considera que no se desconocieron los artículos 165, 166
y 167 de la Decisión 486 de 2000 y tampoco lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política, toda vez que los medios probatorios obrantes en el plenario no
permiten acreditar el uso real, efectivo y constante de la marca respecto de los
servicios de asesoría en las áreas financieras, actuaria y sistemas de información,
mercadeo e investigación de operaciones amparados por el registro en la clase 36, en
tanto que de los mismos lo que se encuentra es la comercialización y el soporte de
soluciones tecnológicas y sistemas informáticos, actividades distintas de los servicios
para los cuales fue concedido el registro marcario, razón por la cual el cargo de nulidad
no está llamado a prosperar.

Violación del artículo 29 de la Constitución Política por el presunto impedimento
del funcionario que expidió la Resolución 64096 de 29 de octubre de 2012

112. La parte demandante alegó que se le desconoció su derecho del debido proceso,
por cuanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC estaba
impedido para expedir la Resolución 64096, toda vez que fue miembro asociado de la
firma de abogados Olarte Raisbeck que representa al tercero con interés en el
resultado del proceso.

113. Esta Sección, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23
de junio de 202358, consideró que:

“[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un
proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe
acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a
los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si
bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento
de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de

58 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de junio de 2023.

Rad.: 2013-00155-00. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto
debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas
con los derechos fundamentales de los asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló
ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso
administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de
garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello
extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la
administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la
administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las
peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con
ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar.

Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse
conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el
debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra
forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en
debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente. Por
tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus
resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede
violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución. […]

En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte
ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras:
i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el
trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la
autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de
cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten
dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a
ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas
y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se
resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a
xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del
debido proceso […]” (negrilla fuera del texto).

114. Por su parte, los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 regulan las causales de
impedimento y recusación de los servidores públicos que adelantan actuaciones
administrativas y en las cuales se precisa que cuando el interés general propio de la
función pública entra en conflicto con un interés particular y directo del funcionario,
este deberá declararse impedido y abstenerse de conocer del asunto.

115. Entre las causales previstas por el legislador se encuentran, entre otras, la
existencia de vínculos de representación, apoderamiento o asociación con alguno de
los interesados en la actuación, la existencia de litigios o controversias con estos o la
participación dentro del año anterior como asesor director, miembro de sociedades o
asociación interesados con el asunto objeto de definición.

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

116. Asimismo, dicha codificación establece que el impedimento debe ser puesto en
conocimiento de la autoridad competente mediante escrito motivado para que esta
decida sobre su procedencia y que, cualquier interesado, puede formular recusación,
caso en el cual el funcionario deberá manifestar si acepta o no la causal invocada,
siguiéndose el procedimiento legalmente previsto para su resolución.

117. En el sub examine, la Sala observa que, de acuerdo con las pruebas allegadas, la
sociedad Infosys Technologies Limited. fue representada durante el proceso de
cancelación por el abogado Ian Raisbeck59 y no por el señor José Luis Londoño
Fernández, así como tampoco por la firma Olarte Raisbeck. Cabe resaltar que en el
poder allegado al proceso se hace referencia a los abogados Carlos Olarte, Juan
Guillermo Moure y Natalia Castro60.

118. Ahora, también se encuentra que si bien el señor José Luis Londoño Fernández
fue abogado asociado de la firma de abogados Olarte Raisbeck entre los años 2004
a 200761, también lo es que tomó posesión como Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la SIC hasta el 1° de octubre de 201062.

119. En vista de lo anterior, la Sala considera que no se configuró causal de
impedimento pues, además de haber trascurrieron 5 años entre el momento en que el
señor José Luis Londoño Fernández fue abogado asociado de la firma Olarte
Raisbeck y la expedición del acto demandado, tampoco se demostró que tuviera algún
interés particular y directo sobre el asunto, ni la existencia de circunstancias que
comprometieran su imparcialidad o independencia.

120. En consecuencia, no obra en el expediente prueba alguna que permita acreditar
que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial estuviera incurso en
una causal de impedimento ni que el demandante hubiera promovido oportunamente
una recusación conforme al procedimiento previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley
1437, por lo que la actuación administrativa y la decisión adoptada se ajustaron a las
normas aplicables en materia marcaria y a las garantías del debido proceso, razón por
la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.

IV.5. Conclusión

121. En suma, la Sala considera que la decisión de la Superintendencia de Industria y
Comercio – SIC contenida Resoluciones 17461 de 26 de marzo de 2012 y 64096 de
29 de octubre de 2012, por medio de las cuales se canceló por no uso el registro de
la marca mixta “FINAC” que identificaba servicios comprendidos en la clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la sociedad Finanzas y Actuaria
Finac S.A.S., se encuentran ajustadas a los regulado en los artículos 165, 166 y 167,

59 Folio 25 Anexo.
60 Folio 26 Anexo.
61 Folio 368 C 2.
62 Folio 266 C 2.

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Demandante: Finanzas y Actuaria Finac S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política.

122. Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen
causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de
la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012,
aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las
anotaciones de rigor en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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