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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00084-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00084-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR, de oficio, PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. En consecuencia, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia de 18 de septiembre de 2014, proferida por la Sección Primera en el proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00092-00, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00084-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00084-00
Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS

TESIS: SE DECLARA PROBADA, DE OFICIO, LA EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA, POR CUANTO LA SECCIÓN PRIMERA, MEDIANTE
SENTENCIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, YA SE PRONUNCIÓ
SOBRE LA LEGALIDAD DEL ARTÍCULO 44 DEL DECRETO 171 DE 2001,
RELATIVO A LA CONFIGURACIÓN DEL ABANDONO DE RUTAS POR LA
DISMINUCIÓN INJUSTIFICADA DEL SERVICIO AUTORIZADO EN MÁS
DE UN 50% Y A LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE DICHA
CONDUCTA. EN ESA OPORTUNIDAD SE CONCLUYÓ QUE EL GOBIERNO
NACIONAL NO EXCEDIÓ EL EJERCICIO DE LA POTESTAD
REGLAMENTARIA NI DESCONOCIÓ EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL
PRECISAR UNA CAUSAL PREVISTA DE MANERA GENERAL EN EL
ARTÍCULO 48 DE LA LEY 336 DE 1996. COMO EN EL PRESENTE
PROCESO SE CUESTIONA EL MISMO CONTENIDO NORMATIVO, POR
LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LAS MISMAS DISPOSICIONES
SUPERIORES Y CON FUNDAMENTO EN IDÉNTICO CARGO DE EXCESO
DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA LA SALA DEBE ESTARSE A LO
RESUELTO EN LA REFERIDA PROVIDENCIA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor

Jorge Ignacio Ortiz Burgos, quien actúa en nombre propio,

tendiente a que se declare la nulidad parcial del artículo 44 del Decreto

171 de 5 de febrero de 2001, “por el cual se reglamenta el Servicio

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00084-00
Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS

Público de Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera”,

expedido por el Gobierno nacional1.

I.- LA DEMANDA

I.1. El señor Jorge Ignacio Ortíz Burgos, actuando en nombre

propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta

Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] Demando la nulidad parcial del artículo 44 del decreto 171 de
2001 por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera", expedido por el
Presidente de la República, en cuanto reglamenta “que se considera
abandonada una ruta cuando se disminuye injustificadamente el
servicio autorizado en más de un 50% […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

Indicó que el presidente de la República, en ejercicio de la facultad

prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

expidió el Decreto 171 de 2001, mediante el cual reglamentó el servicio

público de transporte terrestre automotor de pasajeros, de

1
Conformado por el presidente de la República y el ministro de Transporte.

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Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS

conformidad con lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996,

así como en el Código de Comercio.

Señaló que, a través del artículo 44 del Decreto 171 de 2001, se tipificó

la conducta denominada «abandono de rutas»; no obstante, los

artículos 45 a 49 de la Ley 336 de 1996, que establecen el régimen

sancionatorio en materia de transporte público, no prevén dicha

conducta.

Manifestó que corresponde de manera exclusiva al legislador

establecer las conductas constitutivas de infracción y las sanciones

aplicables a sus autores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de

la Constitución Política.

I.3- Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora sostuvo que la disposición demandada transgredió los

artículos 6.º, 29, 113, 114, 121, 122, inciso primero, 150, numerales

1.º y 23, 189, numeral 11, y 365 de la Constitución Política, así como

el artículo 48 de la Ley 336 de 1996.

Afirmó que el Gobierno nacional excedió el ejercicio de la potestad

reglamentaria al establecer una sanción no prevista en la ley para los

casos en que una ruta se considera abandonada por la disminución

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injustificada de más del 50 % del servicio autorizado. Explicó que, en

tales eventos, el artículo demandado dispone la revocatoria del

permiso y la reducción de la capacidad transportadora autorizada por

el Ministerio de Transporte.

Adujo que, en materia de transporte, la potestad reglamentaria no

comprende la facultad de tipificar conductas ni de establecer sanciones,

toda vez que dicha competencia corresponde exclusivamente al

legislador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.º, 29 y

150, numerales 1 y 23, de la Constitución Política.

Señaló que la potestad sancionatoria se encuentra regida por el

principio de legalidad, razón por la cual toda sanción administrativa

exige que tanto la conducta reprochada como la consecuencia

sancionatoria se encuentren previstas en una ley preexistente.

Manifestó que el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 estableció de

manera expresa los eventos en los cuales procede la cancelación de las

licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación de las

empresas de transporte, sin incluir aquel consistente en la disminución

injustificada de más del 50 % del servicio autorizado. A partir de ello,

concluyó que el Gobierno nacional creó una modalidad sancionatoria

no prevista por el legislador.

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Indicó que existe una diferencia conceptual entre la «cesación» del

servicio, conducta prevista en la Ley 336 de 1996 como causal de

cancelación de las licencias, registros, habilitaciones o permisos de

operación de las empresas de transporte, y la «disminución» del

servicio establecida en la disposición demandada.

Finalmente, puso de presente que, conforme a lo considerado por la

Corte Constitucional en la Sentencia C-508 de 2002, la potestad

reglamentaria «se encuentra claramente restringida por la Constitución, en

primer término, y por las leyes, como normas de jerarquía superior; además, ha de

ejercerse tomando en consideración, como un todo jurídico, la propia ley que se

reglamenta, la cual fija los parámetros dentro de los que debe circunscribirse la

reglamentación que expida el Ejecutivo, no para sustituir al legislador ni para actuar

como un legislador paralelo, sino dentro de un ámbito estrictamente administrativo,

sin exceder las funciones y atribuciones que al Presidente de la República le confiere

el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política».

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1.- Admisión. Mediante proveído de 29 de mayo de 20142 se

admitió la demanda de la referencia.

2
Cfr. índice núm. 4 del expediente digital.

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II.2- Medida cautelar. Mediante escrito separado de la demanda, el

actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del decreto

acusado, petición que fue denegada mediante auto de 5 de abril de

20193, por cuanto, de un examen preliminar de la disposición acusada

se infería que fue expedida en ejercicio de las facultades de

reglamentación del Ejecutivo autorizadas por la Constitución y las

normas reglamentadas.

II.3.- Contestación

II.3.1. El Ministerio de Transporte guardó silencio.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- El actor y el Ministerio de Transporte guardaron silencio y

el Ministerio Público no rindió concepto.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

3
Visible en el índice núm. 25 del expediente digital.

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Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto

de la referencia.

III.2. El acto acusado

En el caso concreto, el señor Jorge Ignacio Ortiz Burgos solicitó la

nulidad parcial del artículo 44 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001,

disposición que establece lo siguiente:

“[…] DECRETO 171 DE 2001

(febrero 5)

por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y el
Código de Comercio.

DECRETA

[…] Artículo 44. Abandono de rutas. Se considera abandonada
una ruta cuando se disminuye injustificadamente el servicio
autorizado en más de un 50% o cuando la empresa no inicia la
prestación del servicio, una vez se encuentre ejecutoriado el acto
que adjudicó la ruta.

Cuando se compruebe que una empresa abandonó una ruta
autorizada durante treinta (30) días consecutivos, el Ministerio de
Transporte revocará el permiso, reducirá la capacidad
transportadora autorizada y procederá a la apertura de la licitación
pública correspondiente […]”.

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Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS

III.3. Cuestión previa, existencia de cosa juzgada

El artículo 189 del CPACA, en relación con la cosa juzgada, establece:

“[…] ARTÍCULO 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control
inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se
haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una
ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.

Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del
numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos
hacia el futuro y de cosa juzgada. Sin embargo, el juez podrá
disponer unos efectos diferentes […]”.

Ahora, sobre el concepto de cosa juzgada, la Sección Primera, entre

otras, en sentencia de 9 de octubre de 20254, sostuvo lo siguiente:

“[…] Como es sabido, la cosa juzgada se presenta cuando el litigio
sometido a la decisión del juez ya ha sido objeto de otra sentencia
judicial; produce efectos tanto procesales como sustanciales, por
cuanto impide un nuevo pronunciamiento en el segundo proceso,
en virtud del carácter definitivo e inmutable de la decisión. En otras
palabras, “la cosa juzgada es una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia, y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para
lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un
estado de seguridad jurídica”.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 9 de octubre
de 2025. Numero único de radicación. 110010324000-2004-00299-01; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS

Esta Corporación ha sostenido que el concepto de cosa juzgada
“[...] hace referencia al carácter imperativo e inmutable de las
decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica, de suyo, la
imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir
en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una
nueva providencia”. De modo que es posible predicar la existencia
del fenómeno de la cosa juzgada cuando llega al conocimiento de
la jurisdicción un nuevo proceso con identidad jurídica de partes,
causa y objeto y, con mayor razón, cuando el acto nuevamente
demandado ya ha sido excluido del ordenamiento jurídico por
haberse declarado su nulidad.

Como quedó visto, el artículo 175 del CCA, que regula la institución
de la cosa juzgada en los asuntos de competencia de esta
jurisdicción, dispone, en relación con los procesos de nulidad, que
la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes, en tanto que la que niegue la
nulidad pedida también producirá esos mismos efectos, pero sólo
en relación con la causa petendi juzgada5.

Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 332 del C.P.C.,
para que se configure la cosa juzgada es menester que haya
identidad de objeto, identidad de causa e identidad jurídica de
partes; sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
considerado que en demandas de nulidad este último requisito no
resulta exigible6 […]”.

En el presente asunto, corresponde a la Sala determinar la legalidad

del artículo 44 del Decreto 171 de 2001, «por el cual se reglamenta

el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de

Pasajeros por Carretera», expedido por el Gobierno nacional.

A juicio de la parte actora, la disposición acusada vulnera los artículos

6.º, 29, 113, 114, 121, 122, inciso primero, 150, numerales 1 y 23,

5
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2009, rad. 11001-
03-24-000-2204-00262-01; Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo de 2011, exp. 34396 y del 24 de
mayo de 2012, exp. 2.
6
Al respecto consultar Sección Cuarta, sentencia de 22 de abril de 2004, exp. 13274

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189, numeral 11, y 365 de la Constitución Política, así como el artículo

48 de la Ley 336 de 1996.

En sustento de lo anterior, afirmó que el Gobierno nacional excedió

el ejercicio de la potestad reglamentaria al prever la cancelación del

permiso para prestar el servicio público de transporte terrestre

automotor cuando se presente una disminución injustificada superior

al 50 % del servicio autorizado, supuesto que no fue previsto por el

legislador en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996.

Ahora bien, la Sala advierte que, dentro del proceso con radicación

núm. 11001-03-24-000-2013-00092-00, la Sección Primera conoció

de la demanda promovida por el señor Jorge Ignacio Ortiz Burgos,

encaminada a obtener la nulidad del artículo 5.º del Decreto 198 de 12

de febrero de 2013, «Por el cual se suprimen, trasladan y

reforman trámites en materia de tránsito y de transporte»,

disposición mediante la cual se modificó el artículo 44 del Decreto 171

de 2001, cuya legalidad se cuestiona en este proceso. La norma

demandada en dicho caso es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 5. Modificase el artículo 44 del Decreto 171 de 20017,
el cual quedará así:

7
Decreto 171 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
de Pasajeros por Carretera”. “Artículo 44. Abandono de rutas. Se considera abandonada una ruta cuando
se disminuye injustificadamente el servicio autorizado en más de un 50% o cuando la empresa no inicia
la prestación del servicio, una vez se encuentre ejecutoriado el acto que adjudicó la ruta. || Cuando se
compruebe que una empresa abandonó una ruta autorizada durante treinta (30) días consecutivos, el

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Artículo 44. Abandono de rutas. Se considera abandonada una ruta
cuando se disminuye injustificadamente el servicio
autorizado en más de un 50% o cuando la empresa no inicia la
prestación del servicio, una vez se encuentre ejecutoriado el acto
que adjudicó la ruta.

Cuando se compruebe que una empresa abandonó una ruta
autorizada durante treinta (30) días consecutivos, el Ministerio de
Transporte revocará el permiso, reducirá la capacidad
transportadora autorizada y procederá a la apertura del concurso
correspondiente […]”. Destacado de la Sala.

En el referido asunto, la parte demandante sostuvo que la disposición

allí acusada vulneraba los artículos 6.º, 29, 113, 114, 121, 122, inciso

primero, 150, numerales 1 y 23, 189, numeral 11, y 365 de la

Constitución Política, así como el artículo 48 de la Ley 336 de 1996,

por las mismas razones que se exponen en la presente demanda, esto

es, porque el Gobierno nacional habría excedido el ejercicio de la

potestad reglamentaria y desconocido la competencia reservada al

legislador al establecer una sanción no prevista en la ley para los

eventos en que se comprobara una disminución injustificada superior

al 50 % del servicio autorizado.

Sobre este punto, resulta relevante destacar que la modificación

introducida por el artículo 5.º del Decreto 198 de 2013 mantuvo

inalterado el contenido normativo que constituye el objeto de censura

en el presente proceso, pues conservó tanto la definición de la

Ministerio de Transporte revocará el permiso, reducirá la capacidad transportadora autorizada y procederá
a la apertura de la licitación pública correspondiente.”

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conducta denominada «abandono de rutas» como las consecuencias

jurídicas derivadas de su configuración.

Así las cosas, la Sala encuentra que entre el asunto debatido en el

expediente 11001-03-24-000-2013-00092-00 y el que ahora se

examina existe identidad de objeto, en cuanto en ambos procesos se

controvierte la legalidad del mismo contenido normativo relativo a la

configuración del abandono de rutas por la disminución injustificada

del servicio autorizado en más de un 50 % y a la procedencia de la

revocatoria del permiso correspondiente.

De igual forma, se configura identidad de causa petendi, toda vez que

en ambos casos se aduce la vulneración de los mismos preceptos

constitucionales y legales y se sostiene, como único cargo relevante,

que el Gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria al

establecer una sanción no prevista expresamente en la Ley 336 de

1996.

En consecuencia, la Sala advierte que la controversia jurídica planteada

ya fue objeto de estudio y decisión por parte de esta Corporación,

mediante sentencia de 18 de septiembre de 2014, que fue la que

puso fin al litigio contenido en el expediente 11001-03-24-000-2013-

00092-00, oportunidad en la cual la Sección Primera concluyó que la

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disposición demandada no desconocía el principio de legalidad ni

excedía la potestad reglamentaria atribuida al Gobierno nacional.

En efecto, la Sección Primera, en el referido asunto, denegó las

pretensiones de la demanda por los siguientes motivos:

“[…] (ii) En la demanda se aduce que esta conducta y la sanción
consiguiente no están consagradas en la legislación de transporte
contenida en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996. En particular,
señala el actor que en los artículos 45 a 49 de esta última ley se
estableció el régimen sancionatorio en materia de transporte y no
se incluyó en él la falta y la sanción establecidas en el decreto
acusado. En esta ley -agrega el demandante- la cancelación o
“revocatoria” de las licencias, registros, habilitaciones o permisos
de operación de las empresas de transporte no procede cuando la
autoridad competente compruebe la disminución injustificada del
servicio autorizado en más de un 50%, sino únicamente “cuando
se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los
servicios autorizados por parte de la empresa transportadora” (art.
48, literal b) de la Ley 336 de 1996), supuesto éste distinto al
introducido por el Gobierno Nacional en la norma demandada.

(ii) La Sala desestima la acusación del demandante, atendiendo a
las siguientes consideraciones:

ii.1 En efecto en la Ley 105 de 1993 que contiene disposiciones
básicas sobre transporte y en la Ley 336 de 1996 por la cual se
adopta el Estatuto Nacional de Transporte, el legislador estableció
el régimen sancionatorio en esta materia.

El artículo 9º de la Ley 105 de 1993 estableció que “las autoridades
que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por
violación a las normas reguladoras del transporte, según las
disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte”. En
este artículo se precisó quienes son sujetos de sanción y cuáles son
las sanciones aplicables, incluyéndose en estas últimas la
amonestación, las multas, la suspensión de matrículas, licencias,
registros o permisos de operación, la cancelación de matrículas,
licencias, registros o permisos de operación, la suspensión o
cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa
transportadora, y la inmovilización o retención de vehículos.

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Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS

Por su parte, en el Capítulo Noveno del Título Primero de la Ley 336
de 1996 (artículos 44 a 52) se regulan las “sanciones y
procedimientos” en materia de transporte público. En el artículo 44
de esta ley se prevé que para efectos de determinar los sujetos y
las sanciones a imponer se tendrán en cuenta los criterios que se
señalan en las normas siguientes.

En las disposiciones siguientes el legislador definió la amonestación
y estableció su forma (art. 45), señaló la graduación de las multas
aplicables y los casos en que éstas proceden (art. 46), y consagró
los eventos en que procede la suspensión de licencia, registros,
habilitaciones o permisos de operación de las empresas de
transporte, así como su duración (art. 47), así como las conductas
que dan lugar a la cancelación de las licencias, registros,
habilitaciones o permisos de operación de las empresas de
transporte (art. 48) y a la inmovilización o retención de los equipos
(art. 49).

Según se advierte, no se incluye de modo explícito la revocatoria
del permiso entre las sanciones por violación de las normas de
transporte. No obstante, es claro para la Sala que la revocatoria
del permiso es una figura que se asimila por sus efectos a la
cancelación del permiso prevista como sanción en los artículos
9º de la Ley 105 de 1993 y 48 de la Ley 336 de 1996, en tanto que
ambas tienen la misma consecuencia: impedir que su titular pueda
seguir prestando el servicio autorizado. A dicha medida se refiere
el artículo 18 de la Ley 336 de 1996 cuando prescribe que “el
permiso para prestar el servicio público de transporte es
revocable...y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo
las condiciones en él establecidas”.

De este modo, cuando en la norma reglamentaria se habla de
revocatoria del permiso debe entenderse que se refiere a la
sanción de cancelación del permiso de operación prevista
por el legislador en las normas legales antes mencionadas.
Así lo ha reconocido esta Sección en otras oportunidades en las que
se ha referido a disposiciones del Gobierno Nacional que consagran
los mismos supuestos normativos del artículo aquí demandado.

En efecto, en Sentencias de 8 de febrero de 2001 (Expediente núm.
11001-03-24-000-2000-6104-01(6104), C.P. Gabriel E. Mendoza
Martelo) y 26 de noviembre de 2009 (Expediente núm. 68001-23-
15-000-1999-00342-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso), esta
Sección se refirió a la conducta del “abandono de ruta” prevista en
los artículos 67 del Decreto 1557 de 1998 “Por el cual se
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
de pasajeros por carretera” y 46 del Decreto 1787 de 3 de 1990
“Por el cual se dicta El Estatuto Nacional de Transporte Público
Colectivo Municipal de Pasajeros y Mixto”, la cual traía aparejada

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como sanción la “revocatoria” del permiso de operación a la
empresa de transporte que incurriera en ella (en el primer decreto,
en el artículo 68, y en el segundo, en el mismo artículo 46), y
concluyó que esta sanción corresponde, por sus efectos, a la
cancelación del permiso de operación.

ii.2. Ahora bien, que la norma demandada haya establecido que la
conducta denominada “abandono de ruta” da lugar a la sanción de
“cancelación” o “revocatoria” del permiso de operación de la
empresa de transporte no es violatorio de la normativa superior
invocada en este cargo de la demanda, en particular del artículo 48
literal b) de la Ley 336 de 1996.

Es cierto que en virtud del principio de legalidad o tipicidad de
las faltas las conductas constitutivas de infracciones
administrativas y las sanciones imponibles deben estar
previamente señaladas por la ley8. No obstante, lo anterior, tal
como lo ha reconocido esta Sala9 -acogiendo reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional-, este principio
tratándose de la potestad administrativa sancionatoria
opera con menor rigor, en tanto que el legislador no tiene la
obligación constitucional de definir integral y exhaustivamente los
supuestos típicos que dan lugar al ejercicio de dicha facultad.

En efecto, conforme ha sido señalado por la jurisprudencia
constitucional, la flexibilización del principio de reserva de ley que
opera en materia de tipificación de las faltas que enmarcan el
ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa (tanto
disciplinaria como correccional10), se traduce en una modulación de
las exigencias de configuración de supuestos normativos completos
y cerrados que habitualmente pesan sobre el legislador en este
ámbito11. Con ello, al tiempo que se permite que una vez definida
por la ley una conducta reprochable (tipo sancionatorio)
pueda el reglamento precisar los aspectos puntuales de los
conceptos abiertos o genéricamente consagrados por la
legislación, se aligera la carga de descripción típica de las
conductas que comúnmente impone el principio de tipicidad de las

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 26 de
noviembre de 2009, Rad. No. 25000-23-24-000-2002-00758-01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. En
sentido análogo, de esta misma Sala de Decisión las Sentencias de 20 de mayo de 2010. Rad. 76001-23-
31-000-2005-00090-01. y 29 de julio de dos diez (2010). Rad. 11001-03-24-000-2002-00249-01, ambas
con ponencia del Consejero de Estado Rafael Ostau de Lafont Pianeta.
9
Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad. 25000 23 24 000 2008 00369 01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
10
Como ha sido destacado por la jurisprudencia constitucional, “[e]n ejercicio de la potestad administrativa
sancionadora el Estado está habilitado para imponer sanciones disciplinarias y correctivas. Las primeras
destinadas a reprimir las conductas desplegadas por los funcionarios y empleados por la violación de
deberes, obligaciones y prohibiciones; y las segundas orientadas a sancionar las infracciones cometidas
por particulares frente al desconocimiento de regulaciones, mandatos, obligaciones y limitaciones
establecidas para reglar determinadas materias”. Cfr. la sentencia C-853 de 2005 de la Corte
Constitucional.
11
Al respecto, véanse, p. ej., las sentencias C-713 de 2012, C-343 de 2006, C-853 de 2005 o C-921 de
2001 de la Corte Constitucional.

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faltas al legislador. Todo esto en aras de asegurar la buena marcha
de la Administración y posibilitar tanto el cumplimiento efectivo de
sus funciones, como el acatamiento de los deberes impuestos por
las autoridades y la normatividad en un determinado sector.

En ese escenario, “cuando la variada forma de conductas que
presenta la realidad hace imposible la descripción detallada de
comportamientos, no existe violación a este principio cuando el
legislador señala únicamente los elementos básicos para delimitar
la prohibición”12.

Además, no puede olvidarse que “respecto de actuaciones
administrativas, en ejercicio de la potestad sancionadora de la
administración -correctiva y disciplinaria-, las reglas del debido
proceso se aplican con los matices apropiados de acuerdo con los
bienes jurídicos afectados con la sanción”13.

En últimas, como ha sido señalado por la jurisprudencia
constitucional, “el principio de legalidad es más riguroso en algunos
campos, como en el derecho penal, pues en este no solo se afecta
un derecho fundamental como el de la libertad sino que además
sus mandatos se dirigen a todas las personas, mientras que en
otros derechos sancionadores, no solo no se afecta la libertad física
sino que sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se
aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial, y
por lo tanto en estos casos, se hace necesaria una mayor
flexibilidad, como sucede en el derecho disciplinario o en el
administrativo sancionador”14.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha estimado que la flexibilidad
que puede establecer el legislador en materia de derecho
administrativo sancionador es consistente con la Constitución,
siempre que esta característica no sea tan amplia que permita la
arbitrariedad de la Administración. Al respecto señaló que: “(…)
guarda coherencia con los fines constitucionales de esta actividad
sancionatoria administrativa, que las hipótesis fácticas establecidas
en la ley permitan un grado de movilidad a la administración, de
forma tal que ésta pueda cumplir eficaz y eficientemente con las
obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, debe precisarse
que la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un
carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la
administración en la imposición de las sanciones o las penas. Por
el contrario, en el derecho administrativo sancionador el principio
de legalidad exige que directamente el legislador establezca, como
mínimo, los elementos básicos de la conducta típica que será
sancionada, las remisiones normativas precisas cuando haya
12
Corte Constitucional, sentencia C-530 de 2006.
13
Corte Constitucional, sentencia C-530 de 2003.
14
Corte Constitucional, sentencia C-406 de 2004.

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previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los cuales se
pueda determinar con claridad la conducta, al igual que exige que
en la ley se establezca también la sanción que será impuesta o,
igualmente, los criterios para determinarla con claridad”.15

ii.3. En este caso, siguiendo los criterios expuestos, es claro
para la Sala que la norma reglamentaria demandada el
Gobierno Nacional no tipificó una falta administrativa
distinta a la consagrada previamente por el legislador, sino
que precisó y puntualizó un tipo administrativo descrito de
manera genérica en la ley como “injustificada cesación de
actividades o de los servicios autorizados por parte de la
empresa transportadora” (art. 48 literal b) de la Ley 336 de
1996)

En efecto, para la Sala es claro que el abandono de ruta,
entendida como la disminución injustificada del servicio
autorizado en más de un 50% o como la no iniciación de la
prestación del servicio por parte de la empresa una vez que
se encuentra ejecutoriado el acto que adjudicó la ruta, es
una conducta que encuadra perfectamente dentro de la
causal que se tipifica en la citada disposición legal y por
cuya ocurrencia procede la sanción de cancelación o
revocatoria del permiso de operación de las empresas de
transporte. Esta misma comprensión de la norma fue efectuada
la Sección en las sentencias antes citadas en estas
consideraciones16 cuando se refirió a la conducta del “abandono de
ruta” tipificada en los Decretos 1557 de 1998 y Decreto 1787 de 3
de 1990.

Por ende, contrario a lo que sostiene la parte demandante, con la
expedición del artículo 5º del Decreto 0198 de 2013 el Gobierno
Nacional no vulneró en forma alguna el principio de reserva de ley
en materia reglamentaria ni se excedió en el ejercicio de su
potestad reglamentaria […]”17.

Así las cosas, habida cuenta de que en el presente proceso se pretende

la nulidad del mismo contenido normativo previsto en el artículo 44 del

Decreto 171 de 2001, con fundamento en la presunta vulneración de

15
Sentencia C-406 de 2004.
16
Folio 18 de esta providencia.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de
septiembre de 2014. Magistrado ponente Guillermo Vargas Ayala. Expediente 11001-03-24-000-2013-
00092-00.

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las mismas disposiciones superiores y a partir del mismo cargo

consistente en el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria,

la Sala concluye que se configura el fenómeno de la cosa juzgada, en

los términos del artículo 189 del CPACA.

Por consiguiente, al haber recaído un pronunciamiento definitivo

respecto de la causa petendi propuesta, cuyos efectos son erga omnes,

procede estarse a lo resuelto en la sentencia de 18 de septiembre de

2014, proferida por la Sección Primera en el proceso núm. 11001-03-

24-000-2013-00092-00.

En ese orden de ideas, la Sala declarará, de oficio, probada la

excepción de cosa juzgada, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

III.4. Costas del proceso

Atendiendo al resultado del proceso, el medio de control que se

promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera, de

conformidad con lo previsto en el artículo 18818 del CPACA, que no hay

18
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”

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lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción exime

de esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR, de oficio, PROBADA LA EXCEPCIÓN DE

COSA JUZGADA. En consecuencia, ESTARSE a lo resuelto en la

sentencia de 18 de septiembre de 2014, proferida por la Sección

Primera en el proceso identificado con el número único de radicación

11001-03-24-000-2013-00092-00, en los términos expuestos en la

parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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