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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2013-00099-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00099-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00099-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO y, en consecuencia, separar al citado magistrado del conocimiento del medio de control de la referencia. SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00099-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Referencia. Medio de control de nulidad
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. A TRAVÉS
DEL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 2º Y DEL LITERAL B), DEL ARTÍCULO
5º, ACUSADOS, DEL DECRETO 1450 DE 3 DE JULIO DE 2012, “POR
EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO- LEY 019 DE 2012”, EL GOBIERNO
NACIONAL PODÍA EXTENDER EL ÁMBITO DE SU APLICACIÓN A LOS
PARTICULARES, -PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE TIENEN A SU
CARGO EL PAGO DE PENSIONES-, Y NO TENÍA QUE LIMITAR SU
APLICACIÓN DE MANERA EXCLUSIVA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DICHAS NORMAS DEMANDADAS SE SUBORDINARON A LO PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 21 DECRETO-LEY 019 Y EN EL PARÁGRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 75 DE LA LEY 1474, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 189, NUMERAL 11,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

El ciudadano FELIPE ORTEGA ESCOVAR, obrando en su propio

nombre y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el

artículo 137 del CPCA, presentó demanda ante esta Corporación,

tendiente a obtener la nulidad del numeral 3 del artículo 2º y del

literal b), del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1450 de 3 de

julio de 2012, “Por el cual se reglamenta el Decreto- Ley 019

de 2012”, expedido por el GOBIERNO NACIONAL.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

I.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones el actor afirmó que el parágrafo

primero del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 revistió al presidente

de la República de facultades extraordinarias para expedir normas

con fuerza de ley, orientadas a suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública.

Que, con fundamento en lo anterior, el GOBIERNO NACIONAL

expidió el Decreto Ley 019 de 10 de enero de 2012, cuyo artículo 21

estableció que la verificación de la supervivencia de las personas

únicamente se efectúa por las autoridades públicas o por los

particulares en ejercicio de funciones administrativas.

Que la aludida disposición fue reglamentada por el Decreto 1450 de

3 de julio de 2012, acusado, el cual estableció en los artículos 2°

(numeral 3) y 5° (literal b) que era aplicable a «las personas

naturales y jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con

recursos privados».

Con fundamento en lo expuesto, concluyó que las normas acusadas

del Decreto reglamentario 1450 de 2012 no podían extender su

ámbito de aplicación a los particulares, ⎯personas naturales o

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

jurídicas que tienen a su cargo el pago de pensiones⎯, porque las

normas superiores, esto es, el Decreto Ley 019 de 2012 y el

parágrafo primero del artículo 75 de la Ley 1474, aplican de manera

exclusiva a la administración pública.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. El Ministerio del Trabajo, mediante apoderado, solicitó

denegar las súplicas de la demanda.

Para tal efecto, aseveró que la finalidad tanto del Decreto-Ley 019

de 2012, como del Decreto reglamentario 1450, es garantizar a

las personas de la tercera edad la especial protección constitucional

a la que tienen derecho por parte del Estado y de la sociedad.

Destacó que antes de la expedición de la normativa indicada, los

pensionados se veían obligados a presentar de manera periódica el

certificado de supervivencia para recibir el pago de la pensión, lo cual

atentaba contra su vida, dignidad e integridad, pues implicaba

disponer de tiempo y desplazarse a sitios distantes para tramitar y

hacer entrega de la certificación.

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Señaló que en la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931 se autorizó la

creación de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones

encargadas de administrar los recursos destinados a pagar las

pensiones de los afiliados que escojan pensionarse, de acuerdo con

las condiciones en que estos fondos operan, conforme a las

disposiciones que la misma ley estableció.

Manifestó que las entidades llamadas a realizar el pago de pensiones

son las Administradoras de Régimen Solidario de Prima Media con

Prestación Definida y las Sociedades Administradoras, razón por la

cual, en principio, en Colombia el pago de pensiones no debería estar

a cargo de personas naturales o jurídicas.

Adujo que la aludida situación generó que, de manera irregular y en

claro incumplimiento de la ley, persistan personas naturales o

jurídicas que tienen a su cargo el pago de pensiones, en la medida

en que no cumplieron las obligaciones de afiliar a sus trabajadores y,

por lo tanto, deben sujetarse a los procedimientos definidos en la ley

para el pago de las pensiones, en procura de la protección de los

derechos de los pensionados.

Indicó que es por ello que en el Decreto 1450 de 2012, acusado, se

incluye dentro del ámbito de aplicación a las entidades del Sistema

1
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

de Seguridad Integral, las entidades públicas y los particulares que

ejerzan funciones administrativas relacionadas con la seguridad

social y con el subsidio familiar, como lo son las cajas de

compensación familiar y las entidades que reconocen y/o pagan

pensiones públicas.

Afirmó que a partir de las disposiciones cuestionadas del Decreto

1450 de 2012, se debe entender que dentro de los particulares que

ejercen funciones administrativas se encuentran las personas

naturales o jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones de

recursos privados y cuenten con un número igual o superior de 50

pensionados, por cuanto, aunque esta función está a cargo de los

fondos de pensiones y de las administradoras, estas personas se

abstuvieron de cumplir las normas y, por ende, es claro que al

cumplir dicha función ejercen funciones administrativas.

Alegó que atender las pretensiones de la demanda implicaría que las

personas naturales y jurídicas que tienen a su cargo el pago de

pensiones con recursos privados, además de no cumplir con la ley,

al no haber efectuado los respectivos aportes al sistema, resulten

beneficiadas al no estar obligadas a verificar la supervivencia de los

pensionados y sean estos los que deban probar su propia

supervivencia, para poder recibir el pago de su pensión,

ocasionándoles así un perjuicio.

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Sostuvo que, de conformidad con la legislación colombiana, los

particulares pueden ejercer funciones administrativas; y que,

precisamente, ello fue establecido en el Decreto-Ley 019 y su

Decreto reglamentario 1450 de 2012, acusado, asunto que también

ha sido objeto de varios pronunciamientos por la Corte Constitucional

en los que ha sostenido que es posible la atribución de funciones

administrativas a particulares (sentencia C-644 de 31 de agosto de

20112).

Expresó que la circunstancia de que se asigne a los particulares el

ejercicio de funciones públicas no modifica su estatus ni los convierte

por ese hecho en servidores públicos; sin embargo, es evidente que

el ejercicio de dichas funciones públicas implica el incremento de los

compromisos que estos adquieren con el Estado y con la sociedad,

de tal manera que los particulares a los cuales le han asignado

funciones públicas asumen responsabilidades con todas las

consecuencias que ello conlleva en materia penal, disciplinaria, fiscal

o civil.

Se refirió a los derechos que se busca proteger con las disposiciones

censuradas, entre los cuales se encuentran: la igualdad, la seguridad

social, la protección especial a la tercera edad y el pago oportuno de

la pensión.

2
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-644 de 31 de agosto de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, expediente D-8422.

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Respecto del derecho a la igualdad realizó un recuento

jurisprudencial, del cual concluyó que al incluir dentro del ámbito de

aplicación del Decreto 1450 de 2012 a las personas naturales y

jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos

privados y que cuenten con un número igual o superior a 50

pensionados, se busca mejorar la calidad de vida de los pensionados

que reciben el pago de las mesadas con recursos privados, quienes,

en virtud de lo preceptuado y al igual que los pensionados que

reciben el pago proveniente de los recursos públicos, no están

obligados a demostrar la supervivencia, pues quien tiene a cargo el

pago de la pensión es el responsable de consultar la base de datos

del Registro Civil de defunción de la Registraduría Nacional del Estado

Civil.

II.2. El Ministerio de Salud y la Protección Social, a través de

apoderado, se opuso a las pretensiones elevadas por el actor, por

cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Expresó que las normas demandadas no violan el artículo 21 del

Decreto-Ley 019, ni norma superior alguna, por las razones

consignadas en el concepto técnico emitido por la Subdirección de

Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio, que señala que dicho

decreto es una disposición normativa expedida como respuesta a la

necesidad de simplificar los requisitos y trámites que podrían dilatar

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

o dificultar los procedimientos a cargo de las personas o entidades;

que en las consideraciones de dicho Decreto-Ley se resaltan;

igualmente, los principios de eficiencia, equidad y economía, que

deben de ser cumplidos por las instituciones de la administración,

atendiendo las necesidades de los ciudadanos para garantizar la

efectividad de sus derechos.

Advirtió que el objeto del Decreto-Ley 019 es suprimir o reformar los

trámites, procedimientos y regulaciones innecesarias en la

administración pública, con el fin de facilitar las actividades de las

personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la

eficiencia, eficacia y a desarrollar los principios constitucionales que

la rigen.

Afirmó que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto-Ley 019 de

2012 no podrían entenderse excluidas las personas naturales y

jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos

privados, toda vez que el citado decreto dispone una regla general,

en cuanto establece que la verificación de la supervivencia de una

persona se hará consultando únicamente la base de datos del

Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la

prohibición de exigir certificados de la fe de vida, regla general que

aplica para todas las personas que deban ser sujetos de la

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verificación de la supervivencia, como lo son los pensionados,

indistintamente de quien sea su pagador de pensión.

Anotó que cuando la referida norma señala que el servicio es gratuito

para la autoridad pública o «el particular en ejercicio de funciones

administrativas» está refiriéndose a la gratuidad de la consulta de la

verificación de la supervivencia de una persona en la base de datos

del Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil,

situación que no permite concluir que los particulares a cargo del

pago de pensiones se encuentren excluidos de la regla general

señalada en ese artículo 21.

Observó que es esta la razón por la cual el Decreto 1450 de 2012

acusado, al establecer en su artículo 2º el ámbito de aplicación

determina que sus disposiciones son aplicables a las personas

naturales y jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con

recursos privados y cuenten con un número igual o superior a 50

pensionados.

Manifestó que, en concordancia con lo anterior, el artículo 3º del

Decreto 1450 de 2012 expresamente señala que las entidades y

personas incluidas en el ámbito de aplicación del decreto podrán

verificar la supervivencia consultando la información de la base de

datos del Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil,

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lo que implica que no es una obligación, sino una opción que el Estado

le proporciona, en aras de evitar fraudes o ilegalidades en el pago de

la pensión.

Precisó que el decreto demandado, en su artículo 5º, estableció una

graduación para la consulta, al disponer en el literal b) que las

entidades distintas de las señaladas en el literal a) podrían efectuarla

a partir del 1o. de agosto de 2012. En consecuencia, en ningún

momento se vulneran normas de jerarquía superior, por cuanto dicha

disposición se encuentra en concordancia con lo previsto en el

numeral 3 del artículo 2º del mismo decreto, el cual fija el término a

partir del cual las entidades allí mencionadas pueden realizar la

consulta en la base de datos del Registro Civil, en cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto-Ley 019.

Expresó que si bien es cierto que a partir de la entrada en vigencia

del Sistema de Seguridad General de Pensiones, el pago de las

pensiones está a cargo de las entidades del Sistema de Seguridad

Social Integral, no lo es menos que en la actualidad es posible que

aun existan personas naturales o jurídicas que tengan a su cargo el

pago de pensiones con recursos privados, razón esta por la cual el

numeral 3 del artículo 2º y el literal b) del artículo 5º del

decreto demandado incluyen a las personas naturales y jurídicas

que tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos privados,

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dentro de las autorizadas para consultar la supervivencia de una

persona.

Alegó que antes de limitar o vulnerar derechos o norma alguna, lo

que hizo el Gobierno Nacional, a través del Decreto demandado, al

reglamentar el artículo 21 del Decreto-Ley 019 de 2012, fue colocar

a todos los pagadores de la pensión y pensionados en un mismo

plano de igualdad, al disponer una herramienta mediante la cual

puedan, si lo requieren, verificar la supervivencia del destinatario del

pago; lo que es facultativo para quienes lo hacen con recursos

privados, mas no para aquellas entidades que cubren mesadas

pensionales con recursos del erario, en protección de los mismos.

II.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de

apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyendo

lo siguiente:

Señaló que no es cierto que se hayan violado normas de carácter

superior por parte del Decreto 1450 de 2012, porque la decisión

estuvo ajustada al ordenamiento y se respetó cada una de las normas

que otorgan la competencia.

Indicó que el principal fundamento del actor se sustenta en la

premisa según la cual la administración pública no estaría

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

conformada por particulares, en la medida en que únicamente la

integrarían quienes ejercen funciones públicas; no obstante, adujo

que dicha afirmación no es acertada, pues lo verdaderamente

relevante no es la naturaleza pública o privada de la entidad, sino la

determinación de las funciones que se desarrollan en cada caso

concreto.

Expresó que los particulares pueden ejercer funciones

administrativas en determinados momentos, así sea de forma

temporal, de ahí que lo trascendental para entender la situación no

está en que se trate de particulares o no, sino en las labores

desarrolladas o las funciones designadas para el caso particular.

II.4. El Departamento Administrativo de la Función Pública,

mediante apoderado, solicitó denegar las pretensiones de la

demanda, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

Señaló que las disposiciones acusadas lejos de violar el marco

establecido tanto por la Ley 1474, como por el Decreto-Ley 019 de

2012, lo que hacen es adherirse totalmente al bloque legal y

constitucional, así como desarrollar de manera armónica las políticas

de Estado en relación con la protección de los ciudadanos.

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Expresó «[…] que mal podría argumentarse que al restringirse el

campo de aplicación de las disposiciones acusadas a la

“Administración Pública, todos aquellos servicios que igualmente

pertenecen a la razón de ser del Estado y que se configuran como su

“monopolio” podrán excluirse totalmente del control de tutela por

parte del Gobierno Nacional […]».

Indicó que resulta evidente la sujeción del GOBIERNO NACIONAL

a los preceptos legales y constitucionales de orden superior, que lo

habilitan para establecer lineamientos que permitan la efectividad de

los derechos fundamentales, en este caso, frente al sector de la

población que, precisamente, ha adquirido su derecho a recibir una

pensión y que cuenta con especial respaldo constitucional.

Afirmó que en la Ley 100 se autorizó la creación de las Sociedades

Administradoras de Fondos de Pensiones, encargadas de administrar

los recursos destinados a pagar las pensiones de los afiliados, que

escojan pensionarse de acuerdo con las condiciones en que estos

fondos operan.

Sostuvo que, en principio, el reconocimiento de pensiones no debería

estar a cargo de personas jurídicas o naturales diferentes a las

señaladas; y que es, precisamente, la existencia de tales situaciones

que no se ajustan a la legislación lo que generó que, de manera

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irregular, algunas personas naturales y jurídicas de derecho privado

mantengan a su cargo el reconocimiento de pensiones, en la medida

en que no cumplieron con las obligaciones de afiliar a sus

trabajadores y, por lo tanto, deben sujetarse a los procedimientos

definidos en la ley para el pago de pensiones buscando la protección

de los derechos de sus ex trabajadores.

Anotó que es por ello que en el Decreto 1450 de 2012, demandado,

se incluyen dentro del ámbito de aplicación a las entidades del

Sistema de Seguridad Social Integral, las entidades públicas y los

particulares que ejerzan funciones administrativas relacionadas con

la seguridad social y con el subsidio familiar, como lo son las cajas

de compensación familiar y las entidades que reconocen y/o pagan

pensiones públicas.

Destacó que la finalidad del decreto cuestionado consiste en

garantizar a las personas de la tercera edad la especial protección

constitucional, a la que tienen derecho por parte del Estado y también

de la sociedad.

Alegó que a través de las normas demandadas lo que hizo el

GOBIERNO NACIONAL, en ejercicio de su facultad reglamentaria,

fue garantizar los derechos de los pensionados aplicando el principio

de igualdad, al determinar que independientemente del origen de los

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recursos con los cuales se pague la pensión, son las entidades

incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 1450 de 2012 las

que tienen que consultar en la base de datos del Registro Civil la

supervivencia del pensionado, de tal manera que no se sacrifiquen

valores y principios constitucionales, al establecer que la norma

solamente puede hacer referencia a la autoridad pública o a

particulares en ejercicio de funciones administrativas, toda vez que

el derecho a la seguridad social es un derecho público, irrenunciable

y que, por lo tanto, tiene especial protección por parte del Estado.

Precisó que las normas reprochadas no extienden a particulares

disposiciones expedidas únicamente para la administración pública,

por cuanto esos particulares se encuentran dentro del ámbito de

aplicación de la normativa de seguridad social, la cual a su vez se

constituye como uno de los ejes centrales de la política social del

Estado que exige por parte de este el diseño de una estructura básica

que establezca las instituciones encargadas de la prestación del

servicio y que determine los procedimientos bajo los cuales el mismo

debe discurrir.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, traslados

para contestación, audiencia inicial y alegaciones.

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

En la respectiva audiencia inicial celebrada el 21 de noviembre de

2016, el despacho hizo un recuento de las actuaciones surtidas,

saneó el proceso de posibles vicios que pudieran acarrear su nulidad,

decidió sobre las excepciones previas y mixtas, fijó el litigio3 y se

pronunció sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación

Administrativa4, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que

se denieguen las súplicas de la demanda, pues las normas acusadas

no están viciadas de nulidad, ya que las mismas guardan real y

efectiva concordancia con la norma que reglamenta.

Precisó que los particulares también pueden ejercer funciones

administrativas, así sea de manera temporal.

Afirmó que el Decreto-Ley 019 de 2012 tiene por objeto, conforme

lo establece su artículo 1º, “[…] suprimir o reformar los trámites,

3
El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones, consiste en determinar
si al expedir el Decreto Reglamentario núm. 1450 de 3 de julio de 2012, “por el cual se reglamenta
el Decreto-ley 019 de 2012, expedido por el Gobierno Nacional, se vulneró lo dispuesto en los
artículos 21 del Decreto-Ley 019 de 10 de enero de 2012 y el parágrafo primero del artículo 75 de la
Ley 1474 de 2012, conforme a lo expuesto por el actor a folios 214 a 215 del expediente y lo respondido
por las entidades demandadas a folios 234 a 240 (Ministerio de Trabajo), 250 a 255 (Ministerio de
Salud y Protección Social), 274 a 276 (Ministerio de Relaciones Exteriores) y 288 vuelto a 289 vuelto
(Departamento Administrativo de la Función Pública).

4
Folios 358 a 365.

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procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la

Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las

personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la

eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios

constitucionales que la rigen […]”.

Anotó que el aludido decreto es claro al señalar las entidades a las

cuales se les aplicará su contenido, pues su artículo 2º dispone que

dichos sujetos son “[…] todos los organismos y entidades de la

Administración Pública que ejerzan funciones de carácter

administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998

y a los particulares que cumplan funciones administrativas […]”.

Alegó que dentro de la prohibición prevista en el artículo 21 del

Decreto-Ley 019 de 2012 no es posible excluir a las personas

naturales y jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con

recursos privados, toda vez que la norma, de manera general y

expresa, establece que la verificación de la supervivencia de una

persona debe realizarse mediante la consulta a las bases de datos

del Registro Nacional del Estado Civil, con independencia de quién

ostente la calidad de pagador.

Indicó que se hace más evidente que las normas demandadas no

excluyen a dichos particulares, al reconocerse en el mismo artículo

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que ese servicio será gratuito para las autoridades públicas y

personas en ejercicio de funciones administrativas, función

administrativa que debe entenderse que es ejercida por las personas

naturales o jurídicas que tienen a cargo la obligación de pagar con

recursos privados la pensión de los beneficiarios de la misma, como

consecuencia de alguna de las figuras que pueden existir dentro del

sistema pensional.

Puntualizó que las normas acusadas no vulneran la normativa

superior que le sirvió de fundamento, pues, por el contrario, su

finalidad es que se respeten los derechos fundamentales por parte

de los diferentes pagadores, toda vez que al excluir del ámbito de

aplicación de dicha normativa a las personas señaladas en el numeral

3 del artículo 2º acusado del Decreto 1450 de 2012, el Estado se

expondría a una clara vulneración del derecho a la igualdad.

Resaltó que pese a que después de la promulgación de la Ley 100 se

podría afirmar que no existen otras entidades encargadas del pago

de pensiones diferentes a las Administradoras del Régimen Solidario

de Prima Media con Prestación Definida y a las Sociedades de Fondos

de Pensiones, aún cabe dicha posibilidad dentro del Sistema General

de Pensiones, siendo esto el fundamento para que el Decreto 1450

de 2012, en las disposiciones acusadas, incluya a dichos particulares

dentro de los sujetos autorizados para consultar el certificado de

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

supervivencia dentro de las bases de datos de la Registraduría

Nacional del Estado Civil.

Agregó de que en caso de no admitirse que a dichos particulares le

es aplicable el Decreto-Ley 019 de 2012 y su Decreto reglamentario

1450 de 2012 se pondría en riesgo los derechos de los pensionados

a la seguridad social, pues este derecho es público, irrenunciable,

además de que al ejercer funciones públicas las personas naturales

y jurídicas tienen el deber de garantizar y proteger los derechos de

los cuales son titulares los pensionados.

IV.2.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, el Departamento Administrativo de la Función

Pública5 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la

demanda, haciendo especial énfasis en que deben denegarse las

súplicas de la demanda, por carecer de fundamentos fácticos y

jurídicos.

IV.3.- Por su parte, el actor adujo6 que lo que se discute es si las

normas demandadas, que tienen carácter reglamentario, exceden o

no las disposiciones reglamentarias, y si se configura una ilicitud en

los medios empleados por el poder ejecutivo.

5
Folios 351 a 352.
6
Folios 353 a 355.

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Expresó que las disposiciones acusadas están dirigidas a las

autoridades públicas y a los particulares que ejercen funciones

administrativas; y que el Decreto-Ley 019 de 2012 fue expedido con

base en las facultades extraordinarias que la Ley 1474 confirió al

Presidente de la República “[…] para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en

la administración pública […]”.

Advirtió que, en consecuencia, las normas demandadas al extender

a las personas naturales y jurídicas que tienen a su cargo el pago de

pensiones con recursos privados y cuentan con un número igual o

superior a 50 pensionados, exceden los términos de la norma

reglamentada y de ahí que proceda la declaración de nulidad.

IV.4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores7 insistió en que se

despachen desfavorablemente las súplicas de la demanda, para lo

cual sostuvo que la autoridad pública que expidió el acto demandado

no incumplió norma superior alguna, por el solo hecho que reguló lo

concerniente a las personas naturales o jurídicas que tienen a su

cargo el pago de pensiones y no ostentan el atributo de ser entidades

de derecho público, pues lo cierto es que hacen parte del sistema de

seguridad social integral y conforme a este sí es viable que se les

7
Folios 366 a 370.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

aplique la prohibición de exigir el certificado de fe de vida de una

persona (supervivencia), siendo necesario reglamentar este aspecto.

IV.5.- El Ministerio del Trabajo8 también reiteró los argumentos

de la contestación de la demanda, en el sentido de que se denieguen

las súplicas de la demanda, por cuanto el decreto acusado tuvo por

objeto regular el procedimiento y competencia establecidos en los

artículos 21 y 22 del Decreto Ley 019 de 2012, para efectos de la

acreditación de la supervivencia dentro del territorio nacional y en el

exterior.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión Previa

El doctor CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO, en escrito

visible en el índice 70 del expediente digital, manifiesta que se declara

impedido para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto

intervino como Agente del Ministerio Público en la audiencia inicial

realizada el 21 de noviembre de 2016 y emitió concepto de fondo el 5

de diciembre del mismo año, por lo que considera que se encuentra

incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del

artículo 141 del CGP.

8
Folios 371 a 373.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Comoquiera que en el asunto bajo examen la demanda se radicó bajo

la vigencia del CPACA, le corresponde a esta Sala resolver el

impedimento manifestado por el señor magistrado CARLOS

FERNANDO MANTILLA NAVARRO9.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la causal de impedimento

que se invoca es la prevista en el numeral 12 del artículo 141 del

C.G.P., la cual prevé:

“[…] Causales de recusación. Son causales de
recusación las siguientes:

… 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de
actuación judicial sobre cuestiones materia del proceso, o
haber intervenido en éste como apoderado, agente
del ministerio público, perito o testigo […]”.

Revisado el expediente, se observa que el doctor CARLOS

FERNANDO MANTILLA NAVARRO fungió como Procurador

Delegado para la Conciliación Administrativa y en tal calidad intervino

en la audiencia inicial realizada el 21 de noviembre de 2016 y emitió

concepto de fondo el 5 de diciembre del mismo año, conforme consta

en el índice 64 del expediente digital.

9
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de dicho Estatuto, el cual prevé: “[…]
Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: … 3. Cuando en un magistrado
concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito
dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la Sala, sección o subsección
resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo
cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez […]” (Negrilla fuera del texto
original).

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Por lo tanto, a juicio de la Sala, los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el magistrado CARLOS FERNANDO

MANTILLA NAVARRO, configuran la causal alegada, comoquiera

que, como quedó visto, el citado magistrado intervino en el presente

medio de control como Agente del Ministerio Público.

Por esta razón, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado

por el citado magistrado y así se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

Aclarado lo anterior, se tiene que el presente asunto se contrae a

establecer la legalidad del numeral 3 del artículo 2º y del literal

b), del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1450 de 3 de

julio de 2012, “Por el cual se reglamenta el Decreto- Ley 019

de 2012”, expedido por el Gobierno Nacional.

Las disposiciones acusadas son del siguiente tenor:

“[…] Decreto 1450 de 2012
(julio 3)
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, y en particular,
las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, y
[…]

DECRETA:

[…]

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El presente decreto
se aplicará, para efectos de verificar la supervivencia de una
persona, a las siguientes entidades y personas:

[…]

3. Las personas naturales y jurídicas que tengan a su
cargo el pago de pensiones con recursos privados y
cuenten con un número de igual o superior a cincuenta
(50) pensionados.

[…]

ARTÍCULO 5º. Gradualidad para la consulta. La consulta
de la base de datos del Registro Civil de Defunción de la
Registraduría Nacional del Estado Civil a través del Ministerio
de Salud y Protección Social se efectuará de la siguiente
manera:

[…]

b). A partir del 1º de agosto del presente año, por parte
de las entidades diferentes de las señaladas en el inciso
1º del presente artículo.

[…]” (Destacado fuera de texto).

En la demanda, el actor adujo que las normas acusadas del Decreto

Reglamentario 1450 de 2012 no podían extender su ámbito de

aplicación a los particulares, ⎯personas naturales o jurídicas que

tienen a su cargo el pago de pensiones⎯, porque las normas

superiores, esto es, el Decreto-Ley 019 de 2012 y el parágrafo

primero del artículo 75 de la Ley 1474, se aplican de manera

exclusiva a la administración pública.

Al respecto, es del caso traer a colación el considerando del Decreto

1450 de 2012, acusado, que señaló lo siguiente:

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

“[…] Decreto 1450 de 2012
(julio 3)
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, y en particular,
las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 227 de la Ley 1450 de 2011, Ley del Plan
Nacional de Desarrollo, indica en general, para el ejercicio de
las funciones públicas, las entidades públicas y los
particulares que ejerzan dichas funciones pondrán a
disposición de las demás entidades públicas, bases de
datos de acceso permanente y gratuito, con la
información que producen y administran.

Que el artículo 1º del Decreto-Ley 019 de 2012
determina que los trámites, procedimientos,
regulaciones administrativas tienen por finalidad
proteger y garantizar la efectividad de los derechos de
las personas naturales y jurídicas ante las autoridades
y facilitar las relaciones de los particulares con estas
como usuarias o destinatarios de sus servicios.

Que el artículo 21 del Decreto-Ley 019 de 2012, dispuso
que a partir del 1º de julio de 2012 no se podrán exigir
certificados de la fe de vida (supervivencia) y que su
verificación se hará consultando únicamente las bases
de datos del Registro Civil de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

Que el mismo artículo dispone que la Registraduría Nacional
del Estado Civil interoperará la base de datos del Registro Civil
de Defunción con el sistema de información del Ministerio de
Salud y Protección Social y con los que defina el Gobierno
Nacional, para que a través de ese Ministerio sea consultada
por las entidades de seguridad social que deban verificar la fe
de vida (supervivencia) de una persona.

Que el artículo 22 del Decreto- Ley 029 consagra que, en todo
caso, el connacional fuera del país deberá probar su fe de vida
(supervivencia) cada seis (6) meses, haciéndose necesario
reglamentar el procedimiento para el efecto. […]” (Destacado
fuera de texto).

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Sobre el particular, la Sala observa del texto del Decreto 1450 de

2012, acusado, específicamente, de su encabezado y su artículo 1º10,

que este fue expedido por el GOBIERNO NACIONAL para regular

el procedimiento y competencias establecidas en los artículos 21 y

22 del Decreto-Ley 019 de 2012, para efectos de la acreditación de

la supervivencia dentro del territorio nacional y la de los

connacionales en el exterior, en ejercicio de las atribución que le ha

conferido el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política.

El citado artículo 189, numeral 11, establece:

“[…] Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios
para la cumplida ejecución de las leyes […]”. (Destacado fuera
de texto.)

Frente al alcance de la potestad reglamentaria, esta Sección, en

sentencia de 6 de junio de 201311, precisó lo siguiente:

“[…] Constitucionalmente la potestad reglamentaria
pertenece al Presidente de la República (Artículo 189 (11)
Superior), quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante
la expedición de decretos, resoluciones y órdenes; actos que
de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 Superior,
revisten una forma especial, en la medida en que deben
contar con la firma del Ministro o Director de Departamento

10
EL artículo 1º del Decreto 1450 acusado establece:
“[…] Objeto. El presente decreto tiene por objeto regular el procedimiento y competencias
establecidas en los artículos 21 y 22 del Decreto-Ley 019 de 2012, para efectos de la
acreditación de la supervivencia dentro del territorio nacional y la de los connacionales en el exterior.
[…]” (Destacado fuera de texto).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio
de 2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00284-00.
Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2012-00074-00).

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Administrativo respectivo, quienes por ese hecho se hacen
responsables.

El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto
dictar las normas complementarias necesarias para la
cumplida ejecución de una regulación. Por ello, el acto
reglamentario es un acto complementario de la regulación y
no una creación originaria como ésta.

Así, en sentencia de febrero 8 de 200012, la Sala Plena del
Consejo de Estado, sobre esta temática, puntualizó:

“El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución
al Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa, con la finalidad de que expida normas de
carácter general para la correcta ejecución de la ley. Por ser
una atribución propia que le confiere la Carta Política, no
requiere de una norma legal que expresamente la conceda y
se caracteriza además por ser atribución inalienable,
intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio
y es irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se
halla limitado por la Constitución y la ley, ya que al
ejercerla el Presidente de la República no puede alterar
o modificar la ley que reglamenta.

Los límites de la potestad reglamentaria están señalados en
cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente
la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra
todos los elementos indispensables para su cumplimiento,
nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no habrá
oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria;
pero si faltan en ella detalles necesarios para su
correcta aplicación habrá lugar a proveer a la
regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria. En otros términos, tanta será la
materia reglamentable cuanta determine la necesidad
de dar cumplimiento a la ley...” Las negrillas y subrayas
fuera de texto.)

Y, en Sentencia de octubre 26 de 199913, la Sala Plena del H.
Consejo de Estado, acerca del alcance de la potestad
reglamentaria, dijo:

“(…) Los límites de la potestad reglamentaria están señalados
en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada
cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la
ley suministra todos los elementos indispensables para su
ejecución nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no
habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad
reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para

12
M.P. Dr. Javier Díaz Bueno, Radicación C-761.
13
M.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación IJ-007

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

su correcta aplicación hay lugar a proveer a la regulación de
esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En
otros términos, tanta será la materia reglamentable cuanta
determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley. El
reglamento desarrolla y complementa la ley
reglamentada, con el objeto de asegurar su ejecución.
La potestad reglamentaria de las leyes está referida a
cualesquiera leyes, sin distinciones, que no las establece la
norma constitucional". Ahora bien, la potestad de
reglamentar la ley no puede confundirse con la facultad de
expedir actos administrativos de carácter general. Es así que,
según lo expuesto, en ejercicio de la potestad reglamentaria
se expiden decretos, resoluciones y órdenes necesarios para
que la ley pueda ser ejecutada, en tanto que mediante los
actos que se expidan en ejercicio de la facultad de dictar
actos de carácter general se ejecuta la ley. Además, la
potestad de reglamentar la ley es atribución del
Presidente de la República, según lo establecido en el
artículo 189, numeral 11, de la Constitución, en tanto
que de la facultad de expedir actos administrativos de
carácter general están investidas muchas autoridades [...]”
(Destacado fuera de texto).

De tal manera que al hacer uso de dichas potestades el ejecutivo

debe orientarse al propósito de desarrollar, aclarar, complementar y

hacer más explícita la norma de carácter legislativo que le sirve de

sustento, en orden a facilitar y asegurar su ejecución y correcto

cumplimiento.

En el caso bajo examen, en desarrollo de dichas funciones, el

presidente de la República expidió el Decreto 1450 de 3 de julio

de 2012, contentivo del numeral 3 del artículo 2º y del literal b)

del artículo 5º, acusados, con el objeto de desarrollar

reglamentariamente lo previsto en los artículos 21 y 22 del Decreto-

Ley 019 de 2012, en lo relacionado con la acreditación de la

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

supervivencia dentro del territorio nacional y la de los connacionales

en el exterior.

Es decir, se requería la expedición de unas normas, como son las

citadas disposiciones demandadas del Decreto 1450 de 2012, que

desarrollaran y complementaran lo relacionado con la verificación o

la acreditación de la supervivencia de una persona dentro del

territorio nacional, en orden a garantizar la cumplida ejecución del

Decreto-Ley 019 de 2012, en su artículo 21.

Así pues, el GOBIERNO NACIONAL, a través del numeral 3 del

artículo 2º y del literal b) del artículo 5º, acusados, en ejercicio de

su potestad reglamentaria (artículo 189 numeral 11 de la

Constitución Política), reglamentó lo relativo a la acreditación o la

verificación de la supervivencia de una persona dentro del territorio

nacional, señalada en el artículo 21 del Decreto-Ley 019, que dispone

lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 21. PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE
PRESENTACIONES PERSONALES O CERTIFICADOS
PARA PROBAR LA FE DE VIDA (SUPERVIVENCIA).
A partir del 1 de julio de 2012, la verificación de la
supervivencia de una persona se hará consultando
únicamente las bases de datos del Registro Civil de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Este servicio
es gratuito para la autoridad pública o el particular en
ejercicio de funciones administrativas. En
consecuencia, a partir de esa fecha no se podrán exigir
certificados de la fe de vida (supervivencia).

La Registraduría Nacional del Estado Civil inter-operará la
base de datos del Registro Civil de Defunción con el sistema

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

de información Ministerio de Salud y Protección Social y con
los que defina el Gobierno Nacional, para que a través de del
Ministerio sea consultada en línea por las entidades de
seguridad social que deban verificar la fe de vida
(supervivencia) de una persona. El reporte constituirá plena
prueba de la existencia de la persona. […]” (Destacado fuera
de texto).

Ahora, debe tenerse en cuenta que dicho Decreto-Ley 019 de 2012,

que fue objeto de reglamentación mediante las normas acusadas, en

su considerando y artículo 1º, estableció que tenía por objeto

suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones

innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de

facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las

autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de estas y desarrollar

los principios constitucionales que la rigen. Asimismo, dispuso, en su

artículo 2º, que el mismo se aplicaría, entre otros, a los particulares

cuando cumplan funciones administrativas. Así lo indicó el

comentado decreto:

“[…] CONSIDERANDO:

Que la Administración Pública está llamada a cumplir sus
responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades
del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus
derechos.
Que en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno se
requieren instituciones eficientes, transparentes y cercanas
al ciudadano.
Que el artículo 83 de la Constitución Política dispone que
todas las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas.
Que el artículo 84 de la Constitución Política es perentorio en
señalar que cuando un derecho o una actividad hayan sido
reglamentados de manera general, las autoridades públicas
no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Que tanto los particulares en el ejercicio de sus
derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como
las autoridades en el desarrollo de sus funciones
tienen el deber de obrar bajo los postulados de la
buena fe, es decir que deben sujetarse a los mandatos
de honestidad, lealtad y sinceridad.

Que con la aplicación del principio de la buena fe se logra que
este se convierta en un instrumento eficaz para lograr que la
administración obre con criterio rector de la efectividad del
servicio público por encima de las conductas meramente
formales que han desnaturalizado su esencia.

Que es necesario que todas las actuaciones de la
administración pública se basen en la eficiencia, la equidad,
la eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio
público, la transparencia y moralidad en todas las
operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los
bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la
administración en el cumplimiento de los fines del Estado.

Que con el objeto de facilitar la actividad de las
personas naturales y jurídicas ante las autoridades
que cumplen funciones administrativas, contribuir a la
eficacia y eficiencia de estas y fortalecer, entre otros,
los principios de buena fe, confianza legítima,
transparencia y moralidad, se requiere racionalizar los
trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios
contenidos en normas con fuerza de ley.

Que mediante el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 1474
de 2011, el Congreso de la República revistió al Presidente
de la República de precisas facultades extraordinarias para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.

DECRETA:

[…]
ARTÍCULO 1. OBJETIVO GENERAL. Los trámites, los
procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por
finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos
de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y
facilitar las relaciones de los particulares con estas como
usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con
los principios y reglas previstos en la Constitución Política y
en la ley.

En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto
suprimir o reformar los trámites, procedimientos y
regulaciones innecesarios existentes en la
Administración Pública, con el fin de facilitar la

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

actividad de las personas naturales y jurídicas ante las
autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de
éstas y desarrollar los principios constitucionales que
la rigen.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto se
aplicará a todos los organismos y entidades de la
Administración Pública que ejerzan funciones de carácter
administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489
de 1998 y a los particulares cuando cumplan funciones
administrativas. […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe mencionar, al respecto, que cuando el citado Decreto-Ley 019

de 2012, que sirvió de fundamento a las normas demandadas,

estableció, en su considerando y en su artículo 1º, que el mismo tenía

por objeto suprimir o reformar los trámites, procedimientos y

regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública,

con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y

jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de

estas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen,

claramente hizo alusión a que el mismo es aplicable a personas

naturales y jurídicas,- particulares-.

Igualmente, el citado Decreto dispuso de manera expresa en el

artículo 2° que se aplicaría «a todos los organismos y entidades de

la Administración Pública que ejerzan funciones de carácter

administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998

y a los particulares cuando cumplan funciones

administrativas».

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Al respecto, es del caso precisar que las personas jurídicas que tienen

a cargo el pago de pensiones con recursos privados, como los fondos

de pensiones privados, cumplen funciones públicas administrativas,

en tanto que recaudan y administran contribuciones parafiscales,

constituidas por las cotizaciones de los empleados y los aportes de

los empleadores para las pensiones, ya que tales contribuciones son

gravámenes obligatorios de naturaleza pública, derivados de la

soberanía impositiva del legislador, regulados igualmente por éste en

cuanto a su manejo y destinación, y sujetos a la vigilancia de los

organismos públicos de control, conforme lo sostuvo la Sala de

Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, al definir un conflicto

de competencia, en el concepto de 2 de julio de 200914, así:

“[…] De acuerdo con la jurisprudencia, el recaudo y la
administración de contribuciones parafiscales, como son los
aportes y cotizaciones a la seguridad social, ya sean de
pensiones o de salud, constituyen ejercicio de funciones
públicas administrativas, ya que tales contribuciones son
gravámenes obligatorios de naturaleza pública, derivados de
la soberanía impositiva del legislador, regulados igualmente
por éste en cuanto a su manejo y destinación, y sujetos a la
vigilancia de los organismos públicos de control.

Precisamente la Corte Constitucional ha expresado que la
administración de las contribuciones parafiscales en general,
significa el ejercicio de funciones públicas. Así, en la
sentencia C-037 de 2003, la Corte, al explicar la primera de
las modalidades de gestión de funciones públicas por
particulares, señaló:

“En el mismo sentido la Corte ha explicado que
constitucionalmente es posible encauzar la atribución de
funciones administrativas a particulares a través de
variados supuestos, entre los que pueden enunciarse:

14
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Gustavo Aponte Santos, núm. único de
radicación 11001-03-03-2009-00030-00.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

a) La atribución directa por la ley de funciones
administrativas a una organización de origen privado.
En este supuesto el legislador para cada caso señala las
condiciones de ejercicio de la función, lo relativo a los
recursos económicos, la necesidad o no de un contrato con
la entidad respectiva y el contenido del mismo, su duración,
las características y destino de los recursos y bienes que con
aquellos se adquieran al final del contrato, los mecanismos
de control específico, etc.

Esta ha sido la modalidad utilizada cuando el Estado ha
querido vincular a las entidades gremiales a la gestión
de las cargas económicas por ella misma creadas
(contribuciones parafiscales) para que manejen los
recursos correspondientes a nombre del Estado, y
propendan, mediante ellos, a la satisfacción de
necesidades de sectores de la actividad social, sin que
esos recursos por tal circunstancia se desnaturalicen
ni puedan ser apartados de sus prístinas e
indispensables finalidades.” (Resalta la Sala). […]”.

Por lo tanto, las disposiciones acusadas15 sí podían extender su

ámbito de aplicación a los particulares cuando cumplan funciones

administrativas, esto es, a las personas naturales o jurídicas que

tienen a su cargo el pago de pensiones con recursos privados, sin

que fuera necesario limitar su aplicación a la administración pública,

como lo adujo el actor, pues, se reitera, que el Decreto-Ley 019 de

2012, que fue objeto a través de reglamentación por las normas

demandadas, los incluyó dentro de su ámbito de aplicación.

15
“[…] ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará, para efectos de
verificar la supervivencia de una persona, a las siguientes entidades y personas:
[…]
3. Las personas naturales y jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos
privados y cuenten con un número de igual o superior a cincuenta (50) pensionados. […]

ARTÍCULO 5º. Gradualidad para la consulta. La consulta de la base de datos del Registro Civil
de Defunción de la Registraduría Nacional del Estado Civil a través del Ministerio de Salud y
Protección Social, se efectuará de la siguiente manera:
a) A partir de la fecha de publicación del presente decreto, por parte de las entidades de seguridad social
del Sistema General de Pensiones y Riesgos Profesionales, y los particulares en ejercicio de funciones
administrativas, como lo son las cajas de compensación familiar y las entidades pagadoras de pensiones
públicas.
b) A partir del 1º de agosto del presente año, por parte de las entidades diferentes de las
señaladas en el inciso 1º del presente artículo. […]” (Lo destacado son las disposiciones demandadas).

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Sobre este asunto en concreto debe aclararse que los particulares

pueden cumplir funciones administrativas. Al efecto, es del caso

señalar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-644 de 31 de

agosto de 2011,16 precisó que pueden atribuirse a los particulares

(personas jurídicas o personas naturales) el directo ejercicio de

funciones administrativas, que antes cumplían de manera exclusiva

y en ocasiones excluyente las autoridades estatales.

Así discurrió el alto Tribunal:

“[…] De otra parte, la responsabilidad en el cumplimiento de
los fines del Estado no corresponde solamente a los
servidores públicos en el Estado social de derecho. Los
particulares asumen en él una serie de obligaciones y
de tareas que antes cumplían de manera exclusiva y
en ocasiones excluyente las autoridades estatales. Así,
la Carta señala que sectores tan importantes como la salud
(C. Po. art. 49), la seguridad social (C. Po. art. 48), la
educación (C. Po. art. 67), la ciencia y la tecnología (C. Po.
art. 71), la protección especial de la personas de la tercera
edad (C. Po. art. 46), de los niños (C. Po. art. 44) y de los
discapacitados (C. Po. art. 47), no son responsabilidad única
del Estado, sino que la familia, la sociedad y los propios
interesados deben también contribuir a su amparo y
desarrollo.
[…]

Del mismo modo la Corte ha señalado que
constitucionalmente es posible encauzar la atribución
de funciones administrativas a particulares a través de
varios supuestos, entre los que pueden enunciarse:

a) La atribución directa por la ley de funciones
administrativas a una organización de origen privado. En
este supuesto el legislador para cada caso señala las
condiciones de ejercicio de la función, lo relativo a los
recursos económicos, la necesidad o no de un contrato con
la entidad respectiva y el contenido del mismo, su duración,
las características y destino de los recursos y bienes que con

16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-644 de 31 de agosto de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, expediente D-8422.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

aquellos se adquieran al final del contrato, los mecanismos
de control específico, etc.

b) La previsión legal, por vía general de autorización a
las entidades o autoridades públicas titulares de las
funciones administrativas para atribuir a particulares
(personas jurídicas o personas naturales, mediante
convenio precedido de acto administrativo), el directo
ejercicio de aquellas; debe tenerse en cuenta, como lo ha
señalado la Corte, que la mencionada atribución tiene como
límite “la imposibilidad de vaciar de contenido la competencia
de la autoridad que las otorga”.

Ahora bien, como ha señalado esta Corporación, la
circunstancia de que se asigne a los particulares el
ejercicio de funciones públicas no modifica su estatus
de particulares ni los convierte por ese hecho en
servidores públicos; sin embargo, es apenas evidente que
el ejercicio de dichas funciones públicas implica un
incremento de los compromisos que estos adquieren con el
Estado y con la sociedad. Así, en tanto que titulares de
funciones públicas, los particulares a los cuales éstas se han
asignado asumen las consiguientes responsabilidades
públicas, con todas las consecuencias que ello conlleva en
materia penal, disciplinaria, fiscal o civil.

Teniendo en cuenta estas precisiones, es
entonces solamente en relación con las funciones públicas y
administrativas que claramente establezca y autorice la
ley que se predica ese nivel especial de responsabilidad a que
se ha hecho referencia […]” (Destacado fuera de texto).

De manera que, para la Sala, no son de recibo los argumentos del

demandante en orden a estimar que las disposiciones acusadas del

Decreto 1450 de 2012 vulneran el Decreto 019 de 2012, que

reglamentó, bajo el entendido de que la reglamentación solo podía

aplicarse a la administración pública, pues, como se vio, es la norma

superior la que de manera expresa señala que sí resulta aplicable a

«particulares cuando cumplan funciones administrativas».

Lo anterior, aunado a que es el mismo artículo 21 del Decreto-Ley

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

019 de 2012 el que preceptúa que la verificación de la supervivencia

de una persona se hará consultando únicamente las bases de datos

del Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil; que

este servicio es gratuito para el particular en ejercicio de

funciones administrativas; y que se encuentra prohibida la

exigencia de presentaciones personales o certificados para probar la

fe de vida (supervivencia), es decir, que no se podrán exigir

certificados de la fe de vida (supervivencia) sin hacer distinción

alguna a quien se le aplica esa prohibición.

En efecto, el artículo 21 en cita dispuso:

“[…] ARTÍCULO 21. PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE
PRESENTACIONES PERSONALES O CERTIFICADOS
PARA PROBAR LA FE DE VIDA (SUPERVIVENCIA).
A partir del 1 de julio de 2012, la verificación de la
supervivencia de una persona se hará consultando
únicamente las bases de datos del Registro Civil de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Este servicio
es gratuito para la autoridad pública o el particular en
ejercicio de funciones administrativas. En
consecuencia, a partir de esa fecha no se podrán exigir
certificados de la fe de vida (supervivencia). […]”
(Destacado fuera de texto).

Frente a este asunto, es del caso traer los siguientes apartes del

Concepto Técnico de 9 de junio de 2014, emitido por la Subdirectora

de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio de Salud y

Protección Social, allegado por la parte demandada con la

contestación de la demanda, en el que se señaló que el referido

artículo 21 establece una regla general, aplicable para todas las

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

personas que deban ser sujetos de la verificación de la supervivencia,

sin hacer distinción de quien sea el pagador de pensión, que no

permite concluir que los particulares o las personas naturales y

jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos

privados, se encuentren excluidos de la regla general indicada en el

artículo en cita, de la siguiente manera:

“[…] El artículo 21 antes transcrito efectivamente establece
que: i) La verificación de la supervivencia de una persona se
hará consultando únicamente las bases de datos del Registro
Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil; ii) Este
servicio es gratuito para la autoridad pública o el particular
en ejercicio de funciones administrativas y iii) a partir del 1
de julio de julio 2012, no se podrán exigir certificados de la
fe de vida.

Bajo las premisas anteriores, no podrían entenderse
excluidas las personas naturales y jurídicas que
tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos
privados, toda vez que el mencionado decreto dicta
una regla general, en cuanto establece que la
verificación de la supervivencia de una persona se hará
consultando únicamente las bases de datos del
Registro Civil de Registraduría Nacional del Estado
Civil y la prohibición de exigir certificados de la fe de
vida, regla general que aplica para todas las personas
que deban ser sujetos de la verificación de la
supervivencia, como son, los pensionados,
indiscutiblemente de quien sea su pagador de pensión.

De igual modo, cuando la citada norma señala que el
servicio es gratuito para la autoridad pública o el
particular en ejercicio de funciones administrativas,
está refiriéndose a la gratuidad de la consulta de la
verificación de la supervivencia de una persona en las
base de datos del Registro Civil de la Registraduría
Nacional del Estado Civil; situación que no permite
concluir que los particulares a cargo del pago de
pensiones, se encuentran excluidos de la regla general
contemplada en el artículo en cita.

Es la razón por la que el Decreto reglamentario 1450 de 2012
“Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012”, al
establecer en el artículo 2 el ámbito de aplicación determina

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

que las disposiciones normativas contenidas en el citado
decreto son aplicables a “las personas naturales y jurídicas
que tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos
privados y cuenten con un número igual o superior a
cincuenta (50) pensionados”, tal como lo señala el numeral
3.
[…]

Concordantemente, el artículo 3 del mencionado decreto
expresamente remite al artículo 2 antes transcrito, señalando
que las entidades y personas incluidas en el ámbito de
aplicación del decreto, podrán verificar la supervivencia
consultando la información de la base de datos del Registro
Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través
del aplicativo del sistema de información del Ministerio de
Salud y Protección Social.

En estos términos lo señala el artículo 3 del Decreto 1450 de
2012:

“Artículo 3. Consulta a través del Ministerio de Salud y
Protección Social.

Las entidades y personas señaladas en el ámbito de
aplicación del presente decreto podrán verificar la
supervivencia de las personas consultando la información de
la base de datos del Registro Civil de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a través del aplicativo del sistema
de información del Ministerio de Salud y Protección Social.”
(subrayado fuera de texto)

Nótese como la citada disposición establece de manera
facultativa para las personas naturales y jurídicas que tengan
a su cargo el pago de pensiones con recursos privados y
cuenten con un número igual o superior a cincuenta (50)
pensionados, la verificación de la supervivencia consultando
la información de la base de datos del Registro Civil de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir no es una
obligación sino una opción que el Estado les proporciona en
aras de evitar fraudes o ilegalidades en el pago de las
pensiones.

[…]

Ahora, si bien es cierto que por excelencia, a partir de la
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, el pago de las pensiones está a cargo de las
entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, a través
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
(Colpensiones) o del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (Fondos Privados), no es menos cierto que en la
actualidad es posible que aún existan personas naturales y
jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con

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Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

recursos privados en virtud de figuras como la pensión
sanción, o pensiones otorgadas por convención colectiva o
pacto colectivo.

Esta es la razón por la cual, los artículos 2 numeral 3 y 5
literal b) del Decreto 1450 de 2012 demandados por el
accionante, incluyen a las personas naturales y jurídicas que
tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos
privados, dentro de las autorizadas para consultar la
supervivencia de una persona, mediante la base de datos del
Registro Civil de Defunción de la Registraduría Nacional del
Estado Civil a través del Ministerio de Salud y Protección
Social.

En consecuencia, es preciso concluir que si el Estado
eliminó la posibilidad de exigir las presentaciones
personales o certificados para probar la fe de vida,
mediante la prohibición expresa que estableció el
artículo 21 del Decreto 019 de 2012, de la misma
manera debía contemplar un mecanismo alternativo,
más ágil y eficiente, para que las entidades o
particulares pagadores de pensiones, pudieran en
igualdad de condiciones de los demás pagadores de
pensiones, verificar la supervivencia de una persona,
consultando la base de datos del Registro Civil de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, como en efecto
lo determinan las normas acusadas, que contrario
sensu a lo señalado por el actor, desarrollan el
principio de igualdad, en la medida que permiten a los
particulares pagadores de pensiones, consultar la
supervivencia de los pensionados a su cargo a través
de esta base de datos. […]”17 (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala considera que el numeral 3 del artículo 2º y

el literal b) del artículo 5º, demandados del Decreto 1450 de

2012 no desbordaron las facultades del GOBIERNO NACIONAL ni

sobrepasaron o modificaron los lineamientos dispuestos en la norma

que le sirvió de fundamento, toda vez que se limitaron a proveerla

de los detalles necesarios, en orden a facilitar y asegurar su ejecución

y correcto cumplimiento.

17
Folios 267 a 272.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Al respecto, cabe resaltar, como lo precisó esta Sección, en la

referida sentencia de 6 de junio de 201318, que si faltan en la ley

detalles necesarios para su correcta aplicación hay lugar a proveer

a la regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad

reglamentaria.

En este orden de ideas, la Sala observa que el GOBIERNO

NACIONAL no se extralimitó al expedir el numeral 3 del artículo

2º y del literal b) del artículo 5º, acusados del Decreto 1450

de 2012, pues, por el contrario, sí estaba facultado para expedirlo,

en virtud de la potestad reglamentaria que le confiere el artículo 189,

numeral 11, de la Constitución Política y, específicamente, de lo

dispuesto en el Decreto-Ley 019 de 2012.

Cuestión diferente es que el demandante no esté de acuerdo en que

los particulares a que se refieren los artículos 2º (numeral 3) artículo

5º (literal b), acusados, del Decreto 1450 de 2012, ejerzan funciones

administrativas y, por tanto, «no formen parte de la administración

pública», como lo indica en la demanda, pues tal aseveración, en

primer lugar, no está contenida en los preceptos demandados; y, en

segundo lugar, no fue objeto de desarrollo en la demanda por lo que

la Sala carece de argumentos que permitan el estudio del aludido

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio
de 2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00284-00.
Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2012-00074-00).

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

reproche.

En relación con la presunta vulneración del artículo 75 de la Ley 1474,

es del caso puntualizar que en el considerando del citado Decreto-

Ley 019 de 2012, se señaló: “[…] que mediante el parágrafo 1 del

artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el Congreso de la República

revistió al Presidente de la República de precisas facultades

extraordinarias para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública […]”.

El referido parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1474, que a juicio

del actor fue violado con las disposiciones demandadas, es del

siguiente tenor:

“[…] PARÁGRAFO 1º. De conformidad con lo dispuesto en
el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política,
revístese al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para que en el término de seis meses,
contados a partir de la fecha de la publicación de la presente
ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
[…]” (Destacado fuera de texto).

De la lectura de la norma transcrita se evidencia que cuando el

artículo 75 de la Ley 1474 se refiere a la Administración Pública

no lo hace con el propósito de delimitar los sujetos a quienes resultan

aplicables las normas relativas a la verificación de la supervivencia

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

de una persona, sino para señalar que el presidente de la República

debe expedir normas con fuerza de ley que supriman o reformen

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en

la Administración Pública.

De manera que si el GOBIERNO NACIONAL, mediante las normas

demandadas19, dispuso que para efectos de verificar la

supervivencia de las personas naturales y jurídicas que tengan a

cargo el pago de pensiones con recursos privados pueden realizar la

consulta de la base de datos del Registro Civil de Defunción de la

Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del Ministerio de

Salud y Protección Social, y que esa consulta es gratuita para ellos,

no violó el artículo 75 de la Ley 1474, pues este artículo buscaba que

el presidente de la República expidiera normas con fuerza de ley que

suprimiera o reformara regulaciones, procedimientos y trámites

innecesarios existentes en la Administración Pública, como lo es el

relativo a exigir certificados de la fe de vida (supervivencia).

19
“[…] ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará, para efectos de
verificar la supervivencia de una persona, a las siguientes entidades y personas:
[…]
3. Las personas naturales y jurídicas que tengan a su cargo el pago de pensiones con recursos
privados y cuenten con un número de igual o superior a cincuenta (50) pensionados. […]

ARTÍCULO 5º. Gradualidad para la consulta. La consulta de la base de datos del Registro Civil
de Defunción de la Registraduría Nacional del Estado Civil a través del Ministerio de Salud y
Protección Social, se efectuará de la siguiente manera:
a) A partir de la fecha de publicación del presente decreto, por parte de las entidades de seguridad social
del Sistema General de Pensiones y Riesgos Profesionales, y los particulares en ejercicio de funciones
administrativas, como lo son las cajas de compensación familiar y las entidades pagadoras de pensiones
públicas.
b) A partir del 1º de agosto del presente año, por parte de las entidades diferentes de las
señaladas en el inciso 1º del presente artículo. […]” (Lo destacado son las disposiciones demandadas).

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

En consecuencia, en manera alguna se puede señalar que el

numeral 3 del artículo 2º y el literal b) del artículo 5º del

Decreto 1450 de 2012, demandados, violaron el Decreto-Ley 019

de 2012 y el parágrafo primero del artículo 75 de la Ley 1474, toda

vez que dichas disposiciones acusadas se subordinan o se encuentran

ajustadas a lo previsto a las citadas normas indicadas como violadas,

así como al artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política,

conforme se puso de presente anteriormente.

Por consiguiente, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas

invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga la

presunción de legalidad que ampara al numeral 3 del artículo 2º

y del literal b) del artículo 5º del Decreto 1450 de 3 de julio

de 2012, “Por el cual se reglamenta el Decreto- Ley 019 de 2012”,

expedido por el GOBIERNO NACIONAL, y no se acceda a las

súplicas de la demanda.

Condena en costas

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la

Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18820

del CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la

naturaleza de la acción exime de esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el

doctor CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO y, en

consecuencia, separar al citado magistrado del conocimiento del medio

de control de la referencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

20
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00099-00
Actor: FELIPE ORTEGA ESCOVAR

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.

PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
Presidente

NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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