Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00104-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Propiedad industrial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00104-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00104-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
14 de marzo de 2019
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Por la prohibición de registrar signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de que se trate / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – De la marca mixta MALAGUEÑA que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / MALAGUEÑA - Es el gentilicio femenino de una habitante del municipio o la ciudad de Málaga ubicada en territorio español / REGISTRO MARCARIO - Improcedente frente al signo mixto MALAGUEÑA por inducir a error o engaño al público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La Sala observa que el signo solicitado se compone del elemento denominativo MALAGUEÑA y de un elemento gráfico, que consiste en una mujer con un vestido con boleros en posición de baile, con una peineta en la cabeza y zapatos de tacón; en el fondo se ven tres círculos superpuestos y el del centro tiene un fondo de color negro que resalta la figura de la bailarina. Los zapatos de la mujer se ubican sobre una cinta ancha y debajo de esta se encuentra la palabra MALAGUEÑA. […] [L]a Sala encuentra que del análisis de la distintividad intrínseca que relaciona al signo con el producto, puede concluirse que el signo es engañoso y no cumple con las funciones propias de un signo distintivo habida cuenta que se dan los siguientes supuestos: i) el signo mixto está compuesto por el término MALAGUEÑA que es el gentilicio femenino de una habitante del municipio o la ciudad de Málaga ubicada en territorio español; ii) el supuesto origen del producto se refuerza con el elemento gráfico del signo que consiste en la figura de una mujer en posición de baile con atuendos de origen particularmente español; iii) el signo mixto sub lite identifica aceite y aceitunas, que son productos de reconocida reputación en el mencionado territorio, lo que termina por confirmar el carácter engañoso del signo en cuanto que el consumidor al encontrar que el signo mixto MALAGEÑA identifica aceites, aceitunas y productos en conserva, deducirá que el producto tiene un origen geográfico español; iv) el domicilio del solicitante del signo, parte demandante en este proceso, no está localizado en el mencionado territorio; y, v) la parte demandante no probó que el producto que se identifica con el signo MALAGUEÑA tenga como origen el territorio español. Así las cosas, a juicio de la Sala el signo mixto MALAGUEÑA resultaría engañoso por la conjunción de las circunstancias particulares del signo mixto solicitado que tienen en común el motivo que impide su registro y que causarían una distorsión en la realidad del mercado. En efecto, el consumidor podría adquirir el producto asumiendo que proviene del territorio español y que por tal razón tiene las características, especificidades y calidad que se le atribuye a los mismos productos, originarios de dicho territorio.
NOTA DE RELATORÍA. Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de
6 de abril de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2013-00104-00, C.P. María Elizabeth García González; y 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2010-00154-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación numero: 110001-03-24-000-2013-00077-00
Actor: JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: Causales absolutas de irregistrabilidad. Requisitos de la distintividad intrínseca de una marca.
Referencia: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Jose Nucete e Hijos S.C.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9599 de 23 de febrero de 2011, 22917 de 29 de abril de 2011 y 50817 de 28 de agosto de 2012.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
Jose Nucete e Hijos S.C.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9599 de 23 de febrero de 2011, “Por la cual se niega un solicitud registro”, y 22917 de 29 de abril de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, la Resolución núm. 50817 de 28 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se registre el signo mixto MALAGUEÑA, como marca, para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:
“[…]
Que se declare la nulidad de la Resolución número 9599 del 23 de febrero de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca "MALAGUEÑA" (mixta) en la clase 29 solicitada por la sociedad JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A.
Que se declare la nulidad de la Resolución número 22917 del 29 de abril de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 9599 del 23 de febrero de 2011.
Que se declare la nulidad de la Resolución número 50817 del 28 de agosto de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 9599 del 23 de febrero de 2011.
Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A., solicitó se conceda la marca “MALAGUEÑA” (mixta) clase 29, a la citada sociedad, asignándosele el correspondiente certificado de registro y vigencia por un período de diez (10) años.
Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2o. del Decreto Legislativo 209 de 1957.
Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (sic).
[…]”.
Presupuestos fácticos
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
Jose Nucete e Hijos S.C.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 620, la cual no recibió oposiciones de terceros.
La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011, negó el registro como marca del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Jose Nucete e Hijos S.C.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, contra de la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011.
La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 22917 de 29 de abril de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011 y conceder el recurso de apelación.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 50817 de 28 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011 y negar el registro del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Normas violadas
La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración del artículo 135, literal i) de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante la Decisión 486; del artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.
Concepto de la violación
La parte demandante expuso el cargo de violación de la siguiente forma:
Manifestó que la demandada violó el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 por cuanto “[…] para que un término que hace relación a una denominación geográfica como "MALAGUEÑA" solicitado como marca sea engañoso en nuestro medio, debe ser reconocido como originario de un país respectivo, donde en el caso que nos ocupa, la mayoría de las personas en Colombia NO asimilan el término "MALAGUEÑA" como proveniente de la ciudad española de Málaga y máxime cuando en Colombia existe el Municipio de "MÁLAGA" ubicado en el Departamento Colombiano de Santander. Si según lo expuesto, el término "MÁLAGA" hace relación a dos denominaciones geográficas diferentes, NO se puede hablar de que el término "MALAGUEÑA" sea engañoso, por dar a entender que los productos con la marca "MALAGUEÑA" (Mixta) clase 29, provenientes de Málaga (España), ya que como lo reitero, en nuestro medio la denominación geográfica enunciada es asimilada por las personas del Departamento de Santander, como un municipio del citado Departamento […]”.
Sostuvo que “[…] el término "MALAGUEÑA" gentilicio que hace relación al término "Málaga", hace relación a dos denominaciones geográficas diferentes, tiene su comprobación en lo dicho por el Diccionario Enciclopédico Uthea, tomo VII - México 1952, cuando en las páginas 85 y 86, en su parte pertinente nos expresa: "MÁLAGA. Municipio del Departamento Colombiano de Santander; 11.737 h. la Capital la población (sic) de su nombre, con 5.219 habitantes// Provincia de España, en Andalucía..." […]; para que el término "MALAGUEÑA" sea engañoso, es necesario que la mayoría de las personas lo relacionen como proveniente de Málaga (España) sin serlo; pero para el caso que nos ocupa, no es factible afirmar que el término "MALAGUEÑA" es engañoso, debido a que en Colombia, la mayoría de las personas NO_ asimilan el término "MALAGUEÑA" como proveniente de Málaga (España), debido al desconocimiento de la geografía de dicho país, lo que convierte a la expresión "MALAGUEÑA" en un término de fantasía […]”.
Afirmó que “[…] el hecho de que la marca "MALAGUEÑA" (mixta) clase 29 esté acompañada de la figura de una mujer con traje típico, tampoco convierte a la citada marca en engañosa, ya que el mismo no sugiere a las personas que dicho traje típico se refiere a una ciudad específica, como lo es Málaga (España), debido a la gran cantidad de trajes típicos que tienen las provincias de España e inclusive los países de América, donde la mayoría de los trajes típicos de las mujeres se caracterizan por vestidos con faldas largas y amplias. Además, la expresión "MALAGUEÑA" de por sí, no evoca las características de un producto o productos determinados, al contrario de lo que sucede con las denominaciones de origen […]”.
Indicó que la parte demandada violó el artículo 3.º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por cuanto “[…] no tuvo en cuenta que en nuestro medio la mayoría de las personas no identifican el término "MALAGUEÑA" con el origen que le atribuye la Administración, en cuanto que hace relación a una ciudad de España y pese a ello, otorgó marcas a empresas, que sin pertenecer a la región geográfica que evocan las marcas, concedió marcas a terceros que sí son relacionados en nuestro medio por la mayoría de las personas con una procedencia geográfica determinada como sucede con las expresiones: "MADRILEÑA, que hace relación a Madrid, España"; "NAPOLITANA, que hace relación a Nápoles”; "LA FRANCESA, que hace relación a Francia"; "FLORENTINA, que hace relación a Florencia, Italia"; "LA ALEMANA, que hace relación a Alemania" "LA INGLESA, que hace relación a Inglaterra" […]”.
Agregó como complemento a lo anterior que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la marca "MALAGUEÑA" (mixta) clase 29 a la sociedad JOSÉ NUCETE E HIJOS S.C.A violó el principio de imparcialidad, ya que no dio igualdad de tratamiento a la sociedad enunciada, frente a otras marcas que reúnen condiciones muy similares a la marca negada y a las cuales se les dio un tratamiento jurídico más laxo y por consiguiente muy diferente, al que se le aplico a la marca "MALAGUEÑA" (mixta) clase 29 […]”.
Concluyó indicando que “[…] también se violó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Artículo 61 de la Constitución Nacional, ya que si el mismo establece que, el Estado debe proteger la propiedad intelectual, por el tiempo y las formalidades que establezca la ley, lo anterior también significa que a situaciones idénticas o similares se les debe dar el mismo tratamiento legal so pena de violar el principio de imparcialidad […]”.
Contestación de la demanda
La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:
Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa.
Afirmó que no violó el artículo 3.º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuanto que “[…] los principios contemplados en tal artículo no se ven afectados en el caso concreto en tanto la marca solicitada podría llevar al consumidor a una confusión, lo cual es un riesgo que la administración está en la obligación de procurar que estos riesgos no se presenten, por lo tanto la marca solicitada no tenía vocación para ser registrada, además el argumento de la parte demandante en cuanto a la igualdad, es una mera presunción pues el trámite fue adelantado bajo las mismas (sic) […]”.
Señaló que “[…] la marca solicitada, hace una referencia inicial a Málaga, lo que reforzado por el elemento sobresaliente en la misma, la cual es una mujer vestida con un traje típico con boleros y una mantilla, encontrándose en una posición de danza, la cual es claramente de la tradición española […]; la expresión "MALAGEÑA" podría corresponder a dos lugares geográficos uno en España y otro en Colombia, sin embargo es de aclarar que dicha expresión resulta ser el gentilicio de una mujer natural de Málaga, España y por otro lado, esto se ve claramente en la vestimenta que trae la mujer de la marca solicitada, lo cual podría llevar al consumidor a incurrir en un error […] puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor, especialmente sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar, conllevando a la creencia que los productos identificados con dicha marca, los productos a distinguir con la misma tienen origen español, lo que va en detrimento del consumidor para que de manera confiada adquiera el producto motivado por lo que le transmite el signo en controversia, estando comprendido dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal i) de la Decisión Comunitaria 486, norma comunitaria que es de orden público y de obligatorio cumplimiento para la oficina nacional competente […]”.
Audiencia Inicial
Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda, la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 ibidem, se llevó a cabo el 1º. de febrero de 2016, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si las Resoluciones 9599 de 23 de febrero de 2011, 22917 de 29 de abril de 2011 y 50817 de 28 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual (sic) se negó el registro de la marca mixta MALAGUEÑA, a favor de la actora, para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política, 3.º del Decreto 01 de 1984 (sic) y 135 literal i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de ser así determinar el restablecimiento del derecho […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, luego de lo cual, iv) se determinó, que “[…] finalizada la Audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir por el correo electrónico de la Secretaría de la Sección, la interpretación prejudicial al H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina […]. Cumplida la actuación se continuará con el trámite pertinente […]”; v) finalmente se consideró que “[…] como quiera que sólo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A y C.A. razón por la que no se fijará fecha para el efecto […]”.
Audiencia de pruebas
Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.
Interpretación Prejudicial
El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial llevada a cabo el 1.º de febrero de 2016, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 288-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.
Audiencia de alegaciones y juzgamiento
Visto el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 2018 decretó la reanudación del proceso y consideró que “[…] atendiendo a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario celebrar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, se ordenará la presentación por escrito de los alegatos, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto. Dentro del mismo término, podrá el Ministerio Público presentar concepto si a bien lo tiene […]”.
Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 1 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 288-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, vi) el marco jurídico de la causal absoluta sub examine y, vii) el análisis del caso concreto.
La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite.
Los actos administrativos acusados
Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados:
Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de negar el registro como marca del signo mixto para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:
“[…]
En el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es mixta, conformada en su elemento nominativo por la expresión MALAGUEÑA […].
Ahora bien, dicho signo pretende identificar "aceites, aceitunas y productos de conserva”, productos comprendidos en la clase 29. Así las cosas, considera este despacho que tal composición gráfico-nominativa engañaría al público consumidor sobre la naturaleza del producto, puesto que el término MALAGUEÑA sugiere en la mente del consumidor, de manera inmediata que los productos que pretende proteger provienen de Málaga; ciudad española, capital de la provincia homónima que forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía; entendiendo la expresión malagueña como persona oriunda u originaria de Málaga. Adicionalmente la etiqueta allegada reproduce una figura que tiene la forma de una mujer ataviada con el traje típico del baile gitano popular de Andalucía: el flamenco, lo cual confundiría aún más a los consumidores acerca de la procedencia de los productos.
[…] considera este despacho que, por los productos a proteger el signo solicitado MALAGUEÑA, si resultaría engañoso por la naturaleza diferente de los mismos, es decir, los citados productos no son procedentes de Málaga, España, de esa manera, no se identificarían con el signo solicitado.
Por lo tanto, respecto a la naturaleza de los productos que pretende identificar, el signo solicitado a registro resulta engañoso.
Así las cosas, esta oficina considera que la marca solicitada a registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca MALAGUEÑA (mixta), para distinguir "aceites, aceitunas y productos de conserva”, solicitada por la sociedad JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
[…]”.
Resolución núm. 22917 de 29 de abril de 2011, mediante la cual la de la Directora de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011, y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la resolución se indicó:
“[…]
El signo observado en su conjunto, hace una referencia inicial a Málaga, lo que reforzado por el carácter mixto del signo, el cual incluye a una mujer vestida con un traje típico compuesto por un vestido con boleros y mantilla, en posición de danza, reconocido como referente a la tradición española […], conduce al consumidor a configurar la asociación con respecto a la ciudad española mediterránea de Málaga […], zona reconocida por la calidad y variedad de los olivos que se presentan, dentro de los que se incluyen las variedades de aceituna Empeltre, Arbequina, Blanqueta, Farga, Gordal y Rojiblanca […], siendo esta última la más cultivada, de lo que se derivan características especiales que la individualizan.
En ese orden, el consumidor relacionaría inmediatamente los productos con la presunta procedencia de la región a que hace referencia la denominación y su aspecto gráfico, atribuyendo características, calidades y cualidades que pueden diferir de las reales, configurándose así un engaño en el conjunto de su evocación.
De esta forma, y en pos de velar porque se otorgue al consumidor la información necesaria para la toma de decisiones informadas dentro del mercado, se concluye que no se presenta ni acervo probatorio ni indicio alguno que permita inferir sobre la efectiva distribución de productos provenientes de Málaga, España por medio del signo que se solicita a registro, razón por la que la referida resolución será confirmada.
[…]”.
Resolución núm. 50817 de 28 de agosto de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011,. En la resolución se indicó:
“[…]
El Despacho observa que el signo solicitado a registro, se compone de la expresión MALAGUEÑA junto al diseño de una mujer vestida de un traje típico que pareciera estar bailando. Ahora bien, estudiados los argumentos de la recurrente, encuentra este Despacho que el signo solicitado efectivamente resulta engañoso, teniendo en cuenta que utiliza la expresión MALAGUEÑA la cual indica de forma directa al consumidor un origen geográfico de los productos ofrecidos, asociándolos de esta forma a una región española que es reconocida comercialmente por la producción de aceites y aceitunas, esta circunstancia hará que en la mente del consumidor se suscite un proceso de asociación entre los productos a distinguir por el signo con un lugar geográfico forzosamente reconocido. Así, la expresión "MALAGUEÑA" califica o describe las características de los productos a distinguir por el signo, indicando que están vinculados a una procedencia en particular e induciendo a que se crea que los productos ofrecidos tienen ciertas características de tal manera que si no se presentan, el mensaje o representación que se genera en la mente de los consumidores y en los medios comerciales no estará de acuerdo con la realidad.
Ahora bien, señala el recurrente que la expresión MALAGUEÑA podría corresponder a dos lugares geográficos, uno en España y otro en Colombia, sin embargo dicho argumento no es de recibo, ya que MALAGUEÑA no es una expresión de fantasía sino por el contrario resulta ser el gentilicio de la mujer natural de Málaga, España, y por otro lado, esto se ve ratificado con el traje que lleva la mujer, el cual consiste en el traje típico de la mujer española el cual lleva una peineta en su cabeza y la falda con varios faldones.
Por lo tanto, aclarado el punto anterior, al estudiar la solicitud se observa que el solicitante tiene domicilio en la ciudad de Mendoza, por lo tanto, el solicitante no puede garantizar que expenderá en exclusiva productos de origen español. Por lo anterior, la expresión, contenida en la marca, cuyo contenido puede no estar ajustado a la realidad (no se descarta la posibilidad que para un momento determinado pueda ajustarse), tiene la potestad de inducir a error al consumidor.
Cabe hacer énfasis en que no se motiva la negación del registro en la nacionalidad o domicilio del solicitante, sino en la posibilidad de que el signo induzca a los consumidores a asociar erróneamente el origen de los productos con la reconocida reputación de los productos […].
En ese orden de ideas, se considera que la expresión "MALAGUEÑA", razonablemente induciría a un consumidor a pensar que los productos ofrecidos presentan ciertas características que no son garantizables durante la vigencia del registro marcario y, de aceptarse su registro, se podría generar una distorsión de la realidad, afectando la libre elección de los consumidores, así como las condiciones de competencia en el mercado […].
Finalmente y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas […].
[…]”.
El problema jurídico
Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, analizar, si el signo mixto MALAGUEÑA, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, por consistir en un signo engañoso respecto del lugar de origen, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de los productos que identifica.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó también el artículo 135, literal i) de la Decisión 486 por ser aplicable al caso.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedidos por la parte demandada.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Principios y características del Derecho Comunitario Andino
Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.
Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.
Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino.
En relación con el principio de la aplicación y efecto directos, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.
Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 288-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016
La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso:
“[…]
Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia
[…] Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado […].
El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.
El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio.
En el presente caso se deberá determinar si el signo MALAGUEÑA (mixto), podría generar engaño en cuanto a la procedencia de los productos y, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.
Marcas de fantasía
[…] JOSÉ NUCETE sostiene que el signo MALAGUEÑA (mixto) está compuesto por un término de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades […].
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado MALAGUEÑA (mixto) es o no de fantasía.
[…]”. (Destacado de la Sala)
Marco jurídico y jurisprudencial relativo a los signos engañosos
Vistos los artículos 134 a 136 de la Decisión 486, la Sala observa que, en el primero de los artículos se definen los requisitos de un signo para ser registrado como marca, como son los requisitos de distintividad y de representación gráfica.
En el artículo 135 se establecen las causales absolutas de irregistrabilidad que se refieren a casos taxativos en que un signo solicitado a registro como marca, carece de distintividad intrínseca lo que impide su registro. El artículo 136 define causales de irregistrabilidad relativa por cuanto identifica derechos prioritarios de terceros que resultan oponibles al registro de un signo como marca.
Las casuales de irregistrabilidad absoluta están definidas para proteger el interés general en lo que refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado.
El literal i), del artículo 135 de la Decisión 485 está dentro de los casos relativos a un sistema de competencia transparente en el mercado, en cuanto impide el requisito como marca de un signo que resulta engañoso. El mencionado literal enumera de manera no exhaustiva tipos de signos engañosos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de que se trate.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la Interpretación Prejudicial que “[…] La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado […]” (Destacado de la Sala).
Así las cosas, la función esencial de una marca es la de ofrecer información relativa a los productos o servicios que identifica, su origen empresarial, las características, calidad, procedencia o modo de fabricación del producto. En tal sentido, resulta de interés general evitar que el público consumidor sea llamado a error por razón de un signo engañoso cuyo uso en el mercado resulta claramente incompatible con la función de las marcas en general y afecta la trasparencia en el mercado en cuanto que el consumidor se vería llamado a equivocaciones.
Para analizar el caso sub lite resulta pertinente examinar la relación signo – producto en cuanto no puede afirmarse que un signo sea engañoso per se sino que lo es respecto de los productos o servicios que identifica. Así lo señaló el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina “[…] La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir […]”.
Esta Sección, en jurisprudencia previa se pronunció respecto de signos engañosos que resultan irregistrables:
En sentencia proferida el 22 de enero de 2015, consideró engañoso el signo FIDUFAMILIAR para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza al considerar que la expresión “FIDU” evoca el término “fiducia” lo que llevaría al público consumidor a pensar que los servicios son ofrecidos por una entidad fiduciaria debidamente autorizada. Así lo consideró la Sala:
“[…] En este caso se tratan de distinguir servicios relacionados con seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios. En tal sentido la Sala estima acertado sostener, tal y como lo hace la entidad demandada, que la partícula
la partícula FIDU presente en la denominación cuyo registro fue negado evoca el término fiducia teniendo en cuenta los servicios que se pretenden amparar (seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios). En ese sentido, y teniendo en cuenta que los servicios amparados bajo la clase 36 de la clasificación internacional tienen relación con el contrato de fiducia mercantil, se aprecia el riesgo de engaño que llevó a la Superintendencia a negar el registro, toda vez que se lleva a pensar al público consumidor que los servicios son ofrecidos por una entidad fiduciaria debidamente autorizada […]”.
En sentencia proferida el seis (6) de abril de 2017, la Sección consideró engañoso el signo “Andaluz Aceite De Oliva” para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza al considerar que: i) la expresión “Andaluz” hacía referencia a que el lugar de procedencia del producto, esto es, Andalucía, Provincia de España, lugar reconocido por la producción de aceite de oliva, y ii) la parte demandante no demostró que el producto se envasara y fuera proveniente del territorio español. Así lo consideró la Sala:
“[…] se hace indispensable acreditar, lo cual no ocurre en este caso, que en efecto tal producto que ampara la marca se envasa y proviene de dicho País. La demandante se limita a señalar en el recurso que interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, posteriormente, en la demanda que “el aceite de oliva Andaluz Aceite De Oliva, se produce, envasa y se importa de España”. Sin embargo, como se anotó anteriormente, en el expediente no obra prueba alguna que respalde su dicho, razón por la cual la marca puede resultar engañosa al hacer creer al público consumidor que el producto que la ampara procede de determinada localidad o zona geográfica, cuando en realidad no goza de dicha característica […]”. (Destacado de la Sala)
Así las cosas, con base en el marco normativo expuesto y la jurisprudencia citada la Sala procederá a analizar el caso concreto.
Análisis del caso concreto
Corresponde a la Sala, analizar, si el signo mixto MALAGUEÑA, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, por consistir en un signo engañoso respecto del lugar de origen, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de los productos que identifica.
El signo mixto solicitado MALAGUEÑA respecto del cual se realizará el estudio, es como se muestra a continuación:
SIGNO MIXTO SOLICITADO
Solicitante: Jose Nucete e Hijos S.C.A.
Clase 29: "aceites, aceitunas y productos de conserva".
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de signos que podrían resultar engañosos.
Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado para lo cual estudiará, el cargo de nulidad por violación de artículo 135 literal i) de la Decisión 486.
Cargo de nulidad por violación del artículo 135, literal i) de la Decisión 486
Visto el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que el signo mixto solicitado MALAGUEÑA pueda engañar a los medios comerciales o al público, en particular respecto del lugar de origen, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de los productos que identifica.
La Sala observa que el signo solicitado se compone del elemento denominativo MALAGUEÑA y de un elemento gráfico, que consiste en una mujer con un vestido con boleros en posición de baile, con una peineta en la cabeza y zapatos de tacón; en el fondo se ven tres círculos superpuestos y el del centro tiene un fondo de color negro que resalta la figura de la bailarina. Los zapatos de la mujer se ubican sobre un cinta ancha y debajo de esta se encuentra la palabra MALAGUEÑA.
La parte demandante sostuvo que el signo solicitado no es engañoso por cuanto no es cierto que el consumidor promedio colombiano asocie la expresión “malagueña” con el gentilicio de una mujer proveniente de la ciudad española de Málaga por cuanto este, desconoce la geografía del territorio español. Sostuvo además que por razón de lo anterior podría asociarla más bien con el municipio de Málaga, Departamento de Santander, República de Colombia y concluyó que dado que no existe certeza de lo anterior dicho término debe considerarse como un término de fantasía. Sin perjuicio de lo anterior, en el expediente no se acreditó con prueba alguna el desconocimiento del consumidor colombiano respecto de la geografía del territorio español ni la asociación del término con un municipio colombiano o mucho menos se demostró que el consumidor considere que el término MALAGUEÑA es un término de fantasía.
La parte demandada, en los actos administrativos acusados, desestimó el argumento del solicitante de registro indicando que “malagueña” es el gentilicio de una mujer natural de Málaga, España, lo que, a su juicio, se ratifica con el traje de la figura de mujer que hace parte del signo y que es un traje típico de la mujer española con peineta en su cabeza y falda de bolero.
Para la Sala no hay duda que el término “malagueña” no es un término de fantasía, por cuanto los términos de fantasía, tal como lo señala la Interpretación Prejudicial, son producto del ingenio y no tienen un significado propio. Por el contrario, la Sala estima que en este caso particular, el consumidor promedio, al encontrarse en el mercado con un signo consistente en el término “malagueña”, acompañado de una figura de mujer en postura de baile con un vestido de falda de bolero y una peineta, si asociará el signo a un motivo español.
Ahora bien, la Interpretación Prejudicial señaló que no hay signos engañosos en sí mismos sino que lo son respecto de los productos o servicios que vayan a distinguir, razón por la cual es pertinente anotar que el signo solicitado identifica "aceites, aceitunas y productos de conserva" en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Tal como se expuso en los actos administrativos es de conocimiento generalizado, que en particular los aceites y aceitunas de origen español son productos reconocidos en el mercado internacional. Sin embargo, la parte demandante no controvirtió tal dicho con prueba alguna, lo que lleva a concluir que si el consumidor promedio encuentra en el mercado un producto identificado con el signo mixto MALAGUEÑA, lo asociará con un motivo español, aunado al hecho, que el signo mixto identifica aceites y aceitunas, lo que ratificará la idea en el consumidor de que el producto ofrecido es un producto de origen español y que las características y cualidades de tal producto corresponden a las de los productos que tienen tal origen.
Asimismo, se resalta que el solicitante del signo mixto está domiciliado en Mendoza, Argentina, lo cual es indicador de que el origen del producto difiere del lugar de domicilio del solicitante y que en tal sentido, no resulta veraz que el producto identificado con el signo mixto MALAGUEÑA, tenga un origen español, particularmente porque la parte demandante tampoco allegó prueba alguna que demuestre que en efecto el producto es originario de Málaga, España. En este sentido, la Sala coincide con el argumento planteado por la parte demandada en los actos administrativos acusados relativo a que el signo no se niega por razón de la nacionalidad de la parte demandante sino por el riesgo de que el signo mixto solicitado induzca a los consumidores a asociar erróneamente los productos con un origen español generando una distorsión de la realidad que es precisamente lo que busca evitar la causal sub examine.
En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia proferida el seis (6) de abril de 2017, al concluir que el signo “Andaluz Aceite De Oliva” podía resultar engañoso para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en tanto que la parte demandante tampoco demostró que el producto se envasara y fuera proveniente del territorio español. Así lo consideró la Sala:
“[…] en su conjunto la expresión “Andaluz” hace referencia o describe una característica del producto, como lo es, un lugar de procedencia, dado que conlleva a que el público consumidor asocie dicho signo con una determinada localidad o zona geográfica, esto es, Andalucía, Provincia de España, conocida en general por la producción de aceite de oliva. De tal manera que se hace indispensable acreditar, lo cual no ocurre en este caso, que en efecto tal producto que ampara la marca se envasa y proviene de dicho País. La demandante se limita a señalar en el recurso que interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, posteriormente, en la demanda que “el aceite de oliva Andaluz Aceite De Oliva, se produce, envasa y se importa de España”. Sin embargo, como se anotó anteriormente, en el expediente no obra prueba alguna que respalde su dicho, razón por la cual la marca puede resultar engañosa al hacer creer al público consumidor que el producto que la ampara procede de determinada localidad o zona geográfica, cuando en realidad no goza de dicha característica. Por consiguiente, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que, se repite, el signo cuestionado puede inducir a error o engaño al público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara (aceite de oliva) […]”. (Destacado de la Sala)
En suma, la Sala encuentra que del análisis de la distintividad intrínseca que relaciona al signo con el producto, puede concluirse que el signo es engañoso y no cumple con las funciones propias de un signo distintivo habida cuenta que se dan los siguientes supuestos: i) el signo mixto está compuesto por el término MALAGUEÑA que es el gentilicio femenino de una habitante del municipio o la ciudad de Málaga ubicada en territorio español; ii) el supuesto origen del producto se refuerza con el elemento gráfico del signo que consiste en la figura de una mujer en posición de baile con atuendos de origen particularmente español; iii) el signo mixto sub lite identifica aceite y aceitunas, que son productos de reconocida reputación en el mencionado territorio, lo que termina por confirmar el carácter engañoso del signo en cuanto que el consumidor al encontrar que el signo mixto MALAGEÑA identifica aceites, aceitunas y productos en conserva, deducirá que el producto tiene un origen geográfico español; iv) el domicilio del solicitante del signo, parte demandante en este proceso, no está localizado en el mencionado territorio; y, v) la parte demandante no probó que el producto que se identifica con el signo MALAGUEÑA tenga como origen el territorio español.
Así las cosas, a juicio de la Sala el signo mixto MALAGUEÑA resultaría engañoso por la conjunción de las circunstancias particulares del signo mixto solicitado que tienen en común el motivo que impide su registro y que causarían una distorsión en la realidad del mercado. En efecto, el consumidor podría adquirir el producto asumiendo que proviene del territorio español y que por tal razón tiene las características, especificidades y calidad que se le atribuye a los mismos productos, originarios de dicho territorio.
Corolario de lo anterior, el signo mixto MALAGUEÑA no cumple con los requisitos para ser registrado como marca habida cuenta que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal i) de la Decisión 486 y en consecuencia, no procede su registro.
Cargos de nulidad por violación del artículo 3.º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 61 de la Constitución Política
Visto el artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo, sobre principios de las actuaciones administrativas y, el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, la Sala considera que no se vulneraron las disposiciones normativas invocadas.
La Sala, en lo que tiene que ver con el principio de imparcialidad, pone de presente a la parte demandante que el hecho de que la parte demandada haya negado el registro del signo mixto MALAGUEÑA por considerarlo engañoso, no implica que la actuación que se surtió en el caso bajo estudio haya sido violatoria del principio de imparcialidad, porque cada caso requiere de un análisis particular y concreto para determinar si se configura o no la causal de irregistrabilidad alegada.
En el caso sub examine la parte demandada analizó el signo mixto solicitado con base en su análisis particular de los criterios de distintividad intrínseca, expuso en la parte motiva sus argumentos, y concluyó que el signo analizado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal i) de la Decisión 486. Tal conclusión resulta de la autonomía y evaluación particular de las circunstancias del caso y de la aplicación de las normas que regulan la materia, lo que no vulnera el principio de imparcialidad sino que por el contrario lo reafirma.
La Sala considera, asimismo, que la parte demandada tampoco vulneró la Constitución Política en lo relativo a la protección de la propiedad intelectual, y en tal sentido, refiere a jurisprudencia previa de esta Sección en la que, sobre la base del análisis de presupuestos fácticos similares, la Sala concluyó “[…] la protección que el Estado le otorga a la propiedad intelectual parte del cumplimiento por los interesados de las exigencias y requisitos establecidos por la normativa andina para la obtención de un registro marcario, los cuales en este caso no fueron cumplidos, tal como quedó visto. […]”. El hecho de negar el registro de un signo como marca no afecta la protección que el Estado brinda a los particulares sobre la propiedad intelectual más aún cuando la normativa prevé que en los casos en que un signo se encuentre incurso en una causal de irregistrabilidad prevista por la Decisión 486 no será registrado ya sea porque afecta el interés general, como ocurre en el caso sub examine, o porque afecta derechos de terceros previamente concedidos. En consecuencia, la Sala considera que los cargos analizados en este aparte no están llamados a prosperar.
Conclusión
La Sala concluye que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, por cuanto, el signo mixto solicitado MALAGUEÑA no cumple con los requisitos de la distintividad intrínseca necesaria para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, en particular, resulta engañoso respecto del origen de los productos que ampara.
Corolario de lo anterior, a juicio de la Sala no se vulneraron los artículos 3.º del Código Contencioso Administrativo y 61 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto que los actos administrativos acusados observaron los principios aplicables a las actuaciones administrativas, en particular el principio de imparcialidad, analizando las circunstancias particulares del caso y motivando su decisión. Asimismo, al aplicar la causal de irregistrabilidad analizada, no dejó de protegerse la propiedad intelectual sino que se protegió el interés general en el sentido de evitar una distorsión de la realidad acerca del origen y características de los productos identificados con el signo mixto MALAGUEÑA así como la consecuente confusión del público consumidor.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho contenidos en la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta sentencia, ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, archivar el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Cfr. Folios 2 a 6
“[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
Cfr. Folios 12 a 27
Cfr. Folios 13 y 14
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]”.
“Régimen Común sobre Propiedad Industrial”
“[…] Artículo 3º - Principios. […] Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. […] 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva […]”.
“[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. Cfr. Folios 17 y 18
Cfr. Folio 18
Cfr. Folios 18 y 22
Cfr. Folio 24
Ibidem
Cfr. Folios 24 y 25
Cfr. Folios 79 a 82
Cfr. Folios 74 a 78
Cfr. Folio 76 vuelto
Cfr. Folio 77 vuelto
Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Cfr. Folios 95 a 102
Cfr. Folios 125 a 131
Cfr. Folio 133
“[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. Cfr. Folios 51 a 54
Cfr. Folios 55 a 58
Cfr. Folios 59 a 63
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. Cfr. Folio 129
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia proferida el 6 de abril de 2017. C.P. María Elizabeth García González. Núm. Único de radicación 11001032400020130010400; Consejo de Estado. Sala Contenciosa Administrativa. Sección Primera. Sentencia de 22 de enero de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Núm. Único de Radicación 11001032400020100015400. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia proferida el 6 de abril de 2017. C.P. María Elizabeth García González. Núm. Único de radicación 11001032400020130010400. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Núm. Único de radicación: 11001032400020070013800.
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Número único de radicación: 110001032400020130007700
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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