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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00385-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00385-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Sandra Marcela Parada Aceros al poder conferido por el Ministerio de Defensa Nacional, y RECONOCER personería a la abogada Diana Carolina Gutiérrez Rueda, para actuar en representación de dicha entidad, en los términos y para los fines del poder a ella otorgado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00385-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

3 de julio de 2025

Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Actor: BALVINO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tesis: No es nulo, por falta de competencia, por infracción del
Convenio MARPOL 73/78, de la confianza legítima o del
derecho al trabajo, ni por falsa motivación, el acto
administrativo mediante el cual la Dimar establece la
exigencia del doble casco para las naves y artefactos
navales que transporten hidrocarburos a granel en sus
espacios de carga en aguas jurisdiccionales
colombianas.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala se pronuncia en única instancia sobre la demanda1 formulada por
el señor Balvino Gutiérrez Martínez, actuando en nombre propio, en
ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra de la Resolución 022 del 25 de enero de
2013, “Mediante la cual se establecen medidas aplicables a todas las
naves y artefactos navales de bandera colombiana y de bandera
extranjera que realicen operaciones de transporte de hidrocarburos a
granel en áreas bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima”,
expedida por la Dirección General Marítima (Dimar).

1
La demanda fue radicada el 22 de julio de 2013 y obra a folios 48 a 68 del cuaderno principal.

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El demandante formuló la siguiente pretensión:

“PRIMERA: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 0022 del veinticinco
(25) de enero de dos mil trece (2013), junto con su anexo, proferida por el
Director General Marítimo de la ‘DIMAR’ y ‘mediante la cual se establecen
medidas aplicables a todas las naves y artefactos navales de bandera
colombiana y de bandera extranjera que realicen operaciones de transporte de
hidrocarburos a granel en áreas bajo jurisdicción de la Dirección General
Marítima’”.

1.2. El acto demandado

La Resolución 022 del 25 de enero de 2013 es del siguiente tenor:

“REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN
GENERAL MARÍTIMA

RESOLUCIÓN 0022 (25 ENE-2013)

D.O. 48.697

Mediante la cual se establecen medidas aplicables a todas las naves y
artefactos navales de bandera colombiana y de bandera extranjera que
realicen operaciones de transporte de hidrocarburos a granel en áreas bajo
jurisdicción de la Dirección General Marítima

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

en uso de las facultades legales y

CONSIDERANDO

Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 26° de la Ley 730 de 2001, dispone que las naves y artefactos
navales de bandera nacional, deben reunir las condiciones de seguridad
previstas en la legislación nacional y los convenios internacionales.

Que el numeral 19 del artículo 5 del Decreto Ley 2324 de 1984, determina como
función de la Dirección General Marítima aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer
cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y
protección del medio ambiente marino.

Que internacionalmente se está limitando en algunos casos y prohibiendo en
otros, la operación de buques tanque petroleros de casco sencillo, con el fin de
minimizar los riesgos de derrame de hidrocarburos y los efectos perjudiciales al
ambiente marino, de acuerdo a lo establecido en el Convenio internacional para

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prevenir la contaminación por buques y su Protocolo de 1978, Convenio MARPOL
73/78 enmendado Anexo I, aprobado por el Estado Colombiano a través de la
Ley 12 de 1981.

Que es necesario fijar fechas límite para que las naves y artefactos navales que
transportan hidrocarburos a granel, pero que por su tonelaje, año de
construcción o fecha de entrega, tipo de tráfico, clase de propulsión u otros
motivos, no están dentro de las fechas que el Convenio MARPOL 73/78
enmendado ha establecido para la aplicación de las prescripciones relativas al
doble casco.

Que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 5057 de 2009 es
función del Director General Marítimo, dictar las reglamentaciones técnicas para
la prevención de la contaminación marina proveniente de buques.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Naves y Artefactos Navales de Bandera Nacional: A partir del 30
de julio de 2013 las naves y artefactos navales de bandera colombiana,
independientemente de su tonelaje y de la fecha de construcción o adaptación
que transporten hidrocarburos a granel en sus espacios de carga, deberán
contar como protección, con tanques de lastre separados o espacios que no
sean tanques de carga o destinados a contener hidrocarburos y/o mezclas
oleosas, que vayan emplazados en la sección de la eslora en que se hallen los
tanques de carga, como se indica en el Anexo de la presente resolución.

PARÁGRAFO: La Dirección General Marítima podrá aceptar otros métodos de
proyecto y construcción de buques petroleros como alternativa de lo dispuesto
en el Anexo de la presente resolución, a condición de que ofrezcan como mínimo
el mismo grado de protección contra la contaminación por hidrocarburos
causada por siniestros o accidentes marítimos, acatando para ello las
‘Directrices provisionales revisadas para la aprobación de otros métodos de
proyecto y construcción de petroleros’, adoptadas por el Comité de Protección
del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional mediante la
Resolución MEPC.110(49), y sus enmiendas futuras.

ARTÍCULO 2°. - Régimen de Transición: Las empresas que antes del 30 de julio
de 2013, presenten a la Dirección General Marítima o a través de una Sociedad
de Clasificación avalada en Colombia, un proyecto de modificación o
transformación de la estructura de sus naves o artefactos navales o un plan de
renovación de la flota, para cumplir con lo estipulado en el artículo 1°. de ésta
resolución, tendrán un plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de
aprobación del proyecto, para realizar las modificaciones o transformaciones,
tiempo durante el cual podrán seguir operando.

PARÁGRAFO: Cuando no se presente el proyecto de modificación o
transformación dentro del término aquí establecido, o el mismo no sea
aprobado, o transcurra el plazo sin que se hubiese adelantado las modificaciones
o transformaciones correspondientes, la Dirección General Marítima, con
fundamento en lo preceptuado en el Decreto 804 de 2001, dará aplicación a lo
dispuesto en el artículo 66 y concordantes del Código Contencioso
Administrativo y las demás normas que los modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 3°.- Registro, Habilitación y Permiso de Operación: A partir de la
entrada en vigencia de la presente resolución el registro de naves o artefactos
navales abanderados en el país o de otras nacionalidades, así como la
habilitación y el permiso de operación que se otorgue a las empresas que
prestan el servicio de transporte de hidrocarburos a granel en aguas bajo

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jurisdicción de la Dirección General Marítima se realizará previa verificación del
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1° de ésta, en aplicación de lo
dispuesto en los artículo 26, 27 y concordantes de la Ley 730 de 2001 y demás
normas que la modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 4°. - Naves y Artefactos Navales de Bandera Extranjera: A partir de
la entrada en vigencia de la presente resolución las empresas colombianas de
servicio de transporte marítimo, podrán operar o fletar naves o artefactos
navales de bandera extranjera que transporten como carga hidrocarburos a
granel, previa verificación del cumplimiento de las exigencias de que trata el
artículo 1° de la misma.

ARTÍCULO 5°. - Vigencia: La presente resolución modifica en lo correspondiente
a lo prescrito en la Resolución 220 de 2012 y rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a 25 de enero de 2013

Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
Director General Marítimo”.

ANEXO

(…)

2. Los tanques de carga y de decantación estarán protegidos en toda su longitud
por tanques de lastre separado o espacios que no sean tanques destinados a
contener hidrocarburos y/o mezclas oleosas, como se indica a continuación:

2.1. Tanques o espacios laterales.

Tendrán una profundidad igual a la altura total del costado del buque o se
extenderán desde la cara superior del doble fondo hasta la cubierta más alta,
ignorando el trancanil alomado en caso de haberlo. Irán dispuestos de tal
manera que los tanques de carga y de decantación queden por dentro de la
línea de trazado de las planchas del forro del costado, y en ningún caso a menos
de la distancia “w” medida como se ilustra en la Figura 1, en cualquier sección
transversal perpendicularmente al forro del costado, tal como se indica a
continuación:

w = 0,5 + (peso muerto(DW)/20.000) (metros), o bien,

w = 2,0 metros, si este valor es menor.

El valor mínimo de w será de 1,0 metro.

a. Para petroleros de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas, el valor
mínimo de “w” será de 1,0 metro.

b. Para petroleros de peso muerto inferior a 5.000 toneladas, el valor mínimo
de “w” será de 0,76 metros.

2.2. Tanques o espacios del doble fondo.

En cualquier sección transversal, la profundidad de cada tanque o espacio del
doble fondo será tal que la distancia “h” entre el fondo de los tanques de carga
y de decantación y la línea de trazado de las planchas del forro del fondo, medida

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perpendicularmente a dichas planchas como se ilustra en la Figura 1, no sea
inferior a la especificada a continuación:

a. Para buques de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas:

h = B / 15 (metros), o bien,

h = 2,0 metros, si este último valor es menor.

El valor mínimo de “h” será de 1,0 metro.

b. Para buques, excepto barcazas, de peso muerto inferior a 5.000 toneladas:

h = B / 15 (metros);

El valor mínimo de “h” será de 0,76 metros.

c. Para barcazas de peso muerto inferior a 5.000 toneladas, el valor de “h” podrá
reducirse a:

h = B / 18 (metros), con un valor mínimo de 0,76 metros.

En el caso de barcazas de peso muerto inferior a 2.500 toneladas, el valor de
“h” no será menor a 0,61 metros.

2.3. Zona de la curva del pantoque o en lugares en que la curva del pantoque
no esté claramente definida.

Cuando las distancias “h” y “w” sean distintas, el valor “w” tendrá preferencia
en los niveles que excedan de 1,5h por encima de la línea de base, tal como se
ilustra en la Figura 1.

Figura 1.

En la zona de la curva del pantoque y en lugares donde dicha curva no esté
claramente definida, la línea que define los límites de los tanques de carga y de
decantación será paralela al fondo plano en los medios, como se ilustra en la
Figura 2.

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Figura 2.

2.4. Capacidad total de los tanques de lastre.

En los buques petroleros para crudos de peso muerto igual o superior a 20.000
toneladas, y en los buques petroleros para productos petrolíferos refinados de
peso muerto igual o superior a 30.000 toneladas, la capacidad total de los
tanques laterales, tanques del doble fondo y tanques de los piques de proa y
popa, no será inferior a la capacidad de los tanques de lastre separado necesaria
para cumplir con lo estipulado en el siguiente párrafo:

La capacidad de los tanques de lastre separado se determinará de modo que el
buque pueda operar con seguridad durante los viajes en lastre sin tener que
recurrir a la utilización de los tanques de carga para lastrar con agua, salvo
casos excepcionales. No obstante, la capacidad mínima de los tanques de lastre
separado será tal que, en todas las condiciones de lastre que puedan darse en
cualquier parte del viaje, incluido el buque vacío con lastre separado
únicamente, puedan cumplirse las siguientes prescripciones relativas a los
calados y asiento del buque:

a. El calado de trazado en el centro del buque (dm), expresado en metros (sin
tener en cuenta deformaciones del buque), no será inferior a:

dm = 2,0 + 0,02L

b. Los calados en las perpendiculares de proa y popa corresponderán a los
determinados por el calado en el centro del buque (dm), tal como se especifica
en el párrafo precedente, con un asiento apopante no superior a 0,015L y,

c. En los buques petroleros, el calado en la perpendicular de popa no será nunca
inferior al necesario para garantizar la inmersión total de la(s) hélice(s).

Los tanques o espacios laterales y tanques del doble fondo que se utilicen para
cumplir lo prescrito en los párrafos precedentes, irán emplazados de la manera
más uniforme posible a lo largo de la zona de los tanques de carga. La capacidad
adicional de lastre separado prevista para reducir los esfuerzos flectores
longitudinales en la viga-casco, el asiento, y demás, podrá distribuirse por
cualquier lugar del buque.

Las condiciones de lastre separado relativas a los petroleros de menos de 150
metros de eslora serán sometidas a consideración especial.

2.5. Pozos de aspiración de los tanques de carga y de decantación.

Los pozos de aspiración de los tanques de carga y de decantación podrán
penetrar el doble fondo por debajo de la línea límite que define la distancia “h”,
a condición de que tales pozos sean lo más pequeños posible y que la distancia
entre el fondo del pozo y las planchas del forro del fondo no sea inferior a 0,5h.
La plancha del fondo del pozo debe contar con el doble del espesor de éste.

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2.6. Tuberías de lastre y de carga.

Las tuberías de lastre y otras tuberías como los tubos de sonda y de aireación
de los tanques de lastre, no atravesarán los tanques de carga y de decantación.
Las tuberías de carga y similares no atravesarán los tanques de lastre. Podrán
exceptuarse de esta prescripción tuberías de escasa longitud, a condición de
que estén totalmente soldadas o sean de construcción equivalente.

2.7. Se podrá prescindir de los tanques o espacios del doble fondo prescritos en
el punto 2.2. precedente, a condición de que el proyecto del petrolero sea tal
que la presión estática de la carga y de los vapores ejercida en las planchas del
forro del fondo que constituyen la única separación entre la carga y el agua en
que flota el buque, no exceda de la presión hidrostática exterior del agua,
determinada mediante la fórmula siguiente:

f x hc x pc x g + p < dn x ps x g

donde:

hc = altura de la carga que esté en contacto con las planchas del forro del fondo,
en metros;

pc = densidad máxima de la carga, en kg/m3;

dn = calado mínimo de servicio en cualquier condición de carga prevista, en
metros;

ps = densidad del agua en que flota el buque, en kg/m3

p = presión máxima de tarado de la válvula de presión y vacío del tanque de
carga, en pascales;

f = 1,1 (factor de seguridad); y,

g = aceleración de la gravedad (9,81 metros/s2);

Toda división horizontal que sea necesaria para satisfacer las anteriores
prescripciones estará situada a una altura sobre la línea de base no inferior a
B/6 ó 6 metros, si este último valor es menor, pero que no exceda de 0,6 D,
siendo "D" el puntal de trazado en los medios.

El emplazamiento de los tanques o espacios laterales se ajustará a la definición
del punto 2.1., con la salvedad de que por debajo de un nivel situado a 1,5h por
encima de la línea de base, siendo “h” la altura que se define en el punto 2.2.
La línea que define los límites de los tanques de carga y de decantación podrá
ser vertical hasta las planchas del fondo, como se ilustra en la Figura 3.

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3. Para todos los casos de hipótesis de avería se seguirán las reglas pertinentes
del Anexo I del Convenio MARPOL enmendado.

4. Para petroleros de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas, la cámara
de bombas estará provista de un doble fondo de modo que, en cualquier sección
transversal, la profundidad de cada tanque o espacio del doble fondo será tal
que la distancia “h” entre el fondo de la cámara de bombas y la línea base del
buque medida perpendicularmente con respecto a dicha línea base no sea
inferior a lo especificado a continuación:

h = B / 15 (metros), o bien,

h = 2,0 metros, si este último valor es menor.

El valor mínimo de “h” será de 1,0 metro.

a. En el caso de las cámaras de bombas cuya chapa del fondo se encuentre por
encima de la línea de base a una distancia que sea como mínimo la prescrita en
el párrafo anterior (por ejemplo, proyectos con popa de góndola) no se requerirá
un doble fondo en la cámara de bombas.

b. Las bombas de lastre estarán provistas de los medios necesarios para
garantizar que la aspiración desde los tanques del doble fondo sea eficaz.

c. No obstante lo dispuesto en los numerales a y b anteriores, si la inundación
de la cámara de bombas no inutiliza el sistema de bombeo del lastre o de la
carga, no será preciso instalar un doble fondo.

5. No se transportarán hidrocarburos en ningún espacio que se extienda a proa
del mamparo de colisión situado de conformidad con lo dispuesto en la regla II-
1/11 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
Convenio SOLAS 1974 enmendado. Los petroleros a los que no se les exija llevar
un mamparo de colisión de conformidad con lo dispuesto en dicha regla, no
trasportarán hidrocarburos en ningún espacio que se extienda a proa del plano
transversal perpendicular al plano de crujía trazado en el lugar en que hubiera
estado situado el mamparo de colisión de conformidad con lo dispuesto en la
mencionada regla.

6. A efecto de garantizar los aspectos generales en materia de seguridad, las
naves petroleras y artefactos navales construidos de conformidad a lo dispuesto
en el presente anexo, deberán contar con medios adecuados para acceder e
inspeccionar los tanques o espacios laterales y los de doble fondo”.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

El demandante alegó que la Resolución 022 del 25 de enero de 2013
infringe los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 25, 29, 83 y 93 de la Constitución
Política; el Decreto Ley 2324 de 1984, “Por el cual se reorganiza la
Dirección General Marítima y Portuaria”; la Ley 730 de 2001, “por medio
de la cual se dictan normas para el registro y abanderamiento de naves y
artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca comercial
y/o industrial”; el Decreto 5057 de 2009, “Por el cual se modifica

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parcialmente la Estructura del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General Marítima y se dictan otras disposiciones”; y el “Convenio MARPOL
• 73/78 y sus anexos, aprobado por Colombia mediante la Ley 12 de 1981,
en su Regla 13 F del Anexo I, numeral 1º”.

1.3.1. “VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1991 Y LA
LEY COMO CAUSAL DE NULIDAD”

1.3.1.1. El demandante arguyó que la Resolución 022 del 25 de enero de
2013 trae consigo la exigencia, para todas las embarcaciones dedicadas
al transporte de hidrocarburos, de contar con doble casco a partir del 30
de julio de 2013, lo que contradice el Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL 73/78),
aprobado en Colombia mediante la Ley 12 de 1981, que en el numeral 1
de la Regla 13F del Anexo I, exoneró de tal requerimiento a las naves o
artefactos navales de peso muerto igual o inferior a 600 toneladas.

Aseveró que, con ello, el acto incurrió en violación de los preceptos
constitucionales relacionados con la prelación del interés general, el
debido proceso, el derecho al trabajo, la confianza legítima, los derechos
colectivos y el respeto por los convenios internacionales aprobados por
Colombia.

En concreto, señaló que la implementación del doble casco es
técnicamente inviable para las pequeñas naves que transportan
combustibles livianos como gasolina y ACPM, en cantidades menores, a
zonas alejadas del Litoral Pacífico Colombiano, comoquiera que implicaría
agrandarlas, disminuyendo su capacidad de carga y aumentando el
calado, lo que les impediría el acceso a muchas poblaciones e involucraría
un costo descomunal.

Por lo tanto, arguyó que el acto demandado afecta la subsistencia de
cientos de personas que viven de dicha actividad y que, además, realizan

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una labor social al transportar víveres y abarrotes hacia dichas
poblaciones.

1.3.1.2. Argumentó que el acto administrativo demandado infringe el
principio de la confianza legítima porque desconoce que el Convenio
MARPOL 73/78, que ha estado vigente en Colombia por más de 30 años,
excluye de la exigencia del doble casco a las naves de peso muerto igual
o inferior a 600 toneladas. Y, al incluir tal exigencia, el acto ocasiona que
cientos de personas pierdan el trabajo, teniendo en cuenta que
aproximadamente el 90% de las naves matriculadas ante la Dimar
durante ese lapso son embarcaciones menores.

Advirtió que, en la Circular 001195-DIMAR-CP1-AGYN del 19 de abril de
2005, expedida por la Capitanía de Puerto de Buenaventura, se
evidenciaba la intención, “por demás ilegal y contraria a los Tratados
Internacionales de RETIRAR progresivamente los Buques de ‘Casco
Sencillo’”, entre los años 2005 y 2010. Entonces, adujo que no se
entiende por qué, si esa era la intención de la autoridad, en 2006 y 2009
la Dimar refrendó matrículas, y en 2012 matriculó embarcaciones con
peso muerto igual o inferior a 600 toneladas, las cuales ahora se ven
imposibilitados para operar como consecuencia de la referida exigencia.

1.3.2. “VIOLACION DE LA LEY y LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DEBIDAMENTE APROBADOS POR COLOMBIA”

Argumentó que el acto incurrió en violación del Convenio MARPOL
73/78 porque generalizó la exigencia del doble casco a todos los buques
y naves, sin tener en cuenta que este, en el numeral 1 de la Regla 13F
del Anexo I, establece que esa regla solo se aplicaría a petroleros de peso
muerto igual o superior a 600 toneladas.

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1.3.3. “FALTA DE COMPETENCIA COMO CAUSAL DE NULIDAD”

1.3.3.1. Sostuvo que el director general marítimo actuó sin competencia
al expedir la Resolución 022 del 25 de enero de 2013, pues el contenido
de esta escapa de las facultades que le confiere el Decreto Ley 2324 de
1984, que reorganizó la Dimar.

Expuso que la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 63 del 22 de
agosto de 1985 (proceso 1306), declaró inexequibles varias disposiciones
del Decreto Ley 2324 de 1984, que le atribuían competencia al director
general marítimo para dictar regulaciones. Asimismo, señaló que el
Consejo de Estado, Sección Primera, en la sentencia del 4 de junio de
1998, expediente 4600, consejero ponente Libardo Rodríguez Rodríguez,
manifestó las potestades reglamentarias del director general marítimo
son derivadas y de carácter puramente operativo, por lo que no puede
dictar regulaciones nuevas ni reglamentar directamente la ley.

Luego, adujo que el numeral 19º del artículo 5 del Decreto Ley 2324 de
1984, que la Resolución 022 del 25 de enero de 2013 invoca como
fundamento, no contiene la palabra regulación, por lo que insistió en que
el acto va más allá de las competencias del director general marítimo.

Asimismo, explicó que el numeral 4º del artículo 2 del Decreto 5057 de
2009 facultaba al director general marítimo para dictar reglamentaciones
técnicas orientadas a la prevención de la contaminación marina, pero
enfatizó que el acto acusado excede ese ámbito, pues constituye un
catálogo de regulación nuevo.

Además, alegó que el funcionario extendió sus facultades más allá de la
jurisdicción colombiana, pues también impuso el requisito del doble casco
a las naves de bandera extranjera que arriben a operar en Colombia,
desconociendo que en muchos países miembros de la Organización
Marítima Internacional (OMI) existen embarcaciones a las que no se les

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Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

aplica la Regla 13F del Convenio MARPOL 73/78, por lo que operan con
casco sencillo.

1.3.3. “FALSA MOTIVACIÓN COMO CAUSAL DE NULIDAD”

Argumentó que el acto demandado está falsamente motivado porque
generaliza la aplicación de sus efectos a todo tipo de naves, sin considerar
las excepciones y el ámbito de aplicación de la norma superior en la que
se fundamenta, esto es, el Convenio MARPOL 73/78.

Aseveró que la motivación del acto acusado es falsa en tanto señala que
a nivel internacional se está limitando o prohibiendo la operación de
buques petroleros de casco sencillo, sin fundamentarse para ello en algún
tratado o convenio internacional aprobado por Colombia.

Agregó que la resolución demandada está falsamente motivada porque,
pese a que invoca como fundamentos los artículos 26 y 27 de la Ley 730
de 2001, los cuales establecen que las condiciones de seguridad de las
embarcaciones deben regirse por la legislación nacional y los convenios
internacionales, lo cierto es que infringe las reglas de un convenio
internacional, esto es, el Convenio MARPOL 73/78.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el despacho sustanciador a través de
proveído del 13 de agosto de 20142, en el cual se ordenó notificar al
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, al Procurador
Delegado para la Conciliación Administrativa y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Ministerio de Defensa Nacional contestó la demanda por
intermedio de apoderado y expuso los siguientes argumentos3:

2
Folio 71 a 73 del cuaderno principal.
3
Folios 81 a 91 ibidem.

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Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

2.1.1. Arguyó que el cargo de violación de normas superiores no se
encuentra configurado porque la facultad de la DIMAR para expedir la
resolución no proviene exclusivamente del Convenio MARPOL 73/78, sino
de un análisis integral de convenios de la OMI y el ordenamiento jurídico
interno. En tal sentido, dijo que Colombia, como Estado de bandera o
pabellón, cuenta con las facultades que le confieren las siguientes
disposiciones:

a) La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Convemar) de 1982, que, aunque no está ratificada por Colombia,
fue reconocida como fuente de derecho internacional por la Corte
Constitucional en la sentencia T-141 de 1996. Esta faculta a
Colombia para determinar, a través de su legislación, los requisitos
necesarios para conceder su nacionalidad a los buques e inscribirlos
en un registro, asegurando una relación auténtica entre estos y el
Estado. En tal evento, el Estado de bandera asume deberes de
control, incluyendo el cumplimiento de convenios internacionales.

b) El Código de Comercio, que faculta a la autoridad marítima para
clasificar las naves desde el punto de vista técnico y de uso
(parágrafo 2º del artículo 1432), y establece que la matrícula de
una nave está sujeta a los requisitos técnicos exigidos por los
reglamentos de dicha autoridad (artículo 1440).

c) El Decreto Ley 2324 de 1984, que en el artículo 5 establece las
atribuciones de la Dimar para regular, dirigir y controlar la
seguridad de la navegación y la vida humana en el mar (numeral
5°), así como para autorizar la operación de naves (numeral 6°), y
para regular, efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección
y matrícula de las naves (numeral 9°). Además, este decreto ley
establece que las embarcaciones deben cumplir con las condiciones
de seguridad previstas en la ley, los convenios internacionales y las
reglamentaciones (artículo 110).

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d) El artículo 26 de la Ley 730 de 2001 (cuyo ámbito de aplicación fue
extendido a todo tipo de naves por el Decreto Ley 19 de 2012), que
faculta a la autoridad marítima para exigir condiciones de seguridad
previstas en la legislación nacional y convenios internacionales.

e) Finalmente, el artículo 2, numeral 4º, del Decreto 5057 de 2009,
que atribuye al director general marítimo la función de “Dictar las
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la
seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la
contaminación marina proveniente de buques”.

2.1.2. Argumentó que, de acuerdo con el artículo 3, el ámbito de
aplicación del Convenio MARPOL 73/78 se extiende a “Los buques que
tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el Convenio” y a
“Los buques que sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte
operen bajo la autoridad de un Estado Parte”. Además, se aplica a todas
las áreas marinas afectadas por la actividad de los buques, es decir, aguas
jurisdiccionales colombianas y alta mar, y las aguas internacionales.

2.1.3. Señaló que Colombia adhirió al Convenio MARPOL 73/78 -
Enmendado, mediante la Ley 12 de 1981, y dijo que los Anexos I y II,
relativos a hidrocarburos y a sustancias nocivas liquidas transportadas a
granel, que incluye los productos químicos, respectivamente, entraron a
regir el 2 de octubre de 1983.

Explicó que las enmiendas relativas al doble casco, que antes estaban en
las Reglas 13F y 13G del Anexo I, actualmente se encuentran en las
Reglas 19, 20 y 21 del mismo Anexo, las cuales consagran que los
petroleros de peso muerto igual o superior a 600 toneladas deben estar
provistos de dobles fondos y de tanques laterales que se extiendan a todo
lo largo del costado del buque.

No obstante, dijo que el Convenio estableció fechas máximas para que los
buques petroleros de casco sencillo pudieran seguir realizando viajes
internacionales, y otorgó la potestad a los Estados para que definieran las

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fechas máximas hasta la cuales estos podrían operar en sus aguas
jurisdiccionales.

2.1.4. Agregó que, de acuerdo con el convenio, un Estado miembro puede
realizar directamente las tareas de inspección, reconocimiento, concesión
o renovación de certificados de los buques de su propio pabellón, o con
delegación expresa a las organizaciones reconocidas. Y que la
implementación de las normas internacionales del Convenio obedece al
compromiso estatal de reducir los accidentes marítimos y la
contaminación, por lo que la Dimar, como autoridad marítima, no ha
menoscabado el derecho al trabajo.

2.2. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

2.3. Sobre la solicitud de medida cautelar

Mediante auto del 13 de agosto de 20144, el despacho sustanciador
ordenó correr traslado de la medida cautelar solicitada y, a través de
proveído del 19 de diciembre de 20145, la denegó, con sustento en las
siguientes consideraciones:

“Del análisis en conjunto del acto acusado y el numeral primero de la regla 13
F del anexo 1 del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, modificado por el Protocolo de 1978 - MARPOL 73/78 aprobado por
Colombia mediante la Ley 12 de 1981, no surge la violación manifiesta de esta
disposición toda vez que para determinar si la Dirección Marítima carecía de
competencia para regular las normas de seguridad de las naves pequeñas que
se dedican al transporte de hidrocarburos de peso muerto igual o inferior a 600
toneladas, teniendo como parámetros las normas de seguridad establecidas en
el tratado internacional anteriormente mencionado, es necesario realizar un
análisis normativo en conjunto de las disposiciones que regulan la competencia
de la Dirección General Marítima, tales como el Decreto Ley 2324 de 1984, la
Ley 730 de 2001 y el Decreto 5057 de 2009; y, determinar si, la Dirección
General Marítima tiene o no competencia para regular las condiciones de
seguridad de las naves anteriormente mencionadas, lo cual es propio de la
sentencia que ponga fin al proceso”.

4
Folio 8 del cuaderno de medida cautelar.
5
Folios 49 a 58 ibidem.

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2.4. La audiencia inicial

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, se celebró
audiencia inicial el 12 de octubre de 20186, a la cual asistieron las partes
demandante y demandada.

2.4.1. En la etapa correspondiente, el magistrado sustanciador fijó el
litigio de la siguiente manera:

“(…) Teniendo en cuenta la demanda y su contestación, observa la Sala Unitaria
que debe resolverse sobre lo siguiente:

1. Sobre el cargo de violación de normas superiores:

Se debe resolver si la Resolución 0022 de 2013 de la DIMAR, al exigir que lleven
‘doble casco’ los petroleros con peso muerto igual o inferior a 600 toneladas,
infringe lo dispuesto en una, varias o todas las siguientes normas superiores:
artículos 2, 4, 6, 25, 29 y 93 de la Constitución Política; y Regla 13F del anexo
1, numeral 1 del Convenio Internacional Marpol-73/78 y sus anexos, aprobado
mediante la Ley 12 de 1981 (aspecto este último sobre el cual también deberá
examinarse la competencia de esta Corporación para pronunciarse).

2. Sobre el cargo de violación del principio de confianza legítima:

Se debe resolver si la Resolución 0022 de 2013 de la DIMAR, al exigir que lleven
‘doble casco’ los petroleros con peso muerto igual o inferior a 600 toneladas,
vulnera el principio de confianza legítima, que el actor deriva de los artículos 1°
y 83 de la Constitución Política.

3. Sobre el cargo de falta de competencia:

Se debe resolver si la Dirección General Marítima es competente para exigir
‘doble casco’ en los petroleros con peso muerto igual o inferior a 600 toneladas.

4. Sobre el cargo de falsa motivación:

Este cargo se divide, a su vez, en dos acusaciones:

1. El actor aduce que la resolución acusada tiene como uno de los motivos de
su expedición que internacionalmente se está limitando en algunos casos y
prohibiendo en otros, la operación de buques tanque petroleros de casco
sencillo, con el fin de minimizar los riesgos de derrame de hidrocarburos y los
efectos perjudiciales al ambiente marino, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio internacional para prevenir la contaminación por buques y su
Protocolo de 1978, Convenio MARPOL 73/78 enmendado Anexo I, aprobado por
el Estado Colombiano a través de la Ley 12 de 1981; y ello se constata al revisar
el texto del acto acusado.

6
Folios 124 a 136 ibidem.

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Señala el actor que este motivo es falso respecto de buques tanque petroleros
con peso muerto igual o inferior a 600 toneladas, en razón a que el Convenio
MARPOL 73/78 no es aplicable para estas naves.

En este orden, la Sala se debe resolver (i) si el motivo mencionado es extensible
a los buques tanque petroleros con peso muerto igual o inferior a 600 toneladas;
y (ii) si tal motivo es el único o es motivo determinante para exigir ‘doble casco’
a estas naves.

Si es cierto lo anterior, deberá examinarse si la resolución acusada incurre en
falsa motivación que conlleve su nulidad.

2. El demandante aduce que la resolución acusada se fundamentó en los
artículos 26 y 27 de la Ley 730 de 2001 ‘por medio de la cual se dictan normas
para el registro y abanderamiento de naves y artefactos navales dedicados al
transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial’.

En ese orden, se deberá resolver si las dos normas legales atrás citadas
constituyen en efecto motivación de la resolución demandada.

Si la respuesta es afirmativa respecto de una o ambas normas, se deberá
resolver:

(i) Si del hecho que, conforme al artículo 26 de la Ley 730 de 2001, las naves y
artefactos navales deben reunir las condiciones de seguridad previstas en la
legislación nacional y en los convenios internacionales, puede entonces la
DIMAR exigir ‘doble casco’ en los petroleros con peso muerto igual o inferior a
600 toneladas.

(ii) Si del hecho que, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 730 de 2001, las
condiciones de seguridad de las naves y artefactos navales se determinarán de
acuerdo con la finalidad de los servicios que presten y de la navegación que
efectúen, así como de conformidad con las normas internacionales que rigen la
materia, puede entonces la DIMAR exigir ‘doble casco’ en los petroleros con
peso muerto igual o inferior a 600 toneladas.

Si la DIMAR no podía expedir el acto acusado con fundamento en las
disposiciones legales citadas, debe examinarse si debe declarase su nulidad”.

2.4.2. Seguidamente, se ordenó tener como pruebas los documentos
aportados con la demanda y se estimó innecesario decretar pruebas de
oficio. No obstante, se puso de presente a la parte demandada que con la
contestación no se habían allegado los antecedentes administrativos,
razón por la cual se le concedió el termino de dos días hábiles para
aportarlos7.

7
Según anotación del sistema Samai (índice 34) los antecedentes fueron allegados el 17 de octubre de 2018.

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2.5. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

2.5.1. El señor Balvino Gutiérrez Martínez presentó escrito de alegatos
de conclusión8 en el que reiteró los argumentos de la demanda y enfatizó
que las naves pequeñas (inferiores a 600 toneladas) no transportan
hidrocarburos pesados o semipesados, los cuales sí generan agentes
agresivos para el medio marino y requieren doble casco, sino que
transportan combustibles livianos, como gasolina y ACPM. Por lo tanto,
estas embarcaciones debieron ser excluidas del ámbito de aplicación del
acto administrativo demandado.

2.5.2. Ministerio de Defensa Nacional presentó escrito de alegatos de
conclusión9 en el que reiteró la totalidad de los argumentos de la
contestación de la demanda.

2.5.3. El Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 149 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de
diciembre de 2024, expedidos por la Sala Plena de esta Corporación, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.

3.2. Planteamiento del asunto

En el presente proceso se discute la legalidad de la Resolución 022 del 25
de enero de 2013, “Mediante la cual se establecen medidas aplicables a
todas las naves y artefactos navales de bandera colombiana y de bandera
extranjera que realicen operaciones de transporte de hidrocarburos a

8
Folios 151 a 152 ibidem.
9
Folios 153 a 162 ibidem.

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granel en áreas bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima”,
expedida por la Dirección General Marítima (Dimar).

3.2.1. En la demanda se alega, en síntesis, que la resolución atacada
exige, a partir del 30 de julio de 2013, a las embarcaciones de bandera
nacional, con peso muerto igual o inferior a 600 toneladas, dedicadas al
transporte de hidrocarburos, contar con doble casco, lo que a su juicio
contradice el Convenio MARPOL 73/78, que en el numeral 1 de la Regla
13F del Anexo I las exoneró de tal requerimiento.

El demandante considera que, con ello, el acto acusado: (i) se expidió sin
competencia, pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia10 y del Consejo de Estado, Sección Primera11, las potestades
reglamentarias del director general marítimo son derivadas y de carácter
puramente operativo, por lo que no puede dictar regulaciones nuevas ni
reglamentar directamente la ley, como lo hizo con el acto demandado; y
además, extendió sus efectos a las naves de bandera extranjera que
arriben a operar en Colombia; (ii) incurre en infracción del Convenio
MARPOL 73/78, pues no tiene en cuenta que este excluye de la exigencia
del doble casco a las naves de peso muerto igual o inferior a 600
toneladas; (iii) desconoce los preceptos constitucionales relacionados con
la prelación del interés general, el debido proceso, el derecho al trabajo,
la confianza legítima y los derechos colectivos, porque la implementación
del doble casco es técnica y económicamente inviable para las pequeñas
naves que transportan combustibles livianos como gasolina y ACPM, en
cantidades menores, a zonas alejadas del Litoral Pacífico Colombiano,
pues les impediría el acceso a muchas poblaciones e involucraría un costo
descomunal. En particular, dice que el acto infringe la confianza legítima
porque impone exigencias en contravía del Convenio MARPOL 73/78, que
ha estado vigente en Colombia por más de 30 años, ocasionando que
cientos de personas pierdan el trabajo; y (v) incurre en falsa motivación
porque: a. generaliza la aplicación de sus efectos a todo tipo de naves,

10
Sentencia del 22 de agosto de 1985 (proceso 1306).
11
Sentencia del 4 de junio de 1998, expediente 4600, consejero ponente Libardo Rodríguez Rodríguez,

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sin considerar las excepciones que se desprenden del Convenio MARPOL
73/78; b. invoca como fundamentos los artículos 26 y 27 de la Ley 730
de 2001, los cuales establecen que las condiciones de seguridad de las
embarcaciones deben regirse por la legislación nacional y los convenios
internacionales, cuando el acto en realidad infringe las reglas del referido
Convenio, y c. señala que a nivel internacional se está limitando la
operación de buques petroleros de casco sencillo, sin fundamentarse en
algún tratado o convenio internacional aprobado por Colombia.

3.2.2. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional contestó la demanda
y sostuvo: (i) que el acto no se expidió únicamente con sustento en el
Convenio MARPOL 73/78, sino que además se fundamentó en las
siguientes normas: a. la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar) de 1982; b. el artículo 144 y el parágrafo 2º
del artículo 1432 del Código de Comercio; c. los numerales 5°, 6° y 9°
del artículo 5 y el artículo 110 del Decreto Ley 2324 de 1984; d. el artículo
26 de la Ley 730 de 2001; y e. el numeral 4º del artículo 2 del Decreto
5057 de 2009. Y (ii) que si bien el Convenio MARPOL 73/78 únicamente
exige el doble casco a los petroleros de peso muerto igual o superior a
600 toneladas, lo cierto es que también facultó a los Estados para que
definieran las fechas máximas de operación de los buques petroleros de
casco sencillo en sus aguas jurisdiccionales.

3.3. Análisis del asunto

3.3.1. En atención al contexto planteado, el primer problema jurídico
que la Sala deberá resolver consiste en determinar si es nulo, por falta de
competencia e infracción de norma superior, el acto administrativo
expedido por la Dirección General Marítima (Dimar), que establece que “a
partir del 30 de julio de 2013 las naves y artefactos navales de bandera
colombiana, independientemente de su tonelaje (…) que transporten
hidrocarburos a granel en sus espacios de carga, deberán contar como
protección, con tanques de lastre separados o espacios que no sean
tanques de carga o destinados a contener hidrocarburos y/o mezclas

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oleosas, que vayan emplazados en la sección de la eslora en que se hallen
los tanques de carga (…)”.

3.3.1.1. Previo a resolver el problema propuesto, es pertinente verificar
si el Consejo de Estado es competente para analizar si el acto
administrativo demandado desconoció el Convenio MARPOL 73/78.

Al respecto, debe recordarse12 que, por regla general, los tratados o
acuerdos internacionales solo vinculan a los Estados parte contratantes y
a los sujetos de derecho internacional que los suscriban, por ser éstos los
destinatarios de sus disposiciones. En esa medida, cuando surgen
controversias en torno a los compromisos adquiridos en virtud de
aquellos, estas están llamadas a ser tramitadas y resueltas a través de
los mecanismos de solución de conflictos previstos en los mismos
instrumentos internacionales, los cuales corresponden, normalmente, a
negociaciones directas entre los sujetos partes para la resolución de sus
diferencias o al sometimiento de los asuntos a los órganos de solución de
controversias creados en los tratados o convenios respectivos.

Sin embargo, de manera excepcional, en el derecho internacional los
tratados o acuerdos internacionales contienen disposiciones que, además
de vincular a los Estados parte contratantes, crean derechos y
obligaciones directamente a los habitantes de éstos. En particular, en
tratados o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos,
acuerdos de integración económica y medio ambiente, entre otros,
existen disposiciones que sí tienen implicaciones sobre los nacionales de
los países miembros de aquellos, lo que supone que entran a formar parte
de las regulaciones internas y que sus sujetos destinatarios son los
habitantes de los territorios ocupados por los Estados parte del acuerdo 13.

12
En esta decisión se reitera el criterio expuesto por esta Sección en las sentencias del 30 de enero de 2025,
radicación: 11001 03 24 000 2015 00220 00, y del 12 de julio de 2018, radicación: 11001-03-24-000-2010-
00001-00; ambas con ponencia del doctor Oswaldo Giraldo López.
13
En Colombia ello es innegable, pues los tratados sobre Derechos Humanos y DIH que han sido suscritos
adquieren incluso rango constitucional e integran el bloque de constitucionalidad, de conformidad con el
artículo 93 de la Constitución Política.

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Esta diferenciación resulta pertinente al momento de examinar si es
procedente el cargo de violación de un tratado o convenio internacional
por parte de una disposición de orden interno.

En efecto, cuando se acusa una norma nacional de contrariar un tratado
o convenio internacional, es necesario identificar el contenido y alcance
de la disposición internacional que se dice desconocida. Si tal disposición
solo compromete a los Estados parte, no es procedente realizar ningún
examen de la norma nacional mediante los mecanismos internos de
control de legalidad, pues en estos casos la infracción se resolverá a
través de los órganos y procedimientos especiales previstos en los
instrumentos internacionales respectivos, quienes dirimirán la
controversia que se presente entre tales sujetos destinatarios de sus
normas.

Por el contrario, si la norma del acuerdo o tratado internacional que se
estima contrariada por una norma nacional constituye una disposición que
afecta a los nacionales de los Estados parte de aquellos, procederá el
examen de su legalidad, por la vía de acción o de excepción, pues en este
caso el destinatario afectado cuestiona una norma que ha sido introducida
al ordenamiento jurídico interno y que en tal carácter lo afecta.

Ahora bien, el Convenio MARPOL 73/78 se encuentra incorporado al
ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 12 de 1981. Las Reglas
19, 20 y 21 del Anexo I, en las cuales se encuentran las disposiciones que
el demandante estima vulneradas14, son del siguiente tenor:

“Regla 19
Prescripciones relativas al doble casco y al doble fondo aplicables a los
petroleros entregados el 6 de julio de 1996 o posteriormente

1 La presente regla se aplicará a los petroleros de peso muerto igual o superior
a 600 toneladas entregados el 6 de julio de 1996 o posteriormente, tal como se
definen éstos en la regla 1.28.6, del siguiente modo:

2 Todo petrolero de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas:

14
Las disposiciones relativas al doble casco, contenidas en la Regla 13F del Anexo I del Convenio MARPOL
73/78, invocada en la demanda, se encuentra actualmente en las Reglas 19, 20 y 21.

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.1 cumplirá lo prescrito en el párrafo 3 de la presente regla, en lugar de los
párrafos 12 a 15 de la regla 18, cuando proceda, a menos que esté sujeto a
lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 de esta regla; y
.2 cumplirá, si procede, lo prescrito en la regla 28.7.

3 Los tanques de carga estarán protegidos en toda su longitud por tanques de
lastre o espacios que no sean tanques destinados al transporte de hidrocarburos
como se indica a continuación:

.1 Tanques o espacios laterales.
Los tanques o espacios laterales tendrán una profundidad igual a la altura
total del costado del buque o se extenderán desde la cara superior del doble
fondo hasta la cubierta más alta, ignorando el trancanil alomado en caso de
haberlo. Irán dispuestos de tal manera que los tanques de carga queden por
dentro de la línea de trazado de las planchas del forro del costado, y en
ningún caso a menos de la distancia w medida como se ilustra en la figura 1,
medida en cualquier sección transversal perpendicularmente al forro del
costado, tal como se indica a continuación:

.2 Tanques o espacios del doble fondo

En cualquier sección transversal, la profundidad de cada tanque o espacio del
doble fondo será tal que la distancia h entre el fondo de los tanques de carga
y la línea de trazado de las planchas del forro del fondo, medida
perpendicularmente a dichas planchas como se ilustra en la figura 1, no sea
inferior a la especificada a continuación:

h = B/15 (m), o bien

h = 2,0 m, si este valor es menor.

El valor mínimo de h será de 1,0 m.

.3 Zona de la curva del pantoque o en lugares en que la curva del pantoque
no esté claramente definida

Cuando las distancias h y w sean distintas, el valor w tendrá preferencia en
los niveles que excedan de 1,5 h por encima de la línea de base, tal como se
ilustra en la figura 1.

Figura 1 - Límites de los tanques de carga

.4 Capacidad total de los tanques de lastre

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En los petroleros para crudos de peso muerto igual o superior a 20.000
toneladas y en los petroleros para productos petrolíferos de peso muerto
igual o superior a 30.000 toneladas, la capacidad total de los tanques
laterales, tanques del doble fondo y tanques de los piques de proa y popa no
será inferior a la capacidad de los tanques de lastre separado necesaria para
cumplir lo prescrito en la regla 18 del presente Anexo. Los tanques o espacios
laterales y tanques del doble fondo que se utilicen para cumplir lo prescrito
en la regla 18 irán emplazados de la manera más uniforme posible a lo largo
de la zona de los tanques de carga. La capacidad adicional de lastre separado
prevista para reducir los esfuerzos flectores longitudinales en la viga-casco,
el asiento, etc., podrá distribuirse por cualquier lugar del buque.

.5 Pozos de aspiración de los tanques de carga

Los pozos de aspiración de los tanques de carga podrán penetrar el doble
fondo por debajo de la línea límite que define la distancia h, a condición de
que tales pozos sean lo más pequeños posible y que la distancia entre el
fondo del pozo y las planchas del forro del fondo no sea inferior a 0,5 h.

.6 Tuberías de lastre y de carga
Las tuberías de lastre y otras tuberías como los tubos de sonda y de aireación
de los tanques de lastre no atravesarán los tanques de carga. Las tuberías
de carga y similares no atravesarán los tanques de lastre. Podrán
exceptuarse de esta prescripción tuberías de escasa longitud, a condición de
que estén totalmente soldadas o sean de construcción equivalente.

4 Lo siguiente se aplica a los tanques o espacios del doble fondo:

.1 Se podrá prescindir de los tanques o espacios del doble fondo prescritos
en el párrafo 3.2 de la presente regla, a condición de que el proyecto del
petrolero sea tal que la presión estática de la carga y de los vapores ejercida
en las planchas del forro del fondo que constituyen la única separación entre
la carga y el mar no exceda de la presión hidrostática exterior del agua,
determinada mediante la fórmula siguiente:

f x hc x ρc x g + p ≤ dn x ρs x g

donde:

hc = altura de la carga que esté en contacto con las planchas del forro del
fondo, en metros
ρc = densidad máxima de la carga, en kg/m3
dn = calado mínimo de servicio en cualquier condición de carga prevista, en
metros
ρs = densidad del agua de mar, en kg/m3
p = presión máxima de tarado de la válvula de presión y vacío del tanque de
carga, en bares
f = factor seguridad = 1,1
g = aceleración de la gravedad (9,81 m/s2).

.2 Toda división horizontal que sea necesaria para satisfacer las anteriores
prescripciones estará situada a una altura sobre la línea de base no inferior
a B/6 ó 6 metros, si este último valor es menor, pero que no exceda de 0,6D,
siendo D el puntal de trazado en los medios.

.3 El emplazamiento de los tanques o espacios laterales se ajustará a la
definición del párrafo 3.1 de la presente regla, con la salvedad de que por
debajo de un nivel situado a 1,5 h por encima de la línea de base, siendo h
la altura que se define en el párrafo 3.2 de la presente regla, la línea que

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define los límites del tanque de carga podrá ser vertical hasta las planchas
del fondo, como se ilustra en la figura 2.

5 También podrán aceptarse otros métodos de proyecto y construcción de
petroleros como alternativa de lo dispuesto en el párrafo 3 de la presente regla,
a condición de que tales métodos ofrezcan como mínimo el mismo grado de
protección contra la contaminación por hidrocarburos en caso de abordaje o
varada, y que sean aprobados en principio por el Comité de Protección del Medio
Marino teniendo en cuenta directrices elaboradas al efecto por la Organización.

6 Todo petrolero de peso muerto inferior a 5.000 toneladas cumplirá lo prescrito
en los párrafos 3 y 4 de la presente regla o:

.1 llevará cuando menos tanques o espacios del doble fondo con una
profundidad tal que la distancia h especificada en el párrafo 3.2 de la presente
regla cumpla con lo siguiente:

h = B/15 (m)

con un valor mínimo de 0,76 m;

en la zona de la curva del pantoque y en lugares donde dicha curva no esté
claramente definida, la línea que define los límites del tanque de carga será
paralela al fondo plano en los medios, como se ilustra en la figura 3; y

.2 irá provisto de tanques de carga dispuestos de tal modo que la capacidad
de cada uno de ellos no exceda de 700 m3, a menos que los tanques o
espacios laterales se dispongan de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
3.1 de la presente regla y cumplan lo siguiente:

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7 No se transportarán hidrocarburos en ningún espacio que se extienda a proa
del mamparo de colisión situado de conformidad con lo dispuesto en la regla II-
1/12 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
1974, en su forma enmendada. Los petroleros a los que no se les exija llevar
un mamparo de colisión de conformidad con lo dispuesto en dicha regla, no
transportarán hidrocarburos en ningún espacio que se extienda a proa del plano
transversal perpendicular al plano de crujía, trazado en el lugar en que hubiera
estado situado el mamparo de colisión de conformidad con lo dispuesto en la
mencionada regla.

8 Al aprobar el proyecto y la construcción de un petrolero que se vaya a construir
conforme a lo dispuesto en la presente regla, las Administraciones tendrán
debidamente en cuenta los aspectos generales de la seguridad, incluida la
necesidad de mantener e inspeccionar los tanques o espacios laterales y los del
doble fondo.

Regla 20
Prescripciones relativas al doble casco y al doble fondo aplicables a los
petroleros entregados antes del 6 de julio de 1996

1 Salvo disposición expresa en otro sentido, la presente regla:

.1 se aplicará a los petroleros de peso muerto igual o superior a 5.000
toneladas, cuya entrega se produzca antes del 6 de julio de 1996, según se
definen en la regla 1.28.5 del presente Anexo; y

.2 no se aplicará a los petroleros que cumplan lo prescrito en las reglas 19 y
28 con respecto a lo estipulado en el párrafo 28.7 cuya entrega se produzca
antes del 6 de julio de 1996, según se definen en la regla 1.28.5 del presente
Anexo; y

.3 no se aplicará a los petroleros regidos por el apartado .1 anterior, que
cumplan lo prescrito en la regla 19.3.1 y 19.3.2 ó 19.4 ó 19.5 del presente
Anexo, aun cuando no se ajusten completamente a lo prescrito sobre las
distancias mínimas entre los límites de los tanques de carga y el costado del
buque y las planchas del fondo. En tal caso, las distancias de protección en
el costado no serán inferiores a las estipuladas en el Código Internacional de
Quimiqueros para el emplazamiento de los tanques de carga en los buques
de tipo 2, y las distancias de protección del fondo en el eje longitudinal
cumplirán lo dispuesto en la regla 18.15.2 del presente Anexo.

2 A los efectos de la presente regla:

.1 Por "dieseloil pesado" se entiende el dieseloil distinto de aquellos
destilados de los cuales más del 50 % en volumen se destila a una
temperatura no superior a 340ºC al someterlos a ensayo por el método que
sea considerado aceptable por la Organización.
.2 Por "fueloil" se entiende los destilados pesados o los residuos de crudos o
las mezclas de estos productos, destinados a ser utilizados como combustible
para la producción de calor o de energía de una calidad equivalente a la
especificación aceptada por la Organización.

3 A los efectos de la presente regla, los petroleros se dividen en las siguientes
categorías:

.1 Por "petroleros de categoría 1" se entiende los petroleros de peso muerto
igual o superior a 20.000 toneladas que transportan crudos, fueloil, dieseloil
pesado o aceite lubricante como carga, y los petroleros de peso muerto igual
o superior a 30.000 toneladas que transportan hidrocarburos distintos de los
mencionados anteriormente, que no cumplen las prescripciones aplicables a

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los petroleros entregados después del 1 de junio de 1982, definidos en la
regla 1.28.4 del presente Anexo;

.2 por "petroleros de categoría 2" se entiende los petroleros de peso muerto
igual o superior a 20.000 toneladas que transportan crudos, fueloil, dieseloil
pesado o aceite lubricante como carga, y los petroleros de peso muerto igual
o superior a 30.000 toneladas que transportan hidrocarburos distintos de los
mencionados anteriormente, que cumplen las prescripciones aplicables a los
petroleros entregados después del 1 de junio de 1982, definidos en la regla
1.28.4 del presente Anexo; y

.3 por "petroleros de categoría 3" se entiende los petroleros de peso muerto
igual o superior a 5.000 toneladas pero inferior a lo especificado en los
apartados .1 o .2 del presente párrafo.

4 Todo petrolero al que sea aplicable la presente regla cumplirá las
prescripciones de los párrafos 2 a 5, 7 y 8 de la regla 19 y la regla 28 con
respecto a lo estipulado en el párrafo 28.7 del presente Anexo a más tardar el
5 de abril de 2005 o en el aniversario de la fecha de entrega del buque en la
fecha o el año especificados en el siguiente cuadro:

5 No obstante las disposiciones del párrafo 4 de la presente regla, en el caso de
un petrolero de categoría 2 ó 3 provisto solamente de dobles fondos o de dobles
forros en el costado no utilizados para el transporte de hidrocarburos y que
abarcan toda la longitud de los tanques de carga, o de espacios del doble casco
no utilizados para el transporte de hidrocarburos y que abarcan toda la longitud
de los tanques de carga, pero que no cumple las condiciones para estar exento
de las disposiciones del párrafo 1.3 de la presente regla, la Administración podrá
permitir que dicho buque siga operando después de la fecha especificada en el
párrafo 4 de esta regla, siempre que:

.1 el buque ya prestase servicio el 1 de julio de 2001;

.2 la Administración esté satisfecha mediante la verificación de los registros
oficiales de que el buque cumple las condiciones especificadas anteriormente;

.3 las condiciones del buque especificadas anteriormente no cambien; y

.4 dicha operación no continúe después de la fecha en que el buque alcance
25 años contados desde su fecha de entrega.

6 Los petroleros de categoría 2 ó 3, que lleguen o hayan llegado a 15 o más
años contados desde la fecha de entrega, cumplirán lo dispuesto en el Plan de
evaluación del estado del buque adoptado por el Comité de Protección del Medio
Marino mediante la resolución MEPC.94(46), enmendada, siempre y cuando
tales enmiendas se adopten, entren en vigor y surtan efecto de conformidad

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con las disposiciones del artículo 16 del presente Convenio relativas a los
procedimientos de enmienda aplicables al apéndice de un Anexo.

7 En el caso de los petroleros de categoría 2 ó 3, la Administración podrá
permitir que continúen operando después de la fecha especificada en el párrafo
4 de la presente regla, si los resultados satisfactorios del Plan de evaluación del
estado del buque justifican que, en opinión de la Administración, el buque es
apto para seguir operando, a condición de que la explotación no continúe
después del aniversario de la fecha de entrega del buque en 2015 o en la fecha
en que el buque alcance 25 años contados desde su fecha de entrega, si esta
fecha es anterior.

8.1 La Administración de una Parte en el presente Convenio que autorice la
aplicación del párrafo 5 de la presente regla, o permita, suspenda, retire o no
aplique las disposiciones del párrafo 7 de esta regla a un buque que tenga
derecho a enarbolar su pabellón, comunicará inmediatamente los pormenores
del caso a la Organización para que ésta los distribuya a las Partes en el presente
Convenio para su información y para que adopten las medidas pertinentes, si
es necesario.

8.2 Una Parte en el presente Convenio tendrá derecho a denegar la entrada en
los puertos o terminales mar adentro bajo su jurisdicción a los petroleros que
operen de conformidad con lo dispuesto en:

.1 el párrafo 5 de la presente regla, después del aniversario de la fecha de
entrega del buque en 2015; o

.2 el párrafo 7 de la presente regla.

En tales casos, esa Parte comunicará a la Organización, para su distribución
a las Partes en el presente Convenio, los pormenores al respecto para su
información.

Regla 21
Prevención de la contaminación por hidrocarburos procedente de petroleros que
transporten hidrocarburos pesados como carga

1 La presente regla:

.1 se aplicará a los petroleros de peso muerto igual o superior a 600
toneladas, que transporten hidrocarburos pesados como carga, cualquiera
que sea la fecha de entrega; y

.2 no se aplicará a los petroleros regidos por el apartado .1 anterior que
cumplan lo prescrito en la regla 19.3.1 y 19.3.2 ó 19.4 ó 19.5 del presente
Anexo, aun cuando no se ajusten completamente a lo prescrito sobre las
distancias mínimas entre los límites de los tanques de carga y el costado del
buque y las planchas del fondo. En tal caso, las distancias de protección en
el costado no serán inferiores a las estipuladas en el Código Internacional de
Quimiqueros para el emplazamiento de los tanques de carga en los buques
de tipo 2, y las distancias de protección del fondo en el eje longitudinal
cumplirán lo dispuesto en la regla 18.15.2 del presente Anexo.

2 A los efectos de la presente regla, por "hidrocarburos pesados" se entiende
cualquiera de los siguientes:

.1 crudos con una densidad superior a 900 kg/ m3, a 15°C;
.2 hidrocarburos distintos de los crudos, con una densidad superior a 900
kg/m3, a 15ºC, o con una viscosidad cinemática superior a 180 mm2/s, a
50ºC; o

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.3 asfalto, alquitrán y sus emulsiones.

3 Los petroleros a los que se aplique la presente regla cumplirán las
disposiciones de los párrafos 4 a 8 de esta regla, además de cumplir las
disposiciones aplicables de la regla 20.

4 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 5, 6 y 7 de la presente regla, un
petrolero al que se aplique esta regla cumplirá lo siguiente:

.1 si es de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas, cumplirá las
prescripciones aplicables de la regla 19 del presente Anexo a más tardar el 5
de abril de 2005; o

.2 si es de peso muerto igual o superior a 600 toneladas pero inferior a 5.000
toneladas, estará provisto de tanques o espacios en el doble fondo de
conformidad con lo prescrito en la regla 19.6.1 del presente Anexo y de
tanques o espacios laterales dispuestos de conformidad con lo prescrito en la
regla 19.3.1, y cumplirá la prescripción relativa a la distancia w que se indica
en la regla 19.6.2, a más tardar en el aniversario de la fecha de entrega del
buque en el año 2008.

5 En el caso de un petrolero de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas
que transporte hidrocarburos pesados como carga y esté provisto solamente de
dobles fondos o de dobles forros en el costado no utilizados para el transporte
de hidrocarburos y que abarcan toda la longitud de los tanques de carga, o de
espacios del doble casco no utilizados para el transporte de hidrocarburos y que
abarcan toda la longitud de los tanques de carga, pero que no cumple las
condiciones para estar exento de las disposiciones del párrafo 1.2 de la presente
regla, la Administración podrá permitir que dicho buque continúe operando
después de la fecha especificada en el párrafo 4 de esta regla, siempre que:

.1 el buque ya prestase servicio el 4 de diciembre de 2003;

.2 la Administración esté satisfecha mediante la verificación de los registros
oficiales de que el buque cumple las condiciones especificadas anteriormente;

.3 las condiciones del buque especificadas anteriormente no cambien; y

.4 dicha operación no continúe después de que el buque alcance 25 años
contados a partir de su fecha de entrega.

6.1 En el caso de los petroleros de peso muerto igual o superior a 5.000
toneladas que transporten crudos con una densidad superior a 900 kg/m3 , a
15 ºC, pero inferior a 945 kg/m3, la Administración podrá permitir que
continúen operando después de la fecha especificada en el párrafo 4.1 de la
presente regla, si los resultados satisfactorios del Plan de evaluación del estado
del buque indicados en la regla 20.6 justifican que, en opinión de la
Administración, el buque es apto para seguir operando, teniendo en cuenta el
tamaño, la edad, la zona de explotación y las condiciones estructurales del
buque, a condición de que la explotación no continúe después de la fecha en
que el buque alcance 25 años contados desde su fecha de entrega.

6.2 La Administración podrá permitir que un petrolero de peso muerto igual o
superior a 600 toneladas pero inferior a 5.000 toneladas, que transporte
hidrocarburos pesados como carga, continúe operando después de la fecha
especificada en el párrafo 4.2 de la presente regla si, en opinión de la
Administración, el buque es apto para seguir operando, teniendo en cuenta el
tamaño, la edad, la zona de explotación y las condiciones estructurales del
buque, a condición de que la explotación no continúe después de la fecha en
que el buque alcance 25 años contados desde su fecha de entrega.

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7 La Administración de una Parte en el presente Convenio podrá eximir de las
disposiciones de la presente regla a un petrolero de peso muerto igual o superior
a 600 toneladas que transporte hidrocarburos pesados como carga, si el
petrolero:

.1 se dedica exclusivamente a viajes en una zona bajo su jurisdicción, u opera
como instalación flotante de almacenamiento de hidrocarburos pesados
situada en una zona bajo su jurisdicción; o

.2 se dedica exclusivamente a viajes en una zona bajo la jurisdicción de otra
Parte, u opera como instalación flotante de almacenamiento de hidrocarburos
pesados situada en una zona bajo la jurisdicción de otra Parte, a condición
de que la Parte en cuya jurisdicción operará el petrolero dé su consentimiento
a que éste opere en una zona bajo su jurisdicción.

8.1 La Administración de una Parte en el presente Convenio que permita,
suspenda, retire o no aplique las disposiciones de los párrafos 5, 6 ó 7 de la
presente regla a un buque que tenga derecho a enarbolar su pabellón,
comunicará inmediatamente los pormenores del caso a la Organización para que
ésta los distribuya a las Partes en el presente Convenio para su información y
para que adopten las medidas pertinentes, si es necesario.52 53

8.2 A reserva de las disposiciones del derecho internacional, una Parte en el
presente Convenio tendrá derecho a denegar la entrada a los petroleros que
operen de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5 ó 6 de la presente
regla en los puertos o terminales mar adentro bajo su jurisdicción, o a denegar
la transferencia entre buques de hidrocarburos pesados en zonas bajo su
jurisdicción salvo cuando sea necesario a los efectos de garantizar la seguridad
de un buque o para salvar vidas en el mar. En tales casos, esa Parte comunicará
a la Organización, para que ésta los distribuya a las Partes en el presente
Convenio, los pormenores al respecto para su información”. (Subrayas de la
Sala).

Para la sala es claro que las Reglas 19, 20 y 21 del Anexo I del Convenio
MARPOL 73/78 establecen las prescripciones relativas al doble casco y al
doble fondo y determinan las especificaciones de tipo técnico que deben
cumplir las naves que transportan hidrocarburos, de acuerdo con su peso
muerto, en aspectos como la ubicación y capacidad de los tanques de
carga, la protección de estos, en toda su longitud, por tanques de lastre;
la capacidad de los tanques de lastre y su distribución; los pozos de
aspiración de los tanques de carga, los espacios del doble fondo, los
espacios laterales, la zona de la curva del pantoque, las tuberías de lastre
y de carga.

Asimismo, consagran los casos en los que se pueden exceptuar las reglas
relativas a los tanques o espacios del doble fondo; la posibilidad de
desarrollar métodos alternativos de diseño y construcción que ofrezcan al

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menos el mismo grado de protección contra la contaminación por
hidrocarburos en caso de abordaje o varada, y las zonas de las
embarcaciones en las que se encuentra prohibido el transporte de esas
sustancias.

Así las cosas, se advierte que las referidas disposiciones del Convenio
consagran obligaciones a cargo de los habitantes del territorio nacional,
particularmente para quienes transportan hidrocarburos en
embarcaciones. Por lo tanto, es claro que esta corporación sí tiene
jurisdicción para analizar su eventual infracción en este asunto.

3.3.1.2. Dilucidado lo anterior, la Sala procede a analizar si la Resolución
022 del 25 de enero de 2013 infringe el Convenio MARPOL 73/78,
incorporado al ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 12 de
1981.

3.3.1.2.1. Sobre el particular, es pertinente señalar que, como se vio en
el aparte citado, la Regla 19 del Anexo I del Convenio enfatiza que es
aplicable a embarcaciones con peso muerto igual o mayor a 600
toneladas. A su vez, la Regla 20 establece que solo rige a los petroleros
de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas. Y la Regla 21 también
señala que solo es aplicable a petroleros de peso muerto igual o superior
a 600 toneladas.

Sin embargo, el acto acusado consagró las exigencias en relación con el
doble casco, a partir del 30 de julio de 2013, para todas las naves y
artefactos navales que transporten hidrocarburos a granel en sus espacios
de carga, “independientemente de su tonelaje y de la fecha de
construcción o adaptación”.

En la contestación de la demanda, el Ministerio de Defensa Nacional alegó
que el Convenio estableció fechas máximas para que los buques
petroleros de casco sencillo pudieran seguir realizando viajes

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internacionales, y que otorgó la potestad a los Estados parte para que
definieran las fechas máximas hasta la cuales estos podrían operar en sus
aguas jurisdiccionales.

Al respecto, se observa que las consideraciones del acto demandado
señalan:

“Que es necesario fijar fechas límite para que las naves y artefactos navales que
transportan hidrocarburos a granel, pero que por su tonelaje, año de
construcción o fecha de entrega, tipo de tráfico, clase de propulsión u
otros motivos, no están dentro de las fechas que el Convenio MARPOL
73/78 enmendado ha establecido para la aplicación de las prescripciones
relativas al doble casco”. (Resaltados de la Sala).

Es decir, que el acto acusado partió de la premisa de que las disposiciones
sobre doble casco del Convenio MARPOL 73/78 no estaban en vigor para
todas las embarcaciones, por razones asociadas a su peso muerto, año
de construcción, entre otros motivos. Además, de acuerdo con lo
manifestado en la contestación, la entidad consideró que el Convenio
otorgaba una autorización a los Estados parte para definir las fechas a
partir de las cuales no admitirían en sus aguas jurisdiccionales
embarcaciones que transportaran hidrocarburos sin contar con doble
casco.

Es decir, que la entidad entiende que el Convenio dejó en sus manos la
entrada en vigor de sus disposiciones sobre el doble casco en las aguas
jurisdiccionales del Estado colombiano. Y, en tal sentido, el acto atacado
determinó en el artículo 1 que todas las embarcaciones que transportan
hidrocarburos, independientemente de su tonelaje y de la fecha de
construcción o adaptación, debían cumplir con dichas prescripciones del
Convenio a partir del 30 de julio de 2013.

No obstante, las disposiciones del Convenio, relativas al doble casco, no
contienen ninguna autorización explícita para que los Estados parte
extiendan las exigencias del doble casco a naves de peso muerto menor
al señalado.

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La Sala observa que las Reglas 20 y 21, en sus párrafos 5 y 7, y 5 y 6,
respectivamente, establecen excepciones temporales para que los
petroleros con casco sencillo puedan seguir operando después de las
fechas límite generales consagradas en sus párrafos 4. Y, en sus
respectivos párrafos 8.2, señalan que un Estado parte puede denegar la
entrada en los puertos o terminales mar adentro bajo su jurisdicción a los
petroleros que operen bajo dichas excepciones. Empero, tales dispensas
se refieren a la aplicación de las reglas a buques ya cubiertos por ellas,
es decir, a naves de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas,
construidas antes del 6 de julio de 1996 (Regla 20), y para naves de peso
muerto igual o superior a 600 toneladas, que transportan hidrocarburos
pesados (Regla 21), y no a la extensión de su alcance a buques más
pequeños, que están expresamente fuera de los umbrales de tonelaje.

3.3.1.2.2. Ahora, si bien es cierto que el Convenio MARPOL 73/78 no
contiene una disposición expresamente encaminada a que los Estados
parte extiendan las disposiciones sobre el doble casco a naves que
transporten hidrocarburos y que cuenten con peso muerto inferior a 600
toneladas, la Sala procederá a analizar si las autoridades colombianas, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, pueden establecer
tal exigencia.

Al respecto, debe tenerse en cuenta la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (Convemar)15, la cual establece en el artículo
211:

“Artículo 211
Contaminación causada por buques

(…)

15
Sobre esta Convención, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado manifestó en el concepto
del 4 de noviembre de 2004, consejero ponente: Gustavo Aponte Santos, radicación número: 1605, lo
siguiente:
“Esta Convención, aunque no ha sido suscrita por Colombia, es fuente de derecho internacional en los términos
previstos en el artículo 7º del Código de Comercio, y por lo tanto, deberá ser considerada al momento de
evaluar la viabilidad de incorporar al derecho interno la reglamentación aprobada por la OMI en la Resolución
A 849 aprobada el 27 de noviembre de 1997”.

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2. Los Estados dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar
la contaminación del medio marino causada por buques que enarbolen su
pabellón o estén matriculados en su territorio. Tales leyes y reglamentos
tendrán por lo menos el mismo efecto que las reglas y estándares
internacionales generalmente aceptados que se hayan establecido por conducto
de la organización internacional competente o de una conferencia diplomática
general.

3. Los Estados que establezcan requisitos especiales para prevenir, reducir y
controlar la contaminación del medio marino, como condición para que los
buques extranjeros entren en sus puertos o aguas interiores o hagan escala en
sus instalaciones terminales costa afuera, darán la debida publicidad a esos
requisitos y los comunicarán a la organización internacional competente. (…)

4. Los Estados ribereños podrán, en el ejercicio de su soberanía en el mar
territorial, dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la
contaminación del medio marino causada por buques extranjeros, incluidos los
buques que ejerzan el derecho de paso inocente. De conformidad con la sección
3 de la Parte II, tales leyes y reglamentos no deberán obstaculizar el paso
inocente de buques extranjeros.

5. Para prevenir, reducir y controlar la contaminación causada por buques, a los
efectos de la ejecución prevista en la sección 6, los Estados ribereños podrán
dictar, respecto de sus zonas económicas exclusivas, leyes y reglamentos que
sean conformes y den efecto a las reglas y estándares internacionales
generalmente aceptados y establecidos por conducto de la organización
internacional competente o de una conferencia diplomática general. (…)”
(Subrayas de la Sala).

El artículo citado establece que los Estados pueden, en ejercicio de su
soberanía sobre el mar territorial, dictar leyes y reglamentos para
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada
por buques que enarbolen su pabellón o estén matriculados en su
territorio. Tales previsiones deben tener al menos el mismo efecto que las
reglas y estándares internacionales generalmente aceptados. Asimismo,
pueden establecer requisitos especiales para prevenir, reducir y controlar
la contaminación del medio marino, como condición para que los buques
extranjeros entren en sus puertos o aguas interiores o hagan escala en
sus instalaciones terminales costa afuera.

Debe tenerse en cuenta además que el parágrafo 2º del artículo 1432 del
Decreto Ley 410 de 27 de marzo de 1971, Código de Comercio, señala
que la autoridad marítima debe realizar la clasificación de las naves, desde
el punto de vista técnico y de su uso.

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Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

Adicionalmente, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente en la
sentencia C-269 de 2014:

“4.8.1.2.2. Ha dicho la Corte sobre la autodeterminación que, con fundamento
en ella, ‘el derecho internacional procura la convivencia pacífica entre las
diversas culturas e ideales políticos, de forma tal que cada Estado pueda definir,
con absoluta libertad, autonomía e independencia, su propio ordenamiento
constitucional y legal.’ En esa dirección y en alusión al contenido de la
Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de la Organización de Naciones
de fecha 21 de diciembre de 1965 ‘Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su
independencia y soberanía’ destacó que el referido principio ‘condena toda clase
de injerencia que atente contra la existencia misma de los otros Estados y que
amenace la identidad política económica o cultural de cualquier orden, de sus
pueblos’”.

De acuerdo con lo anterior, en virtud de la autonomía que le asiste a cada
Estado para imponer las exigencias internas, de acuerdo con el derecho
de autodeterminación y el principio de soberanía nacional, la Sala estima
que Colombia goza de libertad para, en el marco de su propio
ordenamiento constitucional y legal, establecer requisitos para
embarcaciones adicionales que transporten hidrocarburos dentro de su
jurisdicción.

Particularmente, la Sala estima que el Estado puede establecer las
exigencias relativas al doble casco para las naves de peso muerto inferior
a 600 toneladas, aunque estas no se encuentren expresamente
contempladas en el ámbito de aplicación de las Reglas 19, 20 y 21 del
Anexo I del Convenio MARPOL 73/78, pues ello no involucra la
inobservancia de alguno de sus postulados, lo cual ocurriría si uno de
estos fuera excluido respecto de naves que expresamente estén
contempladas en él, o si fuera extendido a un ámbito prohibido por él.

Dicho de otro modo, el acto acusado no infringe el Convenio porque no
inaplica una de sus reglas respecto de uno de los objetos a los está
dirigida, y porque no la extiende a un objeto prohibido por él.

3.3.1.3. En este orden, corresponde a la Sala establecer si la Dimar es la
autoridad nacional con la competencia para adoptar esas reglas. Para tal

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finalidad, es pertinente hacer las siguientes reflexiones sobre su
naturaleza y funciones.

3.3.1.3.1. Mediante el Decreto 3183 de 195216, se creó la Dirección de
Marina Mercante. Esta fue reemplazada por la Dirección General Marítima
y Portuaria, creada mediante el Decreto Ley 2349 de 197117, que en el
artículo 1 prescribió:

“Artículo 1. Créase la Dirección General Marítima y Portuaria, en reemplazo de
la Dirección de Marina Mercante Colombia, dependiente del Ministerio de
Defensa Nacional, Armada Nacional, la cual tendrá como objetivos la dirección
de la marina mercante, la investigación marítima y la regulación y control del
transporte marítimo internacional y de cabotaje, así como también de los
puertos del país”. (Resaltados de la Sala).

Luego, mediante el Decreto Ley 2324 de 1984, expedido por el presidente
de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas
por la Ley 19 de 1983, se reorganizó la Dirección General Marítima y
Portuaria, y en el artículo 4 se determinó su objeto, así:

“Artículo 4º. Objeto. La Dirección General Marítima y Portuaria es la Autoridad
Marítima Nacional que ejecuta la política del Gobierno en materia marítima y
tiene por objeto la regulación, dirección, coordinación y control de las
actividades marítimas, en los términos que señala este Decreto y los
reglamentos que se expidan para su cumplimiento y la promoción y estímulo
del desarrollo marítimo del país”. (Resaltados de la Sala).

Más adelante, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1 de 199118, la
Dirección General Marítima y Portuaria pasó a llamarse Dirección General
Marítima (Dimar).

La Dimar, entonces, es una dependencia del Ministerio de Defensa
Nacional, que constituye la autoridad marítima nacional y tiene por objeto
la regulación, dirección, coordinación y control de las actividades
marítimas en el país.

16
Por el cual se organiza la Marina Mercante Colombiana.
17
Derogado por el Decreto Ley 2324 de 1984.
18
Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos.

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Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

3.3.1.3.2. Ahora bien, en cuanto a las competencias de la entonces
Dirección General Marítima y Portuaria para expedir actos reglamentarios,
vale traer a colación la providencia dictada por la Sección Primera de esta
corporación el 5 de mayo de 197519, mediante la cual se suspendieron
provisionalmente los efectos de varios de sus actos, al considerar que
excedían las potestades que le confería la ley. En esa oportunidad, la
Sección sostuvo:

“El Artículo 4o. del Decreto-Ley 2349 de 1971, en lo pertinente dice:

‘Son funciones del Director General (Marítimo y Portuario): 9), presentar a la
aprobación del Gobierno Nacional los proyectos de reglamentos relacionados
con las funciones de la dirección’.

El Artículo 1353 del Código de Comercio es del siguiente tenor:

‘El Gobierno reglamentará el presente Título’. (El Título en referencia comprende
la materia relativa al Corretaje. Corredores en General y Corredores de
Seguros).

(…)

Frente a disposiciones con fuerza de Ley según las cuales le corresponde a la
Dirección General Marítima y Portuaria ‘fijar la dotación mínima de seguridad de
las naves’ (Artículo 3 Dcto. 2349 de 1971), señalar los requisitos técnicos para
efectos de matrícula de naves (Artículo 1440 del C. de C.) Regular y controlar
la adquisición y construcción de naves evitando el derroche económico de
esfuerzos (Artículo 3o. -10 Dcto. 2349 de 1971) y 5o. Velar por la aplicación de
las disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre seguridad
de navegación y protección de la vida humana en el mar’, ‘no se advierte prima
facie’ que el contenido de la resolución en referencia esté en contradicción con
el de aquellas disposiciones; al parecer el acto acusado persigue su desarrollo.
Sin embargo, el ejercicio de esa función de reglamentación que se le otorga a
la Dirección General Marítima y Portuaria está condicionado a la aprobación del
Gobierno Nacional (Artículo 4o. - 9 del Dcto. 2349) para salvar el principio
constitucional según el cual compete a éste el ejercicio de la potestad
reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para
la cumplida ejecución de las Leyes’ (Artículo 120-3), lo cual significa que la
Dirección General Marítima y Portuaria apenas tiene la iniciativa de esa
reglamentación y no la competencia reglamentaria plena que, por
ministerio de la Constitución se radica en el Gobierno; en otras palabras
por virtud del Artículo 4o.-9 del Decreto citado, el poder decisorio sobre los
reglamentos atinentes a las materias antes expresadas se mantiene en
el Gobierno, en armonía con el Artículo 120-3 de la C. N.) De esta suerte
ningún reglamento proveniente de la mencionada Dirección adquiere fuerza
vinculante sin la aprobación ejecutiva y por lo tanto, la disposición en virtud de
la cual se le otorgue plena eficacia jurídica a un acto de tal naturaleza sin dicha
aprobación sería manifiestamente violatorio del Artículo 4o.-9o. del Decreto-Ley
2349 de 1971, como ocurre con la Resolución 165 de 1974, en cuyo Artículo 9o.
se prescribe que ‘rige a partir de la fecha de expedición’.

Tercero. La Resolución 375 de 1974, expedida por el Director General Marítimo

19
Radicación número: 2279, consejero ponente: Carlos Galindo Pinilla.

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Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

y Portuario, contiene una serie de normas reglamentarias sobre el transporte
marítimo de cabotaje. En el acto acusado se invoca el Artículo 3o.-4 del Decreto-
Ley 2349 de 1971 que, efectivamente la señala esa función a la Dirección
General Marítima y Portuaria. Pero como se expresó en el acápite anterior de
esta providencia, tal atributo no significa que se haya librado el poder decisorio
de esa dependencia administrativa la adopción de los actos reglamentarios de
la Ley en la materia correspondiente, pues al tenor del Artículo 4o.-9 del mismo
Decreto-Ley, lo que se le ha confiado es apenas la iniciativa de esos
reglamentaciones, pues la decisión final se mantiene en cabeza del
Gobierno como lo tiene previsto el Artículo 120-3 de la C. N.

Por consiguiente, la Resolución 375 de 1974 dictada por la Dirección General
Marítima y Portuaria que rige a partir de la fecha de su expedición según se
dispone en su Artículo 12 entraña violación manifiesta del Artículo 4o.-9 del
Decreto-Ley 2349 de 1971, en cuanto excluye el acto de aprobación
gubernamental, previsto como condición previa de su vigencia.

Cuarto. La Resolución 045 de 1975 emanada de la Dirección Marítima y
Portuaria señala algunos requisitos además de los ya consignados en la Ley y
en los reglamentos para la inscripción y expedición de la licencia de corredor de
contrato de flotamento marítimo, regula lo relativo a una licencia provisional
para el ejercicio de esta actividad y establece una incompatibilidad.

Se trata pues de un conjunto de disposiciones reglamentarias de una modalidad
del contrato de corretaje que, conforme al Artículo 1363 del C. de C., sólo puede
expedir el Gobierno nacional y que, por lo tanto no es de competencia de un
órgano inferior de la administración como es la Dirección General Marítima y
Portuaria, creada como dependencia del Ministerio de Defensa Nacional.
(Artículo 1o del Decreto-Ley 2349 de 1971)”. (Resaltados de la Sala).

En esa oportunidad la corporación suspendió actos administrativos de
contenido reglamentario expedidos por la Dirección General Marítima y
Portuaria, al considerar que esta apenas tenía la iniciativa y no la
competencia reglamentaria plena, la cual radicaba en el Gobierno
nacional. Particularmente, señaló que los actos de la entidad solo
adquirían fuerza vinculante con la aprobación del Ejecutivo.

3.3.1.3.3. Posteriormente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,
en la sentencia 63 del 22 de agosto de 198520, invocada por el
demandante como sustento del cargo de falta de competencia, declaró
inexequibles las expresiones “regulación” y “para su cumplimiento y” del
artículo 4 del Decreto Ley 2349 de 1971, así como la expresión “regular”,
contenida en los numerales 2º, 7º, 8º, 13º, 20º, 21º, 22º y 23º del

20
Proceso 1306. Magistrado ponente: Alfonso Patiño Rosselli.

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Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

artículo 521 ibidem, que establece las funciones de la entidad. Al respecto,
la Corte sostuvo:

“Artículo 4° Se acusa la expresión ‘y tiene por objeto la regulación, dirección,
coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala
este Decreto y los reglamentos que se expidan para su cumplimiento’.

(…)

Las funciones de ‘regulación’ es decir, de dictar normas de carácter general
en una esfera de las actividades nacionales, pertenecen al legislador,
conforme al artículo 76-1 de la Carta. Su atribución a la Dirección General
Marítima y Portuaria lesiona ese precepto constitucional.

La expresión ‘para su cumplimiento y’ infringe el artículo 120-3 de la Carta,
puesto que da lugar al equívoco de que por ‘los reglamentos’ se entiendan
tanto los de orden interno que puede dictar la Dirección referida como los
constituidos por los decretos reglamentarios cuya expedición es una de
las atribuciones del Presidente de la República en cuanto suprema
autoridad administrativa.

En consecuencia, la corporación declarará inexequibles el vocablo ‘regulación’ y
la expresión ‘para su cumplimiento y’ y exequible el resto de la fracción acusada
de este artículo.

Artículo 5° La vista fiscal muestra que con excepción del numeral 25 los demás
acusados de este artículo contienen disposiciones que en otros términos había
consagrado el Decreto 2349 de 1971. (…)

De acuerdo con lo expresado sobre ‘regulación’ en el artículo 4° del Decreto
2324, la palabra ‘regular’ que figura en los numerales 2, 7, 8, 13, 20, 21, 22 y
23, desconoce el precepto constitucional consagrado por el artículo 76-1.
(Resaltados de la Sala).

El fallo citado concluyó que las expresiones “regulación” y “regular” de los
artículos 4 y 5 del Decreto Ley 2349 de 1971 eran inexequibles pues
aludían a la facultad de dictar normas de carácter general, la cual
corresponde al legislador. Asimismo, consideró que eran inexequibles las

21
“Artículo 5º. Funciones y atribuciones. La Dirección General Marítima y Portuaria tiene las siguientes
funciones: (…) 2º Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación
científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar. (…) 7º Regular, autorizar y controlar la
adquisición, construcción, reparación, alteración, mantenimiento, utilización, desguace y venta de naves y
artefactos navales. Para estos efectos podrá exigir que las naves que se proyecten construir, tengan las
características recomendadas por la Armada Nacional por razones de defensa. // 8º Regular, autorizar y
controlar las actividades relacionadas con el arribo, atraque, maniobra, fondeo, remolque y zarpe de las naves
y artefactos navales; practicar la visita de recepción a puerto colombiano a las naves y artefactos navales a
través de las Capitanías de Puerto. (…) 13. Regular, dirigir y controlar las actividades del transporte marítimo
internacional y de cabotaje, público o privado; asignar, modificar o cancelar rutas y servicios u establecer las
condiciones para la prestación de los mismos. (…) 20. Regular, autorizar y controlar la exploración de
antigüedades y tesoros náufragos, adelantar los trámites de celebración y perfeccionamiento de los contratos
de extracción o recuperación correspondiente. // 21. Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos
en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción. //
22. Regular, autorizar y controlar la construcción y el uso de las islas y estructuras artificiales en las áreas de
su jurisdicción. // 23. (Derogado por la Ley 1 de 1991, artículo 47). Regular, autorizar y controlar la
construcción de puertos y muelles públicos y privados y la operación de los mismos de conformidad con las
normas vigentes. (…)”. (Subrayas de la Sala).

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

disposiciones que dieran a entender que la Dirección General Marítima y
Portuaria contaba con la potestad para emitir normas de contenido
reglamentario, pues estas debían ser dictadas por el presidente de la
República mediante decretos.

Además, la anterior providencia declaró inexequible la expresión “o las
reglamentaciones especiales de la Dirección General Marítima y
Portuaria”, contenida en el numeral 5º del artículo 1122 del Decreto Ley
2349 de 1971, “por lesionar los artículos 55 y 26 de la Carta”.

No obstante, declaró exequible la expresión “dictar las reglamentaciones”,
contenida en el numeral 7º23 del mismo artículo, por considerar que “no
pugna con la Carta ya que se refiere a reglamentaciones dirigidas al
cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General
Marítima y Portuaria y no a disposiciones correspondientes a la esfera de
la potestad reglamentaria presidencial”; es decir, porque se refiere a la
expedición de reglas sobre los procedimientos internos de la entidad.

Es válido indicar adicionalmente que, en la sentencia C-212 de 199424, la
Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda de
inconstitucionalidad contra varios numerales del artículo 5 del Decreto Ley
2324 de 1984 y, en cuanto al numeral 8º, ordenó “por haber operado la
cosa juzgada, deberá ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Suprema de
Justicia en fallo No. 63 del 22 de agosto de 1985”25.

3.3.1.3.4. En este orden, se observa que, en la sentencia del 4 de junio
de 199826, también invocada por el demandante como sustento del cargo
de falta de competencia, esta Sección reiteró y acogió el criterio que había

22
“Artículo 11. Funciones del Director General. Son funciones del Director General: (…)
5º Imponer las multas o sanciones contempladas por la ley, los Decretos, o las reglamentaciones especiales
de la Dirección General Marítima y Portuaria y conocer por vías de apelación de las que impongan los Capitanes
de Puerto. (…)”.
23
“7º Dictar las reglamentaciones y determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento
de los objetivos y funciones de la Dirección General Marítima y Portuaria. (…)”.
24
Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
25
Ordinal segundo de la parte resolutiva.
26
Radicación: 11001-03-24-000-1998-04600-01, consejero ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez.

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40

Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

expuesto en la sentencia del 23 de enero de 199727, en la que se
pronunció sobre una demanda de nulidad contra el Reglamento No. 002-
DIMAR-95, expedido por la Dirección General Marítima, por el cual se
reglaban las actividades subacuáticas en los espacios marítimos
jurisdiccionales de la República. En esa oportunidad, sobre las potestades
reglamentarias de la Dimar, la Sección dijo lo siguiente:

“Como se puede apreciar, todas estas acusaciones, más que aludir a los motivos
propiamente dichos del acto atacado, se refieren a un elemento distinto del
mismo, cual es el de la competencia para su adopción, atendiendo su contenido,
es decir, para expedir las disposiciones que contiene. Por lo tanto, bajo esta
óptica la Sala las examinará, de manera conjunta, en orden a lo cual se expone
lo siguiente:

a). El Director General Marítimo en verdad tiene atribuciones
reglamentarias, que pudieran denominarse derivadas, las cuales van
desde las relativas a la organización y funcionamiento interno de la entidad y la
efectividad de las normas del decreto reorgánico de la DIMAR, que se da a través
de directrices, circulares, órdenes, etc., de carácter interno (art. 7º, parágrafo
y art. 11, num. 7), y otras con efectos externos, relativas a la manera como
debe ejecutarse la política del gobierno en materia marítima (art. 4º), y el
cumplimiento de sus objetivos y funciones respecto de las actividades que
desarrollen los particulares en las áreas marinas bajo su control, según se
desprende del artículo 132 del decreto en cita.

Pero tanto unas como otras únicamente pueden ejercerse con el fin de
desarrollar y asegurar la precisa ejecución de las leyes relativas a los asuntos
de su competencia, previa la reglamentación por el Gobierno.

b). Por consiguiente, de ninguna manera pueden implicar otorgamiento al
Director General Marítimo, de la facultad o competencia para dictar
regulaciones nuevas, ni de reglamentar directamente la ley. Esta
limitación fue advertida por la Corte Suprema de Justicia, en el fallo del 22 de
agosto de 1985 (proceso 1306), por el cual declaró inexequibles todas aquellas
disposiciones del decreto 2324 de 1984, en las que se le atribuía competencia
para dictar regulaciones, de donde se desprende el carácter puramente
operativo de sus actuaciones.

Fue así como se declararon inexequibles del artículo 4º, el vocablo ‘regulación’
y la expresión ‘para su cumplimiento’; del artículo 5º, la palabra ‘regular’
utilizada en los numerales 2, 7, 8, 13, 20, 21, 22 y 23; del artículo 7º, la frase
‘sobre la ejecución de las normas de este decreto’ y del parágrafo del mismo
artículo la expresión ‘no solo la que usualmente se denomina como tal, sino
también’ y la palabra ‘disposiciones’; y del artículo 11, numeral 5, la expresión
‘las reglamentaciones especiales de la Dirección General Marítima y Portuaria’,
entre otras.

Al punto, esta Sala ya tiene sentado que ‘...la función de ‘regulación’, es decir,
de dictar normas de carácter general en una esfera de la actividad nacional,
pertenece al legislador, conforme al artículo 150 numeral 1o. de la Carta (76
numeral 1o. de la anterior, vigente al momento de la declaratoria de
inexequibilidad a que se ha hecho referencia) que consagra la llamada ‘cláusula
general de competencia legislativa’ (Sentencia de 20 de agosto de 1993, M.P.

27
Radicación: CE-SEC1-EXP1997-N3694 (3694), consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa.

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

Dr. ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ, Expediente 2181, actor Luis Carlos
Sáchica Aponte).

c). Su potestad reglamentaria entonces, queda supeditada a la ley y a
la que a su turno expida el Gobierno, configurándose la desconcentración
de esta potestad, alegada por la demandada, pero como tal no significa
sustitución del legislador ni exclusión del Gobierno en su ejercicio, sino una
técnica para distribuir entre los niveles jerárquicos de la Administración, el
ejercicio de la función administrativa, preservando la jerarquía normativa que
la acompaña”. (Resaltados de la Sala).

La Sala observa que el Consejo de Estado, Sección Primera, en las
sentencias de 23 de enero de 1997 y 4 de junio de 1998, concluyó que la
Dimar únicamente tenía atribuciones reglamentarias derivadas, las cuales
solo le permitían desarrollar y asegurar la precisa ejecución de las leyes
relativas a los asuntos de su competencia, previa la reglamentación por
el Gobierno, y que de ninguna manera la autorizaban para dictar
regulaciones nuevas, ni para reglamentar directamente la ley, con lo que
se advirtió el “carácter puramente operativo de sus actuaciones”.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, para ello, se fundamentó en
las conclusiones expuestas por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia 63 del 22 de agosto de 1985, providencia que fue
proferida en atención al marco jurídico de la época, que estaba supeditado
a la Constitución de 1886. Y que, como se verá a continuación, las
potestades reglamentarias del presidente de la República, así como de los
Ministerios y de otras autoridades del sector central de la administración,
evolucionaron con la Constitución Política de 1991, la Ley 489 de 1998 y
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación, de
manera que en la actualidad dichas autoridades tienen facultad para
regular aspectos de carácter técnico, con los que tienen mayor cercanía.

3.3.1.3.5. Es pertinente entonces señalar que la Constitución Política de
1991, en el artículo 189, numeral 11º, otorga al Presidente de la República
la potestad reglamentaria, prerrogativa que, como se verá, se extiende a
otros funcionarios de la Rama Ejecutiva:

“Articulo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…)

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11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. (…)”.

La Corte Constitucional precisó en la sentencia C-748 de 201128, que
efectuó el control previo de constitucionalidad al proyecto de Ley
Estatutaria 1581 de 2012, que la potestad reglamentaria “no puede
interpretarse como una competencia omnímoda pues encuentra sus
límites naturales en la ley que se pretende reglamentar y por supuesto en
la Constitución, por ejemplo, cuando la materia que se pretender normar
vía reglamentaria es objeto de reserva legal, como es el caso en análisis”.

Ahora, en lo que respecta específicamente a las competencias de los
ministros, el artículo 208 de la Constitución Política señala:

“Artículo 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos
son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la
dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas
atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”.
(Subrayas de la Sala).

En cuanto a las funciones de los Ministerios, el artículo 59 de la Ley 489
de 199829 dispone:

“Artículo 59. Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos
administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes
especiales:

(…)

3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar,
en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para
tal efecto”. (Subrayas de la Sala).

Respecto de la potestad reglamentaria de los Ministerios, esta Sección
manifestó en la sentencia del 29 de julio de 201030:

“Adicionalmente resultaría absurdo pretender que el Presidente de la República
estuviese obligado a ejercer de manera personal y directa sus facultades
28
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
29
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones.
30
Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, radicación: 11001-03-24-000-2002-00249-01.

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

reglamentarias en todos y cada uno de los ámbitos de la gestión pública. Ante
esta realidad incontrovertible, la puesta en marcha de esquemas y estrategias
de descentralización, delegación y desconcentración, así como la conformación
de sectores y de sistemas sectoriales de gestión se hace imprescindible para
garantizar el correcto desempeño de la administración pública. En ese sentido,
desconocer a los Ministros la facultad de expedir reglamentaciones en materias
que son propias de sus Despachos, resultaría contrario a los principios de
racionalidad, celeridad, eficacia y economía previstos en el artículo 209 de la
Carta y a los lineamientos de la Ley 489 de 1998”. (Subrayas de la Sala).

De igual manera, conviene traer a colación la sentencia del 16 de abril de
202031, en la que esta Sección se refirió a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional relacionada con la potestad de los Ministerios para expedir
regulaciones técnicas o especializadas en determinado campo, con la
finalidad de precisar detalles necesarios para la cumplida ejecución de la
ley:

“El 15 de octubre de 2008, la Corte introdujo varios conceptos relacionados con
la posibilidad de que otras autoridades administrativas -distintas al Presidente-
y para el caso concreto los Ministerios, estuvieran en la posibilidad de regular
aspectos vertidos en una norma con rango legal, denominando tal fenómeno
“microregulación”, dada la necesidad técnica de precisar detalles que resultan
necesarios para la cumplida ejecución de la ley, en el escenario de análisis de
exequibilidad de la Ley Nacional de Turismo que facultaba al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo a reglamentarla:

“13.- Por demás, la jurisprudencia constitucional ha reconocido a los
organismos y a las autoridades que en la jerarquía administrativa lo
suceden al Presidente de la República, una cierta competencia regulativa,
de carácter residual, accesorio o auxiliar, que los habilita para insertar la
voluntad del legislador en las últimas posibilidades de aplicación de la norma
general.”32 Como lo ha señalado la Corte, resulta preciso tener presente que
mientras al Presidente le corresponde expedir criterios para la debida
observancia de la voluntad legislativa, los órganos subordinados deben, por
su parte, emitir la regulación “necesaria para pormenorizar el
proceso de implantación de esa voluntad. Es esta una función de
afinamiento que procede desde los trazos más amplios fijados por el
legislador hasta los detalles prácticos más concretos, establecidos por el
ejecutor de la medida.”33

14.- La justificación de esta asignación de regulación gradual consiste, a
juicio de la Corte, en que precisamente son los organismos
administrativos los depositarios de información relacionada de
manera directa e inmediata “con el funcionamiento práctico de las
herramientas de creación legislativa.” La idea central en este lugar es que
son precisamente los entes administrativos los que más cercanía
reportan frente a “los temas reales de implementación de la
legislación.” Ello trae como consecuencia que sean estos
organismos quienes deban ser los encargados de aquello que la
Corte denomina “microregulación de la ley.” Lo anterior enlaza con un
aspecto detectado una y otra vez por la jurisprudencia constitucional, a
31
Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001-03-24-000-2013-00231-00.
32
Corte Constitucional. Sentencia C-917 de 2002.
33
Ibidem.

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44

Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

saber, que resulta muy difícil para el Legislador prever de antemano todas
las eventualidades de regulación indispensables lo que sin duda
constituye suficiente sustento respecto de que “sea una entidad
técnica la que produzca el reglamento correspondiente.”

(…)

(ii) En el caso de los Ministros del Despacho, ha acentuado la Corte que, en
su calidad de autoridades administrativas, los Ministerios están investidos
de facultades propias de la Administración dentro de las cuales se
encuentra, precisamente, la facultad de regulación. Las regulaciones
efectuadas por los Ministros, sin embargo, no poseen en el sistema de
fuentes la misma jerarquía que aquellas que profiere el Presidente de la
República en ejercicio de su potestad reglamentaria, por cuanto se hallan
subordinados a ella. De esta suerte, ningún Ministro que obre dentro del
margen de sus competencias podría expedir una regulación técnica que se
encuentre en contradicción con lo dispuesto por un Decreto Reglamentario
del Presidente de la República.

En otros términos, los Ministros pueden, desde luego, dictar normas de
carácter general para regular aspectos técnicos u operativos dentro
de la órbita de su competencia. Esta facultad, ha insistido la Corte, es
de carácter residual y subordinada respecto de la atribución que radica
en cabeza del Presidente de la República.

(…)

30.- Bajo las características antes señaladas, puede la Ley atribuirle a los
Ministerios la función de emitir preceptos de orden general sin que por ello
se vea reducida en su alcance la facultad reglamentaria puesta en
cabeza del Presidente de la República, pues depende de y está
subordinada a ella. No obstante, la Ley misma en cada caso concreto habrá
de determinar el campo dentro del cual se le reconocen a los Ministerios
facultades de regulación pues de esta forma se evita vaciar de contenido la
Potestad Reglamentaria por manera que la facultad de regulación que le
cabe a los Ministerios se ejerza en los términos de la Ley y de los
Reglamentos emitidos por el Presidente de la República. Así las cosas,
cuando la Ley establece que a un determinado Ministerio le corresponde
trazar una regulación técnica o especializada en determinado campo, esto
debe tener lugar en armonía con la Ley y con el Reglamento dictado por el
Presidente con fundamento en la cláusula general de competencia que a
estos entes les atribuye la Constitución.34” (Resaltados de la Sala).

Y sobre la misma temática, la providencia invocó también la
jurisprudencia de esta corporación:

“Con posterioridad, dicho legado fue aceptado por la Corporación en relación a
controles de legalidad de actos proferidos por los Ministerios, tal y como se
desprende de la Sentencia del 13 de septiembre de 2007, dictada en el
expediente 11001 03 24 000 2002 00254 01, en la cual se dijo que:

(…)

‘A la anterior justificación jurídica, no está demás agregar las de tipo
práctico, tales como la necesidad de que quien tiene a su cargo la dirección

34
Sentencia C-1005 de 2008.

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
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de las actividades de aplicación y cumplimiento de las normas aduaneras,
pueda impartir las instrucciones generales y las interpretaciones que las
circunstancias requieran, con la oportunidad y la agilidad que la situación lo
amerite. Además, dada la inmediación y el dominio técnico jurídico
que de manera especial se presume de quienes tienen a cargo el
manejo directo de tales asuntos, se entiende que son las
autoridades más idóneas para impartir esas instrucciones. Se sale de
los parámetros y principios de la administración moderna y de la
complejidad del Estado colombiano, pretender que aún este tipo de
reglamentación deba ser expedido por el Presidente de la
República, más cuando son tantas las materias y los niveles
jerárquicos en que ello se requiere, que generaría una
concentración y dilación a todas luces contraria a los principios de
eficacia, economía y celeridad consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Política, para cuyo cumplimiento, justamente, el mismo
artículo prevé los mecanismos de la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones’”. (Negrillas del original).

Adicionalmente, en la sentencia C-810 de 2014, la Corte Constitucional
se refirió a la potestad reglamentaria de organismos pertenecientes a la
Administración, diferentes al presidente de la República, así:

“Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en afirmar que esta
facultad reglamentaria no se ubica únicamente en cabeza del Presidente de
la República, en tanto existen otros organismos pertenecientes a la
administración que pueden expedir regulaciones. De allí que se afirme
que en Colombia opera un sistema difuso de producción normativa de
alcance general, cuya naturaleza está destinada a servir de apoyo a la
actividad administrativa desarrollada por el jefe del ejecutivo-sistema
difuso-; además, las materias a reglamentar por el CNJSA51 no tienen
reserva de ley, consisten en asuntos técnicos que no han sido materia de
regulación exhaustiva por el legislador, ni suponen la pérdida de la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional que, por el contrario, la subordina.

(…)

Es posible conferir potestades reglamentarias a órganos que no
configuren gobierno en sentido restringido, siempre y cuando se
trate de una potestad residual y subordinada, pues de esa manera se
armoniza el sistema de fuentes consagrado en la Constitución Política y la
responsabilidad del gobierno en este campo, con la posibilidad de contar
con organismos especializados, que desarrollen de manera
específica la intervención en temas complejos.” (Negrillas de la Sala).

De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que la Constitución Política
de 1991 y la ley confieren al presidente de la República, a los ministros y
a otros órganos de la Administración la potestad de reglamentar las leyes,
asignación que hace efectivos los mecanismos de descentralización,
delegación y desconcentración de funciones, fijados en la Ley 489 de
1998. En todos los casos dicha potestad debe ejercerse “con sujeción a la

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ley y al reglamento y sin rebasar el ámbito de regulación normativa de
una y otro”35.

En particular, la potestad regulatoria de carácter residual, accesorio o
auxiliar, de órganos del Ejecutivo distintos al presidente, cobra sentido
cuando se requiere regular aspectos técnicos y especializados, necesarios
para la debida ejecución de las leyes, que solo pueden ser definidos por
los entes administrativos que tienen más cercanía con los temas reales
de implementación de la legislación, quienes pueden pormenorizar el
proceso de implantación de la voluntad legislativa. La regulación así
expedida, en todo caso, debe guardar armonía con la ley y con el
reglamento dictado por el presidente.

3.3.1.3.6. Para el caso específico de la Dimar, debe tenerse en cuenta
que el Gobierno nacional expidió el Decreto 5057 de 2009, que modificó
parcialmente la estructura de esa entidad y, en el artículo 2, numeral 4º,
que se invoca como fundamento en las consideraciones del acto
demandado, le confirió al director general marítimo la función de expedir
reglamentaciones técnicas orientadas, entre otros aspectos, a prevenir la
contaminación marina por parte de los buques:

“Artículo 2º. Funciones del despacho del director. Son funciones del despacho
del Director General Marítimo, las siguientes:

(…)

4. Dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la
seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación
marina proveniente de buques, así como determinar los procedimientos
internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la
Dirección General Marítima. (…)”. (Resaltados de la Sala).

En atención a la competencia otorgada a la Dimar para expedir
reglamentaciones técnicas, vale traer a colación la sentencia del 7 de julio
de 2022, expedida la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación
en un proceso de nulidad36:

35
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 20 de noviembre de 2014, Consejero ponente: Guillermo
Vargas Ayala. Radicación: 11001-03-24-000-2010-00119-00.
36
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez, radicación: 110010326000201600140-00 (57819).

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
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“El reglamento técnico

77. Mediante Decreto 2416 de 1971 se estableció inicialmente, que: (i) la
normalización técnica consiste en el proceso de formular y aplicar reglas con el
propósito de establecer un orden, en una actividad específica, para beneficio y
con la cooperación de los interesados y, en particular, para la obtención de una
economía óptima de conjunto; (ii) debe entenderse por norma técnica el
compendio de especificaciones que definen, clasifican, califican o racionalizan
un material, un producto o un procedimiento para que satisfaga las necesidades
o los usos a que está destinado; (iii) en la resolución que oficialice una norma
técnica debe indicarse si ésta tiene carácter obligatorio y precisarse su grado de
obligatoriedad; y, (iv) habrán de adoptarse como normas oficiales obligatorias
aquellas ‘que se relacionen con materiales, procedimientos o productos que
afecten la vida, la seguridad o la integridad corporal de las personas’.

78. Ya con la Constitución Política de 1991 se dispuso en su artículo 78 que
serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y
comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud y la seguridad,
mientras que en su artículo 333 estableció que la actividad económica y la
iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común.

79. El Decreto 2416 de 1971 fue derogado por el Decreto 2269 de 1993, norma
que en su artículo 2º, ajustado a un nuevo entorno constitucional, dispuso lo
siguiente:

(i) Definió la normalización técnica como la actividad que establece, en relación
con una problemática actual o potencial, soluciones para aplicaciones repetitivas
y comunes, con el objeto de lograr un grado óptimo de orden en un contexto
dado, actividad que se materializa en la elaboración, la adopción y la publicación
de las normas técnicas;

(ii) Precisó que las normas técnicas son aquellos documentos consensuados y
aprobados por un organismo reconocido que suministra, para uso común y
repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus
resultados, y que se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia,
la tecnología y la experiencia, mientras sus objetivos deben ser los beneficios
óptimos para la comunidad;

(iii) Incluyó el concepto de reglamento técnico, entendido como la
reglamentación de carácter obligatorio expedida por la autoridad competente
con fundamento en la ley, que suministra requisitos técnicos, bien sea
directamente, o mediante referencia o la incorporación del contenido
de una norma nacional, regional o internacional, una especificación
técnica o un código de buen procedimiento.

(…)

84. Por otra parte, en la Decisión 376 de 1995, instrumento de la Comunidad
Andina relativo al ‘Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos,
Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología’ se encuentra, lo siguiente:

(i) Bajo el Anexo II, glosario de términos, se definió como Reglamento Técnico
el documento aprobado por una autoridad competente ‘que contiene requisitos
técnicos o hace referencia a normas o especificaciones técnicas o códigos de
práctica o los integra a su contenido’. Posteriormente, bajo los instrumentos
modificatorios de la Decisión 376 de 1995 el reglamento técnico se definió como
el documento en el cual ‘se establecen las características de un producto o los
procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las

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disposiciones administrativas aplicables cuya observancia es obligatoria’, que
puede incluir prescripciones, por ejemplo, en materia de terminología y símbolos
aplicables a un proceso o método de producción”. (Resaltados de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, el Decreto 2416 de 1971 señaló que los
reglamentos técnicos constituyen reglas para un orden óptimo en
actividades específicas, con carácter obligatorio explícito, como pueden
ser compendios de especificaciones para materiales o productos,
especialmente en asuntos de los que depende la vida o seguridad de las
personas. A su vez, el Decreto 2269 de 1993 los definió como documentos
consensuados y aprobados por organismos reconocidos, basados en
ciencia, tecnología y experiencia, con el objetivo de beneficiar a la
comunidad. De igual manera, la Decisión 376 de 1995 de la Comunidad
Andina definió el reglamento técnico como un documento aprobado por
una autoridad competente que contiene o hace referencia a requisitos
técnicos, especificaciones, o códigos de práctica.

3.3.1.3.7. Siendo así, la Sala concluye que al actor no le asistió la razón
al señalar que la Resolución 022 del 25 de enero de 2013 es nula por falta
de competencia porque la facultad reglamentaria de la Dirección General
Marítima per se es de carácter meramente operativo, ni porque esta no
pueda dictar regulaciones nuevas ni reglamentar directamente la ley.
Como acaba de verse, los órganos del Ejecutivo tienen potestad para
regular aspectos técnicos y especializados con los que tienen más
cercanía.

Tal es el caso de los requisitos técnicos que deben cumplir las naves que
transportan hidrocarburos, los cuales pueden ser definidos con carácter
obligatorio por la Dimar, con la finalidad de prevenir la contaminación
marina proveniente de buques, en todo caso, guardando armonía con la
Constitución y la ley.

Ahora, en cuanto a la supuesta configuración del vicio de falta de
competencia por hacer extensivos los efectos del acto demandado a naves

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de bandera extranjera37, la Sala advierte que, de acuerdo con el artículo
4 del Decreto Ley 2324 de 1984, la Dimar es la Autoridad Marítima
Nacional y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las
actividades marítimas, entre las cuales, conforme con el artículo 3, se
encuentran las relacionadas con las naves nacionales y con las
extranjeras. Asimismo, el numeral 13º del artículo 5° ibidem consagra
entre las funciones de la entidad la de dirigir y controlar las actividades
del transporte marítimo internacional. Y el artículo 115 establece que la
autoridad marítima verifica las condiciones de navegabilidad, seguridad y
prevención de contaminación de una nave extranjera, para lo cual puede
disponer su inspección y aún impedir su salida.

En suma, las competencias de la Dimar se extienden a las naves de
bandera extranjera que realizan sus actividades dentro de la jurisdicción
del Estado colombiano. Por lo tanto, tampoco se configura el vicio de falta
de competencia por extender las disposiciones del acto demandado a
naves extranjeras.

3.3.2. Por otra parte, el demandante alega que el acto administrativo
demandado desconoce los preceptos constitucionales relacionados con la
prelación del interés general, el debido proceso, el derecho al trabajo, la
confianza legítima y los derechos colectivos. Sin embargo, se observa que
la demanda no plantea consideraciones particulares respecto del interés
general, el debido proceso ni los derechos colectivos, y que la
argumentación en este punto se centra en el peligro que el acto generaría
sobre la confianza legítima y el derecho al trabajo de cientos de personas
que por más de 30 años han vivido de las actividades del mar, bajo los
preceptos del Convenio MARPOL 73/78.

Siendo así, el problema que a continuación debe abordar la Sala consiste
en determinar si es nulo, por infringir el principio de confianza legítima,
el acto administrativo que establece que las naves de peso muerto inferior

37
Lo cual se materializa en el artículo 4 del acto atacado.

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a 600 toneladas, que transporten hidrocarburos, deben contar con doble
casco, si tal exigencia no se encuentra consagrada en un convenio
internacional sobre la materia.

3.3.2.1. De entrada, es pertinente recordar que, al estudiar los cargos de
falta de competencia e infracción de normas superiores, la Sala concluyó
que la Resolución 022 del 25 de enero de 2013 no desconoció el Convenio
MARPOL 73/78, por lo que, contrario a lo aducido en la demanda, el acto
el acto demandado no desconoció las expectativas que la comunidad
tuviera fundadas en este.

En todo caso, conviene señalar que la garantía de la confianza legítima
encuentra su origen en la Constitución Política, como desarrollo de los
principios de seguridad jurídica, de respeto al acto propio y de buena fe,
establecidos en el artículo 83 de la Carta, que dispone que “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Esta corporación ha sostenido que este principio “consiste en la
expectativa genuina que alberga el particular, de que las reglas
establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad o el
reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo
con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un
cambio abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que
resquebraja la esperanza legítima que el administrado se ha fijado” 38.
(Subrayas de la Sala).

Sin embargo, “el desconocimiento del principio de confianza legítima por
un cambio de reglamentación no es absoluto”39, pues la seguridad jurídica
“no impide cambios en las reglas de juego pero sí exige que éstos no se

38
Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia del 7 de mayo de 2015 C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad.
11001-03-24-000-2014-00108-00.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de septiembre de 2011, consejero ponente: Marco
Antonio Velilla Moreno, radicación: 25000-23-24-000-2004-00862-01.

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
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hagan arbitraria y súbitamente sin consideración alguna por la estabilidad
de los marcos jurídicos que rigen la acción de las personas y en desmedro
de la previsibilidad de las consecuencias que se derivan para los
particulares de ajustar su comportamiento a dichas reglas” 40. Es decir
que, en estos casos, el Estado se encuentra en “la obligación de
proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para
adaptarse a la nueva situación”41. (Subrayas de la Sala).

En el sub lite, se advierte que el acto acusado se profirió el 25 de enero
de 2013 y en el artículo 1 dispuso que sus exigencias sobre el doble casco
entrarían a regir a partir del 30 de julio de 2013. Asimismo, en el artículo
2 determinó un régimen de transición, así:

“Artículo 2°. - Régimen de Transición: Las empresas que antes del 30 de julio
de 2013, presenten a la Dirección General Marítima o a través de una Sociedad
de Clasificación avalada en Colombia, un proyecto de modificación o
transformación de la estructura de sus naves o artefactos navales o un plan de
renovación de la flota, para cumplir con lo estipulado en el artículo 1° de esta
resolución, tendrán un plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de
aprobación del proyecto, para realizar las modificaciones o transformaciones,
tiempo durante el cual podrán seguir operando.

Parágrafo: Cuando no se presente el proyecto de modificación o transformación
dentro del término aquí establecido, o el mismo no sea aprobado, o transcurra
el plazo sin que se hubiese adelantado las modificaciones o transformaciones
correspondientes, la Dirección General Marítima, con fundamento en lo
preceptuado en el Decreto 804 de 2001, dará aplicación a lo dispuesto en el
artículo 66 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y las demás
normas que los modifiquen o adicionen”. (Subrayas de la Sala).

Valga mencionar que el interés por evitar que el cambio se realizara de
forma arbitraria y súbita se ha materializado igualmente a través de
resoluciones posteriores, en las cuales la Dimar ha prorrogado el plazo
establecido en el artículo que acaba de citarse. Como ejemplo, se cita la
Resolución 0005-2017 MD-DIMAR-SUBMERC del 5 de enero de 2017, que
dispuso:

“Artículo 1°. Adicionar los siguientes parágrafos al artículo 2° de la Resolución
número 022 del 25 de enero de 2013:

40
Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2002.
41
Corte Constitucional, Sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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‘Parágrafo 2°. Se amplía el plazo para realizar las modificaciones,
transformaciones o renovación de flota de las naves y artefactos navales hasta
el 31 de diciembre de 2021.

Parágrafo 3°. Las empresas y armadores que a fecha 31 de diciembre de 2021
no hayan ejecutado el proyecto que fue previamente aprobado, ya sea como
modificación, transformación o renovación de flota de sus naves y/o artefactos
navales, además de haber rendido a la Dirección General Marítima el informe
final de las actividades realizadas, no podrán seguir realizando operaciones de
transporte de hidrocarburos a granel en áreas bajo jurisdicción de la Dirección
General Marítima’”. (Subrayas de la Sala).

Luego, mediante Resolución 0135-2018 MD-DIMAR-GLEMAR del 27 de
febrero de 2018, la Dimar expidió el Reglamento Marítimo Colombiano
(REMAC) y las disposiciones relativas a las actividades marítimas,
quedaron incorporadas en la parte denominada REMAC 4, el cual fue
modificado parcialmente por la Resolución 0840-2021 MD-DIMAR-
SUBMERC-AREM del 16 de septiembre de 2021, que señaló:

“Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4.4.3.1.2 del Capítulo 1 ‘De las Operaciones
de Transporte de Hidrocarburos a Granel en Áreas Bajo la Jurisdicción de la
Dirección General Marítima’, Título 3 Transporte de Hidrocarburos, Parte 3
‘Naves y Artefactos navales’ del REMAC 4: ‘Actividades Marítimas’, el cual
quedará así:

Artículo 4.4.3.1.2. Régimen de transición. Se amplía el plazo para realizar las
modificaciones, transformaciones o renovación de flota de las naves y artefactos
navales dedicadas al transporte de hidrocarburos a granel hasta el día 31 de
diciembre de 2023.

Parágrafo 1. Las naves y artefactos navales que a 01 de enero de 2024 no
cuenten con doble casco, no podrán seguir realizando operaciones de transporte
de hidrocarburos a granel en áreas bajo jurisdicción de la Dirección General
Marítima.

Parágrafo 2. Las Empresas de Servicios Marítimos que pertenezcan al Grupo I
Subgrupo 2. Suministro de combustible en el mar y que cuenten con naves y
artefactos navales que cuenten con doble casco, cancelarán el cincuenta por
ciento (50%) del valor de la renovación y/o expedición de la Licencia de
Explotación Comercial’”. (Subrayas de la Sala).

Por lo tanto, para la Sala es claro que la Resolución 022 del 25 de enero
de 2013 no infringió el principio de confianza legítima, por las razones
alegadas en la demanda, pues si bien trajo disposiciones nuevas que
debían ser implementadas por los interesados, confirió un plazo razonable
para ajustarse a estas.

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3.3.2.2. Por otro lado, la Sala deberá determinar si el acto administrativo
demandado es nulo, por infringir el derecho al trabajo de la comunidad
que se ve afectada con sus disposiciones, para lo cual se tendrá que
establecer si es cierto que la implementación del doble casco es técnica y
económicamente inviable, pues les impediría el acceso a diferentes
poblaciones e involucraría un costo descomunal.

De entrada, la Sala advierte que el demandante no allegó ninguna prueba
orientada a demostrar la alegada inviabilidad técnica de la adopción del
doble casco, ni de la imposibilidad de las naves para acceder a diversas
poblaciones del Litoral Pacífico Colombiano.

En cuanto a las implicaciones económicas de la instalación del doble casco
para embarcaciones pequeñas, el demandante allegó una cotización
emitida por “el Perito Clase A -MARIO VARGAS”42. Sin embargo, la Sala
considera que tal documento es inconducente para la finalidad que se
busca, pues para ello, en los términos del artículo 226 del Código General
del Proceso (CGP), era necesaria una prueba pericial, la cual es
procedente cuando se requiere verificar hechos que ameriten especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos, como ocurre en este caso
con los aditamentos correspondientes al doble casco que debe instalarse
a las embarcaciones que transporten hidrocarburos.

En suma, la Sala no encuentra probada ni la inviabilidad técnica, que se
originaría por la imposibilidad para las pequeñas naves de acceder a
poblaciones del Litoral Pacífico Colombiano, ni el supuesto costo
desmesurado que el actor alega que tendría la adaptación a las
disposiciones del acto demandado. Por lo tanto, no se encuentra
configurado el cargo.

3.3.3. Por último, la Sala deberá analizar si el acto demandado es nulo,
por falsa motivación, si: (i) generaliza la aplicación de sus efectos a todo

42
Visible a folios 33 a 47 del expediente.

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tipo de naves, sin considerar las excepciones que se desprenden del
Convenio MARPOL 73/78; (ii) invoca como fundamentos los artículos 26
y 27 de la Ley 730 de 2001, los cuales se refieren a la conformidad que
debe tener el acto con los convenios internacionales, pero infringe el
referido Convenio, y (iii) señala que a nivel internacional se está limitando
la operación de buques petroleros de casco sencillo, sin fundamentarse
en algún tratado o convenio internacional aprobado por Colombia.

3.3.3.1. Esta Sección ha explicado que la falsa motivación como vicio de
nulidad debe ser entendido desde tres enfoques distintos, a saber: la falsa
motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el
contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance
interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el
acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva 43.

En cuanto a la falsa motivación de hecho, esta supone un juicio de
certeza, es decir, el cuestionamiento acerca de si son ciertos los hechos
que se esgrimen como fundamento para expedir la decisión que se
cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el juez no tiene opción diferente
que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la mencionada
argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el acto
toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto. La indebida motivación, a su vez,
emerge del análisis del acto a partir de la congruencia que debe existir
entre la motivación y la resolución.

43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de abril de
2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001 23 31 000 2012 00414 01.

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

A partir de las consideraciones precedentes, la Sala verificará si los
argumentos esgrimidos por la parte recurrente configuran el vicio de falsa
motivación.

3.3.3.2. En cuanto a los dos primeros puntos, la Sala advierte que, si bien
el demandante formula el vicio como una falsa motivación, con aparente
ajuste a la modalidad de indebida motivación, lo que en el fondo hace es
reiterar el argumento de infracción de norma superior, esto es, de
desconocimiento del Convenio MARPOL 73/78. Por lo tanto, al respecto
basta con reiterar que, al resolver los cargos de falta de competencia e
infracción a norma superior, la Sala concluyó que la Resolución 022 del
25 de enero de 2013 no desconoció dicho Convenio.

Por último, la Sala observa que, en el tercer punto planteado en el cargo,
el demandante echa de menos la invocación de algún tratado o convenio
internacional aprobado por Colombia, que sustente la afirmación según la
cual a nivel internacional se estaría limitando la operación de buques
petroleros de casco sencillo.

La Sala advierte que las consideraciones de la Resolución 022 del 25 de
enero de 2013 exponen lo siguiente:

“Que internacionalmente se está limitando en algunos casos y prohibiendo en
otros, la operación de buques tanque petroleros de casco sencillo, con el fin de
minimizar los riesgos de derrame de hidrocarburos y los efectos perjudiciales al
ambiente marino, de acuerdo a lo establecido en el Convenio internacional para
prevenir la contaminación por buques y su Protocolo de 1978, Convenio MARPOL
73/78 enmendado Anexo I, aprobado por el Estado Colombiano a través de la
Ley 12 de 1981”.

A juicio de la Sala, de acuerdo con el aparte citado, la afirmación del
demandante es contraevidente cuando alega que el acto no soporta tal
afirmación en un algún tratado o convenio internacional aprobado por
Colombia, pues justamente se invoca Convenio MARPOL 73/78, que fue
incorporado al ordenamiento colombiano a través de la Ley 12 de 1981.

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

Además, se observa que el acto demandado no hace más que señalar una
consecuencia fáctica que se estaría produciendo internacionalmente en
virtud de la aplicación del Convenio MARPOL 73/78, el cual, en efecto,
trajo la imposición del doble casco para determinadas embarcaciones que
transportan hidrocarburos. Por lo tanto, la Sala estima que tal argumento
del acto no constituye un sustento de derecho del acto, pues se trata de
un fundamento de hecho, razón por la cual no tendría que estar soportado
en nuevos fundamentos jurídicos —otros convenios o tratados
internacionales— como alegó el demandante.

3.3.4. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala concluye que no se
encuentra configurado ninguno de los cargos de nulidad formulados por
el señor Balvino Gutiérrez Martínez contra la Resolución 022 del 25 de
enero de 2013, proferida por la Dirección General Marítima (Dimar). En
consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

3.4. Costas

Visto el artículo 188 del CPACA, la Sala considera que no hay lugar a
imponer condena en costas, teniendo en cuenta que el presente asunto
fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene
por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el
interés que mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender
la prevalencia del principio de legalidad.

3.5. Reconocimiento de personería

Mediante memorial visible en el índice 46 del proceso en Samai, la
abogada Sandra Marcela Parada Aceros renunció al poder a ella conferido
por el Ministerio de Defensa Nacional. Por tanto, como la renuncia cumple
con los presupuestos del artículo 76 del CGP, la Sala la aceptará. De igual
manera, en el índice 53 se observa el poder conferido por dicha entidad
a la abogada Diana Carolina Gutiérrez Rueda, a quien la Sala le

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Radicación: 11001 03 24 000 2013 00385 00
Demandante: Balvino Gutiérrez Martínez

reconocerá personería, de conformidad con lo previsto en el artículo 74
ibidem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Sandra
Marcela Parada Aceros al poder conferido por el Ministerio de Defensa
Nacional, y RECONOCER personería a la abogada Diana Carolina
Gutiérrez Rueda, para actuar en representación de dicha entidad, en los
términos y para los fines del poder a ella otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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