Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00515-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00515-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00515-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto dos mil veinticuatro (2024)
Número único de radicación:11001032400020130051500
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Almacén Sanitario S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: Zimmer S.A. En Liquidación
Temas: Requisitos formales del poder en el trámite administrativo. Examen de
registrabilidad. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Almacén Sanitario
S.A.S contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la
nulidad de las Resoluciones núms. 8857 de 27 de febrero de 2012 y 3813 de 6 de
febrero de 2013.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Almacén Sanitario S.A.S.2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
1 Cfr. Folios 100 a 101. Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento
manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.
2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2
3 Cfr. Folios 20 a 26
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derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 8857 de 27 de
febrero de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”,
expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio; y la Resolución núm. 3813 de 6 de febrero de 2013, “Por la cual se
resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada conceder el registro como marca del signo mixto ZZIMMERMANN, para
identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de
Niza.
Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 00008857
expedida el veintisiete (27) de febrero de 2012 por la Directora de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó
a mi poderdante el registro de la marca ZZIMMERMANN para distinguir
productos comprendidos en la Clase 20ª de la Clasificación Internacional de
Niza.
SEGUNDA: Que igualmente, se declare la nulidad de la Resolución No.
00003813 expedida el seis (6) de febrero de 2013 por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial mediante la cual confirmo (sic) la
providencia anteriormente referida al decidir el recurso de apelación interpuesto
contra la mima (sic). […]”.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“[…] TERCERO: Que como consecuencia, se restablezca en su derecho a
ALMACEN SANITARIO S.A.S., antes Almacén Sanitario S.A., ordenando para
ello a la Superintendencia de Industria y Comercio, que registre a nombre de mi
poderdante, como marca mixta, el signo ZZIMMERMANN para distinguir
productos comprendidos en la Clase 20ª de la Clasificación Internacional de
Niza. […]”. (Resaltado en el original)
Presupuestos fácticos
4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
5 Cfr. Folio 20
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5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones6:
5.1. Solicitó, el 27 de abril de 2011, el registro como marca del signo mixto
ZZIMMERMANN, para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación
Internacional de Niza.
5.2. La referida solicitud se publicó el 23 de mayo de 2011, en la Gaceta de
Propiedad Industrial núm. 629, la cual fue objeto de oposición por el abogado
Alejandro Camargo García, quien manifestó actuar en nombre de Zimmer S.A. En
Liquidación, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso,
con fundamento en la marca mixta ZIMMER, que identifica productos de la Clase
20 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la Resolución núm. 8857 de 27 de febrero de 2012, declaró
fundada la oposición presentada por el abogado Alejandro Camargo García, quien
manifestó actuar en nombre del tercero con interés directo en el resultado del
proceso, y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto
ZZIMMERMANN para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación
Internacional de Niza.
4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm.
8857 de 27 de febrero de 2012.
4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 3813 de 6
de febrero de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la
Resolución núm. 8857 de 27 de febrero de 2012.
Normas violadas
6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
6.1 Artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.
6.2 Artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política.
6 Cfr. Folios 21 a 22
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6.3 Artículo 40 de la Ley 157 de 15 de agosto de 18877.
6.4 Artículo 2189 del Código Civil8.
6.5 Literal c) del artículo 167 y el artículo 238 del Decreto Ley 019 de 10 de enero
de 20129.
6.6 Artículos 65 y 70 del Código de Procedimiento Civil.
Concepto de la violación
7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de
violación, así10:
Primer cargo: Violación de los artículos 146 de la Decisión 486 de 2000; el
literal c del artículo 167 y 238 del Decreto Ley 19 de 2012; 65 y 70 del Código
de Procedimiento Civil; y 2189 del Código Civil
7.1. La parte demandada violó el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, toda vez
que el tercero con interés directo en el resultado del proceso nunca formuló
oposición contra la solicitud de registro como marca del signo mixto
ZZIMMERMANN, por cuanto nunca designó apoderado especial para que a su
nombre interpusiera dicha oposición.
7.2. El abogado Alejandro Camargo García, quien presentó la oposición, no tenía
ninguna atribución que lo facultara para formularla y, por lo tanto, carecía de
legitimidad, ya que jamás le fue otorgado poder para este trámite y tampoco
manifestó obrar como agente oficioso.
7.3. El poder especial que se le había sido otorgado al abogado Alejandro Camargo
García por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, el día 5
de agosto de 2008, se confirió únicamente para adelantar un registro de marca. En
consecuencia, dicho poder especial estaba legalmente terminado, según lo prevé el
artículo 2189 del Código Civil, por el desempeño del asunto para el que había sido
otorgado.
7 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”
8 Ley 84 de 26 de mayo de 1873
9 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.”
10 Cfr. Folios 22 a 24
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7.4. La parte demandada declaró fundada una oposición que el tercero con interés
directo en el resultado del proceso jamás presentó, con lo cual se desconoció
ilegítimamente a la parte demandante el derecho a obtener el registro como marca
del signo mixto ZZIMMERMANN.
7.5. La parte demandada violó el literal c del artículo 167 y el artículo 238 del
Decreto Ley 19 de 2012, toda vez que, si bien este Decreto consagra un nuevo
régimen para los poderes relacionados con la Propiedad Industrial, esta normativa
solo rige a partir del 10 de enero de 2012. En consecuencia, no tiene efectos
retroactivos a la fecha en que el abogado Alejandro Camargo García formuló la
oposición.
7.6. La parte demandada violó los artículos 65 y 70 del Código de Procedimiento
Civil y el artículo 276 del Decreto Ley 01 de 1984, toda vez que el artículo 65 prevé
“[…] como únicos poderes acreditable (sic) en las actuaciones judiciales o
administrativas el general para toda clase de procesos o el especial para varios
procesos separados que deben ser conferidos por escritura pública. Igualmente
instituye el especial para un solo proceso que puede conferirse mediante memorial
dirigido al juez de conocimiento. En el presente caso, ninguno de ellos existió.
Artículo 70 porque consagra las facultades que legalmente asisten al APODERADO
independientemente de las otorgadas convencionalmente por el mandate. En el
presenta caso, no tenían acreditación alguna […]”11.
7.7. La parte demandada violó el artículo 2189 del Código Civil, comoquiera que dio
valor a un poder especial agotado o terminado, según lo prevé dicho artículo.
Segundo cargo: Violación de los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución
Política
7.8. La parte demandada violó el artículo 13 de la Constitución Política, comoquiera
que desconoció “[…] el derecho fundamental de igualdad al atribuirle a SIMMER
(sic) S.A., en detrimento de mi poderdante, una actuación administrativa que nunca
efectuó […]”12.
7.9. La parte demandada violó el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto
desconoció los derechos fundamentales de defensa y debido proceso de la parte
11 Cfr. Folio 24
12 Cfr. Folio 23
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demandante, toda vez que, declaró fundada una oposición en contra de la solicitud
de registro como marca del signo solicitado por la parte demandante y,
posteriormente, pretendió justificarlo dando aplicación retroactiva a lo dispuesto en
el literal c) del artículo 167 del Decreto Ley 19 de 2012, cuya vigencia comenzó el
10 de enero de 2012.
7.10. Afirmó que la parte demandada violó el artículo 228 de la Constitución
Política, comoquiera que dio al poder el carácter de mero formalismo para justificar
el haber dado trámite a la oposición, con grave detrimento de los derechos de la
parte demandante.
Contestación de la demanda
Parte demandada
8. La parte demandada13, contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
8.1. Adujo que la decisión de los actos acusados de los que se deriva la
inconformidad de la parte demandante, obedeció a un análisis serio e imparcial de
registrabilidad, frente a las marcas enfrentadas en sede administrativa.
8.2. Precisó que el término previsto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000
corrió desde el 21 de junio de 2011 hasta el 4 de agosto de 2011 y que, estando
dentro del término legal, el tercero con interés directo en el resultado el proceso,
mediante apoderado judicial presentó oposición el día 4 de agosto de 2011 a las
10:00 am y que se le entrego constancia de tal presentación el día 8 de agosto de
2011.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso
9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio en
esta oportunidad procesal15.
13 Por intermedio de apoderada. Cfr. 51 a 54
14 Cfr. Folios 40 a 48
15 Cfr. Folio 76.
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Interpretación prejudicial
10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de febrero de 201516,
suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al
caso concreto.
11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación
prejudicial 06-IP-2016 de 17 de febrero de 201717, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:
“[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo
146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual se
interpretará por ser procedente […]”
12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que a su juicio son aplicables.
Audiencia Inicial, reanudación del proceso y audiencia de pruebas
13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de julio de 201918: i) resolvió
sobre la reanudación del proceso; ii) convocó y fijó fecha y hora para la realización
de la audiencia inicial; iii) en la audiencia inicial realizada el 29 de julio de 201919,
requirió a la parte demandada que, dentro de los 3 días siguientes, aportara copia
del expediente administrativo núm. 11-51177; declaró saneado el proceso; resolvió
sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no
encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto
del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase
de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y resolvió
sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas.
Audiencia de alegaciones y juzgamiento
14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 202120, resolvió
sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese
sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez
16 Cfr. Folio 77
17 Cfr. Folios 91 a 97
18 Cfr. Folios 122 a 123
19 Cfr. Folios 130 a 144
20 Cfr. Folios 150 a 151
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(10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público
que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.
15. La parte demandante21 reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda.
16. La parte demandada22 reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda. Así mismo, añadió el siguiente argumento:
“[…] es evidente que el poder que obra en los archivos de esta Entidad y que
fue aportado por el apoderado del demandante, es amplio y suficiente para la
actuación. Si bien el poder se encuentra limitado, en cuanto al alcance objetivo
del mismo, pues se enmarca en las actuaciones que puede realizar el apoderado
en relación con la marca ZIMMER en clase 20, no puede predicarse del mismo
que sea exclusivamente para adelantar el registro de marca o que se agotara
con ese primer trámite. Como se advierte del aparte citado, el poderdante le
confiere facultades al abogado para que presente oposiciones, por lo que
es claro el ánimo del poderdante en conferir suficientes facultades para
que se registre y proteja la marca registrada. […].
[…] hallando que el poder aportado no cumplía con los requisitos formales, este
requisito era subsanable. Para ello, la SIC tenía como opción requerir al
apoderado, como lo advertía el artículo 12 del Código Contencioso
Administrativo, vigente a la fecha de expedición del acto; o acudir al poder
obrante en el expediente de la marca ZIMMER como efectivamente (sic) se hizo.
Así pues, se entiende que, al ser un requisito formal, era subsanable y el medio
empleado por esta Entidad para su subsanación es legítimo.
[…]
[…] el examen de registrabilidad que exige la norma que se haga por parte de
esta Entidad, incluye una búsqueda de oficio de signos similares. De manera
que, aun si se llegara a considerar que la oposición no fue presentada por el
legítimamente facultado para ello, del examen de oficio de esta Entidad las
conclusiones habrían sido sustancialmente similares. Así las cosas, proceder al
registro de la marca ZIMMER constituiría una clara transgresión a los derechos
de exclusiva del tercero interesado. […]”.23
16.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio
en esta etapa procesal24.
Intervención del Ministerio Publico
17. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal25.
21 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”.
22 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”.
23 Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”
24 Cfr., Índice 61 del aplicativo web “SAMAI”.
25 Ibidem
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el
marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 06-IP-2016 de 17 de febrero de
2017; vii) marco normativo sobre la oportunidad para presentar oposiciones; viii) el
marco normativo sobre el derecho de postulación aplicable a la oposición
presentada en el caso sub examine; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12
de marzo de 201926, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.
20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.
Los actos administrativos acusados
21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
21.1 La Resolución núm. 8857 de 27 de febrero de 201227, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
resolvió declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo
en el resultado del proceso y negó el registro como marca del signo mixto
ZZIMMERMANN para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación
Internacional de Niza.
21.2 La Resolución núm. 3813 de 6 de febrero de 201328, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
26 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
27 Cfr. Folios 7 a 10
28 Cfr. Folios 11 y 12
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Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la
Resolución núm. 8857 de 27 de febrero de 2012.
El problema jurídico
22. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la
interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:
23. Si las Resoluciones núms. 8857 de 27 de febrero de 2012 y 3813 de 6 de
febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales negó el registro como marca del signo mixto ZZIMMERMANN,
para identificar "muebles, productos no comprendidos en otras clases de madera,
corcho, junco, mimbre y sucedáneos de todas estas materias", productos
comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 146 de la Decisión
486 de 2000; 2189 del Código Civil; literal c) del artículo 167, y 238 del Decreto 019
de 2012; 65 y 70 del Código de Procedimiento Civil; y 13, 29 y 228 de la Constitución
Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los
actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.
24. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el tercero con interés directo
en el resultado del proceso, esto es Zimmer S.A. En Liquidación, estaba
debidamente representado para actuar como opositor dentro del procedimiento
administrativo donde se expidieron los actos administrativos acusados.
25. En segundo lugar, si la parte demandada vulneró o no las normas señaladas
por haber admitido y declarado fundada la oposición mencionada supra.
26. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó
el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.
27. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la
nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada, y al
restablecimiento del derecho solicitado.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
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28. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena29, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200030 de la Comisión de la Comunidad Andina31.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina32
29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33.
29 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
30 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros
y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio”
que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la
Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir
el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
31 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa
su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
32 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por
el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
33 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.
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30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros.
31. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
32. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
33. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.
34. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretación solicitada […]”.
35. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 060-IP-2016 de 17 de febrero de 201734
34 Cfr. Folios 91 a 97
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36. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación
Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este
caso:
“[…] 1. De la legitimación para presentar una oposición en el trámite de
registro de marca
1.. Como en el proceso interno se discute si la oposición fue presentada por el
legitimado para ello, se abordará el tema planteado.
1.2 De la lectura del artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, se debe entender
que quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada
a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de su publicación. La norma comunitaria al usar el término “oposición
fundamentada” se está refiriendo a una oposición que contenga todas las
pruebas y argumentos necesarios para sustentar su posición. Tan importante
resulta este tema, que el Artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte
interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para
presentar las pruebas que sustenten sus argumentos. El legítimo interés será
calificado como tal por la Oficina Nacional Competente.
1.3 […] Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la
Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de
registrabilidad y concederá o negará el registro.
1.4. Se deberá verificar si la oposición presentada por ZZIMER fue radicada por
el legitimado para ello, de conformidad con lo planteado en la presente
Interpretación Prejudicial.
2. Del Principio de Complemento Indispensable
2.1 Si bien es cierto que la normativa andina tiene preeminencia sobre cualquier
norma interna de cada País miembro, no es menos cierto que existen
circunstancias, tales como los requisitos formales para presentación y
legalización de documentos adjuntos a la oposición, que no están regulados por
la normativa comunitaria andina. En estos casos, mediante la aplicación del
principio de complemento indispensable, se debe acudir a la normativa nacional.
[…]
2.4 De conformidad con lo anterior, se deberá aplicar la normativa interna para
establecer si los poderes anexos a la oposición cumplen con todos los requisitos
formales para su presentación. […]”
Marco normativo sobre la oportunidad para presentar oposiciones
37. Visto el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, dentro del plazo de treinta
días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá
presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el
registro de la marca.
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Marco normativo sobre el derecho de postulación aplicable a la oposición
presentada en el caso sub examine
38. Visto el artículo 267 del Decreto Ley 01 de 198435, que prevé que en los
aspectos no contemplados en el Código Contencioso Administrativo se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
39. Visto el artículo 63 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197036, sobre el derecho
de postulación, que prevé que las personas que hayan de comparecer al proceso
deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la
ley permite su intervención directa.
40. Visto el artículo 65 ibidem, sobre los poderes, que prevé que los poderes
generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos
separados sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales,
los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con
otros. El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o
por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la
demanda.
41. Visto el artículo 238 del Decreto 19 de 201237, sobre vigencia, que prevé que
el Decreto-ley rige a partir de la fecha de su publicación, es decir a partir del 10 de
enero de 2012.
Análisis del caso concreto
42. De conformidad con los marcos normativos indicados supra y, atendiendo a los
argumentos de las partes demandante y demandada y la Interpretación Prejudicial;
la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra.
43. La Sala procederá a determinar si el tercero con interés directo en el resultado
del proceso estaba debidamente representado para actuar como opositor dentro del
procedimiento que antecedió los actos acusados.
35 “Por el cual se reforma de Código Contencioso Administrativo”
36 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil”.
37 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.”
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Del cargo de violación del artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo
65 del Código de Procedimiento Civil
44. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, quien tenga legítimo
interés, podrá presentar oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro
de un signo como marca, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
publicación de la solicitud.
45. Al respecto, la Interpretación Prejudicial, indicó que “[…] existen circunstancias,
tales como los requisitos formales para presentación y legalización de documentos
adjuntos a la oposición, que no están regulados por la normativa comunitaria andina.
En estos casos, mediante la aplicación del principio de complemento indispensable,
se debe acudir a la normativa nacional. […] De conformidad con lo anterior, se
deberá aplicar la normativa interna para establecer si los poderes anexos a la
oposición cumplen con todos los requisitos formales para su presentación
[…]”.38 (Destacado de la Sala)
46. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, para establecer si la
oposición que presentó el tercero con interés directo en el resultado del proceso fue
a través de apoderado, cuya facultad de representación haya sido conferida a través
de un poder debidamente otorgado, se debe analizar si el poder cumple con los
requisitos previstos en la normatividad nacional que regula la materia.
47. Al respecto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, el abogado Alejandro
Camargo García, manifestando actuar en calidad de apoderado del tercero con
interés directo en el resultado del proceso, presentó oposición en contra del registro
como marca del signo mixto ZIMMERMANN39, solicitado por la parte demandante.
48. En ese sentido, como anexo al escrito de oposición indicado supra, el abogado
Alejandro Camargo García allegó copia simple de un documento denominado “[...]
otorgamiento de poder [...]” de 5 de agosto de 200840, conferido por Ricardo Espinal
Isaza, en calidad de Gerente Suplente del tercero con interés directo en el resultado
del proceso. El citado documento indica que:
“[…] para que en nombre de la sociedad que represento, adelante ante ustedes
toda clase de diligencias y procedimientos especiales para el Registro en su
38Cfr. Folio 96
39 Cfr. Folios 14 a 18 Anexo 1
40 Cfr. Folio 19 Anexo 1
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despacho de la marca ZIMMER amparando todos los productos de la clase 20,
quedando facultado para presentar y retirar oposiciones, interponer recursos,
solicitar testimonios, recibir documentos, cancelar costos legales, probar
explotaciones, aceptar transacciones, llegar a acuerdos marcarios con terceras
personas o entidades jurídicas, desistir, sustituir y hacer cuanto fuere necesario
ante cualquier autoridad administraba para actuar como demandantes o
demandados ante los Jueces que sean competentes, con poder amplio, pudiendo
transar, someter a árbitros, desistir, interponer recursos y con todas las demás
facultades que fueran necesarias […]”41 (Resaltado de la Sala)
49. Al respecto, la Sala advierte que el escrito de oposición fue presentado el 12
de agosto de 2011, de conformidad con el documento visible a folio 12 del cuaderno
de antecedentes administrativos. Asimismo, el documento de “[...] poder [...]” es de
5 de agosto de 2008, es decir que, tanto este como el escrito de oposición, son
anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 19 de 2012, a saber, anteriores al
10 de enero de 2012 y, en consecuencia, dicho decreto no es aplicable al caso sub
examine.
50. Conforme a lo anterior, no le es aplicable el literal c) del artículo 167 del Decreto
19 de 2012, que prevé que, en los trámites administrativos relacionados con
propiedad industrial, los poderes no requerirán presentación personal, podrán
otorgarse por documento privado y referirse a una o más solicitudes identificadas
en el poder o a todas las solicitudes existentes y futuras del titular.
51. Así, la Sala considera que resulta necesario aplicar lo previsto en el artículo
65 Código de Procedimiento Civil, sobre los poderes, comoquiera que la oposición
se presentó antes de la entrada en vigencia del Decreto 19 de 2012.
52. Dicho lo anterior, la Sala advierte que el artículo 65 del Código de
Procedimiento Civil prevé que “[…] los poderes generales para toda clase de
procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán
conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se
determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros. El poder
especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial
dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda
[…]”. (Destacado de la Sala)
53. La Sala advierte que el artículo 84 ibidem prevé que toda demanda deberá
presentarse personalmente por quien la suscribe, ante el secretario de la autoridad
judicial a quien se dirija; el signatario que se halle en lugar distinto, podrá remitirla
41 Ibidem
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previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se
considerará presentada a su recibo en el despacho judicial de su destino.
54. La Sala considera que, de conformidad con lo previsto en las normas indicadas
supra, el poder especial para varios procesos separados solo puede conferirse por
escritura pública y el poder especial, que se confiere para un solo proceso, puede
conferirse por escritura pública o por memorial, con la debida presentación personal
o previa autenticación ante juez o notario.
55. En el caso sub examine, la Sala advierte que el documento denominado “[...]
poder [...]”, aportado al trámite administrativo, fue conferido al abogado Alejandro
Camargo García para la representación del tercero con interés directo en el
resultado del proceso con el objeto de registrar la marca mixta ZIMMER, así como
también lo facultó para presentar y retirar oposiciones, por lo que se considera que
le permitía presentar oposición respecto de la solicitud de registro del signo
ZIMMERMANN.
56. Asimismo, la Sala considera que el citado documento corresponde a un poder
especial comoquiera que éste se refería al trámite de registro de un signo como
marca, a saber, ZIMMER, y las actuaciones que se relacionan con el mismo.
57. Adicionalmente, al revisar el expediente, la Sala considera que el poder
especial aportado en la actuación administrativa objeto del presente proceso, no
tiene la nota de presentación personal o la autenticación de firmas de los otorgantes,
como lo requiere el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia
con el artículo 84 ibidem.
58. Al respecto, la Sala advierte que, en la Circular Externa núm. 10 de 19 de julio
de 200142, en la cual se reúnen en un solo cuerpo normativo todas las
reglamentaciones e instrucciones de la parte demandada, se determinó que,
cuando se impulse una actuación administrativa por intermedio de apoderado, los
poderes deberán ser presentados personalmente ante la Secretaría General de la
parte demandada o en la forma prevista en el inciso primero del artículo 84 del
42 ”[...] Circular única, con fundamento en las facultades legales de la Superintendencia de Industria y Comercio,
se expide la circular única, la cual constituye el anexo del presente acto [...]“, Diario Oficial núm. 44.511 de 6
de agosto de 2001
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Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, la Cicurlar Externa núm. 10 de 19
de julio de 200143, dispuso que:
“[...] 6.2 Actuaciones que incluyan actos de apoderamiento
Las actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio podrán ser
adelantadas directamente por el interesado -tratándose de personas naturales-, por
los representantes legales -tratándose de personas jurídicas- o mediante apoderado.
Cuando se impulse una actuación por intermedio de apoderado, éstos deberán ser
abogados inscritos, conforme a lo establecido en el artículo 35 del decreto 196 de
1971, y en los poderes respectivos deberá manifestarse bajo la gravedad del
juramento que no se encuentra dentro de las causales de incompatibilidad que
consagra la ley, especialmente las contenidas en el decreto 2400 de 1968 y la ley 489
de 1998.
Los poderes deberán presentarse personalmente en la Secretaría General de
esta Superintendencia o en la forma dispuesta en el inciso primero del artículo
84 del código de procedimiento civil.
Cuando una misma persona sea representante legal o apoderada de varias
sociedades o compañías, deberá indicar claramente a nombre de quién actúa [...]”.
(Resaltado por la Sala).
59. En ese sentido, la Sala considera que, como se indicó supra, en el caso sub
examine, el poder aportado a la actuación administrativa en la cual se expidieron
los actos acusados no cumplió con el requisito previsto en el artículo 84 del Código
de Procedimiento Civil.
60. Por lo expuesto anteriormente, para el 12 de agosto de 2011, fecha en que se
presentó la oposición frente a la solicitud de registro como marca del signo mixto
ZIMMERMANN dentro del expediente núm.- 11-51177, el abogado Alejandro
Camargo García no contaba con un poder debidamente otorgado por el tercero con
interés directo en del proceso, razón por la cual, para dicho asunto específico, no tenía
la representación del tercero con interés directo en el resultado del proceso y la
facultad para presentar la mencionada oposición.
61. Al respecto, esta Sala ha considerado que44:
“[…] Además, encuentra la Sala que la Sección Segunda al motivar la sentencia
cuestionada, la fundamentó en normas aplicables al asunto, esto es, los artículos
65 y 84 del Código de Procedimiento Civil, el Decreto 2148 de 1o de agosto de
43 ”[...] Circular única, con fundamento en las facultades legales de la Superintendencia de Industria y Comercio,
se expide la circular única, la cual constituye el anexo del presente acto [...]“, Diario Oficial núm. 44.511 de 6
de agosto de 2001
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 16 de octubre
de 2020, C. P.: Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04186-00
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Núm. único de radicación: 11001032400020130051500
198345 y el Decreto 564 de 24 de febrero de 200646, por lo que se valió de la
ratio decidendi dispuesta en la T-328 de 2002 como un criterio auxiliar para
apoyar la decisión cuestionada.
En efecto, la autoridad judicial accionada discurrió sobre el particular de la
siguiente manera:
“[…] El poder otorgado puede ser de carácter especial o general, el primero,
es aquel que comprende uno o más negocios los cuales deben estar
determinados y, el segundo, es el que se otorga para todos los negocios.
A su turno, el Código de Procedimiento Civil, aplicable para el momento de la
ocurrencia de los hechos, disponía en sus artículos 65 y 84, que:
Artículo 65. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos y los
especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por
escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán
claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.
El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por
memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la
demanda.
(…)
Artículo 84. Presentación de la demanda. Las firmas de la demanda deberán
autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante
el secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier
círculo; para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se
reciba en el despacho de su destino.
Por su parte, el Decreto 2148 de 198347, en su artículo 14, prevé que el «poder
otorgado por documento privado deberá ser presentado personalmente o
reconocido ante juez o notario, con las formalidades de ley».
Al respecto, la Corte Constitucional ha sido enfática en manifestar que el
jus postulandi no se entiende acreditado por el mero hecho de allegar un
poder a un proceso o a un trámite administrativo, por cuanto48:
Con anterioridad la Corte Suprema ya había sostenido en casos con puntos
comunes al ahora estudiado que el jus postulandi debe estar plenamente
probado por parte de quien dice actuar como abogado. En anteriores ocasiones,
se determinó que para esto se necesita allegar un poder al proceso donde
se consagre la existencia de un mandato a cargo de quien dice ser
abogado, pero no basta con eso, sino que se hace necesaria la diligencia
de presentación personal donde se acredite la condición de abogado. Dijo
la Corte Suprema:
insístese en que el mero hecho de elaborarse el poder dirigido al juez que
conoce del proceso carece de virtualidad para convertir al abogado, per se, en
apoderado judicial de la parte correspondiente, pues es de sindéresis pensar
que sin su debida presentación sea un hecho ignorado dentro del expediente.
Con el agregado de que no es suficiente que alguien, motu proprio, se diga
apoderado judicial, porque es menester que demuestre ante el funcionario
respectivo que se está habilitado para serlo.” […].
45 “Por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 0960 y 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973”.
46 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos
humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”.
47 «Por el cual se reglamentan los Decretos Leyes 0960 y 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973»
48 Sentencia T-328 de 2002, magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
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En consideración a lo anterior, el poder especial es aquel en el que se
delega a otro un asunto determinado o un tema específico y deberá
dirigirse directamente al funcionario ante quien el apoderado hará las
gestiones, el cual, para que se entienda debidamente otorgado y tenga
plena validez deberá contener la nota de presentación personal o la
autenticación de firmas de los otorgantes ante notario, tal como lo
establecen las normas antes mencionadas.
[…]
Así las cosas, el «poder» que se presentó con la solicitud de la licencia de
construcción era un simple documento que contenía unas presuntas
facultades pero que en momento alguno reunió los requisitos legales para
que pudiera ser considerado un poder especial, pues, se insiste, no contenía
la presentación personal por parte del abogado ni la autenticación de
firmas de los otorgantes.
Ahora, si bien el Decreto 564 de 2006 no exigía expresamente que el poder
debía estar autenticado y/o presentado personalmente, sí señalaba que
este debía ser debidamente otorgado, es decir, cumplir con las
formalidades legales para que se acreditara el jus postulandi, esto, con el
objeto de que la solicitud de licencia urbanística se llevara a buen término
y cumpliera con todas las formalidades establecidas en la Ley. […]”
(Destacado de la Sala).
62. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, la parte demandada, al
declarar fundada la oposición presentada por el abogado Alejandro Camargo
García, manifestando actuar como apoderado del tercero con interés directo en el
resultado del proceso, violó los artículos 146 de la Decisión 486 de 2000, y 65 del
Código de Procedimiento Civil, comoquiera que el poder presentado no cumplía con
los requisitos previstos en la ley y, en consecuencia, no podía haber tomado el
escrito como una oposición de apoderado debidamente facultado del tercero con
interés directo en el resultado del proceso.
63. Dicho lo anterior, la Sala advierte que la parte demandada, en los alegatos de
conclusión, señaló que el abogado se encontraba facultado para presentar la
oposición dado que, en los archivos de la parte demandada, y dentro de otro
procedimiento administrativo diferente al estudiado en el caso sub examine, se
encontraba poder que lo facultaba, así49:
“[…] ‘(…) para que en nombre de la Sociedad que represento [ZIMMER S.A.],
adelante ante ustedes [SIC] toda clase de diligencias y procedimientos
especiales para el Registro en su despacho de la marca ZIMMER amparando
todos los productos de la clase 20, quedando facultado para presentar y
retirar oposiciones, Interponer recursos, solicitar testimonios, recibir
documentos, cancelar costos legales, probar explotaciones, aceptar
transacciones, llegar a acuerdos marcarios con terceras personas o entidades
jurídicas, desistir, sustituir y hacer cuanto fuere necesario ante cualquier
autoridad administrativa para actuar como demandantes o demandados ante los
49 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”
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Jueces que sean competentes, con poder amplio, pudiendo transar, someter a
árbitros, desistir, Interponer recursos y con todas las demás facultades
especiales que fueren necesarias.´ (Se resalta) […]”
64. La parte demandada agregó que “[…] es evidente que el poder que obra en
los archivos de esta Entidad y que fue aportado por el apoderado del
demandante, es amplio y suficiente para la actuación. Si bien el poder se
encuentra limitado, en cuanto al alcance objetivo del mismo, pues se enmarca
en las actuaciones que puede realizar el apoderado en relación con la marca
ZIMMER en clase 20, no puede predicarse del mismo que sea
exclusivamente para adelantar el registro de marca o que se agotara con
ese primer trámite. Como se advierte del aparte citado, el poderdante le
confiere facultades al abogado para que presente oposiciones, por lo que
es claro el ánimo del poderdante en conferir suficientes facultades para
que se registre y proteja la marca registrada. […]50. (Resaltado de la Sala)
65. Al respecto, la Sala considera que, por un lado, el aparte transcrito por la parte
demandada, respecto del contenido del poder que obraba en sus archivos, es
idéntico al poder que obra visible a folio 19 del cuaderno de antecedentes
administrativos, y, por otro lado, la Sala reitera que el documento de poder,
conforme al cual se encontró acreditadas las facultades del abogado para actuar en
calidad de apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso, es
un poder especial y, en consecuencia, conforme se señaló en acápites supra, debía
cumplir con los requisitos previstos en el artículo 65 del Código de Procedimiento
Civil, en concordancia con el artículo 84 ibidem, los cuales no se encuentran en el
caso sub examine.
66. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en el expediente del
procedimiento administrativo, dentro del cual se expidieron los actos acusados, no
obra el poder al que hace referencia la parte demandada, el cual fue el poder
conferido dentro del expediente administrativo 08-218292, por lo que no está
acreditado que dicho poder cumpliera los requisitos previstos en la ley para facultar
al abogado Alejandro Camargo García para presentar oposición, en representación
del tercero con interés directo en el resultado del proceso, dentro del trámite
administrativo núm. 11-51177, comoquiera que, como se indicó supra, no cumple
con los requisitos previstos en la ley.
50 Ibidem
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Núm. único de radicación: 11001032400020130051500
67. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos
acusados.
Sobre el restablecimiento del derecho
68. Visto el artículo 187 de la Ley 1437, sobre contenido de la sentencia, en
especial el inciso tercero, que prevé que, para restablecer el derecho particular, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas
en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
69. Al respecto, esta Sala ha considerado que:
“[…] Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no
obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente
a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo mixto “LAS
NUBES”, pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la
Comunidad Andina, corresponde a la oficina nacional competente efectuar
el examen de registrabilidad pertinente
[…]
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 187 del
CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias
judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para restablecer el derecho particular, podrá estatuir disposiciones nuevas
en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.
[…]
Por ello, se ordenará a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto “LAS
NUBES”, solicitado para amparar productos en la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia […]”.51
70. Ahora bien, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la parte demandante
solicitó, a título de restablecimiento del derecho, “[…] se restablezca en su derecho
a ALMACÉN SANITARIO S.A.S., antes Almacén Sanitario S.A., ordenando para ello
a la Superintendencia de Industria y Comercio, que registre a nombre de mi
poderdante, como marca mixta, el signo ZZIMMERMANN para distinguir productos
comprendidos en la Clase 20ª de la Clasificación Internacional de Niza […]”52.
71. Al respecto, la Sala considera que, si bien los actos acusados serán
declarados nulos por violación de las normas señaladas en los acápites supra, no
accederá al restablecimiento del derecho solicitado, toda vez que, de conformidad
con lo señalado en acápites supra, es a la oficina nacional a la que corresponde
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 14 de septiembre
de 2023, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00
52 Cfr. Folio 20
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Núm. único de radicación: 11001032400020130051500
efectuar el estudio de registrabilidad del signo como marca, sin tener la oposición
presentada por el abogado Alejandro Camargo García como admitida a trámite en
calidad de apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso.
72. Por lo expuesto anteriormente, se ordenará a la parte demandada que proceda
a llevar a cabo el estudio de registrabilidad del signo mixto ZZIMMERMANN,
solicitado para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional
de Niza, en los términos señalados en esta sentencia.
Segundo cargo: Violación de los artículos 2189 del Código Civil, el literal c)
del artículo 167 y el artículo 238 del Decreto 19 de 2012, el artículo 70 del
Código de Procedimiento Civil, y los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución
Política
73. La parte demandante afirmó que la demandada violó los artículos 2189 del
Código Civil, el literal c) del artículo 167 y el artículo 238 del Decreto 19 de 2012, el
artículo 70 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 13, 29 y 228 de la
Constitución Política.
74. Al respecto, la Sala considera que, ante la vocación de prosperidad del cargo
de nulidad por la violación de los artículos 146 de la Decisión 486 de 2000 y 65 del
Código de Procedimiento Civil, cuya consecuencia es que se declare la nulidad de
los actos administrativos acusados, la Sala se abstendrá de pronunciarse en
relación con los demás cargos de violación.
Respecto del cargo de violación del artículo 40 de la Ley 150 de 1887
75. La Sala no estudiará el cargo respecto del desconocimiento del artículo 40 de
la Ley 150 de 1887, toda vez que la parte demandante no desarrolló el concepto de
violación.
Conclusión
76. La Sala considera que la parte demandada al declarar fundada la oposición
presentada por el abogado Alejandro Camargo García, manifestando actuar “[…]
como apoderado del opositor […]”, en los actos acusados, violó los artículos 146 de
la Decisión 486 de 2000 y 65 del Código de Procedimiento Civil, comoquiera que el
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Núm. único de radicación: 11001032400020130051500
abogado Alejandro Camargo García no contaba con un poder debidamente otorgado
por el tercero con interés directo en del proceso, para efectos de representarlo en la
oposición presentada.
77. Asimismo, la Sala considera que, si bien los actos acusados serán declarados
nulos por violación de las normas señaladas supra, no accederá al restablecimiento
del derecho solicitado, toda vez que es a la parte demandada a la que corresponde
efectuar el estudio de registrabilidad del signo como marca, sin tener la oposición
presentada por el abogado Alejandro Camargo García como admitida a trámite en
calidad de apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso.
78. Por lo expuesto anteriormente, se ordenará a la parte demandada que proceda
a llevar a cabo el estudio de registrabilidad del signo mixto ZZIMMERMANN,
solicitado para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional
de Niza, en los términos señalados en esta sentencia.
Condena en costas
79. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre
condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se
configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en
costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 8857 de 27 de febrero
de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 3813
de 6 de febrero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Núm. único de radicación: 11001032400020130051500
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio proceda a
llevar a cabo el estudio de registrabilidad del signo mixto ZZIMMERMANN, solicitado
por la parte demandante para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación
Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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