Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2013-00531-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2013-00531-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-24-000-2013-00531-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicado: 11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)
Demandante: SERGIO DELGADO DIAZ-GRANADOS
Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Tema: Artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975. Deducción
de regalías y beneficios derivados de contratos de importación
de tecnología.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la demanda de nulidad simple interpuesta por Sergio Delgado Diaz-
Granados, en la que se pretende la nulidad del inciso primero del artículo 67 del
Decreto Reglamentario 187 de 1975, actualmente codificado en el artículo 1.2.1.18.17 del
Decreto 1625 de 2016, que dispone:
DECRETO 187 DE 1975
(febrero 8)
Diario Oficial No 34.259, del 18 de febrero de 1975
Por medio del cuales se dictan disposiciones reglamentarias en materia de
impuesto sobre la renta y complementarios.
El [p]residente de la República de Colombia, en uso de las facultades
constitucionales,
DECRETA:
(…)
Artículo 67. La deducción por concepto de regalías u otros beneficios originados
en contratos sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas,
será procedente siempre que se demuestre la existencia del contrato y su
autorización por parte del organismo oficial competente, de conformidad con el
artículo 18 del Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y sobre
marcas, patentes, licencias y regalías aprobado por la comisión del Acuerdo de
Cartagena y puesto en vigencia mediante el Decreto-ley 1900 de 1973.
(…)
DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad, del artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Sergio Delgado
formuló la siguiente pretensión:
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)
Demandante: SERGIO DELGADO
Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 67
del Decreto Reglamentario 187 de 1975, que transcribo a continuación:
“La deducción por concepto de regalías u otros beneficios originados en contratos
sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas, será
procedente siempre que se demuestre la existencia del contrato y su autorización
por parte del organismo oficial competente, de conformidad con el artículo 18 del
Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas,
patentes, licencias y regalías aprobado por la comisión del Acuerdo de Cartagena
y puesto en vigencia mediante el Decreto Ley 1900 de 1973".
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 150-12, 338 y 380 de la
Constitución Nacional, y 26, 107, 121, 122, 123 y 124 del Estatuto Tributario. El
concepto de la violación se resume así:
El demandante alegó que, conforme al artículo 380 de la Constitución Política de 1991,
las normas anteriores a su promulgación solo conservaban su validez en la medida en
que fueran compatibles con el nuevo ordenamiento, y en caso de incompatibilidad, se
configuraba una inconstitucionalidad sobreviniente, mediante la cual una norma que
antes era válida pasaba a ser contraria al nuevo texto constitucional. En ese sentido,
consideró que el inciso primero del artículo acusado es inconstitucional pues
desconoce el principio de reserva de ley previsto en el artículo 338 de la Carta Política.
Explicó que el principio de legalidad tributaria tiene dos manifestaciones: la cláusula
general de competencia, mediante la cual el Congreso posee la facultad de expedir
leyes, y la reserva de ley, según la cual la creación de impuestos y la definición de sus
elementos esenciales corresponden exclusivamente al legislador. Sostuvo que el
artículo acusado desconoció este último aspecto al imponer, a través de decreto
reglamentario, un requisito no previsto en la ley para acceder a la deducción,
consistente en el registro o autorización del contrato ante el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Los artículos 107, 121, 122, 1231 y 124 del ET establecen las condiciones para la
deducción de los gastos en el exterior, es decir regulan un aspecto de la base gravable
en el impuesto sobre la renta, cuyo desarrollo corresponde directa y exclusivamente al
legislador. Estas disposiciones supeditan la deducción a la necesidad, relación de
causalidad y proporcionalidad de la expensa, la realización en el período gravable y,
en algunos casos, la práctica y acreditación de la retención en la fuente. Sin embargo,
ninguna norma condiciona la deducción al registro del contrato.
Precisó que la limitación que establece el artículo demandado no corresponde a un
detalle técnico ni a un desarrollo operativo de la ley, ni obedece a una remisión expresa
de la potestad reglamentaria, sino que introdujo un elemento nuevo ajeno al marco
legal. Por tanto, como los decretos reglamentarios no pueden recortar ni ampliar las
obligaciones y derechos consagrados en la ley ni constituirse en fuente autónoma de
obligaciones, limitaciones o restricciones, la disposición demandada impuso una
condición no prevista en la ley, que vulneró la competencia exclusiva del Congreso en
materia tributaria.
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Vigente para la época de la presentación de la demanda
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Demandante: SERGIO DELGADO
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a la pretensión de la demanda, con estos argumentos:
La entidad sostuvo que la norma acusada reglamentó la deducción prevista en el
artículo 55 del Decreto 2053 de 1974, que exigía identificar a los beneficiarios de los
pagos por regalías. Esta reglamentación se incorporó al Estatuto Tributario a través
del Decreto 624 de 1989, cuyo artículo 2 dispuso que las normas reglamentarias
conservarían vigencia mientras no fueran modificadas o derogadas.
Indicó que la obligación de registrar los contratos de importación de tecnología, marcas
y patentes tuvo origen en compromisos internacionales, pues el país integró el Acuerdo
de Cartagena (Pacto Andino), aprobado por la Ley 8 de 1973, que adoptó un régimen
de tratamiento de capital extranjero e incluyó la exigencia de registro y aprobación de
los contratos de licencia tecnológica. Esa obligación fue actualizada por la Decisión
291 de 1991, que estableció expresamente el requisito de registro, y el artículo 19 del
Decreto 210 de 2003 asignó su control al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Estos tratados internacionales, incorporados al ordenamiento interno mediante ley,
gozan de prevalencia sobre las disposiciones legales ordinarias en virtud del principio
de supralegalidad. En consecuencia, el requisito de registro de los contratos constituye
una obligación legal vigente en el derecho colombiano y no una imposición autónoma
del reglamento. Por tanto, la norma acusada no vulneró el principio de reserva de ley
ni incurrió en inconstitucionalidad sobreviniente, pues se limitó a desarrollar lo previsto
en instrumentos legales y supralegales que obligaban al Estado colombiano.
Frente a la presunta violación de los artículos 26, 107, 121, 122, 123 y 124 del ET,
sostuvo que, aunque esas disposiciones regulaban los requisitos generales de las
deducciones por gastos en el exterior, la omisión del requisito de registro no hacía
ilegal la norma reglamentaria. Precisó que las decisiones andinas introdujeron reglas
especiales aplicables a las deducciones por regalías derivadas de contratos de
tecnología, marcas y patentes, las cuales debían aplicarse con prelación sobre la
normativa interna por tratarse de una regulación específica y prevalente.
Finalmente, precisó que esa deducción especial no estaba sujeta a las condiciones de
las deducciones ordinarias del artículo 107 del ET, sino a los requisitos previstos en la
normativa internacional y nacional vigente. En ese sentido, el registro de los contratos
no era una restricción adicional creada por el reglamento, sino una condición derivada
de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia e incorporadas al
ordenamiento interno, que debían cumplirse por los contribuyentes.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la pretensión de la demanda,
con estos argumentos:
Sostuvo que el decreto objeto de control fue expedido por autoridad competente
conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su emisión. Aclaró que
el tránsito constitucional derivado de la Constitución de 1991 no implicó la derogatoria
automática del ordenamiento preexistente, salvo en casos de contradicción ostensible
e insalvable. No obstante, para el caso, resaltó que la norma acusada no desconoció
el texto ni el espíritu constitucional, sino que desarrolló principios de equidad, eficiencia
y progresividad tributaria. Por tanto, no procedía la derogación sobreviniente, pues no
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Demandante: SERGIO DELGADO
se configuró una incompatibilidad evidente.
Precisó que el Decreto no creó obligaciones nuevas, sino que desarrolló el marco
normativo vigente, incluido el Régimen Común Andino sobre capital extranjero,
marcas, patentes, licencias y regalías, aprobado por la Ley 8 de 1973 y vigente a través
de la Decisión 291 de 1991 y el Decreto 259 de 1992. Estas normas supranacionales,
conforme al artículo 9 de la Constitución y al principio pacta sunt servanda, prevalecían
sobre las disposiciones internas y debían cumplirse. En ese sentido, señaló que la
disposición demandada buscó asegurar el control de los contratos celebrados en el
exterior mediante su registro ante la autoridad competente, como requisito para
reconocer la deducción en el impuesto sobre la renta.
La entidad citó jurisprudencia del Consejo de Estado que validó la legalidad del Decreto
187 de 1975 y precisó que este permaneció vigente tras su incorporación al Estatuto
Tributario mediante el Decreto 624 de 1989. Señaló que la norma acusada se ajustó a
las disposiciones supranacionales aplicables y sostuvo que el requisito de registro de
contratos no fue una exigencia creada por la administración, sino una condición
derivada de obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
Finalmente, advirtió que la nulidad de la norma demandada afectaría el control de las
actividades contractuales de importación de tecnología y generaría inseguridad jurídica
en el otorgamiento de beneficios fiscales.
COADYUDANCIA
Mauricio Plazas Vega, en nombre propio, presentó escrito de coadyuvancia en el que
solicitó como pretensión principal la nulidad del inciso primero del artículo 67 del
Decreto 187 de 1975 y, de manera subsidiaria, declarar su exclusión del ordenamiento
jurídico por decaimiento desde la entrada en vigor de la Ley 9 de 1991, por las
siguientes razones:
Explicó que las normas del régimen cambiario vigentes hasta 1991, en particular los
artículos 101 y 102 del Decreto Ley 444 de 1967 , solo exigían el registro de los contratos
de servicios técnicos como requisito para autorizar giros al exterior, pero no
establecieron consecuencias en materia tributaria. Afirmó que ni el Decreto 444 de
1967, ni el Decreto Legislativo 2053 de 1974, ni ninguna otra disposición legal previó
que la omisión del registro condujera al rechazo de deducciones en el impuesto sobre
la renta
Sostuvo que el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 fue ilegal desde su expedición,
porque impuso de manera autónoma y sin respaldo legal el requisito del registro o
autorización de contratos de tecnología como condición para la deducibilidad de pagos
al exterior. Indicó que el Gobierno invocó como sustento el Decreto 1900 de 1973 y la
Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, los cuales tampoco establecieron esa
consecuencia. Con ello, la norma reglamentaria creó un requisito inexistente y ajeno a
la legislación tributaria.
Mencionó que el artículo 8 del Decreto Legislativo 231 de 1983 intentó condicionar la
deducción al cumplimiento del régimen cambiario y que el artículo 123 del Estatuto
Tributario incorporó esa exigencia, pero ninguna de esas disposiciones estableció el
registro contractual como requisito tributario. Añadió que la Ley 9 de 1991 derogó el
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Decreto 444 de 1967 y eliminó el control cambiario para operaciones de servicios,
trasladándolas al mercado libre, lo que dejó sin sustento normativo la exigencia.
Concluyó que, a partir de la reforma cambiaria de 1991 y del Decreto 1735 de 1993, el
registro de contratos dejó de ser requisito para adquirir divisas o girar al exterior, por
lo que el artículo 67 perdió toda vigencia y aplicabilidad. A su juicio, la disposición no
solo era ilegal desde su origen, sino que también estaba afectada por el decaimiento
del acto administrativo, al desaparecer los fundamentos normativos que la
sustentaban.
AUDIENCIA INICIAL
El 11 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180
del CPACA. En ella se fijó el litigio en determinar la legalidad del inciso primero del
artículo 67 del Decreto 187 de 1975; en particular, si:
(i) Se configura inconstitucionalidad sobreviniente por incompatibilidad con el inciso 1
del artículo 338 de la Constitución Política, al desconocer el principio de legalidad,
específicamente el principio de reserva de ley en materia tributaria, al señalar que
la deducción de los gastos en el exterior por concepto de regalías u otros beneficios
originados en contratos sobre importación al país de tecnología sobre patentes y
marcas, está sujeta al registro del contrato ante el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.
(ii) Las normas superiores, esto es, los artículos 55 del Decreto 2053 de 1974, 8 del
Decreto Legislativo 231 de 1983 y 123 del Estatuto Tributario, no contienen el
requisito del registro del contrato para la procedencia de la deducción, sino que tal
exigencia se encuentra relacionada con el cumplimiento del régimen cambiario.
(iii) Adolece de sustento legal por la derogatoria del Decreto 444 de 1967 y la reforma
del régimen cambiario (Ley 9 de 1991 y Decreto 1735 de 1993)
(iv) Operó su decaimiento de conformidad con el artículo 91 del Código de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el
giro o pago al exterior por los servicios prestados sin el registro del contrato, no
entraña infracción cambiaria.
En la diligencia también se decretaron las pruebas aportadas al expediente y se
dispuso el traslado para presentar alegatos de conclusión y el concepto del ministerio
público.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El actor y el coadyuvante presentaron sus alegatos de conclusión, en los que, por una
parte, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la intervención, y por
otra, sostuvieron que la Ley 1819 de 2016 incorporó expresamente la limitación a la
deducción por contratos de importación de tecnología, patentes y marcas, restricción
que solo el Congreso de la República podía establecer en virtud del principio de
reserva de ley. En consecuencia, afirmaron que, antes de su expedición, el artículo 67
del Decreto 187 de 1975 carecía de fundamento legal para imponer dicha exigencia.
La DIAN reiteró que la norma debe interpretarse en armonía con los compromisos
internacionales asumidos por Colombia en el marco del Derecho Comunitario Andino,
los cuales regulan la materia y sustentan la validez del artículo acusado. Adicionó que
la jurisdicción ya declaró la legalidad el acto acusado, y por ende, no hay lugar a un
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nuevo debate.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que, aunque la Constitución de
1991 introdujo un nuevo marco jurídico, el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 no
resulta incompatible con ella, pues desarrolla los principios de equidad, eficiencia y
progresividad tributaria. La disposición fue expedida por la autoridad competente, con
fundamento en la legislación y compromisos internacionales vigentes, y su finalidad es
garantizar el registro y control de los contratos celebrados en el exterior para acceder
a beneficios fiscales, razón por la cual no se configura una inconstitucionalidad
sobreviniente. Sostuvo, además, que declarar la inconstitucionalidad de la disposición
generaría efectos negativos sobre las finanzas públicas y el control de las operaciones
derivadas de los contratos tecnológicos.
El ministerio público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se juzga por la Sala la legalidad del artículo 67 del Decreto 187 de 1975, atendiendo
a los cargos de nulidad formulados por las partes, por lo que se debe determinar: (i) si
se configura una inconstitucionalidad sobreviniente por desconocimiento del principio
de legalidad tributaria -reserva de ley- establecido en el artículo 338 de la Constitución
Política, en la medida en que, sin respaldo legal, la disposición acusada supedita la
deducción de regalías y beneficios derivados de contratos de importación de
tecnología al registro ante el Ministerio de Comercio; y (ii) si se trasgreden las normas
superiores en las que debía fundarse, toda vez que la exigencia era aplicable
únicamente en el régimen cambiario, circunstancia que, en todo caso, carece de
sustento normativo tras la derogatoria del Decreto 444 de 1967 y la reforma cambiaria
de la Ley 9 de 1991.
Cuestión previa
En los argumentos expuestos en el escrito de coadyuvancia se señaló que el Decreto
1900 de 1973 y la Decisión 24 de la Comunidad Andina 2, normas que sirvieron de
fundamento para la expedición del artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975,
si bien exigían el registro de los contratos ante la autoridad competente, lo hacían con
el propósito de proteger las creaciones intelectuales e industriales del país; sin
embargo, dichas disposiciones no establecían consecuencias en el ámbito tributario
en caso de incumplimiento.
Así las cosas, en principio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante TJCA-
(Decisión 472) y el artículo 123 de su Estatuto (Decisión 500), correspondería al juez
nacional suspender el proceso y solicitar obligatoriamente la respectiva interpretación
prejudicial al TJCA.
2
Sustituida por la Decisión 220 de 1987 y esta, a su vez, por la Decisión 291 de 1991 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
actualizó el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
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No obstante, la jurisprudencia comunitaria ha reconocido que, en aplicación criterio
jurídico interpretativo del acto aclarado3, cuando ya existe una interpretación prejudicial
previa, clara, uniforme y aplicable al asunto debatido, el juez nacional puede prescindir
de la suspensión y de la solicitud, siempre que se limite a aplicar el criterio
jurisprudencial ya establecido, sin introducir hipótesis nuevas ni requerir precisiones
adicionales.
Para el asunto en debate, en la Interpretación Prejudicial 29-IP-20244, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina consideró que carecía de objeto emitir un nuevo
pronunciamiento, toda vez que resultaba procedente remitirse a los criterios jurídicos
interpretativos previamente fijados en la sentencia correspondiente al proceso 162-IP-
2022 del 18 de noviembre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial 5586 del 27 de
noviembre de 2024, la cual, a su vez, remitía a lo decidido en el proceso 268-IP-2019
del 21 de junio de 2021.
En dichos casos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que, conforme
al principio de primacía del Derecho comunitario, las disposiciones andinas prevalecen
sobre las normas internas de los Estados miembros. En este contexto, el artículo 12
de la Decisión 291 de 1991, disposición vigente, establece la obligación de registrar
los contratos tecnológicos como un mecanismo legítimo que permite a los países
miembros contar con información objetiva sobre los costos y beneficios derivados de
su celebración y ejecución, especialmente cuando intervienen personas naturales o
jurídicas extranjeras. Esta exigencia, impuesta con base en la normativa comunitaria
y, por tanto, aplicable en el orden interno, no constituye una medida discriminatoria ni
vulnera el principio de trato nacional. Su alcance no se limita a una lista cerrada de
contratos, pues la enumeración prevista es meramente ejemplificativa, lo cual faculta
a cada Estado para requerir el registro de otros tipos de acuerdos tecnológicos según
su ordenamiento.
En consecuencia, dado que el TJCA ya interpretó la norma comunitaria y fijó un criterio
jurídico vinculante que resuelve la cuestión debatida, no fue necesario solicitar una
nueva interpretación, en aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado.
Por lo tanto, en el presente asunto se aplicarán los criterios jurisprudenciales
establecidos por el TJCA en las decisiones citadas, las cuales constituyen precedente
obligatorio en virtud de los principios de primacía, efecto directo y aplicación uniforme
del Derecho Comunitario Andino. Esta actuación garantiza la coherencia con el
ordenamiento comunitario, asegura la uniformidad interpretativa y preserva la
economía procesal, sin menoscabar el derecho de las partes a un juez natural ni al
debido proceso.
Cosa juzgada
En virtud de lo dispuesto en los artículos 187 y 207 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia deben resolverse
3
En efecto, el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado ha sido reconocido por el TJCA en las sentencias de interpretación
prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas del 13 de marzo de 2023, de
modo que al no requerirse precisiones, modificaciones o ampliaciones a lo ya interpretado por el TJCA, como tampoco formular
preguntas sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, el
juez nacional dará aplicación a dicho criterio jurídico interpretativo, sin que sea necesario formular una nueva consulta de
interpretación prejudicial al TJCA.
4
Solicitada en el curso del proceso 110010317000201600003000 adelantado por esta Corporación, se consultó si el registro de
los contratos de importación de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos y demás contratos tecnológicos,
previstos en el capítulo IV de la Decisión CAN 291 de 1991, tenía efectos tributarios en el marco de la normativa comunitaria.
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las excepciones propuestas y aquellas que el fallador encuentre probadas. Por lo tanto,
para emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del artículo 67 del Decreto 187 de
1975, la Sala debe verificar si opera la excepción de cosa juzgada, comoquiera que
esta Sección ya ha proferido decisiones en relación con dicha norma.
Según lo establece el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo produce efectos de cosa juzgada erga omnes, razón por la cual no es
posible promover un nuevo proceso que pretenda obtener nuevamente su anulación;
sin embargo, cuando se trata de sentencias que niegan las pretensiones de nulidad,
los efectos de cosa juzgada se limitan a la causa petendi, por lo que pueden
adelantarse nuevos procesos, siempre que se fundamenten en una causa distinta a la
analizada y resuelta en la sentencia que negó la nulidad.
Al respecto, en sentencia del 18 de junio de 1976 5, la Sección analizó la solicitud de
nulidad de los artículos 12, 13, 59, 60, 66, 67 y 68 del Decreto 187 de 1975. En lo que
respecta al artículo 67, el actor afirmó que se pretendió incluir en el Decreto Legislativo
2053 de 1974 un nuevo requisito para otorgar la deducción, fundamentado en el
artículo 18 del Decreto 1900 de 1973, el cual regulaba únicamente las regalías
específicas acordadas en el Pacto Andino para sus Estados miembros, por lo que, en
su criterio, se configuró una indebida transferencia de disposiciones legales a un
reglamento.
En esa oportunidad, se concluyó que las disposiciones demandadas no excedieron la
potestad reglamentaria, pues se limitaron a establecer requisitos probatorios para el
reconocimiento de deducciones por pagos de regalías, en concordancia con el artículo
55 del Decreto Legislativo 2053 de 1974.
De otra parte, en sentencia del 21 de agosto de 2025 6, la Sala estudió la solicitud de
nulidad del artículo 67 del Decreto 187 de 1975 con fundamento en los argumentos
presentados por el coadyuvante en este proceso. Al respecto, concluyó:
De conformidad con lo expuesto y atendiendo la interpretación del TJCAN, de
obligatorio acatamiento para esta Judicatura, el registro (antes autorización) de los
contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de
ingeniería básica y de detalle, y demás contratos tecnológicos, conserva plena
vigencia y resulta exigible para todos los efectos jurídicos, incluidos los de carácter
tributario, en tanto su finalidad no se circunscribe exclusivamente a la protección
de la propiedad intelectual en los países miembros de la Comunidad Andina.
(…)
Por otra parte, conviene precisar que la disposición demandada no reglamenta la
aplicación de las reglas del régimen cambiario en materia del impuesto sobre la
renta, por lo que su fundamento normativo no corresponde al artículo 8.º del
Decreto Ley 231 de 1983 –codificado en los artículos 123 y 419 del ET–. En
consecuencia, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los cargos
de nulidad formulados por la parte actora con base en esa disposición y en las
modificaciones introducidas al régimen cambiario por la Ley 9.ª de 1991. (Subraya
fuera del texto original).
En ese orden de ideas, como la Sala ya declaró la legalidad del artículo 67 del Decreto
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Sentencia del 18 de junio de 1976 Exp 3142 CP Miguel Lleras Pizarro
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Sentencia del 21 de agosto de 2025 Exp 22480 CP Wilson Ramos Girón
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Demandante: SERGIO DELGADO
187 de 1975, frente a los argumentos relativos al exceso en el ejercicio de la potestad
reglamentaria y a la presunta infracción de las normas del régimen cambiario,
formulados por considerar que dicha disposición establecía un requisito de
deducibilidad no previsto en el ordenamiento fiscal vigente, se declarará probada la
excepción de cosa juzgada relativa, esto es, respecto de la solicitud de nulidad
sustentada en las anteriores infracciones.
Caso concreto
El demandante sostiene que las normas expedidas antes de 1991 solo conservan su
validez si son compatibles con la nueva Constitución Política, pues, en caso contrario,
se configura una inconstitucionalidad sobreviniente. En su criterio, el artículo 67 del
Decreto 187 de 1975 desconoce el principio de reserva de ley previsto en el artículo
338 de la Carta, en concordancia con el artículo 150 ib., pues establece un requisito
adicional (registro del contrato ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
para la deducción de gastos en el exterior, condición no prevista en la ley, y por lo
tanto, invade la competencia exclusiva del Congreso en materia tributaria.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la inconstitucionalidad
sobreviniente de una norma legal acontece cuando una disposición que en principio
se encontraba conforme con la Constitución deviene en inconstitucional, al entrar en
confrontación con nuevos preceptos superiores 7. Por ende, la inconstitucionalidad
sobreviniente ocurre cuando una norma previamente válida se torna contraria al nuevo
estatuto constitucional, por resultar abiertamente incompatible con sus mandatos
materiales, al punto de tornarse inejecutable. Por su naturaleza, este fenómeno solo
puede predicarse de disposiciones vigentes al momento de entrar en vigor la nueva
Constitución.
Además, debe tenerse en cuenta que conforme a los principios de seguridad jurídica
y de certeza normativa, la jurisprudencia ha reconocido que el tránsito constitucional
no implica la derogatoria automática de todas las disposiciones expedidas durante la
vigencia de la constitución anterior. Por el contrario, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 153 de 1887, la legislación preexistente subsiste mientras la nueva
Constitución no establezca reglas materialmente incompatibles con ella 8.
En este sentido, se advierte que la Constitución Política de 1991 no derogó en bloque
el ordenamiento jurídico preexistente, sino que sustituyó únicamente aquellas normas
claramente contrarias a su letra o a su espíritu. De esta manera, la vigencia de las
normas expedidas con anterioridad a la Constitución de 1991 se mantiene, salvo que
entre ellas y el nuevo texto constitucional exista una contradicción manifiesta e
insuperable en su contenido material o en su finalidad.
Ahora bien, en el caso, la disposición acusada fue incorporada en el Decreto
Reglamentario 187 de 1975 “[p]or medio del cual se dictan disposiciones reglamentarias en
materia de impuestos sobre la renta y complementarios ”, expedido por el presidente en el
ejercicio de las facultades constitucionales 9, en concordancia con lo establecido en
7
Sentencia de la Corte Constitucional C 155/22 MP Cristina Pardo Schlesinger.
8
Sentencia de la Corte Constitucional C 014/93 MP Ciro Angarita Barón.
9
Art. 120-3 CP de 1886: Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa: (…) Ejercer la
potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos v resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
9
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artículo 5510 del Decreto Legislativo 2053 de 1974 “[p]or el cual se reorganizan el impuesto
sobre la renta y complementarios”11; los artículos 23 y s.s. del Decreto 2153 de 1971 “[p]or
el cual se reglamenta el Decreto número 1299 de 197112, sobre el régimen de capitales
extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías ” y los artículos 18 y s.s. del Decreto
1900 de 1973 “[p]or el cual se pone en vigencia el Régimen Común de Tratamiento a los
Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, contenido en las
decisiones 24, 37 y 37-A de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
Valga precisar que el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías fue establecido inicialmente por la
Decisión 24 de 1970 de la Comunidad Andina, posteriormente sustituida por la
Decisión 220 de 1987 y, más tarde, por la Decisión 291 de 1991, la cual actualizó el
régimen y eliminó la obligación de aprobación o autorización de los acuerdos entre
particulares por parte del organismo oficial competente, manteniendo únicamente su
registro. En efecto, el artículo 12 de esta última Decisión dispuso que los países
miembros deben registrar los contratos de importación de tecnología con el propósito
de evaluar la contribución de esta mediante la estimación de las utilidades probables,
el precio de los bienes que incorporen la tecnología o cualquier otra forma de
cuantificación de su efecto.
En la sentencia del 28 de julio de 201113, esta Sección precisó que dicha modificación
no conllevó la pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 67 del Decreto 187 de 1975, por
lo que esta norma reglamentaria debía interpretarse conforme con la Decisión 291 de
1991, así:
A juicio de la Sala no puede considerarse que el hecho de que la Decisión 291 de
1991 hubiera eliminado el requisito de la aprobación previa de tales contratos, que
fue consagrado por la Decisión 24 de 1970 y reiterado en la Decisión 220 de 1987,
hubiera perdido fuerza ejecutoria el Decreto Reglamentario 187 de 1975, pues lo
que debe considerarse en este caso es que la interpretación de la norma
reglamentaria debe efectuarse de manera que sea para la cumplida ejecución de
la ley y, en tal virtud, tenga efecto el beneficio fiscal de la deducción por el pago de
tales regalías.
En tal sentido, la sentencia dispuso que «para efectos de la procedencia de la deducción
por importación de tecnología, marcas y patentes, se hace necesaria la inscripción, o mejor,
10
Artículo 55. Para la deducción de los pagos o abonos en cuenta, por concepto de salarios, prestaciones sociales, viáticos,
gastos de representación, honorarios, comisiones y, en general, aquellos que han de constituir rentas exclusivas de trabajo para
sus beneficiarios; y de los pagos por concepto de intereses, arrendamientos, regalías y, en general, de aquellos que constituyan
rentas exclusivas de capital para sus beneficiarios, es necesario que el contribuyente identifique en su declaración de renta a
tales beneficiarios, con indicación de los nombres y apellidos o la razón social, del número de cédula de ciudadanía o del de
identificación tributaria (NIT) asignado por las Oficinas de Impuestos Nacionales e indique el monto del pago o abono hecho a
cada beneficiario.
Salvo las excepciones que señale el reglamento, la omisión de cualquiera de estos requisitos sólo puede suplirse comprobando
que el beneficiario de la renta la había declarado con anterioridad al requerimiento hecho al contribuyente para que explicara la
omisión y, en todo caso; antes de que a éste se le hubiere practicado la liquidación oficial de impuestos del año por el cual se
solicitó la deducción.
Para fines de investigación tributaria, el Gobierno puede, mediante disposición de carácter general, señalar taxativamente otros
pagos no especificados en este artículo, para cuya deducción sea obligatorio identificar a los beneficiarios.
Si el beneficiario de la renta fuere una persona natural extranjera o una sucesión de extranjero sin residencia en el país, o una
sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio en Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta solo es deducible si se
acredita la consignación del impuesto retenido en la fuente en conformidad con el presente Decreto.
11
Declarado exequible a través de sentencia del 31 de octubre de 1974 por la Corte Suprema de Justicia, MP Guillermo González
Charry
12
A través del cual se decretó la entada en vigencia Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalías, aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena por medio de la Decisión 24 y con los ajustes
contenidos en la Decisión número 37
13
Sentencia del 28 de julio de 2011 Exp 17864 CP Martha Teresa Briceño
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el registro del contrato ante la autoridad competente, pues (…) la prueba para la procedencia
de la deducción en comento no puede ser otra que el registro del respectivo contrato ante el
organismo competente (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) »
Así las cosas, el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 reglamentó la deducción por
pagos de regalías y otros beneficios derivados de contratos de importación de
tecnología, patentes y marcas, con fundamento en la regulación de la Comunidad
Andina, la cual es de obligatorio cumplimiento para los países miembros del Acuerdo
de Cartagena14, comoquiera que la norma internacional integra el ordenamiento
jurídico interno conforme al artículo 9 de la Constitución Política, y orienta la
interpretación de la normativa nacional15, privilegiando aquella que mejor se ajuste al
objeto del convenio y garantice su efecto tributario real y coherente.
Por lo anterior, la Sección16 ha concluido que la obligación de registro tiene origen en
un instrumento supranacional de aplicación prevalente, cuyo propósito es proveer a
los países miembros de la Comunidad Andina la información pertinente para evaluar
los costos, beneficios e impacto de la tecnología importada. En ese contexto, esta
Corporación17 ha considerado que la disposición sobre la procedencia de la deducción
prevista en el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 fue expedida en correspondencia y
armonía con el régimen comunitario andino antes referido.
En suma, se colige que el artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 nació
del ejercicio válido de las funciones constitucionales del presidente de la República
bajo la Constitución de 1886. Incluso, como se mencionó previamente, en sentencia
del 18 de junio de 1976 se concluyó que la disposición demandada no excedió la
potestad reglamentaria, por cuanto se limitó a establecer requisitos probatorios para el
reconocimiento de deducciones por pagos de regalías, en concordancia con el artículo
55 del Decreto Legislativo 2053 de 1974 y las normas de la Comunidad Andina.
En consecuencia, la norma acusada fue expedida conforme a las competencias y
procedimientos previstos en la Constitución de 1886, y, bajo dicho marco normativo,
no se configuró un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Precisado lo anterior, corresponde verificar si, con el cambio de régimen constitucional,
el artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 resulta contrario al nuevo
estatuto constitucional, por resultar abiertamente incompatible con sus mandatos
materiales, hasta el punto de tornarse inejecutable y, en consecuencia, procedería la
inconstitucionalidad sobreviniente alegada por el actor.
Conforme al nuevo ordenamiento constitucional, la delimitación de los elementos
esenciales de la obligación tributaria recae, en principio, en la ley, según lo dispuesto
en los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política, que atribuyen al
Congreso de la República la competencia exclusiva para establecer los tributos y fijar
directamente sus elementos, esto es, el sujeto activo y pasivo, el hecho generador, la
base gravable y la tarifa. Además, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
dicha facultad de configuración legislativa es amplia y discrecional, en cuanto permite
14
Este Pacto Subregional Andino fue suscrito el 26 de mayo de 1969 y aprobado en Colombia mediante la Ley 8ª de 1973, la cual
dispuso que, para alcanzar los objetivos del Acuerdo, se emplearían mecanismos como la armonización de políticas económicas
y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes.
15
Lo que guarda correspondencia con la interpretación prejudicial 268-IP-2019 del 21 de junio de 2021.
16
Sentencia del 27 de febrero de 2025 Exp 25620 CP Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
17
Sentencia del 28 de julio de 2011 Exp 17864 CP Martha Teresa Briceño.
11
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al legislador definir los elementos esenciales de cada gravamen conforme con la
política fiscal que adopte y los fines del Estado.
En ese sentido, el principio de legalidad tributaria busca preservar la reserva de ley en
la creación y regulación esencial de los tributos; sin embargo, no puede desconocerse
la potestad reglamentaria prevista en los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, la cual faculta al Ejecutivo para dictar las medidas necesarias
que garanticen la aplicación efectiva de las leyes fiscales, siempre que tales
disposiciones no modifiquen los elementos estructurales del gravamen ni impongan
cargas sustantivas adicionales. La Corte Constitucional18 ha precisado que esta
potestad constituye un instrumento de ejecución, cuyo ejercicio es válido cuando se
limita a facilitar la operatividad de las normas legales y a desarrollar procedimientos
que aseguren su aplicación uniforme y eficiente.
Para la Sala, el artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 no vulnera
sustancial o materialmente los principios introducidos por la Constitución de 1991, por
las razones que se exponen a continuación:
La norma acusada no surgió de un ejercicio arbitrario ni autónomo del Gobierno
Nacional, sino que tuvo fundamento en el Decreto Legislativo 2053 de 1974, que
reorganizó el impuesto sobre la renta y complementarios, y en las disposiciones
supranacionales del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. En ese contexto, la exigencia de
registro no constituye un requisito independiente o carente de sustento legal, sino una
formalidad derivada de la normativa comunitaria, destinada a garantizar que los
Estados cuenten con información suficiente para evaluar los costos, beneficios y
efectos de la tecnología importada en sus economías.
Así, el requisito de registro de los contratos de importación de tecnología ante el
ministerio competente no introduce una obligación tributaria autónoma ni estipula los
elementos estructurales del impuesto. Su finalidad es servir como mecanismo de
verificación y control para determinar la procedencia de la deducción, asegurando la
trazabilidad y transparencia de las operaciones sujetas a registro, en armonía con el
régimen legal y supranacional vigente. Este tipo de formalidades ha sido reconocido
por la jurisprudencia como compatible con el principio de legalidad, en razón a que no
modifica la relación jurídico-tributaria, sino que garantiza su correcta aplicación.
Adicionalmente, el artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 no se aparta
del mandato de certeza tributaria; por el contrario, lo refuerza, al exigir una prueba
objetiva del gasto deducible a través del registro del contrato, lo que fortalece el
ejercicio de fiscalización de la administración tributaria, en armonía con lo dispuesto
en el artículo 95-9 de la Constitución Política. Esta exigencia permite asegurar que las
deducciones por pagos en el exterior correspondan efectivamente a operaciones
tecnológicas verificables y registradas, evitando el uso indebido de figuras
contractuales que puedan erosionar la base gravable.
Desde una perspectiva sistemática, la disposición acusada armoniza los fines del
principio de legalidad con los de la potestad reglamentaria, pues no sustituye ni invade
la competencia del legislador, sino que viabiliza la aplicación práctica del beneficio
18
Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional C-040 de 1993, C-597 de 2000, C-842 de 2000 y C-690 de 2003
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tributario dentro del marco de la regulación andina sobre transferencia de tecnología.
Así, lejos de contrariar los mandatos materiales de la Constitución de 1991, la norma
contribuye a su realización al promover la seguridad jurídica, la transparencia fiscal y
la coordinación entre el derecho interno y el comunitario andino.
En suma, la exigencia de registro prevista en la norma demandada no introduce una
nueva obligación tributaria ni altera las competencias del Congreso, sino que desarrolla
mecanismos de verificación coherentes con la estructura del sistema fiscal, el marco
legal y constitucional, y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en el
marco del derecho comunitario andino.
Las razones expuestas guardan correspondencia con lo decidido previamente por esta
Sala19 en un caso análogo, en el cual se concluyó que:
De conformidad con lo expuesto y atendiendo la interpretación del TJCAN, de
obligatorio acatamiento para esta Judicatura, el registro (antes autorización) de los
contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de
ingeniería básica y de detalle, y demás contratos tecnológicos, conserva plena
vigencia y resulta exigible para todos los efectos jurídicos, incluidos los de carácter
tributario, en tanto su finalidad no se circunscribe exclusivamente a la protección
de la propiedad intelectual en los países miembros de la Comunidad Andina.
(…)
En esa medida, la disposición acusada se limita a reconocer el efecto que, en
materia del impuesto sobre la renta, tendría el incumplimiento de dicha exigencia
al establecer que la deducción del pago de regalías y otros derechos que se
originen en esos acuerdos procede únicamente cuando se demuestre la existencia
del contrato y su registro ante el órgano competente. (…)
Como quedó expuesto, el fundamento normativo del registro (antes autorización)
de los contratos tecnológicos como requisito para el reconocimiento de sus efectos,
aun en materia tributaria, tiene origen en la Decisión 24 de 1970 de la CAN y en
las disposiciones que la modificaron. Por ende, no le asiste razón a la parte actora
al afirmar que el artículo 67 del Decreto 187 de 1975, hoy codificado en el artículo
1.2.1.18.17 del DUR, carece de sustento legal, pues, como lo señaló esta Sección
en la sentencia del 18 de junio de 1976 (exp. 3142, CP: Miguel Lleras Pizarro), y
lo concluyó el TJCAN en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, dicha
exigencia resulta procedente. Por lo mismo, su incorporación en la disposición
acusada, con efectos en el impuesto sobre la renta, no contraviene las normas
comunitarias superiores ni excede la potestad reglamentaria.
Por último, la Sala advierte que el artículo 72 de la Ley 1819 de 2016 adicionó el
artículo 123 del ET en los siguientes términos: (…) La finalidad declarada de dicha
disposición fue la de precisar la oportunidad para solicitar el registro de los
contratos de importación de tecnología, patentes y marcas, a efectos de que
proceda la deducción de las regalías en el impuesto sobre la renta. No se trató
entonces de introducir por primera vez una exigencia de rango legal en tal sentido,
sino de regular expresamente una condición que ya se encontraba prevista en las
Decisiones de la Comunidad Andina, las cuales, como ha quedado expuesto,
forman parte del ordenamiento jurídico interno.
Así las cosas, no se evidencia que la disposición cuestionada contraríe los mandatos
materiales de la Constitución de 1991 ni que haya devenido inejecutable a la luz del
19
Sentencia del 21 de agosto de 2025 Exp 22480 CP Wilson Ramos Girón
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nuevo orden constitucional. Por el contrario, su contenido normativo mantiene
coherencia con los principios de legalidad y primacía del derecho comunitario, razón
por la cual no se configura la inconstitucionalidad sobreviniente alegada por el actor.
No se condenará en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del
CPACA y la primera regla de decisión de la sentencia del 23 de septiembre de 2025
(Exp. 28292 CP Wilson Ramos Girón), atendiendo a que se ventila un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada relativa, de acuerdo con lo
expuesto en las sentencias del 18 de junio de 1976, expediente 3142, CP Miguel Lleras
Pizarro y del 21 de agosto de 2025, expediente 22480, CP Wilson Ramos Girón.
2. Negar las demás pretensiones de la demanda.
3. Sin condena en costas.
4. Reconocer personería a Miryam Rojas Corredor como apoderada de la DIAN
conforme al poder conferido obrante en el expediente.
Notifíquese y comuníquese,
Notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en
sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
14
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