RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2013-00554-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2013-00554-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2013-00554-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la pretensión de nulidad parcial del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013, proferido por el presidente de la República. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 2 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso 11001-03-25-000-2013-01776-00 (4697-2013), mediante la cual se anuló parcialmente la referida norma, en especificó la regulación sobre la conformación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, acorde se explicó en las consideraciones de la presente providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2013-00554-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-2017)
Demandante: Mary Pachón Pachón
Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo

Temas: Legalidad del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013, cosa
juzgada

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Mary Pachón Pachón contra la Nación, Ministerio
del Trabajo.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 135 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), la
señora Mary Pachón Pachón, actuando en nombre propio, solicitó declarar la
nulidad de los siguientes apartes del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013, «[p]or el
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación
de Invalidez, y se dictan otras disposiciones», proferido por el presidente de la
República, referentes a la conformación de la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

DECRETO 1352 DE 2013

(Junio 26)

“Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones.”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política y los artículos
16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley 1562 de 2012, y […]

DECRETA:
[…]

ARTÍCULO 5°. Conformación de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las Juntas
de Calificación de Invalidez se integrarán de acuerdo con las listas de elegibles
conformadas a través del concurso efectuado por el Ministerio del Trabajo.

[…]

El Ministerio del Trabajo determinará la conformación de las Juntas de Calificación
de Invalidez y como mínimo tendrá el siguiente número de integrantes:

1. Junta Nacional de Calificación de Invalidez

Se conforma por cinco (5) integrantes, así:

a) Tres (3) médicos: Dos (2) con título de especialización en Salud Ocupacional o
Medicina del Trabajo o Laboral y uno (1) con título de especialización en Fisiatría,
con una experiencia mínima de cinco (5) años en su especialidad;

b) Un (1) Psicólogo, con título de especialización en Salud Ocupacional con una
experiencia profesional mínima de cinco (5) años;

c) Un (1) Terapeuta Físico u Ocupacional, con título de especialización en Salud
Ocupacional, con una experiencia profesional mínima de cinco (5) años.

En la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se podrán conformar el número de
salas de decisión que determine el Ministerio del Trabajo, las cuales cada una
deberá contar como mínimo con los cinco (5) integrantes y con los perfiles
señalados en los literales a), b) y c) del presente numeral.

[…]

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

2

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

La demandante sostuvo que la disposición acusada violó los artículos 1, 2, 25, 29,
83, 85 y 209 de la Constitución Política.

Al desarrollar el concepto de violación, la actora planteó los siguientes cargos:

i) Violación directa de los fines esenciales del Estado.

Obedeciendo lo ordenado por el artículo 2 de la Constitución Política, las
decisiones que se adopten por parte del Gobierno Nacional deben permitir a todos
la participación en ellas, en tanto afectan en la vida económica, política y
administrativa de la Nación. No obstante, al expedirse el artículo 5 del Decreto
1352 de 2013 que dispone la modificación de la estructura de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez no se respetó dicho precepto constitucional, toda vez que
no se permitió a los integrantes para ese momento de la referida Junta participar
en el diseño del proyecto que luego se convirtió en norma.

Si bien es cierto se conoció un borrador que fue subido en la página web del
Ministerio del Trabajo en el mes de marzo 2013 para que se aportaran
comentarios o sugerencias, también lo es qué, a la postre, dicho documento inicial
fue modificado de manera drástica y unilateral, excluyendo sin justificación alguna
a los profesionales del derecho de la conformación de la junta.

ii) Violación directa de los principios de la función administrativa

El artículo 209 de la Constitución Política exige que la función administrativa esté
al servicio de los intereses generales y se desarrolle con fundamento, entre otros,
del principio de publicidad, garantía que no se materializó en la norma en
comento, por cuanto, se insiste, el proyecto final del cuerpo normativo del referido
artículo 5 que luego se elevó a categoría de Decreto jamás fue divulgado.

El proceder del Gobierno Nacional al ocultar el proyecto final del artículo en
comento, en tanto no fue publicitado, quiebra también el principio de la moralidad
administrativa que implica transparencia y rectitud.

3

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

De igual modo, se desdibujó el principio de imparcialidad, puesto que, sin
escuchar ninguna opinión, se decidió excluir a los profesionales del Derecho que
hacían parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quienes constituyen
el pilar jurídico de dichas juntas, ya que soportan con idoneidad la defensa judicial
en innumerables demandas que se presentan contra los dictámenes que emite el
referido ente.

De haberse puesto en conocimiento de la comunidad el borrador final del proyecto
se habría respetado el principio de economía, pues se conjuraría la posibilidad de
expedir un acto contrario a la carta política pasible de ser atacado por sus
falencias ante la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo.

iii) Violación directa al derecho al trabajo

La importancia de los abogados en la estructura y funcionamiento de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez deviene del Decreto 2463 de 2001, toda vez
que su función fue considerada como principal e insustituible dadas las labores
jurídicas que les corresponde ejercer, y el carácter misional de la referida Junta,
habida cuenta de que son los únicos que por su preparación y perfil pueden
defender con solvencia a la entidad cuando es demandada con motivo de la
expedición de sus dictámenes.

De igual manera, son estos profesionales los que dada su condición de abogados
califican cuándo se está en presencia de un accidente de trabajo o laboral, o de
origen común; así al abogado le compete elaborar y sustentar la respectiva
ponencia frente a tal definición, ante la correspondiente Sala de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez, haciendo una exposición del ordenamiento jurídico y
del soporte fáctico según la cual se va a resolver el asunto objeto de
pronunciamiento.

Por consiguiente, esta labor, exclusiva del abogado, le es totalmente ajena a los
demás integrantes de la Junta, entiéndase médicos, psicólogos o terapeutas en

4

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

los términos del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013. En esas condiciones,
eliminar sin sustento alguno de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a los
profesionales del derecho, afecta el derecho al trabajo de quienes han ostentado
esa profesión y el perfil para integrar dicho ente.

iv) Violación directa al debido proceso

Para decidir si se mantenían o no como miembros de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez a los profesionales del derecho se imponía realizar,
debidamente soportados, ejercicios, estudios, análisis, o valoraciones con sus
respectivas visitas a la Junta Nacional; no obstante, ni el Ministerio del Trabajo ni
ninguna entidad estatal o privada realizó tales e imprescindibles actividades.

Dicho de otra forma, las referidas actuaciones como requisito sine qua non para
mantener o eliminar a los abogados de la Junta Nacional de Calificación como
miembros nunca se efectuaron, pese a la innegable obligación de hacerlo en el
contexto del debido proceso contenido del artículo 29 de la Constitución Política.

El artículo 5 del decreto censurado se expidió con quebranto de las normas en que
debía fundarse, también con desconocimiento del derecho de defensa al
impedirse la participación de los ciudadanos e interesados, al paso de que el acto
o norma carece de motivación que sustente las razones que justifique la
eliminación de los abogados.

v) Violación directa de la presunción de buena fe

Con la expedición del Decreto 1352 de 2013 no se atendió las previsiones del
artículo 83 de la Constitución Política, pues no se ajustó a los postulados de la
buena fe al haber expedido un acto que destruyó normas superiores que
constituyen el fundamento axiológico del Estado Social de Derecho.

1.2. Contestación de la demanda

5

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

La Nación, Ministerio del Trabajo, por intermedio de apoderado judicial, contestó
la demanda dentro del término legal. 1 Al respecto, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones y manifestó lo siguiente:

i) Sí se publicó el proyecto del Decreto 1352 de 2013 en la página de internet
de la entidad. Además, se enviaron oficios a todos los actores e interesados con
el fin de que hicieran sus aportes en la construcción de la norma demandada y
dichas personas sí intervinieron en su diseño.

ii) No se desconocieron los criterios que sostienen a la función administrativa,
puesto que el decreto aludido se expidió con respeto de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

iii) No existe vulneración del derecho al trabajo de los abogados, ya que la
norma no los excluyó de manera total, pues ellos pueden ser miembros, pero no
integrantes, de las juntas de calificación de invalidez.

iv) No propuso excepciones.

1.3. Trámite procesal

Vencido el término de traslado de la demanda y resuelta la solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional de la norma enjuiciada, mediante auto del 21
de junio de 2021,2 el despacho ponente determinó, con fundamento en el artículo
42 de la Ley 2080 de 2021, que el presente asunto se ajustaba a los casos que
permiten proferir sentencia anticipada, conforme lo dispone el artículo 182A del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, toda
vez que:

i) El sub lite corresponde a un asunto de puro derecho.

1
Folios 186.
2
Folios 272 al 276.

6

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

ii) No hay lugar a practicar pruebas.

iii) Las partes solicitaron tener en cuenta los documentos aportados por ellas en
la oportunidad procesal establecida para tal fin.

iv) Si bien la demandante pidió que se decreten los testimonios de los señores
Jorge Ferreira, Víctor Hugo Trujillo y de la señora Diana Elizabeth Cuervo, se
denegaron dichos medios de prueba por considerar que son superfluos y/o
inútiles.

v) No se propusieron excepciones previas que se deban resolver de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA,
modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021.

En el referido auto se fijó el litigio de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
de su contestación, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en
el asunto sub judice recae en determinar si el artículo 5.º del Decreto 1352 del 26
de junio de 2013, al haber excluido a los abogados de pertenecer a la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, desconoció directamente los fines esenciales
del Estado; los principios de la función administrativa y de buena fe; y los derechos
al debido proceso y al trabajo de los aludidos profesionales. Contrario sensu,
establecer si su expedición se ajustó a las leyes y a la Constitución Política.

1.4. Alegatos de conclusión

1.4.1. La señora Mary Pachón Pachón no emitió pronunciamiento alguno en esta
etapa procesal.3

1.4.2. La Nación, Ministerio del Trabajo, mediante memorial del 13 de julio de
2021, manifestó estar conforme con la fijación del litigio y solicitó no conceder la
pretensión de la demanda y reconocer la legalidad del Decreto 1352 de 2013 por
el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez, bajo el entendido de que en su expedición no se
desconocieron los fines esenciales del Estado, los principios de la función

3
Folio 179.

7

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

administrativa, el principio de la buena fe, ni los derechos del debido proceso y al
trabajo de los abogados. A juicio de la Cartera del Trabajo, la demandante no
logró desvirtuar la presunción de legalidad de que trata el artículo 88 del CPACA.4

1.5. El Ministerio Público

El agente del ministerio público no rindió concepto. 5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la primera parte del artículo 5 del
Decreto 1352 de 2013, que reguló particularmente la conformación de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, se encuentra viciada de nulidad en los
términos alegados por la demandante, esto es, por desconocer directamente los
fines esenciales del Estado; los principios de la función administrativa y de buena
fe; y los derechos al debido proceso y al trabajo de los abogados.

Al respecto, se resalta que mientras este proceso se encontraba en trámite, esta
corporación anuló el contenido del artículo mencionado. En consecuencia, la Sala
declarará estarse a lo resuelto en dicha providencia, toda vez que se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada, conforme procederá a explicarse.

2.2. Contenido de la norma acusada

DECRETO 1352 DE 2013

(Junio 26)

4
Memorial allegado en medio magnético, índice 49 de la plataforma SAMAI.
5
Folio 179.

8

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

“Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones.”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política y los artículos
16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley 1562 de 2012, y […]

DECRETA:
[…]

ARTÍCULO 5°. Conformación de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las Juntas de
Calificación de Invalidez se integrarán de acuerdo con las listas de elegibles conformadas a
través del concurso efectuado por el Ministerio del Trabajo.

El periodo de vigencia de funcionamiento de la juntas será de tres (3) años a partir de la
fecha de posesión de los integrantes de cada Junta que señale el Ministerio del Trabajo.

El Ministerio del Trabajo determinará la conformación de las Juntas de Calificación de
Invalidez y como mínimo tendrá el siguiente número de integrantes:

1. Junta Nacional de Calificación de Invalidez

Se conforma por cinco (5) integrantes, así:

a) Tres (3) médicos: Dos (2) con título de especialización en Salud Ocupacional o Medicina
del Trabajo o Laboral y uno (1) con título de especialización en Fisiatría, con una experiencia
mínima de cinco (5) años en su especialidad;

b) Un (1) Psicólogo, con título de especialización en Salud Ocupacional con una experiencia
profesional mínima de cinco (5) años;

c) Un (1) Terapeuta Físico u Ocupacional, con título de especialización en Salud
Ocupacional, con una experiencia profesional mínima de cinco (5) años.

En la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se podrán conformar el número de salas
de decisión que determine el Ministerio del Trabajo, las cuales cada una deberá contar como
mínimo con los cinco (5) integrantes y con los perfiles señalados en los literales a), b) y c)
del presente numeral.

2. Juntas Regionales de Calificación de Invalidez

Las Juntas Regionales se clasificarán en Tipo A y Tipo B, y su conformación será de tres (3)
integrantes, así:

a) Dos (2) médicos, los cuales deben tener especialización en Medicina Laboral o Medicina
del Trabajo o Salud Ocupacional y contar con una experiencia mínima de cinco (5) años;

b) Un (1) Psicólogo o Terapeuta Físico u Ocupacional, con título de especialización en Salud
Ocupacional con una experiencia profesional mínima de cinco (5) años.

Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez Tipo A, son: Bogotá y Cundinamarca,
Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Magdalena,
Córdoba, Sucre, Cesar, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Boyacá y
Meta.

9

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez Tipo B, son: Arauca, Chocó, Guajira,
Putumayo, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Casanare, Guainía, Vichada, Amazonas y San
Andrés y Providencia.

En las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, se podrán conformar el número de
salas de decisión que determine el Ministerio del Trabajo, las cuales cada una deberá contar
como mínimo con los tres (3) integrantes y con los perfiles señalados en los literales a) y b)
del presente numeral.

PARÁGRAFO 1°. En cualquier momento el Ministerio del Trabajo podrá definir juntas
regionales con la misma conformación de cinco (5) integrantes de la Junta Nacional. En este
caso, de conformarse salas de decisión en estas juntas, deberán contar con cinco (5)
integrantes cada una.

PARÁGRAFO 2°. El Ministerio del Trabajo designará los integrantes suplentes, teniendo en
cuenta el orden de la lista de elegibles.

PARÁGRAFO 3°. De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 19 de la Ley 1562 de
2012, los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas Regionales de Calificación de
Invalidez no podrán permanecer más de dos (2) periodos continuos en las juntas.

PARÁGRAFO 4°. La no posesión de las personas designadas por el Ministerio del Trabajo
como integrantes principales o suplentes generará su exclusión de la lista de elegibles
(subraya de la Sala).

Teniendo en cuenta el contenido de la demanda, la accionante solicitó
únicamente la nulidad de los primeros apartes del artículo 5 del Decreto 1353 de
2013, esto es, los que se refieren la conformación de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, los cuales fueron subrayados.

2.3. Marco normativo

La figura de la cosa juzgada emana de la soberanía del Estado para dotar de
inmutabilidad, certeza y fuerza vinculante a las decisiones judiciales, así como
proteger la seguridad jurídica de los asociados y de las entidades que intervinieron
en un litigio anterior.6 Esta institución procesal evita que se presenten en el futuro
demandas o procesos que versen sobre un asunto igual y ya decidido en sede
judicial, lo que garantiza que no vuelva a reabrirse dicho debate ante la
jurisdicción, salvo las excepciones legales. 7

Por su parte, el artículo 175 del CCA dispuso que la «sentencia que declare la nulidad

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 5 de octubre de 2017,
radicado: 25000-23-42-000-2013-06646-02(3073-16).
7
Como ocurre con las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión.

10

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes"».

A su vez, el artículo 303 del Código General del Proceso8 dispone que se
configura la cosa juzgada cuando el nuevo litigio presenta identidad en los
siguientes elementos:9

i) Partes. Quienes concurren al nuevo proceso deben ser idénticas personas,
naturales o jurídicas, que figuraban como sujetos procesales en el anterior.

ii) Objeto. Las pretensiones elevadas en el nuevo proceso son iguales a las
reclamadas en el primero ya decidido.

iii) Causa. El motivo o razón que fundamentó la primera demanda se
corresponde con el invocado en la segunda.

De esta manera, cuando en el nuevo proceso se pueda corroborar la existencia de
una sentencia ejecutoriada que resolvió el asunto en anterior oportunidad y,
además, que concurran los elementos enunciados, deberá declararse la
configuración de la cosa juzgada y, en consecuencia, al juez no le será permitido
pronunciarse sobre la prosperidad o no de las pretensiones, en tanto que no
puede volver a decidir acerca de asuntos ya juzgados, so pena de quebrantar el
principio de seguridad jurídica de las decisiones judiciales. 10

8
«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores
por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre
vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como
parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las
comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».
9
Al respeto se puede consultar la sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 76001-23-33-000-2013-00041-
01(0692-16). Actor: Álvaro Ramírez Reyes. Demandado: Universidad del Valle. Consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., 26 de octubre de 2017.
10
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Demandante: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. Demandado: Alba Marina Acosta Cadavid. Radicado 17001-23-
31-000-2004-01402-01(34396). Consejera ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz.

11

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

La señora Mary Pachón Pachón solicitó la nulidad del artículo 5 del Decreto 1352
de 2013 por estimar que el Gobierno Nacional al haber excluido a los abogados de
pertenecer a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, desconoció
directamente los fines esenciales del Estado; los principios de la función
administrativa y de buena fe; y los derechos al debido proceso y al trabajo de los
aludidos profesionales.

Como se expuso anteriormente, la norma objeto de estudio fue anulada
parcialmente (salvo los parágrafos 3 y 4) por esta corporación mediante sentencia
del 2 de diciembre de 2021, con fundamento en las siguientes consideraciones: 11

[…] Esta Sala encuentra que salvo los parágrafos tercero y cuarto del artículo 5, el
texto de la norma resulta contrario al principio de reserva de ley, debido a que fijó la
estructura orgánica de las juntas de calificación, al establecer cómo se componen,
cuál es el número de integrantes, qué profesiones deben tener, cómo se clasifican.

Es preciso indicar que de conformidad con lo decidido en la sentencia C – 306 de
2004, la estructura orgánica de las entidades públicas comprende los «elementos
que integran el órgano, debiendo considerarse allí incluido, tanto lo relacionado con
el elemento humano que lo conforma, es decir, los empleados y funcionarios que
ponen al servicio del ente público su voluntad, como lo relacionado con su aspecto
patrimonial, de conformidad con lo dispuesto por el respectivo ordenamiento
jurídico».

Luego, para la Sala es evidente que se invadió una competencia exclusiva del
legislador, motivo por el cual se declarará la nulidad del artículo 5, salvo los
parágrafos tres y cuatro por las siguientes razones:

En cuanto al parágrafo tercero, constituye una reproducción del texto del parágrafo
segundo del artículo 43 de la Ley 1562 de 2012.

En cuanto al parágrafo cuarto, esta Sala encuentra que no desarrolló la estructura
orgánica de las juntas de calificación, por lo cual no está relacionado con la materia
de reserva de ley.

De otra parte, se considera que hay lugar a declarar la nulidad de los parágrafos 1 y
2 del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013 ya que en este se reglamentan aspectos

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2021,
radicado: 11001-03-25-000-2013-01776-00 (4697-2013).

12

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

propios de la estructura orgánica de las juntas de calificación, como la modificación
de sus integrantes y la forma de conformar las salas de decisión.

En este punto, es importante poder de relieve que, la sentencia C- 914 de 2013,
aclaró que en el ámbito de las juntas sus integrantes principales equivalen también
a sus órganos de dirección superior. Luego se concluye que toda regulación que se
realice respecto de los miembros, tiene un efecto directo sobre la estructura de
dichas entidades.

En la referida providencia se concluyó que el presidente de la República al expedir
el artículo 5 del Decreto 1352 de 2017, con exclusión de los parágrafos 3 y 4,
invadió una competencia exclusiva del legislador, debido a que fijó la estructura
orgánica de las juntas de calificación, de suerte que se advirtiera que la norma
acusada incurrió en un exceso de la facultad reglamentaria y debía ser retirada del
ordenamiento.

Teniendo en cuenta que la demandante no censuró los parágrafos 3 y 4 del
artículo en comento, en el sub lite operó el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez
que se verificó la identidad de partes, objeto y causa entre el proceso judicial antes
indicado y el presente, de la siguiente manera:

a. Identidad de partes. Esta Subsección ha precisado que como las
demandas de nulidad por inconstitucionalidad o de simple nulidad puede ser
interpuesta por cualquier persona, en lo que atañe a la cosa juzgada, no es
necesario que se presente identidad absoluta de partes.12

Ahora bien, en los procesos objeto de comparación concurrieron diferentes
actores; sin embargo, en ambos intervino como demandado el Ministerio del
Trabajo.

b. Identidad de objeto. Los dos asuntos versan sobre idéntico objeto, esto es,
la nulidad del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013.

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del Bogotá, D. C., 4 de marzo de
2021, radicado: 110010325000201801594 00 (5216-2018).

13

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

c. Identidad de causa. Frente a la causa petendi, entendida como la razón o
los motivos por los cuales se acude a ante el juez, se observa que en cada
demanda se manifestó la inconformidad respecto a la manera como el Gobierno
nacional definió se debía conformar o integrar la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, pues se vulneraron por una parte, los preceptos constitucionales
sobre facultad o competencia a la hora de reglamentar y función administrativa,
y, por otra parte, derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la libre
escogencia de profesión u oficio. Dicho de otra manera, los argumentos
utilizados en cada demanda, aunque no fueron idénticos, son equivalentes y
guardan similitud y relación con los motivos de inconformidad alegados.

Así las cosas, entre ambos procesos existe identidad de partes, objeto y de causa
petendi. En consecuencia, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa
juzgada y se estará a lo a lo resuelto en la sentencia del 2 de diciembre de 2021,
suscrita por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.

2.5. La condena en costas

En consideración a que se trata de una demanda de nulidad por
inconstitucionalidad, en la que se ventila un asunto de interés público, no se
impondrá condena en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del
CPACA.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
trazadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de diciembre de 2021 que
se citó, se concluye que operó la excepción de cosa juzgada respecto de la
pretensión de nulidad del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

14

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00554-00 (1492-17)
Demandante: Mary Pachón Pachón

F A L L A:

Primero. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de
la pretensión de nulidad parcial del artículo 5 del Decreto 1352 de 2013, proferido
por el presidente de la República. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la
sentencia del 2 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, dentro del proceso 11001-03-25-000-2013-01776-00
(4697-2013), mediante la cual se anuló parcialmente la referida norma, en
especificó la regulación sobre la conformación de la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, acorde se explicó en las consideraciones de la presente providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AVM

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.