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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2013-00605-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00605-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00605-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00605-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Referencia: Medio de control de nulidad
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. EL
ARTÍCULO 1º DEL ACUERDO 074 DE 15 DE ABRIL DE 1996 NO
VULNERÓ LAS DISPOSICIONES INVOCADAS COMO INFRINGIDAS,
TODA VEZ QUE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA ACTUÓ EN EJERCICIO DE SU FACULTAD LEGAL
PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE ESA CORPORACIÓN, SIN
DESCONOCER LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. LOS ARTÍCULOS 1º, 5º Y 9º DEL
ACUERDO 560 DE AGOSTO DE 1999 TAMPOCO TRANSGREDIERON
LAS NORMAS INVOCADAS COMO VULNERADAS, EN LA MEDIDA EN
QUE LA REORGANIZACIÓN DEL CENDOJ SE ENMARCÓ EN LAS
COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

El ciudadano LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ, obrando en su propio

nombre y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el

artículo 137 del CPCA, presentó demanda ante esta Corporación,

tendiente a obtener la nulidad del artículo 1º del Acuerdo 074 de

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

15 de abril de 1996, “por el cual se da cumplimiento al artículo 199

inciso primero de la Ley 270 de 1996”; y de los artículos 1º, 5º y 9º

del Acuerdo 560 de 9 de agosto de 1999, “Por medio del cual se

cambia la denominación de la Unidad de Formación e Información

Judicial y se reestructura para organizar el Centro de Documentación

Socio– Jurídica de la Rama Judicial”, expedidos por la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

I.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo que los Acuerdos 074

de 15 de abril de 1996 y 560 de 9 de agosto de 1999 vulneraron

los artículos 4°, 123, 256 y 257 de la Constitución Política; y 85, 99 y

199 de la Ley 270 de 1996.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,

lo siguiente:

Señaló que los actos acusados son contrarios al ordenamiento

jurídico, por cuanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura, al expedirlos, desconoció la estructura administrativa

definida por la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la

administración de justicia” y excedió las atribuciones que le fueron

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

conferidas para determinar su propia estructura y planta de personal,

pues aunque los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y el

numeral 7 del artículo 85 de la citada Ley 270 le reconocen

competencias en materia de organización y funcionamiento de la

administración de justicia, su ejercicio se encuentra sometido a la ley

y, por tanto, debía respetar lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley

Estatutaria de Administración de Justicia.

En relación con el Acuerdo 074 de 1996, sostuvo que el artículo

1º vulneró el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 al adscribir

directamente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura las Unidades de Desarrollo y Análisis Estadístico,

Administración de la Carrera Judicial, Formación e Información

Judicial, Recursos Físicos e Inmuebles, Registro Nacional de

Abogados, Auditoría, Asesoría Jurídica y Asesoría para la Seguridad

de la Rama Judicial, pese a que, salvo la Unidad de Auditoría, las

demás eran dependencias de carácter técnico y administrativo que

debían formar parte de la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, por ser este el órgano técnico y administrativo, al cual el

legislador atribuyó la ejecución de las actividades administrativas de

la Rama Judicial y del que dispuso que dependerían las unidades

expresamente señaladas en esa norma y las demás que creara el

Consejo conforme a las necesidades del servicio.

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Explicó que pese a que mediante dicho Acuerdo 074 de 1996 se

reconoció a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus

direcciones seccionales como órganos técnicos y administrativos y se

crearon en aquella las unidades previstas por el artículo 99 de la Ley

270 de 1996, la Sala Administrativa mantuvo simultáneamente bajo

su dependencia directa otras unidades técnicas y administrativas, con

lo cual, a su juicio, estableció una estructura organizacional paralela

que generaba dispersión de funciones y responsabilidades, duplicidad

de labores y mayores costos de funcionamiento.

Debido a lo anterior, estimó que la Sala interpretó en exceso la

facultad prevista en el numeral 7 del artículo 85 de la Ley 270 de

1996, pues la competencia para determinar la estructura y planta de

personal del Consejo Superior de la Judicatura debía ejercerse en

armonía con el artículo 99 ibidem y no la autorizaba para mantener

unidades técnicas y administrativas por fuera de la Dirección

Ejecutiva, salvo aquellas cuya dependencia directa hubiese sido

expresamente prevista por la ley.

Respecto del Acuerdo 560 de 9 de agosto de 1999, afirmó que

incurrió en la misma infracción al cambiar la denominación de la

Unidad de Formación e Información Judicial, creada mediante el

Acuerdo 074 de 1996, por la de Centro de Documentación Socio-

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Jurídica de la Rama Judicial —CENDOJ—, sin modificar su adscripción

directa a la Sala Administrativa. A su juicio, el artículo 1º de ese acto

reiteró la adscripción que consideraba contraria al artículo 99 de la

Ley 270 de 1996, pues una unidad de naturaleza técnica y

administrativa debía depender de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial y no directamente de la Sala.

Agregó que los artículos 5º y 9º del Acuerdo 560 de 1999 también

eran ilegales porque, al determinar la planta de personal,

contemplaron la existencia de un «Director de Unidad de Sala

Administrativa», circunstancia que confirmaba la permanencia de esa

unidad dentro de una estructura administrativa directamente adscrita

a la Sala.

Señaló que la citada actuación también desconoció los artículos 4º,

123, 256 y 257 de la Constitución Política, porque las atribuciones del

Consejo Superior de la Judicatura debían ejercerse de acuerdo con la

ley y con sujeción a ella; y que si bien la Sala Administrativa estaba

facultada para crear cargos y dictar los reglamentos necesarios para

el funcionamiento de la administración de justicia en los aspectos no

previstos por el legislador, no podía ejercer tales competencias

apartándose de la organización establecida en la Ley 270 de 1996.

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Por ello, estimó que tanto el Acuerdo 074 de 1996, al mantener

directamente adscritas a la Sala unidades técnicas y administrativas

que debían depender de la Dirección Ejecutiva, como el Acuerdo 560

de 1999, al reiterar esa adscripción respecto del CENDOJ, fueron

expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse y con

extralimitación de las atribuciones de la Sala Administrativa.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través

del área de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal,

contestó la demanda de manera extemporánea.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, traslados

para contestación, audiencia inicial y alegaciones.

En la respectiva audiencia inicial celebrada el 21 de mayo de 20181,

el despacho hizo un recuento de las actuaciones surtidas, saneó el

proceso de posibles vicios que pudieran acarrear su nulidad, no se

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Índice 55 del expediente digital,

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presentaron excepciones, fijó el litigio2 y se pronunció sobre las

pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –

DEAJ3, por intermedio de apoderado, solicitó se denieguen las

pretensiones de la demanda4.

Señaló que el Centro de Documentación Judicial —CENDOJ—, creado

mediante el Acuerdo 560 de 1999 y adscrito al Consejo Superior de

la Judicatura, desarrolla actividades relacionadas con el acceso,

consulta e intercambio de información, documentación y bibliografía

socio-jurídica y de derecho comparado, así como con el

fortalecimiento de los sistemas de información documental, las

publicaciones de la Rama Judicial, el sistema nacional de bibliotecas,

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“[…] consiste en determinar si los Acuerdos 074 de 15 de abril de 1996, "Por el cual se da cumplimiento
al artículo 199 inciso primero de la Ley 270 de 1996"; y 560 de 9 de agosto de 1999, "Por el cual se
cambia la denominación de la Unidad de Formación e Información Judicial y se reestructura para
organizar el Centro de Documentación t-Jurídica de la Rama Judicial", expedidos por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vulneran lo dispuesto en los artículos 4, 123, 256
y 257 de la Constitución Política; y 85, 99 y 199 de la Ley 270 de 1996, por cuanto, a juicio del actor, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se extralimitó y actuó por fuera del
ordenamiento jurídico otorgado por la ley, al expedir los actos acusados, debido a que creó dependencias
de carácter técnico y administrativo por fuera de la estructura del órgano técnico y administrativo
establecido por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para estas funciones, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial; que tal es el caso de la Unidad de Formación e Información Judicial,
a la que le cambió de denominación por Centro de Documentación Socio-jurídica de la Rama Judicial -
CENDOJ-, adscrita a dicha Sala y no a la Dirección Ejecutiva y crea un cargo de Director de Unidad de
Sala Administrativa, para lo cual no tenía competencia; que una estructura paralela a dicho órgano
técnico y administrativo causa dispersión de funciones y de responsabilidades, crecimiento burocrático y
mayores costos de funcionamiento en el sector administrativo de la Rama Judicial. […]”.
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En adelante DEAJ.
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Índice 55 del expediente digital

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las comunicaciones, la transmisión de datos, la cooperación e

intercambio documental y la atención de usuarios internos y externos.

Indicó que las funciones asignadas al CENDOJ han sido desarrolladas

mediante distintos actos expedidos por la Sala Administrativa, entre

los que mencionó, a manera de ejemplo, el Acuerdo 366 de 1998,

relacionado con la edición y distribución de la Gaceta de la Judicatura

y la Gaceta del Foro; el Acuerdo 1119 de 2001, mediante el cual se

autorizó la adhesión del Consejo Superior de la Judicatura, a través

del CENDOJ, a la Red Iberoamericana IBERIUS; el Acuerdo 2371 de

2004, que le adscribió la Sección de Archivo de la extinta Justicia

Regional, y el Acuerdo 3926 de 2007, que puso a su cargo los procesos

de gestión de la información judicial y comunicación institucional,

referencias con las cuales la entidad pretendió evidenciar que las

actividades desarrolladas por el Centro se encuentran vinculadas al

cumplimiento de las funciones atribuidas constitucional y legalmente

al Consejo Superior de la Judicatura.

A partir de lo anterior, sostuvo que las funciones del CENDOJ forman

parte de las competencias asignadas por la Constitución Política y la

ley al Consejo Superior de la Judicatura y no pueden trasladarse a la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de manera que

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tampoco existe la duplicidad de funciones alegada entre ambas

dependencias.

Para sustentar la anterior conclusión acudió al artículo 98 de la Ley

270 de 1996, del cual destacó que la Dirección Ejecutiva constituye el

órgano técnico y administrativo encargado de ejecutar las actividades

administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y

decisiones de la Sala Administrativa y que de aquella dependen las

unidades allí previstas, así como las demás que cree el Consejo

conforme a las necesidades del servicio.

También se refirió al artículo 99 de la Ley 270 de 1996 para diferenciar

las funciones atribuidas al Director Ejecutivo de Administración

Judicial, relacionadas, entre otros aspectos, con la ejecución del Plan

Sectorial y de las políticas definidas para la Rama Judicial, la

administración de sus bienes y recursos, la celebración de actos y

contratos, la gestión de personal en los asuntos de su competencia,

la elaboración de balances y estados financieros, la ordenación del

gasto y la representación judicial de la Nación-Rama Judicial, de

aquellas que cumple el CENDOJ, con lo cual buscó demostrar que

estas últimas no corresponden al ámbito funcional propio de la

Dirección Ejecutiva.

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Explicó esa distribución de competencias a partir del modelo de

autogobierno de la Rama Judicial, en el que existen distintos niveles

de gestión y una separación interna de funciones entre los órganos

que intervienen en su conducción, de modo que a la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le correspondía

el nivel de gobierno y a la Dirección Ejecutiva el nivel ejecutivo,

estructura que, según expuso, contemplaba además unidades

operativas dependientes de la Sala Administrativa, para apoyar el

desarrollo de sus competencias misionales.

Con fundamento en esa diferenciación, concluyó que las funciones

desempeñadas por el CENDOJ no son propias de la Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial, sino que corresponden al Consejo Superior

de la Judicatura, por disposición de la Constitución Política y la ley, sin

que exista, según afirmó, acuerdo alguno que hubiese asignado a una

de las unidades dependientes de la Dirección Ejecutiva las actividades

atribuidas al Centro. Por ello, rechazó el planteamiento conforme al

cual la Sala Administrativa únicamente podía tener adscrita de manera

directa la Unidad de Auditoría, pues consideró que una interpretación

de esa naturaleza desconocería la necesidad de contar con

dependencias de apoyo para el cumplimiento de las funciones

constitucionales y legales atribuidas al Consejo Superior de la

Judicatura.

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Mediante memorial de 5 de junio de 2018, presentado

oportunamente, la DEAJ amplió el escrito de alegatos de

conclusión, en los siguientes términos:

Precisó que las competencias atribuidas al Consejo Superior de la

Judicatura no se agotan en la determinación de su estructura y planta

de personal, pues la Ley 270 de 1996 le asigna funciones propias de

administración y dirección de la Rama Judicial, que requieren órganos

y unidades de apoyo para su cumplimiento. En ese sentido, invocó los

artículos 75 y 85 de la Ley Estatutaria para destacar, entre otras

atribuciones, la administración de la Rama Judicial, la determinación

de la estructura y planta de personal del Consejo Superior, la

expedición de reglamentos sobre organización y funciones internas, la

regulación de trámites administrativos en los aspectos no previstos

por el legislador, el establecimiento de servicios administrativos

comunes, la administración de la carrera judicial, el Registro Nacional

de Abogados, la formación de funcionarios y empleados y la

protección y seguridad de los servidores de la Rama, de lo cual derivó

que la Sala Administrativa contaba con un ámbito funcional propio que

justificaba la existencia de dependencias directamente vinculadas al

ejercicio de esas competencias.

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De manera particular, precisó que el artículo 98 de la Ley 270 de 1996

debía armonizarse en concordancia con las competencia atribuidas al

Consejo Superior de la Judicatura, en especial, con la facultad prevista

en el numeral 7 del artículo 85 ibidem, para determinar su estructura

y planta de personal, por lo que la previsión conforme a la cual de

DEAJ dependen las unidades allí señaladas y las demás que cree el

Consejo Superior, según las necesidades del servicio, no significaba

que toda unidad creada por este tuviera necesariamente que quedar

adscrita a dicha Dirección.

Bajo la anterior comprensión, sostuvo que la creación de la DEAJ

respondió a la necesidad de contar con un órgano encargado de

ejecutar las políticas administrativas y las decisiones adoptadas por el

Consejo Superior, sin desplazar las competencias propias de este ni

impedirle disponer de la estructura necesaria para su ejercicio.

Agregó que el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 atribuyó al Consejo

Superior de la Judicatura el deber de propender por la incorporación

de tecnología avanzada al servicio de la administración de justicia,

mientras que su artículo 109 le asignó expresamente, dentro del

Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, la organización y

administración del centro de documentación socio-jurídica y del Banco

de Datos Estadísticos, así como el fomento del intercambio

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informativo y bibliográfico con entidades nacionales e internacionales.

A su juicio, estas disposiciones constituyen un antecedente legal

directo del Centro de Documentación Judicial —CENDOJ— y muestran

que sus funciones encuentran fundamento en competencias atribuidas

al propio Consejo Superior de la Judicatura, sin que su ubicación

institucional pueda deducirse exclusivamente de las reglas relativas a

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

También sostuvo que el artículo 199 de la Ley 270 de 1996 facultó a

la Sala Administrativa para adoptar las decisiones necesarias

encaminadas a poner en funcionamiento la estructura administrativa

definida por el legislador, disposición que, junto con las normas

anteriores, habría servido de fundamento constitucional y legal para

la conformación y posterior regulación del CENDOJ. En esa misma

línea, señaló que la Sala Administrativa podía encomendar a sus

distintos órganos administrativos el ejercicio de atribuciones de

naturaleza ejecutiva o funcional, siempre que no se comprometieran

las competencias que le correspondían de manera privativa, con lo

cual buscó demostrar que la existencia de unidades de apoyo no

resultaba incompatible con el diseño previsto en la Ley Estatutaria.

En cuanto al alcance de la potestad reglamentaria, afirmó que el

Consejo Superior de la Judicatura cuenta con una facultad especial

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para reglamentar materias administrativas y funcionales de la

administración de justicia, cuyo ejercicio encuentra límite en la

Constitución Política y en la ley y no puede extenderse a asuntos

reservados al legislador. Desde esa perspectiva, sostuvo que la

organización interna necesaria para ejecutar las competencias

atribuidas al Consejo Superior se ubica dentro de ese ámbito

reglamentario y no supone, por sí sola, una sustitución de la función

legislativa.

Por último, adujo que la Sala Administrativa del Consejo Superior de

la Judicatura tenía facultad constitucional y legal para expedir los

acuerdos demandados, en cuanto le correspondía determinar su

propia estructura y crear o modificar las unidades necesarias para el

cumplimiento de sus funciones como órgano de gobierno y

administración de la Rama Judicial, de manera que el ejercicio de esa

atribución estaba sujeto a que no se establecieran obligaciones a

cargo del Tesoro que excedieran el monto global fijado para el

respectivo servicio en la ley de apropiaciones y a la existencia del

sustento técnico de la necesidad, por lo que rechazó una

interpretación que limitara o suprimiera la facultad de crear

estructuras o cargos dentro de la Sala Administrativa.

IV.2.- La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.

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IV.3.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación

Administrativa5, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que

se denieguen las súplicas de la demanda, pues las disposiciones

acusadas no están viciadas de nulidad, ya que las mismas guardan

real y efectiva concordancia con la norma que reglamenta.

Señaló que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura sí estaba facultada para definir su estructura interna, crear

unidades adscritas directamente a ella y modificar su denominación,

conclusión que sustentó en el diseño constitucional de administración

de la Rama Judicial, previsto en los artículos 152, literal b), 254, 256

y 257 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 270 de 1996,

cuyo artículo 75 atribuía al Consejo Superior de la Judicatura la

administración de la Rama Judicial y cuyo artículo 85, numeral 7,

confería a la Sala Administrativa la función de determinar la estructura

y la planta de personal del Consejo.

Expresó que el artículo 199 de la Ley 270 de 1996 impuso a la Sala

Administrativa el deber de adoptar las decisiones necesarias para

poner en funcionamiento la estructura administrativa definida por la

Ley Estatutaria y destacó que la Corte Constitucional, mediante la

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Índice 55 del expediente digital

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Sentencia C-037 de 1996, declaró ajustadas a la Constitución Política

las disposiciones referentes a la estructura y funciones del Consejo

Superior de la Judicatura, de manera que los artículos 85 y 199

constituían fundamento suficiente para que la Sala expidiera los actos

necesarios para organizar su estructura interna dentro del límite de

las apropiaciones presupuestales.

Explicó que la facultad de organización interna se complementaba con

la potestad reglamentaria especial reconocida al Consejo Superior de

la Judicatura, derivada de su autonomía constitucional y de la

atribución prevista en el artículo 257 superior para dictar, con sujeción

a la ley, los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de

la administración de justicia y los relacionados con la organización y

funciones internas, potestad que, según la jurisprudencia

constitucional y contencioso administrativa, permite a órganos

distintos del Presidente de la República reglamentar materias

directamente vinculadas con las competencias que la Constitución les

asigna.

A partir de ese marco, sostuvo que la Sala Administrativa podía

adoptar, mediante acuerdos, las decisiones necesarias para

desarrollar las competencias atribuidas por la Ley Estatutaria en

materia de estructura interna, pues esta no había fijado de manera

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exhaustiva la organización requerida para el ejercicio de sus

funciones, sino que había dejado ese desarrollo a la facultad

reglamentaria del propio Consejo Superior, precisión que diferenció

de aquellos asuntos cuya configuración esencial está sometida a

reserva de ley.

Afirmó que la competencia prevista en el numeral 7 del artículo 85 de

la Ley 270 de 1996 constituye una manifestación del principio de

autogobierno judicial, en cuanto habilita a la Sala para crear las

dependencias necesarias que aseguren el cumplimiento eficaz y

eficiente de sus funciones constitucionales y legales como órgano de

gobierno y administración de la Rama Judicial, principio que relacionó

con la autonomía, la independencia judicial y la separación de poderes

y que, según la sentencia C-285 de 2016, exige que las instancias

encargadas de la conducción de la Rama Judicial hagan parte de la

propia organización judicial y cuenten con los instrumentos necesarios

para cumplir sus fines.

Respecto del Acuerdo 074 de 1996 acusado, indicó que la creación

de dependencias adscritas directamente a la Sala Administrativa no

desconoció la estructura prevista por la Ley 270 de 1996, pues el

mismo acuerdo mantuvo dentro de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial las unidades que el legislador había dispuesto

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que dependieran de ella, entre ellas, las de Presupuesto, Planeación,

Recursos Humanos e Informática, además de las unidades

Administrativa y de Asistencia Legal, circunstancia de la cual concluyó

que la previsión del artículo 98, relativa a las dependencias de la

Dirección Ejecutiva, no impedía que la Sala contara con otras unidades

propias para el ejercicio de funciones autónomas respecto de aquella.

Frente al Acuerdo 560 de 1999 demandado, estimó razonable y

proporcionada la transformación de la Unidad de Formación e

Información Judicial en el Centro de Documentación Socio-Jurídica de

la Rama Judicial -CENDOJ- y su adscripción a la Sala Administrativa,

al considerar que esa unidad desarrollaba directamente competencias

del Consejo Superior relacionadas con los sistemas de información y

documentación judicial, que el concepto vincula con el artículo 109 de

la Ley 270 de 1996, funciones que no correspondían a la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial, por estar esta última encargada

de la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial.

Concluyó que los Acuerdos 074 de 1996 y 560 de 1999 acusados

dieron cumplimiento al mandato del artículo 199 de la Ley 270 de

1996 y materializaron la competencia prevista en el numeral 7 del

artículo 85 ibidem, sin desconocer la estructura de la Dirección

Ejecutiva ni desbordar las atribuciones constitucionales y legales de la

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Sala Administrativa, razón por la cual consideró que la creación de

unidades en el seno del Consejo Superior o en la Dirección Ejecutiva,

según las necesidades institucionales y con respeto de las

apropiaciones presupuestales, constituye una expresión legítima del

poder de autogobierno judicial y solicitó denegar la pretensión de

nulidad.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Las disposiciones acusadas son del siguiente tenor:

“[…] ACUERDO 074

“Por el cual se da cumplimiento al artículo 199 inciso
primero de la Ley 270 de 1996”

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA
En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha de vigencia del
presente Acuerdo, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura tendrá, para el ejercicio de las funciones que
constitucional y legalmente le corresponden, las siguientes
dependencias adscritas:

1.- UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
2.- UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL
3.- UNIDAD DE FORMACION E INFORMACION JUDICIAL
4.- UNIDAD DE RECURSOS FISICOS E INMUEBLES
5.- UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
6.- UNIDAD DE AUDITORIA
7.- OFICINA ASESORA JURÍDICA
8.- OFICINA DE ASESORIA PARA LA SEGURIDAD DE LA RAMA
JUDICIAL

PARÁGRAFO: La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
reemplaza a la actual Unidad de Desarrollo y Programación; La
Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial

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sustituye a la actual Unidad de Seguridad; y la Unidad de
Auditoría sucede a la Unidad de Control Interno.

[…]
Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los quince (15) días del mes
de abril de mil novecientos noventa y seis (1996) […]”.

“[…] ACUERDO 560 DE 1999
(Agosto 9)

“Por medio del cual se cambia la denominación de la
Unidad de Formación e Información Judicial y se
reestructura para organizar el Centro de Documentación
Socio-jurídica de la Rama Judicial"

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, y en especial de las conferidas por los
numerales 7, 12 del artículo 85, el artículo 106 y el
numeral 40 del artículo 109 de la ley 270 de 1996 y,
[…]

ACUERDA
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION. Cámbiese la
denominación de la Unidad de Formación e Información Judicial
por la de "Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama
Judicial- CENDOJ-" adscrita a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
[…]

ARTÍCULO QUINTO.- PLANTA DE PERSONAL. La planta de
personal del Centro de Documentación Socio-jurídica de la
Rama Judicial – CENDOJ-, quedará conformada de la siguiente:

No. DENOMINACION GRADO
1 Director de Unidad de Sala- Administrativa Nominado
2 Profesional Especializado 33
1 Profesional Especializado 25
6 Profesional Universitario 20
1 Técnico 14
1 Técnico Operativo 13
1 Asistente Administrativo 11
2 Asistente Administrativo 10
[…]

21

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

ARTÍCULO NOVENO: DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR
DE LA UNIDAD. Son funciones del personal de la Dirección del"
Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama Judicial-
CENDOJ-" las siguientes:

Director de Unidad de Sala Administrativa:
-Dirigir, controlar y coordinar la ejecución de los planes y
programas aprobados por la Sala Administrativa.
-Dirigir y coordinar la publicación y divulgación oportuna de los
documentos e información socio-jurídica de interés para los
servidores judiciales que sean autorizados por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
-Presentar propuestas a la Sala Administrativa para la
publicación de material documental de importancia jurídica y la
divulgación del mismo.
-Promover la celebración de convenios con otras instituciones
nacionales e internacionales para el intercambio documental y
bibliográfico.
-Presentar en el primer bimestre de cada año a consideración
de la Sala Administrativa, los planes, programas y presupuesto
del CENDOJ.
-Coordinar y orientar las actividades que el CENDOJ tuviere que
realizar en desarrollo de las políticas de la Sala Administrativa
con otras dependencias de la Sala Administrativa, la Dirección
Ejecutiva y entidades homólogas nacionales e internacionales.
-Coordinar las políticas de administración de personal con las
instancias pertinentes.
-Rendir informes periódicos de sus actividades a la Sala
Administrativa.
-Evaluar el desempeño del personal al servicio del CENDOJ.
-Velar por el buen funcionamiento de un sistema de información
que permita a los servidores judiciales el acceso a las fuentes
formales nacionales e internacionales del derecho. -Velar por la
buena organización del sistema nacional de bibliotecas.
-Las demás funciones que le señale la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. […]”.

DE LOS CARGOS DE NULIDAD FRENTE AL ACUERDO 074 DE 1996

La parte actora sostuvo que el artículo 1º del Acuerdo 074 de 15

de abril de 1996 vulneró los artículos 4, 123, 256 y 257 de la

Constitución Política; y 85, 99 y 199 de la Ley 270 de 1996, al disponer

que las Unidades de Desarrollo y Análisis Estadístico, Administración

de la Carrera Judicial, Formación e Información Judicial, Recursos

22

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Físicos e Inmuebles, Registro Nacional de Abogados y Auditoría, junto

con las oficinas de Asesoría Jurídica y de Asesoría para la Seguridad

de la Rama Judicial, quedarían adscritas directamente a la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues considera

que, salvo la Unidad de Auditoría, se trataba de dependencias técnicas

y administrativas que debían integrar la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial, de modo que la Sala Administrativa habría

excedido la atribución prevista en el numeral 7 del artículo 85 ibidem

y conformado una estructura paralela que, a su juicio, generaba

dispersión de funciones y responsabilidades, duplicidad de labores y

mayores costos de funcionamiento.

Al respecto, es preciso destacar que el Acuerdo 074 de 1996 fue

expedido con el objeto de dar cumplimiento al inciso primero del artículo

199 de la Ley 270 de 1996, que es del siguiente tenor:

“[…] Dentro del mes siguiente, contado a partir de la vigencia
de la presente ley, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura adoptará las decisiones que sean necesarias
para poner en funcionamiento la estructura administrativa
definida en la presente ley […]”.

De conformidad con el citado inciso, el Acuerdo 074 de 1996, en su

artículo 1º, determinó las dependencias que tendría adscritas para el

ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente le

correspondían, disposición que, además de relacionar las unidades y

23

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

oficinas antes mencionadas, precisó, en su parágrafo, que la Unidad

de Desarrollo y Análisis Estadístico reemplazaba a la Unidad de

Desarrollo y Programación, la Oficina de Asesoría para la Seguridad

de la Rama Judicial sustituía a la Unidad de Seguridad y la Unidad de

Auditoría sucedía a la Unidad de Control Interno.

El referido contenido permite advertir que la medida cuestionada hizo

parte del proceso de adecuación de la organización administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura a la estructura prevista por la Ley

Estatutaria de la Administración de Justicia, de manera que la

adscripción de las dependencias allí señaladas debe examinarse a

partir de la distribución de competencias establecida por la

Constitución Política y la Ley 270 de 1996, y no únicamente en

consideración al carácter técnico o administrativo de las funciones que

aquellas desarrollaban.

Desde esa perspectiva, la Sala no comparte la postura señalada por

el actor, consistente en que toda dependencia que desarrollara

actividades de contenido técnico o administrativo debía pertenecer

necesariamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

pues de las normas invocadas como parámetro de control no se

desprende que la naturaleza de esas actividades determinara, por si

sola, su adscripción obligatoria a dicho órgano.

24

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Descartada esa premisa, resulta necesario precisar el alcance de las

facultades de organización y reglamentación reconocidas a la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de

examinar la adscripción de las dependencias relacionadas en el

artículo 1º del Acuerdo 074 de 1996 frente a la estructura prevista

por el legislador y las atribuciones asignadas a la Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial.

Al respecto, esta Corporación6 al referirse a la potestad reglamentaria

atribuida al Consejo Superior de la Judicatura, señaló:

“[…] La facultad que la Constitución Política otorga al Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, para “dictar los
reglamentos”, es directa, especial, exclusiva y autónoma.

Esta competencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, se encuadra en lo que la Corte Constitucional
ha denominado “potestad reglamentaria de los órganos
constitucionales […]”.

Al desarrollar esa caracterización, la providencia acudió a la sentencia

C-805 de 2001 de la Corte Constitucional para destacar que la

Constitución Política estableció ámbitos excepcionales de

reglamentación atribuidos a determinados órganos y que, tratándose

del Consejo Superior de la Judicatura, esa habilitación se proyecta

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 6 de julio de
2015, C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2013-01524-00.

25

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

sobre el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y su

organización interna, en los siguientes términos:

“[…] El constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas
materias y para determinados órganos un sistema de
reglamentación especial. Se trata de ámbitos de regulación,
que por expreso mandato de la Constitución se asignan a otros
órganos constitucionales, al margen de la potestad
reglamentaria del Presidente. Tal es el caso del Consejo
Superior de la Judicatura, órgano al cual, de acuerdo
con el artículo 257 de la Constitución, le corresponde,
con sujeción a la ley ‘Dictar los reglamentos necesarios
para el eficaz funcionamiento de la Administración de
Justicia, los relacionados con la organización y
funciones internas asignadas a los distintos cargos y la
regulación de los trámites judiciales y administrativos
que se adelanten en los despachos judiciales, en los
aspectos no previstos por el legislador […].” (Destacado
fuera de texto).

La autonomía que caracteriza esa potestad no supone, sin embargo,

una habilitación normativa ilimitada. Al respecto, la Corte

Constitucional, en la sentencia C-307 de 2004, precisó los límites

materiales y formales de las facultades especiales de reglamentación,

así:

“[…] Esas facultades especiales de reglamentación, ha dicho
la Corte, encuentran su fundamento en la autonomía
constitucional que tienen ciertos órganos, y están limitadas,
materialmente, por el contenido de la función a cuyo
desarrollo autónomo atienden y, formalmente, por las
previsiones que la Constitución haya hecho sobre el particular
[…]”.

De este marco se desprende, de una parte, que la Sala Administrativa

del Consejo Superior de la Judicatura contaba con una potestad

26

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

constitucional de reglamentación vinculada al funcionamiento y a la

organización interna de la administración de justicia; y de otra, que

esa atribución debía ejercerse con sujeción a la Constitución Política y

a la ley, dentro del ámbito material de las funciones asignadas al

Consejo Superior de la Judicatura y sin sustituir decisiones reservadas

al legislador ni desplazar competencias legalmente conferidas a otros

órganos. A partir de estas reglas debe examinarse el alcance de la

facultad estructural prevista en el numeral 7 del artículo 85 de la Ley

270 de 1996.

El numeral 7 del artículo 857 de la Ley 270 de 1996 atribuyó a la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la competencia

para determinar la estructura y la planta de personal del Consejo

Superior de la Judicatura, potestad que ciertamente debía ejercerse

dentro de los límites constitucionales y legales y que no habilitaba a

desconocer la organización definida por el legislador ni a desplazar

atribuciones conferidas a otros órganos, pero cuyo contenido tampoco

puede reducirse al punto de impedir que la Sala Administrativa

dispusiera de dependencias destinadas a apoyar el ejercicio de las

funciones que le eran propias.

7
“[…] ARTÍCULO 85.FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
7. Determinar la estructura y planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. […]”.

27

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

De ahí que el juicio de legalidad no pueda resolverse por el solo hecho

de que las unidades y oficinas relacionadas en el artículo primero

del Acuerdo 074 acusado cumplieran labores técnicas o

administrativas, pues lo determinante es establecer si su adscripción

a la Sala Administrativa comportó el traslado de competencias que la

Ley 270 de 1996 hubiera reservado a la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial, supuesto que no se acredita con la ubicación

orgánica dispuesta en el acto acusado.

Esta consideración cobra particular importancia respecto de las

dependencias vinculadas con el Registro Nacional de Abogados, la

auditoría, la asesoría jurídica, la seguridad de la Rama Judicial y el

desarrollo y análisis estadístico, a que hace alusión el artículo

primero del Acuerdo 074 acusado, cuyas materias guardan

relación con funciones atribuidas al propio Consejo Superior y cuya

ejecución requiere apoyo especializado, sin que su carácter técnico

permita inferir, por esa sola circunstancia, que debían incorporarse

forzosamente a la Dirección Ejecutiva.

La Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles exige una precisión

adicional, dado que el artículo 998 de la Ley 270 de 1996 atribuyó al

8
“[…] ARTICULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
[…]
Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial
1.Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.

28

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Director Ejecutivo de Administración Judicial funciones relacionadas

con la administración de los bienes y recursos destinados al

funcionamiento de la Rama Judicial, aunque la adscripción de aquella

unidad a la Sala Administrativa no demuestra, por sí misma, que el

Acuerdo 074 hubiera sustraído, modificado o trasladado esas

competencias legales, pues una conclusión en ese sentido requeriría

acreditar que a la dependencia se le asignaron materialmente las

atribuciones reservadas al Director Ejecutivo y no únicamente

constatar su denominación o ubicación dentro de la estructura.

Ahora bien, la alegación relativa a la existencia de una estructura

paralela, la dispersión de responsabilidades, la duplicidad de labores

y el incremento de los costos tampoco permite establecer la ilegalidad

del artículo primero acusado, en la medida en que tales

apreciaciones se relacionan con la conveniencia, eficiencia o diseño de

la organización administrativa y no sustituyen la carga de demostrar

2.Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban
otorgarse o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales, se requerirá la autorización previa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
4.Nombrar y remover a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura y definir sus situaciones
administrativas, en los casos en los cuales dichas competencias no correspondan a las Salas de esa
Corporación.
5. Nombrar a los Directores Ejecutivos Seccionales de ternas preparadas por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
6. Elaborar y presentar al Consejo Superior los balances y estados financieros que correspondan.
7.Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
8.Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para los cuales podrá constituir
apoderados especiales; y,
9. Las demás funciones previstas en la ley […]” (Destacado fuera de texto).

29

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

una oposición concreta entre el acto demandado y una disposición

superior, sin que la coexistencia de dependencias adscritas a la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y a la Dirección

Ejecutiva revele, por sí sola, una usurpación de competencias o una

sustitución de la función legislativa.

Bajo este entendimiento, no se configura la vulneración del artículo

4º9 de la Constitución Política, toda vez que la supremacía

constitucional solo resultaría comprometida si la decisión organizativa

adoptada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura fuera incompatible con una norma superior10 y, en este

caso, la adscripción cuestionada se sustentó en una competencia

estructural, reconocida por la Ley Estatutaria, en su artículo 85,

numeral 7, sin que se hubiera demostrado el desconocimiento de una

atribución exclusiva de la Dirección Ejecutiva.

Por la citada razón, tampoco resulta infringido el artículo 12311 ibidem,

ya que la exigencia de que los servidores públicos ejerzan sus

9
“[…] ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar
y obedecer a las autoridades. […]”.
10
Sobre el particular, en la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional señaló que las diversas
funciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 se avienen a la naturaleza de las
responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con lo previsto en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política. Entre las atribuciones
previstas en dicha disposición se encuentra la establecida en su numeral 7.
11
“[…] ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

30

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

funciones en la forma prevista por la Constitución Política, la ley y el

reglamento presupone acreditar que la autoridad actuó por fuera de

su ámbito competencial, mientras que el numeral 7 del artículo 85 de

la Ley 270 de 1996 confería expresamente a la Sala Administrativa

del Consejo Superior de la Judicatura, la facultad de determinar la

estructura y la planta de personal del Consejo Superior de la

Judicatura.

Los artículos 25612 y 25713 de la Constitución Política tampoco

conducen a una conclusión distinta, puesto que la sujeción de las

atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura a la ley coexistía

con la potestad de expedir los reglamentos necesarios para el eficaz

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones
públicas y regulará su ejercicio. […]”.

12
“[…] ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a la ley, las
siguientes atribuciones:
1. Administrar la carrera judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad
que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los
abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y
ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley. […]”.

13
“[…] ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de
los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no
previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y
procedimentales.
5. Las demás que señale la ley […]” (Destacado fuera de texto).

31

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

funcionamiento de la administración de justicia y para la organización

y funciones internas en los aspectos no previstos por el legislador,

marco dentro del cual la Sala Administrativa del Consejo Superior

podía ordenar las dependencias requeridas para el ejercicio de sus

competencias, siempre y cuando respetara la distribución funcional

fijada por la Ley Estatutaria.

En ese orden, el numeral 7 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 no

fue desconocido por el artículo primero del Acuerdo 074 acusado,

sino que constituyó la habilitación legal para adoptar la determinación

estructural cuestionada, sin que ello permita concluir que, al ejercerla,

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, hubiera

atribuido a las unidades adscritas funciones reservadas de manera

exclusiva a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

En cuanto al artículo 99 de la Ley 270 de 1996, la Sala advierte que

la demanda le atribuye la regla según la cual la Dirección Ejecutiva

constituye el órgano técnico y administrativo de la Rama Judicial y de

ella dependen determinadas unidades, pese a que esa disposición

enumera las funciones del Director Ejecutivo, mientras que el

contenido relativo a la Dirección Ejecutiva y a las unidades que de ella

dependen corresponde materialmente al artículo 9814, precisión que

14
“[…] ARTICULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL.

32

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

no impide comprender el sentido del cargo, pero sí evidencia que el

artículo primero acusado no modificó, suprimió ni trasladó las

atribuciones que el artículo 99 confirió al Director Ejecutivo.

Incluso si la censura se examina a la luz del contenido material del

citado artículo 98, la conclusión permanece invariable, debido a que

la configuración de la Dirección Ejecutiva como órgano técnico y

administrativo encargado de ejecutar las actividades administrativas

de la Rama Judicial no equivale a una prohibición para que la Sala

Administrativa contara con dependencias de apoyo técnico vinculadas

al ejercicio de sus propias competencias, siempre y cuando que estas

no asumieran las atribuciones que el legislador radicó en aquella.

Ahora bien, es preciso destacar que el artículo 19915 de la Ley 270 de

1996 no fue vulnerado, pues el mandato de adoptar las decisiones

necesarias para poner en funcionamiento la estructura administrativa

La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres
(3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos
Humanos, Presupuestos, Informática y las demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del
servicio.
El Director Ejecutivo de Administración Judicial, será el Secretario General del Consejo Superior de la
Judicatura y Secretario de la Sala Administrativa del mismo.
El Director tendrá un período de cuatro (4) años y sólo será removible por causales de mala conducta.
[…]”.

15
“[…] ARTÍCULO 199. Dentro del mes siguiente, contado a partir de la vigencia de la presente ley, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones que sean necesarias para poner
en funcionamiento la estructura administrativa definida en la presente ley […]”.

33

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
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definida por la Ley Estatutaria debía aplicarse conjuntamente con la

competencia conferida a la Sala Administrativa del Consejo Superior

de la Judicatura para determinar la estructura y la planta de personal

del Consejo Superior, establecida en el artículo 85, numeral 7, de la

citada Ley 270, razón por la cual el cumplimiento de aquella

disposición no excluía la posibilidad de adscribir a la mencionada Sala

las dependencias necesarias para el desarrollo de sus funciones dentro

de los límites trazados por la Constitución Política y la ley.

En suma, el artículo primero del Acuerdo 074 de 15 de abril de

1996 acusado no vulneró los artículos 4°, 123, 256 y 257 de la

Constitución Política, ni los artículos 85, 99 y 199 de la Ley 270 de

1996, porque la Sala Administrativa actuó en ejercicio de la facultad

legal para determinar la estructura del Consejo Superior de la

Judicatura, en cuyo ámbito podía disponer la adscripción de las

dependencias necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que el

actor demostrara que esa decisión hubiera desplazado competencias

reservadas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o

sustituido la estructura fijada por el legislador, por lo que el cargo de

nulidad no está llamado a prosperar.

DE LOS CARGOS DE NULIDAD FRENTE RESPECTO DEL ACUERDO

560 DE 1999.

34

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

El demandante manifestó que los artículos 1º, 5º y 9º del Acuerdo

560 de 9 de agosto de 1999 vulneran los artículos 4º, 123, 256 y

257 de la Constitución Política y los artículos 85, 99 y 199 de la Ley

270 de 1996, por cuanto la Sala Administrativa del Consejo Superior

de la Judicatura cambió la denominación de la Unidad de Formación e

Información Judicial por la de Centro de Documentación Socio-Jurídica

de la Rama Judicial -CENDOJ- y mantuvo su adscripción directa a

dicha Sala, determinó su planta de personal e incluyó el cargo de

Director de Unidad de Sala Administrativa, pese a que, en su criterio,

por tratarse de una dependencia de naturaleza técnica y

administrativa debía formar parte de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial, circunstancia que estimó constitutiva de una

extralimitación de la facultad prevista en el numeral 7 del artículo 85

de la Ley 270 de 1996 y de la conformación de una estructura

administrativa paralela a la establecida por el legislador.

Al respecto, es del caso traer a colación el considerando del Acuerdo

560 de 1999, que señaló lo siguiente:

“[…] ACUERDO 560 DE 1999
(Agosto 9)

“Por medio del cual se cambia la denominación de la
Unidad de Formación e Información Judicial y se
reestructura para organizar el Centro de Documentación
Socio-jurídica de la Rama Judicial"

35

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, y en especial de las conferidas por los
numerales 7, 12 del artículo 85, el artículo 106 y el
numeral 4 del artículo 109 de la ley 270 de 1996 y,

CONSIDERANDO

Que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha asumido los
programas y compromisos que en materia de capacitación y
formación venía atendiendo la Unidad de Formación e
Información Judicial creada por el Acuerdo 74 de 1996, en
beneficio de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

Que el numeral 4 del artículo 109 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, ordena a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura organizar
y administrar un Centro de Documentación Socio-Jurídica de la
Rama Judicial.

Que el artículo 106 de la mencionada Ley señala que la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debe
diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un
adecuado sistema de información para el conocimiento de los
servidores judiciales de las fuentes formales del Derecho, tanto
nacionales como internacionales.

Que, en consecuencia, se hace necesario cambiar la
denominación de la Unidad de Formación e Información Judicial
y reestructurarla para organizar el Centro de Documentación
Socio-Jurídica de la Rama Judicial y así dar cumplimiento a los
artículos antes citados de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia. […]”.

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que el Acuerdo 560 de

1999 acusado fue expedido por la Sala Administrativa del Consejo

Superior de la Judicatura, con fundamento en los numerales 7 y 12 del

36

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

artículo 8516, el artículo 10617 y el numeral 4 del artículo 10918 de la

Ley 270 de 1996, acto en cuyos considerandos se explicó que la

Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla había asumido los programas y

compromisos de capacitación y formación que venía atendiendo la

Unidad de Formación e Información Judicial, que la Ley Estatutaria

ordenaba organizar y administrar un Centro de Documentación Socio-

Jurídica de la Rama Judicial y que correspondía a la Sala

Administrativa diseñar, desarrollar, poner y mantener en

funcionamiento un sistema de información que permitiera a los

servidores judiciales conocer las fuentes formales del derecho

nacionales e internacionales.

A partir de esas premisas, la mencionada Sala Administrativa

consideró necesario cambiar la denominación de la Unidad de

Formación e Información Judicial y reestructurarla para organizar el

16
“[…] ARTÍCULO 85.FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
7. Determinar la estructura y planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales […]”.

17
“[…] ARTÍCULO 106. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Con sujeción a las normas legales que sean
aplicables, el Consejo Superior de la Judicatura debe diseñar, desarrollar, poner, y mantener en
funcionamiento unos adecuados sistemas de información que incluyan entre otros, los relativos a la
información financiera, recursos humanos, costos, información presupuestaria, gestión judicial y acceso
de los servidores de la Rama, en forma completa y oportuna, al conocimiento de las fuentes formales del
derecho, tanto nacionales como internacionales.
Cada Corporación o Despacho Judicial tienen el deber de suministrar la información necesaria para
mantener actualizados los datos incorporados al sistema. […]”.

18
“[…] ARTÍCULO 109. FUNCIONES ESPECIALES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
El Consejo Superior de la Judicatura con la colaboración de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Estadísticas Judiciales, cumplirá las siguientes funciones:
(…)
4.Organizará y administrará el centro de documentación socio- jurídica y el Banco de Datos Estadísticos,
como fuente de consulta permanente […]”.

37

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama Judicial-

CENDOJ19, finalidad que se materializó en el artículo 1º, mediante el

cambio de denominación y la adscripción del Centro en mención a la

Sala Administrativa; en el artículo 5º, a través de la determinación

de su planta de personal; y en el artículo 9º con la asignación de las

funciones correspondientes a su director.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la censura formulada por el

actor parte de entender que la naturaleza técnica y administrativa

atribuida al CENDOJ determinaba necesariamente su incorporación a

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, premisa que no

encuentra respaldo en las disposiciones invocadas como infringidas,

pues la Ley 270 de 1996, no sólo definió, en su artículo 98 la

naturaleza de dicho órgano ejecutivo, sino que atribuyó al Consejo

Superior de la Judicatura competencias en materia de sistemas de

información, así como la organización administración del centro de

documentación socio-jurídica y el intercambio informativo y

bibliográfico necesario para mantenerlo actualizado, de conformidad

con el artículo 109 de la referida Ley, cuyo desarrollo explica la

reorganización dispuesta mediante el Acuerdo 560 de 1999

acusado.

19
En adelante CENDOJ.

38

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

En efecto, la reorganización dispuesta mediante el Acuerdo 560 de

1999 demandado no tuvo por objeto crear una dependencia

destinada a asumir las actividades generales de ejecución

administrativa confiadas a la Dirección Ejecutiva, sino adecuar una

unidad existente para hacer operativo el Centro de Documentación

Socio-Jurídica previsto por la Ley Estatutaria, circunstancia que

permite establecer una relación directa entre el objeto del acto

acusado y las competencias legales que sirvieron de fundamento para

su expedición.

En ese contexto, el cambio de denominación dispuesto en el artículo

1º acusado no constituyó una modificación meramente nominal ni

comportó, por sí mismo, la creación de una estructura paralela, sino

que respondió a una unidad existente, cuyos programas y

compromisos en materia de capacitación y formación habían sido

asumidos por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para adecuarla

al cumplimiento de las funciones de información y documentación

socio – jurídica atribuidas por la Ley 270 de 1996 al Consejo Superior

de la Judicatura.

De igual manera, la adscripción del CENDOJ a la Sala Administrativa

del Consejo Superior de la Judicatura no puede valorarse únicamente

a partir del carácter técnico de las labores de información,

39

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

documentación, bibliografía y consulta que desarrolla, sino atendiendo

a la competencia sustancial, a cuyo cumplimiento se encuentra

destinada la dependencia; de manera, que la existencia de actividades

técnicas no determina, por sí misma, que estas debieran quedar

necesariamente radicadas en la Dirección Ejecutiva.

Ahora bien, es preciso destacar que la facultad prevista en el numeral

7 del artículo 8520 de la Ley 270 de 1996 tampoco fue ejercida de

manera autónoma o ilimitada, pues dicha disposición autorizó a la

Sala Administrativa para determinar la estructura y la planta de

personal del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los límites

presupuestales21 establecidos por el legislador, competencia que, en

este caso, fue utilizada para organizar una dependencia destinada al

desarrollo de funciones que la misma Ley Estatutaria había asignado

al Consejo Superior.

Bajo esa comprensión, el artículo 5º del Acuerdo 560 de 1999, al

determinar la planta de personal del CENDOJ e incluir el cargo de

Director de Unidad de Sala Administrativa, no evidencia por sí mismo

una intromisión de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva, pues la

20
“[…] ARTÍCULO 85.FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
7. Determinar la estructura y planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura. […]”.
21
“ […] En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro obligaciones
que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales […]”.

40

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

creación y conformación de la planta constituye una manifestación de

la competencia estructural reconocida a la Sala Administrativa por el

citado numeral 7 del artículo 85 y la denominación del cargo no

permite inferir que su titular hubiera asumido las funciones

legalmente atribuidas al Director Ejecutivo.

La misma conclusión se impone respecto del artículo 9º, toda vez

que las funciones allí asignadas al Director del CENDOJ se relacionan

con la ejecución de los planes y programas aprobados por la Sala

Administrativa, la publicación y divulgación de información socio-

jurídica, la formulación de propuestas para la publicación de material

documental, el intercambio bibliográfico, la presentación de planes y

programas del Centro, la coordinación de sus actividades, la rendición

de informes, la evaluación de su personal, el funcionamiento del

sistema de información jurídica y la organización del sistema nacional

de bibliotecas, atribuciones vinculadas con las competencias

asignadas al Consejo Superior de la Judicatura en los artículos 85,

numeral 7; 106 y 109 de la Ley 270, sin que ello comporte la

sustitución de las funciones atribuidas al Director Ejecutivo de

Administración Judicial.

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

En este punto resulta necesario precisar, tal y como se señaló en

líneas anteriores, que el artículo 99 de la Ley 270 de 199622 regula las

funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial y le

atribuye, entre otras funciones, ejecutar el Plan Sectorial y las

políticas definidas para la Rama Judicial, administrar sus bienes y

recursos, suscribir los actos y contratos correspondientes, ejercer

determinadas competencias en materia de personal, elaborar

balances y estados financieros, ordenar el gasto y representar

judicialmente a la Nación-Rama Judicial, funciones que no fueron

trasladadas al Director del CENDOJ mediante las disposiciones

acusadas.

Ahora bien, aunque la argumentación de la demanda atribuye al

referido artículo 99 la definición de la Dirección Ejecutiva como órgano

técnico y administrativo y la regla referente a las unidades que de ella

22
“[…] ARTICULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
[…]
Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial
1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban
otorgarse o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales, se requerirá la autorización previa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
4.Nombrar y remover a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura y definir sus situaciones
administrativas, en los casos en los cuales dichas competencias no correspondan a las Salas de esa
Corporación.
5. Nombrar a los Directores Ejecutivos Seccionales de ternas preparadas por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
6. Elaborar y presentar al Consejo Superior los balances y estados financieros que correspondan.
7.Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
8.Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para los cuales podrá constituir
apoderados especiales; y,
9. Las demás funciones previstas en la ley […]”.

42

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

dependen, el contenido normativo que sustenta ese planteamiento

corresponde al artículo 98 de la Ley 270 de 199623, precisión que no

impide examinar el reparo formulado por la parte demandante, pero

sí permite advertir que los artículos 1°, 5° y 9° del Acuerdo 560

no modificaron, suprimieron ni trasladaron las competencias que el

artículo 99 asignó al Director Ejecutivo.

Aun si el reproche se entiende materialmente dirigido contra la

distribución organizacional prevista en el artículo 98, tampoco se

configura la infracción alegada, porque la circunstancia de que la

Dirección Ejecutiva sea el órgano técnico y administrativo encargado

de ejecutar las actividades administrativas de la Rama Judicial no

conduce a sostener que toda unidad que desarrolle labores de apoyo

técnico deba quedar adscrita a ella, menos aun cuando, como ocurre

con el CENDOJ, las funciones desarrolladas se encuentran

directamente vinculadas con las competencias que los artículos 106 y

109 de la Ley 270 de 1996 atribuyeron al Consejo Superior de la

Judicatura.

23
“[…] ARTICULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL.
La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres
(3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos
Humanos, Presupuestos, Informática y las demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del
servicio.
El Director Ejecutivo de Administración Judicial, será el Secretario General del Consejo Superior de la
Judicatura y Secretario de la Sala Administrativa del mismo.
El Director tendrá un período de cuatro (4) años y sólo será removible por causales de mala conducta.
[…]”.

43

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

La existencia de una dependencia adscrita a la Sala Administrativa

tampoco permite concluir que se hubiese establecido una estructura

paralela a la Dirección Ejecutiva, pues el juicio de legalidad exige

demostrar que el acto acusado duplicó o desplazó competencias

legalmente asignadas a esta última y no solamente que coexistían

unidades con actividades de naturaleza administrativa, presupuesto

que no se acredita respecto del CENDOJ, dada la especificidad

documental, informativa y bibliográfica de sus funciones.

En ese orden, no se advierte vulneración del artículo 4º de la

Constitución Política24, dado que el Acuerdo 560 de 1999

demandado encuentra sustento en atribuciones previstas por la Ley

Estatutaria y no se evidencia incompatibilidad con una disposición

constitucional superior, ni tampoco se desconoce el artículo 12325

ibidem, pues la Sala Administrativa ejerció competencias reconocidas

por el ordenamiento sin que se demuestre que hubiese actuado por

fuera del marco funcional que le correspondía.

24
“[…]ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar
y obedecer a las autoridades. […]”.

25
“[…] ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones
públicas y regulará su ejercicio. […]”.

44

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Adicionalmente, los artículos 25626 y 25727 de la Constitución Política

tampoco resultan infringidos, ya que si bien someten las atribuciones

del Consejo Superior de la Judicatura a la ley la reorganización del

CENDOJ se orientó precisamente al desarrollo de competencias

previstas en la Ley 270 de 1996 y se inscribe en el ámbito de

organización interna necesario para su cumplimiento, sin que

mediante el acuerdo acusado se hubiera creado una competencia

sustancial no prevista por el legislador.

Tampoco se configura la vulneración del numeral 7 del artículo 85 de

la Ley 270 de 1996, pues esta disposición constituye la fuente de la

competencia para determinar la estructura y la planta de personal del

26
“[…]ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a la ley, las
siguientes atribuciones:
1. Administrar la carrera judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad
que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los
abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y
ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley. […]”.

27
“[…] ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de
los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no
previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y
procedimentales.
5. Las demás que señale la ley […]”.

45

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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Consejo Superior de la Judicatura y permitió a la Sala Administrativa

reestructurar una unidad existente y definir los cargos requeridos para

el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas, sin que el actor

demuestre que esa actuación excediera los límites presupuestales o

materiales establecidos por el legislador.

No se desconoce el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, dado que las

funciones asignadas al Director del CENDOJ no sustituyen aquellas

conferidas al Director Ejecutivo de Administración Judicial, ni el

artículo 199 ibidem, pues el deber de adoptar las decisiones

necesarias para poner en funcionamiento la estructura administrativa

definida por la Ley Estatutaria no impedía a la Sala organizar una

dependencia destinada a materializar funciones que el propio

legislador había atribuido al Consejo Superior.

Así las cosas, los artículos 1º, 5º y 9º del Acuerdo 560 de 9 de

agosto de 1999 no vulneran los artículos 4°, 123, 256 y 257 de la

Constitución Política, ni los artículos 85, 99 y 199 de la Ley 270 de

1996, por cuanto la reorganización de la Unidad de Formación e

Información Judicial para conformar el CENDOJ desarrolló

competencias legalmente atribuidas al Consejo Superior de la

Judicatura en materia de información y documentación socio-jurídica,

la determinación de su planta se encontraba comprendida en la

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

facultad conferida a la Sala Administrativa para establecer la

estructura y planta de personal del Consejo; y las funciones asignadas

a su director no comportaron el desplazamiento de las competencias

legalmente atribuidas al Director Ejecutivo de Administración Judicial,

razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.

En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas

invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga la

presunción de legalidad que ampara el artículo 1º del Acuerdo 074

de 1996, “por el cual se da cumplimiento al artículo 199 inciso

primero de la Ley 270 de 1996”, y de los artículos 1º, 5º y 9º del

Acuerdo 560 de 9 de agosto de 1999, “Por medio del cual se

cambia la denominación de la Unidad de Formación e Información

Judicial y se reestructura para organizar el Centro de Documentación

Socio – Jurídica de la Rama Judicial”, expedidos por la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y no se acceda

a las súplicas de la demanda.

Condena en costas

47

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la

Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18828 del

CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la

naturaleza de la acción exime de esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en la parte

motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

28
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.

48

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con
la ley.

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