Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00605-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00605-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00605-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Referencia: Medio de control de nulidad
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. EL
ARTÍCULO 1º DEL ACUERDO 074 DE 15 DE ABRIL DE 1996 NO
VULNERÓ LAS DISPOSICIONES INVOCADAS COMO INFRINGIDAS,
TODA VEZ QUE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA ACTUÓ EN EJERCICIO DE SU FACULTAD LEGAL
PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE ESA CORPORACIÓN, SIN
DESCONOCER LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. LOS ARTÍCULOS 1º, 5º Y 9º DEL
ACUERDO 560 DE AGOSTO DE 1999 TAMPOCO TRANSGREDIERON
LAS NORMAS INVOCADAS COMO VULNERADAS, EN LA MEDIDA EN
QUE LA REORGANIZACIÓN DEL CENDOJ SE ENMARCÓ EN LAS
COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
El ciudadano LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ, obrando en su propio
nombre y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el
artículo 137 del CPCA, presentó demanda ante esta Corporación,
tendiente a obtener la nulidad del artículo 1º del Acuerdo 074 de
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
15 de abril de 1996, “por el cual se da cumplimiento al artículo 199
inciso primero de la Ley 270 de 1996”; y de los artículos 1º, 5º y 9º
del Acuerdo 560 de 9 de agosto de 1999, “Por medio del cual se
cambia la denominación de la Unidad de Formación e Información
Judicial y se reestructura para organizar el Centro de Documentación
Socio– Jurídica de la Rama Judicial”, expedidos por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
I.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo que los Acuerdos 074
de 15 de abril de 1996 y 560 de 9 de agosto de 1999 vulneraron
los artículos 4°, 123, 256 y 257 de la Constitución Política; y 85, 99 y
199 de la Ley 270 de 1996.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
Señaló que los actos acusados son contrarios al ordenamiento
jurídico, por cuanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, al expedirlos, desconoció la estructura administrativa
definida por la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la
administración de justicia” y excedió las atribuciones que le fueron
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conferidas para determinar su propia estructura y planta de personal,
pues aunque los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y el
numeral 7 del artículo 85 de la citada Ley 270 le reconocen
competencias en materia de organización y funcionamiento de la
administración de justicia, su ejercicio se encuentra sometido a la ley
y, por tanto, debía respetar lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia.
En relación con el Acuerdo 074 de 1996, sostuvo que el artículo
1º vulneró el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 al adscribir
directamente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura las Unidades de Desarrollo y Análisis Estadístico,
Administración de la Carrera Judicial, Formación e Información
Judicial, Recursos Físicos e Inmuebles, Registro Nacional de
Abogados, Auditoría, Asesoría Jurídica y Asesoría para la Seguridad
de la Rama Judicial, pese a que, salvo la Unidad de Auditoría, las
demás eran dependencias de carácter técnico y administrativo que
debían formar parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por ser este el órgano técnico y administrativo, al cual el
legislador atribuyó la ejecución de las actividades administrativas de
la Rama Judicial y del que dispuso que dependerían las unidades
expresamente señaladas en esa norma y las demás que creara el
Consejo conforme a las necesidades del servicio.
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Explicó que pese a que mediante dicho Acuerdo 074 de 1996 se
reconoció a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus
direcciones seccionales como órganos técnicos y administrativos y se
crearon en aquella las unidades previstas por el artículo 99 de la Ley
270 de 1996, la Sala Administrativa mantuvo simultáneamente bajo
su dependencia directa otras unidades técnicas y administrativas, con
lo cual, a su juicio, estableció una estructura organizacional paralela
que generaba dispersión de funciones y responsabilidades, duplicidad
de labores y mayores costos de funcionamiento.
Debido a lo anterior, estimó que la Sala interpretó en exceso la
facultad prevista en el numeral 7 del artículo 85 de la Ley 270 de
1996, pues la competencia para determinar la estructura y planta de
personal del Consejo Superior de la Judicatura debía ejercerse en
armonía con el artículo 99 ibidem y no la autorizaba para mantener
unidades técnicas y administrativas por fuera de la Dirección
Ejecutiva, salvo aquellas cuya dependencia directa hubiese sido
expresamente prevista por la ley.
Respecto del Acuerdo 560 de 9 de agosto de 1999, afirmó que
incurrió en la misma infracción al cambiar la denominación de la
Unidad de Formación e Información Judicial, creada mediante el
Acuerdo 074 de 1996, por la de Centro de Documentación Socio-
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Jurídica de la Rama Judicial —CENDOJ—, sin modificar su adscripción
directa a la Sala Administrativa. A su juicio, el artículo 1º de ese acto
reiteró la adscripción que consideraba contraria al artículo 99 de la
Ley 270 de 1996, pues una unidad de naturaleza técnica y
administrativa debía depender de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y no directamente de la Sala.
Agregó que los artículos 5º y 9º del Acuerdo 560 de 1999 también
eran ilegales porque, al determinar la planta de personal,
contemplaron la existencia de un «Director de Unidad de Sala
Administrativa», circunstancia que confirmaba la permanencia de esa
unidad dentro de una estructura administrativa directamente adscrita
a la Sala.
Señaló que la citada actuación también desconoció los artículos 4º,
123, 256 y 257 de la Constitución Política, porque las atribuciones del
Consejo Superior de la Judicatura debían ejercerse de acuerdo con la
ley y con sujeción a ella; y que si bien la Sala Administrativa estaba
facultada para crear cargos y dictar los reglamentos necesarios para
el funcionamiento de la administración de justicia en los aspectos no
previstos por el legislador, no podía ejercer tales competencias
apartándose de la organización establecida en la Ley 270 de 1996.
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Por ello, estimó que tanto el Acuerdo 074 de 1996, al mantener
directamente adscritas a la Sala unidades técnicas y administrativas
que debían depender de la Dirección Ejecutiva, como el Acuerdo 560
de 1999, al reiterar esa adscripción respecto del CENDOJ, fueron
expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse y con
extralimitación de las atribuciones de la Sala Administrativa.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través
del área de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal,
contestó la demanda de manera extemporánea.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, traslados
para contestación, audiencia inicial y alegaciones.
En la respectiva audiencia inicial celebrada el 21 de mayo de 20181,
el despacho hizo un recuento de las actuaciones surtidas, saneó el
proceso de posibles vicios que pudieran acarrear su nulidad, no se
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presentaron excepciones, fijó el litigio2 y se pronunció sobre las
pruebas aportadas y solicitadas por las partes.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ3, por intermedio de apoderado, solicitó se denieguen las
pretensiones de la demanda4.
Señaló que el Centro de Documentación Judicial —CENDOJ—, creado
mediante el Acuerdo 560 de 1999 y adscrito al Consejo Superior de
la Judicatura, desarrolla actividades relacionadas con el acceso,
consulta e intercambio de información, documentación y bibliografía
socio-jurídica y de derecho comparado, así como con el
fortalecimiento de los sistemas de información documental, las
publicaciones de la Rama Judicial, el sistema nacional de bibliotecas,
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“[…] consiste en determinar si los Acuerdos 074 de 15 de abril de 1996, "Por el cual se da cumplimiento
al artículo 199 inciso primero de la Ley 270 de 1996"; y 560 de 9 de agosto de 1999, "Por el cual se
cambia la denominación de la Unidad de Formación e Información Judicial y se reestructura para
organizar el Centro de Documentación t-Jurídica de la Rama Judicial", expedidos por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vulneran lo dispuesto en los artículos 4, 123, 256
y 257 de la Constitución Política; y 85, 99 y 199 de la Ley 270 de 1996, por cuanto, a juicio del actor, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se extralimitó y actuó por fuera del
ordenamiento jurídico otorgado por la ley, al expedir los actos acusados, debido a que creó dependencias
de carácter técnico y administrativo por fuera de la estructura del órgano técnico y administrativo
establecido por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para estas funciones, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial; que tal es el caso de la Unidad de Formación e Información Judicial,
a la que le cambió de denominación por Centro de Documentación Socio-jurídica de la Rama Judicial -
CENDOJ-, adscrita a dicha Sala y no a la Dirección Ejecutiva y crea un cargo de Director de Unidad de
Sala Administrativa, para lo cual no tenía competencia; que una estructura paralela a dicho órgano
técnico y administrativo causa dispersión de funciones y de responsabilidades, crecimiento burocrático y
mayores costos de funcionamiento en el sector administrativo de la Rama Judicial. […]”.
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En adelante DEAJ.
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las comunicaciones, la transmisión de datos, la cooperación e
intercambio documental y la atención de usuarios internos y externos.
Indicó que las funciones asignadas al CENDOJ han sido desarrolladas
mediante distintos actos expedidos por la Sala Administrativa, entre
los que mencionó, a manera de ejemplo, el Acuerdo 366 de 1998,
relacionado con la edición y distribución de la Gaceta de la Judicatura
y la Gaceta del Foro; el Acuerdo 1119 de 2001, mediante el cual se
autorizó la adhesión del Consejo Superior de la Judicatura, a través
del CENDOJ, a la Red Iberoamericana IBERIUS; el Acuerdo 2371 de
2004, que le adscribió la Sección de Archivo de la extinta Justicia
Regional, y el Acuerdo 3926 de 2007, que puso a su cargo los procesos
de gestión de la información judicial y comunicación institucional,
referencias con las cuales la entidad pretendió evidenciar que las
actividades desarrolladas por el Centro se encuentran vinculadas al
cumplimiento de las funciones atribuidas constitucional y legalmente
al Consejo Superior de la Judicatura.
A partir de lo anterior, sostuvo que las funciones del CENDOJ forman
parte de las competencias asignadas por la Constitución Política y la
ley al Consejo Superior de la Judicatura y no pueden trasladarse a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de manera que
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tampoco existe la duplicidad de funciones alegada entre ambas
dependencias.
Para sustentar la anterior conclusión acudió al artículo 98 de la Ley
270 de 1996, del cual destacó que la Dirección Ejecutiva constituye el
órgano técnico y administrativo encargado de ejecutar las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa y que de aquella dependen las
unidades allí previstas, así como las demás que cree el Consejo
conforme a las necesidades del servicio.
También se refirió al artículo 99 de la Ley 270 de 1996 para diferenciar
las funciones atribuidas al Director Ejecutivo de Administración
Judicial, relacionadas, entre otros aspectos, con la ejecución del Plan
Sectorial y de las políticas definidas para la Rama Judicial, la
administración de sus bienes y recursos, la celebración de actos y
contratos, la gestión de personal en los asuntos de su competencia,
la elaboración de balances y estados financieros, la ordenación del
gasto y la representación judicial de la Nación-Rama Judicial, de
aquellas que cumple el CENDOJ, con lo cual buscó demostrar que
estas últimas no corresponden al ámbito funcional propio de la
Dirección Ejecutiva.
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Explicó esa distribución de competencias a partir del modelo de
autogobierno de la Rama Judicial, en el que existen distintos niveles
de gestión y una separación interna de funciones entre los órganos
que intervienen en su conducción, de modo que a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le correspondía
el nivel de gobierno y a la Dirección Ejecutiva el nivel ejecutivo,
estructura que, según expuso, contemplaba además unidades
operativas dependientes de la Sala Administrativa, para apoyar el
desarrollo de sus competencias misionales.
Con fundamento en esa diferenciación, concluyó que las funciones
desempeñadas por el CENDOJ no son propias de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, sino que corresponden al Consejo Superior
de la Judicatura, por disposición de la Constitución Política y la ley, sin
que exista, según afirmó, acuerdo alguno que hubiese asignado a una
de las unidades dependientes de la Dirección Ejecutiva las actividades
atribuidas al Centro. Por ello, rechazó el planteamiento conforme al
cual la Sala Administrativa únicamente podía tener adscrita de manera
directa la Unidad de Auditoría, pues consideró que una interpretación
de esa naturaleza desconocería la necesidad de contar con
dependencias de apoyo para el cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales atribuidas al Consejo Superior de la
Judicatura.
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Mediante memorial de 5 de junio de 2018, presentado
oportunamente, la DEAJ amplió el escrito de alegatos de
conclusión, en los siguientes términos:
Precisó que las competencias atribuidas al Consejo Superior de la
Judicatura no se agotan en la determinación de su estructura y planta
de personal, pues la Ley 270 de 1996 le asigna funciones propias de
administración y dirección de la Rama Judicial, que requieren órganos
y unidades de apoyo para su cumplimiento. En ese sentido, invocó los
artículos 75 y 85 de la Ley Estatutaria para destacar, entre otras
atribuciones, la administración de la Rama Judicial, la determinación
de la estructura y planta de personal del Consejo Superior, la
expedición de reglamentos sobre organización y funciones internas, la
regulación de trámites administrativos en los aspectos no previstos
por el legislador, el establecimiento de servicios administrativos
comunes, la administración de la carrera judicial, el Registro Nacional
de Abogados, la formación de funcionarios y empleados y la
protección y seguridad de los servidores de la Rama, de lo cual derivó
que la Sala Administrativa contaba con un ámbito funcional propio que
justificaba la existencia de dependencias directamente vinculadas al
ejercicio de esas competencias.
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De manera particular, precisó que el artículo 98 de la Ley 270 de 1996
debía armonizarse en concordancia con las competencia atribuidas al
Consejo Superior de la Judicatura, en especial, con la facultad prevista
en el numeral 7 del artículo 85 ibidem, para determinar su estructura
y planta de personal, por lo que la previsión conforme a la cual de
DEAJ dependen las unidades allí señaladas y las demás que cree el
Consejo Superior, según las necesidades del servicio, no significaba
que toda unidad creada por este tuviera necesariamente que quedar
adscrita a dicha Dirección.
Bajo la anterior comprensión, sostuvo que la creación de la DEAJ
respondió a la necesidad de contar con un órgano encargado de
ejecutar las políticas administrativas y las decisiones adoptadas por el
Consejo Superior, sin desplazar las competencias propias de este ni
impedirle disponer de la estructura necesaria para su ejercicio.
Agregó que el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura el deber de propender por la incorporación
de tecnología avanzada al servicio de la administración de justicia,
mientras que su artículo 109 le asignó expresamente, dentro del
Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, la organización y
administración del centro de documentación socio-jurídica y del Banco
de Datos Estadísticos, así como el fomento del intercambio
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informativo y bibliográfico con entidades nacionales e internacionales.
A su juicio, estas disposiciones constituyen un antecedente legal
directo del Centro de Documentación Judicial —CENDOJ— y muestran
que sus funciones encuentran fundamento en competencias atribuidas
al propio Consejo Superior de la Judicatura, sin que su ubicación
institucional pueda deducirse exclusivamente de las reglas relativas a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
También sostuvo que el artículo 199 de la Ley 270 de 1996 facultó a
la Sala Administrativa para adoptar las decisiones necesarias
encaminadas a poner en funcionamiento la estructura administrativa
definida por el legislador, disposición que, junto con las normas
anteriores, habría servido de fundamento constitucional y legal para
la conformación y posterior regulación del CENDOJ. En esa misma
línea, señaló que la Sala Administrativa podía encomendar a sus
distintos órganos administrativos el ejercicio de atribuciones de
naturaleza ejecutiva o funcional, siempre que no se comprometieran
las competencias que le correspondían de manera privativa, con lo
cual buscó demostrar que la existencia de unidades de apoyo no
resultaba incompatible con el diseño previsto en la Ley Estatutaria.
En cuanto al alcance de la potestad reglamentaria, afirmó que el
Consejo Superior de la Judicatura cuenta con una facultad especial
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para reglamentar materias administrativas y funcionales de la
administración de justicia, cuyo ejercicio encuentra límite en la
Constitución Política y en la ley y no puede extenderse a asuntos
reservados al legislador. Desde esa perspectiva, sostuvo que la
organización interna necesaria para ejecutar las competencias
atribuidas al Consejo Superior se ubica dentro de ese ámbito
reglamentario y no supone, por sí sola, una sustitución de la función
legislativa.
Por último, adujo que la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura tenía facultad constitucional y legal para expedir los
acuerdos demandados, en cuanto le correspondía determinar su
propia estructura y crear o modificar las unidades necesarias para el
cumplimiento de sus funciones como órgano de gobierno y
administración de la Rama Judicial, de manera que el ejercicio de esa
atribución estaba sujeto a que no se establecieran obligaciones a
cargo del Tesoro que excedieran el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones y a la existencia del
sustento técnico de la necesidad, por lo que rechazó una
interpretación que limitara o suprimiera la facultad de crear
estructuras o cargos dentro de la Sala Administrativa.
IV.2.- La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.
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IV.3.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa5, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que
se denieguen las súplicas de la demanda, pues las disposiciones
acusadas no están viciadas de nulidad, ya que las mismas guardan
real y efectiva concordancia con la norma que reglamenta.
Señaló que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura sí estaba facultada para definir su estructura interna, crear
unidades adscritas directamente a ella y modificar su denominación,
conclusión que sustentó en el diseño constitucional de administración
de la Rama Judicial, previsto en los artículos 152, literal b), 254, 256
y 257 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 270 de 1996,
cuyo artículo 75 atribuía al Consejo Superior de la Judicatura la
administración de la Rama Judicial y cuyo artículo 85, numeral 7,
confería a la Sala Administrativa la función de determinar la estructura
y la planta de personal del Consejo.
Expresó que el artículo 199 de la Ley 270 de 1996 impuso a la Sala
Administrativa el deber de adoptar las decisiones necesarias para
poner en funcionamiento la estructura administrativa definida por la
Ley Estatutaria y destacó que la Corte Constitucional, mediante la
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Sentencia C-037 de 1996, declaró ajustadas a la Constitución Política
las disposiciones referentes a la estructura y funciones del Consejo
Superior de la Judicatura, de manera que los artículos 85 y 199
constituían fundamento suficiente para que la Sala expidiera los actos
necesarios para organizar su estructura interna dentro del límite de
las apropiaciones presupuestales.
Explicó que la facultad de organización interna se complementaba con
la potestad reglamentaria especial reconocida al Consejo Superior de
la Judicatura, derivada de su autonomía constitucional y de la
atribución prevista en el artículo 257 superior para dictar, con sujeción
a la ley, los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de
la administración de justicia y los relacionados con la organización y
funciones internas, potestad que, según la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa, permite a órganos
distintos del Presidente de la República reglamentar materias
directamente vinculadas con las competencias que la Constitución les
asigna.
A partir de ese marco, sostuvo que la Sala Administrativa podía
adoptar, mediante acuerdos, las decisiones necesarias para
desarrollar las competencias atribuidas por la Ley Estatutaria en
materia de estructura interna, pues esta no había fijado de manera
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exhaustiva la organización requerida para el ejercicio de sus
funciones, sino que había dejado ese desarrollo a la facultad
reglamentaria del propio Consejo Superior, precisión que diferenció
de aquellos asuntos cuya configuración esencial está sometida a
reserva de ley.
Afirmó que la competencia prevista en el numeral 7 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996 constituye una manifestación del principio de
autogobierno judicial, en cuanto habilita a la Sala para crear las
dependencias necesarias que aseguren el cumplimiento eficaz y
eficiente de sus funciones constitucionales y legales como órgano de
gobierno y administración de la Rama Judicial, principio que relacionó
con la autonomía, la independencia judicial y la separación de poderes
y que, según la sentencia C-285 de 2016, exige que las instancias
encargadas de la conducción de la Rama Judicial hagan parte de la
propia organización judicial y cuenten con los instrumentos necesarios
para cumplir sus fines.
Respecto del Acuerdo 074 de 1996 acusado, indicó que la creación
de dependencias adscritas directamente a la Sala Administrativa no
desconoció la estructura prevista por la Ley 270 de 1996, pues el
mismo acuerdo mantuvo dentro de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial las unidades que el legislador había dispuesto
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que dependieran de ella, entre ellas, las de Presupuesto, Planeación,
Recursos Humanos e Informática, además de las unidades
Administrativa y de Asistencia Legal, circunstancia de la cual concluyó
que la previsión del artículo 98, relativa a las dependencias de la
Dirección Ejecutiva, no impedía que la Sala contara con otras unidades
propias para el ejercicio de funciones autónomas respecto de aquella.
Frente al Acuerdo 560 de 1999 demandado, estimó razonable y
proporcionada la transformación de la Unidad de Formación e
Información Judicial en el Centro de Documentación Socio-Jurídica de
la Rama Judicial -CENDOJ- y su adscripción a la Sala Administrativa,
al considerar que esa unidad desarrollaba directamente competencias
del Consejo Superior relacionadas con los sistemas de información y
documentación judicial, que el concepto vincula con el artículo 109 de
la Ley 270 de 1996, funciones que no correspondían a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por estar esta última encargada
de la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial.
Concluyó que los Acuerdos 074 de 1996 y 560 de 1999 acusados
dieron cumplimiento al mandato del artículo 199 de la Ley 270 de
1996 y materializaron la competencia prevista en el numeral 7 del
artículo 85 ibidem, sin desconocer la estructura de la Dirección
Ejecutiva ni desbordar las atribuciones constitucionales y legales de la
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Sala Administrativa, razón por la cual consideró que la creación de
unidades en el seno del Consejo Superior o en la Dirección Ejecutiva,
según las necesidades institucionales y con respeto de las
apropiaciones presupuestales, constituye una expresión legítima del
poder de autogobierno judicial y solicitó denegar la pretensión de
nulidad.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Las disposiciones acusadas son del siguiente tenor:
“[…] ACUERDO 074
“Por el cual se da cumplimiento al artículo 199 inciso
primero de la Ley 270 de 1996”
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA
En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha de vigencia del
presente Acuerdo, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura tendrá, para el ejercicio de las funciones que
constitucional y legalmente le corresponden, las siguientes
dependencias adscritas:
1.- UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
2.- UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL
3.- UNIDAD DE FORMACION E INFORMACION JUDICIAL
4.- UNIDAD DE RECURSOS FISICOS E INMUEBLES
5.- UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
6.- UNIDAD DE AUDITORIA
7.- OFICINA ASESORA JURÍDICA
8.- OFICINA DE ASESORIA PARA LA SEGURIDAD DE LA RAMA
JUDICIAL
PARÁGRAFO: La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
reemplaza a la actual Unidad de Desarrollo y Programación; La
Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
sustituye a la actual Unidad de Seguridad; y la Unidad de
Auditoría sucede a la Unidad de Control Interno.
[…]
Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los quince (15) días del mes
de abril de mil novecientos noventa y seis (1996) […]”.
“[…] ACUERDO 560 DE 1999
(Agosto 9)
“Por medio del cual se cambia la denominación de la
Unidad de Formación e Información Judicial y se
reestructura para organizar el Centro de Documentación
Socio-jurídica de la Rama Judicial"
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, y en especial de las conferidas por los
numerales 7, 12 del artículo 85, el artículo 106 y el
numeral 40 del artículo 109 de la ley 270 de 1996 y,
[…]
ACUERDA
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES
ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION. Cámbiese la
denominación de la Unidad de Formación e Información Judicial
por la de "Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama
Judicial- CENDOJ-" adscrita a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
[…]
ARTÍCULO QUINTO.- PLANTA DE PERSONAL. La planta de
personal del Centro de Documentación Socio-jurídica de la
Rama Judicial – CENDOJ-, quedará conformada de la siguiente:
No. DENOMINACION GRADO
1 Director de Unidad de Sala- Administrativa Nominado
2 Profesional Especializado 33
1 Profesional Especializado 25
6 Profesional Universitario 20
1 Técnico 14
1 Técnico Operativo 13
1 Asistente Administrativo 11
2 Asistente Administrativo 10
[…]
21
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
ARTÍCULO NOVENO: DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR
DE LA UNIDAD. Son funciones del personal de la Dirección del"
Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama Judicial-
CENDOJ-" las siguientes:
Director de Unidad de Sala Administrativa:
-Dirigir, controlar y coordinar la ejecución de los planes y
programas aprobados por la Sala Administrativa.
-Dirigir y coordinar la publicación y divulgación oportuna de los
documentos e información socio-jurídica de interés para los
servidores judiciales que sean autorizados por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
-Presentar propuestas a la Sala Administrativa para la
publicación de material documental de importancia jurídica y la
divulgación del mismo.
-Promover la celebración de convenios con otras instituciones
nacionales e internacionales para el intercambio documental y
bibliográfico.
-Presentar en el primer bimestre de cada año a consideración
de la Sala Administrativa, los planes, programas y presupuesto
del CENDOJ.
-Coordinar y orientar las actividades que el CENDOJ tuviere que
realizar en desarrollo de las políticas de la Sala Administrativa
con otras dependencias de la Sala Administrativa, la Dirección
Ejecutiva y entidades homólogas nacionales e internacionales.
-Coordinar las políticas de administración de personal con las
instancias pertinentes.
-Rendir informes periódicos de sus actividades a la Sala
Administrativa.
-Evaluar el desempeño del personal al servicio del CENDOJ.
-Velar por el buen funcionamiento de un sistema de información
que permita a los servidores judiciales el acceso a las fuentes
formales nacionales e internacionales del derecho. -Velar por la
buena organización del sistema nacional de bibliotecas.
-Las demás funciones que le señale la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. […]”.
DE LOS CARGOS DE NULIDAD FRENTE AL ACUERDO 074 DE 1996
La parte actora sostuvo que el artículo 1º del Acuerdo 074 de 15
de abril de 1996 vulneró los artículos 4, 123, 256 y 257 de la
Constitución Política; y 85, 99 y 199 de la Ley 270 de 1996, al disponer
que las Unidades de Desarrollo y Análisis Estadístico, Administración
de la Carrera Judicial, Formación e Información Judicial, Recursos
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
Físicos e Inmuebles, Registro Nacional de Abogados y Auditoría, junto
con las oficinas de Asesoría Jurídica y de Asesoría para la Seguridad
de la Rama Judicial, quedarían adscritas directamente a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues considera
que, salvo la Unidad de Auditoría, se trataba de dependencias técnicas
y administrativas que debían integrar la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de modo que la Sala Administrativa habría
excedido la atribución prevista en el numeral 7 del artículo 85 ibidem
y conformado una estructura paralela que, a su juicio, generaba
dispersión de funciones y responsabilidades, duplicidad de labores y
mayores costos de funcionamiento.
Al respecto, es preciso destacar que el Acuerdo 074 de 1996 fue
expedido con el objeto de dar cumplimiento al inciso primero del artículo
199 de la Ley 270 de 1996, que es del siguiente tenor:
“[…] Dentro del mes siguiente, contado a partir de la vigencia
de la presente ley, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura adoptará las decisiones que sean necesarias
para poner en funcionamiento la estructura administrativa
definida en la presente ley […]”.
De conformidad con el citado inciso, el Acuerdo 074 de 1996, en su
artículo 1º, determinó las dependencias que tendría adscritas para el
ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente le
correspondían, disposición que, además de relacionar las unidades y
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
oficinas antes mencionadas, precisó, en su parágrafo, que la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico reemplazaba a la Unidad de
Desarrollo y Programación, la Oficina de Asesoría para la Seguridad
de la Rama Judicial sustituía a la Unidad de Seguridad y la Unidad de
Auditoría sucedía a la Unidad de Control Interno.
El referido contenido permite advertir que la medida cuestionada hizo
parte del proceso de adecuación de la organización administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura a la estructura prevista por la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, de manera que la
adscripción de las dependencias allí señaladas debe examinarse a
partir de la distribución de competencias establecida por la
Constitución Política y la Ley 270 de 1996, y no únicamente en
consideración al carácter técnico o administrativo de las funciones que
aquellas desarrollaban.
Desde esa perspectiva, la Sala no comparte la postura señalada por
el actor, consistente en que toda dependencia que desarrollara
actividades de contenido técnico o administrativo debía pertenecer
necesariamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
pues de las normas invocadas como parámetro de control no se
desprende que la naturaleza de esas actividades determinara, por si
sola, su adscripción obligatoria a dicho órgano.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
Descartada esa premisa, resulta necesario precisar el alcance de las
facultades de organización y reglamentación reconocidas a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de
examinar la adscripción de las dependencias relacionadas en el
artículo 1º del Acuerdo 074 de 1996 frente a la estructura prevista
por el legislador y las atribuciones asignadas a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.
Al respecto, esta Corporación6 al referirse a la potestad reglamentaria
atribuida al Consejo Superior de la Judicatura, señaló:
“[…] La facultad que la Constitución Política otorga al Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, para “dictar los
reglamentos”, es directa, especial, exclusiva y autónoma.
Esta competencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, se encuadra en lo que la Corte Constitucional
ha denominado “potestad reglamentaria de los órganos
constitucionales […]”.
Al desarrollar esa caracterización, la providencia acudió a la sentencia
C-805 de 2001 de la Corte Constitucional para destacar que la
Constitución Política estableció ámbitos excepcionales de
reglamentación atribuidos a determinados órganos y que, tratándose
del Consejo Superior de la Judicatura, esa habilitación se proyecta
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 6 de julio de
2015, C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2013-01524-00.
25
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
sobre el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y su
organización interna, en los siguientes términos:
“[…] El constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas
materias y para determinados órganos un sistema de
reglamentación especial. Se trata de ámbitos de regulación,
que por expreso mandato de la Constitución se asignan a otros
órganos constitucionales, al margen de la potestad
reglamentaria del Presidente. Tal es el caso del Consejo
Superior de la Judicatura, órgano al cual, de acuerdo
con el artículo 257 de la Constitución, le corresponde,
con sujeción a la ley ‘Dictar los reglamentos necesarios
para el eficaz funcionamiento de la Administración de
Justicia, los relacionados con la organización y
funciones internas asignadas a los distintos cargos y la
regulación de los trámites judiciales y administrativos
que se adelanten en los despachos judiciales, en los
aspectos no previstos por el legislador […].” (Destacado
fuera de texto).
La autonomía que caracteriza esa potestad no supone, sin embargo,
una habilitación normativa ilimitada. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-307 de 2004, precisó los límites
materiales y formales de las facultades especiales de reglamentación,
así:
“[…] Esas facultades especiales de reglamentación, ha dicho
la Corte, encuentran su fundamento en la autonomía
constitucional que tienen ciertos órganos, y están limitadas,
materialmente, por el contenido de la función a cuyo
desarrollo autónomo atienden y, formalmente, por las
previsiones que la Constitución haya hecho sobre el particular
[…]”.
De este marco se desprende, de una parte, que la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura contaba con una potestad
26
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constitucional de reglamentación vinculada al funcionamiento y a la
organización interna de la administración de justicia; y de otra, que
esa atribución debía ejercerse con sujeción a la Constitución Política y
a la ley, dentro del ámbito material de las funciones asignadas al
Consejo Superior de la Judicatura y sin sustituir decisiones reservadas
al legislador ni desplazar competencias legalmente conferidas a otros
órganos. A partir de estas reglas debe examinarse el alcance de la
facultad estructural prevista en el numeral 7 del artículo 85 de la Ley
270 de 1996.
El numeral 7 del artículo 857 de la Ley 270 de 1996 atribuyó a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la competencia
para determinar la estructura y la planta de personal del Consejo
Superior de la Judicatura, potestad que ciertamente debía ejercerse
dentro de los límites constitucionales y legales y que no habilitaba a
desconocer la organización definida por el legislador ni a desplazar
atribuciones conferidas a otros órganos, pero cuyo contenido tampoco
puede reducirse al punto de impedir que la Sala Administrativa
dispusiera de dependencias destinadas a apoyar el ejercicio de las
funciones que le eran propias.
7
“[…] ARTÍCULO 85.FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
7. Determinar la estructura y planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. […]”.
27
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
De ahí que el juicio de legalidad no pueda resolverse por el solo hecho
de que las unidades y oficinas relacionadas en el artículo primero
del Acuerdo 074 acusado cumplieran labores técnicas o
administrativas, pues lo determinante es establecer si su adscripción
a la Sala Administrativa comportó el traslado de competencias que la
Ley 270 de 1996 hubiera reservado a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, supuesto que no se acredita con la ubicación
orgánica dispuesta en el acto acusado.
Esta consideración cobra particular importancia respecto de las
dependencias vinculadas con el Registro Nacional de Abogados, la
auditoría, la asesoría jurídica, la seguridad de la Rama Judicial y el
desarrollo y análisis estadístico, a que hace alusión el artículo
primero del Acuerdo 074 acusado, cuyas materias guardan
relación con funciones atribuidas al propio Consejo Superior y cuya
ejecución requiere apoyo especializado, sin que su carácter técnico
permita inferir, por esa sola circunstancia, que debían incorporarse
forzosamente a la Dirección Ejecutiva.
La Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles exige una precisión
adicional, dado que el artículo 998 de la Ley 270 de 1996 atribuyó al
8
“[…] ARTICULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
[…]
Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial
1.Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
28
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Director Ejecutivo de Administración Judicial funciones relacionadas
con la administración de los bienes y recursos destinados al
funcionamiento de la Rama Judicial, aunque la adscripción de aquella
unidad a la Sala Administrativa no demuestra, por sí misma, que el
Acuerdo 074 hubiera sustraído, modificado o trasladado esas
competencias legales, pues una conclusión en ese sentido requeriría
acreditar que a la dependencia se le asignaron materialmente las
atribuciones reservadas al Director Ejecutivo y no únicamente
constatar su denominación o ubicación dentro de la estructura.
Ahora bien, la alegación relativa a la existencia de una estructura
paralela, la dispersión de responsabilidades, la duplicidad de labores
y el incremento de los costos tampoco permite establecer la ilegalidad
del artículo primero acusado, en la medida en que tales
apreciaciones se relacionan con la conveniencia, eficiencia o diseño de
la organización administrativa y no sustituyen la carga de demostrar
2.Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban
otorgarse o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales, se requerirá la autorización previa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
4.Nombrar y remover a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura y definir sus situaciones
administrativas, en los casos en los cuales dichas competencias no correspondan a las Salas de esa
Corporación.
5. Nombrar a los Directores Ejecutivos Seccionales de ternas preparadas por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
6. Elaborar y presentar al Consejo Superior los balances y estados financieros que correspondan.
7.Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
8.Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para los cuales podrá constituir
apoderados especiales; y,
9. Las demás funciones previstas en la ley […]” (Destacado fuera de texto).
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una oposición concreta entre el acto demandado y una disposición
superior, sin que la coexistencia de dependencias adscritas a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y a la Dirección
Ejecutiva revele, por sí sola, una usurpación de competencias o una
sustitución de la función legislativa.
Bajo este entendimiento, no se configura la vulneración del artículo
4º9 de la Constitución Política, toda vez que la supremacía
constitucional solo resultaría comprometida si la decisión organizativa
adoptada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura fuera incompatible con una norma superior10 y, en este
caso, la adscripción cuestionada se sustentó en una competencia
estructural, reconocida por la Ley Estatutaria, en su artículo 85,
numeral 7, sin que se hubiera demostrado el desconocimiento de una
atribución exclusiva de la Dirección Ejecutiva.
Por la citada razón, tampoco resulta infringido el artículo 12311 ibidem,
ya que la exigencia de que los servidores públicos ejerzan sus
9
“[…] ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar
y obedecer a las autoridades. […]”.
10
Sobre el particular, en la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional señaló que las diversas
funciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 se avienen a la naturaleza de las
responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con lo previsto en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política. Entre las atribuciones
previstas en dicha disposición se encuentra la establecida en su numeral 7.
11
“[…] ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
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funciones en la forma prevista por la Constitución Política, la ley y el
reglamento presupone acreditar que la autoridad actuó por fuera de
su ámbito competencial, mientras que el numeral 7 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996 confería expresamente a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, la facultad de determinar la
estructura y la planta de personal del Consejo Superior de la
Judicatura.
Los artículos 25612 y 25713 de la Constitución Política tampoco
conducen a una conclusión distinta, puesto que la sujeción de las
atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura a la ley coexistía
con la potestad de expedir los reglamentos necesarios para el eficaz
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones
públicas y regulará su ejercicio. […]”.
12
“[…] ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a la ley, las
siguientes atribuciones:
1. Administrar la carrera judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad
que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los
abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y
ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley. […]”.
13
“[…] ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de
los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no
previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y
procedimentales.
5. Las demás que señale la ley […]” (Destacado fuera de texto).
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funcionamiento de la administración de justicia y para la organización
y funciones internas en los aspectos no previstos por el legislador,
marco dentro del cual la Sala Administrativa del Consejo Superior
podía ordenar las dependencias requeridas para el ejercicio de sus
competencias, siempre y cuando respetara la distribución funcional
fijada por la Ley Estatutaria.
En ese orden, el numeral 7 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 no
fue desconocido por el artículo primero del Acuerdo 074 acusado,
sino que constituyó la habilitación legal para adoptar la determinación
estructural cuestionada, sin que ello permita concluir que, al ejercerla,
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, hubiera
atribuido a las unidades adscritas funciones reservadas de manera
exclusiva a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En cuanto al artículo 99 de la Ley 270 de 1996, la Sala advierte que
la demanda le atribuye la regla según la cual la Dirección Ejecutiva
constituye el órgano técnico y administrativo de la Rama Judicial y de
ella dependen determinadas unidades, pese a que esa disposición
enumera las funciones del Director Ejecutivo, mientras que el
contenido relativo a la Dirección Ejecutiva y a las unidades que de ella
dependen corresponde materialmente al artículo 9814, precisión que
14
“[…] ARTICULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL.
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no impide comprender el sentido del cargo, pero sí evidencia que el
artículo primero acusado no modificó, suprimió ni trasladó las
atribuciones que el artículo 99 confirió al Director Ejecutivo.
Incluso si la censura se examina a la luz del contenido material del
citado artículo 98, la conclusión permanece invariable, debido a que
la configuración de la Dirección Ejecutiva como órgano técnico y
administrativo encargado de ejecutar las actividades administrativas
de la Rama Judicial no equivale a una prohibición para que la Sala
Administrativa contara con dependencias de apoyo técnico vinculadas
al ejercicio de sus propias competencias, siempre y cuando que estas
no asumieran las atribuciones que el legislador radicó en aquella.
Ahora bien, es preciso destacar que el artículo 19915 de la Ley 270 de
1996 no fue vulnerado, pues el mandato de adoptar las decisiones
necesarias para poner en funcionamiento la estructura administrativa
La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres
(3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos
Humanos, Presupuestos, Informática y las demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del
servicio.
El Director Ejecutivo de Administración Judicial, será el Secretario General del Consejo Superior de la
Judicatura y Secretario de la Sala Administrativa del mismo.
El Director tendrá un período de cuatro (4) años y sólo será removible por causales de mala conducta.
[…]”.
15
“[…] ARTÍCULO 199. Dentro del mes siguiente, contado a partir de la vigencia de la presente ley, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones que sean necesarias para poner
en funcionamiento la estructura administrativa definida en la presente ley […]”.
33
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definida por la Ley Estatutaria debía aplicarse conjuntamente con la
competencia conferida a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura para determinar la estructura y la planta de personal
del Consejo Superior, establecida en el artículo 85, numeral 7, de la
citada Ley 270, razón por la cual el cumplimiento de aquella
disposición no excluía la posibilidad de adscribir a la mencionada Sala
las dependencias necesarias para el desarrollo de sus funciones dentro
de los límites trazados por la Constitución Política y la ley.
En suma, el artículo primero del Acuerdo 074 de 15 de abril de
1996 acusado no vulneró los artículos 4°, 123, 256 y 257 de la
Constitución Política, ni los artículos 85, 99 y 199 de la Ley 270 de
1996, porque la Sala Administrativa actuó en ejercicio de la facultad
legal para determinar la estructura del Consejo Superior de la
Judicatura, en cuyo ámbito podía disponer la adscripción de las
dependencias necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que el
actor demostrara que esa decisión hubiera desplazado competencias
reservadas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o
sustituido la estructura fijada por el legislador, por lo que el cargo de
nulidad no está llamado a prosperar.
DE LOS CARGOS DE NULIDAD FRENTE RESPECTO DEL ACUERDO
560 DE 1999.
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
El demandante manifestó que los artículos 1º, 5º y 9º del Acuerdo
560 de 9 de agosto de 1999 vulneran los artículos 4º, 123, 256 y
257 de la Constitución Política y los artículos 85, 99 y 199 de la Ley
270 de 1996, por cuanto la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura cambió la denominación de la Unidad de Formación e
Información Judicial por la de Centro de Documentación Socio-Jurídica
de la Rama Judicial -CENDOJ- y mantuvo su adscripción directa a
dicha Sala, determinó su planta de personal e incluyó el cargo de
Director de Unidad de Sala Administrativa, pese a que, en su criterio,
por tratarse de una dependencia de naturaleza técnica y
administrativa debía formar parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, circunstancia que estimó constitutiva de una
extralimitación de la facultad prevista en el numeral 7 del artículo 85
de la Ley 270 de 1996 y de la conformación de una estructura
administrativa paralela a la establecida por el legislador.
Al respecto, es del caso traer a colación el considerando del Acuerdo
560 de 1999, que señaló lo siguiente:
“[…] ACUERDO 560 DE 1999
(Agosto 9)
“Por medio del cual se cambia la denominación de la
Unidad de Formación e Información Judicial y se
reestructura para organizar el Centro de Documentación
Socio-jurídica de la Rama Judicial"
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, y en especial de las conferidas por los
numerales 7, 12 del artículo 85, el artículo 106 y el
numeral 4 del artículo 109 de la ley 270 de 1996 y,
CONSIDERANDO
Que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha asumido los
programas y compromisos que en materia de capacitación y
formación venía atendiendo la Unidad de Formación e
Información Judicial creada por el Acuerdo 74 de 1996, en
beneficio de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
Que el numeral 4 del artículo 109 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, ordena a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura organizar
y administrar un Centro de Documentación Socio-Jurídica de la
Rama Judicial.
Que el artículo 106 de la mencionada Ley señala que la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debe
diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un
adecuado sistema de información para el conocimiento de los
servidores judiciales de las fuentes formales del Derecho, tanto
nacionales como internacionales.
Que, en consecuencia, se hace necesario cambiar la
denominación de la Unidad de Formación e Información Judicial
y reestructurarla para organizar el Centro de Documentación
Socio-Jurídica de la Rama Judicial y así dar cumplimiento a los
artículos antes citados de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia. […]”.
De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que el Acuerdo 560 de
1999 acusado fue expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, con fundamento en los numerales 7 y 12 del
36
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
artículo 8516, el artículo 10617 y el numeral 4 del artículo 10918 de la
Ley 270 de 1996, acto en cuyos considerandos se explicó que la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla había asumido los programas y
compromisos de capacitación y formación que venía atendiendo la
Unidad de Formación e Información Judicial, que la Ley Estatutaria
ordenaba organizar y administrar un Centro de Documentación Socio-
Jurídica de la Rama Judicial y que correspondía a la Sala
Administrativa diseñar, desarrollar, poner y mantener en
funcionamiento un sistema de información que permitiera a los
servidores judiciales conocer las fuentes formales del derecho
nacionales e internacionales.
A partir de esas premisas, la mencionada Sala Administrativa
consideró necesario cambiar la denominación de la Unidad de
Formación e Información Judicial y reestructurarla para organizar el
16
“[…] ARTÍCULO 85.FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
7. Determinar la estructura y planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales […]”.
17
“[…] ARTÍCULO 106. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Con sujeción a las normas legales que sean
aplicables, el Consejo Superior de la Judicatura debe diseñar, desarrollar, poner, y mantener en
funcionamiento unos adecuados sistemas de información que incluyan entre otros, los relativos a la
información financiera, recursos humanos, costos, información presupuestaria, gestión judicial y acceso
de los servidores de la Rama, en forma completa y oportuna, al conocimiento de las fuentes formales del
derecho, tanto nacionales como internacionales.
Cada Corporación o Despacho Judicial tienen el deber de suministrar la información necesaria para
mantener actualizados los datos incorporados al sistema. […]”.
18
“[…] ARTÍCULO 109. FUNCIONES ESPECIALES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
El Consejo Superior de la Judicatura con la colaboración de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Estadísticas Judiciales, cumplirá las siguientes funciones:
(…)
4.Organizará y administrará el centro de documentación socio- jurídica y el Banco de Datos Estadísticos,
como fuente de consulta permanente […]”.
37
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama Judicial-
CENDOJ19, finalidad que se materializó en el artículo 1º, mediante el
cambio de denominación y la adscripción del Centro en mención a la
Sala Administrativa; en el artículo 5º, a través de la determinación
de su planta de personal; y en el artículo 9º con la asignación de las
funciones correspondientes a su director.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la censura formulada por el
actor parte de entender que la naturaleza técnica y administrativa
atribuida al CENDOJ determinaba necesariamente su incorporación a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, premisa que no
encuentra respaldo en las disposiciones invocadas como infringidas,
pues la Ley 270 de 1996, no sólo definió, en su artículo 98 la
naturaleza de dicho órgano ejecutivo, sino que atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura competencias en materia de sistemas de
información, así como la organización administración del centro de
documentación socio-jurídica y el intercambio informativo y
bibliográfico necesario para mantenerlo actualizado, de conformidad
con el artículo 109 de la referida Ley, cuyo desarrollo explica la
reorganización dispuesta mediante el Acuerdo 560 de 1999
acusado.
19
En adelante CENDOJ.
38
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
En efecto, la reorganización dispuesta mediante el Acuerdo 560 de
1999 demandado no tuvo por objeto crear una dependencia
destinada a asumir las actividades generales de ejecución
administrativa confiadas a la Dirección Ejecutiva, sino adecuar una
unidad existente para hacer operativo el Centro de Documentación
Socio-Jurídica previsto por la Ley Estatutaria, circunstancia que
permite establecer una relación directa entre el objeto del acto
acusado y las competencias legales que sirvieron de fundamento para
su expedición.
En ese contexto, el cambio de denominación dispuesto en el artículo
1º acusado no constituyó una modificación meramente nominal ni
comportó, por sí mismo, la creación de una estructura paralela, sino
que respondió a una unidad existente, cuyos programas y
compromisos en materia de capacitación y formación habían sido
asumidos por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para adecuarla
al cumplimiento de las funciones de información y documentación
socio – jurídica atribuidas por la Ley 270 de 1996 al Consejo Superior
de la Judicatura.
De igual manera, la adscripción del CENDOJ a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura no puede valorarse únicamente
a partir del carácter técnico de las labores de información,
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
documentación, bibliografía y consulta que desarrolla, sino atendiendo
a la competencia sustancial, a cuyo cumplimiento se encuentra
destinada la dependencia; de manera, que la existencia de actividades
técnicas no determina, por sí misma, que estas debieran quedar
necesariamente radicadas en la Dirección Ejecutiva.
Ahora bien, es preciso destacar que la facultad prevista en el numeral
7 del artículo 8520 de la Ley 270 de 1996 tampoco fue ejercida de
manera autónoma o ilimitada, pues dicha disposición autorizó a la
Sala Administrativa para determinar la estructura y la planta de
personal del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los límites
presupuestales21 establecidos por el legislador, competencia que, en
este caso, fue utilizada para organizar una dependencia destinada al
desarrollo de funciones que la misma Ley Estatutaria había asignado
al Consejo Superior.
Bajo esa comprensión, el artículo 5º del Acuerdo 560 de 1999, al
determinar la planta de personal del CENDOJ e incluir el cargo de
Director de Unidad de Sala Administrativa, no evidencia por sí mismo
una intromisión de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva, pues la
20
“[…] ARTÍCULO 85.FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
7. Determinar la estructura y planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura. […]”.
21
“ […] En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro obligaciones
que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales […]”.
40
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
creación y conformación de la planta constituye una manifestación de
la competencia estructural reconocida a la Sala Administrativa por el
citado numeral 7 del artículo 85 y la denominación del cargo no
permite inferir que su titular hubiera asumido las funciones
legalmente atribuidas al Director Ejecutivo.
La misma conclusión se impone respecto del artículo 9º, toda vez
que las funciones allí asignadas al Director del CENDOJ se relacionan
con la ejecución de los planes y programas aprobados por la Sala
Administrativa, la publicación y divulgación de información socio-
jurídica, la formulación de propuestas para la publicación de material
documental, el intercambio bibliográfico, la presentación de planes y
programas del Centro, la coordinación de sus actividades, la rendición
de informes, la evaluación de su personal, el funcionamiento del
sistema de información jurídica y la organización del sistema nacional
de bibliotecas, atribuciones vinculadas con las competencias
asignadas al Consejo Superior de la Judicatura en los artículos 85,
numeral 7; 106 y 109 de la Ley 270, sin que ello comporte la
sustitución de las funciones atribuidas al Director Ejecutivo de
Administración Judicial.
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
En este punto resulta necesario precisar, tal y como se señaló en
líneas anteriores, que el artículo 99 de la Ley 270 de 199622 regula las
funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial y le
atribuye, entre otras funciones, ejecutar el Plan Sectorial y las
políticas definidas para la Rama Judicial, administrar sus bienes y
recursos, suscribir los actos y contratos correspondientes, ejercer
determinadas competencias en materia de personal, elaborar
balances y estados financieros, ordenar el gasto y representar
judicialmente a la Nación-Rama Judicial, funciones que no fueron
trasladadas al Director del CENDOJ mediante las disposiciones
acusadas.
Ahora bien, aunque la argumentación de la demanda atribuye al
referido artículo 99 la definición de la Dirección Ejecutiva como órgano
técnico y administrativo y la regla referente a las unidades que de ella
22
“[…] ARTICULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
[…]
Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial
1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban
otorgarse o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales, se requerirá la autorización previa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
4.Nombrar y remover a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura y definir sus situaciones
administrativas, en los casos en los cuales dichas competencias no correspondan a las Salas de esa
Corporación.
5. Nombrar a los Directores Ejecutivos Seccionales de ternas preparadas por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
6. Elaborar y presentar al Consejo Superior los balances y estados financieros que correspondan.
7.Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
8.Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para los cuales podrá constituir
apoderados especiales; y,
9. Las demás funciones previstas en la ley […]”.
42
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
dependen, el contenido normativo que sustenta ese planteamiento
corresponde al artículo 98 de la Ley 270 de 199623, precisión que no
impide examinar el reparo formulado por la parte demandante, pero
sí permite advertir que los artículos 1°, 5° y 9° del Acuerdo 560
no modificaron, suprimieron ni trasladaron las competencias que el
artículo 99 asignó al Director Ejecutivo.
Aun si el reproche se entiende materialmente dirigido contra la
distribución organizacional prevista en el artículo 98, tampoco se
configura la infracción alegada, porque la circunstancia de que la
Dirección Ejecutiva sea el órgano técnico y administrativo encargado
de ejecutar las actividades administrativas de la Rama Judicial no
conduce a sostener que toda unidad que desarrolle labores de apoyo
técnico deba quedar adscrita a ella, menos aun cuando, como ocurre
con el CENDOJ, las funciones desarrolladas se encuentran
directamente vinculadas con las competencias que los artículos 106 y
109 de la Ley 270 de 1996 atribuyeron al Consejo Superior de la
Judicatura.
23
“[…] ARTICULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL.
La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres
(3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos
Humanos, Presupuestos, Informática y las demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del
servicio.
El Director Ejecutivo de Administración Judicial, será el Secretario General del Consejo Superior de la
Judicatura y Secretario de la Sala Administrativa del mismo.
El Director tendrá un período de cuatro (4) años y sólo será removible por causales de mala conducta.
[…]”.
43
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
La existencia de una dependencia adscrita a la Sala Administrativa
tampoco permite concluir que se hubiese establecido una estructura
paralela a la Dirección Ejecutiva, pues el juicio de legalidad exige
demostrar que el acto acusado duplicó o desplazó competencias
legalmente asignadas a esta última y no solamente que coexistían
unidades con actividades de naturaleza administrativa, presupuesto
que no se acredita respecto del CENDOJ, dada la especificidad
documental, informativa y bibliográfica de sus funciones.
En ese orden, no se advierte vulneración del artículo 4º de la
Constitución Política24, dado que el Acuerdo 560 de 1999
demandado encuentra sustento en atribuciones previstas por la Ley
Estatutaria y no se evidencia incompatibilidad con una disposición
constitucional superior, ni tampoco se desconoce el artículo 12325
ibidem, pues la Sala Administrativa ejerció competencias reconocidas
por el ordenamiento sin que se demuestre que hubiese actuado por
fuera del marco funcional que le correspondía.
24
“[…]ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar
y obedecer a las autoridades. […]”.
25
“[…] ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones
públicas y regulará su ejercicio. […]”.
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
Adicionalmente, los artículos 25626 y 25727 de la Constitución Política
tampoco resultan infringidos, ya que si bien someten las atribuciones
del Consejo Superior de la Judicatura a la ley la reorganización del
CENDOJ se orientó precisamente al desarrollo de competencias
previstas en la Ley 270 de 1996 y se inscribe en el ámbito de
organización interna necesario para su cumplimiento, sin que
mediante el acuerdo acusado se hubiera creado una competencia
sustancial no prevista por el legislador.
Tampoco se configura la vulneración del numeral 7 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996, pues esta disposición constituye la fuente de la
competencia para determinar la estructura y la planta de personal del
26
“[…]ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a la ley, las
siguientes atribuciones:
1. Administrar la carrera judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad
que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los
abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y
ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley. […]”.
27
“[…] ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de
los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no
previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y
procedimentales.
5. Las demás que señale la ley […]”.
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
Consejo Superior de la Judicatura y permitió a la Sala Administrativa
reestructurar una unidad existente y definir los cargos requeridos para
el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas, sin que el actor
demuestre que esa actuación excediera los límites presupuestales o
materiales establecidos por el legislador.
No se desconoce el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, dado que las
funciones asignadas al Director del CENDOJ no sustituyen aquellas
conferidas al Director Ejecutivo de Administración Judicial, ni el
artículo 199 ibidem, pues el deber de adoptar las decisiones
necesarias para poner en funcionamiento la estructura administrativa
definida por la Ley Estatutaria no impedía a la Sala organizar una
dependencia destinada a materializar funciones que el propio
legislador había atribuido al Consejo Superior.
Así las cosas, los artículos 1º, 5º y 9º del Acuerdo 560 de 9 de
agosto de 1999 no vulneran los artículos 4°, 123, 256 y 257 de la
Constitución Política, ni los artículos 85, 99 y 199 de la Ley 270 de
1996, por cuanto la reorganización de la Unidad de Formación e
Información Judicial para conformar el CENDOJ desarrolló
competencias legalmente atribuidas al Consejo Superior de la
Judicatura en materia de información y documentación socio-jurídica,
la determinación de su planta se encontraba comprendida en la
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
facultad conferida a la Sala Administrativa para establecer la
estructura y planta de personal del Consejo; y las funciones asignadas
a su director no comportaron el desplazamiento de las competencias
legalmente atribuidas al Director Ejecutivo de Administración Judicial,
razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas
invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga la
presunción de legalidad que ampara el artículo 1º del Acuerdo 074
de 1996, “por el cual se da cumplimiento al artículo 199 inciso
primero de la Ley 270 de 1996”, y de los artículos 1º, 5º y 9º del
Acuerdo 560 de 9 de agosto de 1999, “Por medio del cual se
cambia la denominación de la Unidad de Formación e Información
Judicial y se reestructura para organizar el Centro de Documentación
Socio – Jurídica de la Rama Judicial”, expedidos por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y no se acceda
a las súplicas de la demanda.
Condena en costas
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00605-00
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la
Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18828 del
CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la
naturaleza de la acción exime de esta fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
28
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.
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Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con
la ley.
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