Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00670-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00670-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00670-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de noviembre de 2024
1
Radicado: 11001 03 24 000 2013 00670 00
Demandante: Oscar David Gómez Pineda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2013 00670 00
Actor: Oscar David Gómez Pineda
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Tesis: No es cierto que los actos por medio de los cuales el Ministerio de Transporte
reglamentó el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte
terrestre automotor de carga carezcan de estudio técnico que permita concluir que
la desintegración de los vehículos de carga era aplicable sólo a aquéllos que
superaran los diez mil quinientos kilogramos (10.500 kg).
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por el señor Oscar David Gómez Pineda (en adelante la parte
actora) en contra del: (i) artículo 3 del Decreto núm. 2085 del 11 de junio de 2008,
“Por el cual se reglamenta el ingreso de vehículos al servicio particular y público de
transporte terrestre automotor de carga”; (ii) artículo 1 del Decreto núm. 2450 de 4
de julio de 2008, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2085 del 11 de
junio de 2008”, y (iii) artículo 1 del Decreto 1131 de 31 de marzo de 2009, “Por el
cual se modifica parcialmente el Decreto 2085 del 11 de junio de 2008, modificado
por el Decreto 2450 de 4 de julio de 2008”, expedidos por el Ministerio de Transporte
(en adelante la parte demandada).
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
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Demandante: Oscar David Gómez Pineda
Figuran como pretensiones las siguientes:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad del artículo 3º del Decreto 2085 de 2008,
el cual a su tenor reza: (…)
SEGUNDA: Que se declare la nulidad del artículo 1º del Decreto 2450 de 2008,
que a su tenor reza: (…)
TERCERA: Que se declare la nulidad del artículo 1º del Decreto 2450 de 2008,
el cual dispone: (…)
CUARTA: Que se declare la nulidad del artículo 1º del Decreto 1131 de 2009,
el cual reseña: (…)
QUINTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.”1.
1.2. Los actos cuestionados
A continuación, se transcribirán las normas acusadas, de la siguiente manera:
“DECRETO 2085 DE 2008
(junio 11)
Por el cual se reglamenta el ingreso de vehículos al servicio particular y público
de transporte terrestre automotor de carga.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 66 de la Ley
336 de 1996 y el artículo 2º de la Ley 105 de 1993,
DECRETA:
(…)
Artículo 3º. Equivalencia para la reposición. Para el registro inicial de un
vehículo de transporte terrestre automotor de carga de servicio particular y
público se deberá demostrar que se ha(n) desintegrado totalmente uno o
varios vehículos cuya capacidad de carga o la sumatoria de las capacidades
originales en toneladas sea igual al cien por ciento (100%) o superior a la
capacidad de carga del vehículo objeto de registro inicial.
Para tales efectos, se entiende como capacidad de carga la establecida
originalmente en la ficha de homologación.
1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 51 de Samai.
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No se acumularán remanentes de peso desintegrado para amparar procesos
de registro inicial por reposición futura.
Parágrafo. La desintegración a la cual se hace referencia en el presente
artículo se debe cumplir con vehículos matriculados en el respectivo servicio,
público o particular según el caso, en el cual se va a registrar el vehículo objeto
de registro inicial.”2.
“DECRETO 2450 DE 2008
(julio 4)
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2085 de 11 de junio de 2008.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 66 de la Ley
336 de 1996 y el artículo 2º de la Ley 105 de 1993,
DECRETA:
Artículo 1º. Modificase el artículo 1º del Decreto 2085 del 11 de junio de 2008,
así:
"Artículo 1º. Objeto. El presente decreto tiene por objeto la adopción de
medidas para el ingreso de vehículos al servicio particular y público de
transporte terrestre automotor de carga con capacidad superior a tres (3)
toneladas, mediante los mecanismos de reposición por desintegración física
total o caución.
Parágrafo. El Ministerio de Transporte establecerá las condiciones especiales
para el registro inicial de vehículos clase volqueta y mezcladora (mixer)".”3.
“DECRETO 1131 DE 2009
(marzo 31)
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2085 del 11 de junio de 2008,
modificado por el Decreto 2450 del 4 de julio de 2008.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 66 de la Ley
336 de 1996 y el artículo 2° de la Ley 105 de 1993,
DECRETA:
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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Demandante: Oscar David Gómez Pineda
Artículo 1°. Modificase el artículo 1° del Decreto 2085 del 1° de junio de 2008,
modificado por los Decretos 2450 del 4 de julio de 2008 y 4654 del 10 de
diciembre de 2008, así:
“Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto la adopción de
medidas para el ingreso de vehículos al servicio particular y público de
transporte terrestre automotor de carga, con Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)
superior a diez mil quinientos (10.500) kilogramos, mediante los mecanismos
de reposición por desintegración física total o caución.
Parágrafo. El Ministerio de Transporte establecerá las condiciones especiales
para el registro inicial de vehículos clase volqueta, mezcladoras (mixer),
compactadores o recolectores de residuos sólidos y blindados para el
transporte de valores”.”4.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora afirmó que mediante la expedición de las normas demandadas se
vulneraron los artículos 13 (inciso 1º), 24, 333 (incisos 1 a 4) de la Constitución
Política y 12 de la Ley 153 de 1887, expresando los argumentos que se sintetizan
a continuación:
Violación del principio de igualdad
1.3.1. Señaló que los decretos demandados no se sustentaron en un estudio
técnico que justificara por qué los vehículos que debían ser desintegrados eran
aquellos cuya capacidad de carga fuera superior a 10.500 kilogramos. En
consecuencia, se vulneró el principio de igualdad de los transportadores, dado que
"a unos se les impone una carga y a otros no".
Explicó que los decretos objeto del presente proceso introdujeron un trato desigual
entre los actores del sector transporte que desean registrar un vehículo de carga,
al establecer una distinción entre aquellos con capacidad inferior y superior a
10.500 kilogramos. Esta diferencia impuso una carga más gravosa a los vehículos
de mayor capacidad, sin que previamente se hubiera realizado un estudio técnico
que evidenciara de forma clara y precisa la necesidad de tal distinción.
Violación del derecho a la libertad de locomoción
4 Ibidem.
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1.3.2. Argumentó que con la expedición de los Decretos 2450 de 2008, 2085 de
2008 y 1131 de 2009 se vulneró el derecho a la libre locomoción, al restringir el
transporte de carga en el territorio nacional. Esto debido a que se impuso la
obligación de desintegrar vehículos con una capacidad superior a 10.500
kilogramos, sin un estudio técnico que demostrara de manera cierta y concluyente
que dicha desintegración debía aplicarse a partir de ese peso.
Enfatizó en que las normas demandadas limitaban el tránsito de mercancías en el
territorio nacional y afectaban al sector transporte, dado que no contaban con un
soporte técnico que fundamentara la imposición.
Violación del derecho a la libertad económica e iniciativa privada
1.3.3. Afirmó que, si bien el Estado tiene la facultad de regular la economía, dicha
intervención debe basarse siempre en las necesidades de los sectores y estar
sustentada en estudios que la justifiquen. Sin embargo, esta condición no se
cumplió, ya que los Decretos 2085 de 2008, 2450 de 2008 y 1131 de 2009 fueron
expedidos sin un estudio técnico que demostrara la necesidad de desintegrar
vehículos de carga con una capacidad superior a 10.500 kilogramos.
En ese orden, destacó que con la expedición de dichos decretos se afectó la libertad
económica, al imponer la obligación de desintegrar un vehículo de carga para
registrar otro de iguales características, siempre que este último tuviera una
capacidad superior a 10.500 kilogramos.
Por lo tanto, concluyó que era evidente la transgresión del derecho a la libertad
económica, debido a la decisión arbitraria que recayó sobre los actores del sector
transporte que deseaban incorporar vehículos de carga con una capacidad superior
a los 10.500 kilogramos.
Falta de motivación y violación del artículo 12 de la Ley 153 de 1887
1.3.4. Sostuvo que, debido a la ausencia del estudio técnico correspondiente, los
actos administrativos cuestionados carecían de la motivación requerida, lo que a su
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vez vulneró el artículo 12 de la Ley 153 de 1887. Reiteró que se impuso una
obligación al transporte de carga público, estableciendo que para ingresar un nuevo
vehículo al parque automotor se debía desintegrar otro de igual o mayor capacidad
de carga, lo cual resultaba objetable, porque la norma estaba dirigida
exclusivamente a vehículos con una capacidad de carga superior a 10.500
kilogramos, sin una finalidad que respaldara la discriminación en el ingreso de
nuevos vehículos de carga.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. El Ministerio de Transporte5 contestó la demanda oponiéndose a la
prosperidad de la pretensión de nulidad de los actos cuestionados al considerar que
la parte actora fundamentó el libelo introductorio en una única premisa, la presunta
ausencia de motivación de los actos demandados o de estudio técnico que
justificara la restricción del ingreso de los vehículos de carga con capacidad
superior o igual a 10.500 kilogramos.
Arguyó que la razón por la cual el Gobierno Nacional decidió regular las matrículas
iniciales para vehículos de carga con capacidad superior a 10.500 kilogramos
radicaba en la protección del medio ambiente.
Explicó que Colombia se ha destacado como pionera en la promoción e
implementación de un diésel con bajo contenido de azufre para los sistemas de
transporte de carga, en comparación con los estándares utilizados en otros países.
Para ello se obligó a las grandes empresas distribuidoras de diésel a mezclarlo con
un producto de origen vegetal, obteniendo así biocombustible, una alternativa sin
duda más amigable con el medio ambiente, especialmente en las ciudades
ubicadas a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Precisó que los motores diseñados para utilizar este biocombustible son aquellos
con una capacidad de carga de 10.500 kilogramos o más, precisamente los
contemplados en el Decreto 2629 de 2007. Este decreto constituye uno de los
5 Ibidem.
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criterios establecidos en el documento CONPES 3489, del 1 de octubre de 2007,
para modernizar el parque automotor de servicio público de carga e implementar
un programa integral de reposición.
Señaló que en la actualidad existían mecanismos aplicables para acceder a la
renovación y reposición del parque automotor. En este sentido, el Gobierno
Nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), ofrecía garantías para
operaciones de crédito y leasing dirigidas a personas naturales o jurídicas que
pertenecen al segmento de micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo
de financiar la adquisición de activos fijos, nuevos o usados.
Comentó que esa es otra de las razones de haber escogido la capacidad de carga
de 10.500 kilogramos o más, lograr una mayor movilidad de productos o
mercancías en vehículos menos contaminantes, sin afectar a las pequeñas y
medianas asociaciones de transportadores de carga.
Concluyó que, teniendo en cuenta las distancias entre las zonas productoras de
mercancías y materias primas en Colombia y los puertos a través de los cuales se
exportan al mercado internacional, los vehículos con una capacidad inferior a
10.500 kilogramos no serían rentables para quienes se dedican a esta actividad.
Por lo que el peso establecido para los vehículos se presentaba como un criterio
moderado y razonable desde los puntos de vista económico, ecológico y de
eficiencia.
“Excepción de incongruencia de los cargos frente a los decretos demandados”
Además, indicó que los cargos de la demanda relacionados con derechos de
carácter fundamental como los contenidos en los artículos 13 y 24 de la Carta
Política no resultaban congruentes con el medio de control y los actos
controvertidos.
También afirmó que los decretos regulatorios que materializaban la política de
planeación de los documentos CONPES no requerían de la motivación exigida a
los actos administrativos particulares y concretos que modificaban o extinguían
derechos individuales.
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III. AUDIENCIA INICIAL
El 23 de noviembre de 2018 se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el
litigio de la siguiente manera:
“7.1.1. Las partes están de acuerdo en que el Ministerio de Transporte expidió
las Decretos 2085 del 11 de junio de 2008, 2450 del 4 de julio de ese mismo
año y 1131 del 31 de marzo de 2009.
7.1.2. Presentan desacuerdo sobre los fundamentos de dichas normas, lo que
conduce a la Sala a determinar si es cierto que carecen de un estudio técnico
que permita concluir que la desintegración de los vehículos de carga era
aplicable sólo a aquéllos que superaran los diez mil quinientos kilogramos
(10.500 kg).
7.2. Si nosotros concluimos que en efecto se carece de ese estudio técnico,
tendrá que resolverse si las disposiciones enjuiciadas incurren en infracción de
normas superiores y falta de motivación, así:
7.2.1. En relación con la infracción de normas superiores, deberá analizarse si
vulneran el derecho de igualdad (artículo 13 de la Constitución Política), el
derecho de libertad de locomoción (artículo 24 ibidem), el derecho a la libertad
económica e iniciativa privada (artículo 333 ibidem) y el artículo 12 de la Ley
153 de 1887.
En tal sentido, la Sala deberá resolver si las disposiciones acusadas son nulas
por la razón antes esgrimida.
7.2.2. En relación con la falta de motivación, la Sala se ocupará de precisar si
existió una política pública del Gobierno Nacional de ingreso al parque
automotor del servicio público y particular de carga, teniendo en cuenta que no
existe estudio técnico que permita concluir que la desintegración de los
vehículos de carga era aplicable sólo a aquellos que superaran los diez mil
quinientos kilogramos (10.500 kg).
Si la respuesta es afirmativa, deberá analizarse si ello constituye un vicio que
afecte la validez de las disposiciones censuradas.”6.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
A través de auto del 14 de marzo de 2019 se les concedió a las partes el término
de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio
Público también podía rendir concepto.
6 Ibidem.
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4.1. La parte actora alegó de conclusión7 para señalar que el documento del 27
de noviembre de 2018, presentado por el Director de Transporte y Tránsito del
Ministerio de Transporte, no podía considerarse como prueba idónea de los
antecedentes administrativos de los Decretos 2085 y 2450 de 2008 y del Decreto
1131 de 2009, pues se emitió casi diez (10) años después de la expedición de los
decretos en cuestión. En consecuencia, no resultaba lógico ni jurídico que se
pretendiera utilizar como un antecedente administrativo válido para fundamentar la
regulación.
Destacó que, aparte de no constituir un antecedente idóneo, el documento se
limitaba a hacer una mera recapitulación de normas, concluyendo que la decisión
del Ministerio de Transporte se basó en "análisis y evaluaciones adelantadas por el
Ministerio de Transporte, en conjunto con los gremios y actores del sector.".
Así, concluyó que los estudios técnicos y evaluaciones a los que hace referencia el
Ministerio de Transporte no existen. Como consecuencia de ello, entendió que
estaba demostrado que los actos demandados se expidieron sin ningún tipo de
análisis técnico.
En resumen, solicitó que no se tuviese en cuenta el documento enviado por el
Ministerio de Transporte en cumplimiento del requerimiento de los antecedentes
administrativos de los decretos controvertidos.
4.2. El Ministerio de Transporte presentó sus alegatos de conclusión8 para
sostener que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, el Gobierno Nacional
procuró materializar los fines esenciales de una actividad que guarda relación con
derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el ambiente sano,
por lo cual las normas demandadas estaban inspiradas en “lo dispuesto en las leyes
que sirvieron de fundamento a su expedición y su confrontación legal sólo sería
posible si estos actos administrativos desconocieran el espíritu y la teleología que
la ley lo inspira”.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Agregó que, con la expedición del Decreto 1131 de 2009, se da cumplimiento a la
política aplicable al proceso de reposición vehicular orientada con base en los
criterios que establecen que la medida sea aplicada a los vehículos que prestan el
servicio de carga por las carreteras del país y no de aquellos que prestan este
mismo servicio en el área urbana, siendo estos los vehículos más antiguos y, por
ende, con mayor participación de accidentalidad en dichas carreteras colombianas.
Terminó su intervención manifestando que el documento CONPES 3489 de 2007,
mediante el cual se definió la Política Nacional de Transporte Público Automotor de
Carga, indicó que el 57% del parque automotor de carga en Colombia correspondía
a vehículos con más de 20 años de vida útil, con un promedio de 24.4 años de
edad, por lo cual se propuso que los Ministerios de Transporte y Hacienda, junto
con el Departamento Nacional de Planeación, estudiaran medidas conducentes a
la modernización del parque automotor del servicio público de carga, a través del
diseño e implementación de un programa integral de reposición.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto9
en el que expuso los siguientes argumentos:
En primer lugar, expuso los antecedentes del proceso de la referencia. A
continuación, en el acápite titulado "Consideraciones del Ministerio Público", hizo
referencia a los actos administrativos objeto de análisis y procedió al estudio de los
cargos de la demanda, según los problemas jurídicos planteados en la audiencia
inicial celebrada el 23 de noviembre de 2018.
Por un lado, en relación con el cargo de falta de motivación, señaló que los decretos
objeto de controversia estaban debidamente motivados, toda vez que cumplían con
las formalidades y los requisitos esenciales necesarios para su expedición, los
cuales se encontraban claramente expuestos en su parte considerativa, al hacer
referencia a las facultades constitucionales y legales pertinentes. Además,
9 Ibidem.
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conforme a la sentencia emitida el 5 de julio de 2018, con ponencia del consejero
Gabriel Valbuena Hernández, en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2010-
00064-00 (0685-2010), para los actos administrativos generales, basta con que su
motivación consista en la indicación de sus fundamentos legales y el propósito que
persiguen.
Añadió que, aun cuando no se menciona expresamente en los decretos, la parte
demandada trajo a colación como fundamento de los actos cuestionados el
documento CONPES 3489 del 1º de octubre de 2007, que trata de la Política
Nacional de Transporte Público Automotor de Carga.
Por el otro, del análisis de los anexos del documento CONPES mencionado y del
Decreto 2629 de 2007, advirtió que los decretos demandados regulaban el servicio
de transporte terrestre de carga, tanto público como privado, el cual no presentaba
uniformidad. Por el contrario, se evidenciaban diversas tipologías, clasificaciones,
designaciones, dimensiones y máximos pesos brutos vehiculares, lo que impedía
aplicar una regulación homogénea. En ese sentido, tras hacer referencia al
concepto jurisprudencial sobre el derecho a la libertad de locomoción (C-511 de
2013 y C-879 de 2011) y exponer el artículo 333 de la Constitución Política, que
establece el derecho a la libertad económica y la iniciativa privada, concluyó que
no existió vulneración de las normas superiores invocadas por la parte actora. Esto,
debido a que el requisito fijado en los decretos demandados derivaba de la potestad
reglamentaria, ejercida dentro del marco de las competencias constitucionales y
legales. Además, adujo que la medida se sustentó en la necesidad de renovar el
parque automotor, con el fin de promover su optimización, modernización y
actualización tecnológica.
En resumen, solicitó que se desestimara la pretensión de nulidad de la demanda.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:
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VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Planteamiento
De acuerdo con el libelo introductorio, la contestación de la demanda y los escritos
de alegatos de conclusión, en primer lugar, se debe determinar si los actos
demandados carecen de un estudio técnico que permita concluir que la
desintegración de los vehículos de carga era aplicable sólo a aquéllos que
superaran los diez mil quinientos kilogramos (10.500 kg). En segundo lugar, de
llegar a corroborar que no existe dicho estudio técnico, tendrá que resolverse si las
disposiciones enjuiciadas incurren en infracción de normas superiores y falta de
motivación.
Lo anterior, comoquiera que, para la parte actora, la falta del precitado sustento
repercute en la afectación del derecho a la igualdad de los actores del sector
transporte, pues no permite justificar por qué los transportadores que deseen
ingresar vehículos con un peso inferior a 10.500 kilogramos no están obligados a
desintegrar otro vehículo para registrar un nuevo automotor. En la misma dirección,
argumenta que se infringe el derecho de locomoción, ya que se restringe la libertad
de trasladar bienes necesarios para las personas. Tal restricción podría ser válida
si estuviera respaldada por una investigación que justificara su aplicación. Además,
manifiesta que se quebranta el derecho a la libertad económica y a la iniciativa
privada, en la medida en que los Decretos 2085 de 2008, 2450 de 2008 y 1131 de
2009 fueron expedidos sin contar con un análisis que respaldara la necesidad de
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desintegración de vehículos de carga que superen el peso referido. Por último, bajo
la misma razón que se viene explicando, señala la transgresión del artículo 12 de
la Ley 153 de 1887 y la carencia de motivación de los actos objeto de la
controversia.
Mientras que, para la autoridad cuestionada, el Gobierno Nacional, en ejercicio de
su potestad reglamentaria, con la expedición de los actos demandados buscó
materializar fines esenciales relacionados con derechos fundamentales como la
vida, la integridad personal y el ambiente sano. Así, los decretos demandados se
fundamentaron en la ley y su legalidad solo podía cuestionarse si desconocían sus
preceptos; lo que en su criterio no ocurrió, toda vez que cumplieron con la Política
Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, enfocada en la modernización
del parque automotor del servicio público de carga, a través del diseño e
implementación de un programa integral de reposición.
7.3. Análisis de la Sala
La Sala deberá definir si es cierto que los actos por medio de los cuales el Ministerio
de Transporte reglamentó el ingreso de vehículos al servicio particular y público de
transporte terrestre automotor de carga carecen de estudio técnico que permita
concluir que la desintegración de los vehículos de carga era aplicable sólo a
aquéllos que superaran los diez mil quinientos kilogramos (10.500 kg).
7.3.1. A fin de resolver el problema propuesto, la Sala considera relevante analizar
el documento allegado por la parte demandada, producto del requerimiento
efectuado en la audiencia inicial del 23 de noviembre de 2018, sobre los
antecedentes administrativos de los Decretos 2450 de 2008, 2085 de 2008 y 1131
de 2009. Tal escrito, que data del 27 de noviembre de 2018 y lo suscribió el Director
de Tránsito y Trasporte del Ministerio en cuestión, expone lo siguiente:
“MEMORIA DESCRIPTIVA PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA
1. ANTECEDENTES
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El Ministerio de Transporte, con base en el análisis de la accidentalidad en las
vías del país y la edad del parque automotor de carga, expidió la Resolución
10500 del 9 de diciembre de 2003, estableciendo que el ingreso de nuevos
vehículos al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga se
podía hacer únicamente por reposición, previa desintegración física total de otro
automotor.
Dicha medida que fue tomada con el objetivo de incentivar la renovación y
reposición del parque automotor se puede considerar como el inicio del
programa.
Posteriormente, con el CONPES 3489 del 1 de octubre de 2007, se definieron
los lineamientos de la Política Nacional de Transporte Público Automotor de
Carga, planteando estrategias para el desarrollo de la modalidad y la
modernización, con el objetivo de articular a las tendencias mundiales de
producción ajustada y de mejores prácticas en transporte y logística.
Luego en el año 2013, con el CONPES 3759 del 20 de agosto de 2013, se
desarrollaron algunos de los lineamientos de la política de modernización del
transporte automotor de carga, de acuerdo con las directrices dadas en el
CONPES 3489 de 2007, específicamente definiendo condiciones y estándares
para la prestación del servicio de transporte público de carga, orientados al
desarrollo integral del sector y a la renovación de la flota de manera sostenible.
De igual manera se declaró de importancia estratégica el “Programa de
Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga”,
confirmado con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 21 del Decreto
4730 de 2005.
En cuanto al marco regulatorio se destacan las siguientes disposiciones:
1. Resolución 10500 del 9 de diciembre 2003. Por primera vez se estableció
que el ingreso de vehículos al Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor de Carga se haría únicamente por reposición, previa demostración
de que el o los vehículos repuestos fueron sometidos al proceso de
desintegración física total, la cancelación de su licencia de tránsito y del Registro
Nacional de Tránsito. Dicha reposición se realizaba directamente ante el
Organismo de Tránsito
2. Resolución No. 00250 del 10 de febrero 2004. Se establecieron las
condiciones y requisitos que se deben cumplir para el proceso de
desintegración física total y la expedición del certificado. De igual forma se
exceptuó del requisito de reposición, el registro inicial de vehículos de servicio
público con capacidad de carga inferior o igual a las tres y media (3.5) toneladas.
Finalmente se estableció que podrían ser objeto de reposición vehículos de
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga que hayan sufrido
situaciones excepcionales (accidentes que conllevan su pérdida total,
destrucción por motín, incendio o asonada, o hurto). En caso de hurto se puede
hacer la reposición siempre que haya transcurrido 3 años desde el hecho en
que se hubiese recuperado el automotor.
3. Decreto 1347 del 2 de mayo de 2005. Señaló que la condición de equivalencia
para la reposición procede cuando la capacidad de carga del vehículo, o la
sumatoria de las capacidades de carga de los vehículos desintegrados se
equivalen al cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de carga, del vehículo
objeto de registro inicial. Además, indicó que el ingreso por incremento de la
capacidad de carga instalada en el país será definido por un comité técnico
conformado por el Ministerio de Transporte.
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4. Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006 regula nuevamente el ingreso de
vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga,
estableciendo la equivalencia del ingreso por reposición igual al 50% de la
capacidad de carga, del vehículo objeto de registro inicial, teniendo en cuenta
la ficha técnica de homologación. Se mantiene la condición que garantiza que
en término de 18 meses realizará la desintegración de un vehículo.
5. Decreto 2085 del 11 de junio de 2008. Reglamenta el ingreso de vehículos al
servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga y deroga
el Decreto 2868 de 2006.
6. Decreto 2450 del 4 de julio de 2008. Adoptó medidas para el ingreso de
vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre automotor de
carga con capacidad superior a tres (3) toneladas, mediante los mecanismos de
reposición por desintegración física total o caución. A su vez, indicó que los
recursos recibidos por concepto de las cauciones que sean exigibles se
destinarán a la adquisición de vehículos de transporte terrestre automotor de
carga para ser desintegrados totalmente. Finalmente se mantuvo la caución que
garantice que en el término de 3 meses se realizará la desintegración de un
vehículo.
7. Decreto 1131 del 31 de marzo de 2009 se modificó parcialmente el Decreto
2085 de 2008, definió que las medidas para el ingreso de vehículos servicio
público y particular de carga serán aplicables a todos los vehículos con Peso
Bruto Vehicular (PBV) superior a diez mil quinientos kilogramos (10.500 Kg),
mediante los mecanismos de reposición por desintegración física total o
caución, y modificó los valores de las cauciones.
2. CRITERIOS PARA INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN EL
PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
DE CARGA.
El Ministerio de Transporte, en virtud de lo dispuesto en la Leyes 105 de 1993,
336 de 1996 y 769 de 2002, las cuales contemplan que el estado tiene la
facultad de regular la prestación del servicio público de transporte, para
garantizar la prestación de este en condiciones de accesibilidad, comodidad y
seguridad, a través del tiempo ha expedido, entre otras, la normatividad
relacionada con la renovación y reposición del parque automotor de carga.
En tal sentido, como se puede apreciar en la Resolución 10500 del 9 de
diciembre de 2003, se estableció que el ingreso de vehículos al Servicio Público
de Transporte Terrestre Automotor de Carga, se haría únicamente por
reposición, teniendo en cuenta que de acuerdo con los estudios y análisis
efectuados por el parte del Ministerio de Transporte, en su momento se encontró
el envejecimiento continuo y acentuado del parque automotor de carga y que
las estadísticas de accidentalidad en carreteras mostraban que las condiciones
técnico mecánicas de los vehículos y la edad de los mismos, se constituyen en
principales causas de la accidentalidad, mortalidad, morbilidad en el país,
exigencia que no contempló ninguna excepción, es decir que aplicaba para
todos los vehículos de carga, sin distinción de clase, capacidad de carga o peso
bruto vehicular.
Posteriormente, con la Resolución No. 00250 del 10 de febrero de 2004, se
exceptuó del requisito de reposición, el registro inicial de vehículos de servicio
público con capacidad de carga inferior o igual a las tres y media (3.5) toneladas
y luego, con el Decreto 2450 del 4 de julio de 2008 el ingreso de vehículos al
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servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga con
capacidad menor o igual a tres (3) toneladas.
Lo anterior considerando que según el análisis efectuado por el Ministerio de
Transporte y los diferentes actores, se estableció que los inconvenientes que
se presentaban en la modalidad y que dieron origen a la condición de ingreso
por reposición, en especial la antigüedad en la edad del parque automotor y la
accidentalidad, se concentraban en vehículos de capacidad de carga superior
a los límites señalados de 3.5 y 3.0 toneladas que circulaban por las carreteras
y no en aquellos de menor capacidad y que en su mayoría prestaban el servicio
y circulaban en las ciudades y urbanas.
Adicionalmente en el año 2009, con la expedición del Decreto 1131 del 31 de
marzo de 2009 se definió que las medidas para el ingreso de vehículos servicio
público y particular eran aplicables a todos los vehículos con Peso Bruto
Vehicular (PBV) superior a diez mil quinientos kilogramos (10.500 Kg),
cambiándose entonces el criterio, de capacidad de carga Peso Bruto Vehicular
y señalándose como límite 10.500 kilogramos y que está constituido por el peso
del vehículo, más su capacidad de carga.
Sobre este cambio de criterio es de mencionar que se originó, considerando
también el análisis y las recomendaciones dadas por el Ministerio de
Transporte, en razón con los gremios y actores de la modalidad, teniendo en
cuenta que, para efectos del ingreso, la variable más recomendable era el Peso
Bruto Vehicular y no la Capacidad de carga.
Lo anterior nos remite a los principios y criterios básicos que se definieron en
los años anteriores, de acuerdo con la edad del parque automotor, la operación
a la cual están dedicados los vehículos y su potencial área de trabajo.
Sobre el particular es de resaltar que estas consideraciones se definen como
parámetro para la aplicación de la condición de ingreso de vehículos de carga
por reposición, los 10.500 kilogramos de Peso Bruto Vehicular, teniendo en
cuenta que con dicho valor se conservan los criterios de que la exigencia sea
para los vehículos que en su mayoría están dedicados a la prestación del
servicio de carga por las carreteras del país y no a las zonas urbanas, que
correspondía a los vehículos más antiguos y que tienen mayor participación en
la accidentalidad de las carreteras de Colombia. De igual manera considerando
que dicho valor también se conserva en términos generales las condiciones de
capacidad de carga que se venían manejando adicionalmente a la sobreoferta
de vehículos en las carreteras del país, sobreoferta que afectaba el mercado, la
prestación del servicio, la seguridad en la operación y conjunto de la sociedad.
Para corroborar lo anterior es importante traer a colación, las definiciones del
Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002, la cual en el artículo
2, textualmente se contempla:
“ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de este
código, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:
(...)
Capacidad de carga: Es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal
forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos.
(...)
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Peso bruto vehicular: Peso de un vehículo provisto de combustible, equipo
auxiliar habitual y el máximo de carga”.”10
De la lectura del anterior memorial la Sala comprueba que, si bien la “MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA” no contiene los antecedentes de los actos
demandados, lo cierto es que pone de presente que el documento CONPES 3489
del 1 de octubre de 2007, que definió la Política Nacional de Transporte Público
Automotor de Carga y planteó estrategias para modernizar el sector, el cual fue
resultado del “trabajo realizado en las mesas temáticas desarrolladas entre los años
2004 y 2005, en las cuales se contó con la participación de representantes de
generadores de carga, empresas de transporte y propietarios de vehículos de
servicio público. En cada una de las mesas se elaboró un análisis de la situación
actual, se hicieron planteamientos sobre el deber ser en cada uno de los temas y
se identificaron las estrategias pertinentes para lograr los objetivos planteados por
las mismas”11, sirvió de sustento técnico a la decisión adoptada en los Decretos
2450 de 2008, 2085 de 2008 y 1131 de 2009, pues presentó los insumos que
impulsaron la recomendación para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación estudiaran
las medidas conducentes a la modernización del parque automotor del servicio
público de carga, a través del diseño e implementación de un programa integral de
reposición, enmarcado en los siguientes principios:
“1. Fomentar la protección del medio ambiente y del uso eficiente de
combustibles, enmarcado entre otras, en las disposiciones establecidas en el
Decreto 2629 de 2007.
2. Fomentar la asociatividad empresarial de los transportadores.
3. Conservar la estructura de propiedad democrática del sector transportador,
basado en el desarrollo y consolidación de los pequeños transportadores.
4. Determinar un esquema temporal de incentivos para la promoción de la
renovación y reposición del parque automotor de carga.”12.
10 Ibidem.
11 Página 5 del CONPES 3489 del 1 de octubre de 2007.
12 Página 15 ibidem.
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Así, del CONPES 3489 del 1 de octubre de 2007, capítulo sobre las “Políticas y
Estrategias”, en relación con el “Parque Automotor”13 se observa:
13 Páginas 13 y 14 ibidem.
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Además, como anexo núm. 1 del CONPES 3489 se menciona la Resolución 4100
de 2004, la cual tiene por objeto "reglamentar la tipología para vehículos
automotores de carga para transporte terrestre, así como los requisitos
relacionados con dimensiones, máximos pesos brutos vehiculares y máximos
pesos por eje, para su operación normal en la red vial en todo el territorio nacional,
de acuerdo con las definiciones, designación, clasificación establecidas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 4788 << Tipología para vehículos de transporte
de carga terrestre>>".
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Lo expuesto evidencia que sí existieron “CRITERIOS PARA INCLUSIÓN EN EL
PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN”, dentro de los cuales se destaca
la preocupación por el envejecimiento del parque automotor de los vehículos de
mayor capacidad de carga, pues para la época de expedición de los actos, como
se logró apreciar, la “edad” promedio de todo el parque automotor de carga en
Colombia era de 24,4 años.
En este punto es importante resaltar que el precitado instrumento de política
económica y social no solo reconoció la necesidad de modernizar el parque
automotor para mejorar la eficiencia y competitividad del sector, también formuló
un conjunto de directrices y estrategias para optimizar la actividad del transporte
público automotor de carga en el país, lo que incluyó la regulación de las relaciones
económicas entre los actores del sector, el fortalecimiento institucional y el
desarrollo de servicios logísticos.
Sobre el particular es pertinente mencionar que, según el Decreto 1869 de 2017, el
Consejo Nacional de Política Económica y Social es un organismo colegiado que
asesora al Gobierno Nacional en el desarrollo económico y social del país. Sus
funciones incluyen coordinar e impartir orientaciones generales a las distintas
entidades especializadas de la dirección económica y social, aprobar documentos
de política económica, el Plan Nacional de Desarrollo y hacer seguimiento al
avance de metas y compromisos adoptados por ministerios y entidades. Del mismo
modo, define instrumentos de política fiscal y autoriza operaciones de crédito
público. Por tal razón, existe un sistema de seguimiento para registrar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de documentos CONPES,
exigiendo a las entidades reportar semestralmente información precisa y soportes
que identifiquen situaciones que puedan afectar dicho cumplimiento.
Así, la Sala no puede desconocer que los documentos CONPES, constituyen una
hoja de ruta en materia económica, social y de políticas públicas, que definen los
procesos de modernización y gestión de la administración pública, al tiempo que
aseguran que los esfuerzos en la dirección del Estado apunte al mismo norte, por
lo que de forma clara su contenido va más allá de una simple recomendación
expedida por una autoridad consultiva, pues puede llegar a constituirse, como en
el presente evento, en fundamento técnico para las decisiones de la administración.
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Como bien lo señaló el Agente del Ministerio Público, pese a que en las
consideraciones o en el cuerpo normativo de los decretos demandados no se aludió
de forma expresa al CONPES precitado, ello no quiere decir que la determinación
que reprocha la parte actora se encontrara totalmente desprovista de cimientos
diferentes a las facultades constitucionales y legales en cabeza que allí se indican.
En ese orden, es pertinente concluir que no es cierto que los actos por medio de
los cuales el Ministerio de Transporte reglamentó el ingreso de vehículos al servicio
particular y público de transporte terrestre automotor de carga carezcan de estudio
técnico que permita concluir que la desintegración de los vehículos de carga era
aplicable sólo a aquéllos que superaran los diez mil quinientos kilogramos (10.500
kg).
En suma, toda vez que la afirmación que sustenta los cargos de la demanda no es
cierta, habiéndose demostrado que la determinación adoptada por la administración
en los decretos cuestionados tiene sustento en el documento CONPES 3489 del 1
de octubre de 2007, que definió la Política Nacional de Transporte Público
Automotor de Carga, no se probó la alegada violación de norma superior o falta de
motivación, como lo argumentó el demandante. Por lo tanto, la Sala negará las
pretensiones de la demanda.
Costas
Visto el artículo 188 del CPACA14, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
14 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
7 de noviembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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