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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00074-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00074-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2014-00074-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00074-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: DAVEY BICKFORD

TESIS: PARA INICIAR EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN, DEBE PEDIRSE
EXPRESAMENTE QUE SE EXAMINE SI LA SOLICITUD ES
PATENTABLE, ASÍ COMO PAGAR LA RESPECTIVA TASA DENTRO
DEL PLAZO DE 6 MESES CONTADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE
ESA SOLICITUD. DE LO CONTRARIO, DARÁ LUGAR A QUE SE
DECLARE EL ABANDONO DE LA MISMA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad DAVEY BICKFORD mediante apoderado y en ejercicio de

la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 138

del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 29763 de 22 de mayo de

2013, “Por la cual se declara abandonada una solicitud de

patente”; y 43768 de 30 de julio de 2013, “Por la cual se

resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el

Superintendente de Industria y Comercio.

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Actora: DAVEY BICKFORD

2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 continuar

con el trámite de la solicitud de patente de la invención titulada

“SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y DE ENCENDIDO DE

DETONADORES ELECTRÓNICOS, PROCEDIMIENTO

ASOCIADO”.

3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la

Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes:

1°- Que el 28 de enero de 2011 presentó en fase internacional la

solicitud de patente para la invención titulada "SISTEMA DE

PROGRAMACIÓN Y DE ENCENDIDO DE DETONADORES

ELECTRÓNICOS, PROCEDIMIENTO ASOCIADO", con el número

de solicitud internacional núm. PCT/FR2011/050176.

2°- Que el 11 de octubre de 2011 se publicó la mencionada

solicitud internacional de patente, bajo Publicación Internacional

núm. WO 2011/095730 A1.

1
En adelante SIC.

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Actora: DAVEY BICKFORD

3°- Que el 28 de agosto de 2012 inició la fase nacional de dicha

solicitud de patente en Colombia, invocando como fecha de prioridad

el 2 de febrero de 2010, con fundamento en la solicitud de patente

núm. 1050717 de Francia.

4º- Que el 15 de noviembre de 2012, la solicitud de patente para la

invención mencionada fue publicada en la Gaceta de la Propiedad

Industrial, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

5º- Que el 31 de mayo de 2013 solicitó el examen de patentabilidad

para la invención.

6º- Que mediante la Resolución núm. 29763 de 22 de mayo de 2013,

el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la

solicitud patente, bajo el argumento de que no se presentó petición

por parte del interesado para efectuar el examen de fondo, decisión

frente a la cual, el 5 de julio de 2013, interpuso recurso de

reposición, el que fue resuelto de manera confirmatoria a través de la

Resolución núm. 43768 de 30 de julio de 2013.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 14

y 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión

de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que

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aunque realizó de manera extemporánea tanto la solicitud de

examen de patentabilidad como el pago de la tasa oficial

correspondiente, no puede entenderse que haya un desistimiento

tácito de la solicitud, que es el hecho que pretende sancionarse con el

abandono.

Señaló que la finalidad del desistimiento tácito es que se declare el

abandono de la solicitud por la inactividad del solicitante; que, sin

embargo, como lo demuestran los hechos de la demanda, ella realizó

las conductas positivas que demostraban su interés en continuar con

el trámite de la patente, haciendo la respectiva solicitud y el

respectivo pago, por lo que, a su juicio, resulta completamente

contrario a la finalidad de la norma, que como sanción se declare el

abandono de la solicitud.

Afirmó que el requisito previsto en el artículo 44 de la Decisión 486

es de carácter puramente formal y no se refiere a un requisito de

fondo de la solicitud de la invención; y que, por ello, la

administración está obligada a interpretar y aplicar a las actuaciones

y procedimientos administrativos el principio de eficacia de las

actuaciones administrativas.

Añadió que la administración debe buscar que los procedimientos

logren su finalidad, en este caso, mediante la concesión o denegación

de la patente; y que, además de lo anterior, deben sanear las

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irregularidades y remover los obstáculos meramente formales que se

presenten, en aras de lograr la consecución del derecho material

objeto de la actuación administrativa.

Indicó que la extemporaneidad de la solicitud, para adelantar el

examen de fondo y el pago de la tasa oficial, es una irregularidad de

carácter puramente procedimental, que se puede sanear, con miras a

salvaguardar el derecho sustancial del solicitante de la patente sobre

la invención y el derecho que se le protege, por lo que no puede

desconocerse ni dejar de materializarse el derecho que se le protege

por un requisito meramente formal.

Resaltó que la solicitud corresponde a una solicitud internacional,

sobre la cual ya se emitió concepto preliminar favorable, frente a su

patentabilidad, por parte de la Oficina Europea de Patentes y que ese

es, precisamente, el objeto del examen que ha debido practicar la

SIC.

Señaló que el artículo 46 de la Decisión 486 dispone que la oficina

nacional competente podrá reconocer como suficiente ese examen de

novedad o patentabilidad de la solicitud extranjera, para efectos de

acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la

invención.

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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 61

de la Constitución Política, toda vez que la extemporaneidad para

adelantar el examen de fondo de la solicitud y el pago de la tasa

oficial, a su juicio, es una irregularidad de carácter puramente

procedimental, por lo que debe protegerse su derecho sustancial de

la patente sobre la invención y respecto del derecho que se protege.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para

el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos

demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en

las normas legales vigentes en materia marcaria.

Mencionó que a lo largo del escrito de la demanda la misma actora

reconoció de manera expresa el incumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 44 de la Decisión 486, esto es, el no presentar en tiempo

oportuno la solicitud y el pago del examen de patentabilidad de la

invención cuestionada.

Sostuvo que dicho artículo establece la obligación por parte del

solicitante de presentar de manera oportuna la solicitud del examen

de patentabilidad, con el propósito de que la solicitud sea sometida

a examen de fondo para efectos de determinar si la invención reúne

las condiciones esenciales para que sea patentada; y que de no

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presentar dicha petición de manera oportuna, la solicitud caerá en

abandono.

Adujo que, en el presente caso, DAVEY BICKFORD presentó la

solicitud del examen de patentabilidad el 31 de mayo de 2012 junto

con el pago de la tasa correspondiente; sin embargo, el plazo que

se le había otorgado de 6 meses para tal efecto ya había fenecido,

pues éste empezó a correr a partir de la publicación de la solicitud

en la gaceta de propiedad industrial, esto es, a partir del 15 de

noviembre de 2012 y vencía el 15 de mayo de 2013.

Insistió en que la demandante no dio cumplimiento de manera

cabal a las exigencias procedimentales previstas en el régimen

andino para la obtención de una patente, las cuales están

establecidas para el efecto en el artículo 44 de la Decisión 486, al

no presentar, dentro del término prescrito por la norma, la solicitud

del examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa

establecida, generando con ello el abandono de la solicitud en

trámite.

Mencionó que lo pertinente era que una vez acaecido el abandono

de la solicitud procediera a expedir las resoluciones acusadas, por

medio de las cuales declaró el abandono de la solicitud de patente

tramitada bajo el expediente núm. PCT/12-146296.

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Actora: DAVEY BICKFORD

Que solo hasta después de expedir los actos demandados, fue que

la actora solicitó y pagó el examen de patentabilidad, de tal suerte

que, a su juicio, no observa que se haya vulnerado el proceso

establecido por la Decisión 486 por el hecho de declarar el

abandono; por el contrario, éste se encuentra ajustado a las

normas que regulan la materia, en el que la solicitante tuvo la

oportunidad de interponer los recursos de ley y presentar pruebas.

Hizo hincapié en que el error cometido por la actora no puede

tenerse como un error formal, sino como el incumplimiento de una

disposición comunitaria dentro del procedimiento de otorgamiento

de una patente, error éste que la demandante ha reconocido

expresamente, no solo durante la actuación administrativa, sino

también durante el proceso judicial.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 20112,

el 4 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual

asistieron la sociedad DAVEY BICKFORD, en su calidad de actora

del proceso, así como la SIC, como entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales

surtidas, en el que se expuso que la demanda fue incoada en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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En adelante CPACA.

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derecho; enseguida, se procedió al saneamiento del proceso, sobre

el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que

pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho

sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad

relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas

por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las

resoluciones núms. 29763 de 22 de mayo y 43768 de 30 de julio de

2013, mediante las cuales la SIC declaró abandonada la solicitud de

patente de invención titulada "SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y

DE ENCENDIDO DE DETONADORES ELECTRÓNICOS,

PROCEDIMIENTO ASOCIADO", vulneran lo dispuesto en los

artículos 14 y 44 de la Decisión 486; y 61 de la Constitución

Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en

los términos expuestos.

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El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda,

los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el

proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la

Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación

prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad

alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones

surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta

ese momento.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda,

para lo cual señaló que debe tenerse en consideración que la

solicitud de patente cuestionada se publicó en la Gaceta de

Propiedad Industrial núm. 656 de 15 de noviembre de 2012 sin que

se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros, por lo

que el término de seis meses otorgado en la norma precluyó el 15

de mayo de 2013; y que la sociedad actora DAVEY BICKFORD

presentó el escrito de petición de examen de patentabilidad junto

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con el pago de la tasa establecida, sólo hasta el 31 de mayo de

2013, cuando ya había operado el abandono de la solicitud.

IV.2.- La actora solicitó acceder a las súplicas incoadas en la

demanda. Para el efecto, señaló que debe prevalecer el derecho

sustancial sobre las formalidades, por lo que tiene derecho a que se

le conceda la presente invención como patente, una vez se surta el

trámite administrativo correspondiente.

Manifestó que aun cuando el pago de la tasa correspondiente al

examen de patentabilidad se hizo de manera extemporánea, no

puede entenderse que haya un desistimiento tácito de la solicitud,

que es precisamente el hecho que pretende sancionarse con el

abandono; que la finalidad del desistimiento tácito es que se

declare el abandono de la solicitud por la inactividad del solicitante;

y que los hechos demuestran que ella efectuó conductas positivas

que demostraban su interés en continuar con el trámite de la

patente, hizo la respectiva solicitud y pago del examen de

patentabilidad, por lo que resulta completamente contrario a la

finalidad de la norma que, como sanción, se declare el abandono de

la solicitud.

IV.3.- En esta etapa procesal el agente del Ministerio Público

guardó silencio.

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V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el

Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de

las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda,

concluyó3:

“[…] 1. La manifestación del solicitante para la
realización del examen de patentabilidad. Abandono de
la solicitud de patente.

1.1. En su contestación a la demanda la SIC afirmó que
Davey Bickford solicitó de forma extemporánea la
realización del estudio de patentabilidad y pago de la
tasa respectiva petición que venció el 15 de mayo de
2013, generando esto el abandono da la solicitud de
patente en trámite, por lo cual resulta pertinente
abordar el presente teína.

1.2. En el Articulo 44 de la Decisión 486 se establece
que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y
cuando el solicitante, dentro del plazo de seis (6) meses
contados desde la publicación de la solicitud, pida
expresamente que se examine si la materia de la
solicitud es patentable, independientemente de que se
hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo,
establece que la consecuencia a la inactividad del
solicitante es la declaración de abandono de la solicitud.

1.3. Además del requisito de la petición expresa, se
prescribe el cobro de tasas para la realización del
examen de patentabilidad. Si los países miembros optan
por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir
aparejada del pago de la respectiva tasa en las
condiciones que la regulación interna indique. Esto
quiere decir que para que la oficina de patentes realice el
examen de patentabilidad se necesitan dos requisitos:

i. La petición expresa: y,

ii. El pago de las respectivas tasas si están previstas.

1.4. Es muy importante tener en cuenta que el pago de
las tasas no exime al solicitante de la petición expresa,

3
Proceso 540-IP-2018.

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así como tampoco la petición expresa exime del pago de
las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de
las tasas corno una petición implícita para la realización
del examen de patentabilidad.

1.5. En ese sentido, la no cancelación del pago de la tasa
imposibilita la realización del examen de patentabilidad,
generando un efecto similar al hecho de no haberse
solicitado el mencionado examen dentro del término
previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono
de la solicitud.

1.6. De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la oficina de patentes respectiva
proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de
conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:
i. Publicación de la solicitud de patente.

ii. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de
los seis (6) meses siguientes a la publicación de la
solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el
examen de patentabilidad.

iii. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la,
realización del examen de patentabilidad, dentro de los
seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulación interna.

1.7. Sobre la base de este pronunciamiento para
resolver la acción de nulidad y restablecimiento del
derecha deberá verificar si la declaratoria de abandono
de la solicitud de patente se funda en algún defecto en
su presentación o en la falta de cumplimiento de alguno
de los requisitos exigidos en la normativa del régimen
común sobre propiedad industrial. […]”.

VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante las resoluciones núms. 29763 de 22 de mayo

de 2013 y 43768 de 30 de julio de 2013, declaró el abandono de

la solicitud de patente de la invención titulada “SISTEMA DE

PROGRAMACIÓN Y DE ENCENDIDO DE DETONADORES

ELECTRÓNICOS, PROCEDIMIENTO ASOCIADO”.

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Sobre el particular, la actora señaló el requisito previsto en el

artículo 44 de la Decisión 486 es de carácter puramente formal y no

se refiere a un requisito de fondo de la solicitud de la invención; y

que, por ello, la administración está obligada a interpretar y aplicar a

las actuaciones y procedimientos administrativos el principio de

eficacia de las actuaciones administrativas.

Añadió que la administración debe buscar que los procedimientos

logren su finalidad, en este caso, mediante la concesión o denegación

de la patente; y que, además de lo anterior, deben sanear las

irregularidades y remover los obstáculos meramente formales que se

presenten, en aras de lograr la consecución del derecho material

objeto de la actuación administrativa.

Indicó que la extemporaneidad de la solicitud para adelantar el

examen de fondo y el pago de la tasa oficial es una irregularidad de

carácter puramente procedimental, que se puede sanear, con miras a

salvaguardar el derecho sustancial del solicitante de la patente sobre

la invención y el derecho que se le protege, por lo que no puede

desconocerse ni dejar de materializarse el derecho que se le protege

por un requisito meramente formal.

Por su parte, la SIC alegó que en el presente caso la sociedad

DAVEY BICKFORD presentó la solicitud del examen de

patentabilidad el 31 de mayo de 2012 junto con el pago de la tasa

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correspondiente; sin embargo, el plazo que se le había otorgado de

6 meses para tal efecto ya había fenecido, pues éste empezó a

correr a partir de la publicación de la solicitud en la gaceta de

propiedad industrial, esto es, a partir de 15 de noviembre de 2012

y vencía el 15 de mayo de 2013.

Anotó que la demandante no dio cumplimiento de manera cabal a

las exigencias procedimentales previstas en el régimen andino para

la obtención de una patente, las cuales están establecidas para el

efecto en el artículo 44 de la Decisión 486, al no presentar dentro

del término prescrito por la norma la solicitud del examen de

patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida, generando

con ello el abandono de la solicitud en trámite.

Mencionó que lo pertinente era que, una vez acaecido el abandono

de la solicitud, procediera a expedir las resoluciones acusadas, por

medio de las cuales declaró el abandono de la solicitud de patente

tramitada bajo el expediente núm. PCT/12-146296; y que solo

hasta después de expedir los actos demandados, fue que la actora

solicitó y pagó el examen de patentabilidad, de tal suerte que, a su

juicio, no observa que se haya vulnerado el proceso establecido por

la Decisión 486 por el hecho de declarar el abandono, por el

contrario, éste se encuentra ajustado a las normas que regulan la

materia, en el que la solicitante tuvo la oportunidad de interponer

los recursos de ley y presentar pruebas.

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VI.-1. Problema jurídico

Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en

establecer la legalidad de las resoluciones núms. 29763 de 22

de mayo de 2013 y 43768 de 30 de julio de 2013, por medio

de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO declaró el abandono de la solicitud de patente de

invención a la creación titulada “SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y

DE ENCENDIDO DE DETONADORES ELECTRÓNICOS,

PROCEDIMIENTO ASOCIADO” y si éstas vulneran o no lo

previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

V.II.2.- La normativa aplicable

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta

Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la

interpretación del artículo 44 de la Decisión 486 “[…] por ser

pertinente […]”, no así la del artículo 144, ibidem, “[…] por no ser

terna controvertido el concepto de invención y los requisitos de

patentabilidad. […]”

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente:

“[…] Decisión 486

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados
desde la publicación de la solicitud, independientemente
que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante

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Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su
estudio.

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deberá pedir que se examine si la invención es patentable.
Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la
realización de este examen.

Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera
pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en
abandono […]”.

V.II.3.- Análisis del caso concreto

El examen de patentabilidad

De conformidad con lo previsto en la Decisión 486, el trámite

relacionado con las solicitudes de patentes, desde su etapa de

publicación, es el siguiente:

Conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, se

pueden otorgar patentes para invenciones que “[…] sean de

producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean

susceptibles de aplicación industrial […]”.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de

presentación de la solicitud en el Estado Miembro o cuando sea el

caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el

expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

De conformidad con el artículo 40 de la Decisión 486, la oficina

nacional competente ordenará la publicación de la solicitud en la

gaceta de la propiedad industrial. No obstante lo anterior, el

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solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier

momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En

tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de la

publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una

sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la

patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina

nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional

de sesenta días (60) para sustentar la oposición.

Si se presentó oposición, la oficina nacional competente notificará al

solicitante para que dentro de los sesenta (60) días siguientes haga

valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte

nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si

lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional

competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de

sesenta días para la contestación.

Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión

486, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la

publicación de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial,

independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el

solicitante deberá pedir que se examine si la invención es

patentable.

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Adicionalmente, los Estados Miembros podrán cobrar una tasa para

la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si

transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el

examen y pague la tasa, si es del caso.

Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es

patentable o que no cumple con alguno de los requisitos

establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo

notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación

dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la

notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por

un período de treinta (30) días adicionales.

También se advierte que cuando la oficina nacional competente

estime que sea necesario para los fines del examen de

patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el

solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado,

o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la

concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y al

requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante

proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más

de los siguientes documentos relativos a una o más de las

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solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma

invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de

patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese

concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese

rechazado o denegado la solicitud extranjera; o

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese

anulado o invalidado la patente u otro título de protección

concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no

presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la

oficina nacional competente denegará la patente.

Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la

patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título

solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la

patente se denegará conforme al mandato contenido en el artículo

48 de la Decisión 486.

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Particularmente, respecto del examen de patentabilidad, la

Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal en el caso sub

examine enfatiza en que el citado artículo 44 de la Decisión 486

establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y

cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados

desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se

examine si la solicitud es patentable, independientemente que

se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, señala que la

consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración

de abandono de la solicitud.

Además, indica que “[…] es muy importante tener en cuenta que el

pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así

como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por

lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una

petición implícita para la realización del examen de

patentabilidad […]” (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, es necesario considerar los requisitos

para proceder a iniciar el examen de patentabilidad, aludidos en la

precitada interpretación prejudicial:

“[…] De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva
proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad
con la Decisión 486, son los siguientes:

1. Publicación de la solicitud de patente.

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2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro
de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la
solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el
examen de patentabilidad.

3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la
realización del examen de patentabilidad dentro de los
seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulación interna
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, no basta efectuar la solicitud y el pago por fuera del

término legal y pretender que con dicho actuar se cumplió con la

carga de demostrar su interés o intención para la realización del

examen porque, como se dijo anteriormente, debe ajustarse al

procedimiento que lo regula, es decir, debe existir la petición

expresa del solicitante en tal sentido dentro del término

previsto para tal efecto.

Por consiguiente, el pago de la respectiva tasa debe ir aparejada

con la petición del examen, requisitos estos que no se cumplieron

en el presente caso.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la Decisión 486, en su

artículo 4°, en lo referente a términos y plazos, dispone:

“[…] Artículo 4o.- Los plazos relativos a trámites previstos
en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación
se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se
realice la notificación o publicación del acto de que se
trate, salvo disposición en contrario de la presente
Decisión […] ” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, la Decisión 486, en su artículo 44, señala:

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“[…] Dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicación de la solicitud, independientemente que se
hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir
que se examine si la invención es patentable […].”

En atención a que el artículo 4° de la citada Decisión 486, en lo

referente a los plazos relativos a trámites sujetos a publicación

establece una excepción, al disponer “salvo disposición en contrario

de la presente Decisión” y que el artículo 44 ibidem prevé de

manera específica un plazo con respecto a la solicitud del examen

de patentabilidad, se debe aplicar este último, que prevé un plazo

de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la

solicitud.

En el caso objeto de estudio, de los documentos allegados, se tiene

que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la

Propiedad Industrial núm. 656 de 15 de noviembre de 2012, fecha

en que se inició el plazo, el que culminó el 15 de mayo de 2013,

período dentro del cual la actora no allegó la petición del examen

de patentabilidad ni el pago de la tasa correspondiente a que hace

referencia la norma anteriormente transcrita.

En este orden de ideas, al no cumplirse con la carga consistente en

que la solicitante de la patente formulara petición expresa y

realizara el pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis (6)

meses contados desde la fecha de publicación de la solicitud, para

que se practicara el examen de patentabilidad de la invención, la

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SIC podía legalmente declarar abandonada la solicitud de patente

de invención, como en efecto lo hizo a través de los actos

demandados, en los términos dispuestos en el artículo 44 de la

Decisión 4865.

Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que debe

prevalecer el derecho sustancial respecto de lo meramente

procedimental, pues así haya sido extemporáneo sí presentó la

solicitud del examen de patentabilidad, así como el pago

correspondiente de la tasa, la Sala pone de presente que la

demandante no puede pretender que se desconozca la ley vigente,

la cual considera que las normas procesales son de orden público y

de obligatorio cumplimiento, sin que exista una situación jurídica

particular para desconocerlas, así se haya obrado de buena fe,

habida cuenta que “[…] la prevalencia del derecho sustancial no es

un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de

carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su

aplicación, puesto que estas desarrollan también un principio que a

su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido

proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y

armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto […]”6.

5
En el mismo sentido se pronunció la jurisprudencia de esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110031500.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
enero de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
2004-00170-01.

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En efecto, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la

entidad demandada se fundamentó, para declarar el abandono a la

invención titulada “SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y DE

ENCENDIDO DE DETONADORES ELECTRÓNICOS,

PROCEDIMIENTO ASOCIADO”, no se puede considerar como un

riguroso formalismo, con el cual la Administración pretendió

desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las

normas aplicables, vale decir, el artículo 44 de la Decisión 486 y la

consecuencia prevista por su no observancia, conforme lo señaló

esta Sección en la sentencia de 16 de febrero de 20177, que ahora se

prohíja, en la que se expresó lo siguiente:

“[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la
prevalencia del derecho sustancial no puede
interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las
normas de procedimiento, dado que éstas constituyen
instrumentos necesarios para que el Derecho material
se realice objetivamente y en su oportunidad.

Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio
de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00,
Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Consejero ponente
doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:

“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se
privilegió la aplicación de las formalidades sobre el
derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los
memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008
mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado
contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm.
14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el
artículo 39 de la Decisión 486.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00383-00.
Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 2008-00329-00.

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La Sala en Sentencia de 28 de enero de 20088 desestimó una
acusación similar a la aquí examinada con las siguientes
consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables
a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la
legalidad de actos administrativos que declararon el abandono
de la solicitud de patente por no completar los requisitos
indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la
oportunidad prevista en la normativa andina:

“[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un
principio absoluto que implique prescindir de las
disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que
éstas desarrollan también un principio que a su vez
constituye un derecho fundamental, cual es el del
debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere
ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso
concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho
sustancial tuvo la primacía que correspondía a las
circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales
que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a
la actora.

Según las disposiciones transcritas9 es claro que los
términos que prevé son preclusivos y la intervención en la
actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y
como quiera que en este caso no había apoderado
debidamente constituido y no se allegó el instrumento que
lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que
le fue dado, se concluye que la interesada no respondió
a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello
no es otra que la declaración de abandono de la
solicitud.

Por lo anterior se impone hacer efectiva la
consecuencia de esa omisión, que es la de declarar
abandonada la solicitud, según lo pone de presente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo
cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de
modo que la decisión acusada está acorde con las normas
comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en
cita.”10 (Resalta la Sala)

Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional
en distintos pronunciamientos, la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de
procedimiento o como el desconocimiento de los

8
Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr.
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
9
Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyas
previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
10
Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida
en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García
González.

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términos y plazos procesales. Así por ejemplo en
Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:

“La primacía del derecho sustancial prevista por el
artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse
como la inexistencia de las normas procesales. No, el
entendimiento cabal del precepto constitucional apenas
conduce a definir las normas procesales, y el proceso
en sí, como un medio para realizar el derecho, para que
la norma jurídica se aplique al caso concreto.
Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir
una demanda contra el artículo 373 del Código de
Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora:
“Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los
requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el
recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de
origen, sólo se está en presencia de unos efectos
sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma
de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de
hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”.
(Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994,
magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).

El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno
similar, serviría para demandar la declaración de
inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su
inmensa mayoría.

Es claro, en síntesis, que la norma demandada11 no quebranta
el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución.
En consecuencia, será declarada exequible.” (negrillas ajenas
al texto original)

Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela
contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el
particular que:

“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la
Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho
sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades
superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por
razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a
consideraciones de forma no indispensables para resolver en el
fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio
constitucional que rige las actuaciones judiciales no

11
Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”. “Artículo 226.
Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará
desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá
traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente
emita concepto.”

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implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda
norma legal obligatoria para quienes participan en los
procesos, o la eliminación, per se, de las formas
indispensables para que los juicios lleguen a su
culminación -pues allí está comprometido el derecho
sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni,
para el asunto del que ahora se trata, puede significar la
absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud
de las formas propias de cada juicio", contemplada como
factor esencial del debido proceso, según el artículo 29
de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen
simplemente reglas formales vacías de contenido sino
instrumentos necesarios para que el Derecho material se
realice objetivamente y en su oportunidad.

g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la
presentación del documento de sustentación del recurso. Si la
extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otra medida
de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho
incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día
y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad
judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e
intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas
fases de la actuación procesal.” (negrillas de la Sala)

Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:

“La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del
artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del
ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a
las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial,
pues permite realizar los fines estatales de protección y
realización del derecho de las personas, así como de otorgar
una verdadera garantía de acceso a la administración de
justicia pronta y cumplida.

Lo anterior no significa que se pueda caer en el
permanente error de considerar el principio de la
primacía del derecho sustancial sobre el formal como
un postulado constitucional excluyente que impide la
coexistencia de las normas sustantivas y formales,
pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia
a principios que encuentran sustento constitucional.
Sobre este tema la Corte se pronunció12 y aclaró lo siguiente:

“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran
trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y
especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere
decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan
de valor o significación. Hay una tendencia en este
sentido, que pretende discutir la validez de las normas
que establecen requisitos y formalidades, y que es

12
Sentencia C-215 de 1994.

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preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en
estas materias constitucionales, y concluir entonces
que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas
cuentan también con firme fundamento constitucional y
deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los
jueces...””. (Se resalta)

Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.

6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la
actuación de la Superintendencia de Industria y
Comercio desatendió el principio de eficacia que
gobierna las actuaciones administrativas establecido en
los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º
(inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el artículo 4º del Código de
Procedimiento Civil13.

La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales
como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros,
en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales
del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes
y derechos consagrados en la Constitución Política, y en el
artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la
función administrativa.

En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se
reitera la previsión constitucional antes mencionada en el
sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en
cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto “…la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados,
reconocidos por la ley”. Y en el artículo 3 inciso 5º de ese
mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las
actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del
mismo “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias…”.

Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno
el desconocimiento de las normas procesales, pues
como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia
atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas
formales vacías de contenido sino instrumentos
necesarios para que el Derecho material se realice
objetivamente y en su oportunidad.

Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no
pueden pasarse por alto los términos establecidos en la
normativa andina para completar los requisitos de las
solicitudes de patente de invención.” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto)”. […]” (Destacado fuera de texto).

13
“Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. […]”

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Aunado a lo anterior, se debe puntualizar que, como bien lo ha

reiterado la citada jurisprudencia del Consejo de Estado, es

principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de su

primacía o prevalencia sobre los ordenamientos jurídicos internos

de cada uno de los Estados Miembros, de manera que las normas

aplicables al presente caso son las de la Decisión 486,

particularmente, en su artículo 44.

De allí que tampoco se advierta vulneración del artículo 61 de la

Constitución Política, pues como quedó visto, la SIC, con la

expedición de los actos administrativos acusados, no vulneró los

derechos de propiedad industrial de la actora al declarar el

abandono de la solicitud de patente cuestionada, ya que ésta era la

consecuencia lógica al DAVEY BICKFORD no solicitar el examen

de patentabilidad ni pagar la tasa correspondiente, durante el plazo

establecido para ello.

En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas

invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón

suficiente para que se mantenga incólume la presunción de

legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente,

previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de junio de

2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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