Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00110-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00110-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00110-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00110-00
Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. NO SE
ACREDITÓ QUE EL ACTO ACUSADO SE EXPIDIERA CON
INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SUPERIORES EN QUE DEBÍA
FUNDARSE NI VIOLARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA
IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA JUSTICIA DE
LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el
señor ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO, quien actúa en
nombre propio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución
núm. 164 de 5 de junio de 2013, “por la cual se declara de
utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico
Porvenir II así como los terrenos necesarios para su
construcción y protección y se dictan otras disposiciones”,
expedida por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA1.
1
En adelante el MINISTERIO.
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00110-00
Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
I.- LA DEMANDA
I.1. El señor ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO, quien actúa
en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a
obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de la
Resolución núm. 164 de 5 de junio de 2013, “Por la cual se declara
de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico
Porvenir II así como los terrenos necesarios para su
construcción y protección y se dictan otras disposiciones”,
expedida por el MINISTERIO.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, señaló los siguientes:
Dijo que el Comité Local de Atención Integral a la Población
desplazada del municipio de San Carlos, Antioquia, mediante
Resolución núm. 458 de 27 de julio de 2007, presentó informe de
aval de predios localizados entre otras veredas, las de Santa Bárbara,
Norcasia, Miraflores, Samaná, San José y El Contento, de ese
departamento.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00110-00
Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
Indicó que la Dirección de Licencias, permisos y Trámites
Ambientales del MINISTERIO, a través de auto núm. 117 de 21 de
enero de 2010, dio inicio al trámite administrativo de licencia
ambiental para el proyecto denominado “Aprovechamiento
Hidroeléctrico del Río Samana Norte”, en el departamento de
Antioquia, solicitado por la sociedad INTEGRAL INGENIERÍA DE
CONSULTA S.A.
Sostuvo que la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME,
mediante oficio núm. 201115000558801 de 10 de noviembre de
2011, indicó que el Proyecto de Generación Hidroeléctrica Porvenir II
se encontraba inscrito en la fase 2 del registro de proyectos de
generación.
Anotó que el 6 de diciembre de 2011, la sociedad INTEGRAL
INGENIERÍA DE CONSULTA S.A. solicitó a la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA2, cambio de
solicitante a favor de la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
S.A.S. - PROE S.A.S. E.S.P.3, la cual fue autorizada a través de auto
núm. 330 de 16 de febrero de 2012.
2
Radicado núm. 4120-E1-152024.
3
Identificada con NIT núm. 900.467.544-4
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00110-00
Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
Señaló que el 9 de marzo de 2012, la referida sociedad solicitó 4 al
MINISTERIO la declaratoria de utilidad e interés social sobre la zona
de influencia del Proyecto de Generación Hidroeléctrica Porvenir II,
localizado “al oriente del departamento de Antioquia, en la parte baja
de la cuenca del río Samaná Norte, en jurisdicción de los municipios
de San Carlos, Puerto Nare y San Luis”.
Anotó que la directora territorial Antioquia de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 6 de noviembre
de 2012, hizo constar que en la vereda El Contento del municipio de
San Carlos, existían 4 solicitudes de restitución de predios en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el
marco de la Ley 1448 de 10 de junio de 20115.
Informó que la dirección de energía del MINISTERIO, mediante
radicados núms. 2012031886 de 14 de junio de 2012 y 2013021551
de 8 de abril de 2013, emitió conceptos técnicos favorables a la
solicitud de declaratoria de utilidad pública.
4
Radicación núm. 2012013369.
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“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”.
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Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
Agregó que el director Técnico de Asuntos Étnicos del MINISTERIO,
en oficio núm. 20132108230 de 8 de abril de 2013, indicó que “[…]
revisadas las coordenadas correspondientes al área de influencia del
Proyector, “(…) estas no coinciden con las coordenadas de
Resguardos Indígenas titulados y/o trámite, ni con territorios
colectivos y/o trámite de comunidades negras (…)”.
Indicó que el 3 de mayo de 20136, la sociedad PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA S.A.S. - PROE S.A.S. E.S.P. le manifestó al Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente no conocer
registro de predios correspondientes al área a declarar de utilidad
pública ni procesos de restitución de tierras sobre las poligonales
solicitadas para dicha declaración.
Concluyó que el MINISTERIO mediante la Resolución núm. 164 de
5 de junio de 2013, acto aquí demandado, declaró la utilidad pública
e interés social el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, junto con los
terrenos necesarios para su construcción.
I.3.- Normas violadas y concepto de violación:
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Radicado núm. 2013027881.
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Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
El actor considera que el MINISTERIO trasgredió los artículos 13,
29 y 229 de la Constitución Política; 2º, 16, 17 y 18 de la Ley 387 de
1997; 1º, 8º, 9º, 25, 28, 34, 73, 97, 98 y 111 de la Ley 1448 de
2011; 1º del Decreto 2007 de 2001; 3º, 5º, 7º y 54 de la Resolución
núm. 953 de 2012 de la Unidad de Restitución de Tierras - Ministerio
de Agricultura; y tratados internacionales relacionados con población
víctima del desplazamiento forzado, no obstante, no los identificó.
Invocó como causal de nulidad del acto administrativo acusado la
infracción de las normas en que debía fundarse.
Sostuvo que el MINISTERIO al declarar la utilidad pública e interés
social del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, obvió que sobre el área
del polígono solicitado existían medidas de protección de tierras y
territorios, de conformidad con lo establecido en la Ley 387 y el
Decreto 2007 de 2001, con ocasión de la Resolución núm. 001 de 14
de febrero de 2003, a través de la cual el Comité Local de Atención
Integral a la Población desplazada del municipio de San Carlos,
Antioquia, incluyó 52 veredas bajo protección colectiva y frente a las
cuales las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos debían
abstenerse de “inscribir actos de enajenación o transferencia”.
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Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
Consideró que tal situación se evidencia en la Resolución núm. 458
de 27 de julio de 2007, en la que el Comité Local de Atención Integral
a la Población desplazada del municipio de San Carlos, Antioquia,
presentó informe de aval de predios.
Señaló que el acto acusado vulnera los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la justicia de las víctimas
de desplazamiento, habida cuenta que no pueden acceder en
igualdad de condiciones a las medidas de restitución por situarse sus
predios en el polígono de declaratoria de utilidad pública y otorgar
mayor importancia al interés económico que a los derechos de las
víctimas.
Señaló que el acto acusado no tuvo en cuenta que las leyes 387 y
1448 establecen derecho a los desplazados de regresar a su lugar de
origen y de reparación integral de las víctimas del desplazamiento
forzado, sin que la declaratoria de utilidad pública pueda erigirse
como una causal para reemplazar la restitución de predios por una
compensación económica.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
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II.1. Admisión. Mediante proveído de 31 de marzo de 20147 se
admitió la demanda de la referencia y se tuvo como parte demandada
a la NACIÓN - MINISTERIO.
Posteriormente, en proveído de 13 de febrero de 20208, se vinculó a
la sociedad PORVENIR II S.A.S. E.S.P., como tercero con interés
directo en las resultas del proceso.
II.2.- Contestación
II.2.1.- El MINISTERIO contestó la demanda de manera oportuna
y se opuso a las pretensiones de esta, argumentando lo siguiente:
Indicó que el acto acusado fue expedido con fundamento en las
normas que imponen al Gobierno Nacional la obligación de
desarrollar el Estado social de derecho, asegurando a los ciudadanos
una vida digna y respetando los derechos de igualdad y trabajo.
Precisó que la resolución controvertida declaró de utilidad pública e
interés social el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, actividad para la
generación y trasmisión de energía eléctrica, servicio público de
protección constitucional, el cual tiene unas características que
7
Folios 96 a 79 del cuaderno principal visible en el índice 94 del expediente digital.
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Folio 133 del cuaderno principal, idem.
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permiten desarrollar los principios constitucionales invocados por el
actor.
Sostuvo que en el expediente administrativo está acreditado que el
INCODER y el Ministerio del Interior, previo requerimiento del
MINISTERIO, presentaron tres veces la información requerida para
determinar la existencia o no de las comunidades a las que refieren
los artículos 330 de la Constitución Política; 7º de la Ley 21 de 1991;
y 76 de la Ley 99 de 1993, así como el Decreto 2820 de 2020,
además de que en el acto demandado señaló qué debe hacerse si al
momento de ejercer las actividades propias del proyecto, se
encuentra la existencia de alguna situación, territorio o comunidad
allí enunciada.
Finalmente, propuso como excepciones las denominadas
“inexistencia de causal de nulidad y en consecuencia ausencia de
título jurídico que fundamente el restablecimiento del derecho –
excepción de legalidad”, “caducidad” y “genérica”, que fundamentó
en la expedición legal del acto acusado conforme el acervo
probatorio que soporta la solicitud de declaración de utilidad pública;
y que en virtud de la teoría de los fines y motivos, entre la
publicación del acto administrativo demandado y la presentación del
medio de control transcurrieron más de 9 meses.
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II.2.2.- PORVENIR II S.A.S. E.S.P.9, como tercero con interés
directo en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda.
Adujo que el acto acusado no vulnera los derechos fundamentales de
las víctimas del desplazamiento forzado, toda vez que se ajustó a lo
previsto en la Ley 1448 y propuso como excepción la inexistencia de
las causales de nulidad del acto administrativo demandado.
II.3.- Medida cautelar. El Despacho Sustanciador mediante auto
de 8 de abril de 202210, denegó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos de la Resolución 164 de 2013.
II.4. Excepciones previas. El Despacho Sustanciador, en
providencia de 24 de junio de 2022, se abstuvo de decidir sobre la
excepción de caducidad formulada por el MINISTERIO, por
considerar que la misma no se encontraba enlistada en el artículo
100 del CGP y, por tanto, debía resolverse en la sentencia.
9
Folios 170 a 189 del cuaderno principal, visible en el índice 95 del expediente digital.
10
Visible en el índice 95 del expediente digital.
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Inconformes, el MINISTERIO y el señor JOSÉ LUIS PÉREZ
BERMEO, coadyuvante de la parte demandada, interpusieron
recursos de reposición aduciendo que debió darse aplicación a la
figura de la sentencia anticipada en lo relativo a la caducidad del
medio de control.
En auto de 9 de diciembre de 2022, se confirmó la decisión recurrida
con fundamento en que el acto controvertido es susceptible del
medio de control de nulidad.
II.5. Audiencia inicial. El Despacho Sustanciador mediante
proveído de 27 de enero de 202311, dio aplicación a lo previsto en el
artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080
de 2021, por lo que prescindió de realizar la audiencia inicial
establecida en el artículo 180 del CPACA, fijó el litigio12 y resolvió sobre
las pruebas aportadas por las partes.
11
Visible en el índice 129 del expediente digital.
12
El litigio se fijó en los siguientes términos: “[…] determinar si la Resolución núm. 164 de 5 de junio de
2013, “Por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II así
como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se dictan otras disposiciones”, expedida
por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, desconoció o no los artículos 13, 29, 229, 330 y 365 de la
Constitución Política; 7º de la Ley 21 de 4 de marzo de 1991; 76 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993;
5º de la Ley 143 de 11 de julio de 1994; 56 de la Ley 142 de 11 de julio 1994; 2º, 16, 17 y 18 de la Ley
387 de 18 de julio de 1997; y 1º, 8º, 9º, 25, 28, 34 y 73 de la Ley 1448 de 10 de junio de 2011; y el
Decreto 2820 de 5 de agosto 2010, conforme a lo expuesto por la parte actora en la demanda y a lo
respondido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA13 y la sociedad PORVENIR II S.A.S. E.S.P.14 en sus
contestaciones, al igual que de los coadyuvantes reconocidos dentro del proceso […]”.
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La anterior decisión fue adicionada el 19 de mayo de ese año13, en el
sentido de abstenerse de decretar las pruebas testimoniales solicitadas
por la sociedad PORVENIR II S.A. E.S.P., tercero con interés directo
en las resultas del proceso, y se confirmó en lo demás.
II.5. Alegatos de conclusión. Por auto de 16 de junio de 202314 el
Despacho Sustanciador corrió traslado a las partes y al señor
Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
II.5.1- La sociedad PORVENIR II S.A.S. E.S.P.15, tercero con
interés directo en las resultas del proceso16, a través de apoderado,
solicitó denegar las pretensiones de la demandada por cuanto, en su
criterio, el acto acusado no desconoció ninguna de las normas en que
debía fundarse ni incurrió en vicio alguno que lleve a su declaratoria
de nulidad.
II.5.2- El señor JOSÉ LUIS PÉREZ BERMEO17, coadyuvante del
MINISTERIO18, solicitó desestimar las pretensiones de la
demandada habida cuenta que de conformidad con el material
13
Visible en el índice 142 del expediente digital.
14
Visible en el índice 148 del expediente digital.
15
visible en el índice 155 del expediente digital.
16
Vinculado mediante auto de 13 de febrero de 2020.
17
visible en el índice 156 del expediente digital.
18
Reconocido mediante auto de 20 de mayo de 2022.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00110-00
Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
probatorio allegado no se dan los presupuestos para declarar la
nulidad de la resolución controvertida y, confrontado este con las
normas invocadas como violadas, no se infiere la vulneración de
disposiciones superiores.
Agregó que la excepción de caducidad alegada por el MINISTERIO
es procedente debido a que el medio de control idóneo para
controvertir el acto acusado es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, respecto del cual no se cumple el término para promoverlo.
II.5.3- El actor19, a través de apoderada, insistió en declarar la
nulidad de la Resolución núm. 164 de 2023, por violación de los
derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, para lo
cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
II.5.4- El MINISTERIO20 instó a la denegación de las pretensiones
de la demanda, por cuanto, en su criterio, la Resolución núm. 164 de
2013 se encuentra ajustada a la Constitución y a lo previsto en los
artículos 16 y 17 de la Ley 56 de 1981; 8.3, 33 y 56 de la Ley 142;
y 5º de la Ley 143 de 1994, disposiciones que imponen al Gobierno
Nacional la obligación de desarrollar el Estado Social de Derecho.
19
visible en el índice 157 del expediente digital.
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Visible en el índice 158 del expediente digital.
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Reiteró que el trámite de solicitud y expedición del acto acusado
obedece a la costumbre y al cumplimiento de un mandato legal
vigentes, habida cuenta que las entidades propietarias de proyectos
u obras para la generación, trasmisión o distribución de energía
eléctrica no requieren acudir a instancia administrativa para obtener
la declaratoria de utilidad pública, pues la naturaleza misma de la
actividad la considera como tal.
Agregó que para la fecha de expedición de la Resolución demandada,
esto es, el 5 de junio de 2013, no era necesario verificar lo relativo
a la certificación de la Unidad de Restitución de Tierras, pues dicho
requerimiento se introdujo en el ordenamiento con el Decreto núm.
2444 de 5 de noviembre de ese año; no obstante, en mayo de esa
anualidad la solicitante aportó comunicación en la que manifestó que
para esa fecha no se conocía registro de predios correspondientes al
área a declarar de utilidad pública en el registro de tierras despojadas
y abandonadas forzosamente.
Concluyó que el acto acusado establece medidas de reparación,
conforme con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 1448, que prevé la
restitución equivalente o compensación en el marco de reparación
integral de las víctimas.
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II.5.6- El señor Procurador Delegado ante el Consejo de Estado,
guardó silencio.
II.6. El expediente ingresó al Despacho para sentencia el 17 de julio
de 202321.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo
1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
asunto de la referencia.
III.2. Cuestión previa
La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de
caducidad propuesta por el MINISTERIO que considera que entre la
fecha de publicación del acto demandado en el Diario Oficial núm.
21
Visible en el índice 160 del expediente digital.
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48.812 de 5 de junio de 2013 y la presentación de la demanda el día
11 de febrero de 2014, transcurrieron aproximadamente nueve (9)
meses.
Al respecto, cabe precisar que en proveído de 9 de diciembre de 2022
el Despacho sustanciador precisó que el acto administrativo
demandado es susceptible de control judicial a través del medio de
control de nulidad, previsto en el artículo 137 idem, toda vez que
“[…] se controvierte un acto administrativo de carácter general, lo
que descarta la configuración del fenómeno de la caducidad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 164, numeral 1, literal a),
del CPACA, el cual dispone que la demanda de nulidad, en los
términos del artículo 137 ibidem, podrá presentarse en cualquier
tiempo. […] sin que se advirtiera que con la misma podría generarse
el restablecimiento automático de un derecho […]”.
Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la
parte demandada y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
III.3. El acto acusado
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En el caso en concreto, el señor ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ
JARAMILLO solicitó la nulidad del siguiente acto administrativo:
«[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 164 DE 2013
(junio 5)
Por la cual se declara de utilidad pública e interés social el
Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II así como los terrenos
necesarios para su construcción y protección y se dictan otras
disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus
atribuciones legales y en particular la que le confiere el artículo
17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en los artículos 56
de la Ley 142 de 1994 y 5° de la Ley 143de 1994, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado en el Ministerio de Minas y
Energía con el número 2012013369 del 9 de marzo de 2012, el
señor Juan Fernando Prats Muñoz, Gerente General y
Representante Legal de Producción de Energía S.A.S. E.S.P.
(PROE S.A.S. E.S.P.), solicita al Ministerio de Minas y Energía
la declaratoria de utilidad pública e interés social sobre las
zonas de influencia del Proyecto de Generación Hidroeléctrica
Porvenir II.
Que en la información general del proyecto se indica que este
se encuentra localizado al oriente del departamento de
Antioquia, en la parte baja de la cuenca del río Samaná Norte,
en jurisdicción de los municipios de San Carlos, Puerto Nare y
San Luis. El proyecto presenta una presa en arco-gravedad en
concreto compactado con rodillo (CCR), con un vertedero
incorporado a la misma y una descarga de fondo; las obras de
generación están compuestas por una estructura de captación
con dos aducciones independientes, dos pozos de presión los
cuales empalman con dos túneles blindados, los cuales
alimentan dos unidades de generación equipadas con turbinas
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tipo Francis de eje vertical para una potencia total instalada de
352 MW, alojadas en una caverna subterránea localizada en la
margen izquierda del río Samaná Norte; los caudales
turbinados son restituidos de nuevo al río mediante un túnel de
descarga aproximadamente 100 metros aguas abajo de la
presa.
Que el área del polígono a ser declarado de utilidad pública e
interés social tiene una extensión aproximada de 10932.32
hectáreas.
Que para efectos de la declaratoria se anexaron los siguientes
documentos:
1. Plano de poligonales mediante radicado número
2013012005 del 25 de febrero de 2013.
2. Certificación número 217 del 12 de marzo de 2013, mediante
la cual la Directora (E) de Consulta Previa del Ministerio del
Interior certifica que: i) No se identifica la presencia de
comunidades indígenas en el área de influencia para el
Proyecto. ii) En la base de datos de la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías, no se encuentra registro de
Resguardos legalmente constituidos, ni Comunidades o
Parcialidades Indígenas por fuera de Resguardo en el área de
influencia. iii) No se identifica la presencia de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales ni Palenqueras en el área de
influencia. iv) En la base de datos de la Dirección de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, no se encuentra registro de Consejos
Comunitarios de Comunidades Negras, Títulos Colectivos ni
inscripción en el Registro Único de Consejos Comunitarios para
el Proyecto. De igual forma no aparece registro alguno de
Comunidades Raizales ni Palenqueras en el área de influencia,
identificada con las coordenadas.
3. Oficio con radicado Incoder 20132108230 del 8 de abril de
2013, el director técnico de Asuntos Étnicos de dicha entidad,
emite un último pronunciamiento respecto de la zona
propuesta, señalando que revisadas las coordenadas
correspondientes al área de influencia del Proyecto, “(...) estas
no coinciden con las coordenadas de Resguardos Indígenas
titulados y/o trámite, ni con territorios colectivos y/o trámite
de Comunidades Negras (...)”.
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(…)
Que la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía
mediante oficios con radicado número 2012031886 del 14 de
junio de 2012 y 2013021551 del 8 de abril de 2013, emitió
concepto técnico favorable a la mencionada solicitud.
Que mediante comunicación con radicado número 2013027881
del 3 de mayo de 2013, el Representante Legal de PROE S.A.S.
E.S.P., manifiesta: (i) Que a la fecha no conocen registro de
predios correspondientes al área a declarar de utilidad pública,
en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente y (ii) Como consecuencia de lo anterior no
conocen de procesos de restitución de tierras sobre las
poligonales solicitadas para la declaratoria de utilidad pública
del proyecto.
(…)
Que el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II se enmarca dentro
de las actividades a que hace referencia el artículo 5° de la Ley
143 de 1994, que dispone que la generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad,
están destinadas a satisfacer necesidades colectivas
primordiales en forma permanente; por esa razón son
consideradas servicios públicos de carácter esencial,
obligatorio, solidario y de utilidad pública.
RESUELVE
Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el
Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II así como los terrenos
necesarios para su construcción y protección, ubicado al oriente
del departamento de Antioquia, en la parte baja de la cuenca
del río Samaná Norte, en jurisdicción de los municipios de San
Carlos, Puerto Nare y San Luis, de propiedad de la sociedad
Producción de Energía S.A.S. E.S.P. - PROE S.A.S. E.S.P.,
conforme con los términos y cumplimiento de condiciones que
rigen las autoridades ambientales competentes, según se ha
expresado en la parte motiva del presente acto, y que cuenta
con un área aproximada de 10932.32 hectáreas y las siguientes
líneas poligonales aportadas por el peticionario:
(…)
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Artículo 4°. En el evento que a través de sentencia se
acreditare que alguno o algunos de los predios vinculados a la
declaratoria de utilidad pública e interés social han sido
despojados o abandonados forzosamente y, por tanto, proceda
la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados
y desplazados, se otorgará a la víctima un predio equivalente,
o una compensación, en los términos del artículo 72 de la Ley
1448 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren y
desarrollen […]».
IV.4. Problema jurídico
El asunto a dilucidar se centra en establecer la legalidad de la
Resolución núm. 164 de 5 de junio de 2013, “por la cual se declara
de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico
Porvenir II así como los terrenos necesarios para su
construcción y protección y se dictan otras disposiciones”,
expedida por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
A juicio del demandante, el acto administrativo infringe las normas
superiores en que debía fundarse, concretamente, los artículos 13,
29 y 229 de la Constitución Política; 2º, 16, 17 y 18 de la Ley 387 de
1997; 1º, 6º, 8º, 9º, 25, 28, 34, 73, 97, 98 y 111 de la Ley 1448 de
2011; 1º del Decreto 2007 de 2001; 3º, 5º, 7º y 54 de la Resolución
núm. 953 de 2012 de la Unidad de Restitución de Tierras - Ministerio
de Agricultura, así como tratados internacionales en materia de
derechos humanos sobre población víctima del desplazamiento
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forzado, toda vez que el MINISTERIO al declarar la utilidad pública
e interés social del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, no tuvo en
cuenta que sobre el área del polígono solicitado existían medidas de
protección de tierras y territorios, de conformidad con lo establecido
en la Ley 387 y el Decreto 2007 de 2001, con ocasión de la Resolución
núm. 001 de 14 de febrero de 2003, a través de la cual el Comité
Local de Atención Integral a la Población desplazada del municipio de
San Carlos, Antioquia, incluyó 52 veredas bajo protección colectiva y
frente a las cuales las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos
debían abstenerse de suscribir actos de enajenación transferencia.
Por su parte, el MINISTERIO afirma que la resolución controvertida
se expidió con fundamento en las normas que facultan al Gobierno
Nacional a asegurar la prestación de los servicios públicos de carácter
esencial, permitiendo la generación, interconexión, trasmisión,
distribución y comercialización de electricidad como medio destinado
a satisfacer necesidades colectivas primordiales.
IV.4. Análisis del Caso concreto.
De acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad
privada en Colombia tiene una función social, en los siguientes
términos:
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“Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones.
Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y
solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por
el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse
por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-
administrativa, incluso respecto del precio”.
En virtud de la función social de la propiedad se incorpora a ésta un
límite consistente en imponer al titular del dominio obligaciones en
beneficio de la sociedad. Al respecto, la jurisprudencia de la
Corporación, en armonía con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, ha sostenido que el
ejercicio del derecho a la propiedad puede ser subordinado por
motivos de utilidad pública o de interés social, al punto de que por
estas mismas razones y según las formas establecidas por la ley su
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titular puede ser privado del mismo a través de una expropiación
sujeta al pago de indemnización22.
También la Corte Constitucional ha precisado que, en tratándose de
los servicios públicos, la propiedad privada cumple una función social
que debe ceder ante el interés particular con miras a asegurar su
eficiente prestación23.
Ahora, por mandato del artículo 16 de la Ley 56 de 1o. de septiembre
de 198124, los planes, proyectos y ejecución de obras para la
generación, transmisión, distribución de energía eléctrica,
acueductos, riego, regulación de ríos y caudales, así como las zonas
a ellos afectadas son de utilidad pública e interés social. En igual
sentido, el artículo 56 de la Ley 142 preceptuó:
“Artículo 56. Declaratoria de utilidad pública e interés
social para la prestación de servicios públicos. Declárase
de utilidad pública e interés social la ejecución de obras para
prestar los servicios públicos y la adquisición de espacios
suficientes para garantizar la protección de las instalaciones
respectivas. Con ambos propósitos podrán expropiarse bienes
inmuebles”.
22 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 28 de mayo de 2015, número único de radicación 52001-23-31-
000-2003-00625-01(35913), C.p Danilo Rojas Betancourth.
23
Cfr. Corte Constitucional C- 352 de 1998.
24 “Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos,
sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes
afectados por tales obras”.
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Actor: ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ JARAMILLO
A través del Decreto 2444 de 5 de noviembre de 2013 se
reglamentaron los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981 y se dispuso
que el Gobierno Nacional podrá, mediante resolución ejecutiva,
calificar como de utilidad pública e interés social los planes, proyectos
y ejecución de obras para la generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica, así como las zonas a ellos afectas (artículo 3°).
En el caso sub examine la Sala observa que el Gobierno Nacional,
en cabeza del presidente de la República, y el ministro de Minas y
Energía, a través de la Resolución núm. 164 de 5 de junio de 2013,
declaró de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico
Porvenir II, así como los terrenos necesarios para su construcción y
protección de propiedad de la sociedad PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
S.A.S. E.S.P. - PROE S.A.S. E.S.P.
El proyecto en mención es complementario al complejo hidroeléctrico
de los ríos Nare y Guatapé, específicamente, en la vertiente oriental
de la cordillera central y sus obras principales están localizadas al
oriente del Departamento de Antioquia, en la parte baja de la Cuenca
del Río Samaná norte.
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En el acto acusado el MINISTERIO señaló como fundamento de la
decisión objeto de controversia las disposiciones establecidas en los
artículos 2º, 16 y 17 de la Ley 56 de 1o. de septiembre de 198125;
8° (numeral 3), 33 y 56 de la Ley 142; 5º de la Ley 143 de 11 de
julio de 199426; y 35, literal a), del Código de Minas, que prevén:
Ley 56 de 1981
"[…] Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley se entiende por
entidad propietaria, entidades tales como, la nación, los
departamentos, los municipios y sus establecimientos públicos,
empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de
economía mixta y las empresas privadas que, a cualquier título,
exploten o sean propietarias de las obras públicas señaladas en
el artículo anterior.
[…]
Artículo 16. Declárase de utilidad pública e interés social los
planes, proyectos y ejecución de obras para la generación,
transmisión, distribución de energía eléctrica, acueductos,
riego, regulación de ríos y caudales, así como las zonas a ellos
afectadas.
Artículo 17. Corresponde al Ejecutivo aplicar esta calificación,
de manera particular y concreta a los proyectos, obras y zonas
definidos y señalar la entidad propietaria que está facultada
para expedir el ato a que se refiere el artículo 18 […]”.
Ley 142 de 1994
25
“Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas
de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales
obras”.
26
“Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética”.
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"[…] Artículo 8º. COMPETENCIA DE LA NACIÓN PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Es competencia
de la Nación:
[…]
8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de
empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de
generación e interconexión a las redes nacionales de energía
eléctrica, la interconexión a la red pública de
telecomunicaciones, y las actividades de comercialización,
construcción y operación de gasoductos y de redes para otros
servicios que surjan por el desarrollo tecnológico y que
requieran redes de interconexión, según concepto previo del
Consejo Nacional de Política Económica y Social.
[…]
Artículo 33. FACULTADES ESPECIALES POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Quienes presten
servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas
que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso del
espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y
para promover la constitución de servidumbres o la
enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la
prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la
jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad
de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el
uso de tales derechos.
[…]
Artículo 56. DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E
INTERES SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS. Declárase de utilidad pública e interés social la
ejecución de obras para prestar los servicios públicos y la
adquisición de espacios suficientes para garantizar la
protección de las instalaciones respectivas. Con ambos
propósitos podrán expropiarse bienes inmuebles […]”.
Ley 143 de 1994
"[…] Artículo 5º. La generación, interconexión transmisión,
distribución y comercialización de electricidad están destinadas
a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma
permanente; por esta razón, son consideradas servicios
públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de
utilidad pública […]”.
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Ley 685 de 15 de agosto de 200127
"[…] Artículo 35. ZONAS DE MINERÍA
RESTRINGIDA. Podrán efectuarse trabajos y obras de
exploración y de explotación de minas en las siguientes zonas
y lugares, con las restricciones que se expresan a continuación:
a) Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados,
señalado por los acuerdos municipales adoptados de
conformidad con las normas legales sobre régimen municipal,
salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades
mineras […]”.
De la lectura en conjunto de las disposiciones anteriores, la Sala
observa que el MINISTERIO, en apego del procedimiento para la
declaratoria de utilidad pública e interés social de terrenos necesarios
para la ejecución de obras para la prestación del servicio público de
energía eléctrica, declaró de utilidad pública e interés social el
Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, así como los terrenos necesarios
para su construcción y protección de propiedad de la sociedad
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - PROE S.A.S. E.S.P.
Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos del acto
demandado, la Sala advierte que la actuación inició con ocasión del
escrito presentado al MINISTERIO el 9 de marzo de 201228 por la
sociedad PRODUCCIÓN DE ENERGÍA S.A.S. E.S.P. – PROE S-
27
“Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”.
28
Radicación núm. 2012013369.
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.A.S. E.S.P., en el que solicitó la declaratoria de utilidad pública e
interés social sobre la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico
Porvenir II, para la expansión de la capacidad de generación de
energía del Sistema Interconectado Nacional – SIN.
Con la referida solicitud, la sociedad PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
S.A.S. E.S.P. – PROE S.A.S. E.S.P. allegó, entre otros, los
siguientes documentos:
-. Oficio núm. OFI10-23860-GCP-0201 de 7 de julio de 2010 por el
cual la Coordinación del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, certificó que revisadas las bases de datos institucionales no
se registraban comunidades indígenas ni consejos comunitarios de
comunidades negras, en el área del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir
II.
-. Oficio núm. 20102119916 de 19 de junio de 2010 por el cual el
subgerente de promoción del INCODER certificó, de conformidad con
lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1320 de 1998, que en
“[…] el área de interés que se encuentra en los municipios de San
Carlos, San Luis y Puerto Nare, departamento de Antioquia que
corresponde al proyecto PORVENIR II no se cruza o traslapa con
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resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades
afrodescendientes […]”.
Adicionalmente, durante el trámite la referida actuación
administrativa: i) la Dirección de Energía del MINISTERIO emitió el
concepto técnico favorable núm. 2012031886 de 14 de junio de
2012, por considerar que Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II,
generaba energía eléctrica limpia y el sitio de éste contaba con
condiciones geológicas y geotécnicas excelentes dada la baja
densidad poblacional, el fácil acceso a los sitios de la obra, de la zona
de abastecimiento y a las subestaciones y líneas eléctricas del SIN;
y ii) el representante legal de la sociedad en escrito de 3 de mayo de
2013, radicado bajo el núm. 201327881, informó no conocer registro
de predios en el área del proyecto en el Registro de Tierras
Despajadas y Abandonadas Forzosamente ni procesos de restitución
de tierras sobre los mismos.
Lo anterior, desvirtúa el señalamiento del actor referente a que la
declaratoria utilidad pública e interés social del proyecto de
Generación Hidroeléctrica Porvenir II vulneró los derechos de las
víctimas a las medidas de restitución establecidas en la Ley 1448, a
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la igualdad, al debido proceso y al acceso a la justicia, pues esta no
se encuentra acreditada siquiera sumariamente.
Igualmente, la Sala tampoco advierte que obre prueba alguna que
permita inferir que la entidad demandada desconoció la existencia
de procesos de restitución sobre los predios objeto de la declaratoria
de utilidad o procediera en contra de los derechos de las víctimas y
en desconocimiento del deber de colaboración armónica con las
entidades públicas que, eventualmente, pudieran estar adelantando
los mencionados procesos de restitución, los cuales tampoco fueron
acreditados por el interesado, pues, por el contrario, el
MINISTERIO amparado en el principio de presunción de legalidad,
consignó en los considerandos de la resolución demandada los
siguientes hechos probados:
“[…] Que mediante comunicación con radicado número
2013027881 del 3 de mayo de 2013, el Representante Legal
de PROE S.A.S. E.S.P., manifiesta: (i) Que a la fecha no
conocen registro de predios correspondientes al área a declarar
de utilidad pública, en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente y (ii) Como consecuencia de lo
anterior no conocen de procesos de restitución de tierras sobre
las poligonales solicitadas para la declaratoria de utilidad
pública del proyecto.
(…)
RESUELVE
(…)
“Artículo 4°. En el evento que a través de sentencia se
acreditare que alguno o algunos de los predios vinculados a la
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declaratoria de utilidad pública e interés social han sido
despojados o abandonados forzosamente, y por tanto proceda
la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados
y desplazados, se otorgará a la víctima un predio equivalente,
o una compensación en los términos del artículo 72 de la Ley
1448 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren y
desarrollen […]”.
Ahora, el actor manifiesta que la declaratoria de utilidad pública e
interés social del proyecto hidroeléctrico Porvenir II vulnera los
derechos de las víctimas a las medidas de restitución, a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la justicia, debido a que el área de
influencia de este incluye las veredas cuyos predios fueron avalados
por el Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada
del Municipio de San Carlos – Antioquia, en el marco de un proceso
de restitución de tierras. Asegura también que la Sección, en auto de
16 de mayo de 201929, decretó la suspensión provisional de los
efectos de la licencia ambiental para el referido proyecto 30, por
considerar probado que los predios de influencia que se ubican en las
veredas del municipio San Carlos fueron declaradas por el
Coordinador del Comité Municipal de Atención a la Población
Desplazada por la Violencia como de “inminencia de riesgo y
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 16 de mayo de
2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente núm. 11001-03-24-000-2014-00110-00.
30
Resoluciones núms. 168 de 13 de febrero de 2015, «Por medio de la cual se otorga una licencia
ambiental y se toman otras determinaciones»; y 726 de 19 de junio de 2015, «Por medio de la cual se
resuelven unos recursos de reposición en contra de la Resolución 168 del 13 de febrero de 2015»,
expedidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.
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desplazamiento forzado”, según la Resolución núm. 001 de 2003,
decisión confirmada en proveído de 14 de septiembre de 202031.
Frente a ello, cabe señalar que en el asunto de la referencia,
mediante providencia de 8 de abril de 202232, la Magistrada
sustanciadora del proceso resolvió el referido argumento al examinar
la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los
efectos del acto aquí demandado y concluyó:
“[…] [En] relación con los actos administrativos por medio de
los cuales la ANLA resolvió otorgar licencia ambiental al
proyecto hidroeléctrico demandado dentro del expediente
número 2016-00149-00 (Consejero ponente Oswaldo Giraldo
López), se pudo evidenciar que durante la actuación
administrativa ambiental se aportaron pruebas que
demostraban la existencia de un proceso colectivo de
restitución de tierras, así como programas de atención y
reparación a las víctimas; de ahí que al otorgar la licencia “se
dejó de lado el deber del Estado de garantizar el proceso de
reparación de las víctimas del conflicto armado y el de
colaborar armónicamente con las autoridades
correspondientes, a fin de culminar el proceso de
restablecimiento de los derechos de las víctimas, en el marco
del proceso que venía adelantado la UARIV”.
Por su parte, en relación con el acto por medio del cual el
proyecto hidroeléctrico fue declarado de utilidad pública e
interés social, aquí demandado, no es posible evidenciar, en
esta etapa inicial del proceso, medio probatorio que permita
inferir que la entidad demandada, conociendo la existencia de
procesos de restitución sobre los predios objeto de la
declaratoria de utilidad, procedió en contra de los derechos de
las víctimas y en desconocimiento del deber de colaboración
armónica con las entidades públicas que eventualmente
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 14 de septiembre
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 11001-03-24-000-2014-00110-00.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 8 de abril de
2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 11001-03-24-000-2014-00110-00.
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pudieran estar adelantando los mencionados procesos de
restitución […]”.
Bajo las consideraciones que anteceden, la Sala concluye que el
argumento esgrimido por el demandante no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que no se logró acreditar que el acto de
declaratoria de utilidad pública e interés social adolezca de los
mismos vicios que la licencia ambiental del proyecto, habida cuenta
que en el proceso que examinó la licencia ambiental se demostró que
la autoridad omitió pruebas claras sobre procesos colectivos de
restitución, mientras que en el presente asunto el actor no aportó
elementos probatorios que permitan inferir que la entidad
demandada conociera de tales procesos al momento de expedir el
acto aquí impugnado, ni que hubiera actuado con desconocimiento
del principio de colaboración armónica.
En consecuencia, al no existir evidencia de que la declaratoria de
utilidad pública se haya expedido con desatención de los derechos de
las víctimas o de los procesos de reparación integral en curso, se
mantiene la presunción de legalidad del acto administrativo
cuestionado.
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En este orden, para la Sala la parte actora no acreditó que la
resolución demandada fuera expedida con infracción de las normas
en que debía fundarse. Por el contrario, se observa que la
declaratoria de utilidad pública e interés social del proyecto de
Generación Hidroeléctrica Porvenir II se fundamentó en lo
establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 56 de 1981; 56 de la
Ley 142; y 5º de la Ley 143, normativa aplicable al caso concreto
para el momento en que se radicó la solicitud, esto es, 9 de marzo
de 2012, y la fecha de expedición de la Resolución núm. 164, 5 de
junio de 2013.
Por lo precedente, el cargo de infracción de las normas superiores
invocado por el actor no prospera, razón por la cual se denegarán las
pretensiones de la demanda y así se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
Condena en costas
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Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la
Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18833
del CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la
naturaleza de la acción exime de esta fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad
propuesta por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, parte
demandada.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.
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“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.
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CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente,
previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
Aclara voto
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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