Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00184-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00184-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00184-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00184-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
TESIS: NO SE EVIDENCIA ACTOS DE MALA FE O DE COMPETENCIA
DESLEAL FRENTE AL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS
RESULTAS DEL PROCESO CON SUS MARCAS OPOSITORAS, “PRO
TAPER”, NI TAMPOCO TRANSGRESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Y/O PROPIEDAD INDUSTRIAL. NO ERA POSIBLE ANALIZAR LA
PRESUNTA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 8º DE LA CONVENCIÓN DE
WASHINGTON, POR CUANTO DICHA NORMATIVA LO QUE PROCURA
ES HABILITAR A QUIEN SE LE NIEGUE EL REGISTRO DE UNA MARCA
EN UNO DE LOS ESTADOS CONTRATANTES, POR EXISTIR UNA
PREVIA, SOLICITAR LA CANCELACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DICHO
REGISTRO, SITUACIÓN QUE NO CONCURRE EN EL PRESENTE
PROCESO, PUES LA ACTORA AQUÍ NO PUEDE VENTILAR LA
CANCELACIÓN Y/O ANULACIÓN DE LOS REGISTROS DE LAS MARCAS
OPOSITORAS, NI TAMPOCO ENJUICIAR LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE ORDENARON SU CONCESIÓN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
sociedad LACY DISTRIBUTION, INC., mediante apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener
las siguientes declaraciones:
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00184-00
Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 57108 de 27 de septiembre
de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de
registro marcario”, expedida por la directora de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00056311 de 26
de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de
apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las
resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto
“PROTAPER”.
3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en
síntesis, los siguientes:
1º: Que el 30 de marzo de 2012 solicitó el registro como marca del
signo mixto “PROTAPER”, para distinguir productos en la Clase 6ª2 de
1
En adelante SIC.
2
El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Accesorios de aluminio para
moto y bicicletas […]”.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas3.
2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial,
el señor OMAR DE JESÚS VILLEGAS CADAVID presentó oposición
contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de
confundibilidad con las marcas mixtas “PRO TAPER”, previamente
registrada a su favor en las clases 6ª y 12 de la Clasificación
Internacional de Niza.
3º: Que mediante la Resolución núm. 57108 de 27 de septiembre de
2012, la directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la
oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro como
marca del signo mixto “PROTAPER”, para identificar productos en la
Clase 6ª de la Clasificación Internacional de Niza.
5º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de
apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la
Resolución núm. 00056311 de 26 de septiembre de 2013, expedida por
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
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En adelante Clasificación Internacional de Niza.
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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136,
literal f), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la
Comisión de la Comunidad Andina4, por cuanto denegó el registro del
signo mixto “PROTAPER”, dejando de lado que es propietario de dicha
expresión en otros países, inclusive con anterioridad al registro hecho
por el señor VILLEGAS CADAVID de la marca “PRO TAPER”, en
Colombia.
Indicó que el signo “PROTAPER” se encuentra registrado y posicionado
como marca a su favor en diferentes países, siendo usado de manera
continua, pública, ostensible e ininterrumpida desde 1991 hasta la
fecha.
Señaló que el señor VILLEGAS CADAVID tenía pleno conocimiento del
uso, empleo y registro de dicha expresión en Estados Unidos de
América y en otros países, la cual identifica los mismos productos y
mercancías a la que él registró en Colombia.
Indicó que es imposible que exista un bosquejo con iguales
configuraciones de formas, figuras, líneas y colores; no obstante, ocurre
en las expresiones enfrentadas, lo que evidencia de manera clara la
vulneración de los derechos de autor que depreca sobre el signo
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En adelante Decisión 486.
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solicitado y, por ende, tiene el derecho de solicitar la cancelación de
aquellas que le fueron opositoras.
Manifestó que el actuar del señor VILLEGAS CADAVID es de mala fe,
con el que busca aprovecharse y beneficiarse de su reputación de
trabajo y de la creación y posicionamiento de su marca en el mundo.
Sostuvo que en el caso sub examine no se evidencia solo la
suplantación de una marca, sino la adulteración de los productos que
ella identifica en diferentes países, por lo que el riesgo a que se exponen
las personas es muy alto, dado que inocentemente adquieren los
productos en Colombia pensado que provienen de su empresa, lo que
evidencia un acto de competencia desleal por el mencionado señor.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por
cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento
legal.
Señaló que en el caso sub examine la actora hace uso de alguna
normativa andina e internacional presuntamente desatendida en los
actos administrativos acusados, no obstante, no hace una explicación
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coherente y determinante entre aquella y las razones por las que, a
su juicio, fueron quebrantadas con las decisiones adoptadas.
Manifestó que los actos administrativos mediante los cuales se le
otorgó al tercero con interés directo en las resultas del proceso los
registros de las marcas mixtas “PRO TAPER”, en las clases 6ª y 12
de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran en firme y no
han perdido su fuerza ejecutoria, por lo que no puede pretender la
actora en el presente proceso ventilar inconformidades y/o reparos
frente a lo allí resuelto, pues los actos aquí demandados son
diferentes.
II.-2. El señor OMAR DE JESÚS VILLEGAS CADAVID, tercero con
interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las
pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que la normativa
internacional invocada como violada por la actora, es inaplicable en el
presente caso, pues la actora no puede pretender en este proceso que
se declare la nulidad de las marcas opositoras que sirvieron como
fundamento para denegar el registro del signo cuestionado; y que, si
lo que requiere es buscar su nulidad, tiene a su disposición los medios
judiciales para hacerlo.
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III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Mediante providencia de 16 de septiembre de 2022, se ordenó
prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el
artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª
de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42
de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un
asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon
excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante
la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,
no se adoptó decisión al respecto.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes
términos:
Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma consiste en determinar si las resoluciones
núms. 57108 de 2012 y 00056311 de 2013, mediante las cuales
la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “PROTAPER”,
5
CPACA.
6
“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
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para distinguir productos comprendidos en la Clase 6ª de la
Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el
artículo 136, literal f), de la Decisión 486 y 8º de la Convención de
Washington.
Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en
los términos expuestos.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los
documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la
misma.
Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para
efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la
Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y,
además, señaló que el señor VILLEGAS CADAVID infringió los
derechos de autor que ella tiene sobre la creación del diseño del signo
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solicitado “PROTAPER”, la cual fue debidamente registrada ante la
Oficina de Registro de Derechos de Autor de los Estados Unidos.
Indicó que al momento de presentar para registro el signo
cuestionado, no solamente ya estaba concedida en otros países, sino
que se encontraba en uso continuo, pública, ostensible y de manera
ininterrumpida desde 1991, situación que da cuenta que el tercero
con interés directo en las resultas del proceso sí tenía conocimiento
de la existencia de la expresión “PROTAPER”.
IV.-2. La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la
demanda. Al efecto, señaló que las marcas enfrentadas son iguales,
es decir que es posible generar confusión en el público consumidor,
máxime cuando no existe diferencia fonética ni ortográfica entre ellas.
Sostuvo que las marcas previamente registradas y el signo solicitado
identifican iguales productos, que hace que el consumidor piense que
su procedencia empresarial es la misma, además que presentan
vínculos comerciales cercanos, así como similares canales de
distribución y publicidad.
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IV.-3. El señor OMAR DE JESÚS VILLEGAS CADAVID tercero con
interés directo en las resultas del proceso, solicitó se desestimen las
súplicas incoadas.
Indicó que no es dable en el presente proceso pronunciamiento alguno
respecto de la legalidad de los actos administrativos que le
concedieron los registros de las marcas “PRO TAPER”, en las clases
6ª y 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
Manifestó que las marcas enfrentadas son idénticas ortográfica y
fonéticamente, asimismo identifican iguales productos, entre estos,
repuestos, artículos y accesorios para motocicletas, por lo que no es
dable que se otorgue el registro del signo solicitado.
IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 364-
24, solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto,
indicó que es claro que las marcas en conflicto están destinadas a
identificar productos iguales en su contenido; asimismo, son idénticas
visualmente, lo que genera confusión en el consumidor promedio en
el caso de conceder el registro del signo cuestionado.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la
solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada
como violada en la demanda, en los siguientes términos7:
“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la
interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta
prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
República de Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020140018400 constituye un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los
criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias
emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-
2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las
Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13
de marzo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación
uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario
andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones núms. 57108 de 27 de septiembre de 2012 y
00056311 de 26 de septiembre de 2013, denegaron el registro
como marca del signo mixto “PROTAPER” a la actora, para amparar
productos comprendidos en la Clase 6ª de la Clasificación Internacional
7 Proceso 429-IP-2022.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
de Niza, al encontrarlo similarmente confundible con las marcas
mixtas previamente registradas en las clases 6ª y 12 “PRO TAPER”,
de propiedad del señor OMAR DE JESÚS VILLEGAS CADAVID; y
que entre los productos que distinguían, existe conexidad
competitiva.
A juicio de la demandante, la SIC denegó el registro del signo mixto
“PROTAPER”, dejando de lado que es propietario de dicha expresión
en otros países, inclusive con anterioridad al registro hecho por el señor
VILLEGAS CADAVID de la marca “PRO TAPER”, en Colombia.
Indicó que el signo “PROTAPER” se encuentra registrado y posicionado
como marca a su favor en diferentes países, siendo usado de manera
continua, pública, ostensible e ininterrumpida desde 1991 hasta la
fecha.
Expresó que es imposible que exista un bosquejo con iguales
configuraciones de formas, figuras, líneas y colores, no obstante, ocurre
en las expresiones enfrentadas, lo que evidencia de manera clara la
vulneración de los derechos de autor que depreca sobre el signo
solicitado y, por ende, tiene el derecho de solicitar la cancelación de
aquellas que le fueron opositoras.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
Por su parte, la SIC señaló que en el caso sub examine la actora hace
uso de alguna normativa andina e internacional presuntamente
desatendida en los actos administrativos acusados, no obstante, no
hace una explicación coherente y determinante entre aquella y las
razones por las que, a su juicio, fueron quebrantadas con las
decisiones adoptadas.
Manifestó que los actos administrativos mediante los cuales se le
otorgó al tercero con interés directo en las resultas del proceso los
registros de las marcas mixtas “PRO TAPER”, en las clases 6ª y 12
de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran en firme y no
han perdido su fuerza ejecutoria, por lo que no puede pretender la
actora en el presente proceso ventilar inconformidades y/o reparos
frente a lo allí resuelto, pues los actos aquí demandados son
diferentes.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial
deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial
429-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe
remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la interpretación
prejudicial núm. 229-IP-20218, en la que se interpretó el artículo 136,
literal f), de la Decisión 486.
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publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5459 de 11 de abril de 2024.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente:
Decisión 486.
“[…]
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie
el consentimiento de éste; […]”.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como
vulnerado el artículo 136, literal f), de la Decisión 486, al exponer los
conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la
vulneración del artículo 8º de la Convención Washington, por cuanto,
a su juicio, el señor VILLEGAS CADAVID infringió los derechos de
autor que ella tiene sobre la creación del diseño del signo solicitado
“PROTAPER”, la cual fue debidamente registrada ante la Oficina de
Registro de Derechos de Autor de los Estados Unidos.
Dicha normativa establece lo siguiente:
“[…] Artículo 8. Cuando el propietario de una marca solicite su
registro o dep6sito en otro de los Estados contratantes distinto al
del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o
depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o
manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a
solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o
depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los
procedimientos legales del Estado en que se solicite la
cancelación.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00184-00
Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
(a) que gozaba de protección legal para su marca en uno de los
Estados Contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud
del registro o depósito que trata de anular; y
(b) que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende
tenía conocimiento del uso, empleo, registro o dep6sito en
cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se
funda la acción de nulidad, para los mismos productos o
mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a
la adopci6n y uso o a la presentaci6n de la solicitud de registro o
depósito de la marca que se trata de cancelar; o
(c) que el propietario de la marca, que solicite la cancelaci6n
basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la
misma, haya comerciado y comercie con o en el país en que se
solicite la cancelaci6n y que en 6ste hayan circulado y circulen los
productos o mercancías señalados con su marca desde fecha
anterior a la presentaci6n de la solicitud de registro o dep6sito de
la marca cuya cancelaci6n se pretende, o de la adopci6n y uso de
la misma […]
Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación
Prejudicial rendida en el proceso núm. 381-IP-2016, corresponde al
juez consultante analizar de manera prevalente la normativa de la
Comunidad Andina sobre las demás normas internacionales en
materia marcaria, de la siguiente manera:
“[…] 31. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado
como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de
la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los
principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”,
el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”,
y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
32 haciendo un análisis de la posición o jerarquía del
Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho
ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos
jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de
derecho internacional. En este marco ha establecido que, en
caso de presentarse antinomias entre el derecho
comunitario andino y el derecho interno de los Países
Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
antinomias entre el derecho comunitario y las normas de
derecho internacional, también prevalece el Derecho
Comunitario Andino.
33. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del
Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el
principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que
no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y
que consagra como un verdadero sistema jurídico al
Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho
sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de
unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales
que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro
ordenamiento jurídico.
[…]
35. Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante
atender a los criterios que se esbozan en la presente
Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la
prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las
demás normas internacionales […]”9 (Destacado fuera de
texto).
Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014 se resaltó que
uno de los principios para dar aplicación al Derecho Comunitario
Andino es el de la autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. Dicho
principio señala que el ordenamiento comunitario no deriva del
ordenamiento jurídico de los países miembros, sino del Tratado
Constitutivo de la Comunidad y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra
subordinada su aplicación “al ordenamiento interno, de origen
internacional» de los Países Miembros”.
En ese sentido, explicó el Tribunal que “[…] los tratados
internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa,
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Destacado fuera de texto.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
[…] no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin
perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las
relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u
organizaciones internacionales […]”.
Lo anterior, quiere decir que el Tribunal determinó que el juez
consultante al momento de resolver debe atender sus criterios,
dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás
normas internacionales.
En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se
hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina,
para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la
Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores.
Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a la presunta
transgresión del artículo 136, literal f), de la Decisión 486, por cuanto,
a juicio de la actora, las expresiones cotejadas contienen iguales
configuraciones de formas, figuras, líneas, colores, lo que evidencia de
manera clara la vulneración de los derechos de autor que depreca sobre
el signo solicitado.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
En el caso bajo examen, la sociedad actora aportó el siguiente cuadro
comparativo entre las imágenes que alega como obras protegidas
bajo el derecho de autor y las marcas opositoras10:
Al respecto, vale la pena destacar que independientemente de si el
diseño de una marca puede ser considerado una obra susceptible de
protección vía derechos de autor o no, tal circunstancia no tendría
relevancia en el presente asunto, comoquiera que la parte actora no
acreditó que ostentara dichos derechos frente al diseño del signo
“PRO TAPER” (mixta). En efecto, lo único que consta en el
expediente es la afirmación de que el diseño del signo se encuentra
registrado como obra ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados
Unidos11.
En todo caso, la Sala llama la atención del hecho relativo a que la
actora, en el caso sub examine, pretende proteger a través de los
10
Índice 2 del expediente digital.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2011-00418-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00184-00
Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
derechos de autor el signo solicitado como marca en el presente
asunto pues, como se advierte del cuadro traído a colación, dicha
imagen corresponde exactamente a la parte gráfica del signo
cuestionado, sin que ello conlleve automáticamente a que ésta deba
ser protegida como una obra artística pues, se insiste, ni siquiera
demostró que fuera su creadora.
En efecto, los documentos allegados para demostrar la presunta
creación de la imagen “PROTAPER”, estos son, una declaración
suscrita por la representante de la actora en 2011 que indica que la
solicitud de derechos de autor sobre dicho logotipo fue diligenciado
ante la librería del Congreso de la Oficina de Derechos de Autor de
Estados Unidos de América, el 3 de enero de ese año, esto es, con
posterioridad a la concesión de los registros por parte de la SIC de las
marcas mixtas “PRO TAPER”, a favor del tercero con interés directo
en las resultas del proceso, las cuales ocurrieron en los años 2004 y
200812.
Además, tampoco se probó que la actora tuviera derechos de
propiedad intelectual sobre el signo solicitado “PROTAPER”13, por lo
12
www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de
las marcas citadas, el 10 de octubre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177
del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto
de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2011-00418-00.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00184-00
Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 136, literal f) de la Decisión 486.
Frente al particular, es dable traer a colación apartes de la sentencia
de 18 de noviembre de 202214, en la que dicha controversia ya había
sido zanjada, pues la aquí actora también alegaba poseer derechos
de autor frente al diseño del signo “PROTAPER”, escenario en el que
pretendía la nulidad del acto administrativo que concedió el registro
de la marca “PRO TAPER”, en Clase 12 de la Clasificación
Internacional de Niza, a favor del aquí tercero con interés directo en
las resultas del proceso, que ahora se prohíja.
En efecto, se dijo en dicha oportunidad:
“[…] 97. En ese contexto, en la Interpretación Prejudicial emitida para
este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló:
«Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la
causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136
literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si el
diseño de la marca PROTAPER de propiedad de LACY
DISTRIBUTION, INC., resulta protegible por la figura
del derecho de autor como obra artística y a partir de
ello verificar si respecto de los productos que intenta
amparar en el mercado, el signo registrado PRO TAPER
(mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo
de confusión».
98.Precisado lo anterior, vale destacar que
independientemente de si el diseño de una marca puede ser
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noviembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2011-00418-00.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
considerado una obra susceptible de protección vía derechos
de autor o no, tal circunstancia no tendría relevancia en el
presente asunto, comoquiera que la parte actora no acreditó
que ostentara dichos derechos frente al diseño del signo «PRO
TAPER» (mixta). En efecto, lo único que consta en el
expediente es la afirmación de que el diseño del signo se
encuentra registrado como obra ante la Oficina de Derechos de
Autor de Estados Unidos.
99.Como se expresó en acápites precedentes, tampoco se
probó que tuviera derechos de propiedad intelectual sobre la
marca «PRO TAPER» (mixta) por lo que no se encuentra en
ninguno de los dos supuestos contemplados en el literal f) del
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, relativo a las causales
de irregistrabilidad.
100. En tal virtud, tampoco prosperan los argumentos de la parte
demandante frente a la vulneración del literal f) del artículo 136 de la
Decisión 486 de 2000 […]”. (Destacado fuera de texto).
Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que el actuar
del señor VILLEGAS CADAVID es de mala fe, pues lo que pretendió
con el registro de las marcas opositoras es aprovecharse y beneficiarse
del posicionamiento de sus marcas en el mundo y, con ello, consolidar
una conducta de competencia desleal en el mercado colombiano, la
Sala observa que tal inconformidad también ya fue resuelta por esta
Corporación en la precitada sentencia de 18 de noviembre de 202215,
en la que se dijo:
“[…] V.4.5.4. De la mala fe.
83. Ahora bien y como se anotó líneas atrás, los registros de
propiedad industrial extracomunitarios pueden ser protegidos en
un Estado miembro de la Comunidad Andina ante una indebida
utilización por parte de un tercero cuando se desconozca el
principio de la buena fe, en tanto que no se toleran situaciones
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad
comercial, caso en el cual se debe acudir a las siguientes figuras:
[…]
84.El demandante en su escrito indicó que existió mala fe
en la solicitud de registro de la marca «PRO TAPER»
(mixta), ya que la marca imita a la marca que utiliza su
empresa para identificar sus productos en Estados Unidos
y otros países del mundo.
[…]
87.Por su parte, el artículo 83 de la Constitución Política consagra
el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los
particulares y como por todas las autoridades públicas. La Corte
Constitucional ha delimitado el ámbito de aplicación de la
presunción constitucional de buena fe a: “(i) las gestiones o
trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades
públicas”.
88. En este aparte, es preciso indicar que los actos y hechos
que pueden atribuírsele mala fe por parte del tercero
interesado deben ser anteriores a la fecha de solicitud del
registro contenido en el acto administrativo que se
demanda y no a hechos sobrevinientes. 89.Para demostrar
la mala fe, la parte demandante arguyó el reconocimiento
a nivel mundial de su marca «PRO TAPER» (mixta).
Frente a este argumento, no se encuentran elementos
probatorios ni indicios razonables que permitan
determinar esta circunstancia y, mucho menos, que se
solicitó el registro con el ánimo de aprovechar la
notoriedad de la marca.
91.En ese orden de ideas, y como quiera que no se
demostró que la parte actora y el tercero con interés
concurrieran en el mismo mercado, tampoco se podría
hablar de actos de competencia desleal por parte de este
último.
92.Lo anterior, permite determinar que en el sub lite no
aparecen pruebas ni indicios que demuestren de manera
fehaciente que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid
tenía conocimiento con anterioridad al registro de su
marca, de la existencia de las marcas de la sociedad Lacy
Distribution, INC., de su notoriedad y prestigio. Tampoco
que ambas marcas concurran en el mismo mercado físico o
electrónico.
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93.En tal virtud, tampoco prosperan los argumentos de la
parte demandante frente a competencia desleal o actos de
mala fe […]”. (Destacado fuera de texto).
Adicionalmente, la Sala considera que en el presente asunto se está
debatiendo es la negación del registro como marca del signo solicitado
“PROTAPER” por la actora, mas no el actuar del tercero con interés
directo en las resultas del proceso al momento de solicitar sus marcas
previamente registradas “PRO TAPER” y las resoluciones que
concedieron dichos registros, ya que éstos corresponden a otros actos
administrativos los cuales no fueron demandados en el presente
asunto y respecto de los que se ratificó la presunción de legalidad en
la sentencia anteriormente citada.
Por todo lo anterior, no se advierte vulneración alguna del artículo
136, literal f), de la Decisión 486.
Ahora, comoquiera que, con la expedición de los actos acusados no
se trasgredieron normas comunitarias, procede la Sala a examinar la
presunta vulneración al artículo 8º de la Convención de Washington,
alegada por la actora.
Cabe resaltar que, como se precisó en párrafos anteriores, el Tribunal
ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00184-00
Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y
las normas internacionales, prevalecerá el primero.
Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de
territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los
estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo
registro.
En ese sentido y teniendo en cuenta que el presente litigio versa sobre
un registro de marca realizado en uno de los Estados de la Comunidad
Andina, para el Tribunal la normatividad que debe aplicarse es la de
la mencionada comunidad, sin que ello para nada riña con la
posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington.
Sobre el particular, debe observarse que la jurisprudencia16 de la Sala
ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington
señala los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer
los derechos que de ella se derivan.
Precisamente, en un caso similar al sub lite, dichas consideraciones
fueron abordadas por la Sala de Sección en sentencia de 18 de
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de agosto
de 2022, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00212-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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noviembre de 202217, en la que se señaló que en aquellos casos en
los que no prosperaran los cargos frente a la normatividad de la
Comunidad Andina, lo procedente era abordar, si era del caso,
aquellos relacionados con la Convención de Washington.
En efecto, en esa oportunidad sostuvo:
“[…]49. Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los
cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina,
para luego abordar si es del caso, los cargos relacionados
con la Convención de Washington, en atención a la
aplicación del derecho comunitario andino, tal y como se
explicó en numerales precedentes.
51. Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales
anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido
reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones
entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas
internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala
analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y,
subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario.
52. Aunado a lo anterior, y de conformidad con el
principio de territorialidad, los derechos de propiedad
industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al
país en que se concedió el respectivo registro. Así pues,
teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro
hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la
normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada
comunidad. Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad
de dar aplicación a la Convención de Washington.
53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia de
la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de
Washington contempla los parámetros o criterios para su
aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.
[…]”. (Destacado fuera de texto)
17
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación
2011-00418-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00184-00
Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
Así las cosas, frente a la aplicación de la Convención de Washington
en Colombia, de conformidad con su artículo 3º, “[…] toda marca
debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados
Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida
legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al
cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley
nacional de dichos Estados […]”. (Destacado fuera de texto
original)
En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca desea
hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito
previo de ese signo en alguno de los estados contratantes de la
Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de
su marca ante la SIC.
En esa medida, es necesario precisar que el precitado artículo 3º no le
concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en
Colombia en tanto que para ostentar tal prerrogativa se requiere
realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas
internas.
Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el
artículo 8º ibidem establece los lineamientos y asuntos que deberán
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
acreditarse para que cuando el propietario de una marca solicite su
registro en otro de los estados contratantes distinto al del origen de
la marca y se le niegue por existir un registro o depósito previo de
otra marca que lo impida por su identidad o semejanza capaz de
generar confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación
o anulación del registro de la marca previamente registrada.
En esa medida, si el titular de una marca solicita su registro en otro
de los estados contratantes distinto al del origen de la marca y se le
niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que
lo impida por su identidad o semejanza capaz de generar confusión,
tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o
anulación del registro de la marca previamente registrada.
Para la Sala, no es dable dar aplicación al referido artículo 8º en el caso
sub examine, pues dicha normativa lo que procura es habilitar a quien
se le niegue el registro de una marca en uno de los estados
contratantes, por existir una previa, solicitar la cancelación y/o
anulación de dicho registro, situación que no concurre en el presente
proceso, pues la actora aquí no puede ventilar la cancelación y/o
anulación de los registros de las marcas opositoras, ni tampoco
enjuiciar los actos administrativos que ordenaron su concesión, máxime
si se tiene en cuenta que en el caso sub lite no fueron demandados,
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situación este última que ya ocurrió en otros dos procesos judiciales
ventilados ante esta Corporación.
En efecto, en uno de ellos, la Sección Primera de esta Corporación,
desestimó las pretensiones de la aquí actora frente a la solicitud de
nulidad del acto que concedió el registro de la marca mixta “PRO
TAPER”, a favor del señor OMAR DE JESÚS VILLEGAS CADAVID,
para amparar productos en la Clase 12 de la Clasificación
Internacional de Niza, por cuanto, entre otras razones, no demostró
tener mejor derecho sobre la marca mixta “PRO TAPER”, esto es:
“[…] 48. Sea lo primero precisar, que la parte actora deriva el
desconocimiento de los citados literales a) y f) del artículo 136 de
la Decisión 486 de 2000, del derecho que, en su criterio le asiste
por la aplicación directa del artículo 7º de la Convención de
Washington, por tener registrada la marca «PRO TAPER» (mixta)
en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 1991.
49.Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los cargos frente
a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar si
es del caso, los cargos relacionados con la Convención de
Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario
andino, tal y como se explicó en numerales precedentes.
V.4.5.1. Del desconocimiento del literal a) del artículo 136 de la
Decisión 486 de 2000, en consonancia con el artículo 7º de la
Convención de Washington.
50.En el contexto ya señalado, la Sala destaca que se encuentra
en discusión una marca registrada en Colombia y otras marcas
registradas en país diferente a los miembros de la Comunidad
Andina, tal y como se advierte del acápite I.3.2. de esta
providencia, relativo a los fundamentos de hecho y de derecho
alegados por la parte demandante.
51.Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales
anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido
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reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones
entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas
internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala
analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y,
subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario.
52.Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de
territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan
los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el
respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio
versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la
Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada
comunidad. Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar
aplicación a la Convención de Washington.
53.Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia33 de
la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de
Washington contempla los parámetros o criterios para su
aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.
54. En efecto, frente a la aplicación de la Convención de
Washington en Colombia, cabe resaltar que, de conformidad con
su artículo 3º, «toda marca debidamente registrada o legalmente
protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a
registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados
Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales
establecidos en la ley nacional de dichos Estados».
55.En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca
desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un
registro o depósito previo de ese signo en alguno de los Estados
Contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el
proceso de registro de su marca ante la SIC. En esa medida, es
necesario precisar que el artículo 3º de la Convención de
Washington no le concede un derecho automático de uso
exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal
prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC,
según lo disponen las normas internas.
56. Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo
3º ibidem, el artículo 7º de la Convención de Washington
establece los lineamientos y asuntos que deberá acreditarse para
que el titular de una marca protegida en uno de los Estados
Contratantes pueda reclamar para si el derecho de usar una
marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o
depositar su marca en dicho país. En el citado artículo, se
condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país
miembro, «siempre que llene las formalidades establecidas en la
legislación interna y en esta convención».
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57. En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno
de los Estados Contratantes conforme a la legislación interna de
ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado Contratante
de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la
autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición.
58. Así las cosas, la Convención de Washington no le concede a
la parte actora un derecho automático de uso exclusivo de la
marca en Colombia, en tanto para ostentar tal prerrogativa debe
ejercer oposición o tener el registro ante la SIC, según lo disponen
las normas internas.
59. En consecuencia, la sociedad demandante para hacer valer un
derecho de uso preferente y exclusivo en Colombia, derivado de
su condición de titular de la marca «PRO TAPER» (mixta) en los
Estados Unidos de Norteamérica, debía acreditar que había
registrado dicha marca en Colombia o en cualquier otro Estado de
la Comunidad Andina; y oponerse a la solicitud de registro de la
marca «PRO TAPER» (mixta), radicada por el señor Omar de Jesús
Villegas Cadavid.
60. Ahora bien, frente al primero de los supuestos, la Sala
advierte que la parte demandante a pesar de asegurar que la
sociedad Lacy Distribution, INC., es titular en Estados Unidos, y
otros países del mundo, de la marca «PRO TAPER» (mixta) para
distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor de la
Clasificación Internacional de Niza, no demostró que la misma se
encuentra registrada en Colombia o en otro Estado de la
Comunidad Andina y tampoco presentó oposición.
61. Por lo tanto, lo que le correspondía, según artículo 7º de la
Convención de Washington, en armonía con las normas del
Derecho Comunitario Andino, era presentar oposición marcaria.
De la revisión del plenario, encuentra la Sala que la parte
demandante, tal y como ella misma lo asegura en el escrito
demandatorio, no presentó oposición ante la SIC para controvertir
la solicitud de la marca «PRO TAPER» (mixta) radicada por el
señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.
62. Se reitera que para que los efectos de la Convención de
Washington puedan ser reclamados por la sociedad actora en
Colombia, ésta debía haber ejercido la oposición alegando dichos
elementos, en el término previsto para ello y probando lo que se
exige en el citado artículo.
[…]
64. En tal virtud, el cargo sobre violación del artículo 7º de la
Convención de Washington no es susceptible de prosperar […]”.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas
alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la
SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “PROTAPER”,
para amparar productos de la Clase 6ª de la Clasificación
Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga
incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos
administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros
fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se
argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la
decisión que en cada una de ellas se adoptó.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actora: LACY DISTRIBUTION, INC.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo
128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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