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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00189-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00189-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo 44 del Acuerdo 010 de 2006, expedido por la CNTV, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2014-00189-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de septiembre de 2024

1

Radicado: 11001 03 24 000 2014 00189 00
Demandante: Hernando Morales Plaza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2014 00189 00
Actor: Hernando Morales Plaza
Demandado: La Nación – Autoridad Nacional de Televisión
Tesis: No son nulas, por falta de competencia, las disposiciones que determinan
las faltas, las clasifican, fijan sanciones, criterios de gradación e indican la
aplicación del principio de favorabilidad respecto de los concesionarios del servicio
de televisión por suscripción, si, a juicio del accionante, su expedición está radicada
de manera exclusiva en cabeza del Legislador.
Es nula, por falta de competencia, la disposición que expide la CNTV regulando y
precisando las sanciones a imponer a los concesionarios del servicio de televisión
por suscripción, si rebasa los topes que el Legislador ya ha establecido en materia
de sanciones.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad de la referencia promovido por el señor Hernando Morales Plaza contra
el capítulo III, artículos 42, 43, 44, 45 y 46 del Acuerdo nro. 010 del 24 de noviembre
de 2006, “POR MEDIO DE CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR
SUSCRIPCIÓN”, proferido por la Comisión Nacional de Televisión, ahora Autoridad
Nacional de Televisión (en adelante ANTV).

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

Figura como pretensiones las siguientes:

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00189 00
Demandante: Hernando Morales Plaza

“PRETENSIONES

PRIMERA: Se declare la nulidad del capítulo III, artículos 42 al 46 del Acuerdo
No. 010 del 24 de noviembre de 2006 “Por medio del cual se reglamenta el
servicio de televisión por suscripción”, expedido por la AUTORIDAD
NACIONAL DE TELEVISIÓN.

SEGUNDA: Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente
acción, ordene a la autoridad administrativa que profirió el acto proceda al
cumplimiento para los efectos legales pertinentes.”1.

1.2. El acto cuestionado.

A continuación, se transcribirá el acto acusado, así:

“ACUERDO No. 010
24 NOV 2006

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN
POR SUSCRIPCIÓN

La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en ejercicio de las
facultades que le confieren los artículos 5 literal c), 12 literal a) y 18 de la Ley
182 de 1995 y 21 de la Ley 335 de 1996

CONSIDERANDO:

(…)

ACUERDA:

(…)

CAPÍTULO II

DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Artículo 42. Falta. Para los efectos del presente acuerdo, se entiende como
falta toda conducta realizada o ejecutada por el concesionario de televisión
por suscripción que sea contraria a la Constitución; a la ley, en especial a las
normas y obligaciones contenidas en las Leyes 182 de 1995, 335 de 1996,
506 de 1999 y 680 de 2001; al contrato de concesión; a lo dispuesto en el
presente acuerdo y en todas aquellas normas que lo modifiquen,
complementen o adicionen.

Artículo 43. Clasificación de las faltas. Las faltas en que incurran los
concesionarios de televisión por suscripción en cumplimiento de la prestación
de este servicio se clasificarán de la siguiente manera:

a) En la transmisión de producción nacional propia:

1
Visible a folio 47 del Cuaderno Principal.

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Demandante: Hernando Morales Plaza

1. Informar directamente a los televidentes de manera parcializada o
tendenciosa los sucesos o noticias.

2. Comprometer la objetividad e imparcialidad del contenido de un programa
a cambio de retribución en dinero o en especie por parte de terceros que se
beneficien de aquel, salvo que se trate de publirreportajes plenamente
identificados como tales y que cumplan la reglamentación que para el efecto
expida la Comisión.

3. No permitir al televidente conocer dos o más posiciones diferentes frente a
un tema o situación en particular, en programas informativos.

4. Denigrar de la religión, clase social, raza, cultura, sexo o condición sexual,
de personas con defectos físicos, o de partidos o movimientos políticos.

5. Difundir informaciones inexactas, falsas, injuriosas o lesivas de la honra o
del buen nombre de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

6. Negarse a otorgar el derecho de rectificación cuando hubiere lugar,
conforme al procedimiento descrito en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995.

7. Haber tenido el deber de rectificar por orden de juez competente por más
de tres (3) veces, informaciones inexactas, injuriosas, falsas o lesivas de la
honra o del buen nombre de personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas.

8. Hacer publicidad de cultos religiosos, partidos políticos o ideologías de
cualquier índole, que induzcan al televidente a adherirse o a tomar decisiones
frente a estos, mediante la utilización de elementos que impliquen engaño.

9. Incluir en la programación anuncios comerciales que promocionen
cualidades, calidades o características de bienes o servicios que no
correspondan a la realidad.

Las demás de esta naturaleza, que contraríen la Constitución, la ley y el
presente acuerdo y las normas que lo modifiquen, complementen o adicionen.

b) Operativas y administrativas:

1. Prestar el servicio de televisión por suscripción en un área diferente a la
adjudicada o autorizada.

2. Incumplir las obligaciones de carácter económico contraídas con la
Comisión Nacional de Televisión.

3. Abrir la señal de sus canales para que sean recibidas por el público en
general, sin la previa autorización de la Comisión.

4. Incumplir las condiciones de los contratos celebrados con los usuarios.

5. Ser titulares directamente o por interpuesta persona o en asociación con
otras empresas, de más de una concesión del servicio de televisión por
suscripción. Esta limitación se extiende a los cónyuges, compañera o
compañero permanente y a los parientes de estos en el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Igualmente, a las
sociedades en las que participen los socios de una persona jurídica titular del

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Demandante: Hernando Morales Plaza

servicio de televisión por suscripción y aquellas en que participen las
personas que tengan con dichos socios los vínculos aquí previstos.

6. Interrumpir a los suscriptores la recepción de los canales colombianos de
televisión abierta y que se sintonicen en el área de cubrimiento y/o no
transmitir dichos canales en los términos establecidos en el presente acuerdo
o en las normas que lo complementen, modifiquen o adicionen.

7. Ceder el compromiso adquirido con la Comisión Nacional de Televisión en
virtud de una concesión para operar el servicio público de televisión por
suscripción.

8. Cobrar por la transmisión y distribución de señales incidentales.

9. Utilizar equipos DTH propios del sistema de televisión satelital para la
recepción y transmisión de canales codificados.

10. Incumplir lo dispuesto en el presente acuerdo respecto de la cesión de
cuotas sociales o modificación de la composición accionaria.

11. Incumplir las normas de protección al consumidor.

12. No informar anualmente ante la Comisión Nacional de Televisión el pago
de los derechos de autor y conexos.

13. No registrar ante la Comisión la(s) tarifa(s) que cobran a los usuarios en
los términos previstos en el presente acuerdo.

14. No cumplir el Plan de Expansión presentado a la Comisión.

15. No prestar el servicio de manera gratuita en los términos previstos en el
artículo 49 del presente acuerdo.

Las demás de esta naturaleza que contraríen la Constitución, la ley y el
presente acuerdo y las normas que lo modifiquen, complementen o adicionen.

c) En la comercialización:

Incumplir las disposiciones sobre comercialización previstas en el presente
acuerdo y las demás de esta naturaleza, que contraríen la Constitución, la ley
y el presente acuerdo y las normas que lo modifiquen, complementen o
adicionen.

Artículo 44. Sanciones. La Comisión Nacional de Televisión impondrá
multas, así:

a) Desde cien (100) hasta (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes
a la fecha en que se cometió la falta, sin exceder el máximo legal, a los
concesionarios del servicio de televisión por suscripción que por primera vez
incurran en las faltas establecidas en el presente acuerdo;

b) Desde seiscientos (600) hasta (6.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha en que se cometió la falta, sin exceder el máximo legal, a
los concesionarios del servicio de televisión por suscripción que
reiteradamente incurran en las faltas establecidas en el presente acuerdo.

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Conforme a lo establecido en el presente artículo, la Comisión Nacional de
Televisión impondrá sanciones más gravosas a los concesionarios que
reiteradamente incurran en la misma falta.

Parágrafo. Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán sin perjuicio
de lo previsto en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, y del
decomiso de los bienes y equipos cuya utilización desnaturalice la prestación
del servicio de Televisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley 182 de 1995.

Artículo 45. Criterios para la aplicación y gradación de la sanción. Para
la gradación y aplicación de las sanciones, se tendrán en cuenta la gravedad
de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión.

Artículo 46. Principios de legalidad y favorabilidad. A los concesionarios
del servicio de televisión por suscripción que estén siendo investigados a la
fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo, se les aplicarán las
disposiciones relativas a las faltas y sanciones vigentes para la fecha de su
comisión, salvo que las modificaciones dispuestas les resulten más
favorables.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2006.

EDUARDO NORIEGA DE LA HOZ

El Director (E.)” 2

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora sostuvo que el acto acusado desconoce los artículos 4, 6, 121, 150
y 152 de la Constitución Política, el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 5 de 1992 y
los principios de legalidad y reserva de la ley.

A continuación, se realizará una síntesis del concepto de violación esgrimido:

1.3.1. Afirmó que no existía norma constitucional o legal que facultara a la entidad
demandada para reglamentar lo atinente a las faltas y sanciones en el servicio de
televisión por suscripción, pues dicha atribución solo le correspondía al Congreso
de la República, en virtud de los previsto en los numerales 1, 2, 8 y 23 del artículo
150 y los literales a y b del artículo 152 de la Constitución Política, y el numeral 2
del artículo 6 de la Ley 5 de 1992. Expuso que, por esas razones, era evidente que
el Acuerdo nro. 010 del 24 de noviembre de 2006 violaba las disposiciones en

2
Visible a folios del 2 al 31 del Cuaderno principal.

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mención y, en consecuencia, debía ser declarada su nulidad por la causal de
infracción de norma superior.

1.3.2. Ahora, respecto del principio de legalidad, señaló que había sido quebrantado
por la ANTV, ya que ésta no contaba con la atribución para determinar la calificación
gradual de las faltas y sanciones en el mencionado servicio, debido a que toda
conducta que fuera punible debía ser descrita por el Legislador de manera previa,
clara y precisa, de acuerdo con lo ordenado por la Carta Política.

1.3.3. Discutió que también se estaba infringiendo el principio de reserva de la ley,
pues en el artículo 44 del acto acusado se impusieron una serie de penalizaciones
a los concesionarios de televisión, que fueron definidas con criterios que determinó
la Comisión Nacional de Televisión, la cual no tenía la “potestad reglamentaria, ni
legislativa”3.

II. TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR

2.1. A través del libelo introductorio4, el actor pidió la suspensión provisional de
los artículos 42 al 46 del Acuerdo nro. 010 del 24 de noviembre de 2006, expedido
por la CNTV. De esta se corrió traslado mediante auto del 11 de junio de 20145.

2.2. El 23 de julio de 20146, el Despacho resolvió decretar la suspensión de las
disposiciones censuradas.

2.3. Mediante memorial del 4 de agosto de 20147, la ANTV interpuso recurso de
súplica en contra de la citada providencia. Este fue resuelto por la Sala de la
Sección Primera del Consejo de Estado, el 14 de julio de 20168, ordenando revocar
parcialmente la decisión, en el sentido de negar la suspensión de los artículos 42,
43, 45 y 46 del Acuerdo nro. 010 de 24 de noviembre de 2006 y confirmar la medida
cautelar adoptada respecto del artículo 44 del mismo acto administrativo.

3
Visible a folio 13 ibídem.
4
Ibídem.
5
Visible a folio 17 del Cuaderno de Medida Cautelar
6
Visible a folios del 21 al 37 ibídem.
7
Visible a folios 41 a 77 ibídem.
8
Visible a folios 88 a 109 ibídem.

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2.4. Posteriormente la entidad acusada, a través de escrito del 4 de mayo de
20179, requirió que se revocará la suspensión del artículo 44 del Acuerdo
controvertido.

2.5. Por medio de auto del 5 de junio de 201710, el Despacho sustanciador
rechazó por improcedente la solicitud de la ANTV.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. La ANTV, mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera
de esta Corporación el 21 de julio de 2014, contestó la demanda oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones de nulidad11, bajo los argumentos que pasan a
sintetizarse:

3.1.1. Mencionó que no era cierto que dicha autoridad haya expedido el Acuerdo
nro. 010 del 24 de noviembre 2006, por cuanto la ANTV nació a la vida jurídica con
la Ley 1507 del 2012.

3.1.2. Indicó que el régimen sancionatorio para las personas sometidas a las
inspección, vigilancia y control de la CNTV, dentro de las cuales estaban los
prestadores del servicio público de televisión por suscripción, se encontraba
previsto en los literales b), c), d) y n) del artículo 5, literal a) y h) del artículo 12 y los
artículos 4, 18, 24, 25 y 53 de la Ley 182 de 1995; asimismo, en la sentencia de la
Corte Constitucional C- 726 de 2009.

3.1.3. Aseguró que la Comisión, contaba con la competencia para reglamentar el
servicio de televisión por suscripción e impartir sanciones a los concesionarios que
lo operan, de conformidad con las normas del debido proceso, cuando se produzca
la violación de sus obligaciones contractuales o se trasgredan las disposiciones
legales y reglamentarias.

9
Visible a folios 115 a 124 ibídem.
10
Visible a folios 128 a 129 ibídem.
11
Visto a folios 74 a 101 ibidem.

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3.1.4. Manifestó que el artículo 43 de la Ley 182 de 1995 facultó a la CNTV para
regular el citado servicio y reglamentar las condiciones de los contratos nuevos y
los que debían ser prorrogados, al igual que definir los requisitos de las licitaciones.

Asimismo, expuso que, al suscribir los contratos de concesión del servicio de
televisión por suscripción, se pactaba la cláusula 24, la cual estaba relacionada con
la facultad sancionatoria de la Comisión, puesto que allí se establecía que se podría
castigar por medio de multas a la parte que incurriera en algún incumplimiento.

IV. AUDIENCIA INICIAL

El día 23 de marzo de 2018, se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el
litigio de la siguiente manera:

“El Despacho observa que la controversia planteada en el presente proceso
gira en torno al derecho, pues las partes concuerdan en el acto que ha sido
demandado y la autoridad que lo expidió, así como en la vigencia del mismo,
por lo que no hay hechos relevantes en discusión. Desde esta perspectiva, y
teniendo en cuenta la demanda y su contestación, observa la Sala Unitaria que
deberá resolverse:

1. En relación con la competencia:

1.1. Si, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 6, 121, 150 y 152
de la Constitución Política y el artículo 6, numeral 2° de la Ley 5 de 1992, se
extralimitó la Comisión, hoy ANTV, al expedir cada uno de los artículos 42, 43,
44, 45 y 46 del Acuerdo No. 010 de 24 de noviembre de 2006.

1.2. En el evento en que la respuesta al anterior planteamiento sea positiva,
para cada uno de los artículos indicados, la Sala deberá resolver sobre si ellos
son nulos, por infracción de las normas en que debían fundarse o por falta de
competencia.

2. En relación con el principio de legalidad, la Sala deberá resolver:

2.1. Si es cierto que el Acuerdo No. 010 del 24 de noviembre de 2006, expedido
por la Comisión Nacional de Televisión, hoy ANTV, en cada uno de sus
artículos 42, 43, 44, 44, 45 y 46, a su discrecionalidad normó la tasación y
calificación gradual de las faltas y sanciones que contiene.

2.2. Si la respuesta dada al interrogante anterior es afirmativa, deberá
establecer si cada uno de los artículos citados violó el principio de legalidad y
en caso afirmativo y como consecuencia de ello, si adolece de nulidad.

3. En relación con la reserva legal en materia sancionatoria:

La Sala deberá determinar si la Comisión Nacional de Televisión, hoy ANTV,
violó una reserva legal en materia sancionatoria al expedir el artículo 44 del

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Acuerdo No. 010 de 2006 y, en caso afirmativo y como consecuencia de ello,
si adolece de nulidad.”12

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Antes de finalizar la audiencia inicial, se concedió a las partes e intervinientes diez
(10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio Público
también podía rendir concepto; dicho término inició el 2 de abril de 2018 y finalizó
el 13 del mismo mes y año, dentro del cual se realizaron las siguientes
manifestaciones:

4.1. Mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera de esta
Corporación el 11 de abril de 2018, la parte actora procedió a comparar las
disposiciones previstas en la Ley 182 de 1995 con lo reglado en los artículos 42,
43, 44, 45 y 46 del Acuerdo nro. 010 de 2006, y concluyó que los primeros dos (2)
artículos determinaban comportamientos que se constituían en faltas o reproches,
y lo demás creaba sanciones y fijaba los criterios para su aplicación y graduación,
lo que claramente desconocía la reserva legal en materia sancionatoria.

Mencionó que el acto acusado “desborda la competencia atribuida por la Ley 182
de 1995 a la CNTV -hoy ANTV-, para efectos de establecer el régimen sancionatorio
a los operadores, concesionarios y suscriptores del servicio de televisión, por lo
cual es evidente además la transgresión de los artículos 4, 6, 121, 150 y 152 de la
Constitución Política y el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 5ª de 1992, ya que se
configura una extralimitación de la facultad sancionatoria de la citada Ley 182 de
1995”13.

Por otro lado, utilizó como base para sustentar sus alegatos los argumentos
expuestos por esta Sala en el auto del 16 de julio de 2016, mediante el cual se
resolvió revocar la suspensión provisional de las disposiciones acusadas, para
exponer que el régimen sancionatorio no podía ser tan flexible como allí había
quedado expuesto, pues, si bien el Legislador le confirió a la ANTV las funciones
que en su momento habían sido atribuidas a la CNTV, a través de la Ley 1507 de

12
Visible a folios 140 y 141 ibídem.
13
Visible a folio 155 del Cuaderno Principal.

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2012, lo cierto era que allí existía un vacío respecto de cuáles eran la penalidades
que podía imponer a los operadores del servicio de televisión por suscripción, el
cual debía ser llenado con los lineamientos descritos en la Ley 182 de 1995, por lo
que el acto acusado debía guardar coherencia con lo dispuesto en esa norma.

Por último, resaltó que el Acuerdo impugnado “atenta contra lo dispuesto por la Ley
182 de 1995, al consagrar sanciones que no corresponden a las establecidas en el
literal h) del artículo 12 de esa ley o a los criterios fijados por ella”14.

4.2. La ANTV presentó alegatos de conclusión15, reiterando los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto
mediante memorial radicado en la Secretaría de esta Sección el día 13 de abril de
201816, en el que expuso los siguientes argumentos:

Con el fin de resolver los problemas jurídicos que fueron definidos en la audiencia
inicial llevada a cabo por el Despacho sustanciador el 23 de marzo de 2018,
procedió a precisar el concepto de la potestad reglamentaria, aduciendo que el
Estado era el único que constitucionalmente se encontraba legitimado para
intervenir normativamente en los ámbitos sociales y económicos, debido a que
dicha actividad comprometía los intereses públicos del país.

Mencionó que la Carta Política del 1991 optó por un sistema desconcentración de
la potestad reglamentaria, en el permitió que órganos del Estado diferentes al
Presidente de la República pudieran expedir actos normativos generales y de
carácter reglamentario para regular ciertas áreas.

14
Visible a folio 160 ibídem.
15
Visto a folios 162 a 177 ibidem.
16
Visto a folios 178 a 187 ibidem.

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Al descender al caso en concreto, adujo que la Corte Constitucional, a través de la
sentencia C-564 de 1995, estableció que la CNTV, hoy ANTV, era la entidad
competente para regular el servicio público de televisión, debido a que es un
organismo de ejecución que desarrolla las políticas fijadas en el artículo 77 de la
norma superior.

Expuso que era claro que la CNTV, hoy ANTV, era la competente para ejercer
funciones de regulación, inspección, vigilancia, seguimiento y control del servicio
de televisión, ya que se encuentra facultada para reglamentar con autonomía el
régimen televisivo y sancionatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos
75, 76 y 77 de la Constitución Política y la atribución legal que confiere la Ley 182
de 1995. En consecuencia, los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 del Acuerdo nro. 10 del
24 de noviembre de 2006, no infringieron lo dispuesto en los artículos 4, 6, 121, 150
y 152 de la norma superior, ni el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 5 de 1992.

Ahora, frente al punto relacionado con el principio de legalidad, procedió a realizar
un cuadro comparativo entre las normas invocadas como vulneradas y el acto
acusado. Luego, señaló que la ANTV no había creado un nuevo procedimiento
sancionatorio con el cual suprimió una competencia que estaba reservada para el
Legislador, puesto que dicho trámite encuentra soporte en la Ley 182 de 1995, que
establece la facultad de imponer sanciones por el incumplimiento en la prestación
del servicio de televisión por suscripción.

Advirtió que evidenciaba que la disposición acusada contenía una clasificación de
faltas en la transmisión, operación y comercialización, que hacen referencia a la
conducta del operador cuando éste incumpla sus funciones; aspecto que no
desborda el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya que dicha atribución se
encuentra contemplada en el literal e) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, la cual
le permite a la ANTV regular el régimen sancionatorio aplicable a los
concesionarios, operadores y contratistas del servicio de televisión, lo que
demostraba que el Acuerdo nro. 10 del 24 de noviembre de 2006 se encontraba
ajustado al principio de legalidad.

VI. DECISIÓN

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Demandante: Hernando Morales Plaza

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

7.2. Cuestión previa

En atención a lo solicitado por el apoderado general de la Fiduciaria La Previsora
S.A., en torno a que se asuma la parte procesal de la CNTV, luego ANTV 17, por
parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, dada la supresión y
liquidación de la ANTV18, en primer lugar, es menester indicar que la sucesión
procesal es una figura que permite modificar los sujetos que conforman las partes
en el proceso, en tanto que los que se encontraban en dicha posición deben ser
sustituidos ante su fallecimiento o declaratoria de ausencia, si se trata de una
persona natural, o ante la extinción, fusión o escisión, si se trata de persona jurídica,
tal y como lo prevé el artículo 68 del Código General del Proceso (en adelante CGP),
aplicable por remisión expresa del artículo 306 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPCA). La primera
de las disposiciones en mención es del siguiente tenor:

“Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el
proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los
herederos o el correspondiente curador.

17
Por virtud de lo dispuesta en la Ley 1507 de 2012.
18
Folio 195 del Cuaderno principal.

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Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna
persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido
podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la
sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir
como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso,
siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho
consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente.”
(Subrayas del Despacho)

Valga resaltar que dicha situación no interrumpe el proceso ni modifica el litigio y,
por ende, el juez sigue habilitado para resolver de fondo el conflicto, agotando las
etapas procesales subsiguientes.

Así las cosas, advierte el Despacho que la ANTV fue suprimida y su proceso de
liquidación fue iniciado a partir de la entrada en vigor de la Ley 1978 de 2019, “por
la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se
dictan otras disposiciones”, según lo dispone el artículo 39 ibidem, a saber:

“Artículo 39. Supresión de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). A
partir de la vigencia de la presente ley, se suprime y se liquida la Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV) de que trata la Ley 1507 de 2012, en
consecuencia, esta entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para
todos los efectos la denominación “Autoridad Nacional de Televisión en
liquidación”. En consecuencia, todas las funciones de regulación y de
inspección, vigilancia y control en materia de contenidos que la ley asignaba a
la ANTV serán ejercidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y
las demás funciones de inspección, vigilancia y control que la ley asignaba a la
ANTV serán ejercidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Así mismo, todas las funciones de protección de la
competencia y de protección del consumidor que la ley asignaba a la ANTV
serán ejercidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Con excepción
de las expresamente asignadas en la presente ley.

En caso de ser necesario la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
transferirá al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, los recursos suficientes para que pueda cumplir con el pago
de las acreencias que se reciban o resultaren del proceso liquidatorio de la
Autoridad Nacional de Televisión.” (Subrayas del Despacho)

De la norma transcrita resulta claro que la ANTV fue eliminada como entidad
pública; en consecuencia, desapareció como persona jurídica, cesó el ejercicio de

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sus funciones y no pudo seguir siendo sujeto de derechos ni de obligaciones, razón
por la cual sus actividades fueron asumidas por la CRC y el Mintic.

Conforme a lo anterior y en lo respecta a los procesos judiciales, la norma en
comento, en el artículo 43, determinó lo siguiente:

“Artículo 43. Liquidación de contratos y cesión de la posición contractual,
judicial y administrativa. Todos los contratos celebrados por la Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV) para la atención de gastos de funcionamiento
deberán ser terminados y liquidados por la Autoridad Nacional de Televisión en
Liquidación. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones sustituirá a la ANTV en los contratos de concesión suscritos
por esta. La posición contractual de los demás contratos será sustituida por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión
de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con las competencias de las
entidades liquidadas que se transfieren por medio de la presente ley.

De la misma manera, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo
con las competencias que se transfieren por medio de la presente ley,
sustituirán a la Autoridad Nacional de Televisión en la posición que esta ocupare
en los procesos judiciales en curso, incluyendo arbitramentos en que participen
en cualquier calidad.

Igualmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo
con las competencias de la entidad liquidada que se transfieren por medio de la
presente ley, continuarán, sin solución de continuidad, con las actuaciones
administrativas que se encuentren en curso a la entrada a la vigencia de la
presente ley.

Durante el proceso de liquidación, la Autoridad Nacional de Televisión en
Liquidación transferirá al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo
con las competencias que se transfieren por medio de la presente ley, los
derechos reales y personales sobre los activos tangibles e intangibles que
fueren necesarios para el ejercicio de las funciones objeto de transferencia.”
(Subrayas del Despacho)

Dicho esto, es menester indicar que, a través de la presente acción, se pretende la
declaratoria de nulidad de los artículos 42 a 46 del Acuerdo 010 de 2006, expedido
por la CNTV, que reglamenta el servicio de televisión por suscripción y establece el
régimen sancionatorio, asunto que, en virtud de la regulación contenida en el
artículo 22 de la Ley 1341 de 200919, se encuentra en el ámbito funcional de la CRC,
lo que determina que es la entidad llamada a suceder a la ANTV en este proceso,
por ministerio de la ley.

19
Modificada por la Ley 1978 de 2019.

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7.3. De la falta de competencia

En atención a los previsto en la audiencia inicial celebrada el 23 de marzo de 2018,
la Sala abordará la controversia con fundamento en lo allí indicado y, como
consecuencia, de lo que tendrá que ocuparse primeramente será de definir si son
nulas por falta de competencia las disposiciones emitidas por la CNTV, que
determinan las faltas, las clasifican, fijan sanciones, criterios de gradación de las
mismas e indican la aplicación del principio de favorabilidad respecto de los
concesionarios del servicio de televisión por suscripción, si, a juicio del accionante,
su expedición está radicada de manera exclusiva en cabeza del Legislador.

Para responder tal interrogante es relevante traer a colación parte del fundamento
normativo de expedición del Acuerdo 010 de 2006, proferido por la CNTV;
puntualmente el literal e) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 y el literal h) del
artículo 12 ibidem, que a la letra dice:

“Artículo 5o. Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a la
Comisión Nacional de Televisión:

e) Reglamentar el, otorgamiento y prórroga de las concesiones para la
operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y
los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de
los programas de televisión, así como los requisitos de las licitaciones,
contratos y licencias para acceder al servicio, y el régimen sancionatorio
aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, de
conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos;”
(Subrayas de la Sala).

“Artículo 12. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta
Directiva de la Comisión Nacional de Televisión:

h) Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el
procedimiento previsto en la ley, a los operadores del servicio, a los
concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales
regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión
de las disposiciones legales y reglamentarias o de las de la Comisión,
relacionadas con el servicio”. (Subrayas de la Sala).

Tales disposiciones fueron objeto de análisis por la Corte Constitucional en
sentencia C-726 de 2009, pronunciándose sobre la exequibilidad de las
expresiones “el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y

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contratistas de televisión, de conformidad con las normas previstas en la ley y los
reglamentos” y “de las de la Comisión”; veamos:

“3.4.4. Las facultades regulatorias de la CNTV en materia
sancionatoria. Alcances del principio de legalidad en esta materia.

En las consideraciones jurídicas anteriores, se ha visto cómo la CNTV tiene
facultades exclusivas de regulación normativa en el campo del servicio público
de televisión, con sujeción a la ley. Además, se ha concluido que ejerce
una potestad sancionatoria que le ha conferido el legislador, orientada a hacer
cumplir sus decisiones, adoptadas dentro de la órbita de sus competencias
legales y constitucionales.

Ahora bien, la Corte detecta que, dentro facultades de regulación normativa
que el legislador le ha conferido a la CNTV, se encuentran algunas que se
refieren concretamente a la reglamentación del régimen sancionatorio que ella
aplica. Así, en el literal e) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, que es una de
las norma parcialmente demandadas dentro de este proceso, el legislador le
ha otorgado la competencia para “Reglamentar… el régimen
sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de
televisión, de conformidad con las normas previstas en la ley y en los
reglamentos” (subrayas fuera del original). En similar sentido, el literal h) del
artículo 12 de la misma ley, que también se demanda parcialmente en esta
causa, hace alusión a las facultades reglamentarias de la CNTV en materia
sancionatoria, al decir que dentro de las funciones de la Junta Directiva de la
entidad está aquella que consiste en “Sancionar… por transgresión de las
disposiciones legales y reglamentarias o de las de la Comisión, relacionadas
con el servicio”. Así pues, es claro para la Corte que el legislador le ha conferido
a la CNTV potestades reglamentarias respecto del régimen sancionatorio que
ella misma aplica.

Ahora bien, para lo que interesa a la definición del primer problema jurídico que
se propone en este proceso, interesa ahora indagar cuáles son los límites de
las facultades regulatorias o reglamentarias de la CNTV, concretamente en
materia sancionatoria. Lo anterior, porque el primer cargo de la demanda
justamente aduce que las normas acusadas le conceden a este organismo, por
la vía de las facultades reglamentarias, la potestad de determinar las sanciones
y multas a aplicar a los administrados, pese a que esas materias tienen “reserva
de ley”.

Al respecto, la Corte debe recordar brevemente su jurisprudencia sentada en
torno a este asunto, en donde ha hecho ver que los principios del derecho penal
se aplican, mutatus mutandi,20 al derecho sancionador. En efecto,
reiteradamente la Corporación ha hecho ver que los principios del derecho
penal “se aplican, con ciertos matices, a todas las formas de actividad
sancionadora del Estado”.21 Entre estos principios, ocupa un lugar
principalísimo el de la legalidad de las faltas y de las sanciones, conforme al
cual, la definición de las conductas sancionables y las sanciones
administrativas correspondientes es competencia exclusiva del legislador
(reserva de ley), y no de la administración o de los órganos administrativos
independientes; y además, esta definición legal debe ser previa a la conducta

20
Al respecto pueden consultarse las sentencias C-599 de 1992, C-390 de 1993, C-259 de 1995, C-
244 de 1996 y C-690 de 1996, entre otras.
21
Sentencia C-417 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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que va a ser sancionada (tipicidad). Sobre el este asunto la Corte ha vertido,
entre otros, los siguientes conceptos:

“Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el
de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo
deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además,
deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede
ser delegada en la autoridad administrativa 22. Además, es claro que el
principio de legalidad implica también que la sanción debe estar
predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa
sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta Corporación ya lo
había señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir
"también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a
quienes incurran en aquéllas"23. (Negrillas fuera del original)

Así mismo ha señalado:

“El principio de legalidad, en términos generales, puede concretarse
en dos aspectos: el primero, que exista una ley previa que determine
la conducta objeto de sanción y, el segundo, en la precisión que se
emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de
reproche y la sanción que ha de imponerse. Aspecto éste de gran
importancia, pues con él se busca recortar al máximo la facultad
discrecional de la administración en ejercicio del poder
sancionatorio que le es propio. Precisión que se predica no sólo de la
descripción de la conducta, sino de la sanción misma” 24. (Negrillas fuera
del original)

En este punto, no sobra recordar que el fundamento constitucional del principio
de legalidad en materia sancionatoria administrativa se deriva directamente de
lo prescrito por el artículo 29 de la Constitución Política, conforme al cual nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.
En efecto, este principio, que forma parte de las garantías integrantes de la
noción de debido proceso, no opera únicamente en materia penal, sino que
tiene validez en el campo de la actividad sancionatoria de la administración,
puesto que el mismo artículo 29 superior indica que “El debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” (Subrayas
fuera del original). Así ha sido reconocido también por el Consejo de Estado,
que al respecto ha sostenido:

“El principio de legalidad se ha establecido como uno de los más
importantes instrumentos de garantía ciudadana, un verdadero límite a
los poderes del Estado, y más aún frente al ejercicio del poder
punitivo. Es la propia Constitución Política -artículo 29- quien impone
a las autoridades judiciales y administrativas realizar las
actuaciones de conformidad con los principios del debido
proceso, incluida la legalidad y tipicidad de las conductas. Este
precepto contiene un mandato claro: las autoridades -administrativas o
judiciales- tienen la obligación de adelantar sus actuaciones conforme al
principio de legalidad; más aún cuando se trata de la potestad

22
Ver, entre otras, las sentencia C-597 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 12.
23
Sentencia C-417/93. MP José Gregorio Hernández Galindo. Consideración de la Corte No 3. En el
mismo sentido, ver sentencia C-280 de 1996.
24
Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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sancionadora, como quiera que el es pilar fundamental del derecho
sancionador del Estado”. (Negrillas fuera del original) 25.

3.4.5. No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha explicado que los
matices con los cuales los principios del derecho penal se aplican al derecho
sancionatorio hacen que el de tipicidad no tenga en esta última materia la
misma connotación que presenta en el derecho penal, en donde resulta ser
más riguroso26. Esta diferencia de rigor, como lo ha hecho ver esta
Corporación27, se explica por el hecho de que los tipos penales tienen una
estructura autónoma, al paso que los administrativos sancionatorios no. En
efecto, al respecto la doctrina del derecho administrativo sancionador señala:

“Las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a
advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los
tipos sancionadores administrativos, por el contrario, no son
autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula
una orden o prohibición cuyo incumplimiento supone cabalmente la
infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un
pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por
ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor
habría de consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo
con la advertencia añadida de la sanción que lleva aparejada su
incumplimiento, es decir una reproducción de textos en doble
tipografía”28.

La anterior diferencia en la estructura de los tipos penales y los sancionatorios
hace que en el derecho sancionador la forma usual de predeterminación legal
de las faltas sancionables sea la figura que la doctrina y la jurisprudencia han
llamado “tipos en blanco”, en donde hay una cadena de normas cuya lectura
sistemática permite entender cuál es la conducta sancionable y cuál la sanción
correspondiente; en efecto, la noción de “tipo en banco”, en materia
sancionatoria, ha sido explicada por la Corte así:

“Por lo tanto la tipicidad en las infracciones disciplinarias se establece por
la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y de aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye
una infracción disciplinaria.[47] Esta forma de definir la tipicidad a través
de normas complementarias, es un método legislativo que ha sido
denominado el de las normas en blanco. Estas consisten en
descripciones incompletas de las conductas sancionadas, o en
disposiciones que no prevén la sanción correspondiente, pero que en
todo caso pueden ser complementadas por otras normas a las cuales
remiten las primeras. Sobre los tipos en blanco, la Corte ha dicho esas
descripciones penales son constitucionalmente válidas, siempre y
cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil
Botero. Sentencia de noviembre trece (13) de dos mil ocho (2008). Radicación número: 68001-23-
31-000-1996-02081-01(17009).
26
Cfr. Sentencia C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
27
Cfr. Ibídem.
28
NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. Madrid, 1994.
P. 298. Citado por Jaime Ossa Arbeláez en DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Ed.
Legis Bogotá 2000

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determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y de la
sanción correspondiente.29”.30

Ahora bien, a partir del entendimiento de lo anterior, la Corte ha señalado que
en materia sancionatoria el principio de legalidad no reviste la misma intensidad
que en materia penal, conclusión que se ha visto reforzada con las
consideraciones relativas a que la sanción administrativa no implica privación
de la libertad física, al paso que la sanción penal sí conlleva esta grave
restricción de derechos fundamentales, y que el derecho penal tiene como
destinatarios a la generalidad de las personas, al paso que el derecho
administrativo sancionador opera en “ámbitos específicos”. En efecto, en este
sentido esta Corporación ha dicho que los principios del derecho penal, entre
ellos el de legalidad, no se aplican “exactamente de la misma forma en todos
los ámbitos en donde se manifiesta el poder sancionador del Estado, ya que
entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias
importantes. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental
como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las
personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo
rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos
sancionadores no sólo no afectan la libertad física u otros valores de tal entidad,
sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, actividades o
profesiones que tienen determinados deberes especiales. En estos casos, la
Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando
pero operan con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal31”.

Así pues, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso y del
derecho penal, entre ellos el de predeterminación legal de las faltas, se siguen
aplicando en materia administrativa sancionatoria, pero pueden operar con una
cierta flexibilidad en relación con el derecho penal. Por ello, la descripción típica
de las conductas y de las sanciones hecha por el mismo legislador en todos
sus elementos no resulta exigible con la misma intensidad y rigor en el campo
administrativo sancionador; en este sentido, esta Corporación ha vertido estos
elocuentes conceptos, que se refieren concretamente al derecho disciplinario,
pero que igualmente pueden hacerse extensivos al derecho administrativo
sancionador en general:

“Es cierto que existen elementos comunes entre el procedimiento penal
y el procedimiento disciplinario en lo que tiene que ver con la definición y
determinación de una conducta prohibida por la ley (tipicidad), en cuanto
a la responsabilidad imputable al sindicado, y a la existencia de un
procedimiento que asegure el debido proceso en la investigación y
juzgamiento de las conductas ilícitas y la medición de las sanciones; no
es menos cierto que de lo anterior no puede concluirse que se trata de
unos mismos procedimientos, pues los fines perseguidos, la naturaleza
de las faltas en general, y las sanciones por sus particulares contenidos,
difieren unos de otros.

“...

“La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones
que establecen una precisión tipológica en las que se describen de
manera detallada los elementos conformantes del tipo, de manera que,

29
Cfr. Sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999. M.P Alejandro Martínez Caballero.
30
Sentencia C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31
Al respecto, ver sentencia C-597 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero, criterio reiterado,
entre otras, por la sentencia C-827 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo y circunstancias llevan
en el procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las
conductas; mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran
en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre
todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico
en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con
criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo
ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano
competente para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos
Humanos.”32

Como puede verse, la jurisprudencia ha admitido que la tipicidad en materia
sancionatoria permite conceder a la autoridad administrativa encargada de
evaluar la responsabilidad cierto margen de evaluación más amplio y flexible
que el que tiene el juez en materia penal.

En similar sentido, es decir refiriéndose al menor rigor del principio de legalidad
de las faltas en materia sancionatoria administrativa, en la Sentencia C-872 de
2002, en donde se examinaba una norma que facultaba al Banco de la
República para fijar y reglamentar el encaje de las distintas categorías de
establecimientos de crédito, señalar o no su remuneración y "establecer las
sanciones por infracción a las normas sobre esta materia", la Corte dijo que si
bien el principio de legalidad es común a todos los regímenes punitivos, "no se
proyecta en todos ellos con la misma intensidad.” Y agregó que "que la ley ha
señalado elementos básicos dentro de los cuales la Junta Directiva del
Banco de la República, como autoridad constitucional reguladora en
materia monetaria, cambiaria y crediticia, debe precisar el tipo
sancionatorio que será aplicado por la Superintendencia Bancaria - con
sujeción a los principios y reglas que orientan en la Constitución y en la ley la
aplicación de las sanciones-, quedando así salvaguardado el principio de
tipicidad de la sanción”. (Negrillas y subrayas fuera del original)

Así mismo, esta Corporación ha explicado que debido a que en el derecho
administrativo sancionador existen controles para evitar la arbitrariedad de
quien impone la sanción, como son las acciones contencioso administrativas,
es admisible una mayor flexibilidad del principio de legalidad, de manera que “la
forma típica pueda tener un carácter determinable.” 33 Pero en todo caso, ha
señalado que lo anterior “no significa la concesión de una facultad omnímoda
al operador jurídico, para que en cada situación establezca las hipótesis
fácticas del caso particular. Por ello, la Corte ha sido cuidadosa en precisar,
que si bien es posible la existencia de una forma típica determinable, es
imprescindible que la legislación o el mismo ordenamiento jurídico, establezcan
criterios objetivos que permitan razonablemente concretar la hipótesis
normativa, como ha sido reiterado con insistencia34”.35

En este mismo sentido, es decir, refiriéndose a que la mayor flexibilidad del
principio de legalidad no implica su abandono, la Corte ha dicho lo siguiente:

“En consecuencia, guarda coherencia con los fines constitucionales de
esta actividad sancionatoria administrativa, que las hipótesis fácticas
establecidas en la ley permitan un grado de movilidad a la administración,

32
Sentencia C-427/94. MP Fabio Morón Díaz, reiterado en la Sentencia C-244/96. MP Carlos Gaviria
Díaz.
33
Sentencia C-406 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
34
Cfr. C-530 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
35
Sentencia C-406 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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de forma tal que ésta pueda cumplir eficaz y eficientemente con las
obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, debe precisarse que
la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un carácter
extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la administración en
la imposición de las sanciones o las penas. Por el contrario, en el
derecho administrativo sancionador el principio de legalidad exige
que directamente el legislador establezca, como mínimo, los
elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las
remisiones normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco
o los criterios por medio de los cuales se pueda determinar con claridad
la conducta, al igual que exige que en la ley se establezca también la
sanción que será impuesta o, igualmente, los criterios para
determinarla con claridad.”36. (Subrayas de la Sala y negritas del
original).

En ese contexto, es claro que el Congreso de la República habilitó a la CNTV para
la expedición del régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores
y contratistas de televisión y que tal facultad fue declarada ajustada a la Carta,
conforme a lo cual el cargo de falta de competencia en este punto carece de
prosperidad, lo mismo que la acusación sobre la trasgresión del principio de reserva
legal en materia sancionatoria.

Para el mismo efecto, es esencial el discernimiento vertido en el auto del 14 de julio
de 2016, a través del cual la Sala resolvió la súplica contra el auto que decretó la
medida cautelar a que se hizo referencia en el respectivo acápite:

“Ahora bien, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, en el
derecho administrativo de carácter sancionatorio, a diferencia del derecho
penal, la aplicación de los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley,
como manifestación del derecho al debido proceso, reviste un menor grado de
rigurosidad, dado por la naturaleza de las conductas objeto de reproche, el tipo
de sanciones que su ocurrencia acarrea, el procedimiento para su imposición
y los derechos fundamentales que se ven involucrados.

(…)

En tal sentido, se tiene que si bien la Constitución Política prevé que la
definición de determinadas conductas como infracciones y la potestad de que
las mismas sean sancionadas, es una facultad exclusiva del Legislador, lo
cierto es que no puede desconocerse la existencia de un margen de acción a
la protestad reglamentaria sancionatoria, y específicamente en los eventos en
los cuales la norma legal ha definido “de manera previa los elementos básicos
de la conducta a sancionar, los criterios para su definición, las sanciones y
pautas para su determinación, y finalmente el procedimiento para su
imposición”37, esto es, cuando a la luz de las disposiciones legales la conducta
a sancionar resulte determinable.

36
Ibídem.
37
Sentencias C- 343 de 2006, C-498 de 2002, C-1076 de 2002, C-125 de 2003.

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(…)

Tal flexibilidad en la aplicación de los principios constitucionales a que se viene
haciendo referencia, implica que la actividad sancionatoria de la Administración
ha de circunscribirse al desarrollo de los elementos esenciales de aquellos
comportamientos considerados como faltas, de tal suerte que los actos
reglamentarios expedidos resultan complementarios de la ley, como sucede en
el caso sometido a consideración, en el cual la CNTV, a partir de los parámetros
fijados en la Ley 182 de 1995, procedió a fijar cada una de las conductas que
conllevan el desconocimiento de las obligaciones de los operadores,
concesionarios de espacios y contratistas de televisión, así como las sanciones
atribuibles en el evento en que las mismas ocurran.

En efecto, de la lectura de la Ley 182 de 1995 y de los artículos 42 a 46 del
Acuerdo número 010 de 24 de noviembre de 2006, la Sala puede advertir que
dicha ley, además de contemplar los elementos esenciales para la definición
por vía reglamentaria de los comportamientos constitutivos de falta, prevé
criterios orientadores para definir el tipo de sanción a imponer y, en el caso de
las multas, el rango dentro del cual las mismas han de oscilar.

En tal sentido, resulta procedente confrontar los artículos acusados con los
preceptos legales de la Ley 182 de 1995, que le sirvieron de sustento, tal y
como se realizará a continuación.

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ACUERDO 010 DE
LEY 182 DE 1995 24 DE NOVIEMBRE DE 2006

ARTICULO 5o. FUNCIONES. En ARTÍCULO 42. FALTA. Para los
desarrollo de su objeto, corresponde a la efectos del presente acuerdo, se
Comisión Nacional de Televisión: entiende como falta toda conducta
realizada o ejecutada por el
(…) concesionario de televisión por
suscripción que sea contraria a la
d) Investigar y sancionar a los Constitución; a la ley, en especial a las
operadores, concesionarios de espacios y normas y obligaciones contenidas en
contratistas de televisión por violación del las Leyes 182 de 1995, 335 de 1996,
régimen de protección de la competencia, 506 de 1999 y 680 de 2001; al contrato
el pluralismo informativo y del régimen de concesión; a lo dispuesto en el
para evitar las prácticas monopolísticas presente acuerdo y en todas aquellas
previsto en la Constitución y en la normas que lo modifiquen,
presente y en otras leyes, o por incurrir en complementen o adicionen.
prácticas, actividades o arreglos que sean
contrarios a la libre y leal competencia y a
la igualdad de oportunidades entre
aquéllos, o que tiendan a la concentración
de la propiedad o del poder informativo en
los servicios de televisión, o a la
formación indebida de una posición
dominante en el mercado, o que
constituyan una especie de práctica
monopolística en el uso del espectro
electromagnético y en la prestación del
servicio.

e) Reglamentar(…) el régimen
sancionatorio aplicable a los
concesionarios, operadores y contratistas
de televisión, de conformidad con las
normas previstas en la ley y en los
reglamentos.

ARTÍCULO 29. LIBERTAD DE ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE
OPERACIÓN, EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN. LAS FALTAS. Las faltas en que
incurran los concesionarios de
(…) televisión por suscripción en
cumplimiento de la prestación de este
Salvo lo dispuesto en la Constitución y la servicio se clasificarán de la siguiente
ley, es libre la expresión y difusión de los manera:
contenidos de la programación y de la
publicidad en el servicio de televisión, los a) En la transmisión de producción
cuales no serán objeto de censura ni control nacional propia:
previo. Sin embargo, los mismos podrán ser
clasificados y regulados por parte de la 1. Informar directamente a los
Comisión Nacional de Televisión, con miras televidentes de manera parcializada o
a promover su calidad, garantizar el tendenciosa los sucesos o noticias.
cumplimiento de los fines y principios que
rigen el servicio público de televisión, 2. Comprometer la objetividad e
protegen a la familia, a los grupos imparcialidad del contenido de un
vulnerables de la población, en especial los programa a cambio de retribución en
niños y jóvenes, para garantizar su dinero o en especie por parte de
desarrollo armónico e integral y fomentar la terceros que se beneficien de aquel,
producción colombiana. salvo que se trate de publirreportajes
plenamente identificados como tales y
ARTICULO 55. OBLIGATORIEDAD DE que cumplan la reglamentación que
DEDICAR TIEMPO DE para el efecto expida la Comisión.
PROGRAMACIÓN A TEMAS DE
INTERÉS PÚBLICO. Los canales

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nacionales, regionales, zonales y locales 3. No permitir al televidente conocer
de televisión estarán obligados a dedicar dos o más posiciones diferentes frente
un porcentaje ele su tiempo a temas de a un tema o situación en particular, en
interés público. El cubrimiento de éstos programas informativos.
debe hacerse con criterio de equidad, en
el sentido de que, en éste, se provea 4. Denigrar de la religión, clase social,
igualdad de oportunidades para la raza, cultura, sexo o condición sexual,
presentación de puntos de vista de personas con defectos físicos, o de
contrastantes. La Comisión Nacional de partidos o movimientos políticos.
Televisión reglamentará los términos para
el cumplimiento de la obligación prevista (…)
en el presente artículo
9. Incluir en la programación anuncios
comerciales que promocionen
cualidades, calidades o características
de bienes o servicios que no
correspondan a la realidad.

Las demás de esta naturaleza, que
contraríen la Constitución, la ley y el
presente acuerdo y las normas que lo
modifiquen, complementen o
adicionen.

ARTÍCULO 30. DERECHO A LA ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE
RECTIFICACIÓN. El Estado garantiza el LAS FALTAS.
derecho a la rectificación, en virtud del cual,
a toda persona natural o jurídica o grupo de (…)
personas se les consagra el derecho
inmediato del mismo, cuando se vean 5. Difundir informaciones inexactas,
afectadas públicamente en su buen nombre falsas, injuriosas o lesivas de la honra
u otros derechos e intereses por o del buen nombre de personas
informaciones que el afectado considere naturales o jurídicas, públicas o
inexactas, injuriosas o falsas transmitidas privadas.
en programas de televisión cuya
divulgación pueda perjudicarlo (…). 6. Negarse a otorgar el derecho de
rectificación cuando hubiere lugar,
conforme al procedimiento descrito en
el artículo 30 de la Ley 182 de 1995.

7. Haber tenido el deber de rectificar
por orden de juez competente por más
de tres (3) veces, informaciones
inexactas, injuriosas, falsas o lesivas
de la honra o del buen nombre de
personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas.

ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE
ARTÍCULO 51. DE LA PROTECCIÓN AL LAS FALTAS.
USUARIO Y AL CONSUMIDOR. (…) En
ningún caso se permitirá realizar (…)
proselitismo político, ni destacar la gestión
de determinadas personas en dichos 8. Hacer publicidad de cultos
espacios (…). religiosos, partidos políticos o
ideologías de cualquier índole, que
induzcan al televidente a adherirse o a
tomar decisiones frente a estos,
mediante la utilización de elementos
que impliquen engaño.

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ARTÍCULO 5. FUNCIONES. En desarrollo ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE
de su objeto, corresponde a la Comisión LAS FALTAS.
Nacional de Televisión:
(…) (…)
c) (…) regular las condiciones de operación
y explotación del mismo, particularmente b)Operativas y administrativas
en materia de cubrimientos,
encadenamientos, expansión progresiva 1. Prestar el servicio de televisión por
del área asignada (…) suscripción en un área diferente a la
adjudicada o autorizada.
ARTÍCULO 24. DE LA OCUPACIÓN
ILEGAL DEL ESPECTRO. Cualquier (…)
servicio de televisión no autorizado por la
Comisión Nacional de Televisión, o que 3. Abrir la señal de sus canales para
opere frecuencias electromagnéticas sin la que sean recibidas por el público en
previa asignación por parte de dicho general, sin la previa autorización de la
organismo, es considerado clandestino. Comisión.

ARTÍCULO 48. DE LAS CONCESIONES A
LOS OPERADORES ZONALES.

(…)

i) El establecimiento, uso, explotación,
modificación o ampliación de la red de
televisión autorizada deberán efectuarse de
conformidad con el título de concesión (…).

ARTÍCULO 48. DE LAS CONCESIONES A ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE
LOS OPERADORES ZONALES. La LAS FALTAS.
escogencia de los operadores zonales, se
hará siempre y sin ninguna excepción por
el procedimiento de licitación pública b)Operativas y administrativas
(…).Para tales efectos, la Junta Directiva de
la Comisión Nacional de Televisión tendrá (…)
en cuenta las siguientes disposiciones
especiales (…). 2. Incumplir las obligaciones de
carácter económico contraídas con la
(…) Comisión Nacional de Televisión.

c) El otorgamiento de la concesión por la (…)
Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Televisión por contrato o licencia, dará 5. Ser titulares directamente o por
lugar al pago de una tarifa (…). interpuesta persona o en asociación
con otras empresas, de más de una
(…) concesión del servicio de televisión por
suscripción. Esta limitación se extiende
a los cónyuges, compañera o
m) La concesión obliga a la explotación compañero permanente y a los
directa del servicio público objeto de la parientes de estos en el cuarto grado
misma y será intransferible. de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil. Igualmente, a
las sociedades en las que participen
los socios de una persona jurídica
titular del servicio de televisión por
suscripción y aquellas en que
participen las personas que tengan con
dichos socios los vínculos aquí
previstos.

(…)

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7. Ceder el compromiso adquirido con
la Comisión Nacional de Televisión en
virtud de una concesión para operar el
servicio público de televisión por
suscripción.

b)Operativas y administrativas

(…)

ARTÍCULO 25. DE LAS SEÑALES ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE
INCIDENTALES Y CODIFICADAS DE LAS FALTAS.
TELEVISIÓN Y DE LAS SANCIONES POR
SU USO INDEBIDO. b)Operativas y administrativas

(…) (…)

La recepción de señales incidentales de
televisión es libre, siempre que esté 6. Interrumpir a los suscriptores la
destinada al disfrute exclusivamente recepción de los canales colombianos
privado o a fines sociales y comunitarios de televisión abierta y que se
sintonicen en el área de cubrimiento
Las señales incidentales, no podrán ser y/o no transmitir dichos canales en los
interrumpidas con comerciales, excepto los términos establecidos en el presente
de origen. acuerdo o en las normas que lo
complementen, modifiquen o
Previa autorización y pago de los derechos adicionen.
de autor correspondientes (…) los
operadores públicos, privados y (…)
comunitarios y los concesionarios de
espacios de televisión, podrán recibir y 8. Cobrar por la transmisión y
distribuir señales codificadas. distribución de señales incidentales.

Cualquier otra persona natural o jurídica 9. Utilizar equipos DTH propios del
que efectúe la recepción y distribución a sistema de televisión satelital para la
que se refiere el inciso anterior con recepción y transmisión de canales
transgresión de lo dispuesto en el mismo, codificados.
se considerará infractor y prestatario de un
servicio clandestino y como tal estará sujeto (…)
a las sanciones que establece el artículo
anterior. 15. No prestar el servicio de manera
gratuita en los términos previstos en el
Las empresas que actualmente presten los artículo 49del presente acuerdo.
servicios de recepción y distribución de
señales satelitales se someterán, so pena
de las sanciones correspondientes a lo
dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 54. INVALIDEZ DE LAS ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE
NEGOCIACIONES HECHAS SIN PREVIA LAS FALTAS.
AUTORIZACIÓN. No tendrá ninguna
validez la negociación de derechos o
cuotas sociales de sociedades
concesionarias de espacios o programas b)Operativas y administrativas
de televisión de canales estatales, espacios
o programas de televisión, cuando ésta no
cuente con la autorización previa de la
Comisión Nacional de Televisión (…). (…)

ARTÍCULO 57. DEL CONTROL SOBRE LA
ENAJENACIÓN DE LA PROPIEDAD. (…)

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Respecto de la enajenación de la propiedad 10. Incumplir lo dispuesto en el
de las acciones que se negocien en bolsa, presente acuerdo38 respecto de la
el propietario deberá informar sobre la cesión de cuotas sociales o
misma a la Junta Directiva de la Comisión modificación de la composición
Nacional de Televisión, dentro de los cinco accionaria.
(5) días siguientes, siempre que la
transacción comprenda la adquisición en
forma global o sucesiva del cinco por ciento
(5%) o más de las acciones. Será ineficaz
toda enajenación de acciones de las
sociedades abiertas, cuando se
contravenga lo dispuesto en el presente
Título y en las demás normas sobre la
materia.

ARTÍCULO 45. CRITERIOS PARA LA
ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN Y GRADACIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la SANCIÓN. Para la gradación y
Junta Directiva de la Comisión Nacional de aplicación de las sanciones, se tendrán
Televisión: en cuenta la gravedad de la falta, el
daño producido y la reincidencia en su
(…) comisión.

h) Sancionar, de conformidad con las ARTÍCULO 46. PRINCIPIOS DE
normas del debido proceso y con el LEGALIDAD Y FAVORABILIDAD. A
procedimiento previsto en la ley, a los los concesionarios del servicio de
operadores del servicio, a los Televisión por suscripción que estén
concesionarios de espacios de televisión y siendo investigados a la fecha de
a los contratistas de los canales regionales entrada en vigencia del presente
por violación de sus obligaciones acuerdo, se les aplicarán las
contractuales, o por transgresión de las disposiciones relativas a las faltas y
disposiciones legales y reglamentarias o de sanciones vigentes para la fecha de su
las de la Comisión, relacionadas con el comisión, salvo que las modificaciones
servicio. dispuestas les resulten más
favorables”.
(…)

Para el ejercicio de tal facultad la Junta
Directiva deberá tener en cuenta la
gravedad de la falta, el daño producido y la
reincidencia en su comisión;

Siendo ello así, para la Sala, en principio, es dable afirmar que los artículos 42,
43, 45 y 46 del referido acto administrativo, no parecen desbordar la
competencia atribuida por la Ley 182 de 1995 a la CNTV – hoy ANTV, para
efectos de establecer el régimen sancionatorio a los operadores,
concesionarios y suscriptores del servicio de televisión, por cuanto, como
quedó visto, dichos preceptos desarrollan de manera precisa y detallada las
disposiciones jurídicas contenidas en la Ley 182 de 1995.

Así las cosas, de los precitadas normas reglamentarias no emerge, prima facie,
la transgresión de los artículos 4, 6, 121, 150 y 152 de la Constitución Política
y el numeral 2 del artículo 6º de la Ley 5ª de 1992, aludida por el demandante

38
Acuerdo 010 de 24 de noviembre de 2006. Artículo 25. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES O
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA. Cualquier modificación en las cuotas sociales o
en la composición accionaria del concesionario, superior al cinco por ciento (5%) realizada en un año
continuo, deberá ser autorizada previamente por la Comisión Nacional de Televisión, la cual podrá
solicitar los documentos que considere necesarios para tal efecto.

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en la solicitud de suspensión provisional de los efectos de las disposiciones
acusadas, comoquiera que las mimas no suponen la adición o, incluso,
modificación de la Ley 182 en comento”.

7.4. De la definición de las sanciones

Ahora bien, la Sala dilucidará si es nula, por falta de competencia, la disposición
que expide la CNTV regulando y precisando las sanciones a imponer a los
concesionarios del servicio de televisión por suscripción, si, en criterio del
demandante, no existe disposición alguna que la habilite para ese efecto.

7.4.1. Como se estableció previamente, el Congreso de la República autorizó a la CNTV
de manera expresa para definir el régimen sancionatorio de los concesionarios, operadores
y contratistas de televisión, entendiéndose por tal la descripción de las conductas
sancionables, las clases y cuantía de las sanciones y el procedimiento que debe seguirse
para su imposición.

No obstante, como ya se vio, el ejercicio del poder regulador se halla sometido a
las disposiciones superiores que existan sobre la materia, de lo que se concluye
que, de encontrarse una previsión de ese rango en el orden jurídico, lo dispuesto
en el acto reglamentario no puede exceder su límite, so pena de reemplazar la
voluntad del Legislador, o si es del caso, del constituyente.

Bajo esa perspectiva, es altamente pertinente el cuadro comparativo al que se
aludió en el proveído de esta Sección que resolvió el recurso ordinario de súplica
mencionado contra el auto que decretó la medida cautelar, pues allí se puso de
presente lo dispuesto en el literal d) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, de cara a
lo que el acto cuestionado definió sobre el particular:

LEY 182 DE 1995 ACUERDO 010 DE 24 DE
NOVIEMBRE DE 2006
Artículo 5. Funciones. En desarrollo de su
objeto, corresponde a la Comisión Nacional
de Televisión:

(…)

d) Investigar y sancionar a los operadores,
concesionarios de espacios y contratistas
de televisión por violación del régimen de

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protección de la competencia, el pluralismo
informativo y del régimen para evitar las
prácticas monopolísticas previsto en la
Constitución y en la presente y en otras
leyes, o por incurrir en prácticas,
actividades o arreglos que sean contrarios
a la libre y leal competencia y a la igualdad
de oportunidades entre aquéllos, o que
tiendan a la concentración de la propiedad
o del poder informativo en los servicios de
televisión, o a la formación indebida de una
posición dominante en el mercado, o que
constituyan una especie de práctica
monopolística en el uso del espectro Artículo 44. Sanciones. La Comisión
electromagnético y en la prestación del Nacional de Televisión impondrá multas,
servicio. así:

Las personas que infrinjan lo dispuesto en a) Desde cien (100) hasta (600) salarios
este literal serán sancionadas con multas mínimos legales mensuales vigentes a la
individuales desde seiscientos (600) hasta fecha en que se cometió la falta, sin
seis mil (6.000) salarios mínimos legales exceder el máximo legal, a los
mensuales vigentes a la fecha de la concesionarios del servicio de televisión
sanción, y deberán cesar en las prácticas o por suscripción que por primera vez
conductas que hayan originado la sanción. incurran en las faltas establecidas en el
presente acuerdo;
Igualmente, la Comisión sancionará con
multa desde cien (100) hasta seiscientos b) Desde seiscientos (600) hasta (6.000)
(600) salarios mínimos legales mensuales salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de la sanción a los vigentes a la fecha en que se cometió la
administradores, directores, falta, sin exceder el máximo legal, a los
representantes legales, revisores fiscales y concesionarios del servicio de televisión
demás personas naturales que autoricen, por suscripción que reiteradamente
ejecuten o toleren las conductas incurran en las faltas establecidas en el
prohibidas por la Constitución y la ley. presente acuerdo.

Conforme a lo establecido en el presente
artículo, la Comisión Nacional de Televisión
impondrá sanciones más gravosas a los
concesionarios que reiteradamente
incurran en la misma falta.

Parágrafo. Las sanciones previstas en
este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo
previsto en el literal h) del artículo 12 de la
Ley 182 de 1995, y del decomiso de los
bienes y equipos cuya utilización
desnaturalice la prestación del servicio de
Televisión, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 182 de
1995

En esa oportunidad, la Sala ordenó la suspensión del artículo 44 del Acuerdo por
considerarlo violatorio de la citada disposición legal arguyendo el razonamiento que
se presenta a continuación:

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“Así las cosas, mientras la Ley 182 de 1995 prevé que en los eventos en que
los “administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y
demás personas naturales” infrinjan el régimen de prohibiciones, serán sujetos
pasivos de multas comprendidas entre cien (100) y seiscientos (600) salarios
mínimos legales mensuales vigentes; el artículo 44 señala dicha sanción para
los concesionarios de televisión por suscripción que, por primera vez, incurran
en comportamientos erigidos como faltas en el Acuerdo número 010 de 24 de
noviembre de 2006, haciendo menos gravosa la situación para ellos. Por ende,
encuentra la Sala, en principio, un desconocimiento de los límites fijados por el
Legislador para la imposición de las multas, y con ello de las normas invocadas
en la solicitud de suspensión provisional, existiendo razón jurídica para
mantener la medida cautelar respecto del artículo 44 acusado.” (Subrayas de
la Sala).

7.4.2. Sobre el particular es pertinente traer a colación el desarrollo sobre el
ejercicio del poder regulador y la potestad reglamentaria con miras a determinar si
trasgrede o excede la norma legal respectiva.

Sobre el concepto de reglamento y clases, resulta pertinente lo expresado por esta
Corporación en la sentencia del 20 de octubre de 2014, radicado 2008-00087-00,
CP Enrique Gil Botero, en la que el análisis discurrió en los siguientes términos:

“el reglamento es una especie de acto administrativo, entendiendo por este una
declaración unilateral de voluntad, que proviene de la administración o de los
particulares en ejercicio de la función administrativa, y produce efectos
jurídicos39. El reglamento tiene estos mismos elementos, porque entre ambos
existe una relación de género a especie, siendo género el acto administrativo y
especie el reglamento, como también son especies los actos administrativos
generales, los particulares, los reglados, los discrecionales, etc.

(…)

b) Clases de reglamentos: Praeter legem y secundum legem

La clasificación más relevante de los reglamentos los identifica como praeter
legem y secundum legem, que atiende a la relación en que se encuentra dicha
norma frente a las de rango superior. Los secundum legem, como su nombre
lo indica, son los que se someten a la ley –“según la ley”-. No obstante, no todos
desarrollan directamente una Ley, porque pueden tener dicha relación con
otras normas de inferior jerarquía, como por ejemplo otros reglamentos; es el
caso del que expide el alcalde para desarrollar los acuerdos del Consejo (sic),
en este evento aquél no se subordina a una ley sino a un Acuerdo –cuando
este a su vez contiene un reglamento-.

39
El profesor Jaime O. SANTOFIMIO GAMBOA, define el acto administrativo como: “toda
manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas,
tendiente a la producción de efectos jurídicos.” -Tratado de derecho administrativo, tomo II Acto
administrativo, cuarta edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 131-.

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31

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La otra clase de reglamentos son los praeter legem, cuya característica
principal es que no se subordinan a la ley, ni a otro reglamento, por lo que
tienen mayor autonomía para tratar la materia que tienen asignada; ya que a
diferencia de los secundum legem solo la Constitución los crea y justifica,
otorgando directamente la potestad reglamentaria a una autoridad, por lo que
entre ellos no media una ley, así que cuentan con la capacidad creadora propia
del legislador.

En este sentido, el reglamento praeter legem o independiente no completa ni
desarrolla una ley previa, porque surge en virtud de la Constitución, que radica
en él la competencia para regular un asunto, lo que implica que tal espacio
queda vedado al legislador, quien debe respetar dicha reserva, so pena de
violar la Constitución.

De esta manera, este reglamento tiene una jerarquía similar a la ley, pues
ambos se someten directamente a la constitución; no obstante, para evitar
confusiones no se suele asimilar este reglamento a la ley, pero sólo porque
formalmente no tienen “fuerza de ley”.

A modo de ejemplo de reglamentos praeter legem, la Constitución establece,
en varios artículos y a favor de diferentes órganos, la reserva de reglamento.
De esta manera establece en el artículo 355 40 que al Gobierno le corresponde
reglamentar la forma en la cual se podrán celebrar contratos en los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal, con entidades privadas sin ánimo
de lucro, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo; el artículo
189.17 atribuye al presidente la república la facultad para distribuir los
negocios, según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos
Administrativos y Establecimientos Públicos41; el artículo 131 inciso 3°
establece que le corresponde al Gobierno crear, suprimir y fusionar los círculos
de notariado y registro, así como determinar el número de notarios y oficinas
de registro; el artículo 268.12, faculta al Contralor General de la República para
“Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas
las entidades públicas del orden nacional y territorial”; los artículos 235.6, 237.6
y 241.11 facultan a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la
Corte Constitucional, respectivamente, para darse su propio reglamento”.

Esta Sección, en cuanto a los límites de la potestad reglamentaria, ha señalado que
“(…) no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede
dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como tampoco
puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador (…)”42.

40
“Art. 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones
en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con
el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia”.
41
“Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa: 17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios,
Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos”.
42
Corte Constitucional, sentencias C-028 del 30 de enero de 1997, MP. Alejandro Martínez
Caballero, reiterada entre otras por las sentencias C-302 del 5 de mayo de 1999, MP. Carlos Gaviria
Díaz y C-1262 del 5 de diciembre de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.

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Demandante: Hernando Morales Plaza

Frente al ejercicio de la potestad reglamentaria, esta Corporación, entre otras
providencias, en sentencia del 20 de noviembre de 2014 43, definió sus parámetros,
así: (i) se trata de una facultad constitucional atribuida permanentemente a ciertas
autoridades para expedir disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto, a
través de las cuales se desarrollan reglas y principios fijados en la ley, (ii) su
finalidad consiste en establecer detalles y pormenores necesarios para la debida
aplicación de las disposiciones legales, (iii) en ningún caso puede modificar,
ampliar o restringir su contenido material o alcance, (iv) su atribución corresponde
principalmente al Presidente de la República, pero también, de manera derivada, a
otros órganos constitucionales dentro de la Rama Ejecutiva, como a los Ministerios,
de acuerdo con lo señalado por el artículo 208 de la Carta44, y en la Rama Judicial
a las altas Cortes, como sucede según lo dispuesto así en los artículos 241 para la
Corte Constitucional, 237 para el Consejo de Estado y 235 para la Corte Suprema
de Justicia.

En lo atinente a los límites de la potestad reglamentaria, también ha dicho esta
Corporación que, en el ejercicio del poder reglamentario, a las autoridades les
compete complementar la ley en la medida que sea necesaria para lograr su
cumplida aplicación, pero no conlleva la interpretación de los contenidos legislativos,
sino que debe limitarse y subordinarse a su contenido45.

Ahora bien, sobre el concepto de reserva de ley, resulta particularmente ilustrativa
la sentencia C-507-14, en la que se estudió la constitucionalidad del parágrafo del
artículo 25 de la ley 1564 de 2012, por el cual se le asignaba al Consejo Superior
de la Judicatura la facultad para modificar las cuantías como factor de competencia.

En esa oportunidad, la Corte Constitucional indicó lo siguiente:

43
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 20 de noviembre de 2014. C.P.: Guillermo
Vargas Ayala. Expediente radicación nro. 11001-03-24-000-2010-00119-00.
44
El artículo 208 de la Carta Política dispone que los ministros y los directores de departamentos
administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia y que bajo la
dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su
despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda. Sentencia del 6 de
julio de 2017. Consejero Ponente William Hernández Gómez, expediente radicación nro. 11001-03-
24-000-2008-00390-00(0585-09),

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“4.2.1. De manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha señalado que en
razón de la cláusula general de competencia a que se refieren los numerales
1° y 2° del artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Legislador
regular los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente lo
relacionado con la competencia de los funcionarios, los recursos, los términos,
el régimen probatorio, las cuantías, entre otros.

4.2.2. En estos términos, la Corte ha señalado que en virtud de su potestad
legislativa en materia de procedimientos, el legislador puede “(…) regular y
definir46 entre los múltiples aspectos de su resorte legislativo, algunos de los
siguientes elementos procesales: (i) el establecimiento de los recursos y
medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que
profieren las autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u
otros -, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los
mismos.47 (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades que se
deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación de competencias
en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se
haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta.48 (iv) Los medios
de prueba49 y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes,
del juez y aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y
eficacia del trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir
daños o perjuicios en unos u otros procesos”50. Sin embargo, ha señalado esta
Corporación que dicha potestad no es absoluta, pues “[…] debe ser ejercida
sin desconocer los principios y valores constitucionales, la vigencia de los
derechos fundamentales de los ciudadanos,51 y los principios de
razonabilidad,52 proporcionalidad53 y prevalencia del derecho sustancial sobre
lo adjetivo (Art. 228 C.P.), que se constituyen en límites al ejercicio legítimo de
tales competencias” 54.

4.2.3. Esta competencia, según lo ha señalado esta Corporación, “le permite al
legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad
del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso
efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas
que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de
los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado
Social de Derecho55. Y […] mientras el legislador, no ignore, obstruya o
contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción
para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como ‘el
conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso,
determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias
judiciales o administrativas’”56.

46
Sentencia C-1104 de 2001.
47
Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 200 entre otras.
48
Sentencia C-111 de 2000.
49
Sentencia C-1270 de 2000.
50
Sentencia C-1104 de 2001.
51
Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000.
52
Sentencia de la Corte Constitucional C-886 de 2004.
53
Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001.
54
Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, C-555 de 2001, C-640 de 2002, C-642 de
2002, C-736 de 2002, C-740 de 2002, C-788 de 2002, C-561 de 2004, C-340 de 2006, T-738 de
2006, C-692 de 2008.
55
Sentencia T-001 de 1993.
56
Sentencia C-562 de 1997.

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4.3.1. La cláusula de reserva de ley es una de las manifestaciones de los
principios democrático y de separación de poderes 57, que suponen que las
normas que rigen la vida en sociedad reflejen mínimos de legitimidad, al ser la
expresión de la soberanía popular, el resultado del procedimiento deliberativo
en el proceso de formación de las leyes y el reparto del ejercicio del poder
normativo, que significa que el Legislador debe adoptar las decisiones que el
Constituyente le ha confiado, y que el instrumento a través del cual estas se
reglamentan no puede establecer disposiciones que sean propias del ámbito
del Legislador58.

4.3.2. La reserva de ley exige que la regulación de ciertas materias solo pueda
adelantarse mediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos
bajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del
Congreso de la República, y denominada estricta reserva legal; y en otros bajo
la noción de ley en sentido material, permitiendo la intervención del ejecutivo
como excepcionalmente facultado para dictar normas con fuerza de ley (CP.
art. 150.10). Lo anterior, significa que el Legislador de ninguna manera puede
despojarse de las funciones que la Constitución le ha atribuido para delegarlas,
sin más, en otra autoridad so pretexto de su reglamentación.

Bajo estos parámetros, a manera de síntesis, se puede afirmar que, según lo
dispuesto en el artículo 150 numeral 2° y la jurisprudencia, la regulación de los
aspectos procesales aplicables a los procedimientos judiciales y administrativos le
corresponde al legislador, y la potestad reglamentaria está reservada para
complementar la ley con el fin de garantizar su debida aplicación.

Es decir, que, cuando el legislador ejerce su competencia y expide la ley regulando
el tema, las autoridades revestidas de la potestad reglamentaria, llámese Presidente
de la República, Ministerios, órganos independientes o Rama Judicial, podrán
complementar la ley para su debida aplicación, atendiendo criterios de necesidad,
adecuación y suficiencia; pero en ningún caso podrán modificar, ampliar, o restringir
su contenido material o alcance, so pena de excederse en la potestad
reglamentaria, pues estaría usurpando una función constitucional de una de las
ramas del poder público.

Ahora bien, materialmente lo anterior implica que se configura la extralimitación en
la potestad reglamentaria en dos eventos. El primero de ellos es cuando el legislador
no ha ejercido su función constitucional, es decir, no ha expedido la ley, y la
autoridad revestida de la potestad reglamentaria lo hace en su lugar. El segundo

57
Corte Constitucional, Sentencia C-570 de 1997, C-448 de 1998, C-111 de 2000, C-710 de 2001,
C-234 de 2002, C-265 de 2002, C-675 de 2005, C-818 de 2005, C-1262 de 2005, C-507 de 2006, C-
713 de 2008, C-823 de 2011, entre otras.
58
Sentencia C-823 de 2011.

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escenario se presenta cuando, existiendo la ley, la autoridad revestida de la
potestad reglamentaria expide el acto y materialmente no cumple con la finalidad de
complementariedad, adoptando reglas que no son necesarias, o no son adecuadas
y suficientes para alcanzar el propósito que la reglamentación persigue, que es el
cumplimiento de la ley que reglamenta59.

Existe un tercer supuesto según el cual, expedida la ley, la autoridad revestida de
la potestad reglamentaria modifica, amplía, o restringe su contenido material o
alcance; en este caso desconoce la norma superior que reglamenta, lo que implica
la nulidad de la reglamentación, pero no precisamente por extralimitación en la
competencia, sino por infracción a norma superior.

7.4.3. En ese sentido, en lo atinente al asunto bajo examen, lo que observa la Sala
es que la norma legal, para determinar el monto en el que oscila la sanción,
distingue entre: (i) “los administradores, directores, representantes legales,
revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren”
las conductas allí descritas, y (ii) “las personas que infrinjan” esa misma disposición,
de lo que se colige que el segundo supuesto aplica para las personas jurídicas.

También se desprende que, para el primer grupo, la sanción es más benévola, pues
la impone en un rango de cien (100) hasta seiscientos (600) salarios mínimos
legales mensuales vigentes; mientras que si se trata de una persona jurídica es
más drástica, como quiera que la multa comprende de seiscientos (600) a seis mil
(6000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

59
CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 2017-00030-00. “Empero, como lo señaló la
jurisprudencia de esta Sección, el ejercicio de esa competencia debe respetar los principios de
necesidad y legalidad.
Según el primero, la facultad reglamentaria debe ser ejercida únicamente sobre aspectos de la ley
que requieran de precisión para su correcta implementación. Por esto es que se afirma que entre
más amplio o general sea el contenido de la ley, más amplia será la facultad reglamentaria. Mientras
que, por el contrario, entre más precisa sea la ley menor será el ámbito de la facultad.
En cuanto al segundo, no puede exceder el alcance de la ley que dice reglamentar, pues en ese
caso no está asegurando su cumplimiento, sino adicionando un contenido normativo lo que no tiene
sustento en una norma de rango superior” .
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-
27- 000-2017-00047-00 (23490). Sentencia del 28 de junio de 2018. C.P.: Julio Roberto Piza
Rodríguez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
11001-03-27- 000-2012-00024-00 (19359). Sentencia del 6 de diciembre de 2017. C.P.: Milton
Chaves García. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
11001-03-27- 000-2009-00024-00 (17699). Sentencia del 30 de mayo de 2011. C.P.: Martha Teresa
Briceño de Valencia

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Ahora, de lo dispuesto en el Acuerdo 010 de 2006, se advierte que consideró
parámetros disímiles para la imposición de la sanción, en función de si la infracción
se ha cometido por primera vez o si ha existido reincidencia y que el único
destinatario es el concesionario de televisión por suscripción, lo cual es apenas
lógico, dado que la reglamentación que es objeto de análisis tiene que ver con la
prestación de ese tipo de servicio.

Siendo ello así, es evidente que, tal y como lo precisó la Sala en el proveído
referido, se trasgredió el límite trazado por el Congreso de la República, pues se
fijó un alcance distinto al definido previamente por la Ley 182 de 1995, en cuanto a
las multas impuestas a título de sanción, ubicando el supuesto aquí estudiado en
el tercero en cita, que por demás redunda en la nulidad de esa disposición.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo 44 del Acuerdo 010 de 2006,
expedido por la CNTV, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
12 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaro Voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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