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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00192-00

Fecha
9 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00192-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2014-00192-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de agosto de 2024

1

Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Actor: Carlos Eduardo Ossa Hernández
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte – Superintendencia de Puertos y
Transporte
Tesis: No es nula por falta de competencia la reglamentación expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, si fue proferida con posterioridad al
plazo otorgado por el legislador para tal fin.
No es cierto que con el acto censurado la Superintendencia de Puertos y Transporte
desconociera el objeto del mandato que el Congreso de la República le otorgó para
definir las características técnicas de seguridad documental en los centros de
diagnóstico automotor.
No es cierto que la resolución demandada ampliara o modificara los requisitos de
habilitación y funcionamiento de los centros de diagnóstico automotor.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por el señor Carlos Eduardo Ossa Hernández en contra de
la Resolución núm. 0009304 del 24 de diciembre de 2012, “Por la cual se
reglamentan las características técnicas de los sistemas de seguridad documental,
garantizando la legitimidad de los certificados y la protección al usuario de la
falsificación”, proferida por la Superintendencia de Puertos y Transporte (en
adelante la Superintendencia).

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

Figura como pretensión la siguiente:

“Que se decrete la nulidad de la resolución No. 09304 del 24 de diciembre de
2012, publicada en el diario oficial No. 48660, del 31 de diciembre de 2012,
expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte (…) por infracción de
la norma en que debería fundarse y carecer de competencia para expedir el
acto administrativo reglamentario, de conformidad a lo señalado en el art. 137
del CPACA.1.

1.2. El acto cuestionado

A continuación, se transcribirá el acto acusado, de la siguiente manera:

“RESOLUCIÓN Núm. 9304 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2012

Por la cual se reglamentan las características técnicas de los sistemas de
seguridad documental, garantizando la legitimidad de los certificados y la
protección al usuario de la falsificación.

EL SUPERINTENDE DE PUERTOS Y TRANSPORTE

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el
parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se expidió
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

(…)

En mérito de lo expuesto el Superintendente de Puertos y Transporte

RESUELVE:

CAPITULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por
objeto determinar en todo el territorio nacional la reglamentación de las
características técnicas de los sistemas de seguridad documental que deben
aplicar los Centros de Diagnostico Automotor.

CAPITULO ll

Implementación del Sistema de Control y Vigilancia

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 46 de Samai.

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Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

Artículo 2. Sistema de Control y Vigilancia. El Sistema de Control y Vigilancia
es una infraestructura tecnológica operada por cualquier ente público o
privado que el CDA contrate y que será previamente homologado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte o por quien esta delegue, para
asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos y de otra índole
dictados en la presente resolución y de los que se fijen posteriormente, que le
permita prestar con calidad el servicio para garantizar la expedición segura del
certificado; la presencia del vehículo en el Centro de Diagnostico Automotor;
la realización de las pruebas; que el certificado se expida desde la ubicación
geográfica del Centro de Diagnóstico y que las pruebas se hagan desde los
computadores de los Centros de Diagnostico con el fin de evitar un posible
fraude en la expedición del mencionado certificado; el registro del pago; la
correlación o trazabilidad para el cruce de información y que estén conectados
con el centro de monitoreo de la Superintendencia de Puertos y Transporte y
el RUNT.

Parágrafo. El presente Sistema será articulado con las condiciones del CICTT
una vez este entre en funcionamiento.

Artículo 3. Requisitos del Sistema de Control y Vigilancia. Para la realización
de la revisión todos los Centros de Diagnostico Automotor en virtud del
parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 del 2011 y conforme lo previsto en el
artículo 2º de la presente resolución se deberá dar cumplimiento a los
siguientes protocolos de seguridad:

1. Los Centros de Diagnostico Automotor deberán implementar un sistema de
captura de video compatible con el Centro de Monitoreo de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, el cual deberá contar con el uso
de cámaras de video en sus instalaciones, las cuales tendrán que estar
ubicadas de forma estratégica que permita cubrir visualmente el 100% de la
inspección técnico mecánica y de emisión de gases contaminantes efectuada
a los vehículos en la línea de revisión del CDA, así como el ingreso y salida
de los mismos al Centro donde se permita la visualización de las placas de los
vehículos para su plena identificación. De igual forma se deberá monitorear el
área de ingreso de datos al Sistema frente al reporte que se haga de los
mismos ante las autoridades.

2. En relación a la grabación del funcionamiento, los dispositivos que sean
implementados por los CDA tendrán que garantizar la grabación de manera
digital del 100% de las operaciones enunciadas en el numeral primero del
presente articulo realizadas en cada uno de los Centros de Diagnostico
Automotor las veinticuatro (24) horas del día durante los siete (7) días de la
semana, permitiendo a la Superintendencia de Puertos y Transporte tener
acceso en línea a este registro cuando así lo requiera vía web. Cabe aclarar
que podrán grabarse las operaciones y actividades detectadas por sensores
de movimiento o actividad dispuestos para dicho fin. Cada grabación debe
quedar registrada por número de placa.

3. El sistema de captura de video implementado por los CDA deberá disponer
de un backup en discos ópticos o cualquier otro dispositivo con características
de no borrables ni modificables de toda la información registrada por el
sistema de monitoreo, los cuales podrán ser requeridos por la
Superintendencia en cualquier tiempo o momento. Así mismo, deberá
garantizarse su permanencia y estar a disposición de la Superintendencia de
Puertos y Transporte vía Web mínimo durante un (1) año. El CDA deberá
garantizar la seguridad e integridad de la información (video) dispuesta en los

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Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

medios utilizados para su resguardo y el Backup de la misma. De igual manera
el CDA deberá adoptar los procedimientos de seguridad de la información y
tomar las medidas necesarias para proteger el sistema a través de internet de
posibles intrusos y de robo de la información.

4. Las cámaras implementadas deben permitir el acceso remoto a la
Superintendencia mediante web site teniendo como requerimientos mínimos
los siguientes: Formato día/noche HD, iluminadores con tecnología IR,
resistente a la humedad, compresión H264, alcance de cada cámara debe ser
máximo de 15 metros, lente de 2,7 a 9 mm, conectividad IP, cumplir con
mínimo alguno de los siguientes tipos de certificación: (FCC, UL, CE), ángulo
de visualización mínimo de 90º, autoenfoque y estabilizador automático de
imagen, deben ser a color y fijas. Así mismo las cámaras deberán poder tener
la opción de detección de movimiento para comenzar o suspender la
grabación de las actividades en el CDA.

5. Se deberá implementar un Software para administración de las cámaras y
con funciones de video analítica para detección de placa, así como la opción
de poder vincular al video la información entregada por el sistema durante el
recorrido del vehículo por los diferentes equipos durante su revisión, sin que
en este proceso intervenga el Centro de Diagnostico.

En concordancia con las normas que regulan la materia, este software debe
contar con las respectivas licencias para su utilización.

6. Los Centros de Diagnostico Automotor deben contar con un sistema de geo
posicionamiento, para garantizar que los equipos enunciados en esta
resolución y los demás propios del funcionamiento y operación del Centro
estén ubicados dentro de las instalaciones del CDA.

7. Los CDA deberán contar con una plataforma web que permita la consulta
por fechas y que garantice la conexión en tiempo real de la Superintendencia
de Puertos y Transporte en concordancia con el artículo 2º del presente
artículo, en la cual se podrán visualizar cada una de las cámaras fijadas en las
instalaciones a través de cualquier navegador de internet. La dirección de este
sitio Web dispuesto por los Centros de Diagnóstico de Automotor debe
permanecer en la página oficial del respectivo Centro y/o ser enviado a la
Superintendencia para tener conocimiento del mismo, además deberá
remitirle a la entidad las IP de todas las cámaras utilizadas.

8. El Sistema de Control y Vigilancia se conectará por medio de una Red
Privada Virtual (VPN — Virtual Private Network) la cual tendrá dispositivos de
seguridad y comunicaciones que permitan controlar y validar geográficamente
la ubicación de los sistemas antes mencionados los cuales estarán instalados
en cada Centro de Diagnostico Automotor. La finalidad de lo anterior es poder
tener certeza de que los certificados que se expidan realmente sean resultado
de la realización de las pruebas desde la sede acreditada y en la dirección que
se reporta, pudiendo controlar y autorizar los equipos en mención de cada
Centro de Diagnostico Automotor. La información transmitida deberá ser
cifrada desde el punto de origen y en el punto de recepción.

9. Habrá una conexión por parte de los Centros de Diagnostico Automotor al
Sistema de Control y Vigilancia por medio de canales de Internet óptimos para
la operación, con una dirección IP Pública Fija. Deberá existir un canal
dedicado suficiente entre el Sistema de Control y Vigilancia y los Centros y
entre este y el centro de monitoreo de la Superintendencia de Puertos y

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Transporte, de tal forma que permita la conexión óptima para que esta ejerza
sus actividades de inspección, vigilancia y control.

Parágrafo 1º. El RUNT debe entregar la información o permitir el acceso a
todos los registros de los certificados y a las FUPAS en tiempo real a la
Superintendencia de Puertos y Transporte, con el fin de confrontar y comparar
con la información que se encuentra almacenada en el Sistema de Control y
Vigilancia.

El Sistema de Control y Vigilancia deberá entregar al Centro de Monitoreo de
la Superintendencia de Puertos y Transporte un informe de conciliación diario
de toda la información suministrada legítimamente por cada uno de los
actores. La Superintendencia de Puertos y Transporte tendrá acceso en
tiempo real a las fuentes de información para hacer sus propios
procedimientos de inspección vigilancia y control.

Parágrafo 2º. Además de dar cumplimiento a Io requerido en la resolución
3500 de 2005 expedida por el Ministerio de Transporte o por las normas que
la modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen el Sistema de Control y
Vigilancia descrito en este capítulo deberá ser homologado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte o por quien esta delegue, tomando
en cuenta las especificaciones técnicas mínimas que se expidan.

Artículo 4. Conectividad y Acceso del Sistema de Control y Vigilancia. El
Sistema de Control y Vigilancia deberá permitir a la Superintendencia de
Puertos y Transporte para el ejercicio de sus funciones de inspección,
vigilancia y control, realizar consulta en línea de los certificados y de las bases
de datos conforme a los criterios de auditoría y de búsqueda que esta requiera;
así mismo, estará obligado a conectarse al Centro de Monitoreo de la
Superintendencia de Puertos y Transporte y al RUNT y a entregar alarmas
automatizadas al Centro de Monitoreo, bajo los criterios, estructura y
periodicidad definidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual
podrá solicitar la generación de nuevos tipos de alarmas cuando así lo
requiera.

Artículo 5. Bases de Datos: Sin perjuicio de Io estipulado en el numeral 5 del
artículo 9 de la resolución 3500 de 2005 los Centros de Diagnostico Automotor
deben contar con una base de datos de los propietarios, poseedores o
tenedores de los vehículos automotores, así como de los vehículos que
adelanten el proceso de revisión técnico-mecánica y de gases, con el fin de
dar estadísticas periódicas dependiendo de los requerimientos que la
Superintendencia de Puertos y Transporte le haga. Dicha base deberá cumplir
con los requerimientos previstos en la resolución 5111 del 28 de noviembre
de 2011 y demás normas legales y/o reglamentarias que regulen la materia.

CAPITULO III

Disposiciones finales

Artículo 6. Investigación Administrativa: El Centro de Diagnóstico Automotor
deberá cumplir con las condiciones de seguridad señaladas en esta
Resolución y las demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen,
para la expedición y reporte de los certificados de su competencia, so pena de
iniciar por parte de esta Superintendencia las investigaciones administrativas
a que haya lugar.

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Artículo 7º. Termino para la exigibilidad de las disposiciones contenidas en la
presente resolución: Se dispondrá de un periodo de seis (6) meses para la
implementación y aplicación de todas las disposiciones técnicas contenidas
en esta resolución, contados a partir de la publicación de los requisitos de
homologación del Sistema por parte de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.”2

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora sostuvo que el acto acusado desconoce los artículos 121, 209 y 211
de la Constitución Política, el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el
artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, y el Decreto
Ley 19 de 2012.

A continuación, se realizará una síntesis del concepto de violación esgrimido:

Primer cargo: violación de los artículos 121, 209 y 211 de la Constitución Política

1.3.1. Indicó que la Superintendencia cumple funciones relacionadas con la
inspección, vigilancia y control sobre entidades que se encargan de la prestación
de los servicios públicos. Explicó que dichas funciones son completamente distintas
a las de regulación que, conforme a la estructura del Estado, se encuentra
reservadas a otras entidades, como a los ministerios o departamentos
administrativos.

1.3.2. Afirmó que en el acto demandado se invocó como fundamento el parágrafo
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, que confirió la potestad reglamentaria a la
Superintendencia para fijar las características técnicas de los sistemas de
seguridad documental de sus vigilados por el termino de quince (15) meses. Señaló
que la Ley 1450 de 2011 fue publicada en el diario oficial núm. 48.102 del 16 de
junio de 2011, la cual entró a regir al día siguiente, de conformidad con su artículo
276. Por su parte, la Resolución núm. 0009304 del 24 de diciembre de 2012, fue
publicada en el diario oficial núm. 48.660 del 31 de diciembre de 2012, es decir,
dieciocho (18) meses después de la expedición de la Ley 1450 de 2011. Motivo por
el cual era dable concluir que el acto demandado se expidió cuando la potestad

2 Ibidem.

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Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

reglamentaria había fenecido.

1.3.3. Manifestó que las funciones encomendadas a la Superintendencia
corresponden estrictamente a la inspección, vigilancia y control que deben
ejercerse con sujeción a la ley. Por ello, la demandada carecía de facultades
reglamentarias, toda vez que su competencia se encontraba limitada a expedir los
actos propios de la administración para la gestión de la entidad. No obstante, de
manera excepcional, se le otorgó la facultad para reglamentar asuntos técnicos en
materia de seguridad documentaria para garantizar la legitimidad y autenticidad de
los certificados que expiden los vigilados, facultad que se ejerció por fuera de los
límites temporales. Añadió que la potestad dada debía armonizarse con la
competencia que ostentan los ministerios de Transporte y Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en cuanto a los requisitos de creación y operación de los centros de
diagnóstico automotor (en adelante CDA).

1.3.4. En este aspecto, aclaró que el acto demandado creó condiciones o requisitos
de operación a los CDA, lo cual entra en conflicto con las facultades reglamentarias
de los ministerios competentes y genera una duplicidad de requerimientos
tecnológicos que buscan el mismo objetivo, tal y como se desprendía de la
Resolución núm. 792 de 2013 del Ministerio de Transporte, mediante la cual se
adoptó el procedimiento y las condiciones técnicas de homologación y rectificación
de servicios web para la activación e interacción de actores en el registro RUNT.

Segundo cargo: violación del parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011

1.3.5. Argumentó que el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 facultó a
la Superintendencia para expedir la reglamentación de las características técnicas
de los sistemas de seguridad documental, que refiere a los certificados que emiten
los CDA una vez el vehículo aprueba la inspección conforme a las normas técnicas
y no un procedimiento de captura por medio de video de toda la operación, por
cuanto esta actividad ya está reglada por el Ministerio de Transporte a través de las
Resoluciones nos. 5111 de 2011 y 792 de 2013, por la cual se adoptó el formato
uniforme de resultados y el certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones
contaminantes para vehículos automotores en el territorio nacional.

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Tercer cargo: violación del artículo 53 de la Ley 769 de 2002 y el Decreto Ley 19
de 2012

1.3.6. Alegó que la Ley 769 de 2002 les confió a los ministerios de Transporte y de
Ambiente y Desarrollo Sostenible la reglamentación técnica sobre los CDA y a la
cartera de transporte la habilitación. Con fundamento en dicha norma, se expidieron
las Resoluciones nos. 3500 de 2005, 2200 de 2006, 5975 de 2006, 0015 de 2007,
4062 de 2007, 4606 de 2007, 5111 de 2011, 3768 de 2013 y 792 de 2013, que fijan
los requisitos mínimos de constitución y operación, desde las distintas
autorizaciones de construcción ambiental hasta la acreditación como organismos
de inspección, las características físicas, técnicas, tecnológicas, de personal,
equipos y los procedimientos de inspección.

Precisó que las cámaras técnicas reglamentadas con el acto demandado, tal y
como se encuentran concebidas, harían parte de los requisitos mínimos de
operación y de habilitación, al ser un requisito para la expedición del certificado de
revisión técnico-mecánica, razón por la cual la Superintendencia se abrogó una
competencia que por mandato de la ley le fue entregada al Ministerio de Transporte.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La Superintendencia, mediante escrito radicado en la Secretaría de la
Sección Primera de esta Corporación el 12 de diciembre de 2014, contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de la pretensión de nulidad, al considerar
que el acto acusado se ajustaba a derecho y fue expedido de conformidad con las
facultades legales otorgadas a esa entidad3.

2.1.1. En cuanto al primer cargo, indicó que la potestad reglamentaria de la
administración no admitía limitaciones temporales, manifestación que sustentó en
algunos apartes de las sentencias C-066 de 2009 y C-765 de 2012 de la Corte
Constitucional. En consecuencia, alegó que no podía entenderse que el término de
quince (15) meses otorgados por el legislador para expedir la reglamentación

3 Ibidem.

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Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

atacada fuese preclusivo y que, en caso de que se le conceda tal naturaleza, dicho
plazo debía ser inaplicado por inconstitucional.

Adicionalmente, señaló que la resolución demandada fue proferida en ejercicio de
la competencia de inspección, vigilancia y control que esa entidad debe ejercer
respecto de sus vigilados, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 489 de
1998. Como fundamento de esa afirmación explicó que, por medio de la Ley 1ª de
1991, se creó la Superintendencia General de Puertos, que posteriormente fue
denominada como en la actualidad, al ser reestructurada por los Decretos 101 de
2000 y 2741 de 2001, mediante los que se le confirió la función de inspección,
vigilancia y control de los actores en el sector transporte. Sostuvo que esa entidad
ejerce dos clases de control sobre sus vigilados, a saber: el subjetivo, respecto de
la administración y funcionamiento de las entidades que presten servicios o
desarrollen su actividad en ese sector; y el objetivo u operativo, relacionado con la
función del servicio público y la infraestructura de transporte, en el cual va implícita
la aludida función de inspección, vigilancia y control, dentro de la cual, de
conformidad con lo señalado en los artículos 9º de la Ley 105 de 1993, 3º de la Ley
769 de 2012 y 31 de la Resolución núm. 3500 de 2012 expedida por el Ministerio
de Transporte, se encuentran los CDA como sujetos vigilados, lo que explica que
el ejercicio de su potestad reglamentaria en la materia objeto de debate fue legítimo.

2.1.2. Respecto del segundo cargo, adujo que las medidas adoptadas por el acto
demandado estaban encaminadas a reglamentar la seguridad documental, como
lo ordeno la Ley 1450 de 2011, y no un procedimiento de captura en video de toda
la operación, como lo manifestó el demandante.

Expresó que, de conformidad con la definición dada por el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, la seguridad documental debía garantizar la legitimidad de los
certificados y la protección al usuario de la falsificación. Así las cosas, el sistema
de captura en video reglamentado resultaba compatible con la finalidad de esta
disposición normativa.

Expuso también que, como la ley no estableció un procedimiento específico por el
cual tuviera que reglamentar las características técnicas de los sistemas de
seguridad documental de los CDA, esa entidad tuvo libertad para decidir la forma

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de garantizar que la expedición de los certificados se hiciera de manera correcta
con el fin de evitar su falsificación, razón por la cual el sistema de captura por medio
de video, así como el sistema de vigilancia y control reglamentado, era compatible
con la finalidad del legislador.

2.1.3. En relación con el tercer cargo, reiteró que el acto administrativo demandado
materializó la facultad confiada a la Superintendencia por mandato del artículo 89
de la Ley 1450 de 2011, para reglamentar las características técnicas de los
sistemas de seguridad documental. Precisó que la reglamentación permite cumplir
con los objetivos perseguidos por el legislador, esto es, garantizar la legitimidad de
los certificados y especialmente, proteger a los usuarios de su falsificación.
Manifestó que de ninguna forma se abrogó, en contravía del principio de legalidad,
la potestad reglamentaria que ejerció.

Por último, solicitó que se condenara en costas, agencias en derecho y demás
gastos procesales al demandante.

III. AUDIENCIA INICIAL

El 19 de octubre de 2018, se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el litigio
de la siguiente manera:

“El Despacho observa que, en relación con los hechos, las partes están de
acuerdo en lo siguiente:

En que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución No.
00009304 del 24 de diciembre de 2012.

En que se expidió con base en las facultades conferidas en el artículo 89 de la
Ley 1450 de 2011, pero por fuera de los quince (15) meses allí establecidos
para ese efecto.

Ahora bien, mientras que para el demandante es relevante el hecho de que la
Resolución censurada haya sido expedida por fuera del enunciado termino,
para la Superintendencia de Puertos y Transporte no lo es.

En ese escenario, la Sala habrá de determinarse si el haberse dictado la
Resolución No. 9304 de 2012, fuera de los quince (15) meses a que se ha
aludido, configura un exceso en la potestad reglamentaria o la nulidad por falta
de competencia.

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Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

Adicionalmente, observa el Despacho que la parte actora alude a que con la
expedición de la decisión impugnada se han infringido las disposiciones que en
adelante se citan, razón que impondrá a la Sala pronunciarse si hay lugar a
decretar la nulidad por el desconocimiento de uno, varias o todos los siguientes
preceptos; los artículos 189 numeral 11, 120, 121 y 209 Constitucionales,
articulo 1 de la Ley 105 de 1993, articulo 31 de la Ley 336 de 1996, articulo 54
de la Ley 756 de 2002, Ley 1383 de 2010, articulo 89 de la Ley 1450 de 2011,
Decreto Ley 19 de 2012, Decreto 2741 de 2001 y Resolución 5111 de 2011.

Si la respuesta fuere afirmativa, tendrá la Sala que precisar si hay lugar a
acceder a la pretensión de nulidad que nos ocupa.”4.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Antes de finalizar la audiencia inicial, se les concedió a las partes e intervinientes
diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio Público
también podía rendir concepto. Dicho término inició el 22 de octubre de 2018 y
finalizó el 2 de noviembre del mismo año, dentro del cual la entidad demandada
realizó las siguientes manifestaciones:

La Superintendencia presentó alegatos de conclusión5. En relación con el primer
cargo, trajo a colación apartes extensos de la sentencia C-066 de 1999 de la Corte
Constitucional, con el fin de señalar que, aunque las Resoluciones nos. 9304 del
24 de diciembre de 2012 y 13830 del 23 de septiembre de 2014 se emitieron
después de los quince (15) meses establecidos por el artículo 89 de la Ley 1450 de
2011, la Superintendencia conservó la facultad otorgada por el Legislativo mientras
la norma mantuvo su vigencia. Precisó que solo hasta el 9 de junio de 2015, el
artículo 267 de la Ley 1753 derogó expresamente el artículo 89 de la Ley 1450 de
2011.

Respecto del segundo cargo, argumentó que el Decreto 101 de 2000, modificado
por el Decreto 2741 de 2001, delegó a la Superintendencia la función de
inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas del
sistema de tránsito y transporte. Además, el artículo 3 de la Ley 769 de 2002 le
asignó la tarea de vigilar y controlar a las autoridades, los organismos de tránsito,
así como a entidades públicas o privadas que actúen como organismos de apoyo.

4 Ibidem.
5 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

En consecuencia, la facultad reglamentaria otorgada se orientó a la expedición de
actos administrativos de carácter general, tales como decretos, resoluciones o
circulares, con el propósito de materializar lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011.
Explicó que era importante destacar que no ejerce potestad reglamentaria de
manera exclusiva, pues, según el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, es el presidente de la República quien ostenta tal facultad y las autoridades
administrativas pueden dictar normas de carácter general para regular aspectos
técnicos u operativos dentro de su ámbito competencial. Por ello, el demandante
carecía de razón, en la medida en que la Superintendencia ejerció la potestad
reglamentaria conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
de manera complementaria y subordinada, es decir, emitiendo regulaciones
secundarias para asegurar el cumplimiento de disposiciones superiores con
contenido técnico específico, conforme a las funciones conferidas en los Decretos
101 de 2000 y 769 de 2002.

Sobre el tercer cargo de la demanda no presentó manifestación alguna.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se denegaran las pretensiones.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto
mediante memorial radicado en la Secretaría de esta Sección el 2 de noviembre de
20186, en el que expuso los siguientes argumentos:

En primera medida, relató los antecedentes del proceso de la referencia. A renglón
seguido, en el acápite denominado consideraciones del Ministerio Público, aludió
al acto administrativo enjuiciado y como problemas jurídicos planteó los siguientes:

“la Resolución No. 00009304 del 24 de diciembre 2012 (…) fue expedida con
infracción de las normas superiores en que debió fundarse, porque a juicio del
actor:

2.2.1. El parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, confirió a la
Superintendencia de Puertos y Transporte, por el termino de quince (15) meses
la facultad reglamentaria para fijar las características técnicas de los sistemas

6 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

de seguridad documental de sus vigilados. Ahora, la Resolución No. 00009304
del 24 de diciembre 2012 se expidió por fuera del límite temporal consagrado
en la citada norma.

2.2.2. La Ley 1450 de 2011 ordenó la reglamentación de las características
técnicas del sistema de seguridad documental que deberán implementar cada
uno de los vigilados, para que se garantice la legitimidad de los certificados y
proteger al usuario de la falsificación; por su parte, con la Resolución No.
00009304 del 24 de diciembre 2012, la Superintendencia de Puertos y
Transporte creó condiciones o requisitos mínimos de operación a los CDAs,
competencia que, para el actor, se encuentra asignada a los Ministerios de
Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la Ley
769 de 2002, Ley 1383 de 2010 y el Decreto Ley 19 de 2012, la cual ha sido
materializada a través de diversos actos administrativos.”7

Para resolver los anteriores interrogantes, inició por exponer la competencia
residual de las superintendencias para ejercer la potestad reglamentaria.
Enseguida, afirmó que dicha facultad no se encontraba sujeta a ningún límite
temporal. Posteriormente, abordó el origen de la competencia reglamentaria de la
otorgada por el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 y luego desarrolló
el estudio de los cargos propuestos.

Así, expuso que, si bien el legislador estableció un plazo de quince (15) meses para
que la Superintendencia emitiera la regulación sobre las características técnicas de
los sistemas de seguridad documental que deben implementar los sujetos bajo su
vigilancia, lo cierto era que este término no tenía carácter preclusivo sino más bien
impulsor.

En otras palabras, el término fue diseñado para motivar a la Superintendencia a
emitir dicha regulación en un periodo considerado prudente para garantizar la
correcta aplicación de la norma, pero no limitaba la facultad de regulación de dicha
entidad. Esto significaba que la entidad demandada no perdió la competencia para
regular la materia por el simple transcurso del tiempo o la expiración del plazo.

En consecuencia, a pesar de que el acto demandado se publicó el 24 de diciembre
de 2012, es decir, dieciocho (18) meses y ocho (8) días después de la promulgación
de la Ley 1450 de 2011, cumplía con el marco legal, aunque se hubiese expedido
fuera del término estipulado por la norma.

7 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

Frente al otro punto objeto de la discusión, advirtió que la autoridad cuestionada
gozaba de la habilitación legal para expedir la reglamentación de las características
técnicas de los sistemas de seguridad documental que deben aplicar sus vigilados,
entre ellos, los CDA.

Con todo, solicitó que se denegaran las pretensiones.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

7.2. Planteamiento

De acuerdo con el contenido del libelo introductorio, la contestación de la demanda
y el escrito de alegatos de conclusión de la entidad demandada, son tres (3) los
aspectos que deben ser estudiados en el presente caso:

El primero tiene que ver con la falta de competencia o el exceso en la potestad
reglamentaria. De lo expuesto en los antecedentes de esta providencia se advierte
que las partes están de acuerdo en que el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450
de 2011 confirió a la Superintendencia de Puertos y Transporte la facultad de
reglamentar las características técnicas de los sistemas de seguridad documental

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

que debían implementar los sujetos sobre los cuales dicha entidad ejercía la función
de inspección, vigilancia y control. También convienen en que el acto acusado fue
expedido por fuera del término allí establecido, es decir, pasados los quince (15)
meses. Así pues, para el demandante la anotada circunstancia se traduce en la
nulidad de la Resolución núm. 0009304 del 24 de diciembre de 2012. Mientras que
para la autoridad cuestionada tal situación no comporta esa consecuencia debido
a que se está en presencia del ejercicio de la potestad reglamentaria y, por ende,
no es posible predicar un límite en el tiempo para desempeñar esa función.

El segundo se encuentra relacionado con el desconocimiento del objeto de la
facultad reglamentaria. Para la parte actora con la resolución demandada se reguló
un procedimiento de captura por medio de video de toda la operación de los CDA
que nada tiene que ver con la autorización legalmente otorgada a la accionada.
Mientras que la Superintendencia es del criterio que el acto demandado estaba
encaminado a reglamentar la seguridad documental, en los términos dispuestos y
permitidos en el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011.

El tercero de los reproches también está ligado a la falta de competencia. El señor
Carlos Eduardo Ossa Hernández argumentó que, con el sistema de control y
vigilancia de captura de video, la autoridad cuestionada se atribuyó una facultad
propia del Ministerio de Transporte, comoquiera que, en últimas, estableció un
requisito de habilitación y operación de los CDA. A su turno, la Superintendencia
insistió en que con la regulación materializó la facultad confiada por el legislador
para reglamentar las características técnicas de los sistemas de seguridad
documental, lo que permitía garantizar la legitimidad de los certificados y proteger
a los usuarios de su falsificación.

Los cargos se pasarán a resolver en el orden propuesto.

7.3. Primer cargo. De la falta de competencia o el exceso en la potestad
reglamentaria

La Sala deberá definir si es nula por falta de competencia la reglamentación
expedida por la Superintendencia, si fue proferida con posterioridad al plazo
otorgado por el legislador para tal fin.

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

Para responder al anterior interrogante la Sala se servirá de las consideraciones
expuestas por esta Sección en la sentencia del 16 de abril de 2020 8, en la cual, al
resolver la demanda de nulidad instaurada en contra de la Resolución núm. 7034
del 14 de octubre de 2012, expedida por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, “por medio de la cual se reglamentan las características técnicas de los
sistemas de seguridad de los Centros de Reconocimiento de Conductores,
garantizando la legitimidad de los certificados y la protección al usuario de la
falsificación”, se pronunció sobre el carácter intemporal de la potestad
reglamentaria, de la siguiente manera:

“es claro que cuando el ejercicio de una atribución de reglamentación por
parte de una autoridad administrativa ha sido sometido a un límite
temporal, el mismo debe ser entendido como una manera de apremiar la
actuación que resulte o la manera de impulsar la necesaria regulación de
un preciso tópico para lograr la debida ejecución de las funciones que le
son propias. En otras palabras, la habilitación de la Superintendencia de
Puertos y Transporte para la expedición de una norma que fijara las
características técnicas del sistema de seguridad de sus vigilados, entre
los cuales se encuentran los CRC, pudo haber sido ejercida en cualquier
tiempo en tanto que tal atribución no cuenta con un límite temporal.

Así lo ha reconocido esta Corporación en múltiples sentencias dentro de las
cuales vale la pena resaltar la siguiente:

“Tampoco tiene éxito la argumentación del demandante relativa a
que el Ejecutivo se excedió en el tiempo de seis meses que le había
otorgado el legislador para promulgar el Decreto 2772 de 2005, “con
lo cual usurpó las competencias del Congreso de la República”, toda
vez que la potestad reglamentaria no se agota, pues no tiene
limitaciones temporales, en virtud de que es una facultad
constitucional no sujeta al tiempo cuya finalidad es hacer posible la
aplicación de las leyes, como bien lo anotan el señor Procurador
Primero Delegado para esta Corporación y la entidad demandada.
Por consiguiente, los artículos 4º, 13, 29 y 150 numeral 10 de la
Constitución Política, concordantes con el artículo 53 de la Ley 909
de 2004 que cita el actor, no fueron vulnerados.

Igualmente, sostiene el demandante que la expedición del Decreto
2772 de 2005 constituye una ampliación temporal indebida de las
facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 909 de 2004, lo cual
tampoco es de recibo dicha aseveración, en virtud de que el acto
acusado no se fundamenta en tales facultades sino en la potestad
reglamentaria general concedida al ejecutivo por el numeral 11 del

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente:

Oswaldo Giraldo López. Radicación núm.: 11001 03 24 000 2013 00231 00. Actor: Sebastián
Sandoval Pérez. Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte.

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artículo 189 de la Constitución Política, el cual se expidió dentro de
los presupuestos previstos en el Decreto Ley 770 de 2005.

En conclusión, la norma acusada, no es contraria a lo dispuesto en
los artículos 4º, 29, 150 numeral 10, 189 numerales 10 y 11 de la
Constitución Política, toda vez que la expedición del Decreto
Reglamentario 2772 de 2005, obedece a las facultades conferidas
por la Constitución al Ejecutivo para reglamentar. Quizás como
afirma el Ministerio Público, el actor se equivoca al confundir un
Decreto Ley con un Decreto Reglamentario, así como fundamentarse
en las facultades otorgadas por el Congreso a través del artículo 53
de la Ley 909 de 2004, para indicar que “habían expirado”, cuando lo
cierto, es que las facultades para reglamentar el artículo 5º del
Decreto Ley 770 de 2005 a través del acto acusado, se reitera, fueron
otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política. En otras palabras, el ejecutivo es competente por la potestad
constitucional para expedir Decretos Reglamentarios, cuyos
requisitos y condiciones son diferentes a la expedición de un Decreto
Ley.”9

Lo propio ha hecho la Corte Constitucional:

“En cuanto al límite temporal cuestionado por el demandante, debe
la Corte recordar que el artículo 189, numeral 11 de la Carta, no
contiene ninguna limitación temporal para el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Presidente de la República, como quiera que la
cumplida ejecución de la ley requiere que “ella sea permanente, que
pueda adaptarse a las circunstancias sociales de suyo cambiantes,
y, en consecuencia que permanezca en el Presidente de la República
mientras dure la vigencia de la ley sin que se extinga por su ejercicio,
pues el reglamento inicial puede ser objeto de variación posterior
cuando ello se requiera; cuando el legislador fija un plazo para que
el Gobierno ejerza su facultad de reglamentar una ley, dicho término
puede ser considerado como impulsor con el fin de garantizar el
efectivo cumplimiento de las leyes, en caso que el legislador
considere que por la materia de que se trata se requiere de una
pronta y urgente reglamentación. Pero dicho plazo, en todo caso no
limita ni agota la posibilidad de que el Presidente de la República
reglamente la ley en cualquier tiempo durante su vigencia.” Sobre la
utilización de este tipo de cláusulas temporales, esta Corporación
señaló lo siguiente en la sentencia C-805 de 2001:

“[T]al potestad, como atribución constitucional del Presidente de la
República, puede ejercerse por éste en cualquier tiempo, sin que sea
posible que por ley se introduzca en esta materia limitación temporal
alguna. Ello no quiere decir, sin embargo, que el legislador no pueda,
para lograr la efectividad de una ley, disponer que el Gobierno deba
reglamentarla dentro de un tiempo determinado. Tal mandato del
legislador no impide que el Presidente expida la reglamentación
antes del término previsto, ni lo inhabilita para el ejercicio de la
potestad reglamentaria vencido ese plazo. Tampoco implica que

9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicado número 11001

03 24 000 2005 00288 00. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Tal postura también
fue consignada, entre otras en la sentencia del 12 de junio de 2008. Radicado número 11001 03 24
000 2003 00492 01. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

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Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

expedida una reglamentación dentro del plazo fijado por el legislador
el Presidente pierda competencia para expedir nuevos reglamentos
o para modificar, adicionar o derogar sus propios reglamentos. La
única consecuencia normativa del término establecido por el
legislador es la de imponerle al Presidente de la República el deber
de reglamentar la ley dentro de dicho plazo.

Esta interpretación, que en su aspecto central guarda armonía con lo
expresado por la Corte en Sentencia C-066 de 1999, en cuanto que
en aquella oportunidad se dijo que la potestad reglamentaria no es
susceptible de limitarse en el tiempo por el legislador, se aparta, sin
embargo de dicha providencia en el alcance de tal restricción para el
legislador, puesto que entiende ahora la Corte que no es contrario a
la Constitución que la ley señale un término dentro del cual el
Presidente deba expedir un determinado reglamento. Esta
posibilidad es congruente con una serie de disposiciones y principios
constitucionales, en particular con aquellos que se orientan a lograr
la efectividad de la legislación, tales como los numerales 10 y 11 del
artículo 189, en cuanto que establecen para el Presidente de la
República el deber de velar por el estricto cumplimiento de la ley, así
como el de ejercer la potestad reglamentaria para la cumplida
ejecución de las leyes. Así mismo, el artículo 2 de la Carta establece
para las autoridades del Estado el deber de garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, y el artículo 87 habilita a toda persona para acudir ante
cualquier autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de
una ley.

Dentro de ese contexto resulta claro para la Corte que en
determinadas leyes, para cuya aplicación sea imprescindible la
expedición de un reglamento, no puede reputarse contrario a la
Constitución que el legislador, para lograr la efectividad de una ley
dentro de un límite temporal, establezca un plazo para la
reglamentación de la misma”.

De conformidad con lo expuesto, considera la Corte que el plazo de
12 meses fijado por el legislador para que el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamente los
requisitos de tipo patrimonial y de mitigación de riesgos, que se
deberán acreditar los operadores postales para la obtención del
respectivo Título Habilitante, adicionales a los contemplados en los
literales a, c y d del artículo 4, no viola el artículo 189, numeral 11
superior, siempre y cuando se entienda que dicho límite temporal
tiene como finalidad señalar la urgencia de dicha reglamentación,
pero no impedir el ejercicio futuro de dicha potestad, lo cual sería
violatorio de la Constitución.

En consecuencia, la Corte Constitucional declarará exequible el
parágrafo 2º del artículo 4 de la Ley 1369 de 2009, bajo el entendido
de que dicho término no se convierte en una limitación temporal para
el ejercicio de dicha facultad constitucional, pues como ha quedado
establecido esa potestad no se agota y, en consecuencia puede ser
ejercida en cualquier tiempo”.

Bajo tales premisas, no hay lugar a declarar próspero el reproche del actor,
como quiera que la competencia para la expedición de la Resolución 7034 de
2012 no expiró al cabo de los quince (15) meses de que trataba el parágrafo

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del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, sino que se extendía hasta la vigencia
de la mencionada norma legal.”. (Negritas de la Sala).

Teniendo en cuenta que el antecedente que se acaba de citar analizó la legalidad
de un acto administrativo por medio del cual la entidad accionada, en uso de la
misma facultad conferida por el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
reglamentó las características técnicas de los sistemas de seguridad de los centros
de reconocimiento de conductores, la Sala prohijará las mencionadas
consideraciones.

Lo anterior, por cuanto permiten reiterar el criterio pacífico de las jurisdicciones de
lo Contencioso Administrativo10 y Constitucional11, según el cual la potestad
reglamentaria no tiene límites temporales para ser ejercida, toda vez que no se
agota, pues es una facultad constitucional cuya finalidad es hacer posible la
aplicación de las leyes; por lo que debe entenderse que el acto acusado, más allá
de fundamentarse en el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, encuentra
su justificación en la facultad general concedida al ejecutivo.

En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que, si
bien la Resolución núm. 0009304 del 24 de diciembre de 2012, no fue expedida
dentro del término de los quince (15) meses siguientes a la promulgación de la Ley

10 También se pueden consultar, entre otras, la sentencia de 1° de octubre de 2004. Radicado núm.

11001-03-24-000-2002-0385-01. Actor: Eduardo García Chacón; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta. “el legislador no puede imponerle al Ejecutivo cortapisas de índole temporal, cuando es la
propia Constitución, norma de normas y, por lo tanto, prevalente sobre cualquiera otra, quien le
otorgó sin límite de tiempo la facultad de expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios
para la cumplida ejecución de las leyes.”.

En el mismo sentido se puede ver la sentencia 11 de junio de 2009. C.P.: Martha Sofia Sanz Tobon.
Radicado núm. 11001-03-24-000-2004-00431-01. Actor: Alfredo Vanegas Montoya. “La potestad
reglamentaria de las leyes, de que trata el numeral 11 del artículo 189 de la C.P., que se ha confiado
al Presidente de la República tiene la restricción de que no es posible modificar, ampliar, adicionar,
enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues el único objeto
de la norma reglamentaria es lograr el cumplimiento y efectividad de la ley que desarrolla. No le es
posible al Presidente de la República, so pretexto de reglamentar la ley, introducir en ella alteraciones
que desvirtúan la voluntad del legislador, pues los límites de esta facultad los señala la necesidad
de cumplir adecuadamente la norma que desarrolla; tiene sí la responsabilidad de hacer cumplir la
ley y de crear los mecanismos necesarios para hacerla efectiva pues de lo contrario ésta quedaría
escrita pero su efectividad nula.”.

Otro pronunciamiento que confirmó tal entendimiento fue el contenido en la sentencia de 10 de abril
de 2014. C.P.: Guillermo Vargas Ayala. Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00644-00.
Actor: Alfredo Enrique Villadiego Lora.
11 Ver entre otras las sentencias: C-066 de 1999. C-805 de 2001, C-1005 de 2008 y C- 823 de 2011.

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
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1450 de 2011, lo cierto es que resulta del ejercicio de la potestad reglamentaria que
no se encuentra sujeta a un límite temporal diferente al de la vigencia de la ley que
es objeto de reglamentación y, de cualquier forma, el plazo previsto debe
entenderse como promotor de la necesidad de contar con la regulación y no como
preclusivo de la comentada autoridad.

7.4. Segundo cargo. Del desconocimiento del parágrafo del artículo 89 de la
Ley 1450 de 2011

La Sala deberá determinar si es nula, por violación de norma superior, la
reglamentación expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, si, en
criterio del demandante, no atendió el objeto de la facultad de reglamentación
encomendada por el legislador.

Pues bien, de la lectura del parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 se
desprende que la reglamentación a cargo de la entidad demandada debía definir
las características técnicas de los sistemas de seguridad documental de cada uno
de sus vigilados, dentro de los cuales se encuentran los CDA, para garantizar su
legitimidad y proteger al usuario de la falsificación. Vale la pena traer a colación la
citada disposición:

“Artículo 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral
2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y
control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos
y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual
hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la
parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos
brutos de los vigilados.

Parágrafo. Facúltese a la Superintendencia de Puertos y Transporte para
que en un plazo de 15 meses expida la reglamentación de las
características técnicas de los sistemas de seguridad documental que
deberán implementar cada uno de los vigilados, para que se garantice la
legitimidad de esos certificados y se proteja al usuario de la falsificación.”.
(Negritas de la Sala).

También resulta indispensable aludir al objeto y ámbito de la resolución objeto del
presente proceso, a efectos de verificar si responde a tal atribución:

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“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por
objeto determinar en todo el territorio nacional la reglamentación de las
características técnicas de los sistemas de seguridad documental que deben
aplicar los Centros de Diagnostico Automotor.

Artículo 2. Sistema de Control y Vigilancia. El Sistema de Control y Vigilancia
es una infraestructura tecnológica operada por cualquier ente público o
privado que el CDA contrate y que será previamente homologado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte o por quien esta delegue, para
asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos y de otra índole
dictados en la presente resolución y de los que se fijen posteriormente, que
le permita prestar con calidad el servicio para garantizar la expedición segura
del certificado; la presencia del vehículo en el Centro de Diagnostico
Automotor; la realización de las pruebas; que el certificado se expida desde
la ubicación geográfica del Centro de Diagnóstico y que las pruebas se hagan
desde los computadores de los Centros de Diagnostico con el fin de evitar un
posible fraude en la expedición del mencionado certificado; el registro del
pago; la correlación o trazabilidad para el cruce de información y que estén
conectados con el centro de monitoreo de la Superintendencia de Puertos y
Transporte y el RUNT.”

La Sala observa que la atribución otorgada por el legislador a la Superintendencia
consiste en establecer las características técnicas del sistema de seguridad que
deben cumplir los CDA. En ejercicio de esta facultad, la Superintendencia puede
adoptar cualquier medida que contribuya a cumplir con este mandato, siendo la
elección de protocolos de seguridad y un sistema de captura de video una de las
formas elegidas. Esta decisión en modo alguno contradice lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, pues más allá de la forma en que
se determine la seguridad documental, lo relevante es que la demandada acató la
orden conforme al criterio permitido y a la pertinencia al caso.

Por consiguiente, la Sala no encuentra fundamento que permita justificar el
reproche del demandante. El objeto descrito formalmente en el acto demandado
coincide con lo dispuesto tanto en la normativa legal como en su implementación
material, configurando lo que la Superintendencia ha denominado un sistema de
control y vigilancia cuya finalidad concuerda con lo perseguido por el legislador. En
consecuencia, se asegura que se respetan las disposiciones establecidas, ya que
se requieren ciertos protocolos para asegurar la legitimidad de los certificados
emitidos por los CDA, conforme a los sistemas diseñados e implementados en los
artículos 3 y siguientes de la Resolución núm. 0009304 del 24 de diciembre de
2012.

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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00192 00
Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

Además, si para alcanzar este propósito es necesario implementar sistemas de
video, esto representa una ejecución adecuada de la intención legislativa. Es
importante destacar que esto no implica que la Superintendencia esté delegando
las funciones de vigilancia y control que le corresponden, sino que está
estableciendo un método para garantizar la autenticidad y legitimidad de los
certificados emitidos por los sujetos vigilados.

Corolario de lo dicho, el cargo no prospera.

7.5. Tercer cargo. De la violación del artículo 53 de la Ley 769 de 2002 y el
Decreto Ley 19 de 2012

La Sala deberá establecer si es nula, por falta de competencia, la reglamentación
expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, si, en palabras del actor,
la implementación del sistema de control y vigilancia de captura de video se
constituyó como uno de los requisitos de habilitación de los CDA, facultad atribuida
al Ministerio de Transporte.

Con miras a dar respuesta al anterior interrogante, en primer lugar, la Sala se
ocupará de resolver si es cierto que, con la expedición del acto censurado, que
dispuso cámaras de video como parte del sistema de seguridad documental que
deben aplicar los CDA, se ampliaron o modificaron los requerimientos de
funcionamiento de tales centros.

Sobre el particular, luego de estudiar el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de
2011 que, como antes se dijo, otorgó a la Superintendencia la facultad para
establecer la normativa sobre las especificaciones técnicas de los sistemas de
seguridad documental para las entidades bajo su supervisión, y tras comprobar el
contenido de la Resolución núm. 0009304 del 24 de diciembre de 2012, la Sala
evidencia que de forma alguna puede entenderse alterada la regulación que
contiene las condiciones de operación de los CDA y mucho menos que se generara
por parte de la Superintendencia una intromisión en las competencias que
corresponden al Ministerio de Transporte.

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Demandante: Carlos Eduardo Ossa Hernández

Al respecto, la Sala considera que el cargo no tiene vocación de prosperidad,
comoquiera que el sistema de vigilancia y control establecido en el acto discutido,
se insiste, consiste en reglamentar las características técnicas de los sistemas de
seguridad documental, más no en señalar que el procedimiento con los parámetros
técnicos del sistema de captura en video se convierta en un requisito para el
funcionamiento de los CDA.

Vistas así las cosas, no se defrauda la norma en la cual se sustenta la potestad
normativa, sino que, por el contrario, se evidencia la formulación de técnicas,
métodos y procedimientos que garantizan el cabal cumplimiento de su objeto, que
no es otro que garantizar la seguridad documental para proteger a los usuarios.

Por las razones esgrimidas el cargo no prospera.

En todo caso, resulta importante precisar que, de la lectura del acto enjuiciado, no
se desprende ninguna previsión que atente contra las normas superiores invocadas
en la demanda y que se delimitaron en la audiencia inicial en la etapa de fijación
del litigio, toda vez que la Resolución núm. 0009304 del 24 de diciembre de 2012
tuvo como fin la protección del usuario ante eventuales falsificaciones, con lo que
es factible concluir que la Superintendencia no infringió el marco que le permitió la
regulación ni ninguna de las disposiciones que fundamentaron los reproches de la
parte actora.

Costas

Visto el artículo 188 del CPACA12, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas a la parte demandante teniendo en cuenta que el presente
asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por
objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que
mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender la prevalencia del
principio de legalidad.

12 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
9 de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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