Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00230-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00230-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-24-000-2014-00230-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado :
11001-03-24-000-2014-00230-00
Nº Interno 2278-2014 :
Demandante :
Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandados Nación – Ministerios del Trabajo, de Hacienda y
:
Crédito Público, de Justicia y el Derecho y de
Educación Nacional y Departamento Administrativo
de la Función Pública
Terceros interesados : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República (Fonprecón)1
Medio de control : Simple nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Demanda de nulidad del Decreto 753 de 1974, «por
el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo
13 de la Ley 50 de 1886»
La Sala decide la demanda que, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), presentó el señor Freddy Rolando Pérez Huertas, por
cuyo conducto solicita la nulidad del Decreto 753 de 30 de abril de 1974, «por
el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886».
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda.
El ciudadano Freddy Rolando Pérez Huertas incoó demanda de nulidad contra
el Decreto 753 de 1974, por medio del cual se reglamenta el trámite de
acreditación de los textos de enseñanza para obtener la homologación
pensional prevista en la Ley 50 de 1886.
La norma censurada se encuentra establecida así:
DECRETO 753 DE 1974[2]
(abril 30)
1
Vinculados mediante auto de 28 de julio de 2014 (folios 19 y 20).
2
Publicado en el Diario oficial de 21 de mayo de 1974.
2
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la
Ley 50 de 1886.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades de que confiere el artículo 120,
numeral 3 de la Constitución, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886 no ha
tenido aplicación uniforme, lo que constituye un inconveniente para
el reconocimiento igualitario de la prestación a que se refiere, y
Que la producción de textos de enseñanza en todos los niveles, así
como la publicación de revistas y periódicos pedagógicos o
didácticos, son actividades necesarias que deben fomentarse en la
lucha del Estado por la cultura elemental, profesional y
especializada como lo exige el desarrollo de la República.
DECRETA:
Artículo 1º. Los institutores o profesores que puedan aprobar los
textos de enseñanza, según el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 50
de 1886, deben acreditar su título con las certificaciones oficiales
correspondientes y rendir declaración jurada ante un juez de la
residencia del autor del texto. En estas declaraciones harán constar
el contenido de las obras a que se refieren, el establecimiento o los
establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el
tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número
de páginas del libro o de los libros, en caso de ser varios, y las
razones que tenga para haberles dado aprobación o para
recomendarlos.
Artículo 2º. La aprobación o recomendación pueden estar a cargo
de dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades,
institutos de especialización o de enseñanza diversificada, oficiales
o privados, o de los decanos de las facultades, con el visto bueno
del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente.
Artículo 3º. Cada libro adoptado y recomendado conforme indican
las anteriores disposiciones, equivaldrá a dos años de servicio
público, para los efectos exclusivos de la pensión de jubilación a
que tiene derecho el autor, cualquiera que fuere el número de
tomos publicados. Son requisitos para hacer el reconocimiento por
parte de la entidad asistencial respectiva:
a) Que el libro o libros sean impresos y su propiedad intelectual
registrada [declarado nulo a través de sentencia de 24 de mayo de
1977 del Consejo de Estado].
b) Que expresen el nombre del autor, el pie de imprenta y el año de
edición [declarado nulo por medio de fallo de 24 de mayo de 1977
del Consejo de Estado].
3
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
c) Que en el caso de ser varios tomos de una misma obra, cada uno
de ellos no tenga menos de doscientas páginas, con dimensión no
menor de 20 x 15 cms [declarado nulo en providencia de 15 de marzo
de 1979 del Consejo de Estado3].
d) Que si se trata de obra escrita y publicada en un solo tomo, éste
no tenga menos de 200 páginas de la dimensión mínima precedente
[declarado nulo por sentencia de 15 de marzo de 1979 del Consejo
de Estado].
En todo caso se acompañará un ejemplar y éste se conservará en
la biblioteca de la entidad que hace el reconocimiento.
Artículo 4º. En ningún caso podrán reconocerse más de dos (2)
obras, para los efectos a que se contrae el artículo anterior [declarado
nulo mediante fallo del Consejo de Estado de 19 de junio de 19744].
Artículo 5º. Tienen derecho al reconocimiento de dos años de
servicio público quienes hayan editado una revista o un periódico,
al menos durante un año continuo, siempre que el material sea
exclusivamente pedagógico o didáctico, cualquiera que sea la
especialidad y la publicación se haya sometido a las normas sobre
circulación de impresos, que se indique al pie de imprenta y se
hayan impreso no menos de quinientos ejemplares cada vez.
Artículo 6º. El interesado precisará los lugares en donde se haya
distribuido la publicación, o los establecimientos o centros en que
ha tenido acogida, así como el número de páginas de que se
compone cada entrega, las que no pueden ser menos de 20 con
dimensión mínima de 30 X 20 cm. Las entregas del periódico o la
revista deben ser quincenales, por lo menos.
Artículo 7º. El reconocimiento se hará aunque la publicación haya
circulado con distintos nombres y formatos, siempre que cumpla un
año, que se trate del mismo autor y que satisfaga los fines
exclusivos previstos en la Ley y en este Decreto.
Artículo 8º. El Ministerio de Educación calificará y certificará si el
periódico o la revista contiene materiales exclusivamente
pedagógicos o didácticos. El interesado acompañará los materiales
que deben ser objeto de calificación.
Artículo 9º. Con la petición de la jubilación deberá presentarse,
además, a fin de que pueda hacerse el reconocimiento de los años
de servicio para cada tomo o por cada periódico publicado, una
certificación del Ministerio de Hacienda en la cual conste que ni el
interesado, ni quien editó el libro o libros, o los periódicos o revistas,
según el caso, han recibido ningún auxilio del tesoro nacional para
la obra de que se trata. Con tal objeto, se especificará en el
3
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 15 de marzo de 1979, consejero ponente: Álvaro Orejuela Gómez,
actor: Alfredo Porras Rojas. Declaró la nulidad de las letras c y d del artículo 3° del Decreto 753 de 1974, por extralimitación
de la potestad reglamentaria conferida al presidente de la República.
4
El Consejo de Estado, sección segunda, en fallo de 19 de junio de 1974, consejero ponente: Eduardo Aguilar Vélez,
actor: Gustavo Humberto Rodríguez, declaró la nulidad del artículo 4º del Decreto 753 de 1974, por exceso de la facultad
reglamentaria.
4
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
certificado el título de la obra, su autor, año de impresión, pie de
imprenta, y se indicará el nombre del gerente o propietario de ésta.
Artículo 10º. El presente Decreto rige desde la fecha de su
expedición.
Por otra parte, el texto del artículo 13 de la Ley 50 de 11 de noviembre de
18865 (que aquel Decreto reglamenta) es el que sigue:
Las tareas del Magisterio privado quedan asimiladas a los servicios
prestados a la Instrucción Pública, y serán estimadas para los
efectos legales en los términos del artículo anterior.
La producción de un texto de enseñanza que tenga la aprobación
de dos Institutores o Profesores, lo mismo que la publicación
durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o
didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos el autor o editor
haya recibido al efecto auxilio del Tesoro Público, equivaldrán
respectivamente a dos años de servicios prestados a la Instrucción
Pública.
Los periódicos de amena literatura no tienen el carácter de
didácticos.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora expone como normas violadas los artículos 29 de la Carta
Política, 91 del CPACA y 12 y 13 de la Ley 50 de 1886.
El accionante considera que la normativa censurada quebranta el derecho
constitucional fundamental al debido proceso, la potestad reglamentaria y los
principios de legalidad, oportunidad, especialidad o relatividad, transparencia,
unidad y sostenibilidad presupuestal, por las siguientes razones:
Que los artículos 12 y 13 de la Ley 50 de 1886 regulan de manera específica
y especial la situación de los maestros de instrucción pública o privada, por lo
que un decreto reglamentario debe hacer referencia exclusiva a sus
prerrogativas pensionales especiales, que no se extendieron a todos los
servidores estatales.
Que no era dable reglamentar la aludida Ley 50, porque, amén de que ninguno
de sus apartes así lo prevé, en todo caso es «demasiado casuística», lo que
hacía innecesario aquello; además, el Decreto enjuiciado fue emitido 88 años
5
«que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación».
5
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
después (1974) de la expedición esa Ley (1886), lo que denota que no
resultaba imperativa su regulación.
Que el presidente de la República excedió la potestad reglamentaria cuando
generalizó las consecuencias de la Ley 50 de 1886, cuyo alcance era particular
y concreto, toda vez que el artículo 13 ibidem hace referencia exclusiva a la
condición jurídica de los prestadores de instrucción pública y a los miembros
del magisterio privado, pero el Decreto guardó silencio sobre esto y discurrió
de manera general sobre los efectos pensionales que se habrían de seguir de
la publicación de textos de enseñanza, revistas y periódicos pedagógicos o
didácticos, sin importar que se tratara o no de profesores de los sectores oficial
y privado.
Que el acto cuestionado transgrede (i) el «Postulado Constitucional de la
Sostenibilidad Presupuestal», comoquiera que la homologación de los dos (2)
años de servicio deja sin determinar a quién le corresponde asumir la cuota
parte correspondiente; y (ii) el artículo 91 del CPACA, por cuanto los
fundamentos de hecho y de derecho que la sustentaban habían desaparecido
cuando se expidió.
1.3. Trámite procesal.
A través de auto de 28 de julio de 20146, se admitió la demanda, se ordenó
notificar esa decisión a los accionados, a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) y al Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República (Fonprecón)7, y se les corrió traslado para que la contestaran;
igualmente, se notificó al representante del Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.4. Intervención de la parte accionada.
1.4.1. La Nación – Ministerio del Trabajo contestó la demanda con oposición
a las pretensiones8. Aseveró que la Ley 50 de 1886 fue derogada tácitamente
por la reforma que el artículo 2.º de la Ley 797 de 2003 hizo a la letra l del
artículo 13 de la Ley 100 de 19939, que prohibió que se sustituyeran para
6
Folios 19 y 20.
7
Al considerar que «[…] tienen interés directo en el resultado del proceso […]».
8
Folios 85 a 88.
9
«Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las
siguientes características: […] l) En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de
6
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Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
efectos pensionales tiempos de servicios o semanas de cotización por otros
requisitos. En el mismo sentido, el artículo 48 de la Carta Política, de acuerdo
con la modificación realizada por el artículo 1.º del Acto legislativo 1 de 2005,
preceptúa que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones»; por consiguiente, sostuvo que «carece de objeto hacer un
estudio de fondo [del Decreto demandado], por cuanto los derechos adquiridos
bajo el imperio de [esta] no pueden ser menoscabados y actualmente […] no
tienen ninguna aplicabilidad en virtud de la expedición de la Ley 797 de 2003».
1.4.2. Colpensiones depreca que se acceda a las súplicas invocadas10, en la
medida en que la homologación de dos (2) años de servicio público por la
«mera publicación de un texto», sin realizar aportes al sistema general de
seguridad social en pensiones, es un atentado al principio constitucional y legal
de solidaridad que orienta dicho sistema y del cual depende su estabilidad
financiera.
Arguyó que la norma en estudio no tiene razón de ser en la hora actual, por lo
que se torna «INNECESARIA, SEGREGACIONISTA e INÚTIL para los fines
que fue instituida», pues la posibilidad de homologar tiempo de servicio con la
publicación de textos con fines pensionales es inequitativa y favorece de
manera ilegítima a un grupo reducido de individuos.
Que la seguridad social es un derecho fundamental, lo que evidencia que el
Gobierno nacional desbordó sus competencias constitucionales al expedir el
Decreto atacado, dado que reguló temas reservados a leyes estatutarias,
como lo estipula el artículo 152 de la Carta Política.
Precisó que la homologación prevista en la ley desarrollada por el Decreto 753
de 1974 no puede aplicarse como parte del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que este y la jurisprudencia que lo
desarrolla han decantado que «la intención del legislador fue salvaguardar las
expectativas legitimas [sic] de quienes estaban próximos a pensionarse, pero
solo en lo que se refiere a la edad, el monto y el tiempo de servicios, entendido
como aquel efectivamente laborado o cotizado».
cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a
cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la
pensión».
10
Folios 51 a 68.
7
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Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
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Por último, expresó que de aplicarse la homologación de tiempos de servicio
con la publicación de textos de enseñanza, se generarían varias lagunas en la
aplicación de la norma, las cuales no podrían suplirse con los principios
generales del sistema de seguridad social.
1.4.3. Fonprecón, por intermedio de apoderado, se pronunció en oposición a
las pretensiones de la demanda11, al estimar que el acto impugnado no
sobrepasa los límites de la potestad reglamentaria, porque la Ley 50 de 1886
también regula asuntos distintos a la instrucción pública o privada.
Adujo que el actor no sustentó ni desarrolló el cargo respecto de la supuesta
vulneración del debido proceso y del principio de especialidad, sino que se
limitó «[…] a afirmar lo que a su juicio constituyó el querer del legislador de
1886 al expedir la Ley 50 […]».
Se opuso a la tesis propuesta por el accionante, en el sentido de que era
necesario que la Ley 50 de 1886 contuviera una orden expresa para que fuera
posible emitir decretos reglamentarios en su desarrollo, puesto que la Corte
Constitucional, en sentencia C-805 de 2001, concluyó que esa facultad
(reglamentaria) es inherente al ejercicio de las funciones del ejecutivo.
1.4.4. Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación Nacional guardó
silencio en esta oportunidad procesal12.
1.5. Alegatos de conclusión.
Mediante proveídos de 27 de febrero de 201913, se dispuso: (i) tener por
saneado el proceso; (ii) declarar de oficio probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda respecto de los cargos denominados violación «[…]
del debido proceso», «[…] del principio de unidad» y «[…] del artículo 91 del
nuevo Código Contencioso Administrativo»; (iii) fijar el litigio en torno a
determinar si es legal o no el Decreto 753 de 1974, por (a) la supuesta carencia
de potestad reglamentaria del ejecutivo frente a la Ley 50 de 1886, (b) la
infracción de los artículos 12 y 13 ibidem, consistente en que el Decreto debió
haber hecho referencia exclusiva a los docentes y a la instrucción pública o
privada; (c) la existencia de una falsa motivación, comoquiera que el decreto
11
Folios 92 a 96.
12
Folio 88 vuelto.
13
Dictados dentro de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA (folios 208 a 217).
8
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
habría sido expedido 88 años después para favorecer a ciertas personas; y (d)
la supuesta vulneración del principio de sostenibilidad financiera, consagrado
en el artículo 48 de la Carta Política, por tratarse de una prebenda pensional
no justificada, sobre la cual no hay claridad en relación con la entidad que
debería asumir la respectiva cuota parte; (iv) tener como pruebas los
documentos aportados por las partes, prescindiendo de un mayor término
probatorio; y (v) se ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público,
para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba pertinente.
1.5.1. La parte demandante14, en sus alegatos de conclusión, además de
insistir en los argumentos planteados en el escrito inicial, anotó que el Decreto
cuya nulidad se solicita (i) fue expedido de manera poco técnica y sin atender
a su eventual impacto presupuestal, (ii) desconoce «el principio de la partida
doble», «el orden de los gastos de la administración pública», «la
correspondencia o equilibrio presupuestal», «el principio de que no habrá
obligaciones irredimibles» y el artículo 208 de la Constitución Nacional de
1886, y (iii) quebranta la Ley 33 de 1985, al «[…] activa[r] la bomba pensional
y pulveriza[r] El Postulado de la Sostenibilidad Presupuestal» (sic).
1.5.2. Fonprecón dijo que «[…] la norma impugnada no desborda los límites
de la potestad reglamentaria, en tanto no se trata de una materia
sustancialmente diferente»15.
1.5.3. La Nación – Ministerio del Trabajo presentó alegaciones finales16,
para pedir de esta Corporación declararse inhibida para emitir
pronunciamiento, toda vez que el Decreto censurado fue derogado por la Ley
797 de 2003.
1.5.4. La Nación – Ministerio de Educación Nacional aseveró que al
presidente de la República le está proscrito ampliar o restringir el sentido de la
ley y, con el Decreto 753 de 1974, no lo ha hecho; además, las pretensiones
están basadas en «apreciaciones subjetivas y situaciones hipotéticas»,
insuficientes para sustentar sus reclamos17.
14
Folios 264 a 268.
15
Folios 269 a 271.
16
Folios 272 a 274.
17
Folios 275 a 277.
9
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
1.5.5. Colpensiones reproduce la posición sostenida en el escrito de
contestación18.
1.6. Concepto del Ministerio Público19.
El agente del Ministerio Público solicitó que se nieguen las súplicas del libelo
introductorio, con fundamento en las siguientes razones:
El Decreto cuya nulidad se depreca no hace parte del ordenamiento jurídico,
puesto que se trata de un reglamento de la Ley 50 de 1886, que fue derogada,
en los artículos pertinentes, por la Ley 91 de 1989, que sometía el régimen de
los instructores oficiales al de las normas entonces vigentes para los
empleados públicos (Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978),
que no permitían una homologación como la descrita en la Ley 50 y el Decreto
753.
La potestad reglamentaria del presidente de la República es de origen
constitucional (artículos 189 de la Carta Política de 1991 y 120 de la
Constitución Nacional de 1886) y no requiere autorización legal, y del texto de
la Ley 50 de 1886 no se desprende que fuera imposible materialmente
proceder a precisarla por medio de decretos reglamentarios.
En lo atinente a decretos reglamentarios, su texto debe ser interpretado dentro
del marco de la ley que le es superior. En consecuencia, si el artículo 13 de la
Ley 50 de 1886 «se refirió a la instrucción pública y la privada, no hay lugar a
extender los efectos del cuerpo reglamentario a otros beneficiarios diferentes
a aquellos», de manera que la correcta interpretación del Decreto excluye que
otro tipo de trabajadores accedan al beneficio del artículo 13 y, por ende, no
ha habido exceso en la reglamentación. Distinto es «[…] que algunas Cajas o
Fondos de Previsión Social, como el caso reconocido del Fondo de Previsión
Social del Congreso, y otros, hayan decidido, de manera ilegal aplicar estas
disposiciones a los Congresistas de la República […] sin que de manera
alguna aparezca la menor posibilidad legal de que se pueda aplicar a cualquier
otro servidor público o privado» (sic).
Respecto de la supuesta falsa motivación y la violación del principio de
18
Folios 228 a 231.
19
Folios 221 a 228.
10
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
sostenibilidad presupuestal, el interesado no aportó ningún elemento de juicio
para sustentar sus apreciaciones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en
armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201920, expedido por la sala
plena de esta Corporación, la sección segunda es competente para conocer
en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional y de naturaleza laboral.
2.2. Problemas jurídicos.
La Sala, en el presente asunto, debe responder los siguientes problemas
jurídicos: (i) ¿la Ley 50 de 1886 era susceptible de ser reglamentada en
atención a su contenido o, por el contrario, materialmente existía prohibición
para expedir decretos reglamentarios?; (ii) ¿el Decreto 753 de 1974 extendió
ilegalmente el supuesto de hecho de la homologación pensional a sujetos
distintos a los instructores públicos y privados?, (iii) ¿el Decreto 753 de 1974
fue expedido con falsa motivación? y (iv) ¿la existencia de la posibilidad de
homologación infringe el principio de sostenibilidad financiera, consagrado en
el artículo 48 de la Carta Política?
Con el propósito de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados,
metodológicamente se emprenderá el análisis de los siguientes aspectos: 2.3.
Asunto preliminar — Vigencia del Decreto 753 de 1974; 2.4. Primer cargo.
Exceso en la potestad reglamentaria por parte del Gobierno nacional; 2.5.
Segundo cargo. Extensión del beneficio de homologación de tiempo de
servicio por medio de la producción de textos de enseñanza a sujetos distintos
a los instructores públicos y privados; 2.6. Tercer cargo. Falsa motivación del
acto administrativo; y 2.7. Cuarto cargo. Violación del principio de
sostenibilidad financiera.
2.3. Asunto preliminar — Vigencia del Decreto 753 de 1974. Antes de
20
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».
11
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
abordar los problemas jurídicos que remiten al fondo del asunto, la subsección
procede a determinar si la demanda que originó este proceso tiene o no objeto
material, en la medida en que el Ministerio del Trabajo advirtió que el Decreto
753 de 1974 se encuentra derogado y, por tanto, debe dictarse fallo de carácter
inhibitorio.
Ciertamente, como se puso de presente en el sub lite, el artículo 13, letra l, de
la Ley 100 de 199321, tal como fue modificado por el artículo 2.º de la Ley 797
de 2003, ha prohibido la sustitución de semanas de cotización o tiempo de
servicios con el cumplimiento de requisitos distintos a aportes o lapsos
laborados con anterioridad al reconocimiento de la pensión. En tal virtud, por
lo menos desde esa fecha, resulta imposible jurídicamente que un empleado
obtenga los beneficios planteados en el artículo 13 de la Ley 50 de 188622.
Además, este artículo ya había sido derogado por el 28923 de la Ley 100 de
1993, de modo que su vigencia solo subsistía en el marco de las excepciones
y regímenes de transición concebidos de cara a la creación del sistema de
seguridad social integral.
Acerca de este asunto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación24 dijo:
El artículo 13 de la ley 50 de 1886 fue derogado tácitamente por el
artículo 289 de la ley 100 de 1993.
Sin embargo, se encuentra vigente para los servidores públicos
exceptuados de la aplicación del sistema de seguridad social
integral de la ley 100 de 1993 en el artículo 279 de la misma, y para
los servidores públicos que se encuentran en el régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de dicha ley, esto es,
aquellos que el 1º de abril de 1994 tenían 35 o más años de edad
si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o
más años de servicios cotizados, y estaban en esa fecha afiliados
a un régimen pensional.
21
«l. En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas
cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o
tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones
del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad
con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo;
[…]».
22
En similar sentido, ver, de esta subsección, fallo de 20 de enero de 2022, C. P. César Palomino Cortés, radicación
25000-23-42-000-2016-04316-01 (3550-2018).
23
«VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos
adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1966, el
artículo 5o. de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del art. 7o. de la Ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272
del Código de Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen».
24
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto 1082 de 22 de abril de 1998, C. P. César Hoyos Salazar.
12
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
Ahora bien, con la expedición de la Ley 797 de 2003, dicha prerrogativa
desapareció. Sin embargo, la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974
mantienen una vigencia ultraactiva frente a los beneficiarios de este régimen
de transición cuando los textos con los cuales pretenden llevar a cabo la
homologación fueron publicados antes del 29 de enero de 2003, fecha en la
que entró en vigor la Ley 797 del mismo año.
En este sentido, aunque esté circunscrito a pocas posibilidades, el acto
administrativo demandado tiene una potencial vigencia ultraactiva, por lo cual
procede pronunciarse judicialmente sobre él.
2.4. Primer cargo. Exceso en la potestad reglamentaria por parte del
Gobierno nacional. El actor considera que el ejecutivo excedió su potestad
reglamentaria al expedir el Decreto 753 de 1974, porque la Ley 50 de 1886 no
mencionó expresamente que había lugar a ello.
Al respecto, debe recordarse que la potestad reglamentaria tiene origen
constitucional, tal como aparece regulada en el artículo 189, numeral 11, de la
Carta Política:
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe
de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
[…]
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de
los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes.
[…].
En el mismo sentido, mandaba el artículo 120 de la Constitución Nacional de
1886:
Artículo 120. Corresponde al Presidente de la República como
suprema autoridad administrativa:
[…]
3. Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes,
decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de
las leyes.
[…].
Como se lee en el texto superior, el condicionante central para la procedencia
del ejercicio de la potestad reglamentaria25 es la «necesidad» de cara a la
25
La Corte Constitucional ha entendido la potestad reglamentaria como un derecho-deber en cabeza del ejecutivo,
13
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cumplida ejecución de las leyes. De esta manera, el presidente de la República
podrá dictar decretos reglamentarios siempre que tal proceder sea imperioso
e indispensable para poder llevar a cabo su rol central como cabeza de una
de las ramas del poder público, a saber, la responsable de ejecutar la ley.
Debido a que el origen de este derecho-deber es constitucional y responde a
la necesidad de cumplir sus funciones ejecutivas frente a la inevitable
abstracción y generalidad de las normas de conducta de origen legislativo,
resulta redundante que la ley declare que esa autoridad podrá y deberá hacer
aquello que la Carta Política ya le ha permitido y ordenado. Así lo ha entendido
la Corte Constitucional26:
Toda facultad de regulación que tenga como contenido expedir
normas para la cumplida ejecución de las leyes, pertenece, en
principio, por atribución constitucional, al Presidente de la
República, sin necesidad de que la ley así lo determine en cada
caso. Dentro del sistema de fuentes de nuestro ordenamiento
jurídico, la potestad reglamentaria tiene un lugar propio. Por virtud
de ella el Presidente de la República expide normas de carácter
general, subordinadas a la ley y orientadas a permitir su cumplida
aplicación.
Ahora bien, de acuerdo con el accionante, la Ley 50 de 1886 era lo
suficientemente detallada y profusa en condiciones como para hacer
prescindible su regulación con el Decreto 753 de 1974.
En tal sentido, cabe reiterar que la potestad reglamentaria encuentra su
fundamento más profundo en el ejercicio del poder por parte de la rama
ejecutiva. Para imponer lo previsto por la ley, habitualmente resulta inevitable
hacer indicaciones ulteriores que precisen y delimiten, sin violentar el marco
superior dado por la ley y la Constitución, los alcances de las conductas, los
sujetos y las circunstancias espacio-temporales que comportan el supuesto de
hecho de las normas jurídicas generales y abstractas.
Los límites con los que la normativa circunscribe las posibilidades de la
reglamentación pueden ser mayores o menores. Pero, por definición, nunca
pueden ser completamente nugatorios de la potestad reglamentaria, por
cuanto los textos legales se manifiestan a través del lenguaje y este tiene
necesariamente una textura abierta27, que siempre ha de admitir niveles de
de encauzar la ley «hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real». Sentencia C-228 de 1993, M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
26
Corte Constitucional, sentencia C-805 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
27
«Cualquiera sea la técnica, precedente o legislación, que se escoja para comunicar pautas o criterios de conducta,
14
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indeterminación que pueden ser llenados por vía de interpretación o por medio
de actos de autoridad. Al respecto, debido al orden jerárquico que caracteriza
a los ordenamientos jurídicos complejos, es ineludible que del paso de los
niveles superiores a los inferiores siempre existan posibilidades de ahondar y
especificar cada vez más las normas que se aplican, porque, aunque es cierto
que existe una subordinación de los escalones bajos frente a los altos que fijan
sus ámbitos de competencia, la especificación de las que integran un nivel
más alto nunca puede ser completa. En palabras de Kelsen:
Es imposible que la norma superior concrete absolutamente todos
los aspectos del acto que la aplica. Siempre quedará un cierto
espacio, a veces amplio y a veces menos amplio, para la
discrecionalidad, de manera que la norma superior será solo —en
relación con el acto de creación normativa o de ejecución que la
aplica— un marco que es necesario completar por medio de dicho
acto. Incluso una orden que regule aspectos muy concretos tendrá
que dejar en manos de quien haya de ejecutarla la determinación
de ciertos detalles[28].
Esto se comprueba con la simple comparación de los textos que ahora nos
ocupan. Así, mientras que la Ley 50 de 1886 se limita a regular que la
producción de textos de enseñanza aprobados por dos institutores o
profesores y la publicación durante un año de un periódico serán equivalentes
a dos años de servicios prestados a la instrucción pública, el Decreto 753 de
1974 establece qué personas tienen la condición de institutores o profesores,
con el propósito de acreditar las aprobaciones correspondientes (artículos 1.º
y 2.º); qué características de las obras deben certificar estos (artículo 1.º),
cómo deben cuantificarse los tomos de un mismo trabajo (artículo 3.º), cuál ha
de ser el número de ejemplares necesarios para homologar publicaciones
periódicas (artículo 5.º) y cuán extensos deben ser los textos en cuestión
(artículo 6.º), entre otros aspectos.
En este orden de ideas, es desacertado decir, como lo hace el demandante,
que la Ley 50 de 1886, por ser «demasiado casuística» y contar con una
«profusidad [sic] de condiciones»29, no puede ser reglamentada. En efecto,
y por mucho que éstos operen sin dificultades respecto de la gran masa de casos ordinarios, en algún punto en que
su aplicación se cuestione las pautas resultarán ser indeterminadas; tendrán lo que se ha dado en llamar una “textura
abierta”. Hasta aquí hemos presentado esto, en el caso de la legislación, como una característica general del lenguaje
humano; la falta de certeza en la zona marginal es el precio que hay que pagar por el uso de términos clasificatorios
generales en cualquier forma de comunicación relativa a cuestiones de hecho. Los lenguajes naturales —tal como el
idioma inglés— muestran, cuando se los usa así, una irreducible textura abierta». Hart, HLA, El concepto de derecho,
trad. de Genaro R. Carrió (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1998), pp.159-160.
28
Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, trad. de Gregorio Robles, (Madrid: Editorial Trotta, 2011), p. 102.
29
Folio 6.
15
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por definición, dada la textura abierta del lenguaje en el que se expresa la
legislación, no se puede nunca descartar de antemano la posibilidad de que
una ley sea objeto de reglamentación por parte del ejecutivo. Concretamente,
el asunto sub judice ejemplifica vivamente la posibilidad de llevar a cabo
determinaciones en los niveles inferiores del ordenamiento jurídico dentro del
marco fijado por los superiores.
En atención a lo expuesto, se concluye que el cargo no prospera.
2.5. Segundo cargo. Extensión del beneficio de homologación de tiempo
de servicio por medio de la producción de textos de enseñanza a sujetos
distintos a los instructores públicos y privados. El actor alega que el
Decreto cuestionado fue más allá de lo normado en la Ley, por aparentemente
extender a sujetos ajenos a la instrucción pública y privada la posibilidad de
sumar dos (2) años de servicios con la publicación de un texto de enseñanza.
Ciertamente, si se llegare a demostrar que la Ley 50 de 1886 tiene un alcance
más reducido que el Decreto en este punto, estaríamos frente a una
disposición que concede un beneficio especial que, por obra del Decreto 753
de 1974, se convirtió en general o, por lo menos, incluyó a otros grupos
particulares, lo que significaría que este acto administrativo es ilegal.
En el transcurso de este trámite, las partes que se han opuesto al criterio del
accionante, han presentado dos tesis distintas sobre las razones por las que
estiman que este no es el caso. Por un lado, Fonprecón sostiene que la Ley
50 de 1886 no está limitada a regular la situación de los instructores públicos
y privados, sino que otorga una posibilidad jurídica a un grupo más amplio de
personas, de manera que no habría disonancia entre el Decreto y la Ley. Para
respaldar su dicho, citó la sentencia de 6 de abril de 2000, por medio de la cual
esta Corporación coligió30:
Observa la Sala que la Ley 50 de 1886, por la cual se fijaron reglas
generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones, no se
expidió para algún sector en especial, sino que, cobijó sin ninguna
distinción, a empleados civiles, judiciales o políticos, empleados de
la instrucción pública, asimiló para efectos legales las tareas del
magisterio privado, y así mismo reguló las pensiones
remuneratorias de los militares de la independencia.
30
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 6 de abril de 2000, C. P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
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Por otra parte, el agente del Ministerio Público aseveró que la Ley 50 de 1886
sí está restringida a la posición jurídica de los instructores públicos o privados,
pero ello no significa que el Decreto sea ilegal, pues de su interpretación
adecuada se sigue que las reglas contenidas en él solo se refieren a ese
ámbito.
Ante esta disparidad de razonamientos, debe anotarse que, con
independencia de la tesis que se sostenga sobre la interpretación de la Ley 50
de 1886, el objeto de debate de esta instancia judicial es la supuesta
discrepancia entre ese texto normativo y el Decreto 753 de 1974, que habría
ido más allá del alcance de aquel. Sería necesario sentar una postura sobre el
alcance de la Ley 50 de 1886 si se observara que, en realidad, el reglamento
hace una referencia específica a la ampliación que objeta el demandante, de
manera que del sentido de la interpretación del artículo 13 ibidem se derivara
una u otra conclusión sobre la legalidad del Decreto censurado.
Ahora bien, advierte la Sala que sin importar el sentido en el que se interprete
el artículo 13 de la Ley, no puede predicarse ilegalidad del contenido del
Decreto, por cuanto este se limita a regular circunstancias técnicas que deben
tenerse en cuenta para otorgar los beneficios allí contemplados, sin hacer
referencia o extensión alguna del grupo de sujetos llamados a ser titulares del
derecho a la homologación, para lo que se atiene implícitamente a lo dispuesto
en la Ley.
En efecto, en el Decreto no se encuentra una extensión del ámbito subjetivo
de lo reglado en la Ley 50 de 1886. Tan solo en los artículos 3.º y 5.º del
Decreto 753 de 1974 se hace mención de los beneficiarios de la homologación,
pero de su tenor no se sigue ningún tipo de ampliación más allá de lo prescrito
en la referida Ley 50. Esos artículos, que regulan la manera como se deben
cuantificar los tomos de las obras y los requisitos de las revistas y periódicos
acreditados para la homologación, hablan del «autor» y de «quienes hayan»
sido sus editores, sin especificar sus cualificaciones. De esto no puede
colegirse, de ninguna manera, que se haya aumentado el alcance subjetivo de
la titularidad de la prerrogativa legal a toda persona; evidentemente la norma
está subordinada al otorgamiento del derecho por parte del precepto legal
superior, de modo que el alcance de la palabra «autor» está supeditado a que
se haga referencia al grupo de individuos a los que, según la Ley 50 de 1886,
17
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se les ha otorgado la posibilidad de homologar sus textos de enseñanza, sin
que exista discrepancia alguna entre los dos niveles normativos. El objeto de
los artículos 3.º y 5.º es estrictamente técnico y su contenido se relaciona con
los requisitos de las obras, de modo que cuando hablan de los autores y
editores lo hacen en atención al artículo 13 de la Ley 50 de 1886, sea cual
fuere este.
En estas circunstancias, el ámbito de aplicación subjetivo del Decreto y de la
Ley son idénticos y no existe ningún tipo de vicio en aquel. De estimarse, por
cualquier razón, que el alcance del artículo 13 va más allá de la instrucción
pública o privada, como lo hizo esta Sala en providencia de 6 de abril de 2000,
que se citó en líneas precedentes, las mismas consecuencias se seguirían
para la interpretación del Decreto; por el contrario, si se opta por una lectura
más restringida de dicho artículo, esa interpretación también irradiaría a la
norma reglamentaria.
Por lo demás, debe precisarse que no corresponde a la Sala en esta instancia
tomar partido por alguno de los mencionados criterios, por cuanto condicionar
el entendimiento del Decreto equivaldría a modular la validez de la Ley,
decisión que no puede ser adoptada por el Consejo de Estado.
Entonces, comoquiera que no existe discrepancia entre lo mandado en el
Decreto 753 de 1974 y la Ley 50 de 1886, el cargo no tiene vocación de
prosperidad.
2.6. Tercer cargo. Falsa motivación del acto administrativo. El actor afirma
que los hechos que motivaron la expedición del Decreto demandado no
existieron y, en consecuencia, hay una falsa motivación que lo vicia.
Los argumentos que ha ofrecido el accionante en este sentido giran en torno
a lo que él denomina «indicio temporal», es decir, que el Decreto 753 de 1974
fue expedido 88 años después que la norma que reglamenta, lo que «causa
sorpresa», resulta «altamente comprometedor y sospechoso» y «quiere ello
decir que no era tan urgente, y menos necesaria […]» (sic)31.
Debe anotarse que no existe razón para considerar que el paso del tiempo es
un indicio siquiera leve de que un decreto reglamentario no resulte necesario;
31
Folio 265.
18
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nada se opone a que la importancia de expedir ese tipo de acto ocurra cuando
las circunstancias fácticas en las que se profirió la norma legal que sustenta el
decreto hayan cambiado súbitamente o simplemente porque, como ocurre en
el caso que nos ocupa, se trata de preceptos de vieja data cuya aplicación y
efectividad pudo haber estado sometida a distintas complejidades y
vicisitudes. Por lo demás, una cantidad considerable de eventos y situaciones
pueden motivar que una ley no haya sido objeto de reglamento, entre los que
se cuentan factores disímiles que no pueden ser desestimados de manera
llana por pasar un largo período sin que el presidente de la República actúe
en ese sentido. Es dable que la necesidad de reglamentar solo haya surgido
después: que pese a existir se le haya ignorado, su magnitud haya variado o
que no hubiera sido de conocimiento del ejecutivo, entre otras posibilidades.
Ante esta cantidad numerosa de hipótesis, el criterio del demandante, según
el cual el paso del tiempo es evidencia suficiente de que el Decreto no
resultaba necesario, resulta absolutamente inconcluyente. En cualquier caso,
no sobra advertir que el actor no cumplió sus cargas probatorias y
argumentativas en este punto, sino que adujo una ecuación simple entre el
paso del tiempo y un supuesto carácter inútil del Decreto, que no tiene asidero
en la realidad y que no ofrece elemento de juicio para juzgar los motivos
aducidos por el Gobierno de entonces para proferir el acto enjuiciado.
Adicionalmente, recuérdese que en un ordenamiento jurídico en el que el paso
del tiempo no invalida las leyes (artículo 832 del Código Civil), la expedición de
decretos reglamentarios sobre normas antiguas no solo no es sospechosa,
sino que en muchos casos es necesaria, con miras a poder actualizar las leyes
a las siempre cambiantes circunstancias sociales. Es por ese motivo que el
ordenamiento jurídico reconoce que, como regla general, la potestad
reglamentaria no tiene limitaciones temporales. Así lo entiende la Corte
Constitucional33 cuando expone que ciertamente es posible que el legislador
fije un término para la expedición de decretos reglamentarios por parte del
presidente, pero ello no significa que este pierda sus atribuciones por la
restricción del legislador:
La potestad reglamentaria puede ser desarrollada por el Presidente
de la República en cualquier momento, pues la Constitución no fija
32
«No podrá alegarse el desuso [de la ley] para su inobservancia, ni práctica, por inveterada y general que sea».
33
Sentencia C-302 de 1999, M. P. Carlos Gaviria Diaz.
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Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
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plazo perentorio para su ejercicio. De ahí que la Corte haya
afirmado que “La potestad reglamentaria se caracteriza por ser una
atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable,
pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y, es
irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para la que
la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley.” […]
En muchas ocasiones del contenido mismo de la ley se desprende
la necesidad del reglamento, pues aparece claro que algunas
materias genéricamente normadas en élla deben ser especificadas
por la autoridad administrativa que ha de ejecutarla. Pero en otras
el legislador en el mismo ordenamiento le recuerda al Ejecutivo
este deber en relación con aspectos puntuales y precisos, lo cual
no infringe la Constitución […].
La potestad reglamentaria, ha dicho la Corte, “la ejerce el
Presidente de la República por derecho propio y con carácter
permanente. Es decir, no requiere, para su ejercicio, autorización
de ninguna clase por parte del legislador. No obstante, si el
legislador hace referencia a esta facultad, tal mención no hace
inconstitucional la norma, pues se debe entender sólo como el
reconocimiento de la competencia constitucional del
Ejecutivo.” […].
En otra ocasión, esa Corporación34 discurrió así:
Tal potestad, como atribución constitucional del Presidente de la
República, puede ejercerse por éste en cualquier tiempo, sin que
sea posible que por ley se introduzca en esta materia limitación
temporal alguna. Ello no quiere decir, sin embargo, que el legislador
no pueda, para lograr la efectividad de una ley, disponer que el
Gobierno deba reglamentarla dentro de un tiempo determinado. Tal
mandato del legislador no impide que el Presidente expida la
reglamentación antes del término previsto, ni lo inhabilita para el
ejercicio de la potestad reglamentaria vencido ese plazo. Tampoco
implica que expedida una reglamentación dentro del plazo fijado
por el legislador el Presidente pierda competencia para expedir
nuevos reglamentos o para modificar, adicionar o derogar sus
propios reglamentos. La única consecuencia normativa del término
establecido por el legislador es la de imponerle al Presidente de la
República el deber de reglamentar la ley dentro de dicho plazo.
En consideración a las razones atrás indicadas, se tiene que no se ha probado
falsa motivación en la expedición del acto demandado, por lo que se desestima
este cargo.
2.7. Cuarto cargo. Violación del principio de sostenibilidad financiera.
Bajo el epígrafe de «Violación al Principio de la Sostenibilidad Presupuestal»35,
34
Corte Constitucional, sentencia C-805 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
35
Folio 9.
20
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Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
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el accionante arguyó que el Decreto cuestionado deja un vacío respecto de
quienes tendrían que asumir la cuota parte correspondiente a la contribución
dejada de percibir por haber aceptado la homologación permitida por la Ley 50
de 1886.
Acerca de ese aspecto, se aclara que el Decreto 753 de 1974 no regula o
determina nada en relación con la sostenibilidad presupuestal del régimen
pensional ni las cargas contributivas que estarían llamadas a cubrirse con
ocasión de las homologaciones. Tal ausencia, sin embargo, no constituye una
laguna, porque la norma tiene un objeto completamente diferente, esto es,
regular la manera como se deben acreditar los textos de enseñanza para
obtener la citada homologación, estipulada en la Ley 50 de 1886.
Estimar que el aludido Decreto genera inconsistencias respecto de quienes
deben asumir los pagos de las contribuciones, parte de la base errada, ya
evaluada en líneas anteriores, de que aquel ha extendido el ámbito subjetivo
de aplicación de la Ley 50 de 1886. Ahora bien, la existencia de ese supuesto
vacío y la manera de llenarlo depende de la forma como se interprete el
contenido de la mencionada Ley, en lo que respecta a si su mandato va más
allá o no de los casos de los instructores públicos o privados y, de concluirse
aquello, de la manera sistemática como se analice lo dispuesto por la Ley en
relación con el resto del ordenamiento jurídico. Esos dos procederes
analíticos, como resulta patente, son ejercicios de interpretación sobre lo que
prescribe la Ley 50 de 1886 y la manera como se integra en un todo coherente
el resto del sistema; pero no son juicios sobre la legalidad del Decreto
demandado, las cuales no regulan, ni por acción ni por omisión, las cargas
presupuestales que se siguen de las homologaciones. En consecuencia, no
procede hacer ninguna valoración sobre la legalidad del Decreto acusado en
relación con este punto.
Además, se aprecia una desatención total de las cargas probatorias y jurídicas
que requiere la tesis del actor, quien no demostró cómo la norma acusada lleva
a un perjuicio patrimonial, más allá de traer a colación varias acciones
judiciales por medio de las cuales Fonprecón se ha dirigido contra personas
que han obtenido homologaciones de manera presuntamente ilegal, valga
precisar, con fundamento en el mismo precepto que el interesado pretende
excluir del ordenamiento jurídico.
21
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
Se debe decir, en todo caso, que si se considerara que cierta interpretación de
la Ley 50 de 1886 conlleva una vulneración a los principios superiores y una
repartición injusta e inequitativa de las cargas presupuestales, el asunto que
estaría de por medio sería la presunta inexequibilidad de determinada lectura
de la Ley, cuyo análisis no es propio de una acción de nulidad contra un acto
administrativo que no regula ese tema, sino del estudio de la constitucionalidad
de una interpretación posible de aquel texto normativo ante la justicia
constitucional.
En suma, este cargo tampoco deviene acertado.
2.8. Otros asuntos procesales.
Revisada la herramienta electrónica Samai se evidencia que debe proveerse
sobre otorgamientos y renuncias de poder, concretamente que la apoderada
de Colpensiones presentó renuncia y la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública otorgaron
nuevo poder.
En lo que respecta a la renuncia de poder presentada por la abogada Yenncy
Paola Betancourt Garrido36, quien dice actuar como apoderada de
Colpensiones, no se aceptará, por cuanto en el expediente no figura mandato
previo a su favor por parte de esa entidad. De igual modo, se aceptará la
renuncia presentada por la abogada Leidy Gisela Ávila Restrepo, quien
actuaba como apoderada de la Nación - Ministerio de Educación Nacional.
Por otro lado, se reconocerá personería a los abogados Carlos Alberto Vega
Alegría y Raúl Adolfo Gutiérrez Maya como apoderados de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, respectivamente37.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
36
Índice 87.
37
Ibidem, índices 80 y 84.
22
Número interno: 2278-2014
Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas
Demandada: Nación - Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. ACEPTAR la renuncia de poder presentada por la abogada
LEIDY GISELA AVILA RESTREPO, en su condición de apoderada de la
Nación – Ministerio de Educación Nacional (índice 85).
TERCERO. RECONÓCESE personería al abogado CARLOS ALBERTO
VÉLEZ ALEGRÍA, con tarjeta profesional 151.741 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
en los términos y para los efectos del poder visible en el aplicativo Samai
(índice 84).
CUARTO. ABSTIÉNESE la Sala de aceptar la renuncia de poder presentada
por la abogada YENNCY PAOLA BETANCOURT GARRIDO, por las razones
consignadas en las consideraciones.
QUINTO. RECONÓCESE personería al abogado RAÚL ADOLFO
GUTIÉRREZ MAYA, con tarjeta profesional 185.442 del Consejo Superior de
la Judicatura, como apoderado del Departamento Administrativo de la
Función Pública, en los términos y para los efectos del poder visible en el
aplicativo Samai (índice 80).
SEXTO. Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría de la sección,
archívese el expediente dejando las constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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